Deprimente panorama el que ofrece Francia por lo que a la futura evolución de los derechos LGTB se refiere tras el triunfo del muy conservador François Fillon en las primarias de Los Republicanos, el gran partido de la derecha francesa. El que hasta hace solo unas semanas era principal favorito, y “esperanza” del activismo LGTB, Alain Juppé, ha sido claramente derrotado en la segunda vuelta. Fillon será, por tanto, el que con casi total seguridad se enfrentará a Marine Le Pen, la candidata del ultraderechista Frente Nacional, en la ronda definitiva de las elecciones presidenciales francesas, que se celebrarán el próximo 7 de mayo (siempre que en la primera vuelta, que se celebra dos semanas antes, ningún candidato obtenga más del 50% de los votos). 

Hace una semana hacíamos un primer análisis de lo sucedido después de la derrota en la primera vuelta del expresidente Nicolas Sarkozy, que quedó en tercera posición pese a que parecía destinado a ser él el que se enfrentase a Juppé. Pero en las últimas semanas la candidatura de Fillon creció como la espuma, arrastrado, en buena parte, por el empuje del sector más ultraconservador de la derecha francesa, representado por Sens commun, un movimiento político nacido al calor de las movilizaciones contra la aprobación del matrimonio igualitario.

Movimiento al que Sarkozy, que hasta hace unos meses se había significado precisamente por su oposición al matrimonio igualitario, defraudó al hacer público su cambio de opinión sobre el tema en un libro en el que repasaba su trayectoria política. Allí lamentaba “vivamente” no haber cumplido su viejo compromiso de aprobar la unión civil entre parejas del mismo sexo cuando pudo hacerlo, y respecto al matrimonio igualitario, defendió que aunque debería haber sido decidido en referéndum, una vez aprobado no había lugar a dar marcha atrás. “Es un punto sobre el que, lo asumo, he evolucionado”, afirmaba.

El giro de Sarkozy decepcionó a los activistas homófobos de La manif por tous y de Sens commun, que a la larga acabaron por abandonarle y dar su apoyo expreso al que había sido su primer ministro entre 2007 y 2012, el muy conservador y católico François Fillon. Un político profundamente anti-LGTB, que a diferencia de Sarkozy (y por supuesto de Juppé), ha seguido presentándose durante todo este tiempo como un ferviente opositor al matrimonio igualitario. Una actitud que le viene de lejos: ya en 1982 se opuso a igualar la edad de consentimiento para mantener relaciones homosexuales a la de las relaciones heterosexuales, mientras que en 1999 se opuso al PACS (Pacte Civile de Solidarité, la limitada ley de parejas que antecedió al matrimonio igualitario).

Fillon, que de hecho se ha mostrado orgulloso de “seguir diciendo lo mismo, a diferencia de otros” ha prometido “reescribir” la ley de matrimonio igualitario para modificar los aspectos relativos a la homoparentalidad. En concreto, su propuesta es eliminar la posibilidad de adopción plena por parejas del mismo sexo (mantendría solo la “adopción simple”, una fórmula de acogida de niños que seguirían manteniendo los vínculos de parentalidad con sus padres biológicos). Así lo recalcó, de hecho, en el debate televisado con Juppé que tuvo lugar la pasada semana. Otras propuestas que el entorno de Fillon ha barajado serían legislar para hacer aún más explicita la ya vigente prohibición del acceso a las técnicas de reproducción asistida a las parejas del mismo sexo y a las mujeres sin pareja masculina, así como impedir el registro de hijos nacidos por gestación subrogada en países extranjeros (aunque en este caso la modificación legal chocaría con la jurisprudencia europea: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado ya dos veces a Francia por esa razón).

El derrotado, un centrista moderado favorable al matrimonio y a la adopción

El gran derrotado de las primarias de la derecha francesa es Alain Juppé, alcalde de Burdeos, un político moderado que en su momento no presentó su candidatura a la presidencia del partido (que ganó Sarkozy) y que prefirió jugar la carta de las primarias, pensando que un escenario “abierto” a todos los ciudadanos, y no solo a los militantes, le daría ventaja.

De hecho, es cierto que durante todo este tiempo Juppé parecía favorito frente a Sarkozy. Lo que era una buena noticia para el colectivo LGTB, dado el giro pro-LGTB que Juppé había experimentado en el pasado. Juppé comenzó su “proceso” publicando en octubre de 2012 una entrada en su blog en la que contaba que después de reunirse con activistas LGTB comprendía sus puntos de vista, añadiendo que aunque él hubiera preferido una ley de unión civil no se oponía al matrimonio igualitario. Con posterioridad afirmó ya con claridad que el matrimonio igualitario estaba integrado en la sociedad francesa y se declaró opuesto a la reescritura de la ley, para finalmente, en noviembre de 2014, declararse además favorable a la adopción homoparental después de un proceso de “madura reflexión”.

Por desgracia, los electores franceses (las primarias estaban abiertas a todos los ciudadanos, y no solo a los militantes republicanos) han castigado a Juppé y han preferido, para disputar la presidencia a Marine Le Pen, un candidato más próximo a la extrema derecha que esta representa.

Salvo improbable sorpresa, un futuro oscuro en materia LGTB

Está por ver cómo afecta esta nueva variable a la situación política. Los hay que piensan que Fillon será capaz, con su discurso ultraconservador en lo social, de quitar votantes a Le Pen. Nosotros no lo tenemos tan claro. De hecho, como en otras ocasiones hemos comentado, el Frente Nacional de Le Pen se cuidó mucho de no tener un gran protagonismo en las protestas contra el matrimonio igualitario, y nunca ha querido hacer de su oposición a los derechos LGTB un eje llamativo de su discurso (lo que no quiere decir, por supuesto, que no exista). Por el contrario, los vínculos entre el pujante movimiento surgido de las protestas contra el matrimonio igualitario con el sector más conservador de Los Republicanos (antes UMP) eran ya muy evidentes. Y más que en el votante ultracatólico, Le Pen quiere cazar votos en el que tradicionalmente era el caladero de la izquierda, las clases obreras, azuzando para ello un discurso anti-Unión Europea, antiinmigración y a favor de un “proteccionismo inteligente”. No nos parece tan claro que ese voto vaya a sentirse más atraído por Fillon (neoliberal en lo económico) que por Le Pen… Lo que sí nos parece es que las personas que voten en clave LGTB no tendrán especiales motivos para decidirse en favor de uno u de la otra si es que ellos son los candidatos finales (a la espera, por supuesto, de que se formalicen los programas electorales).

Un panorama muy oscuro en materia LGTB, en definitiva. Lo que no supone una especial sorpresa: ya hace tiempo que los propios socialistas franceses, desfondados tras el “esfuerzo” que les supuso aprobar el matrimonio igualitario, dejaron de lado al colectivo LGTB tras la incorporación como primer ministro de Manuel Valls. En febrero del año pasado nos hacíamos eco, por ejemplo, de como la propia ministra francesa de Familia, Infancia y Derechos de las Mujeres, Laurence Rossignol, confirmaba la renuncia a modificar la vergonzante ley que impide a las parejas de mujeres o a las mujeres sin pareja acceder a la reproducción asistida. “No quiero que se diga que la izquierda promueve debates sociales para distraer la atención, como fue el caso durante el debate sobre el matrimonio igualitario”, justificó.

De hecho, el único avance que se ha producido en este tiempo, la aprobación de una nueva normativa para la modificación de la referencia al sexo legal en el Registro Civil, ha sido decepcionante, al mantener el proceso bajo tutela judicial. “El peor texto escrito nunca en el mundo sobre el cambio registral de las personas transgénero”, la calificó la Fédération LGBT francesa.

En cualquier caso, todos los analistas dan por hecho que ni el candidato socialista, sea el que sea, ni el que presenten las fuerzas a su izquierda logrará pasar a la segunda vuelta (así lo prevén todas las encuestas, y no parece que en este caso vayan a fallar). Salvo en el improbable caso de que en los próximos meses la situación política francesa dé un vuelco…

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Gracias a Dosmanzanas podemos conocer de primera mano el funcionamiento de hogar LGTBI que la Fundación Eddy-g está gestionando en un piso próximo a Chueca, el emblemático barrio de la ciudad de Madrid. “Hogar Eddy”, nombre que recibe el proyecto, está sostenido gracias a los fondos privados de la fundación, así como a las donaciones de particulares. Según aclara Manuel Ródenas, su director, “el objetivo final es proporcionar a los jóvenes LGTBI una alternativa a la exclusión, dotando de herramientas a las personas jóvenes que han visto sus puertas cerradas y por su orientación sexual y/o identidad de género para que reconduzcan sus vidas hacia una autonomía personal y profesional”. Han elaborado un vídeorreportaje para enseñaros cómo funciona y cómo viven los usuarios del hogar.

Ha transcurrido un año desde que se pusiera en marcha el “Hogar Eddy”, un proyecto promovido por la fundación que lleva el mismo nombre para luchar contra el riesgo de exclusión social al que se enfrentan las personas jóvenes víctimas de la LGTBfobia. Manuel Ródenas valora “positivamente” los resultados y asegura que “se está cubriendo una necesidad no resuelta y dando respuesta a un problema oculto”.

El “Hogar Eddy” es el  primer proyecto en España que desarrolla un programa en un piso de convivencia para personas LGTBI sin recursos. Su propósito fundamental es ofrecer protección y asistencia integral a las víctimas de la LGTBfobia que se ven en la necesidad de abandonar sus casas. Asimismo, brinda un espacio abierto las 24 horas del día, durante los 365 días al año, en el centro de Madrid, desde el que se atienden las necesidades básicas de las personas usuarias, contando con itinerarios personalizados de apoyo para su integración social. En la actualidad, cuenta con ocho plazas de capacidad. Rodenas justifica que “es necesario ampliar para atender la demanda”, por lo que “la siguiente fase es la  búsqueda de más espacios para poder alojar y atender a más personas. Es un problema al que muchos jóvenes en España se ven abocados, a pesar de los avances legales y sociales que estamos viviendo en los últimos años”.

Los requisitos para poder acogerse al programa son ser mayor de 18 años y menor de 30 y víctima de la LGTBfobia, la serofobia y de la violencia producida en cualquier ámbito (familiar, social, escolar, bullying, laboral, pareja o cualquier otro). También está abierto a las personas LGTBI migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y aquellas que huyan de países y situaciones donde se vulneran los derechos humanos y sean perseguidas por su orientación sexual o su identidad de género.

A todos los usuarios se les ofrece un programa personalizado de acogida y atención con objeto de apoyarles y dotarles de habilidades para su desarrollo personal y su integración laboral futura. “La orientación y apoyo en la búsqueda de empleo es fundamental”, argumenta el director de la fundación. Durante el tiempo de permanencia los usuarios disponen de un hogar donde vivir y sus necesidades básicas quedan cubiertas. “Un equipo de profesionales les realiza un programa personalizado de desarrollo personal y  orientación al empleo, atendiendo a sus circunstancias y perfil. Todos reciben apoyo psicológico, atención social y cursos de formación, también potenciamos las actividades culturales y de ocio y tiempo libre”, asevera Ródenas.

Os dejamos con el vídeorreportaje en el que documentamos el funcionamiento del “Hogar Eddy”:

Fuente Dosmanzanas

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El artículo 489 del Código Penal marroquí castiga entre seis meses y tres años de cárcel los “actos contra natura con individuos del mismo sexo”.

Una nueva noticia de LGTBfobia de estado, procedente de Marruecos, pone de relieve la necesidad de que España, a través de sus instituciones diplomáticas, presione de una vez por todas al país vecino para que despenalice la homosexualidad. En este caso, un gay español de 73 años y su pareja sexual, de 23, han sido detenidos y se enfrentan a una pena de hasta tres años de prisión, tras ser delatados por una camarera de habitaciones del hotel de Marrakech en el que se alojaban. Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) se exige al Gobierno de Mariano Rajoy que aplique la influencia política de España en Marruecos contra este tipo de injusticias sociales.

Ocurría el pasado lunes en el Hotel Medina de Marrakech (en el que, visto lo visto, desaconsejamos hospedarse). Una trabajadora del servicio de habitaciones, según publican medios locales, sorprendía a un gay español y a su pareja marroquí. Al parecer, la camarera se lo comunicó inmediatamente a su supervisor y este no dudó en llamar a la policía. Los agentes acudieron al establecimiento y detuvieron a los dos hombres, acusados de violar el homófobo Código Penal del país, que en su artículo 489 castiga “los actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta tres años de prisión y una sanción económica.

Aunque no han trascendido muchos más detalles del caso, las autoridades consulares españolas tardaron en ser informadas oficialmente (un derecho que debe exigir el propio afectado, en todo caso). La detención del ciudadano español era notificada a las autoridades españolas sólo 3 días después, el jueves, 24 de noviembre, mismo día en el que se le pone en libertad y se le otorga la “posibilidad de regresar a España cuando lo desee”. Las autoridades marroquíes no tienen la obligación de notificar la detención, a no ser que así lo indique el reo. Por el momento se desconoce si se mantiene algún cargo contra él ni si le han citado para comparecer en un futuro próximo.Atendiendo a lo ocurrido en detenciones de personas LGTB extranjeras anteriormente, al ser un caso con trascendencia mediática internacional era bastante probable que el hombre español acabeas siendo deportado. Sin embargo, el joven marroquí (así como los oriundos LGTB que se ven envueltos en situaciones similares) no podrá evitar el estigma social, con independencia de cuál sea la resolución judicial.

Según informan diversos medios, citando a la agencia EFE como fuente, el ciudadano español ya ha sido liberado. Nada dice, sin embargo, sobre la situación en la que se encuentra su acompañante marroquí.

El diario El País, por su parte, se ha puesto en contacto con Omar Arbi, representante de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), que confirmó a este diario que la detención se produjo después de que los dos detenidos alquilasen una habitación y fuesen delatados a la policía por empleados del establecimiento. “Probablemente se trate de un caso de turismo sexual y es probable que los dos detenidos hayan pasado a disposición judicial. En el caso del español, contará con la asistencia jurídica de la embajada española”, declaraba Omar Arbi, de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).

A pesar de que el artículo 489 del Código penal marroquí castiga la homosexualidad con penas de entre seis meses y tres años, Marrakech es, junto con Tánger y Casablanca, una de las ciudades donde existen lugares de encuentros para homosexuales. Lo que no quiere decir que la población sea completamente tolerante, ni que se excluya a los extranjeros de cumplir la pena, aunque suelen ser simplemente expulsados del país. Lo que no fue el caso de Ray Cole, un ciudadano británico, de 69 años de edad, que en 2014 era condenado a 4 meses de cárcel, aunque fue finalmente puesto en libertad, 6 días después de la sentencia, por las presiones del gobierno británico.

La FELGTB pide al Gobierno de Rajoy que exija a Marruecos la despenalización de la homosexualidad

El presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Jesús Generelo, ha invitado al Gobierno de Mariano Rajoy a que “intensifique sus esfuerzos para que los derechos humanos y las libertades de la población, incluidas las personas LGTB, primen sobre los intereses económicos” entre ambos países y a que aplique la influencia política de España en Marruecos para erradicar las persecuciones arbitrarias por orientación sexual o identidad de género. Asimismo, Generelo ha hecho un “llamamiento al Ministerio de Asuntos Exteriores y al consulado para que se movilicen y pueda resolverse esta situación cuanto antes”.

Por otra parte, la FELGTB señala que noticias como esta demuestran la “extrema vulnerabilidad del colectivo LGTB en muchos países del mundo”. Una realidad que no debe resultarnos indiferente, por lo que España debería “trabajar por la despenalización de la homosexualidad y de la transexualidad en el ámbito internacional”. Jesús Generelo también ha hecho hincapié en que “es necesario recuperar los niveles de cooperación internacional anteriores a la crisis. Entre ellos, apoyar a los colectivos LGTB en los países donde no se respetan nuestros derechos”.

Las leyes LGTBfóbicas sí se aplican en Marruecos

A diferencia de lo que proclama el tópico, la legislación antiLGTB es de plena aplicación en nuestro país vecino. A principios de este mes recogíamos, sin ir más lejos, la detención de dos adolescentes en Marruecos por besarse y abrazarse en su propio domicilio. Como ya anunciábamos entonces, precisamente mañana viernes tendrá lugar la vista del juicio contra estas chicas que, sorprendentemente, fueron denunciadas por la propia madre de una de ellas.

Como hemos venido informando de un tiempo a esta parte, parece darse un recrudecimiento de la persecución contra las personas LGTB por las autoridades de Marruecos, desmintiendo el tópico preexistente de que las leyes represoras no se aplican en la práctica. El artículo 489 del Código Penal marroquí, reiteramos, castiga los “actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica. Y el artículo 483 establece penas de hasta dos años de prisión por “obscenidad pública”. Lo cierto es que cada vez llegan más noticias de detenciones y condenas por violar la ley.

En junio de este año, fueron juzgados dos jóvenes por mantener relaciones sexuales en el interior de un vehículo y fueron condenados a 6 meses de prisión, en un “juicio” exprés y sin una defensa digna (ningún abogado quiso representarles).

El pasado mes de abril, dos jóvenes fueron sorprendidos en la cama por un grupo de hombres que habían irrumpido en su vivienda, fueron brutalmente agredidos, y, con el rostro ensangrentado y desnudos, llevados a la calle para su humillación pública. La Policía, en vez de perseguir a los agresores, detuvo a las víctimas, que fueron juzgadas y condenadas a penas de hasta 4 meses de prisión por practicar la homosexualidad.

En febrero nos hacíamos eco de la condena a 18 meses de prisión a dos jóvenes por cometer “actos con un individuo del mismo sexo” por un tribunal de Tiznit, al sur de Marruecos. Y poco antes, en enero, dábamos cuenta de la detención de dos jóvenes marroquíes por haber difundido un vídeo en el que se besaban en un lugar público.

También en 2015 tuvimos conocimiento de varias condenas en aplicación de ese mismo artículo. En el mes de junio se produjo la detención de otros dos hombres que se besaron, fotografiaron y dieron muestras de afecto ante la Torre Hasán, uno de los entornos históricos marroquíes más prominentes. A pesar de conseguir más de 71.000 firmas de personas todo el mundo pidiendo su liberación, ambos fueron condenados finalmente a cuatro meses de cárcel y una sanción económica.

Ese mismo mes, se denunció la detención de 20 hombres homosexuales en Agadir, acusados de “difundir la corrupción”. Según aseguró el colectivo Aswat, todas estas detenciones formarían parte de una campaña de arrestos dirigida por el Gobierno marroquí para reafirmar su posición en el debate público sobre la despenalización de la homosexualidad. Un mes antes, tres hombres más fueron condenados a la pena máxima, tres años de cárcel. Tras recibir una denuncia, la Policía capturó a dos de los hombres mientras mantenían relaciones. Al ser interrogados, informaron de que se habían conocido a través de un tercero, que finalmente también fue detenido y condenado.

También en años anteriores,nos hemos hecho eco de diversas detenciones a personas homosexuales. En mayo de 2013 publicábamos la condena a cuatro meses de cárcel a dos jóvenes detenidos en “delito flagrante” cuando se encontraban en el interior del coche de uno de ellos. En mayo de 2014 seis hombres fueron condenados a penas que oscilaban entre uno y tres años por cometer “actos contra natura”. En octubre de ese mismo año informábamos de que un británico de 69 años era condenado a cuatro meses de prisión por homosexualidad (aunque, finalmente, fue puesto en libertad).

Y es que, como dijera el joven marroquí Hamza (en el vídeo de la campaña que el colectivo Aswat lanzó para concienciar de la homofobia social marroquí) “ser homosexual en Marruecos es algo muy difícil, porque tienes que lidiar a diario con los estereotipos sociales preconcebidos, que no aceptan diferencias, especialmente el ser gay”.

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El pasado martes 22 de noviembre centros educativos públicos de diferentes provincias alertaron a la Federación Arco Iris de la llegada de una campaña de folletos con contenidos homofóbicos bajo el título “Las leyes de adoctrinamiento sexual” y con la firma de la organización ultracatólica HazteOír.

La organización ultraconservadora HazteOír, que ha hecho de la lucha contra los derechos de las personas LGTB su cruzada, está enviando a colegios públicos y privados de España un folleto en el que denigra los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades autónomas en materia LGTB, en particular en el ámbito educativo. El folleto, todo un argumentario ultra en contra de la diversidad sexual, está firmado por la propia HazteOír y por CitizenGO, una plataforma promovida por la propia HazteOír y que persigue sus mismos fines a nivel internacional (ha desarrollado campañas similares, por ejemplo, en Colombia). El envío se acompaña de una carta a los directores de los colegios en los que abiertamente se les advierte sobre las “leyes de adoctrinamiento sexual” que busca imponer a los alumnos un modelo ideológico que “afecta a su desarrollo emocional”.

El folleto constituye ya desde su propia portada (ver imagen acompañante) toda una apología de la LGTBfobia. En ella se reproduce un montaje realizado con una famosa fotografía de 1939 en la que dos niños de la época hace el saludo fascista ante un cartel de Francisco Franco. HazteOír sustiuye este por la bandera arcoíris, símbolo por excelencia de la diversidad afectivo-sexual, estableciendo así una equivalencia entre el fascismo y la lucha por los derechos de las personas LGTB.

Por lo que se refiere a su contenido, es básicamente un argumentario cuyo objetivo es claro: despertar la indignación de los padres ante el supuesto afán de las autoridades de “imponer en la sociedad la ideología de género”. Comienza haciendo una enumeración de las leyes aprobadas en diferentes comunidades autónomas, tanto contra la discriminación de las personas LGTB como integrales de transexualidad, para pasar luego a asegurar que no hacen falta leyes que garanticen los derechos de las personas LGTB, ya que estos, “como los de cualquier otro ciudadano, ya se encuentran garantizados por la Constitución española, son reconocidos en Europa y en la ONU”. “Lejos de ampliar la protección, lo que hacen estas leyes es vulnerar algunos de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, añade el texto.

El folleto, por otra parte cuidadosamente editado, asegura que estas leyes “acaban con el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y creencias, liquidan la libertad de enseñanza, desorientan a los niños al imponerles la ‘diversidad sexual’ [como si esta se pudiera imponer y no fuera una realidad humana], discriminan a la familia natural e imponen modelos familiares” y, esto es quizá lo más sorprendente, “privilegian con dinero público el adoctrinamiento sexual y entregan la educación de los niños a las organizaciones LGTB”.

A continuación el folleto de HazteOír hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 2009 sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía (luego suprimida tras la llegada del PP al Gobierno). Aquella sentencia, que establecía que no era posible la “objeción” a la asignatura, hacía sin embargo una serie de puntualizaciones en el sentido de que las autoridades educativas no podían imponer, a través de aquella asignatura, puntos de vista sobre cuestiones morales que en la sociedad española fuesen controvertidas. Un argumento que apunta, por cierto, a cuál será la previsible línea de ataque de los grupos ultraconservadores contra el desarrollo de las nuevas leyes inclusivas en el ámbito autonómico. Leyes que (no está de más recordarlo por lo de “cuestiones que en la sociedad española son controvertidas”) están ya siendo aprobadas con la unanimidad de los grupos políticos de las diferentes cámaras regionales.

Por lo demás, el folleto presenta una serie de ejemplos de materiales educativos que según HazteOír los colegios estarían supuestamente “obligados a impartir” (aunque ya de entrada matizan que serían esos “o similares”), algo que a día de hoy no es cierto: ninguna de las leyes autonómicas aprobadas obliga a utilizar contenidos concretos. Los ejemplos que recoge el folleto son por otra parte fragmentos descontextualizados de cuentos infantiles y materiales didácticos que no nos llaman especialmente la atención… aunque sí que parece deducirse de la “selección” de HazteOír que el movimiento ultraconservador parece estar redirigiendo sus baterías de ataque contra la libre expresión de la propia identidad de género y los derechos de las personas trans, en la línea de lo que por otra parte vemos últimamente por parte de la jerarquía católica más retrógrada. También hace referencia, en un pie de página, a la magnífica guía Abrazar la Diversidad, editada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y elaborada por especialistas en la materia con el objeto de proporcionar a los profesionales de la Educación herramientas para prevenir el acoso por LGTBfobia. Un texto que merece la pena conocer y que puedes descargar aquí.

Entre los diferentes argumentos expuestos en el folleto, no falta por cierto la defensa de las “terapias de conversión” disfrazada de una supuesta apelación a la libertad individual. En referencia a la ley madrileña, que prohíbe estas terapias, asegura que “mientras se facilita y premia la conversión de individuos en homosexuales [sic], se niega y castiga la posibilidad en sentido inverso”.

Por último, el folleto se cierra con una propuesta de reclamación a las Consejerías de Educación para que sean firmadas por los padres y cursadas a través de los correspondientes registros, con el objeto de hacer aparecer como un movimiento de protesta de “los padres” lo que no es más que otra campaña organizada desde esta organización ultraconservadora. Una organización que en el pasado ha mantenido buenas relaciones con el Partido Popular (fue galardonada por el Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y pasó a tener consideración de asociación de utilidad pública siendo ministro del Interior Jorge Fernández Díaz) pero que ahora se encuentra enfrentada a Cristina Cifuentes por las posiciones progresistas de esta en materia de aborto o derechos LGTB.

Piden a la Fiscalía que actúe

El folleto esta siendo enviado, que tengamos constancia, a colegios tanto públicos como privados de la Comunidad de Madrid y de Andalucía (nota: noticias posteriores a la publicación de esta entrada confirman que se han enviado a 16.500 centros de toda España). Nos consta también que está produciendo un profundo malestar en la comunidad educativa.

En Andalucía, en concreto, el envío ya ha sido denunciado por la Federación Arco Iris, que en un comunicado considera que esta campaña recibida en colegios e institutos andaluces incluso “constitutiva de delito”. Su presidente, Gonzalo Serrano, ha recordado a este respecto que “El artículo 510 del código penal condena a penas de prisión a quienes promuevan el odio o la discriminación hacia un grupo por motivo de su orientación o identidad sexual, y creemos que este folleto y esta carta tienen como objetivo fomentar el odio y la discriminación hacia las personas LGBTI”, ha añadido este colectivo, que pide de hecho a la Fiscalía que actúe contra HazteOír por un posible delito de odio. .

Arco Iris es, precisamente, un colectivo especialmente activo a la hora de participar en actividades educativas para fomentar el respeto a la diversidad sexual y de género. El colectivo andaluz señala también en su comunicado que los sindicatos USTEA, UGT y Comisiones Obreras le han mostrado su apoyo a la labor que realiza en el ámbito educativo “y proponen al profesorado que responda a esta campaña discriminatoria con la utilización masiva de recursos educativos contra la LGBTIfobia”. La web www.escuelasinarmarios.tk recoge muchos de estos recursos.

Arco Iris se hace eco también de la indignación que este folleto ha despertado en los centros. En su comunicado alude, por ejemplo, a la carta remitida a la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía por la directora del Colegio Nuestro Padre Jesús de Valenzuela, en Córdoba. “Para las maestras y maestros que llevamos tantos años trabajando por fomentar la igualdad en nuestro alumnado y contribuir con nuestro trabajo a un cambio en la sociedad que la haga más tolerante, es inaceptable que exista una mínima posibilidad de que los centros den cauce a fomentar estos comportamientos que suponen un relato homófobo y torticero de lo que significa el respeto a la diversidad.  Es inasumible, como educadores, ciudadanas y ciudadanos de una sociedad democrática, que se incite a las madres y padres a actitudes que promueven el odio y el incumplimiento de las normas de las que todos y todas nos hemos dotado”, expresa el texto.

Además desde Arco Iris consideran que esta campaña “pretende boicotear las actividades que las organizaciones LGBTI y el propio profesorado llevamos a cabo para fomentar el respeto a la diversidad sexual y de géneros”. Precisamente hace un mes Arco Iris y la asociación de padres y madres Familias por la Diversidad ofertaban a los colegios andaluces “ES NATURAL”, la primera exposición sobre diversidad sexual para los niveles de infantil y primaria www.esnatural.ga.

Por su parte ATA, considera constitutiva de delito esta campaña recibida en colegios e institutos, por lo que se insta a la Fiscalía General del Estado a que depure las responsabilidades penales a que hubiera lugar. Así mismo solicitamos a las Consejerías de Educación de las CC.AA. que sea retirada la campaña de los centros educativos.

“El artículo 510 del código penal condena a penas de prisión a quienes promuevan el odio o la discriminación hacia un grupo por motivo de su orientación o identidad sexual, creemos que este folleto y esta carta tienen como objetivo impulsar el odio y la discriminación hacia las personas que se reconocen como trans, lesbianas, bisexuales y gays” declara Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans”. “Así mismo es una llamada al incumplimiento de las leyes aprobadas en diez CC.AA. y en trámite en otras; leyes que dan respuesta al respeto de la diversidad, como a la equiparación en derechos de toda la ciudadanía sin distinción por identidad u orientación sexual, tal como establece la Constitución y tratados internacionales.

Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos y personal docente, a que se posicionen y velen por la convivencia y la educación en valores de respeto, diversidad e igualdad del alumnado, como base de una sociedad plural y respetuosa con la leyes que democráticamente legislan la convivencia ciudadana, desterrando los fundamentalismos ideológicos o religiosos que se quieren imponer por encima de las realidades sociales y que promueven el acoso en los centros educativos, donde los niños y las niñas se sienten inseguros, llevando en algunas ocasiones hasta el suicidio. Por ello la educación en el respeto a la diversidad sexual y de género tienen como objetivo evitar las agresiones físicas y verbales que se siguen dando y facilitar que los menores y adolescentes LGBTI puedan vivir su vida con la misma libertad y dignidad que el resto de personas”

Por su parte desde Amnistía Internacional animan al profesorado a utilizar en torno al próximo 10 de diciembre, día internacional de los Derechos Humanos, la exposición “DDHH y Diversidad Afectivo-Sexual y de Géneros” realizada conjuntamente con la Federación Andaluza Arco Iris y disponible en la web www.derechoshumanos.tk.

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras, Andalucía, ATA, CC OO, CitizenGO, Colegio Nuestro Padre Jesús de Valenzuela, Comunidad de Madrid, Discriminación, Educación, España, Federación Andaluza Arco Iris, Gonzalo Serrano, HazteOir, Homofobia, Iglesia Católica, Junta de Andalucía, LGTBfobia, Madrid, Transfobia, UGT, USTEA

El odio homófobo se ha cobrado una nueva víctima. Tyrone Unsworth, un chico de 13 años, se ha quitado la vida después de sufrir acoso homófobo durante años por parte de otros chicos de su edad en Brisbane (Australia). La noticia resulta aún más terrible si se tiene en cuenta que sucede después de que grupos ultraconservadores hayan lanzado (y con bastante éxito) su propia campaña de acoso contra el programa Safe Schools, cuyo objetivo es combatir el bullying LGTBfóbico en las escuelas.

Con sólo 13 años de edad, Tyrone Unsworth, se quitaba la vida el lunes, 21 de noviembre, después de ser víctima del acoso y la intimidación desde que tenía 5 años de edad debido a su orientación sexual, según asegura su madre, Amanda Unsworth, afirmando que en los últimos años las presiones se habían vuelto más maliciosas.  La policía de Brisbane, en el estado australiano de Queensland, está investigando el incidente.

“Tyrone terminó siendo gay y mucha gente empezó a molestarle. Era un chico muy femenino, le encantaba la moda y el maquillaje, y los otros chicos no paraban de meterse con él, le llamaban gay-boy, maricón, mariquita; así ha sido, de forma constante, desde que iba a 5º curso”, declaraba su madre, Amanda Unsworth, a The Courier Mail (Tyrone se encontraba ahora en 7º curso, el último año de la educación primaria en el sistema educativo australiano). “Quería ser veterinario o diseñador cuando fuera mayor, y su frase favorita era ‘Los palos y las piedras romperán mis huesos, pero las palabras nunca podrán hacerme daño’. Pero sí pudieron con él”, añadía. Se trata, para los que no la conozcan, de una frase hecha en inglés (“sticks and stones may break my bones but words will never hurt me”), que se usa precisamente para advertir a los niños de que no hagan caso de los insultos que reciben. A algunos quizá les suene también porque ha sido utilizada en la letra de varias canciones.

La muerte de Tyrone llega apenas un mes después de que su madre denunciara que su hijo había sido agredido físicamente fuera del recinto escolar con la estaca de una valla por otro alumno del mismo centro. Un incidente por el que Tyrone tuvo que ser ingresado en el hospital, necesitando cirugía en el rostro. Después de este incidente, la señora Unsworth se persona en el centro de enseñanza secundario de su hijo, el Instituto Aspley State, para transmitir su preocupación por el acoso al que estaba siendo sometido.

Jacquinta Miller, la directora de la Aspley State High School, la escuela a la que acudía Tyrone, ha negado por su parte tener conocimiento de que el chico estuviera siendo acosado en la escuela, asegurando que si él o su familia se hubiesen quejado se habrían tomado medidas. “No tuvimos informes sobre el acoso, la verdad es que tratamos de trabajar con las familias para resolver estos complejos problemas. Me siento tan triste y lamento que no tuviéramos la oportunidad de ayudar a este joven”, asegura Miller, afirmando que habrían tomado cartas en el asunto si la familia hubiera acudido antes a ellos. “La seguridad y el bienestar de todos los alumnos de nuestra escuela es nuestra principal prioridad y por eso no toleramos el acoso en ninguna de sus formas”, se ha permitido incluso declarar. Palabras que se nos antojan hipócritas si se tiene en cuenta que Tyrone fue salvajemente agredido por un compañero (es cierto que fuera de los límites de la escuela) hace menos de un mes, requiriendo hospitalización y cirugía después de ser golpeado en la mandíbula con el tablón de una cerca.

“Cuando salió del hospital era un chico diferente. Repetía constantemente ‘No quiero ir a la escuela, no quiero terminar de vuelta al hospital'”, declara Twiggy Jones, la abuela de Tyrone, que asegura que su nieto siempre había sido un niño feliz. El funeral de Tyrone será el 1 de diciembre, para el que su madre ha pedido a todos los que tengan la intención de asistir que vayan con ropa de colores brillantes.

Campaña ultraconservadora contra el programa Safe Schools

No se trata, por desgracia, del primer suicidio de un niño o de un adolescente LGTB que recogemos en Cristianos Gayss. Hay además otros muchos que ni siquiera saltan la barrera de los medios. Pero si en este caso la noticia nos resulta especialmente estremecedora es porque el sucidio de Tyrone coincide con una feroz campaña que los grupos ultraconservadores australianos están llevando a cabo contra Safe Schools, un programa de prevención del acoso escolar por LGTBfobia. Una polémica que por otra parte no es posible desvincular de todo del enrarecido clima de discusión sobre la aprobación del matrimonio igualitario en Australia.

Safe Schools es un programa promovido por Safe Schools Coalition Australia que se puso en marcha en el estado de Victoria en 2010, y que se extendió a toda Australia en 2013. El programa provee de recursos sobre diversidad afectivo-sexual a las escuelas, con el objeto de garantizar un entorno seguro a los estudiantes LGTB. Sin embargo, pronto comenzó a suscitar críticas entre grupos ultraconservadores, como Australian Christian Lobby (una organización similar, por mencionar un ejemplo cercano, a la española HazteOír). Críticas que encontraron eco, por ejemplo, en The Australian, diario conservador propiedad del magnate Rupert Murdoch. Hace unos meses las críticas subieron de tono, e incluso el diputado conservador George Christensen llegó a acusar al programa en el Parlamento de Australia de exponer a los menores a material pornográfico y lo relacionó con la pederastia.

De hecho, el gobierno federal australiano, sometido a las presiones del sector más derechista de la coalición conservadora que lo sustenta, decidió finalmente someter al programa a importantes restricciones, como limitarlo a los cursos de secundaria, prohibir el uso de recursos externos y obligar a que los padres den su consentimiento firmado para que los alumnos participen. Medidas que en la práctica suponen el fin del programa tal y como fue concebido, y que ha hecho que al menos dos gobiernos, los del Territorio de la Capital Australiana (donde se localiza Canberra, la capital federal) y los del estado de Victoria, donde nació precisamente el programa, hayan decidido tomarlo bajo su control y financiarlo para asegurar su mantenimiento. Ambos territorios están gobernados por el Partido Laborista.

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Un buen resumen de toda una época de la que los homosexuales no pueden sentirse muy felices. Recordemos, como símbolo de esa represión a Reinaldo Arenas…

Fidel Castro ha fallecido, a los 90 años de edad. El líder de la Revolución cubana es ya, para bien o para mal, uno de los iconos políticos del siglo XX. Muchos serán los artículos de revisión sobre su figura y su significado. En España no faltarán, como viene sucediendo de un tiempo a esta parte con casi cualquier evento internacional, los que conviertan su muerte en un asunto de política interna. Pero más allá de interpretaciones sobre lo que significó como figura histórica y de filias y fobias, lo que nada podrá impedir es que la represión que la Cuba de los años sesenta y primeros setenta ejerció sobre homosexuales y transexuales quede para siempre en la memoria. Aunque décadas después Castro reconociese su responsabilidad sobre el dolor que su régimen causó en aquellos años negros.

Cuba ya era una sociedad fuertemente homófoba antes de la Revolución, por más que La Habana disfrutase de un cierto ambiente capaz de atraer a sus locales a homosexuales acomodados de los Estados Unidos. Fue en los años 30, de hecho, cuando se aprobó el Código de Defensa Social, que consideraba la práctica homosexual como “estado de peligrosidad”, contemplando una serie de medidas represoras. Y no fue hasta 1979 que dicho Código se sustituyó por otro nuevo Código Penal que descriminalizaba como tal la homosexualidad, aunque persistía el delito de “escándalo público”, que castigaba con cárcel a quien “acose a otro con requerimientos homosexuales” y “ofenda el pudor o las buenas costumbres con exhibiciones o actos obscenos”. Un artículo que de hecho no sufrió cambios hasta 1997, cuando el delito de “escándalo público” fue sustituido por el de “ultraje sexual” y se eliminó la referencia explícita a la homosexualidad (sigue siendo un delito acosar a otra persona “con requerimientos sexuales”).

Reinaldo Arenas

Si nos atenemos a estos hechos, la evolución de Cuba no puede considerarse muy distinta a la de otros países. Pero lo cierto es que tras el triunfo de la Revolución cubana, en 1959, la persecución de facto de homosexuales y transexuales se agravó considerablemente. A la homofobia preexistente, el nuevo régimen importó la muy negativa actitud hacia la homosexualidad del régimen soviético, vigente desde los tiempos de Stalin, y que a la muerte de este no se revirtió (el artículo Los judíos de Cuba, publicado en dosmanzanas en 2008, incidía precisamente en este aspecto). Y fue ahí cuando comenzó una época  de persecución intensiva de todas aquellas personas que se desviaban de la sexualidad normativa, muchas de las cuales sufrieron internamiento en los infames los campos de trabajos forzados de la Cuba revolucionaria (las UMAP, “Unidades Militares de Apoyo a la Producción”). No faltó, en este sentido, el apoyo de la Psiquiatría oficial cubana a la hora de patologizar la homosexualidad y proporcionar argumentos “científicos” a la persecución, como bien documenta el ensayista Pedro Marqués de Armas en su libro Ciencia y poder en Cuba. Racismo, homofobia y Nación (1790-1970). Cómo no establecer en este punto paralelismos con la Psiquiatría del franquismo, a la que hace solo unos días aludíamos en otra entrada…

Por supuesto, al empeño por imponer una moral revolucionaria, ajena a vicios burgueses (porque así fue considerada la homosexualidad durante décadas por buena parte de la izquierda) se unía además, como en cualquier régimen totalitario, el afán por librarse de disidentes políticos utilizando sus “inclinaciones”. Disidentes (no conviene olvidar) muchos de los cuales acogieron con alborozo o incluso participaron en el triunfo de la Revolución.

La época de la relajación

No fue hasta el final de los años setenta, ochenta y sobre todo noventa que la persecución de la disidencia sexual se relajó, e incluso, con el paso del tiempo, comenzaron a producirse algunos avances en materia LGTB sobre los países de su entorno. El papel en este proceso de Mariela Castro, sobrina de Fidel e hija de Raúl Castro (que sucedió a su hermano en 2006) y del CENESEX (Centro Nacional de Educación Sexual, que la propia Mariela dirige), ha sido en este aspecto determinante. Se ha impulsado, por ejemplo, la cirugía de reasignación de sexo a cargo del estado. En 2014, en lo que de cierto manera supuso un reconocimiento de estos avances, se celebraba en Cuba (y con gran apoyo institucional), la VI Conferencia regional de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales para América Latina y el Caribe (ILGALAC).

Pero ni siquiera para la hija del actual presidente cubano es fácil. Sus intentos por promover una legislación en favor de las parejas del mismo sexo cuentan con importante oposición dentro del propio régimen, pese a que la propia Mariela ha insinuado en el pasado que su padre estaría a favor. En enero de 2012, por ejemplo, se anunció una discusión sobre el tema que finalmente no tuvo lugar. Y en 2014 recogimos el que se consideró “primer no” en la historia de la Asamblea Nacional de Cuba, donde las leyes suelen ser aprobadas de forma unánime por polémica que resulte su discusión. La protagonista no fue otra que Mariela Castro, opuesta a que la reforma del Código de Trabajo no recogiese expresamente sus demandas en materia de no discriminación de las personas transexuales y seropositivas (sí que recogió, por primera vez, la no discriminación por razones de orientación sexual).

Ni aún así la situación puede considerarse totalmente superada. Siguen produciéndose denuncias (según Mariela Castro, infundadas) de detenciones y arrestos de personas homosexuales, especialmente en lugares de encuentro (playas, parques o cines) así como de mujeres transexuales que ejercen la prostitución. También perviven episodios de discriminación. Uno de los casos de los que nos hicimos eco fue la muerte de una mujer transexual mientras se encontraba detenida tras una redada, que comenzó a sentirse mal pero a la que los agentes no prestaron atención hasta que fue demasiado tarde. Al mismo tiempo llegan noticias muy positivas, como la elección de la primera concejal transexual o la celebración desde hace pocos años de marchas (algunas de ellas críticas con el gobierno) que cada vez dan una mayor visibilidad al colectivo.

Castro reconoció (sin pedir perdón) su papel en la represión LGTBfoba

El propio Fidel Castro, ya anciano, reconocía en 2010 su responsabilidad personal en lo que calificó como “gran injusticia“. Fue en una entrevista concedida al diario mexicano La Jornada, que en su momento reprodujimos íntegramente por su interés. Castro, sin embargo, se disculpó a sí mismo por el hecho de estar centrado en “otros problemas” y no pidió perdón expreso. “Sí, fueron momentos de una gran injusticia, ¡una gran injusticia!, la haya hecho quien sea. Si la hicimos nosotros, nosotros… Estoy tratando de delimitar mi responsabilidad en todo eso porque, desde luego, personalmente, yo no tengo ese tipo de prejuicios”, aseguró.

Castro argumentó, según Carmen Lira, su entrevistadora, que la persecución a los homosexuales se fue produciendo “como una reacción espontánea en las filas revolucionarias, que venía de las tradiciones. En la Cuba anterior no sólo se discriminaba a los negros: también se discriminaba a las mujeres y, desde luego, a los homosexuales”.

“¿Quién fue, por tanto, el responsable, directo o indirecto, de que no se pusiera un alto a lo que estaba sucediendo en la sociedad cubana? ¿El Partido? Porque esta es la hora en que el Partido Comunista de Cuba no “explicita” en sus estatutos la prohibición a discriminar por orientación sexual”, le repreguntó Lira a Castro. “No. Si alguien es responsable, soy yo… Es cierto que en esos momentos no me podía ocupar de ese asunto… Me encontraba inmerso, principalmente, de la crisis de octubre, de la guerra, de las cuestiones políticas…”, respondió.

“Pero esto se convirtió en un serio y grave problema político, comandante”, le replicó Lira. “Comprendo, comprendo… Nosotros no lo supimos valorar… sabotajes sistemáticos, ataques armados, se sucedían todo el tiempo: teníamos tantos y tan terribles problemas, problemas de vida o muerte, ¿sabes?, que no le prestamos suficiente atención”, respondió.

“Después de todo aquello, se hizo muy difícil la defensa de la Revolución en el exterior… La imagen se había deteriorado para siempre en algunos sectores, sobre todo de Europa (…) La persecución a homosexuales podía darse con menor o mayor protesta, en cualquier parte. No en la Cuba revolucionaria”, le argumentó Lira. “Comprendo: es como cuando el santo peca, ¿verdad?… No es lo mismo que peque el pecador, ¿no?”, respondió Castro.

“Escapar a la CIA, que compraba tantos traidores, a veces entre la misma gente de uno, no era cosa sencilla; pero en fin, de todas maneras, si hay que asumir responsabilidad, asumo la mía. Yo no voy a echarle la culpa a otros”, finalizaba Fidel Castro…

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Importantísima votación la que tuvo lugar este lunes 21 de noviembre en la Asamblea General de Naciones Unidas. Por un estrecho margen  (84 votos a favor, 77 en contra y 17 abstenciones) este organismo puso fin al intento del grupo de Estados africanos de impugnar el nombramiento del primer experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. El papel de los Estados latinoamericanos fue clave en la neutralización del movimiento homófobo, que en cualquier caso puso de manifiesto la división en dos grandes bloques por lo que al respeto a los derechos LGTB en el mundo se refiere.

Lo recogimos en su momento, como noticia de especial relevancia en el ámbito de los derechos LGTB a nivel internacional. El pasado 30 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el nombramiento durante un periodo de tres años de un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. La creación de esta figura, propuesta por varios países de América Latina, no fue precisamente fácil, y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó. La decisión del Consejo de Derechos Humanos (un órgano de Naciones Unidas con sede en Ginebra y formado por 74 miembros rotatorios) fue adoptada por 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones.

Semanas después conocíamos el nombre de la persona elegida: el tailandés Vitit Muntarbhorn, un profesor de Derecho Internacional con una dilatada trayectoria al servicio de las Naciones Unidas. Ha sido relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática de Corea (Corea del Norte), por mencionar solo dos de las posiciones que ha ocupado en el pasado. En el momento de ser elegido era miembro de la Comisión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de Investigación sobre Siria. Muntarbhorn fue además uno de los juristas que participaron en la elaboración de los muy importantes “Principios de Yogyakarta” sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados en noviembre de 2006 (y que puedes descargar en su integridad aquí). Un antecedente que fue especialmente aplaudido, como comentamos entonces, del activismo LGTB internacional.

Pero ni siquiera así los representantes de los Gobiernos contrarios a los derechos de las personas LGTB se dieron por vencidos. A principios de noviembre, el embajador ante Naciones Unidas de Botsuana presentó en nombre de los 57 países del grupo de Estados africanos una propuesta de resolución para pedir la suspensión de las actividades del experto independiente. Y ello hasta que se dirimiese la legalidad de la creación de un cargo para defender la protección contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, unas “nociones” sobre cuya mera existencia, según los proponentes, “no hay un acuerdo internacional”. Para los representantes de los países africanos (ver texto) objetivos más importantes como el derecho al desarrollo y la lucha contra el racismo se verían relegados por el incremento de la vigilancia frente a los abusos contra la población LGTB. Una postura por otra parte habitual entre los estados contrarios al reconocimiento de esta realidad, que suelen luchar de forma denodada contra la inclusión de las minorías afectivo-sexuales en los acuerdos para promover los derechos humanos de todos los individuos.

América Latina frena el intento

La propuesta de los países africanos se votó finalmente este lunes 21 de noviembre en el tercer comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas (el encargado de los asuntos sociales, culturales y humanitarios), que debía pronunciarse sobre el informe que el Consejo de Derechos Humanos había elaborado y en el cual se incluía la propuesta de nombramiento de un experto independiente. En contra de la propuesta africana, un grupo de países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y Uruguay) presentaron una enmienda, que fue aprobada por un estrecho margen  84 votos a favor, 77 en contra y 17 abstenciones. Hay que recordar, en este punto, que la propuesta de nombramiento de un experto independiente partió precisamente de los países latinoamericanos.

El informe final, ya sin la retirada de la propuesta de nombramiento, fue aprobado en una segunda votación por 94 votos a favor, 3 en contra y 80 abstenciones.

A favor y en contra

Resulta especialmente interesante echar un vistazo a la lista de estados que votaron en contra de la creación de esta importante figura, y que conforman lo que ya podemos considerar el “bloque homófobo”. Puedes consultar la lista completa aquí. Pero no resulta demasiado complicado hacer un resumen: la mayoría de los africanos (pero no Sudáfrica); la inmensa mayoría de los países de mayoría islámica, desde, por supuesto Arabia Saudí hasta Azerbaiyán o Indonesia (pero no Albania ni Turquía); China y por supuesto Rusia, el país que en años recientes ha hecho de la LGTBfobia uno de los ejes de su política interior. También votaron en contra Jamaica, cuya sociedad se considera una de las más homófobas del mundo, Singapur o Corea del Norte.

Entre los países que votaron a favor, la inmensa mayoría de los latinoamericanos (Cuba no estuvo presente y Paraguay se abstuvo), los países occidentales y los países de Europa del Este y numerosos países asiáticos y estados insulares del Pacífico. Entre las abstenciones, además de la mencionada Paraguay y de algunos países africanos que prefirieron no sumarse abiertamente a la negativa (como Ruanda o Somalia), nos llamó la atención la de la muy cristiana Armenia.

Colectivos LGTB y de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch, se han felicitado por el resultado de la votación, que consideran una muy importante victoria para los derechos de las personas LGTB. Habrá que ver, no obstante, si  los intentos de bloqueo continúan. Sin tener en cuenta, en cualquier caso, que la falta de colaboración de muchos de los países que han votado en contra de la creación de su cargo con Vitit Muntarbhorn se da por segura…

Las funciones del nuevo cargo

El mandato de Vitit Muntarbhorn, según la resolución aprobada el pasado junio (reproducimos literalmente), es el siguiente:

• Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias;
• Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
• Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos;
• Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género;
• Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Muntarbhorn deberá presentar un informe anual tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Daniel Román, el enfermero-educador al que la ONG Nuevo Futuro-Sirio se vio obligada a readmitir hace ahora tres años tras ser despedido en el contexto de su proceso transexualizador, vuelve a sentir el peso de la discriminación. Román, convencido de que detrás de lo que le ocurre no se encuentra sino la transfobia, ha presentado la correspondiente denuncia.

En su momento recogimos la historia con cierto detalle. Daniel Román fue despedido de Nuevo Futuro-Sirio (ONG que cuida a menores con problemas mentales cuya tutela corresponde a la Comunidad de Madrid, de la que recibe financiación) pocos meses después de comunicar su intención de proceder a la rectificación legal del sexo (ya dos años antes había comenzado su proceso de hormonación, y los menores habían visto su proceso con normalidad). Desde la ONG se le propuso dejar el puesto mientras acometía el proceso, pero Daniel lo rechazó: “Al menos dos veces la directora me sugirió que me cogiera una baja o una excedencia. La excusa era que así podría hacer el proceso más tranquilo. Pero yo me negué. Primero, porque necesitaba el trabajo; segundo, porque no soy un enfermo”, contó entonces. La ONG acabó por despedirlo, alegando “indisciplina y desobediencia en el trabajo”. Pero Daniel, que contó por entonces con el asesoramiento del sindicato UGT y con el apoyo activo de Carla Antonelli (que llegó a registrar una pregunta en la Asamblea de Madrid sobre el tema y entrevistarse con la directora de la ONG) consiguió que Nuevo Futuro-Sirio lo readmitiese.

Tres años después Daniel Román ha denunciado que vuelve a ser objeto de discriminación. Fue a principios de este año cuando comenzó a percibir que la actitud de la dirección cambiaba. “Hice una solicitud de vacaciones a principios de año para irme 15 días en diciembre y todavía no sé si me las puedo coger, cuando otros compañeros lo han hecho”, declaraba a El Mundo hace tres semanas. “Hasta julio he tenido silencio administrativo; ese mes me dicen que son malas fechas para el centro, y les da un poco igual que sea parte de mis derechos y que me venga bien por cuestiones personales y familiares”, añadía.

Tras su reclamación, Daniel Román comenzó a recibir escritos de amonestación por no acudir a un determinado número de reuniones, muchas de las cuales se celebran fuera de su horario de trabajo. Según Daniel Román explicó a El Mundo se trata de una situación común a otros trabajadores, con los que sin embargo la dirección no tiene “el mismo nivel de exigencia”. Y a finales de agosto fue sancionado por tomarse dos días de permiso por la hospitalización de su hermana y el nacimiento de su sobrino (un derecho recogido en su convenio colectivo y en el Estatuto de los Trabajadores), a pesar de que avisó con 15 días de antelación explicando que desconocía la fecha exacta en la que se produciría el parto. El mismo día del nacimiento de su sobrino volvió a comunicarlo por la mañana a la dirección, que le denegó el permiso argumentando la imposibilidad de sustituirle y le acusó de actuar de mala fe. La sanción emitida por la ONG, de hecho, recoge que “cuesta creer que no supiera con más antelación la fecha” y añade que “en el caso que nos ocupa se ha desobedecido una instrucción directa por parte de esta dirección. Entendemos que no es relevante en este caso que el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio colectivo le confiriesen el derecho a la licencia”.

Insertamos a continuación la entrevista realizada a Daniel Román en el programa Hoy por Hoy Madrid, de la cadena SER, en el que el joven explica su historia y se muestra convencido, en última instancia, de que lo que le ocurre no es más que otro episodio de discriminación tránsfoba:

Todo apunta a que será la justicia la que tenga la última palabra. Veremos qué sucede finalmente.

General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito laboral, Cadena Ser, Carla Antonelli, Daniel Román, Discriminación, El Mundo, Nuevo Futuro-Sirio, Transexualidad, Transfobia

Muy malas noticias las que nos llegan desde Costa de Marfil, donde por primera vez una pareja de hombres ha sido encarcelada por mantener relaciones sexuales. El encarcelamiento es buena muestra del deterioro de la situación de los derechos LGTB en Costa de Marfil, una antigua colonia francesa que no castiga expresamente las relaciones homosexuales (como sí hacen, por ejemplo, muchas excolonias británicas, que mantienen todavía en sus códigos penales la prohibición de la sodomía heredada de la época colonial).

Según las informaciones reveladas en el portal local de noticias Abidjan.net, los condenados han admitido haber mantenido relaciones homosexuales, agregando que son pareja y recalcando que no consideran que eso sea un delito. La historia es especialmente triste. P.L., de 31 años, y L.A., de 19 años, fueron descubiertos manteniendo relaciones sexuales por un tío de este último, que los denunció a la policía en Sassandra, al sur del país. La pareja acabó delante del juez, ante el que reconocieron los hechos y admitieron ser pareja, al tiempo que declararon que no eran conscientes de que estuviesen cometiendo un delito.

Tenían razón, de hecho: Costa de Marfil se incluye, tradicionalmente, en la lista de países africanos que no castigan expresamente las relaciones homosexuales. La homosexualidad no es ilegal en el país, y de hecho en 2015 una pareja del mismo sexo presento en Sassandra una demanda de divorcio. Sin embargo, es ilegal mantener relaciones homosexuales. Una ley que se asemeja a la de otros países africanos pero que en muy pocas ocasiones se lleva a la práctica. Pero sí que castiga la “ofensa a la decencia en público” con penas de prisión de entre 3 meses y dos años, y de hecho contempla penas agravadas si el “acto impúdico” ha sido cometido con alguien del mismo sexo. Y a ello se han agarrado tanto el fiscal como el juez, que los ha encontrado culpables y los ha condenado a prisión. Lo que no podemos confirmar es si ha sido a 3 meses de cárcel, como sostienen medios internacionales, o a 18 meses, como hemos podido leer en un medio local. En lo que sí coinciden todos los medios que recogen la noticia es que se trata de la primera vez que dos hombres van a prisión por mantener relaciones sexuales consentidas en Costa de Marfil.

Todo parece indicar que el odio homófobo en Costa de Marfil, un país cuya población se encuentra dividida a partes casi iguales entre el cristianismo y el islam y que hasta hace pocos años no se encontraba entre los considerados más peligrosos para la comunidad LGTB, viene mostrándose con más crudeza de un tiempo a esta parte. En enero de 2014 recogíamos el grave ataque homófobo que sufrió el activista Claver Touré, presidente de la asociación Alternative-Côte d’Ivoire (cuya sede quedó de hecho destrozada). Y en junio de este mismo año varios hombres se vieron obligados a abandonar sus hogares, después de que la Embajada de los Estados Unidos publicase una foto de ellos firmando en el libro de condolencias por el atentado homófobo de Orlando, en Florida, y los identificase como miembros de la comunidad LGTB.

Fuente Dosmanzanas/Redacción Chueca

General, Homofobia/ Transfobia. Claver Touré, Costa de Marfil, Discriminación, Homofobia, L.A., P.L., Sassandra

El colectivo LGTBI siendo estando reconocido en el nuevo acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC. Un acuerdo que tuvo que ser reformulado después de que el acuerdo original fuese rechazado en un plebiscito (por la mínima y con una baja participación) celebrado el pasado 2 de octubre. Un resultado que en parte fue debido a la intensa movilización de los sectores conservadores más abiertamente homófobos, que criticaron con fiereza el hecho de que el acuerdo incorporase el enfoque de género y reconociese de forma específica a las víctimas LGTBI.

Como explicamos días antes del plebiscito, por primera vez en un proceso de este tipo los acuerdos incorporaron de forma expresa el enfoque de género y diversidad sexual, algo que fue celebrado por los colectivos LGTB colombianos, como Colombia Diversa o Caribe Afirmativo. El acuerdo reconocía como víctimas a las personas LGTBI, les permitía exigir justicia individual y colectiva por los daños motivados por la LGTBfobia y les reconocía el derecho a una atención diferencial y a una reparación integral. Permitía, asimismo, que las personas LGTBI se involucrasen en la construcción de la paz, asegurándoles que los derechos adquiridos serían realidad en todos los territorios de Colombia.

Es por todo ello que los colectivos LGTB apoyaron de forma rotunda el “sí”, pero también que por ejemplo muchas iglesias evangélicas utilizaron el argumento de que Colombia sería entregada a la “dictadura homosexual” (también al “ateísmo” y al “castrochavismo”) para movilizar a sus feligreses. El argumento de que los acuerdos de paz suponían la aceptación oficial de la “ideología de género” fue de hecho uno de los más utilizados por los partidarios del “no”. Y no solo por las pujantes iglesias evangélicas: también líderes políticos católicos utilizaron este argumento, y ello a pesar de que el papa Francisco había mostrado expresamente su satisfacción por el acuerdo de paz (aunque por lo que se refiere al plebiscito la Iglesia católica mantuvo la “neutralidad oficial”). Un ejemplo es el de Alejandro Ordóñez, que recientemente ha dejado su cargo como procurador general, desde el cual ha liderado múltiples batallas contra los avances en materia LGTB que se han ido produciendo en Colombia en los últimos años. Ordoñez, cuya reelección como procurador el Consejo de Estado declaró nulo en septiembre, se convirtió en otro de los rostros del “no”. “La Colombia creyente tiene la obligación de votar ‘no’”, llegó a asegurar. “Aunque lo quieren negar, en más de 144 apartes del acuerdo hablan del enfoque de género, y en muchas de las utilizaciones de esa expresión está implícita la ideología de género”, fue una de las razones que argumentó.

Fuertes presiones de los líderes homófobos

Como recogíamos tras conocer el resultado del plebiscito, el peligro más inmediato era que una renegociación del acuerdo excluyese al colectivo LGTBI colombiano, que ya se enfrenta de hecho a numerosos desafíos (como la iniciativa de referéndum contra la adopción por parejas del mismo sexo y personas solteras que promueve la senadora liberal Viviane Morales). De hecho, las presiones de los homófobos, como recopilaba hace días Colombia Diversa. Alejandro Ordoñez se llegó a reunir con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y aseguró a la salida del encuentro que el acuerdo iba a ser “purgado” de la “ideología de género”. Líderes evangélicos (de distintas sensibilidades) también se reunieron con Santos, transmitiéndole la preocupación que el tema suscitaba entre varias de sus iglesias. Tras la reunión, los líderes evangélicos destacaron “el espíritu de grandeza y el gran pragmatismo político con que el presidente Santos recibió el resultado” del plebiscito.

Incluso la mencionada senadora Morales llegó a viajar a Cuba para acordar con las FARC un documento de compromiso que asegurase que el enfoque de género recogido en el acuerdo se refería “a la reivindicación y protección especial de los derechos de la mujer como víctima principal del conflicto y como protagonista esencial en la construcción de la paz” y no a otros colectivos, así como que este no daba pie al reconocimiento expreso de los diferentes modelos de familia y respetaba “el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos conforme a sus principios y valores”.

El reconocimiento del colectivo LGTBI se mantiene

Por fortuna, una vez conocida la nueva versión del acuerdo, no parece que el daño haya sido grave, y los colectivos LGTB colombianos siguen considerándolo muy positivo. Es cierto que las iglesias han ganado peso en el proceso de implementación de los acuerdos, pero los derechos de las personas LGTBI se mantienen (de hecho, el afán por definirlos mejor y no dar lugar a interpretaciones que pudieran ser utilizadas en contra del acuerdo han llevado a que sean citadas aún más veces que en el anterior acuerdo). Por lo que se refiere a la familia, el texto se deja claro que se protege a esta y a sus integrantes como núcleo de la sociedad, pero no la define ni en un sentido ni en otro, aunque se mantiene una referencia al pluralismo y la no discriminación.

Algo que satisface suficientemente, por ejemplo, a Caribe Afirmativo, un colectivo que tras hacer un primer análisis del texto considera que sigue siendo positivo. “Caribe Afirmativo celebra que en el nuevo acuerdo (…) no solamente se haya mantenido el reconocimiento a la afectación que el conflicto armado hizo en relación a la orientación sexual o la identidad de género de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex, sino que también se continúa sosteniendo que, tal como se ha reflejado en el día a día en los territorios del país, son actores clave de la construcción de paz”, asegura su director, Wilson Castañeda. “Seguiremos estos días estudiando con mucho detenimiento el acuerdo y leeremos allí la competencia que tenemos como ciudadanas y ciudadanos en la construcción de paz. Desde ya asumimos un compromiso de rodear el acuerdo, cooperar en su implementación y hacer pedagogía en la región, saludando y agradeciendo el esfuerzo del equipo de negociación entre el gobierno y las FARC, los movimientos sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía para construir una paz estable y duradera”, ha añadido.

Desde dosmanzanas nos felicitamos que así sea, y esperamos que pese a los tropiezos el proceso de paz en Colombia siga su camino.

Fuente Dosmanzanas

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Pues nada… Aviso a navegantes… Los que dicen que derecha e izquierda son iguales y se resisten a votar a una izquierda moderada ya que ellos son tan puros, revolucionarios y arcangélicos, al final tendrán que votar a la derecha para que el fascismo de Marine Le Pen no salga vecedor… Los “puros” que hicieron posible el ascenso del Nazismo con todas sus consecuencias y que vivieron tan campantes mientras no les tocó a ellos… Es tan maravillosos ser “puro” mientras eres “intelectual” o “profesor de la Uni”, tienes un patrimonio inmobiliario enorme pero eres muy revolucionario y no te embargan ni te desahucian… pero eso sí, “puro“, muy “puro“… Y la derecha sigue gobernando… recortando… ciscándose en el pueblo soberano… Y los “puros“… muy “puros“…

Malas noticias para los derechos LGTB, otra vez. El resultado de la primera vuelta de las elecciones primarias de Los Republicanos, el gran partido de la derecha francesa, ha arrojado como inesperado vencedor a François Fillon, cuyas posturas contrarias al matrimonio igualitario y a la homoparentalidad son bien conocidas. El que era principal favorito, y “esperanza” del activismo LGTB, Alain Juppé, ha quedado en segunda posición, pero a una importante distancia de Fillon, y sus opciones parecen ya pocas una vez que el tercero en discordia, Nicolas Sarkozy, ha anunciado su apoyo a Fillon en la segunda vuelta.

El resultado de las primarias de Los Republicanos es de gran importancia: de ellas saldrá el candidato que con casi total seguridad se enfrentará a Marine Le Pen, la candidata del ultraderechista Frente Nacional, en la ronda definitiva de las elecciones presidenciales francesas, que se celebran el próximo 7 de mayo (siempre, claro está, que en la primera vuelta, que se celebra dos semanas antes, ningún candidato obtenga más del 50% de los votos). Todos los analistas dan por hecho que ni el candidato socialista, sea el que sea, ni el que presenten las fuerzas a su izquierda logrará pasar a la segunda vuelta (así lo prevén todas las encuestas, y no parece que en este caso vayan a fallar).

Hasta hace apenas unos días, se consideraba que la batalla en el seno de Los Republicanos era básicamente cosa de dos, Nicolas Sarkozy y Alain Juppé. Ya lo mencionábamos en una entrada publicada hace ahora dos años, en la que recogíamos las profundas divergencias en materia LGTB entre Sarkozy, que por aquel entonces prometía derogar el matrimonio igualitario si llegaba al poder, y Juppé, que se había posicionado claramente a favor del matrimonio igualitario y de la adopción homoparental. “He dicho que la ley debe ser reescrita de cabo a rabo, pero si preferís digo que lo hay que hacer es derogarla para hacer una nueva, en francés es lo mismo. Si así os parece mejor, eso cuesta poco”, declaraba por entonces el expresidente Sarkozy en un acto de Sens commun, un movimiento político ultraconservador nacido al calor de las movilizaciones contra el matrimonio igualitario y vinculado a la que entonces aún se llamaba UMP. Sarkozy consiguió poco después hacerse con la presidencia de esta fuerza política, que pocos meses después cambiaría su nombre a “Los Republicanos”.

Ya por entonces se consideraba que el gran rival de Sarkozy sería Juppé, alcalde de Burdeos, un político moderado y muy popular, que no presentó su candidatura a la presidencia del partido y que prefirió jugar la carta de las primarias, pensando que un escenario “abierto” a todos los ciudadanos, y no solo a los militantes, le daría ventaja. De hecho durante todo este tiempo Juppé parecía favorito frente a Sarkozy. Lo que era una buena noticia para el colectivo LGTB, dado el giro pro-LGTB que Juppé habia experimentado. El alcalde de Burdeos comenzó su “proceso” publicando en octubre de 2012 una entrada en su blog en la que contaba que después de reunirse con activistas LGTB comprendía sus puntos de vista, añadiendo que aunque él hubiera preferido una ley de unión civil no se oponía al matrimonio igualitario. Con posterioridad afirmó ya con claridad que el matrimonio igualitario estaba integrado en la sociedad francesa y se declaró opuesto a la reescritura de la ley, para finalmente, en noviembre de 2014, declararse además favorable a la adopción homoparental después de un proceso de “madura reflexión”.

François Fillon, la sorpresa… desagradable

Nouveau nom de l’UMP, nouveau logo possible.

El propio Nicolas Sarkozy, que pese a su alto grado de conocimiento fuera de Francia nunca fue en realidad favorito para repetir como presidente del país, hizo su propio viraje en materia LGTB (bastante menos ambicioso que el de Juppé). El pasado enero hacía pública su nueva opinión sobre el tema en un libro en el que repasaba su trayectoria política: lamentaba “vivamente” no haber cumplido su viejo compromiso de aprobar la unión civil entre parejas del mismo sexo cuando pudo hacerlo, y respecto al matrimonio igualitario, defendió que aunque debería haber sido decidido en referéndum, una vez aprobado no había lugar a dar marcha atrás. “Es un punto sobre el que, lo asumo, he evolucionado”, afirmaba. Un giro, por cierto, que causó estupor entre los activistas homófobos de La manif por tous y de Sens commun.

Activistas que por cierto se cuentan entre los que han acabado dando su apoyo a un tercer candidato, el derechista François Fillon, por el que nadie daba un duro hace solo unas semanas pero que ha subido como la espuma conforme se acercaba el día de la votación. Las encuestas previas a la votación de este domingo, de hecho, le daban prácticamente empatado con Sarkozy en el segundo puesto, y con posibilidades de quitarle el puesto a este. No solo ha sido así, sino que Fillon se ha impuesto con rotundidad, al obtener el 44,2% de los votos, frente al 28,3% de Juppé y el 20,8% de Sarkozy. La segunda vuelta de las primarias será, por tanto, entre Fillon y Juppé, pero el primero se perfila como gran favorito, y no solo por su ventaja de 16 puntos. El propio Sarkozy le ha dado ya su apoyo explícito frente a Juppé. Solo una grandísima movilización del voto de izquierda (recordemos que las primarias de Los Republicanos están abiertas a toda la ciudadanía) podría impedir su victoria, algo que no parece muy probable.

¿Por qué creemos que la elección de Fillon es una mala noticia? En primer lugar, porque el que fuese primer ministro de Sarkozy entre 2007 y 2012, a diferencia de Juppé e incluso del propio Sarkozy, sigue presentándose como opositor al matrimonio igualitario. No es de extrañar: ya en 1982 se opuso a la despenalización de la homosexualidad, al igual que en 1999 se opuso al PACS (Pacte Civile de Solidarité, la limitada ley de parejas que antecedió al matrimonio igualitario).

Fillon, que de hecho se muestra orgulloso de “seguir diciendo lo mismo, a diferencia de otros” en esta materia ha prometido “reescribir” la ley de matrimonio igualitario para modificar los aspectos relativos a la homoparentalidad. En concreto, eliminaría la posibilidad de adopción plena por parejas del mismo sexo (mantendría solo la “adopción simple”, una fórmula de acogida de niños que seguirían manteniendo los vínculos de parentalidad con sus padres biológicos). También se legislaría para hacer aún más explicita la ya vigente prohibición del acceso a las técnicas de reproducción asistida a las parejas del mismo sexo y a las mujeres sin pareja masculina, y se impediría el registro de hijos nacidos por gestación subrogada en países extranjeros (aunque en este caso la modificación legal chocaría con la jurisprudencia europea: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado ya dos veces a Francia por esa razón).

Veremos qué sucede el próximo domingo, 27 de noviembre, en la segunda vuelta de las primarias. Pero si como parece Fillon se convierte en el candidato de Los Republicanos frente a Marine Le Pen, las personas que voten en clave LGTB no tendrán especiales motivos para decidirse en favor de uno u otro candidato. Una situación que augura, en cualquier caso, tiempos oscuros para los derechos LGTB en Francia.

Fuente Dosmanzanas

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Justin Trudeau

El Gobierno federal de Canadá, liderado por el liberal Justin Trudeau, ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto de ley para eliminar una discriminación anacrónica con respecto al coito anal. La iniciativa reducirá la edad de consentimiento para este tipo de relaciones de los actuales 18 años a los 16, para equipararla con la que está vigente para el sexo oral y vaginal.

El artículo 159 del Código Penal canadiense, por increíble que parezca, penaliza el sexo anal como un delito castigable con hasta diez años de prisión. Las excepciones son que se trate de una pareja casada de distinto sexo o que los participantes tengan más de 18 años. En ambos casos tiene que haber consentimiento y durante el acto no deben estar presentes terceras personas.

La distinción entre el sexo anal y los demás tipos de relaciones sexuales consentidas ya supone una discriminación chocante, sobre todo en un país avanzado en materia de derechos LGTB como Canadá. Pero es que además se da la circunstancia de que la edad de consentimiento para mantener otro tipo de contactos (orales o vaginales, por ejemplo) es de 16 años. Es por ello que la comunidad LGTB lleva años pidiendo la derogación del artículo 159.

El Gobierno de Trudeau ha atendido estas demandas y este lunes anunció un proyecto de ley, que ya adelantó en agosto, para eliminar la provisión discriminatoria. Se trata de la segunda vez que una iniciativa de este tipo llega a la Cámara de los Comunes canadiense. En 2011, la mayoría conservadora del entonces primer ministro Stephen Harper bloqueó la tramitación de una propuesta similar, procedente de un diputado del Nuevo Partido Democrático (NPD). La administración de Harper elevó la edad de consentimiento de los 14 a los 16 años en 2008, pero mantuvo la excepción del sexo anal.

El artículo 159 ya ha sido declarado inconstitucional por discriminatorio por los tribunales en Ontario, Quebec, Alberta, Columbia Británica y Nueva Escocia, así como a nivel federal. Pero en las cinco provincias y los tres territorios restantes sigue en vigor. De hecho, los activistas denuncian que los cuerpos de seguridad han seguido deteniendo a gente por este motivo en todo el territorio canadiense y que entre 2008 y 2014, 22 personas solo en Ontario recibieron cargos por practicar sexo anal.

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El Tribunal Constitucional de Uganda ha declarado contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables”, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

El pasado día 10 de noviembre, el Tribunal Constitucional de Uganda falló a favor del demandante en el caso de Adrian Jjuuko contra la Fiscalía General, en el que se cuestionaba la constitucionalidad del artículo 15 (6) (d) de la Ley de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de 2007.

En dicho artículo, ahora declarado inconstitucional, se impedía que determinados grupos sociales considerados “inmorales o socialmente inaceptables” pudieran reclamar por cuestiones de discriminación ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades. Cabe destacar que, en un principio, el artículo fue diseñado específicamente para evitar el acceso a la Comisión a las personas LGTBI, aunque después se añadieron colectivos como el de los trabajadores del sexo, los discapacitados o las personas que viven con el VIH. Es decir, algunos de los grupos sociales más vulnerables y sometidos a discriminación.

Adrian Jjuuko

La declaración de inconstitucionalidad de semejante aberración legislativa llega tras siete largos años de litigio. Adrian Jjuuko, que es el director ejecutivo de Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF), presentó la moción en 2009, con el asesoramiento del abogado Ladislaus Kiiza Rwakafuzi. Jjuuko resumía así la decisión del alto tribunal: “Tras la decisión del tribunal, el Estado no podrá legalmente marcar a determinadas personas como inadaptadas sociales que no son dignas de protección”. También añadía que “ha sido un largo camino de siete años lleno de enfrentamientos con el poder judicial por el continuo retraso, pero me alegro de que el caso finalmente se haya solventado y que hayamos ganado. El fallo favorable elimina el único impedimento legal que ha impedido que los grupos minoritarios accedieran a la Comisión de Igualdad de Oportunidades”.

Por su parte, desde HRAPF expresaban su satisfacción con el siguiente comunicado: “Este es un gran triunfo para las comunidades marginadas de Uganda, especialmente las personas LGBTI y los trabajadores del sexo”.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insiste en reintroducir una ley que endurecería el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de introducir la pena de muerte en deteminados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Por otra parte, se suceden los ataques a la libertad de reunión y asociación. En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es continuo.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Adrian Jjuuko, Discriminación, Homofobia, Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF), Ladislaus Kiiza Rwakafuzi, Tribunal Constitucional de Uganda, Uganda

Meses después de amenazar con revertir la histórica decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el matrimonio igualitario proponiendo en el futuro a nuevos jueces del alto tribunal dispuestos a valorar de nuevo la cuestión, Donald Trump ha asegurado, en su primera entrevista televisada tras ganar las elecciones presidenciales, que ya no considera necesario reabrir el tema. Una postura relativamente conciliadora, en la línea de sus declaraciones de los últimos días (mucho más templadas que las de los meses previos) y que de haber manifestado abiertamente durante las elecciones primarias seguramente hubiesen complicado mucho su elección como candidato republicano a la Casa Blanca. El activismo LGTB estadounidense, en cualquier caso, desconfía profundamente de las intenciones del presidente electo. Razones no le faltan.

Las declaraciones de Trump sobre el matrimonio igualitario se produjeron en una entrevista al programa 60 Minutes, de la CBS, en la que el presidente electo apareció rodeado de su actual familia. Preguntado sobre el miedo que su elección ha despertado en las minorías, Trump negó que tuvieran razones para ello, y culpó directamente a la prensa de ser la instigadora de ese miedo. Lesley Stahl, la entrevistadora, quiso profundizar más en concreto sobre sus intenciones sobre el colectivo LGBTQ. Donald Trump, como respuesta, le recordó que él mismo se había referido al colectivo LGBTQ en la convención repúblicana. “A todo el mundo le pareció genial. Yo les apoyo”, añadió.

Recordemos, en este punto, cuál fue la referencia exacta de Trump al colectivo LGBTQ en su discurso de aceptación de la nominación republicana: “Como vuestro presidente, haré todo lo que esté en mi mano para proteger a nuestros ciudadanos LGBTQ de la violencia y la opresión de una ideología extranjera llena de odio, creedme”. Esa fue la única referencia. Un recurso, en definitiva, a la islamofobia, pero que sirvió a algunos medios de comunicación generalistas para presentar a Trump como un político sensible a los derechos de este colectivo. Activistas LGTB como Michelangelo Signorile alertaron entonces de lo equivocado de esta percepción.

Tras recordar Trump esta referencia, Lesley Stahl se refirió, ya más en concreto, al matrimonio igualitario. “¿Apoya usted el matrimonio igualitario?”, le preguntó. “Es irrelevante, porque ya ha sido decidido por el Supremo. Es ley. Ya está hecho”, respondió. “¿Entonces, incluso si usted promueve un juez que…?”, trató de indagar Stahl, en referencia a la afirmación de Trump de que promovería jueces que en un futuro revirtieran la decisión. “Estos casos ya han sido visto por el Supremo. Han sido resueltos. Para mí está bien así”, zanjó Trump:

https://www.youtube.com/watch?v=jDVX8oj8h1c

No hubo más referencia a los derechos LGTB en la entrevista. Ni una palabra, por ejemplo, sobre la próxima decisión que el Tribunal Supremo debe tomar en esta materia, referida al derecho de un adolescente trans a usar en su instituto los aseos que se corresponden a su identidad de género. En cualquier caso, las declaraciones de Trump sobre el matrimonio igualitario suponen un titular potente, que ha sido recibido con precaución y escepticismo por el activismo LGTB estadounidense.

Es fácil entender las razones de este escepticismo. La reversibilidad del matrimonio igualitario nunca ha sido el mayor temor del activismo, dado que para ello sería necesario que el Tribunal Supremo se desdijera a sí mismo, y ello después de que Trump hubiese propuesto al menos a dos nuevos jueces (en este momento solo hay una vacante, la que dejó al fallecer el conservador Antonin Scalia, que de hecho ya fue uno de los que se opusieron a la decisión mayoría del Supremo en 2015) o que culminase con éxito una iniciativa de reforma de la Constitución de los Estados Unidos para incluir una definición excluyente de matrimonio (muy improbable a día de hoy). Lo que más preocupa en realidad al activismo LGTB son los más que probables (estos sí…) retrocesos en materia de políticas antidiscriminatorias, promovidas por el ala más conservadora del Partido Republicano, que recordemos, se presentó este año a las elecciones con la plataforma más abiertamente anti-LGTB de su historia.

Así por ejemplo el que será vicepresidente de Trump, Mike Pence anunciaba hace pocas semanas que una de las primeras medidas que Trump adoptaría sería anular las órdenes ejecutivas federales que impiden discriminar a las personas LGTB. Obama, recordemos, ha promovido dos importantes órdenes antidiscriminatorias que obligan tanto a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal (firmada en 2014) como a las escuelas que reciben fondos federales (emitida hace pocos meses, como reacción a la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, y que se encuentra en estos momentos sometida a escrutinio judicial). Otra iniciativa que posiblemente los republicanos intentarán promover será la denominada First Amendment Defense Act (FADA), una propuesta legislativa que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones antidiscriminatorias de los estados, a todas aquellas personas y negocios que que se nieguen a prestar servicios a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos. En definitiva, una norma que haría virtualmente inútiles las regulaciones antidiscriminatorias de los estados en materia LGTB, y que el propio Donald Trump anunció en campaña que no tendría inconveniente en rubricar en caso de prosperar en el Congreso.

El próximo vicepresidente, un homófobo contrastado

Por desgracia, todos los analistas auguran a Mike Pence un papel mucho más activo en la futura administración federal que el de sus predecesores. Una muy mala noticia en clave LGTB, dado su perfil homófobo. Recordemos que su momento de mayor protagonismo como gobernador de Indiana vino precisamente de la mano de su oposición a los derechos LGTB: en marzo de 2015 sancionaba orgulloso una ley, aprobada por la legislatura del estado (bajo control republicano) cuyo objetivo era impedir que entes locales o el propio estado pudiesen aprobar normativas antidiscriminatorias que afectasen a la “libertad religiosa”, eufemismo que suponía la legalización de la discriminación contra las personas LGTB. Un acto en el que Pence quiso rodearse de numerosos líderes religiosos, algunos de ellos virulentamente homófobos (ver foto, a la derecha).

La norma provocó una intensísima reacción social en su contra, que amenazó con afectar seriamente la economía del estado y que de hecho dejó muy tocada su imagen. Mike Pence se vio obligado a promover una norma adicional que clarificase los límites de la ley e impidiese la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual.

No es, por desgracia, el único antecedente homófobo de Pence, un político cercano a la derecha religiosa que en las primarias republicanas apoyó sin fisuras a Ted Cruz. Opuesto al aborto, a la investigación con células madre, negacionista del cambio climático y cercano al creacionismo, en el año 2000, durante su campaña para ser elegido congresista, llegó a proponer que se utilizasen fondos destinados a ayudar a personas con VIH para sufragar a organizaciones que promovieran las “terapias reparadoras” entre aquellos que quisiesen modificar su orientación sexual.

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Importante sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, que ha reconocido el derecho a la propia identidad de género y ha decretado que el proceso de rectificación del sexo en los documentos de identidad debe realizarse mediante procedimiento sumarísimo. La sentencia deja sin efecto una sentencia anterior, especialmente perjudicial para los derechos de las personas trans, que precisamente impedía la modificación del sexo en los documentos de identidad.

La nueva sentencia, Nº 06040-2015-PA/TC (y que puedes descargar aquí en su integridad) supone, por tanto, un giro de 180 grados, al dejar sin efecto la doctrina jurisprudencial establecida en la nefasta sentencia Nº 0139-2013-PA/TC, según la cual el sexo era un elemento “inmutable” y por tanto no era viable solicitar su modificación en los documentos de identidad. Esto, además, se asociaba con la idea de que cualquier alteración a la identidad en función de ese criterio debía ser entendido como un trastorno o una patología.

En efecto, se trata de una sentencia a la que en su momento hicimos alusión. El alto tribunal peruano negó entonces el cambio aduciendo que la demandante, que en el pasado se había sometido a cirugía de reasignación y a la que otro tribunal ya había concedido el cambio de nombre, y que entonces solicitabala rectificación de la referencia al sexo, no presentaba “un caso de intersexualidad o hermafroditismo” que, al momento de registrar su sexo, hubiese ocasionado un error que tuviera que ser rectificado. “Se trata de una persona transexual, es decir, de alguien que muestra una incongruencia entre lo psíquico y lo orgánico en relación a su sexo, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica dentro de los trastornos de la personalidad y del comportamiento”, expresaba aquella lamentable sentencia, que llega a a añadir además que darle la razón hubiera supuesto “admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo” .

Afortunadamente la nueva sentencia se desprende de los prejuicios que la anterior contenía, al reconocer que el sexo no siempre debe ser definido en función de la genitalidad, pues estaría cayendo así en un determinismo biológico que reduciría la naturaleza humana a una mera existencia física y ello obviaría que el humano es un ser también psíquico y social. esta nueva sentencia fue aprobada por cuatro votos a favor y tres en contra.

Uno de los magistrados firmantes de la sentencia es Carlos Ramos Núñez, que aclara algunos aspectos de la misma en una entrevista al diario oficial El Peruano. En esta entrevista, el magistrado explica que la nueva decisión del Constitucional peruano busca que la judicatura “pueda tomar en cuenta las recientes tendencias existentes a nivel internacional a favor de las personas que buscan el reconocimiento de su identidad de género y que no se vea sometida, de manera mecánica, a una sentencia, aunque esta sea del máximo intérprete de la Constitución, al menos en lo que se relaciona con los progresos existentes respecto del reconocimiento y ejercicio de los derechos”. “Lo que hace [la sentencia] es reconocer una tendencia que, al parecer, es irreversible, y que se encuentra vigente en los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en distintos órganos de las Naciones Unidas. También en el derecho comparado encontramos distintos pronunciamientos interesantes de altas cortes”, añade el magistrado.

La sentencia no supone, en cualquier caso, que el proceso se libre de la tutela judicial. La rectificación del sexo deberá ser ordenada por un juez, aunque al menos el Tribunal Constitucional establece que deberá hacerse por vía sumarísima. “El Tribunal ha planteado que, por la urgencia de estos casos, los pedidos relacionados con el cambio de sexo sean tramitados en el marco del proceso sumarísimo. No olvidemos que en la práctica de la justicia civil ordinaria, desde el 2007, ya se reconocía el cambio de sexo”, explica Ramos Nuñez.

Sobre el vínculo entre identidad de género y matrimonio igualitario que establecía la anterior sentencia, Ramos Núnez lo niega. “En este caso se ha hecho referencia a la identidad personal, en particular lo que es la identidad de género”, cuestión distinta a la orientación sexual. “Son conceptos que se mantienen en ambientes distintos. Nuestro pronunciamiento respecto a la STC 06040-2015-PA/TC no se extiende a esos supuestos, ya que no han sido planteados”, añade.

Importante avance sobre la sentencia anterior, pero no la situación ideal

En definitiva, tal y como explica el activista Gio Infante en su comentario de la sentencia, se trata de un avance muy importante si se tiene en cuenta el carácter tan profundamente tránsfobo de la sentencia anterior, pero no supone ni mucho menos que la situación a partir de ahora sea la ideal. “Sin duda, un avance. Aunque el gran pendiente sigue siendo que el cambio de nombre y sexo de las personas trans deje de ser visto en vía judicial y sea resuelto administrativamente ante la RENIEC [Registro Nacional de Identificación y Estado Civil] como bien señala el magistrado Espinosa-Saldaña Barrera. Más allá de ello, su voto y el de la magistrada Ledesma Narváez merecen una lectura y reconocimiento especial, toda vez que refieren claramente a la dignidad de las personas trans y las múltiples deudas históricas que el Estado peruano tiene en el reconocimiento y protección de sus derechos”, explica Infante, que denuncia además como “una vergüenza” el voto particular de los tres magistrados opuestos, “que pretendían la primacía cromosómica sobre la experiencia e identidad de las personas para definir su sexo”.

Recordemos que en América Latina son ya varios los países que han actualizado sus normativas por lo que al reconocimiento jurídico de la propia identidad de género se refiere. Es el caso de países como Uruguay, Argentina (cuya legislación fue en su  momento pionera) o Bolivia. Ecuador también aprobó una ley sobre la materia, aunque introduciendo en el último momento aspectos restrictivos por imposición del presidente Rafael Correa. Por otra parte, Chile ya discute una reforma legal sobre la materia y el gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto (que no una ley) en el mismo sentido.

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Merecida condena para la diputada Christine Boutin, del Partido Cristiano-Demócrata (asociado en la coalición conservadora de Nicolás Sarkozy). La que fuera ministra de Vivienda de Francia entre 2007 y 2009 afirmó en una entrevista que “la homosexualidad es una abominación. Pero no la persona. El pecado nunca es aceptable, pero el pecador siempre ha sido perdonado. Tengo amigos homosexuales”. Estas palabras fueron publicadas en la revista Charles en abril de 2014. Ahora, Boutin tendrá que pagar por ellas a instancias de la Justicia francesa.

Aunque algunos medios ultraderechistas agitan la bandera de la “libertad de expresión y pensamiento” para descalificar la decisión de la Justicia francesa de condenar a Christine Boutin, lo cierto es que es una magnífica noticia. La que fuera ministra de Vivienda de Francia en el Gobierno de Nicolás Sarkozy, y fundadora del Partido Demócrata Cristiano, radicalmente contraria a la igualdad y a los derechos humanos de las personas LGTB, tendrá que pagar 5.000 euros por su discurso de “incitación pública al odio o la violencia”. En una entrevista publicada en 2014, Boutin espetó que “la homosexualidad es una abominación”. Si bien la cuantía económica no es demasiado significativa para alguien de su nivel económico, su condena legal “envía una fuerte señal a la sociedad”, defiende la federación Inter-LGTB.

Esta ex líder conservadora francesa ha sido multada con 5.000 euros por ‘incitación al odio o la violencia pública contra las personas LGBTI”. La cosa viene de lejos, un tribunal de París dictó sentencia el 17 de diciembre de 2015 contra Christine Boutin, ex-presidenta del Partido Demócrata Cristiano, por decir en abril de 2014 que “la homosexualidad es una abominación”. Boutin,  también deberá pagar 2.000 euros en concepto de ‘reparación de daños’ a dos grupos LGBTI, Mousse y Le Refuge. “Esta decisión sienta un precedente por varias razones. Ya no es posible escapar a la responsabilidad penal por hacer comentarios homófobos bajo el disfraz del discurso religioso”, dijo Etienne Deshoulières, el abogado del grupo LGBTI Mousse.

En el año 2014 en unas declaraciones a la revista Charles, el 2 de abril de 2014, esta señora se refirió así a la homosexualidad: “yo jamás he condenado a un homosexual. La homosexualidad es una abominación. Pero no la persona. El pecado nunca es aceptable pero el pecador siempre está perdonado”. Y así, citando la Biblia, o eso dice ella, se quedó tan campante.

Durante el juicio, Christine Boutin dijo no haber cambiado de opinión, “pero esto no significa que yo condene a las personas homosexuales. No era consciente del daño que podían provocar mis palabras. Desde entonces no las he repetido”, explicaba la ex ministra homófoba.

La ley que condena la incitación al odio por orientación sexual en Francia es de 2004. “Prácticamente no hay jurisprudencia es por eso que la decisión se ha retrasado varios meses”, explicó el fiscal.

Boutin anunció en Twitter su intención de apelar pero la multa ha sido confirmada por la Corte de Apelaciones de París que ha ratificado una sentencia anterior. Además deberá abonar 2000 como indemnización a dos asociaciones LGTB que se habían presentado como acusación particular.

La defensa de la exministra, en cambio, solicitaba su absolución al considerar que la ofensa de Boutin a la comunidad LGTB es solo “una opinión”. Según el letrado, la sentencia condenatoria “tendrá enormes consecuencias sobre la libertad de expresión”. Pues bien, esperemos que así sea cuando este derecho colisione con otros derechos fundamentales de las personas LGTB.

Para la comunidad igualitaria francesa, encabezada por la Inter-LGTB (parte de la acusación en el enjuiciamiento a Christine Boutin), “en un contexto en el que las agresiones LGTBfóbicas están aumentado y no están concluidos los debates sobre la ley del matrimonio para todos, la justicia envía una fuerte señal a la sociedad”.

La Cour d’Appel confirme la condamnation de @christineboutin et reçoit l’@InterLGBT comme partie civile #justice https://t.co/d8jjVVH1YY

— Inter-LGBT (@InterLGBT) 2 de noviembre de 2016

Por su parte, el activista Jean-Luc Romero ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje en el que responde a Christine Boutin que “no somos ninguna abominación y no creo que vuestro Dios aprueba vuestra labor”.

Condamnation de #Boutin confirmée. Non Mme Boutin,nous ne sommes pas une abomination et je ne crois pas que votre Dieu approuve votre haine.

— Jean-Luc Romero (@JeanLucRomero) 2 de noviembre de 2016

Por supuesto,  los medios de derechas han puesto el grito en el cielo asegurando que se trata de un atentado a la libertad de expresión, a las creencias personales,  a la libertad religiosa y a todas esas cosas de ciencia ficción a las que se aferran y usan como excusa para justificar su odio,  discriminación y desprecio.

La Justicia francesa: una de cal y otra de arena

Hace solo unos días, nos hacíamos eco de otra noticia relacionada con la Justicia de Francia, en ese caso perjudicial para la comunidad LGTB. El Tribunal de Apelaciones de París, el mismo que ha dictado sentencia contra la exministra Boutin, condenaba por injurias a una asociación LGTB por calificar a la Manif pour tous de grupo homófobo.

El citado tribunal ha dictaminado que tildar a la Manif pour tous de grupo homófobo constituye un delito de injurias públicas. Por ello, condena a la antigua presidenta de la asociación de defensa de los derechos LGTB Act Up-Paris a una multa de 800 euros más el pago de las costas judiciales. La sentencia entra en conflicto con una anterior del mismo tribunal, que desestimó una denuncia por injurias presentada también por la Manif pour tous. Desde Act Up-Paris comunicaron que presentarían un recurso de casación, dada la injusticia de negar a las personas LGTB el derecho a dar el nombre apropiado a quienes abogan por discriminarles.

Sin embargo ahora tenemos una duda: Si en Francia ahora es delito decirle a un homófobo que era homófobo,  entonces… ¿Ahora pueden condenar a la Corte de Apelaciones por lo mismo? Entraríamos en un bucle espaciotemporal para el que no estamos preparados.

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Descorazonadora noticia la que nos llega desde Argentina, donde colectivos LGTB y de defensa de los derechos humanos consideran absolutamente insuficientes las condenas dictadas a los policías que secuestraron, agredieron y abusaron sexualmente de una mujer transexual en Tucumán, al noroeste del país. Para la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) este caso es “emblemático y representativo de lo que ocurre con la violencia institucional en todo el país hacia las compañeras trans”.

La mujer, de nombre Celeste, fue detenida de modo ilegal en noviembre de 2013. Horas antes había tenido una fuerte discusión con su abuela, por la que ya había sido llevada a comisaría y puesta luego en libertad. En el momento de la detención se encontraba en el interior de su domicilio, tomando un baño. Allí irrumpieron los efectivos policiales, que la trasladaron a la seccional IV de San Miguel de Tucumán, alegando la aplicación del código contravencional (una normativa que se aplica en la vía pública y que ha sido denunciada como una herencia de la dictadura argentina que permite a la Policía de Tucumán realizar detenciones arbitrarias).

Ya en la comisaría, Celeste fue sometida a maltrato, vejaciones, insultos y abusos durante tres días, hasta que en un descuido de los policías consiguió escapar. En ese tiempo fue obligada a realizar hacer tareas de limpieza, golpeada, tuvo que soportar como varios policías se masturbaban sobre ella y fue encerrada en una celda junto a otros detenidos que abusaron sexualmente de ella sin que nadie hiciera nada por impedirlo.

Tras escapar, los médicos constataron las lesiones que sufrió, y la brutal agresión fue denunciada. En este intervalo de tiempo, Celeste ha sufrido presiones, intimidaciones e incluso intentos de soborno para que retirara la denuncia. Ella, con el apoyo de activistas LGTB, ha aguantado hasta que por fin, tres años después, se ha celebrado el juicio contra los siete policías que participaron en la agresión. El resultado, sin embargo, ha causado una profunda decepción en el movimiento LGTB argentino. Dos de los procesados, Ernesto Aguirre y Walter Trejo, han sido condenados a cinco años de prisión por privación ilegítima de la libertad y por falsear el acta de detención. Un tercer procesado, Aldo Quiroga, ha sido absuelto de dichos delitos. El resto deberán seguir siendo investigados. Los abusos sexuales sufridos por la víctima han quedado impunes. Todos los acusados, por cierto, han continuado durante todo este tiempo ejerciendo como policías.

Desde la Mesa de Justicia para Celeste, un grupo de activistas que la han arropado, consideran que lo sucedido no es excepcional, y que las mujeres trans, sobre todo aquellas que ejercen el trabajo sexual, están expuestas a un abuso policial constante en Argentina. Para Ruth, una de sus integrantes, “el caso de Celeste en particular es emblemático porque es el único que ha llegado a la justicia”, pero no por ello sus derechos han sido respetados. Durante el juicio, por ejemplo, los abogados defensores se dirigieron continuamente a ella en masculino, sin que los jueces les llamaran al orden. Unos jueces sobre los que por cierto pende la sospecha de su sesgo conservador: se trata del mismo tribunal que condenó a una mujer a ocho años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo acusada de haber asesinado a su hijo. Una sentencia que fue luego anulada por la Corte Suprema de Tucumán, pero que desencadenó en su momento una ola de indignación en Argentina y que motivó incluso una campaña a nivel mundial de Amnistía Internacional.

Para la FALGBT y ATTTA, por su parte, “el caso de la compañera Celeste es emblemático y es representativo de lo que ocurre con la violencia institucional en todo el país hacia las compañeras trans (…) Exigimos que Celeste, tanto como lxs compañerxs del Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas, estén protegidxs y que haya una condena con cárcel efectiva para los acusados, y que cese la hostilidad hacia nuestras compañeras trans en todo el territorio nacional. Exigimos #JusticiaParaCeleste”, manifestó Marcela Romero, en este momento presidenta de ambas organizaciones.

Sin duda, una historia terrible, que vuelve a poner de manifiesto la situación de absoluta vulnerabilidad que vive el colectivo de mujeres trans en los países de América Latina. Veremos si al menos en este caso instancias superiores son capaces de reparar la injusticia y castigar debidamente a los agresores de Celeste.

Insertamos a continuación la entrevista radiofónica realizada por Radio Zumba la Turba a Ruth, integrante de la Mesa de Justicia para Celeste, en la que explica detalles del caso:

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Soledad Becerril

Un montón de supuestas asociaciones pro-familia solicita a Soledad Becerril que recurra la ley ante el Constitucional.

La “Plataforma de las libertades” está compuesta entre otras asociaciones por Familia y Dignidad Humana, la Federación Española de Asociaciones Provida, la Federación Europea ‘One of Us’ en defensa de la vida y la dignidad humana, HazteOir.org, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Instituto de Política Familiar y la Universidad Católica de Murcia, lo que da una idea del nivel que deben tener sus titulaciones. ¿Y por qué quieren recurrir la ley? Pues claro, ¡para proteger a los niños! Porque ya se sabe, los únicos niños que cuentan son los suyos que parece que son todos muy normativos.

Una de las entidades promotoras de la solicitud es la Fundación Valores y Sociedad, presidida por el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado y miembro del Parlamento Europeo Jaime Mayor Oreja. No supone, de hecho, una especial sorpresa: Mayor Oreja siempre se caracterizó por ser uno de los líderes populares más abiertamente contrarios a los derechos LGTB, como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación. En el patronato de dicha fundación, según señala eldiario.es, se encuentra también la exsenadora popular Gari Durán, la que fuera también presidenta del PP vasco, María San Gil; el exdiputado y exsenador Ángel Pintado o la exsenadora Gari Durán. También figura, curiosamente, Luis Peral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, que fue precisamente uno de los dos representantes populares que en su día se ausentaron para no votar la ley (el otro fue David Pérez, que además de diputado en la Asamblea de Madrid es alcalde de Alcorcón).

Otra de las organizaciones firmantes de la solicitud es la Asociación Familia y Dignidad Humana, cuya presidenta y vicepresidente son Lourdes Méndez y Javier Puente, ambos exdiputados populares. Los ya mencionados Ángel Pintado y Gari Durán son su tesorero y portavoz, respectivamente.

Otras organizaciones que firman el documento, por mencionar solo algunas, son la Federación Española de Asociaciones Provida, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, HazteOír o el autodenominado Instituto de Política Familiar. Organizaciones, en definitiva, de carácter ultraconservador, muchas de ellas cercanas a la Iglesia católica.

La petición a la Defensora del Pueblo, argumenta que la ley contra la LGTBfobia atenta contra numerosos preceptos constitucionales. Dos aspectos que generan una especial indignación son la prohibición de las terapias aversivas de la homosexualidad (que según estas organizaciones vulnera los derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la protección de la salud y al deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos) o la inclusión en los programas educativos de la diversidad de género (que según los solicitantes vulnera los derechos de libertad de expresión y difusión de pensamientos y de libertad de cátedra). Pero también el principio de inversión de la carga de la prueba cuando se ha producido un episodio de discriminación (que según ellos vulnera los derechos de presunción de inocencia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva). No son los únicos derechos que consideran vulnerados: también el derecho a la igualdad, a la educación, de libertad religiosa, etc. No hay derecho constitucional, prácticamente, que los solicitantes no consideren vulnerado por la ley. Si te interesa conocer en su integridad el texto del documento, puedes descargarlo directamente de La Gaceta.

Entre otras sandeces, según esta plataforma, la ley madrileña vulnera el derecho a la igualdad ya que aseguran que se dan privilegios a la población LGTB y ataca la autonomía del paciente ya que impide llevar al menor a un psicólogo en caso de que los padres se preocupen por la orientación sexual del menor. Claro que no se han dado cuenta todavía de que en ese caso los que tienen que ir al psicólogo son los padres y que esta ley evita precisamente, que los niños sean considerados “pacientes”.

Además, afirman que “hablar de los modelos de familia” en las escuelas atenta contra la libertad de expresión. Repetimos: “hablar de los modelos de familia” atenta contra la libertad de expresión porque no les deja decir lo que piensan de la homosexualidad en los colegios y claro. Ya podría hacer honor a su nombre la “Plataforma de las libertades” y preocuparse de que todos los niños puedan vivir de forma saludable en lugar dea estar jodiendo al prójimo. Nosotros cuandonos enteramos de estas cosas nos dan muchas ganas de vomitar.

Y es que recomendamos, eso sí, tener a mano un antiemético antes de leer un texto cargado de una profunsa hipocresía. “Con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual (objetivo que evidentemente compartimos), aprovecha [la ley madrileña contra la discriminación de las personas LGTBI] para implantar una concepción ideológica propia de las asociaciones LGTBI sobre la persona, de los ‘diferentes modelos de familia’ y de la sexualidad que, siendo discutibles (pues existe en nuestra sociedad una pluralidad de concepciones) se tratan de imponer a todos”, llega a argumentar el escrito, según el cual “es un hecho que no todos los homosexuales defienden la concepción de la sexualidad del lobby LGTBI, como lo es que muchos heterosexuales sí la defienden”.

Veremos qué sucede finalmente. El hecho de que en este momento buena parte de las figuras del PP mencionadas arriba se encuentren “caídas en desgracia” y de que en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes haya dado su apoyo a una serie de políticas pro-LGTB (acordadas, en este caso, con PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de con los colectivos LGTB madrileños) no significa que muchas de las instancias de poder de este país no estén todavía copadas por los sectores más conservadores. Si la Defensora del Pueblo decidiese presentar un recurso de este tipo nadie asegura que el actual Tribunal Constitucional, fuertemente derechizado, no invalidase, aunque fuese solo parcialmente, un texto ejemplar. Confiemos en que esa posibilidad no llegue ni a plantearse.

Fuente: ABC y Actuall, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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Una comisión de diputados mexicanos ha votado en contra de la propuesta del lanzada por el presidente del país, Enrique Peña Nieto, que buscaba extender las uniones del mismo sexo desde determinadas regiones mexicanas a todo el territorio del país. Enrique Peña Nieto estaba más que ufano al presentar la iniciativa en mayo pasado que incluía una reforma constitucional para legalizar el matrimonio igualitario en todo el país mexicano, una iniciativa que desató enormes manifestaciones a favor y en contra. Sin embargo, las presiones de la Iglesia Católica mexicana y el peso de la tradición han transformado la alegría en tristeza. La propuesta que pretendía extender el matrimonio igualitario en todo el país azteca ha sido rechazada por legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja con diecinueve votos en contra, ocho a favor y una abstención.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México ha rechazado, por 19 votos contra 8 (y una abstención) la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para hacer extensivo a todo el territorio mexicano el matrimonio igualitario, aprobado ya en algunos estados y posible de facto en todo el país por vía judicial. La noticia supone un triunfo para el sector más conservador de la sociedad mexicana, y muy especialmente para la Iglesia católica, que se ha empleado a fondo para agitar el sentimiento homófobo de una parte de la sociedad mexicana. Por el momento, el avance de la igualdad seguirá dependiendo de los tribunales de justicia.

El pasado mes de mayo, Enrique Peña Nieto hacía público el compromiso de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. México, recordemos, es un país federal, en el cual cada estado goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. En este sentido, son varios los territorios  que han aprobado el matrimonio igualitario (el primero fue el Distrito federal, allá por 2009). La aprobación formal del matrimonio igualitario en Colima  tuvo lugar apenas unos días después de que hicieran lo propio los estados de Michoacán y de Morelos, y solo un par de semanas después de que lo hiciera el estado de Campeche. Antes de esta última oleada, otros tres territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (2009), el norteño el estado de Coahuila (2014) y el estado de Nayarit, en la costa oeste del país (2015). Y ya en 2010 la SCJN determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo (vecino de Campeche, también en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer..  Pero es que, además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que aún no permiten su celebración es considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se han celebrado ya bodas por orden judicial.

Es por eso que, cinco años después de que el Distrito Federal lo aprobase, y después de toda una cascada judicial de fallos favorables, Peña Nieto decidía este año que había llegado la hora de que la legislación se armonizase, de acuerdo a las directrices de la Suprema Corte, y que Constitución y leyes federales reconociesen expresamente el matrimonio igualitario en todo el país. Un movimiento que despertó, casi de forma inmediata, las iras de la Iglesia católica mexicana, que, pese a haberse opuesto estado a estado al avance de los derechos LGTB, no había conseguido, en un país socialmente muy conservador pero de tradición política laica, cristalizar un movimiento homófobo organizado. La oposición al matrimonio igualitario acabó cristalizando, de hecho, en un movimiento que reproducía el modelo que ya se ensayó en España en 2005 (más torpemente) o en Francia en 2012-2013 (con bastante más éxito, aunque no consiguiese paralizar la aprobación del matrimonio igualitario): un movimiento “civil”, supuestamente al margen de la Iglesia católica, que en lugar de utilizar argumentos religiosos dice ser un movimiento transversal en defensa de la familia. En México, en concreto, la principal demanda de este “Frente Nacional por la Familia” es la modificación de la Constitución mexicana para proteger “a la familia” y “a los niños”.

Un movimiento que en efecto fue capaz de promover manifestaciones multitudinarias, avaladas desde el propio Vaticano por el papa Francisco pese a que supuestamente este está empeñado en recortar la influencia de Norberto Rivera, cardenal primado y arzobispo de México, precisamente uno de los principales promotores de la campaña contra el matrimonio igualitario. Rivera, conocido opositor a los derechos LGTB, es un personaje especialmente siniestro e incómodo para Francisco. Fue acusado en su momento de encubrir varios casos de abusos sexuales a menores por parte del sacerdote Nicolás Aguilar, además de haber sido uno de los grandes protectores de Marcel Maciel (el fundador de los Legionarios de Cristo, otro personaje despreciable, ya fallecido, acusado también de múltiples abusos sexuales). Ello no le ha impedido liderar de forma muy ostensible la ofensiva contra Enrique Peña Nieto por su voluntad de afianzar el matrimonio igualitario sin que el Vaticano le haya censurado por ello.

Triunfo de los homófobos en la Cámara de Diputados

Lo cierto es que el clima homófobo generado estos últimos meses se ha visto reflejado en la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Puntos Constitucionales ha bloqueado el plan de Peña Nieto por 19 votos contra 8. Contra el matrimonio igualitario se han pronunciado todos los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI, precisamente el partido del presidente), menos Benjamín Medrano (abiertamente gay) e Ivonne Ortega; además de los del Partido de Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Nueva Alianza y Partido Encuentro Social. Votaron a favor los representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). El único representante del Movimiento Ciudadano decidió abstenerse. Los argumentos para oponerse variaron entre los que aseguraban que este tema debía seguir siendo competencia de los estados y los que abiertamente consideraron que el matrimonio es solo “entre un hombre y una mujer”.

Edgar Castillo Martínez, secretario de la comisión, dijo que el resultado significa que el asunto está “total y definitivamente concluido”, de acuerdo con un sumario difundido en línea por la Cámara de Diputados.

Legisladores de los izquierdistas Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y algunos del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), se expresaron en favor de la reforma pues consideraron que era “compromiso democrático con el avance de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación”.

Legisladores del conservador Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Encuentro Social, Nueva Alianza y algunos del PRI consideraron que corresponde a cada entidad federativa legislar en materia civil, por lo que no era necesaria una reforma constitucional. Argumentaron que la autonomía de los estados “iría en detrimento” y que la iniciativa presidencial presentó “inconsistencias jurídicas”.

Movimiento Ciudadano se abstuvo al asegurar que su bancada estaba dividida y “no se daría paso a imposiciones”, por lo que de esta forma se respetaba la opinión de cada uno de sus miembros.

El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside Guadalupe Acosta, del PRD, retomaba en sus términos la iniciativa presidencial sobre matrimonio igualitario al considerar que reconocía la dignidad humana y respetaba los derechos de las personas.

El diputado Agustín Basave, del PRD, aseguró que su motivación principal para sustentar el voto favorable “es la no discriminación”, que dijo “tiene que ver efectivamente con el artículo primero de la Constitución”. “Yo quiero decirles que yo soy católico, y a mucha honra, pero también creo en la separación Estado-Iglesias y este me parece el caso paradigmático de esa separación”, expuso.

La legisladora Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que la medida había sido bloqueada debido a maquinaciones políticas. “Una reforma de la que deberíamos sentirnos orgullosos”, afirmó Acosta, de acuerdo con la transcripción. “Porque los derechos de las minorías no se ponen a votación, se amplían y reconocen, y es el Congreso quien debería tutelarlos”.

Cándido Ochoa Rojas, del Partido Verde –aliado con el PRI–, dijo que estaba votando contra la medida debido a conflictos constitucionales y porque el matrimonio está gobernado por los códigos civiles de los estados. “¿Cómo se va a desarrollar la familia si la exposición de motivos dice que la procreación no es un elemento decisivo del matrimonio?”, se preguntó.

Por su parte, el Movimiento por la Igualdad en México, grupo conformado por organizaciones de la sociedad civil y activistas LGTB, expuso en un comunicado que “los diputados que votaron contra la igualdad, habrán de rendir cuentas ante la historia, cuyo juicio es implacable con quienes han sido enemigos de los derechos humanos”. Asimismo, señaló que “en el porvenir habrá de mirar a quienes hoy votaron contra, con el mismo reclamo que pesa sobre quienes protagonizaron acontecimientos históricos que humillaron a otros grupos marginados”.

El nuevo nuncio apostólico en México, el italiano Franco Coppola, dijo el que el tema del matrimonio homosexual no debe confrontar a México sino provocar un diálogo para “encontrar la solución más apta para este país”. “No creo que sea bueno para el país confrontarse, ir a una lucha, hacer una cuenta para ver cuantos están en favor y cuantos en contra”, dijo Coppola en conferencia de prensa en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. El religioso señaló que el tema ha generado un debate que ha dejado en claro que hay personas que no se sienten apreciadas y que no sienten que gozan de todos los derechos. “Es una magnífica oportunidad para practicar el diálogo. Intercambiar insultos o prejuicios no sirve de nada y hay que entenderse”, abundó.

En definitiva, la situación queda como estaba hasta ahora: múltiples sentencias favorables al matrimonio igualitario, que de facto suponen una “legalización” del mismo aunque en algunos estados sigue siendo necesario recurrir judicialmente cada caso, y varios estados (junto al Distrito Federal) que además lo han aprobado por vía legislativa. A partir de ahora habrá que ver si la ofensiva homófoba sigue adelante, hasta el punto de conseguir de la clase política mexicana una reforma constitucional que prohíba expresamente el matrimonio igualitario (una opción que parece complicada), y estar atentos a cómo siguen produciéndose sentencias judiciales que faciliten cada vez más a las parejas del mismo sexo casarse en todo el territorio mexicano aunque por el momento no exista una normativa nacional al respecto.

Este revés legislativo es una noticia que ha teñido de luto al colectivo LGTB mexicano. Y es que el país centroamericano ha intentado cambiar las políticas y crear una red LGTBfriendly pero los números no engañan: Ciudad de México es la localidad más violenta en agresiones al colectivo, ya que la asociación civil Letra S ha documentado 1.310 asesinatos de odio hacia la población LGTB.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Ecuador por discriminación en el despido de un teniente, Homero Flor Freire, acusado de mantener relaciones con otro militar de rango inferior en su dormitorio. Algo que el acusado desmiente, así como niega que sea homosexual.

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