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Martin Schulz, candidato del SPD a canciller de Alemania, se posiciona a favor del matrimonio igualitario y la adopción homoparental

Sábado, 11 de marzo de 2017
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martin-schulz-devrait-etre-designer-candidat-du-spd¿Algo se mueve en la larga reivindicación de la igualdad matrimonial en Alemania? Hasta hace bien poco parecía que no, pero en los últimos días se han producido dos gestos de los socialdemócratas (SPD) que, si no forman parte de alguna estrategia electoral, podrían indicar un cambio de rumbo. Los socios de Angela Merkel en la gran coalición han decidido introducir la cuestión de la equiparación de derechos en la próxima reunión de seguimiento del pacto de Gobierno, por primera vez en más de tres años. Además, su candidato Martin Schulz ha expresado su posición “inequívoca” a favor del matrimonio igualitario y a la adopción homoparental.

Hace un par de semanas que surgieron rumores sobre posibles movimientos del SPD para poner la cuestión de la igualdad matrimonial en el orden del día del Gobierno. La trayectoria de los socios de la CDU/CSU de Merkel, que llevan toda la legislatura posponiendo el debate, no hacía albergar demasiado optimismo. Por eso causó sorpresa el anuncio que hizo el líder del grupo parlamentario socialdemócrata la semana pasada. Thomas Oppermann aseguró que su partido llevará el asunto a la próxima reunión de seguimiento del pacto de Gobierno con los democristianos. El diputado insta a la CDU/CSU a dejar de bloquear la medida. El detonante que ha animado a su partido a dar un paso adelante ha sido la entrada en vigor del matrimonio igualitario en Finlandia el pasado 1 de marzo. “Alemania no debería quedarse atrás”, según el político socialdemócrata.

Lo que ya es más dudoso es que vayan a conseguir convencer a sus socios democristianos, que como informábamos la semana pasada, siguen instalados en su discurso contrario a la equiparación completa. Este mismo miércoles, el diputado Marcus Weinberg (CDU) recordaba en el Bundestag que el acuerdo de gran coalición no contempla la apertura del matrimonio y que, en cualquier caso, la posición oficial de su partido sigue siendo la misma. En diciembre de 2015, el congreso de la CDU decidía mantener la discriminación de las parejas del mismo sexo en el ideario de la formación.

A la próxima reunión del pacto entre la CDU/CSU y el SPD acudirá por primera vez Martin Schulz. El candidato socialdemócrata a canciller, que había esquivado el tema en las primeras semanas tras su designación, expresó este lunes su postura favorable. En una entrevista en Die Zeit, Schulz respondía a la pregunta “¿Se podrán casar las lesbianas y los gais?” con un claramente sí y se declaraba “a favor del matrimonio para todos con todos los derechos, también a favor de la adopción”. La entrevista no contenía, por desgracia, la pregunta clave que podría marcar la diferencia: si para el SPD la apertura del matrimonio igualitario en Alemania será una medida innegociable para sellar un acuerdo de Gobierno tras las próximas elecciones.

Es precisamente lo que exigen algunas voces como la presidenta de SPDqueer, el grupo LGTB de su partido (anteriormente conocido como Schwusos). Petra Nowacki quiere que la igualdad matrimonial sea uno de los temas centrales de la campaña electoral de los socialdemócratas, y que a diferencia de lo que ocurrió en 2013, esta vez la promesa cristalice en un compromiso firme. La pelota está en el tejado del SPD, que tendrá que dilucidar si por fin toma la iniciativa o si vuelve a decepcionar a su electorado comprometido con los derechos LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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El Supremo de EE. UU. prefiere no pronunciarse sobre los derechos del alumnado trans después de que Trump le retirase la protección federal

Sábado, 11 de marzo de 2017
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Tribunal-Supremo-Estados-UnidosEn un giro que no anticipa precisamente buenos tiempos para los derechos LGTB, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido que por el momento no se pronunciará sobre el caso de Gavin Grimm, el adolescente al que su instituto no permite usar el baño de chicos que corresponde a su identidad de género masculina, y lo ha devuelto a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito para que lo reevalúe a la luz de las nuevas directrices emitidas recientemente por la administración Trump. Pocos dudan de que en algún momento el Supremo tendrá que acabar pronunciándose sobre el fondo del asunto, pero todo parece indicar que será ya cuando el alto tribunal haya consolidado de nuevo una mayoría conservadora con la incoporación de Neil Gorsuch, el candidato propuesto por Trump para ocupar la vacante existente en este momento.

Recordemos el caso. Tras salir del armario como chico en 2014, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero cuando la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del Condado que se le habilitase un baño separado. El joven, asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género en efecto podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Una decisión coherente con las directrices que en abril de 2014 había emitido el Departamento de Educación de Estados Unidos bajo la administracion Obama, según las cuales las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada).

Lo que hizo la Corte de Apelaciones fue devolver el caso al juez Doumar al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de lo expuesto en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). Doumar, finalmente, emitió una orden para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad masculina.

Una decisión que el Consejo Escolar del Condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3, gracias al voto decisivo de Stephen Breyer, uno de los miembros del bloque “progresista”, que en este caso se unió a los cuatro jueces de perfil más conservador. recordemos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está formado solo por 8 miembros, dado que tras el inesperado fallecimiento de Antonin Scalia el Partido Republicano, que controla el Senado, se ha negado a ratificar a Merrick Garland, el candidato propuesto por Barack Obama, al menos hasta que tengan lugar las elecciones presidenciales.

En caso de que Breyer se hubiera alineado con el resto de jueces progresistas habría habido un empate, con lo cual hubiera prevalecido, al menos temporalmente, la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito.

Obama aumentó la protección, Trump la ha eliminado…

Ya avanzada la batalla legal, el Departamento de Educación de Obama envió en mayo de 2016 a todos los distritos escolares del país unas nuevas directrices que de forma expresa abordaban el tratamiento de los estudiantes trans. Aquel documento, que aún puedes consultar aquí, tenía un carácter informativo y aclaratorio. Enumeraba las diferentes casuísticas que a juicio de la administración Obama quedaban cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podía suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Quedaba cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero pudiesen acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) quedaban, por tanto, fuera del texto (junto al cual, por cierto, el Departamento de Educación también emitió otro documento más amplio que orientaba a las escuelas sobre cómo abordar los diversos escenarios que pueden surgir en su relación con el alumnado transexual).

La decisión de la administración Obama, conviene tener en cuenta, no tenía que ver directamente con el caso Grimm, y era más bien una reacción a la aporobación de una ley LGTBfoba en Carolina del Norte, que entre otras cosas incluye medidas explícitas de discriminación de las personas trans en su acceso a baños públicos.

La llegada al poder de Donald Trump, y junto a él de toda una corte de políticos rabiosamente LGTBfobos (como el vicepresidente Mike Pence o el fiscal general Jeff Sessions) convertía sin embargo en papel mojado los esfuerzos de la administración Obama. La instrucción sobre los estudiantes trans quedaba revocada hace solo unos días, de forma que estos perdían la protección federal y su situación queda ahora en manos de los estados, varios de los cuales están de hecho promoviendo normas discriminatorias para obligarles a usar las instalaciones que corresponden al sexo que les fue asignado al nacer, en lugar de las que corresponden a su identidad de género (similares a la vigente en Carolina del Norte, que los republicanos se niegan a derogar pese al rechazo que ha despertado).

Y el Supremo se inhibe

Finalmente, también Gavin Grimm ha acabado siendo afectado por el ímpetu tránsfobo de la nueva administración estadounidense. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que como explicamos arriba había paralizado cautelarmente a requerimiento del instituto la orden de que Grimm pudiese usar el baño de chicos, tenía previsto celebrar este mes de marzo las audiencias del caso, con objeto de pronunciarse dentro de unas semanas sobre el fondo del asunto. Sin embargo, tras cambiar la política de Departamento de Educación, el Supremo ha decidido devolver la patata caliente al 4ª Circuito para que reevalúe el caso.

Una decisión que tanto Grimm como los colectivos de defensa de los derechos trans han lamentado. No porque ponga fin al caso, que no lo hace: la discusión vuelve, en cierto modo, al punto de partida, en el que curiosamente aún no había sido emitida la orden del Obama sobre protección del alumnado trans. Pero pocos dudan de que el caso acabará en algún momento volviendo al Tribunal Supremo. Y las perpectivas, en este sentido, no son precisamente halagueñas para el colectivo LGTB, si se tiene en cuenta que lo hará, casi seguramente, con un Tribunal Supremo con una mayoría conservadora consolidada de nuevo, si como es previsible el Senado acaba dando su visto bueno a la nominación de Neil Gorsuch, propuesto por Donald Trump, para sustituir al fallecido Scalia. Seguiremos atentos a los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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Alfa y Omega denuncia que “HazteOir no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos” y la Asamblea de Madrid pide por unanimidad que HazteOír debe dejar de ser entidad de utilidad pública

Sábado, 11 de marzo de 2017
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alfa-omega-644x362nachoIgnacio Arsuaga debe de estar comiéndose las uñas…

Aunque con la maldita cantinela acrca de la inexistente “Ideología de Género”, bienvenida sea esta bofetada a los ultras de HazteOir:

“Campañas como la del autobús solo consiguen generar división entre los católicos”

El semanario del Arzobispado de Madrid arremete contra los que “se erigen en paladines de la pureza doctrinal”

Hazte Oír consigue justo lo contrario y da visibilidad a la transexualidad

(Jesús Bastante).- El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacude una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en su editorial de este jueves.

En el mismo, que lleva por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Para el semanario católico, “campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social”.

“Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión”, señala AlfayOmega, que subraya que, en la Iglesia, “hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia”.

Porque sólo “desde la integridad de la fe”, como afirma el Papa en Amoris Laetitia, “se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a ‘todas las peronsas sin excepción'”. “La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio, concluye el editorial, interpretado como la respuesta del cardenal de Madrid a los grupos ultracatólicos y sus campañas de descrédito a su persona y al Papa Francisco.

Éste es el editorial de Alfa y Omega:

Dejemos a los niños en paz

La campaña de Hazte Oír ha obtenido un éxito rotundo gracias a la desmedida reacción desde algunos sectores, que parecen intentar tapar con ruido las críticas a las leyes autonómicas que introducen la ideología de género en el currículum escolar. No debería costar encontrar fórmulas más sensatas para atajar la discriminación a los alumnos homosexuales o transexuales, en lo cual, ahí sí, toda la sociedad debería ponerse de acuerdo, igual que toda la sociedad tendría que rechazar que se vulnere el derecho constitucional de los padres a elegir la «formación religiosa y moral» que reciben sus hijos, ejercido desde el respeto a los demás.

Guste más o menos, se trata de una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio. Es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio, pero la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida. Campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social.

Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión. Porque en la Iglesia hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia. Y así, desde la integridad de la fe, como hace el Papa en la Amoris laetitia, se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a «todas las personas sin excepción». La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio.

Por otra parte, la Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad de todos sus grupos políticos una Proposición No de Ley que entre otras cosas pide la retirada a HazteOír de la condición de entidad de utilidad pública que le concedió en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha permitido al grupo ultraconservador aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades (como la campaña que en este momento lleva a cabo contra los menores transexuales y sus familias). 

asambleaLa proposición fue presentada por el grupo socialista en diciembre, después de que HazteOír hiciera llegar a miles de colegios de toda España un panfleto LGTBfobo en el que cargaba contra las leyes en favor de los derechos de las personas LGTB aprobadas en diversas comunidades, y muy singularmente en la de Madrid. En su redacción original, la proposición instaba al Consejo de Gobierno a recordar a los equipos directivos de los centros educativos que fueran “especialmente cuidadosos y escrupulosos en el material difundido entre el alumnado o utilizado en función docente”, a desarrollar políticas tendentes a preservar una convivencia inclusiva y creando las condiciones para prevenir y en su caso tratar cualquier manifestación de acoso, y a exigir la retirada y no distribución de textos LGTBIfóbicos que atenten contra la dignidad e inciten al odio a las personas LGTBI, garantizándolo a través de la inspección educativa.

Tras la intensificación de la campaña de odio mediante la puesta en circulación de autobuses con mensajes negacionistas de la realidad transexual en menores, la proposición ha sido enriquecida con tres enmiendas, dos del propio PSOE y una de Podemos. Los socialistas han incluido la petición de que se inste a la retirada de la condición de “utilidad pública” a HazteOír (una competencia del Gobierno central), así como la apertura de un expediente sancionador a esta organización por infracción de la ley madrileña contra la LGTBIfobia. Podemos, por su parte, ha pedido la elaboración de un estudio sobre la situación de acoso por LGTBIfobia en los centros educativos madrileños y que se articule un plan integral para combartirlo de forma efectiva. La proposicion ha sido votada favorablemente por los 123 diputados presentes, tanto del PSOE y de Podemos como del PP y Ciudadanos. Seis diputados no estuvieron presentes.

Insertamos a continuación la contundente intervención de la diputada socialista Carla Antonelli defendiendo la proposición:

La utilidad pública de HazteOír: dinero para financiar el odio

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013, como entonces recogimos, por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ministro-interior-homofobia-marceloultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, entre otras condiciones sus fines estatutarios deben “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se ha opuesto y se sigue oponiendo con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informa infoLibre (un medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015, último ejercicio del que constan datos en su página web.

Lo cierto es que la retirada de la condición de entidad de utilidad pública a HazteOír es un clamor que poco a poco se extiende a izquierda y a derecha del espectro político. Incluso entre una parte del PP, el partido que al fin y al cabo tomó desde el Gobierno la decisión de premiar a una organización con la que en su momento tuvo importantes coincidencias y de la que ahora parece querer distanciarse. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, pedía hace unos días revisar la decisión, al mismo tiempo que garantizaba que HazteOír no recibirá subvención alguna por parte del Gobierno regional. Incluso personalidades del PP a nivel nacional, como la vicesecretaria de estudios y programas Andrea Levy, se han mostrado partidarios de la retirada “si sigue con esos autobuses”.

Habrá que ver qué sucede finalmente. Por el momento, el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, prefiere no mojarse. Al ser interpelado en el Congreso de los Diputados por la diputada socialista Ángeles Álvarez, el sucesor de Fernández Díaz se ha limitado a expresar que su departamento analizará el estatus de HazteOír “cumpliendo siempre la ley” y sin tener en cuenta “opiniones personales y arbitrarias”. 

El Gobierno revocó el mismo estatus a la Federación de Planificación Familiar

El Gobierno del PP, por cierto, ya ha retirado a otras organizaciones el estatus de entidad de utilidad pública. Hace menos de un año lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia de otro grupo ultraconservador. No es imposible, pues…

Fuente Religión Digital/Dosmanzanas

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Fernando Savater “no ve” incitación al odio en el autobús de HazteOír

Sábado, 11 de marzo de 2017
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fernando_savater_premio_octavio_pazLa Complutense de Madrid invita a HazteOir y a Vox a una charla sobre “Libertad de Expresión”

Hace mucho tiempo que definir a Savater como “intelectual de izquierdas” es sencillamente imposible... Y sobre lo dicho por el arzobispo de Madrid, sus últimas palabras en las que Osoro, afirma sobre la transexualidad que  “La Iglesia respeta todas las posiciones”, anulan las anteriormente más “respetuosas”…

No hay nada ofensivo en el autobús de HazteOír y todo se reduce a una polémica entre dos grupos equivalentes. Así sentencia Fernando Savater sobre la campaña tránsfoba promovida por el colectivo ultraconservador. Con estas palabras, Savater vuelve a pronunciarse en contra de las posiciones de los colectivos LGTB como ya hizo en el pasado.

En declaraciones a La Tribuna del País Vasco, Fernando Savater ha querido aportar su opinión a la controversia sobre el autobús de HazteOír. Y lo hace, en primer lugar, negando que suponga incitación al odio. No aporta para ilustrar su posición argumentos de expertos en acoso a niños y niñas trans en los colegios, ni se molesta en recabar los testimonios de sus familias, ni siquiera se detiene a considerar el efecto que en ellos o en sus potenciales acosadores pueda tener una campaña organizada de negación explícita de la realidad trans infantil. A Savater le basta con su personal parecer: “No veo la incitación al odio por ninguna parte”.

Savater considera, eso sí, que el lema del autobús expresa “desacuerdo” con los postulados de la llamada “ideología de género”,  “pero estar en desacuerdo no implica odiar a aquel del que se discrepa ni incitar al odio contra él”, añade. Obvia, en cambio, que el mensaje del autobús se refiere a menores en situación de grave vulnerabilidad, y que el mensaje original no se limitaba a expresar “desacuerdo” sino a negar la existencia de niños y niñas cuya identidad de género no se corresponde con su sexo biológico y señalar que son precisamente los otros los que quieren “engañar”. Como mera descripción de los hechos, el texto de Savater resulta, como mínimo, discutible.

Pero Savater se queda ahí, pues de hecho parece creer que todo se reduce a dos grupos equivalentes: por un lado, las organizaciones LGTB y de defensa de los derechos de los menores trans, por otro, los contrarios, entre los que incluye a HazteOír como uno más (habría que objetarle quizá el dato de que hasta el mismo arzobispo de Madrid ha querido distanciarse de esta campaña, pero esto es ya otro tema): “A mí no me gusta ninguna de las dos campañas, porque no son temas para pasear por las ciudades de ese modo y mucho menos dirigiéndose a niños. En ambos casos, los lemas son simplezas para fanáticos. Pero si se acepta la campaña de apoyo a la transexualidad no hay mas remedio que aceptar también la contraria, so pena de practicar la libertad de expresión solo con las opiniones que compartimos”. De nuevo, Savater pasa por encima del hecho de que en esas dos “opiniones” hay una diferencia importante: unos defienden a un colectivo vulnerable y su derecho a la identidad (y un filósofo como Savater debería saber lo importante que es este derecho, como debe saberlo cualquiera que esté al tanto de los debates recientes en filosofía política) y otros niegan la mayor de sus vivencias y reivindicaciones.

Savater añade además una crítica expresa a los colectivos LGTB que han protestado por la campaña, al asegurar que la libertad de expresión puede estar en peligro por “grupos de presión ideológica especialmente susceptibles y camorristas”.

Una historia previa de oposición a las reivindicaciones LGTB

Como el lector posiblemente habrá apreciado nos resulta muy difícil mantener la objetividad en el caso de Fernando Savater, que ya en ocasiones anteriores se han pronunciado abiertamente en contra de las reivindicaciones de los colectivos sobre igualdad legal para las personas LGTB. Y no hace falta remontarse a sus artículos contrarios a la ley de matrimonio igualitario. La última vez que lo hizo fue hace poco más de un año, cuando en las páginas de El País se pronunciaba en contra de la homoparentalidad (el autor de esta entrada le respondía en forma de carta en esta misma página).

Las palabras de Savater no pasarían de anécdota si no se tratara de alguien con proyección pública y cierto prestigio intelectual entre el gran público. El autor de esta entrada, que también ha estudiado filosofía, lamenta que otros filósofos (y en especial filósofas) queden en un segundo plano y muchas personas solo sean capaces de nombrar a Savater cuando se les pregunta por esta particular dedicación. Pero guste o no Savater cuenta con muchos más altavoces mediáticos que otros pensadores, por lo que sus palabras tienen un eco mucho mayor.

Ya en el pasado las declaraciones de Savater han sido utilizadas por la derecha mediática como ejemplo de “intelectual de izquierdas” que coincide con sus postulados. No será el autor de esta entrada quien le niegue su derecho a expresarse. Lo que sí haré es pedirle que la próxima vez sea un poco más fiel a su responsabilidad de filósofo: que se informe, que busque datos reales y no se limite a expresar sus meras impresiones, y que por favor se dé cuenta de que detrás de muchas polémicas mediáticas hay personas reales y vulnerables. Solo eso.

Fuente Dosmanzanas

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Condenados a tres meses de cárcel dos de los jóvenes que participaron en la protesta contra un profesor homófobo de la Universidad de Santiago

Jueves, 9 de marzo de 2017
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escrache-a-Domingo-NeiraTres meses de cárcel por desórdenes públicos es la condena impuesta a dos de los jóvenes estudiantes que llevaron a cabo una protesta en el aula contra Domingo Neira, el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela que fue suspendido temporalmente en 2013 por sus comentarios homófobos en clase, pero que al que luego se le permitió reincorporarse. Un tercer joven que ha sido juzgado por los mismos hechos ha sido absuelto. La denunciante, recordemos, fue la propia Universidad de Santiago, la misma institución pública que mantiene a un personaje como Neira entre sus profesores. 

El origen de la historia se remonta a 2013: en respuesta a la pregunta de una alumna de la Facultad de Ciencias de la Educación, Domingo Neira relacionó pederastia y homosexualidad, de la que afirmó que era “una alteración congénita o vicio”. En declaraciones concedidas al diario El País, Neira ratificó luego sus opiniones, argumentando que “si no hay certificación de que sea congénito, no hay más que discutir; pero si hay esa certificación, también puede ser por vicio. ¿O no hay desviaciones por vicios?”. Es más, el profesor se refirió a los homosexuales como“maricones” que sufren “desviaciones”, para distinguirlos de los “hombres-hombres”. Neira aseguró también que la adopción debería estar prohibida a parejas del mismo sexo, porque la homosexualidad es “contagiosa” y esas parejas “le pasarían el mal a su hijo”. Alumnos de Neira aseguraron de hecho que su discurso homófobo no era una novedad. Según denunciaron, el profesor les exigía además, para aprobar el examen de su materia, superar una prueba sobre un libro escrito por él mismo.

La Universidad de Santiago suspendió de empleo a Neira durante el curso 2013-2014, pero este volvió a las aulas el curso siguiente, ante la sorpresa de numerosos alumnos o de ALEAS EU (el Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Esquerda Unida), que ya entonces manifestó su rechazo a que alguien así se le permitiera dar clases en una universidad pública. El malestar por la reincorporación se reflejó, entre otras acciones, en una protesta que unos setenta alumnos vinculados a movimientos de izquierda llevaron a cabo en mayo de 2015 en forma de escrache al final de una de sus clases, y que desembocó, tras la denuncia de la Universidad de Santiago, en el procesamiento de tres de ellos. En su momento, los jóvenes explicaron que la acción de protesta (consistente en la muestra de carteles y banderas arcoíris y el grito de consignas reivindicativas) respetó el desarrollo de la clase y solo se llevó a cabo en los últimos minutos, ya cuando Neira había comenzado a recoger. El juicio quedó visto para sentencia en octubre pasado.

Casi cinco meses después, los tres jóvenes han dado a conocer en Facebook la sentencia. Dos de ellos, Antia y Mario, han sido condenados a tres meses de prisión. El tercero de ellos, Martín, ha sido absuelto. Los jóvenes piensan recurrir la condena, que consideran que no tiene otro fin que “amedrentar de forma ejemplificante a todas aquellas personas que salen a la calle y se movilizan por sus derechos”.  Desde dosmanzanas les trasladamos nuestra solidaridad.

Fuente Dosmanzanas

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Los unionistas contrarios al matrimonio igualitario pierden su capacidad de veto en Irlanda del Norte

Martes, 7 de marzo de 2017
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north_ireland-1Nueva esperanza para el matrimonio igualitario en Irlanda del Norte, el único país constituyente del Reino Unido que aún no lo reconoce. En las elecciones celebradas el pasado jueves, el Partido Unionista Democrático (DUP) ha perdido su capacidad de bloquear la medida al caer por debajo de los 30 escaños. El panorama se vuelve más alentador después de cinco votaciones fallidas en la Asamblea de Stormont.

El DUP, formación unionista y fuertemente conservadora, ha sido el más castigado en las elecciones a la Asamblea de Irlanda del Norte del jueves pasado y casi pierde la primera posición frente al nacionalista Sinn Féin. La votación anticipada ha resultado en el primer Parlamento sin mayoría unionista desde la instauración de la autonomía en 1998. La ley establece que los diputados norirlandeses deben declarar su afiliación unionista, nacionalista (irlandesa) o neutral al asumir el cargo, y que los principales partidos deben estar representados en el Gobierno. Desde 2007, han compartido el poder un primer ministro del DUP y un vice primer ministro del Sinn Féin.

Esta particular situación política es una de las causas por las que Irlanda del Norte es el único territorio del Reino Unido en el que las parejas del mismo sexo no pueden casarse legalmente. Y lo es después de que su Asamblea haya votado y rechazado la aprobación del matrimonio igualitario cinco veces consecutivas. En la última votación, que tuvo lugar en noviembre de 2015, los partidarios de la igualdad para las personas LGTB lograron ser por primera vez mayoritarios, pero el DUP de la primera ministra Arlene Foster invocó el procedimiento agravado conocido como petition of concern para lograr que la proposición de ley fuera finalmente rechazada.

La petition of concern fue concebida durante los acuerdos de paz de 1988, con la idea de que cualquier legislación sobre determinados temas sensibles obtuviera un respaldo suficiente de los dos sectores, el nacionalista irlandés y el unionista. Las propuestas que se tramiten por este método deben alcanzar un 60 % de los votos de toda la Asamblea, y al menos un 40 % en cada uno de los bandos. La petition of concern debe ser solicitada por un mínimo de 30 representantes, una marca que el DUP hasta ahora siempre había superado por sí solo.

De hecho, la utilización de la petition of concern para un asunto de derechos civiles de las minorías como es el matrimonio igualitario ha sido fuertemente criticada. Sobre todo si se tiene en cuenta que las encuestas muestran un amplio apoyo al mismo, tanto por parte de la población de tradición católica como, en menor medida, de la protestante. El empecinamiento del DUP liderado por Foster en boicotear la equiparación de derechos ha sido hasta ahora el principal escollo para sacarla adelante. La primera ministra afirmaba hace unos meses que usaría la petition of concern todas las veces que fuera necesario para impedir que se apruebe la igualdad matrimonial. “¿Por qué íbamos a renunciar a esa herramienta cuando nos sentimos tan fuertemente implicados en cuanto a la definición del matrimonio?”, se preguntaba.

Las elecciones, convocadas anticipadamente tras la dimisión del vice primer ministro Martin McGuinness (Sinn Féin), han abierto sin embargo nuevas posibilidades. En la próxima legislatura, el DUP contará con 28 diputados, con lo que perderá la capacidad de exigir en solitario la petition of concern. Ni siquiera sumando al único diputado de la conservadora Voz Unionista Tradicional (TUV) alcanzan la cifra necesaria de 30 diputados. La puerta se abre, por tanto, a una nueva votación en la que el fin del matrimonio excluyente se apruebe por mayoría absoluta. Una meta que parece accesible, ya que bastaría la suma de los diputados nacionalistas y los no afiliados, favorables a la igualdad matrimonial.

La vía judicial

Paralelamente al frente parlamentario, la otra posible vía hacia la igualdad LGTB en Irlanda del Norte es la judicial. La primera demanda de este tipo, largamente esperada, fue presentada en enero de 2015 ante el Alto Tribunal de Belfast por una pareja formada por dos hombres, que contrajo matrimonio en Inglaterra el pasado 2014, una vez que entró en vigor la ley que lo permitía. Sin embargo, al cambiar su residencia a Irlanda del Norte, su estado civil no fue reconocido por la administración de este territorio. El Alto Tribunal de Belfast tendrá que dictaminar si, como arguyen los demandantes, el Reino Unido es un único Estado unitario con poderes administrativos delegados en las regiones, pero no una república federal, como es el caso de los Estados Unidos. Según este criterio, no es posible que una pareja esté considerada como casada en un territorio del Reino Unido y en otro no.

Fuente Dosmanzanas

 

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El matrimonio igualitario entra en vigor en Finlandia… con la oposición de la mayoría de la Iglesia Luterana

Lunes, 6 de marzo de 2017
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matrimonio-igualitario-finlandiaComo ya anunciamos hace unos días, este 1 de marzo ha entrado en vigor la ley de matrimonio igualitario en Finlandia, que fue aprobada en diciembre de 2014. Todo partió de una iniciativa popular, que consiguió los apoyos suficientes para ser llevada al Parlamento, donde finalmente fue respaldada por un estrecho margen. La larga demora hasta su toma de efectos se ha visto salpicada por un intento de derogarla, que terminó siendo infructuoso. Con Finlandia, suman 22 los países donde es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque en el Reino Unido y México no lo sea en todo su territorio.

Decenas de parejas del mismo sexo aprovechan la entrada en vigor de la ley del matrimonio igualitario en Finlandia  el pasado miércoles, 1 de marzo, para celebrar sus bodas civiles. A pesar de que estamos hablando de un país mayoritariamente liberal, la ley se ha aprobado a pesar del rechazo de los sectores más conservadores y de la iglesia luterana, que se opone a las uniones entre personas del mismo sexo. Con la aprobación del matrimonio igualitario, el gobierno de Finlandia equipara los derechos de las parejas homosexuales a los de las parejas heterosexuales, lo que les permite unirse en matrimonio a través del registro civil, tomar el apellido del otro cónyuge y adoptar niños sin vínculos biológicos con el otro miembro de la pareja.

Finlandia se ha unido ya definitivamente a la lista de países que han legalizado el matrimonio igualitario. Se trata del último país nórdico en hacerlo, tras aprobarlo Noruega en 2008, Suecia en 2009, Islandia en 2010 y Dinamarca en 2012. También es la decimotercera nación europea que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo (si incluimos al Reino Unido) y la vigésima segunda del mundo (si incluimos a México). Lo podéis comprobar en los siguientes mapas:

Esta sería la situación del matrimonio igualitario en Europa (pinchad en él para verlo en mayor tamaño):

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Y así es el mapa del matrimonio igualitario en el mundo (pinchad en él para verlo en mayor tamaño):

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Un largo proceso a iniciativa popular

El inicio del proceso del matrimonio igualitario en Finlandia se situaría en marzo de 2013, cuando el Comité de Asuntos Legales del Parlamento rechazó, por 9 votos en contra frente a 8 a favor, admitir a trámite una proposición de ley presentada, entre otros, por el entonces ministro de Asuntos Europeos y Comercio Exterior (y posterior primer ministro), Alexander Stubb.

La frustración generada por aquel revés dio, sin embargo, alas a los activistas de Tahdon2013, que se propusieron promover el matrimonio igualitario a través de una iniciativa legislativa popular. En solo un día consiguieron las 50.000 firmas necesarias para ser tomados en consideración. Posteriormente el número creció hasta las más de 166.000 adhesiones, convirtiéndose en la iniciativa legislativa ciudadana más exitosa de las que habían tenido lugar hasta el momento (aunque este procedimiento es relativamente nuevo en Finlandia, pues se aprobó en 2012).

Presentada en el Parlamento el 13 de diciembre de 2013, su discusión llegó a la Comisión de Asuntos Legales en febrero de 2014, que, semanas más tarde, volvió a rechazarla. Incluso en el siguiente período de sesiones, la obstinación de la presidenta del comité hacía que se recomendase rehusar la medida. Sin embargo, la votación en primera lectura en el Parlamento que tuvo lugar el 28 de noviembre ofreció un resultado favorable: 105 votos a favor y 92 en contra. Tanto en las filas del Gobierno de coalición como en las de la oposición, en casi todos los grupos hubo diversidad de voto entre sus diputados, aunque con un mayor apoyo (prácticamente unánime) de los partidos de izquierda y centro-izquierda. Un resultado halagüeño del que se congratulaba públicamente, entre otros, Kari Mäkinen, arzobispo de Turku y máxima figura de la iglesia luterana finlandesa, lo que provocó una oleada de apostasías

Posteriormente, en la segunda y definitiva lectura, el Parlamento volvía a dar su apoyo a la iniciativa popular, con 101 votos favorables, 90 votos en contra, 1 abstención y 7 ausencias. Entonces se establecía que la entrada en vigor del matrimonio igualiario tendría lugar este 1 de marzo de 2017, aunque daba un plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 para que toda la legislación finlandesa que pudiera verse directa o indirectamente afectada por el cambio fuese actualizada.

 Un proceso condicionado por la situación política

El gran obstáculo para la aprobación del matrimonio igualitario en Finlandia a lo largo de los últimos años no ha sido la oposición social (las encuestas le han dado siempre un apoyo mayoritario) sino el complicado equilibrio político de las distintas coaliciones de gobierno.

Un importante punto de inflexión se produjo en octubre de 2014, cuando la líder de los Demócratas Cristianos, que formaba parte de la coalición de Gobierno pero se oponía frontalmente al matrimonio igualitario, anunciaba que, aunque este se aprobara a través de una iniciativa legislativa popular, ello no supondría su abandono de la coalición de gobierno. También contribuyó la determinación del entonces primer ministro, Alexander Stubb, que parece haber influido en que la mayoría de los diputados de Coalición Nacional se posicionaran finalmente a favor.

Tras las elecciones, la nueva mayoría gubernamental, posterior a la aprobación de la ley, incluía entre sus filas al derechista Partido del Centro (el partido del primer ministro Juha Sipilä), el centro-derechista Coalición Nacional (el partido del anterior primer ministro Alexander Stubb) y el ultraderechista Partido de los Verdaderos Fineses, los más beligerantes contra la igualdad LGTB. Se temía que estos últimos presionaran para la derogación de la ley, amenazando con el abandono del tripartito, sin embargo, ese temor ha terminado por no cumplirse.

Derrota de los intransigentes

Aun así, los sectores sociales y políticos más reaccionarios del país nórdico no han cejado en su empeño de intentar evitar la entrada en vigor de la ley. Consiguieron reunir las firmas suficientes (más de 54.000) para la presentación de una iniciativa ciudadana al respecto. El grupo promotor, Aito Avioliitto (“Matrimonio genuino”), agrupaba a personas de diverso pelaje, entre otras el diputado socialdemócrata Harry Wallin y su colega el democristiano Peter Östman, varios concejales, una asesora del ministro de Trabajo o un pastor evangélico.

La iniciativa, se debatió el pasado septiembre de 2016, pero no fue votada en el Parlamento hasta el pasado 18 de febrero, después de que el Comité de Asuntos Jurídicos de la cámara recomendase dar carpetazo. El resultado final fue de 120 votos contrarios a la derogación de la ley de matrimonio igualitario y 48 a favor, que, como se puede comprobar, arrojaba una diferencia más favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo que cuando se votó la ley en 2014.

La situación en la Iglesia Luterana

La aprobación de esta ley obliga a la iglesia luterana finlandesa a replantear su postura respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo que, por el momento, sigue siendo la del rechazo, tal y como anuncian en su página web: «A pesar de que la ley ha cambiado, la enseñanza de la iglesia sobre el matrimonio no lo ha hecho. La celebración de ceremonias eclesiásticas sigue concerniendo sólo a las bodas entre un hombre y una mujer». Está previsto que la Conferencia Episcopal Luterana proporcione una opinión al respecto, pero sólo después de conocer un estudio sobre las consecuencias de aceptar o rechazar el matrimonio igualitario, llegando incluso a advertir a los sacerdotes que mientras tanto pretendan oficiar alguna boda gay de que «se atengan a las consecuencias» por desobedecer las órdenes de sus superiores. «Es muy posible que, pese a las directrices, algunos sacerdotes oficien ceremonias nupciales y lo que suceda después es difícil de predecir», declara el arzobispo Kari Mäkinen.

Con Finlandia, ya son 22 los países que aprueban legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, después de que lo hicieran Holanda, Bélgica, Canadá y España, a los que siguieron Suecia, Portugal, Islandia, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina, Brasil, Urugay, Estados Unidos, México y Colombia.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Precampaña electoral en Alemania: la CDU descarta el matrimonio igualitario y el SPD no se pronuncia

Lunes, 6 de marzo de 2017
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merkel_schulzAún quedan seis meses para los comicios, pero en Alemania ya se respira un ambiente preelectoral. Los dos principales partidos, la CDU de la canciller Angela Merkel y el SPD de Martin Schulz, empiezan a mostrar sus planes para el último tramo de la legislatura y sus propuestas electorales. Con respecto a los derechos LGTB, pocas novedades: los democristianos de Merkel rechazan cualquier avance y los socialdemócratas no se comprometen, por el momento, a exigir la igualdad matrimonial como condición para una futura coalición de Gobierno.

Alemania se prepara para las elecciones generales que se celebrarán el próximo mes de septiembre y en las que se decidirá si Angela Merkel obtiene un cuarto mandato como canciller o se forja una coalición alternativa. El anuncio en enero de la candidatura del socialdemócrata Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo, ha dado un impulso al SPD en las encuestas, hasta colocarse en empate técnico con la CDU/CSU de Merkel. Paralelamente, la derecha extrema de Alternativa para Alemania (AfD) experimenta una leve bajada, aunque se mantiene en la tercera posición según los sondeos.

En el ámbito LGTB no se esperan grandes avances de aquí a septiembre. El partido de la canciller se reafirma en su inmovilismo. El vicepresidente de la CDU Armin Laschet se ha expresado acerca de la adopción homoparental aludiendo al “bienestar de los niños” frente a los “intereses de las parejas”. Con respecto a la apertura del matrimonio, Laschet recurría de nuevo a la excusa de que sería necesaria una reforma constitucional. Un argumento falso, ya que la ley fundamental alemana ordena la “protección especial del matrimonio y la familia”, pero no establece una definición excluyente de ambas instituciones.

También el líder del grupo parlamentario de la CDU/CSU, Volker Kauder, ha rechazado recientemente la apertura completa de la adopción homoparental y ha criticado la educación en la diversidad afectivo-sexual. Este es precisamente uno de los temas que ha utilizado la AfD para movilizar al electorado más ultramontano. Kauder es uno de los oponentes a los derechos LGTB más activos de la CDU y ya antes de las anteriores elecciones de 2013 prometía que, con un Gobierno de Merkel, no se aprobaría el matrimonio igualitario ni la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Poco antes de que acabe la legislatura, su promesa se está cumpliendo, gracias en parte a la pasividad del SPD. Los socialdemócratas, que en la gran coalición controlan entre otras carteras el ministerio de Justicia, han defraudado a la comunidad LGTB tras prometer la “igualdad al 100%” durante la campaña electoral. Escudándose en su acuerdo de coalición con la CDU/CSU, que apenas contemplaba medidas para la comunidad LGTB, los diputados del SPD han votado en contra de las propuestas de la oposición en este ámbito. El Gobierno solo ha transigido en indemnizar a las víctimas de la legislación homófoba.

El propio ministro de Justicia Heiko Maas reconocía a mediados de la legislatura que aprobar el matrimonio igualitario en la gran coalición sería “difícil. Asimismo, en una entrevista reciente, el diputado socialdemócrata abiertamente gay Jens Spahn confiaba en que la igualdad matrimonial fuera una realidad “en esta década, abandonando prácticamente la posibilidad de alcanzarla antes de las próximas elecciones. La gran incógnita es la posición de Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo y candidato a canciller. Schulz, que ha impulsado al SPD a cifras de intención de voto muy superiores a las de años anteriores, se mostraba partidario en 2014 de restringir la ayuda al desarrollo a los países que aprobaran leyes homófobas. Pero los socialdemócratas no han respondido todavía a la pregunta clave de si la apertura del matrimonio igualitario en Alemania será una condición sine qua non para participar en una coalición de Gobierno tras las próximas elecciones.

Fuente Dosmanzanas

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Torturadas y asesinadas dos mujeres trans por la Policía de la Moral de Arabia Saudí

Sábado, 4 de marzo de 2017
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flagge-saudi-arabienMeeno y Amna fueron detenides por vestir ropa de mujer y, según denuncian varios activistas por los derechos humanos, murieron a causa de las torturas a las que fueron sometidas durante su estancia en prisión.

Terribles noticias nos vienen desde Arabia Saudí. Dos mujeres trans han sido brutalmente torturadas hasta la muerte por la Policía de la Moral saudí. Ambas formaban parte de las 35 detenidas hace unos días, a quien el portavoz policial se refirió como “hombres vestidos y maquillados como mujeres”. Otras 22 mujeres permanecen aún detenidas en lamentables condiciones, mientras que 11 han logrado ser liberadas tras pagar una cuantiosa multa.

La policía de Riad, la capital de Arabia Saudí, llevó a cabó una redada en un albergue después de haberlo vigilado durante días para detener a todos los hombres vestidos de mujer que encontraran en el interior. Entre los 35 detenidos había dos personas, Meeno (26 años) y Amna (35), que han sido asesinadas durante su estancia en prisión.

Según la activista transexual paquistaní Qamar Naseem, lo que en un principio se difundió por la Policía de la Moral saudí como la detención de 35 personas por participar en una “fiesta homosexual”, en realidad se trató de una redada contra un grupo de mujeres trans, la mayoría de origen paquistaní, perseguidas por vulnerar la sharía, o ley islámica. Dado que las autoridades islámicas saudíes no reconocen su identidad de género, se las detuvo por vestirse con ropas que no corresponden al género asignado al nacer. El mismo portavoz policial, Fuaz bin Yamil al Maiman, reconoció que habían estado vigilando al grupo de mujeres por violar los códigos de vestimenta islámicos.

A pesar de que muchos medios (incluidos los locales) están hablando de Meeno y Amna como personas transgénero, parece que no se puede confirmar cuál era su verdadera identidad de género.Explicamos esto para que se entienda que el titular de esta noticia y lo de “hombres vestidos de mujer” no están puestos a la ligera ni mucho menos se tratan de expresiones tránsfobas. La excusa de la policía para llevar a cabo la redada era detener a todos los hombres “travestidos” y que mantenían relaciones “homosexuales” que había en el albergue, independientemente de su identidad de género. Y dado que el gobierno de Arabia Saudí se niega a ofrecer más información sobre las detenciones es imposible verificar esa información. Tanto en Arabia Saudí como en Pakistán, país de origen de las dos víctimas, el travestismo y la transexualidad (que todos sabemos que son dos cosas que no tienen nada que ver) son duramente criminalizados. Es por este motivo por el que me parece que lo más respetuoso es referirme a Meeno y Amman utilizando el género neutro.

Una vez detenidas, fueron sometidas a una sádica tortura, consistente en introducirlas en sacos y golpearlas brutalmente con palos. Amna, de 35 años, y Meeno, de 26, no sobrevivieron al castigo, falleciendo el pasado 28 de febrero. En palabras de Qamar Naseem, “torturar a personas tras introducirlas en bolsas y golpearlas con palos es inhumano. El sufrimiento terminó para ellas dos después de ser torturadas físicamente, sin embargo, el resto todavía languidece en las cárceles sauditas. Nadie está allí para salvarlas ya que la vida de una persona transgénero no tiene ningún valor para nadie, ni siquiera para nuestro propio gobierno”.

La activista también ha dado a conocer que 11 de las detenidas han podido salir liberadas tras pagar una elevada multa de 150.000 riyales (38.000 euros, 40.000 dólares). Las otras 22 permanecen en prisión, sin poder recibir ayuda alguna del exterior.

El activista pakistaní por los derechos humanos, Qamar Naseem, ha denunciando las torturas a las que la policía somete sistemáticamente a los detenidos como un acto “cruel e inhumano” y ha remarcado que en estos países “no hay nadie ahí para salvarles porque la vida de una persona transgénero no tiene valor para nadie, ni siquiera para nuestro propio gobierno.

transgenero-asesinato-arabia-saudi-750x400Naseem reclama además al gobierno saudí que ofrezca más información sobre los detenidos, que parece ser que estaban celebrando una ceremonia típica de la comunidad trans en Pakistán llamada Guru Chela Chalan, en la que eligen a su líder “gurú“: “Queremos información porque ahora mismo la situación es muy confusa y muchas personas de la comunidad transgénero en Arabia Saudí están asustadas y se sienten en peligro.” explica Naseem, “(A los detenidos) No se les está tratando de forma justa incluso bajo las leyes criminales de Arabia Saudí, y no son sólo personas de Pakistán, hay personas de diferentes partes del mundo.

Arabia Saudí fue, por cierto, uno de los países que presionó a las Naciones Unidas para eliminar los derechos LGTB de su plan de desarrollo internacional. Desde Amnistía Internacional reconocen que han sido incapaces de confirmar las informaciones, pero urgen a las autoridades saudíes a que lleven a cabo una investigación para llevar ante la justicia a cualquiera que haya podido participar en estas ejecuciones extrajudiciales.

Las personas de género fluido son maltratadas, a veces incluso azotadas” ha declarado Qamar Naseem a The Independent, “Si alguien es arrestado por segunda vez bajo esta misma ley pueden ser ejecutados.

Fuente: The Independent, Vía Dosmanzanas/EstoyBailando

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La presidenta del PP valenciano, partidaria de dejar circular al autobús de HazteOír cubierto de mensajes tránsfobos… y los obispos evitan contestar sobre el polémico bus tránsfobo de Hazte Oir

Viernes, 3 de marzo de 2017
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isabel-bonigLa Presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, pide “respeto y libertad” para que el bus tránsfobo de HazteOir pueda circular por España y “expresar su opinión”.

Empiezan a hacerse notar los primeros apoyos políticos a HazteOír, la organización ultraconservadora que ha promovido una campaña de promoción del odio tránsfobo. La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, se ha desmarcado de la que parecía posición unánime de su partido contra la campaña, simbolizada de forma muy particular en la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Bonig ha reclamado “libertad” para que el autobús de HazteOír, cubierto de mensajes que niegan el derecho de los menores trans a la libre expresión de su identidad de género, pueda circular libremente.

El autobús de HazteOír permanece por el momento retenido en Madrid por orden de la Fiscalía. Una orden emitida después de que en la tarde del martes el Ayuntamiento de la capital lo inmovilizase por incumplimiento de la normativa municipal. En concreto, el Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero, ordenaba la apertura de diligencias para investigar si la campaña puede incurrir en un posible delito de odio y remitía un escrito a la Sección de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial, que ha pedido al juez inmovilizar el vehículo en tanto “no se retiren los mensajes discriminatorios que exhibe”.

No está de más recordar en este punto que el artículo 510 del Código Penal español considera delito lesonar la dignidad de las personas “mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

No todos parecen estar de acuerdo, sin embargo, con el hecho de que se inmovilice un autobús con mensajes ofensivos hacia los menores transexuales. Es el caso de la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, que considera que hay que respetar “todas las posiciones”. “Hay que dejar libertad. En este país estamos muy acostumbrados a atacarnos unos a otros”, ha declarado la dirigente popular, partidaria de dejar circular al autobús de HazteOír en base, a su juicio, a la libertad religiosa, de expresión y de pensamiento que reconoce la Constitución. “Igual que unos defienden una postura, hay que respetar también el derecho de los demás a ser escuchados en libertad”, ha insistido Bonig, colocando con sus palabras en el mismo plano a los menores transexuales y a sus familias y a quienes les niegan su misma existencia: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vagina. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”, luce el autobús fletado por HazteOír.

“Que decidan los tribunales, pero hay que respetar todas las opiniones y ocuparse también de lo que le preocupa a la gente”, ha añadido Bonig. Parece, a tenor de sus declaraciones, que la líder de los populares valencianos no considera que la realidad de los menores trans, a los que la actual legislación estatal no reconoce expresamente derecho alguno, sea un asunto del que merezca la pena preocuparse.

Se da la circunstancia de que si el autobús de HazteOír no permaneciese inmovilizado en Madrid hubiese llegado ya a Valencia, ciudad que tenía previsto recorrer los días 1 y 2 de marzo.

Hay que tener narices para venir a hablar de respeto a las ideas y principios de otras personas cuando esas ideas y esos principios son pura apología de la transfobia. Evidentemente puede uno imaginar cuál sería el argumento a utilizar contra esta tontería, el mismo que la concejala de Protección Ciudadana de Valencia, Anaïs Menguzzato, le ha hecho llegar vía tweet:

Isabel Bonig, particularmente activa en la defensa de los promotores de la LGTBfobia

No es, lamentablemente, la primera vez que nos hacemos eco de las posiciones de la presidenta de los populares valencianos en favor de las posiciones contrarias a la igualdad de las personas LGTB. En mayo de 2016 recogíamos como Bonig se solidarizaba con el cardenal y arzobispo de Valencia Antonio Cañizares después de que este hiciera un llamamiento expreso a la desobediencia civil de las leyes inclusivas y asegurase que la “ideología de género” (el término que la jerarquía católica más conservadora utiliza para referirse, entre otras cosas, a la reivindicación de los derechos LGTB) es “la ideología más insidiosa y destructora de la humanidad de toda la historia”.

La reacción por parte de colectivos sociales y defensores de los derechos LGTB llevó a Bonig a salir en defensa del cardenal y pedir que se firmase una petición  en change.org para que cesase “la campaña en contra del cardenal Cañizares”.

Por otra parte, la Conferencia Episcopal había convocado a primera hora de la mañana a los medios para un “canutazo” acerca de la primera reunión de la “Mesa Eclesial para el Diálogo Educativo, en la que participarán los representantes de instituciones de la Iglesia católica implicadas en el campo de la educación, y que esta mañana debaten una posición común.

Sin embargo, a pesar de lo que afirmó su presidente Ricardo Blázquez,  el jefe de prensa de la CEE, Josetxo Vera, interrumpió una pregunta sobre si en dicha reunión se abordaría la enseñanza de la ideología de género y, en ese sentido, las protestas del autobús tránsfobo de HazteOír, retirado de la circulación por el Ayuntamiento de Madrid.

No hubo tiempo siquiera de terminar la pregunta, pues Vera reclamó al portavoz, José María Gil Tamayo, que dejó a los periodistas con la palabra en la boca. Tan sólo atinó a esbozar un todas esas cosas me imagino que saldrán, antes de salir de la sala de prensa.

Fuente Dosmanzanas/Religión Digital

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Detenidos en Arabia Saudí 35 ciudadanos paquistaníes por participar en una “fiesta para homosexuales”

Jueves, 2 de marzo de 2017
Comentarios desactivados en Detenidos en Arabia Saudí 35 ciudadanos paquistaníes por participar en una “fiesta para homosexuales”

flagge-saudi-arabienTreinta y cinco ciudadanos paquistaníes han sido detenidos por la Policía de la Moral de Arabia Saudí, acusados de practicar la homosexualidad. Según su portavoz, los acusados estarían celebrado una “fiesta para homosexuales”, en la que algunos vestirían ropas femeninas y llevarían maquillaje. Los detenidos se enfrentan a la dura legislación saudí, que castiga la homosexualidad con penas de prisión, castigos físicos, e incluso con la muerte.

Según informaba el diario Sabq, que publicó en su edición digital fotografías de los detenidos, la detención se produjo el pasado lunes, cuando miembros de la Policía de la Moral —que se encarga de velar por el cumplimiento de la sharía o ley islámica— irrumpieron en una supuesta “fiesta para homosexuales” que tendría lugar en un recinto al sur de la capital, Riad.

Tras la redada, se procedió a la detención de 35 participantes, todos ellos de nacionalidad paquistaní. El portavoz de la Policía, Fuaz bin Yamil al Maiman, afirmaba que algunos de ellos vestían ropas de mujer e iban maquillados. Se desconoce qué cargos serán presentados y cuál será el destino de los detenidos, aunque datos como su nacionalidad hacen pensar que no será nada halagüeño.

Hay que tener en cuenta que en Arabía Saudí, una monarquía absoluta y teocrática, no existe un Código Penal propiamente dicho, sino que la justicia se aplica en base a la interpretación que los jueces islámicos hacen de la sharía, que puede variar enormemente (entre otros factores, según la clase social y la nacionalidad del “culpable”: normalmente los castigos son mucho más duros para trabajadores inmigrantes de origen no occidental que para los miembros de las clases altas del país). Por lo que se refiere a la esfera LGTB, las penas más elevadas, incluyendo la muerte —pero también la cárcel o castigos físicos, como los latigazos públicos— corresponden al mantenimiento de relaciones homosexuales. En caso de reincidencia la pena de muerte es aún más probable.

Otro tipo de “ofensas” son castigadas de modo diverso. Ya nos hemos hecho eco de algunos casos: en noviembre de 2014, por ejemplo, recogíamos cómo un hombre era condenado a tres años de cárcel por publicar en redes sociales fotografías de sí mismo desnudo y su ofrecimiento para mantener relaciones con otros hombres. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. En enero de 2012, en otro caso parecido, un hombre era arrestado por usar Facebook para establecer contacto. En octubre de 2011 eran detenidos 20 hombres durante una celebración. Un año antes era un ciudadano británico el que resultaba agredido y amenazado por la policía religiosa por su condición de gay. Y en junio de 2013, cinco hombres eran detenidos por participar supuestamente en una boda homosexual. Más allá de las condenas y arrestos, también nos hemos hecho eco de iniciativas que muestran la homofobia de estado en el país saudí: desde la intención de las autoridades de expulsar del sistema educativo a homosexuales y chicas de aspecto masculino hasta la oposición del gobierno al uso del dominio .gay en Internet.

Fuente Dosmanzanas

 

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El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa pide a los Estados el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo

Miércoles, 1 de marzo de 2017
Comentarios desactivados en El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa pide a los Estados el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo

coe-commissioner-concerned-over-nin-defamation-verdictDiplomática llamada de atención del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (CdE) a los Estados miembros de este organismo supranacional que abarca casi todo el continente. Nils Muižnieks insta a aquellos que aún discriminan a las parejas del mismo sexo que pongan fin a esa situación y recomienda el matrimonio igualitario como la mejor opción para garantizar la equiparación completa de derechos.

Muižnieks publicó sus reflexiones el pasado martes en un artículo de la página oficial del organismo que preside. Comienza haciendo un repaso a los importantes avances en el reconocimiento de las parejas del mismo sexo que se han producido en los últimos años, con 13 países miembros del Consejo de Europa (no confundir con la Unión Europea) que cuentan con matrimonio igualitario y otros 14, con leyes de uniones civiles. Por el contrario, los restantes 20 Estados, entre ellos Polonia, Rusia, Turquía o Ucrania, carecen de cualquier reconocimiento legal.

El representante enumera también la injusticia de varias situaciones específicas a las que tienen que hacer frente los ciudadanos LGTB por culpa de las leyes discriminatorias. A continuación cita las dos recomendaciones que el Consejo ha emitido en el pasado: en 2000, para animar a los Estados europeos a introducir leyes de uniones civiles y en 2010, para combatir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), uno de los órganos que conforman el CdE, también se ha pronunciado en el mismo sentido en varias ocasiones.

Con respecto al matrimonio igualitario, Muižnieks mide sus palabras, aunque el mensaje es claro. Recuerda que el TEDH dictaminó en 2010 que la Convención Europea de Derechos Humanos no obliga a los Estados miembros del Consejo de Europa a implementar una definición inclusiva del matrimonio. Pero por otra parte, el comisario insta a los Gobiernos a, al menos, considerar la igualdad matrimonial como la mejor forma de garantizar que todas las parejas tienen acceso a los mismos derechos.

En definitiva, las medidas que propone Muižnieks son tres. En primer lugar, que los países que aún carecen de instituciones que incluyan a las parejas del mismo sexo empiecen a reconocerlas, al menos bajo la figura de las uniones civiles. En segundo lugar, que se revisen las legislaciones ya existentes para asegurar que no discriminan a ningún tipo de parejas. Y por último, que se promueva el respeto a la diversidad afectivo-sexual, especialmente en el ámbito educativo. El comisario no hace ninguna mención en este documento a las personas transgénero.

El Consejo de Europa es una organización internacional diferente de la Unión Europea, que agrupa a la práctica totalidad de los Estados europeos, incluidos Rusia, Turquía y las repúblicas caucásicas. Sus objetivos son la promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, encargado de hacer cumplir la Convención Europea de Derechos Humanos, forma parte del CdE. Los informes del comisario de Derechos Humanos, aunque carecen de carácter vinculante, intentan orientar las políticas de los Estados miembros hacia la promoción de los valores y derechos recogidos en la Convención. El predecesor de Muižnieks en el cargo, Thomas Hammarberg, también defendió los derechos LGTB, así como la despatologización de la transexualidad y la lucha contra la homofobia y la transfobia durante su mandato.

Fuente Dosmanzanas

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El viceministro de Sanidad de Tanzania afirma que “científicamente” la homosexualidad no existe, sino que se trata de un “constructo social”

Miércoles, 1 de marzo de 2017
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12505302303_12bfb961c5El viceministro de Sanidad de Tanzania, Hamisi Kigwangala, ha confirmado que seguirá poniendo en el punto de mira a todos aquellos que anuncien o defiendan la homosexualidad en las redes sociales. Además, en una conversación mantenida a través ese medio, ha afirmado que la homosexualidad en sí no existe científicamente, sino que se trata de un “constructo social” que se desarrolla esencialmente en ambientes urbanos, todo ello fundamentándose en que él es un científico por ser médico y en haber “leído más de lo que pensáis” al respecto.

Cada vez es más evidente que la homosexualidad se ha convertido en la obsesión del Ministerio de Sanidad de Tanzania. Hace unos días, el viceministro Hamisi Kigwnagala ordenada la detención de tres varones acusados de “promover la sodomía a través de las redes sociales. Precisamente fue interrogado por esta decisión en esas mismas redes sociales por ciudadanos que criticaban lo discriminatorio de la medida. El viceministro contestó sin ambages, defendiendo la postura de su Gobierno de poner en la palestra a los homosexuales. También afirmó que se está investigando al “sindicato homosexual” y que se perseguirá y detendrá a todos aquellos relacionados con el “negocio del sexo gay”.

En la conversación, causaron sorpresa algunas de las afirmaciones del viceministro, como que la homosexualidad no tiene realidad científica, sino que se trata de un “constructo social” que se desarrolla principalmente en los entornos urbanos. El fundamento para tamaña afirmación era que él mismo es un científico, dada su condición de médico, y que ha leído al respecto “más de lo que pensáis”, además de ofrecer como prueba contundente el hecho de que “no hay cabras homosexuales ni pájaros homosexuales”. También lo basaba en que, en su infancia en un medio rural, no había conocido nunca a un homosexual, y que no fue hasta su traslado a una ciudad cuando supo de su existencia. Evidentemente, ni la falacia de la falsa autoridad, ni el tomar la experiencia propia y sesgada como un hecho inapelable son propios del método científico de conocimiento, del que el viceministro Kigwangala parece no saber demasiado.

Las declaraciones son el reflejo de una peligrosa deriva, que ha llevado al Ministerio de Sanidad a convertir a los homosexuales en los principables culpables de la preocupante propagación del VIH en el país, que afecta a más de un millón y medio de sus habitantes. En un reciente debate sobre el VIH/sida, la homosexualidad fue nombrada uno de los tres mayores problemas al respecto en Tanzania, junto al uso de drogas y la falta de educación. Hasta 40 centros en los que se establecían protocolos de lucha contra la enfermedad han sido clausurados, acusados de ser utilizados por las organizaciones no gubernamentales para promover la homosexualidad.

Ya en julio de 2016, la ministra de Sanidad, Ummy Mwalimu, dictaba la prohibición de importar geles lubricantes, al culparlos de fomentar las relaciones homosexuales y propagar el VIH. La ministra, en un alarde de falaz demagogia, instaba a las asociaciones que luchan contra la propagación del VIH a que, en vez de repartir lubricantes como medio de prevención, diesen el dinero destinado a su compra al Ministerio, para que pudiese comprar camas para las salas de maternidad.

El propio viceministro, Hamisi Kigwangala, emitía un comunicado en septiembre de 2016 en el que aseguraba que el Gobierno “protegerá siempre” los valores tradicionales de la sociedad tanzana. “No puedo negar la presencia de personas LGTBI en nuestro país y el riesgo que presentan para la propagación del VIH/sida”, afirmaba Kigwangala, mientras recordaba quecualquier intento de cometer delitos contra natura es ilegal y se castiga severamente de acuerdo con la ley. También amenazaba con proscribir el asociacionismo LGTB: “Tanzania no permite que grupos activistas realicen campañas que promuevan la homosexualidad”. El Gobierno ya habría empezado, de hecho, a vetar el registro de organizaciones LGTB. Nurdeen Supa, de LGBT Voice, expresó entonces su preocupación por que las nuevas medidas aumentasen el temor y la inseguridad entre la comunidad.

El Código Penal tanzano castiga las relaciones “contra el orden de la naturaleza”, entre las que se incluyen la zoofilia o la sodomía, con penas de cárcel que pueden llegar hasta la cadena perpetua. La “grave indecencia” entre varones puede ser penada con cinco años de prisión. Las relaciones lésbicas solo están castigadas en la región insular de Zanzíbar, con penas de hasta cinco años de cárcel que pueden sustituirse por una multa de hasta 500.000 chelines (210 euros, 230 dólares).

Aunque esos artículos del Código Penal son raramente aplicados, Paul Makonda, nuevo comisionado de la ciudad portuaria de Dar es-Salam, la más populosa del país, anunciaba en julio de 2016 una fuente campaña de represión contra los homosexuales, que produjo varias detenciones en locales de ambiente. También amenazó con detener a quienes siguieran en las redes sociales a hombres abiertamente homosexuales, por lo que muchos de ellos dejaron de publicar.

Fuente Dosmanzanas

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Significativa reacción institucional contra la campaña tránsfoba de HazteOír en Madrid, Valencia y Cataluña

Miércoles, 1 de marzo de 2017
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transfobiaA lo largo de este martes 28 de febrero las reacciones políticas e institucionales a la campaña de odio tránsfobo de HazteOír no han dejado de sucederse. Recogemos algunas de las más significativas. Seguimos sin tener noticia, en cualquier caso, de intervención alguna por parte de la Fiscalía. Nos permitimos destacar, en primer lugar, la reacción de la Generalitat de Cataluña, que ha abierto expediente a HazteOír por posible vulneración de la ley autonómica contra la LGTBfobia y que desde un principio ha dado traslado del caso a la Fiscalía por un posible delito de odio.También destacamos la reacción del Ayuntamiento de Madrid, que según conocíamos poco después de publicar esta entrada ha inmovilizado el autobús de la campaña.

Desde el ámbito de la política, prácticamente todos los partidos han expresado de una u otra forma su malestar. Muy activo en este sentido ha sido el PSOE, cuya diputada en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli era una de las primeras en denunciar la campaña y que ha pedido directamente la inervención de la Fiscalía. Ha sido a través de su diputada Ángeles Álvarez, en una rueda de prensa en el Congreso. “Con su autobús, HazteOír está dirigiendo mensajes contra un colectivo motivado por sus prejuicios en materia de identidad sexual y pretende alentar odio y discriminación hacia ese colectivo”, ha declarado. El PSOE también se está moviendo en la Asamblea de Madrid, donde ha registrado ya una petición para que sancione la campaña de HazteOír, además de otras 45 preguntas relacionadas con el incumplimiento de la ley integral de transexualidad de la Comunidad de Madrid.

Las instituciones madrileñas, de hecho, se han sumado a la condena. Desde el Ayuntamiento de Madrid, que preside Manuela Carmena (Ahora Madrid) se daban instrucciones a la Policía Municipal para que proceda a paralizar el autobús con los mensajes tránsfobos. La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha condenado la campaña por su transfondo tránsfobo, pero ha asegurado que en cualquier caso viola dos ordenanzas municipales, la de circulación y la de publicidad exterior, lo que ya de por sí es razón para impedir que transite por las calles de Madrid. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, ha pedido de hecho al equipo de Gobierno que reforme la ordenanza de publicidad y se dote de herramientas que le permitan prohibir campañas que atenten a los derechos humanos.

Por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, su presidenta Cristina Cifuentes ha calificado la campaña de “impresentable” y aseguraba a primera hora que había puesto en caso en manos de la abogacía para que valorase si incumple la ley madrileña contra la LGTBfobia. Cifuentes, en su cuenta de Twitter personal, ha lanzado además un mensaje a HazteOír, organización que ya ha lanzado en el pasado ataques contra ella. “Los de HazteOír sois muy plomicos”, escribía en un tuit adornado con caracteres gráficos. Más tarde los medios se hacían eco de que Cifuentes había remitido un escrito a la Delegación del Gobierno para que pusiese los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Se da precisamente la circunstancia de que el colectivo Arcópoli ha interpuesto esta misma mañana una denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. En opinión del gabinete jurídico de Arcópoli, la campaña de HazteOír promueve un mensaje negacionista contra un sector de la población, el de las personas transexuales y transgénero. “Invisibilizar su realidad y negar su identidad puede provocar aislamiento, estigmatización y malestar en especial a niñas, niños y adolescentes trans, que ya sufren a menudo acoso escolar tránsfobo y que esta campaña es otra muestra más de rechazo de una parte de la sociedad a su dignidad”, argumenta Arcópoli. “Este negacionismo atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 10 de la Constitución Española y contra Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Por ello como colectivo de defensa de las personas transexuales nos vemos obligadas a presentar un escrito de denuncia para que esta campaña sea sancionada administrativamente de acuerdo con la ley aprobada por los cuatro partidos de la Asamblea de Madrid, que representan a la ciudadanía autonómica madrileña”, explica esta organización en su comunicado.

Arcópoli no es el único colectivo que ha expresado su indignación por lo que está sucediendo. La Plataforma por los Derechos Trans, por ejemplo, ha mostrado su enfado por la actitud de la Fiscalía, que hasta la fecha no ha llevado a cabo acción alguna contra la anterior campaña de HazteOír, consistente en el envío de un folleto LGTBfobo a colegios de todas España. “Los esfuerzos que muchas comunidades autonónomas están realizando para la protección y garantía de derechos de la diversidad sexual y de género en sus legislaciones, protocolos de educación y atención sanitaria no se corresponden con estos impunes actos de odio y fobia hacia las personas trans”, ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), por su parte, ha exigido que se apruebe con urgencia una ley estatal de igualdad “que equipare los derechos y proteja a los sectores más vulnerables del colectivo LGTBI de ataques tales como la campaña transfóbica de HazteOír”. La FELGTB ha dado su apoyo a Arcópoli en su denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y considera además que la campaña de HazteOír supone un claro desafío a los artículos 14, 18 y 20.4 de la Constitución Española, “en los que se contemplan los principios de igualdad, derecho al honor y dignidad de la persona como límite a la libertad de expresión”. El equipo de juristas de la FELGTB considera además que el mensaje negacionista sobre las personas trans vulnera su derecho a la dignidad y puede considerarse publicidad ilícita según el artículo 3 de la Ley General de Publicidad.

Concentración este miércoles en Valencia

Pero no solo en Madrid se han producido reacciones. En Valencia, supuestamente el próximo destino del autobús tránsfobo, la diputada en el Congreso por Podemos, Àngela Ballester, aseguraba esta mañana en Twitter que ya ha pedido al delegado del Gobierno que lo impida. Y Ricardo Sixto, diputado de Esquerra Unida del País Valencià (la rama valenciana de Izquierda Unida) pedía también en el Congreso que actuase la Fiscalía.

Los colectivos LGTB valencianos, de hecho, ya han convocado una concentración urgente mañana miércoles 1 de marzo a las 19:00 horas frente a las Cortes Valencianas. Los colectivos consideran “intolerable” la campaña de odio tránsfobo, que “en ningún caso puede ampararse en el derecho a la libertad de expresión”. “En esta ocasión la agresión es valorada como más grave, por dirigirse específicamente contra los derechos básicos de las niñas y niños trans”, explican en su comunicado. “Nos encontramos ante un claro ataque contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas trans, la situación personal, social y laboral de las cuales es de las peores de toda la sociedad española”, ha declarado Fani Boronat, coordinadora general del colectivo Lambda. La concentración ha recibido por cierto el apoyo expreso en Twitter de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra (Compromís).

Y en Cataluña, la Generalitat se moviliza activamente

En Cataluña, otro de los destinos de la campaña homófoba (que tiene previsto recalar en Barcelona, Hospitalet y Sant Cugat), la Generalitat le ha abierto el correspondiente expediente, en aplicación de la ley catalana contra la LGTBfobia. Ya desde el principio, además, la Generalitat ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía de Delitos de Odio, al considerar que puede haber una vulneración del artículo 510 del Código Penal español, que castiga con a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad” a pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses.

La Generalitat de Catalunya también se ha puesto en contacto con los Ayuntamientos afectados para pedirles que hagan valer sus ordenanzas municipales de civismo contra la campaña. El Ayuntamiento de Barcelona, de hecho, ya ha anunciado que en caso de aparecer por sus calles paralizará la circulación del autobús y lo multará. “El autobús no tiene permiso para circular por la ciudad, no es bienvenido”, ha declarado Laura Pérez, concejal de Feminismos y LGTBI, que ha asegurado que el consistorio barcelonés “no se quedará de brazos cruzados” y aprovechará todo el margen legal del que dispone para sancionar su actividad. Diferentes fuerzas políticas catalanas, como el PSC, Esquerra Republicana o la Candidatura d’Unitat Popular han exigido que no se permita al autobús circular.

ACTUALIZACIÓN (20:45 horas): El Ayuntamiento de Madrid inmoviliza el autobús

A los pocos minutos de publicar esta entrada saltaba la noticia: El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido la promesa que horas antes hacía su portavoz, Rita Maestre. La Policía Municipal madrileña ha inmovilizado en la tarde de hoy el autobús con mensajes tránsfobos de HazteOír. Así lo ha anunciado el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero, que ha informado de que el vehículo incumplía las ordenanzas municipales en materia de publicidad.

Desconocemos por el momento bajo qué condiciones y por cuánto tiempo el vehículo ha sido inmovilizado. Una buena noticia, en cualquier caso, que servirá de poco si no se acompaña de una actuación sancionadora decidida por parte de las autoridades autonómicas y sobre todo de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.

Fuente Dosmanzanas

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HazteOír desafía las leyes contra la LGTBfobia y lanza una campaña de odio tránsfobo

Miércoles, 1 de marzo de 2017
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autobus_transexualHazteOir lanza a las calles un autobús con un claro mensaje transfóbico y aseguran que quieren pasearlo por toda España para transmitir “la verdad”.

Jesús  de Nazaret, en respuesta a la pregunta que le hacen sobre cuál es el primero de los mandamientos, Jesús responde: “El primero es: ‘Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas’. El segundo es: ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’. No existe otro mandamiento mayor que éstos (Mc 12, 29-31)”.

El grupo radical ultracatólico, Hazte Oír, que debiera, teóricamente conovcer la cita anterior, responde a la campaña de Chrysallis con un autobús transfóbico que incita al odio y que, además de cuestionar las leyes aprobadas legalmente por los gobiernos autonómicos, pone en peligro la integridad de los menores de edad que se definen como transexuales.

Cuando insistimos una y otra vez en la necesidad de leyes que protejan al colectivo LGTB, lo hacemos teniendo en cuenta que siempre hay grupitos de personas a ls que no les importa vulnerar tus derechos, los más fundamentales, para tratar de imponer su visión del mundo a los demás. Las campañas de incitación al odio tránsfobo, dirigidas contra el grupo más vulnerable del colectivo LGTB, el de personas trans, producen asco. Pero cuando esas campañas tienen lugar a plena luz del día, se conoce a sus autores y no se hace nada por impedirlas lo que producen es absoluta estupefacción. Es lo que está sucediendo en Madrid, por cuyas calles la organización ultraconservadora HazteOír ha paseado hoy un autobús con mensajes de transfobia explícita.

En HazteOir se han cansado ya de luchar contra el matrimonio igualitario: una década después de que se aprobara en España no han conseguido mover ni una coma de la ley. De hecho les ha funcionado tan poco el invento y son tan conscientes de que su imagen está por los suelos que están en proceso de cambiar su marca por la de CitizenGo. Y lo peor (para ellos) es que aunque el PP mantuvo su recurso de inconstitucionalidad hasta el final, hasta a los populares (los que dicen que HazteOir es una organización de “interés público) les da pereza meterse a debatir sobre algo que todo el mundo tiene ya asumido: las familias homosexuales también son familias.

Así que como se han dado cuenta de que el enemigo a batir es imbatible, han decidido centrar sus miras en otro colectivo. A HazteOir ya no le importa tanto que hay gays en los anuncios (salvo los de El Corte Inglés, que es la única empresa que aún les hace caso), su nuevo objetivo son los menores trans.

Este bonito autobús que ves ahí arriba ha estado circulando por Madrid, haciéndose una ruta de colegio en colegio. Porque ya sabéis lo poquito que les gusta a estos sinvergüenzas lo de que se adoctrine a los menores. “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen.” dice el mensaje del autobús naranja (en Ciudadanos no deben estar muy contentos) que añade debajo que “Si naces hombres, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo“. Lo cual es muy divertido no sólo porque los hombres nazcan y las mujeres sean, sino porque es justo lo que dicen las personas transexuales: una persona que nace hombre es hombre y una persona que nace mujer es mujer, independientemente de lo que tengan entre las piernas.

“Los niños tienen pene. Las niñas tienen vagina. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”, luce el autobús fletado por HazteOír, versión tránsfoba de la excelente campaña de concienciación ciudadana sobre la transexualidad infantil que hace varias semanas promovió en varias ciudades del País Vasco y Navarra Chrysallis Euskal Herria, organización vasca de familias de menores trans. El autobús también hace promoción del panfleto publicado por HazteOír y enviado a colegios de toda España en el que denigra los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades autónomas en materia LGTB, en particular en el ámbito educativo.

Fotografías del autobús en diversos puntos de Madrid han circulado a lo largo del día en redes sociales. La activista y diputada en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli es una de las que lo ha denunciado y exigido responsabilidades a Cristina Cifuentes, por la inacción de la Comunidad de Madrid, que aprobó hace unos meses una ley dirigida entre otras cosas a evitar este tipo de campañas de odio:

Antonelli también ha difundido en Twitter otro mensaje en el que se hace eco de las próximas paradas del autobús tránsfobo (Valencia, Barcelona, Hospitalet, Zaragoza, Pamplona, San Sebastián, Bilbao y Vitoria). Paradas que llamamos a denunciar o boicotear.

Por cierto, que en el mismo autobús hay una url que dirige a un formulario para solicitar el panfleto LGTBfóbico que la asociación hizo llegar hace unas semanas a varios colegios de la geografía española y que fue condenado por todo el mundo con dos dedos de frente. La Generalitat de Catalunya, por ejemplo, dijo que iba a investigarlo para comprobar si quebrantaba la ley 11/2014 contra la LGTBfobia y sancionar a la asociación.

Y pagar multas. Porque las acabarán pagando. Es lo que tiene la LGTBfobia, que ya no sale gratis.

Nos parece escandaloso que este tipo de mensajes de odio puedan ser difundidos a plena luz del día en una comunidad, como es el caso de la de Madrid, que tiene ya una legislación propia. Aunque nos parecería igual de escandaloso si no existiera esa legislación: el Código Penal español ya castiga la LGTBfobia. Su artículo 510, en su apartado 2, castiga con a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad” a pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses.

De nada sirven las leyes si no hay voluntad de aplicarlas.

Diversas iniciativas están ya promoviéndose en contra de la campaña tránsfoba de HazteOír. Una petición en change.org exigiendo su retirada y dirigida a diversas autoridades e instituciones (Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Fiscalía, Delegación del Gobierno en Madrid y Defensor del Pueblo, entre otras) ha reunido ya más de 37.000 firmas. Pero sin duda la iniciativa más destacada es la denuncia que el colectivo madrileño Arcópoli ha interpuesto esta misma mañana ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Los socialistas en la Asamblea han anunciado también que llevarán este tema al pleno del próximo día 9 para luchar contra la transfobia y determinar posibles sanciones a HazteOir.

En opinión del gabinete jurídico de Arcópoli, la campaña de HazteOír promueve un mensaje negacionista contra un sector de la población, el de las personas transexuales y transgénero. “Invisibilizar su realidad y negar su identidad puede provocar aislamiento, estigmatización y malestar en especial a niñas, niños y adolescentes trans, que ya sufren a menudo acoso escolar tránsfobo y que esta campaña es otra muestra más de rechazo de una parte de la sociedad a su dignidad”, argumenta Arcópoli. “Este negacionismo atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 10 de la Constitución Española y contra Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Por ello como colectivo de defensa de las personas transexuales nos vemos obligadas a presentar un escrito de denuncia para que esta campaña sea sancionada administrativamente de acuerdo con la ley aprobada por los cuatro partidos de la Asamblea de Madrid, que representan a la ciudadanía autonómica madrileña”, explica esta organización en su comunicado.

Las reacciones de indignación coparon las redes sociales durante toda la tarde y noche y una de las preguntas que ronda por la cabeza de muchos es cómo es posible que un bus así, que claramente infringe la ley contra la LGTBFobia de la Comunidad de Madrid, ha podido siquiera poner una rueda en la carretera. Pues quizás tengamos que mirar al año 2013, y al Partido Popular, para encontrar una explicación.

Resulta que HazteOir goza de “exenciones y beneficios fiscales” así como “asistencia jurídica gratuita”, entre otras cosas. ¿Y esto cómo puede ser? Pues porque, en 2013, el gobierno de España, del Partido Popular, de la mano del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, firmó en el BOE la disposición por la que declaró a HAzteOir “entidad de utilidad pública”.

Lo que nos sorprende es que HazteOir goce de esta distinción porque, para conseguirlo, una entidad debe cumplir ciertos requisitos, como que “sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza“. No sé qué pensaréis vosotros, pero yo veo que, claramente, HazteOir no merece esa distinción y, por tanto, ninguno de los benficios fiscales o jurídicos que con ello están obteniendo del gobierno español desde 2013.

Por ello, exigimos al gobierno, y a todos los grupos políticos que hoy tienen representación en el Congreso, que pongan en marcha las vías necesarias para quitar a HazteOir esta distinción. Mientras no lo hagan, serán cómplices de sus mensajes de odio y discriminación.

De momento, nos alegra saber que Arcopoli ya ha presentado una denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Además, Cristina Cifuentes, presidenta del Gobierno regional, lo ha trasladado ya a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid al considerarlo “completamente impresentable”, al tiempo que ha pedido a la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, que lo lleve a la Fiscalía.

Cifuentes traslada el caso del autobús transfóbico de Hazte Oír a la Abogacía general

La presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, ha puesto en conocimiento de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el caso de la campaña de la asociación ultraconservadora y católica Hazte Oír con un autobús contra los niños transexuales y ha pedido a la delegada de Gobierno, Concepción Dancausa, que lo lleve también a la Fiscalía por si es constitutivo de delito.

En una entrevista en TVE, Cifuentes ha indicado que le parece “completamente impresentable” y que la campaña tiene una “finalidad”, que es “una provocación absoluta“. De hecho, ha indicado que “en cierto modo” va dirigido hacia ella, “porque quien está promoviendo esta campaña tiene un larguísimo historial”.

Cifuentes lo ha puesto en conocimiento de la Abogacía General de la Comunidad para que estudie si es de aplicación la ley 2/2016 de Igualdad y No Discriminación de la Comunidad de Madrid y por si al amparo de esta ley “se pudiera realizar algún tipo de actuación”. En esta normativa se recoge dos puntos.

 Por un lado, se “prohíbe cualquier acto de discriminación directa o indirecta, por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o pertenencia a grupo familiar”. “La ley garantizará la protección efectiva contra cualquier discriminación”, añade.

Por otra parte, Cristina Cifuentes ha anunciado que va a mandar una carta a la Delegación de Gobierno para que lo ponga en conocimiento de la Fiscalía por si “fuera constitutivo de algún tipo de delito”. “Es impresentable”, ha insistido la presidenta autonómica.

La Plataforma por los derechos trans contesta

“Los esfuerzos que muchas CC.AA. están realizando para la protección y garantía de derechos de la diversidad sexual y de género en sus legislaciones, protocolos de educación y atención sanitaria, no se corresponden con estos impunes actos de odio y fobia hacia las personas trans (…). Es alarmante el alto índice de suicidios en menores trans, que alcanza cerca del 42%, sin olvidar el bullying y acoso al que en muchas ocasiones se ven sometidos estos menores, poner fin a esta grave situación es una responsabilidad social y de nuestros gobernantes», declara Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans, donde han recibido esta nueva campaña de Hazte Oír «con estupefacción e indignación”.

Según su plataforma, esta campaña campaña surge ante la impunidad de una denuncia interpuesta por ellos mismos el 26 de noviembre del año pasado ante el Fiscal General del Estado, por incitar al odio y fomentar la discriminación hacia las personas LGTBI tras poner en marcha la campaña «Las leyes de adoctrinamiento sexual». Por eso exigen «la intervención del Fiscal General del Estado», dado que no hubo respuesta ni se produjo acción penal alguna ante su denuncia previa, condenando esta «nueva llamada al odio hacia las personas trans, que ahora circula en forma de un autobús ‘transfóbico’ por las principales ciudades españolas y solicitamos una pena por incitación al odio, además de pedir a instituciones, partidos políticos, organizaciones sociales y entidades LGTBI que se posicionen públicamente al respecto.

Para Conocer mejor qué es HazteOir

 ¿Qué es el Yunque?

La terminología delitos de odio se ha acuñado para definir a una categoría de conductas que presentan como factor significativo y común la presencia de un elemento motivador, el odio y la discriminación. Los delitos de odio son aquellos incidentes que están dirigidos contra una persona motivados por un prejuicio basado en: La discapacidad. La raza, origen étnico o país de procedencia. La religión o las creencias. La orientación e identidad sexual. La situación de exclusión social. Cualquier otra circunstancia o condición social o personal.

Cualquier persona puede ser víctima de un delito de odio, con independencia de que pertenezca al grupo al que va dirigida la hostilidad o prejuicio. Estas acciones pueden efectuarse contra las personas o la propiedad, Ministerio del Interior.

Fuente Domanzanas/ Cáscara Amarga/ EstoyBailando/AmbienteG/Universogay

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Primer espacio residencial para mayores LGTB en Mánchester

Martes, 28 de febrero de 2017
Comentarios desactivados en Primer espacio residencial para mayores LGTB en Mánchester

a-1024x752Un informe de la LGBT Foundation, una ONG de soporte a las personas LGTB del área de Mánchester, muestra como la soledad y el aislamiento se agravan en las personas mayores que forman parte del colectivo. Como respuesta, el Ayuntamiento de Mánchester, con la colaboración de otras organizaciones, ha anunciado la construcción de un espacio residencial destinado a mayores LGTB con el que poder paliar las desigualdades a las que se enfrentan. Más de 7.000 personas por encima de los 50 años se identifican como LGTB en Mánchester, una cifra que se espera que aumente en las próximas dos décadas.

El informe de la LGBT Foundation destaca, aparte de la soledad y el aislamiento, el miedo a ser discriminado en los centro de mayores y el deseo de encontrar un lugar seguro donde reconocerse como LGTB sin tener que volver al armario con el paso de los años. Para mejorar esta situación el consistorio de la ciudad inglesa ha decidido, en el contexto de su plan para proteger y mejorar el derecho a la vivienda digna, promover la creación del que será primer espacio residencial para mayores LGTB con la colaboración de la propia LGBT Foundation, de StoneWall Housing y la Agencia de Viviendas y Comunidades.

El espacio contará con con personal formado con experiencia y una cuota de al menos un 51% de residentes LGTB (ya que está abierto a las personas heterosexuales también). Además, se aceptarán mascotas, ya que su compañía se considera muy positiva para las personas mayores.

Iniciativas muy necesarias

Estudios llevados a cabo en diferentes países (Estados UnidosIrlanda, ItaliaNueva ZelandaReino Unido o la propia España) muestran desde hace años que las personas mayores LGTB se enfrentan a situaciones de soledad con mayor frecuencia que sus coetáneos heterosexuales. Muchos ancianos LGTB tienen un menor apoyo de sus familias que las personas mayores en general, ya que pocos tienen hijos que se hagan cargos de ellos, y muchos han roto sus vínculos con sus familias. La ausencia de redes de apoyo familiar hace, además, que los mayores LGTB recurran a servicios de apoyo social externos, como la atención primaria de salud o los servicios sociales, que no están bien preparados para atender sus necesidades. Otro motivo de preocupación importante para muchos mayores LGTB es la reacción ante su orientación sexual de los trabajadores de los servicios sociosanitarios de los cuales van, en muchos casos, a depender.

Por eso son tan necesarias este tipo de iniciativas, de las que lamentablemente no nos llegan demasiados ejemplos (hace ya tres años que recogimos una iniciativa similar en Suecia).

Fuente Dosmanzanas

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Experto ONU evaluará violencia y discriminación de personas LGBT en Argentina

Martes, 28 de febrero de 2017
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1437358680El experto llegará a Buenos Aires el uno de marzo para una visita de diez días y se reunirá con representantes del Gobierno federal, de los gobiernos provinciales y de ONG del ámbito LGTB.

El experto en derechos humanos de las Naciones Unidas Vitit Muntarbhorn realizará su primera visita oficial a Argentina la próxima semana para evaluar los avances en la eliminación de la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) en el país.

Muntarbhorn, primer experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual y la identidad de género nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, investigará en ese país suramericano diferentes formas de violencia y discriminación.

“Estoy particularmente interesado en las reformas y políticas legislativas que se han implementado en Argentina para proteger a las personas que son objeto de violencia y discriminación debido a su orientación sexual o identidad de género, y para crear un ambiente inclusivo”, señaló en un comunicado.

El experto llegará a Buenos Aires el uno de marzo para una visita de diez días y se reunirá con representantes del Gobierno federal y de los gobiernos provinciales, así como con individuos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas relacionados con los derechos de las personas LGBT en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.

“La visita me permitirá identificar no sólo buenas prácticas, sino también problemas existentes para los que daré recomendaciones concretas con el objetivo de combatir la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género“, agregó Muntarbhorn.

Fuente Cáscara Amarga

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Eslovenia estrena ley de uniones civiles entre parejas del mismo sexo

Lunes, 27 de febrero de 2017
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78529-slovenia-flagEste viernes ha entrado en vigor en Eslovenia la ley de uniones civiles, que concede a las parejas del mismo sexo todos los derechos asociados al matrimonio salvo los referidos a la homoparentalidad (la capacidad de adoptar hijos o de recurrir a técnicas de reproducción asistida). El primer artículo de la ley, de hecho, enuncia de forma explícita que la unión entre personas del mismo sexo “no es un matrimonio”. Con la aprobación hace varios meses de esta ley la clase política esolovena buscaba resarcir, de alguna manera, al colectivo LGTB después de que un referéndum promovido desde sectores católicos anulase la ley de matrimonio igualitario que previamente su Parlamento había aprobado. 

El peso del catolicismo en Eslovenia ha acabado obligando a este país a desandar lo andado. Ya en 2014 el Gobierno esloeno presentó un nuevo proyecto de uniones civiles abierto a las parejas del mismo sexo análogo al ahora aprobado (también otorgaba los mismos derechos que el matrimonio, exceptuando la adopción y el acceso a la reproducción asistida). La iniciativa quedó en suspenso debido a unas elecciones anticipadas. El Gobierno entrante, finalmente, decidió aparcar el proyecto de ley y apostar por la igualdad jurídica plena. La ley de matrimonio igualitario era finalmente aprobada en marzo de 2015. Sin embargo, a instancia de grupos contrarios a los derechos LGTB, el Parlamento esloveno se vio obligado a fijar para diciembre de 2015 la convocatoria de un referéndum para derogarla. A pesar de que la ley fue respaldada por una amplísima mayoría de los representantes políticos (51 votos favorables frente a 28 en contra), sus detractores lograron reunir las firmas suficientes para obligar a convocar una consulta popular con el fin de invalidarla.

Aunque inicialmente el Parlamento denegó la posibilidad del plebiscito, el Tribunal Constitucional no consideró pertinente su negativa, por lo que finalmente tuvo lugar. En el referéndum, los votos contrarios a la ley superaron la mitad de los emitidos (llegaron al 63%) y el 20% del censo electoral esloveno, por lo que se cumplieron los requisitos legales para que la normativa fuera derogada. Imposible olvidar, por cierto, el papel que desempeñó el papa Francisco, que pocos días antes del referéndum quiso dar su apoyo expreso a los partidarios de prohibir el matrimonio igualitario y contribuir de esta forma a la victoria del bando homófobo.

El referéndum tenía una validez de un año, pero el Gobierno esloveno no quiso jugar más la carta de la igualdad plena, al menos por el momento, y decidió entonces dar su apoyo una ley de uniones presentada por el diputado Jani Möderndorfer, del socioliberal Partido Moderno del Centro (SMC). En marzo de 2016 recogíamos precisamente el apoyo expreso del primer ministro, Miro Cerar, al proyecto (Cerar es el lider del SMC, antes conocido de hecho como Partido de Miro Cerar). Finalmente fue aprobado el 21 de abril de 2016 por 54 votos a favor y 15 en contra. El 24 de mayo la ley era publicada oficialmente, y diez meses después, el 24 de febrero de 2017, ha entrado en vigor. De hecho ya para este sábado se esperaba la celebración de varios enlaces.

Numerosos medios tanto generalistas como LGTB han dado por hecho que Eslovenia se incorpora de esta forma al grupo de países que gozan de matrimonio igualitario. En modo alguno, sin embargo, puede considerarse así, dado que la ley aprobada lo que hace es crear una institución jurídica distinta a la del matrimonio, aunque le conceda parte de los derechos asociados a este. Así lo enuncia, de hecho, el artículo primero de la ley (a la que puedes acceder en este enlace). Es una situación distinta, por ejemplo, a la que en 2010 se produjo en Portugal, que sí aprobó la apertura del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo, aunque les prohibiese inicialmente la adopción. La ley actualizaba la definición de matrimonio en el Código Civil, retirando el anacrónico “de sexo diferente” y permitiendo de esa forma que la misma institución jurídica pudiese ser utilizada por parejas del mismo o de distinto sexo, pero incluía una cláusula expresamente discriminatoria que impedía a los matrimonios del mismo sexo optar a la adopción. Una discriminación a la que se puso fin en 2016.

Intento (fracasado) de un nuevo referéndum

El que la ley de uniones civiles haya entrado en vigor no significa que los contrarios a los derechos LGTB no hayan intentado también promover un referéndum para impedirlo. En este caso, tanto el Parlamento esloveno como el Tribunal Constitucional denegaron el permiso para recoger las firmas necesarias, alegando que suponía una utilización abusiva de un mecanismo al que en Eslovenia es relativamente sencillo recurrir para bloquear leyes aprobadas por el Parlamento (bastan 40.000 firmas para solicitarlo, aunque los criterios para considerarlo aprobado sean más restrictivos).

En cualquier caso, felicitamos a Eslovenia por el avance respecto a la situación anterior, que la sitúa como uno de los paises del centro y este de Europa más avanzados en materia LGTB. Confiemos en que el paso del tiempo permita además que la discriminación acabe por desaparecer (el plebiscito que derogó el matrimonio igualitario tenía una validez de un año, plazo tras el cual el legislativo podría aprobar una nueva ley de matrimonio igualitario). Veremos si es así.

Fuente Dosmanzanas

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Nuevo México da el primer paso para prohibir las “terapias reparadoras” en menores

Lunes, 27 de febrero de 2017
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jacob-picture-5-200x300Buenas noticias desde Estados Unidos: el Senado de Nuevo México, en el suroeste del país, ha aprobado un proyecto de ley para prohibir las peligrosas e inútiles “terapias reparadoras” en menores de edad. De salir adelante la iniciativa, se convertirá en el séptimo estado o territorio estadounidense en vetar el uso de estos pretendidos tratamientos en la población más vulnerable a los daños que provocan.

El Senado de Nuevo México aprobó el pasado viernes, por 32 votos a favor frente a solo seis en contra, un proyecto de ley para prohibir el uso de las llamadas “terapias” reparadoras o de conversión en menores. También perseguirá toda publicidad o promoción de las mismas que las presente como un método útil para cambiar la orientación sexual o la identidad de género. La iniciativa partió del senador demócrata abiertamente gay Jacob Candelaria (en la imagen).

El proyecto continuará su tramitación en la Cámara de Representantes, controlada al igual que el Senado por los demócratas. Su aprobación definitiva parece, por tanto, muy probable. Cuando entre en vigor, cualquier profesional sanitario (médico, psicólogo u otros) que lleve a cabo estas prácticas en menores o las publicite como efectivas se enfrentará a multas y a la pérdida de su licencia.

El uso de “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad ha sido ya prohibido en cinco estados norteamericanos, además de en la capital de los Estados Unidos. California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y los estados de OregónIllinois y Vermont, el año pasado.

En Europa la pionera ha sido Malta, que aprobó una ley en este sentido el pasado diciembre. En España, el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de todo el país emitía la semana pasada un comunicado en el que recuerda que las intervenciones que prometen “curar” la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras

A nivel internacional, en marzo del año pasado tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Dosmanzanas

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Luis Asúa, rival de Cristina Cifuentes en las primarias del PP madrileño, contrario a que su partido defienda los derechos de las personas LGTB

Lunes, 27 de febrero de 2017
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luis_asua_gaysluis-asua-cristina-cifuentes-300x172Luis Asúa, en el centro junto a Federico Jiménez Losantos. | Twitter

Colegas denuncia que Luis Asúa considere que los derechos LGTB son de izquierdas y no una prioridad del PP.

Significativas declaraciones las de Luis Asúa, el candidato que se enfrentará a Cristina Cifuentes por el control del Partido Popular de Madrid. Asúa, que fue concejal del Ayuntamiento de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón y viceconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, ha criticado a Cifuentes por promover leyes en favor de los derechos de las personas LGTB, algo que a su juicio “es una bandera de la izquierda”.

Posiblemente hay una parte importante de escenificación del juego “poli bueno-poli malo”, pero es también innegable que la actitud de la presidenta madrileña en materia LGTB provoca malestar en los sectores más reaccionarios, tradicionalmente alineados a sangre y fuego con el partido de Rajoy. Cifuentes, para más inri, es partidaria del derecho de las mujeres a decidir la interrupción del embarazo. Una combinación que la ha puesto en el punto de mira de organizaciones ultraconservadoras como HazteOír e incluso de varios obispos madrileños, que tras la aprobación de la ley madrileña contra la LGTBfobia no dudaron en acusar a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” y hacer un llamamiento a la desobediencia civil a la ley.

La ley madrileña contra la LGTBfobia, recordemos, recibió el apoyo de todo el espectro político madrileño (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos). Impulsada por el Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes, el hecho de que el PP no disponga de mayoría absoluta en la Asamblea permitió de hecho que los grupos de la oposición enriquecieran el texto durante la tramitación parlamentaria de acuerdo a las reivindicaciones de los colectivos LGTB. La histórica votación quedó solo empañada por la ausencia de dos diputados del PP que no quisieron dar su apoyo a la ley, Luis Peral (ya dimitido) y David Pérez, alcalde de Alcorcón.

No fue el caso, por cierto, de la ley integral de transexualidad, aprobada por PSOE, Podemos y Ciudadanos después de consensuar el proyecto con los colectivos LGTB y de padres y madres de menores transexuales. El PP, en este caso, decidió abstenerse. Cifuentes estaba dispuesta a aprobar una ley, y de hecho había presentado por sorpresa una propuesta propia meses antes, pero prefirió finalmente no sumarse a un proceso no liderado por su partido.

Merecida o no, la imagen de Cristina Cifuentes como política pro-LGTB es utilizada ahora por sus rivales internos para debilitarla en el proceso de primarias. En una entrevista en el programa matinal de EsRadio, la cadena radiofónica de Federico Jiménez Losantos, Luis Asúa aseguraba, al ser preguntado por “las leyes pro-LGTB de Cristina Cifuentes” que estas “son banderas de la izquerda, que deberían promover la izquierda y que el Partido Popular nunca puede estar a la cabeza”. Asúa también mostraba su desacuerdo con el hecho de que los dos diputados que se negaron a votar la ley contra la LGTBfobia fuesen multados por su grupo parlamentario.

A día de hoy pocos dudan de que Cifuentes, que al fin y al cabo cuenta con el respaldo de Mariano Rajoy, será elegida presidenta del PP madrileño, una organización que bajo el mandato de su predecesora, Esperanza Aguirre, se convirtió por cierto en un auténtico cenagal de corrupción. Será interesante ver, en cualquier caso, lo que sucede en un proceso de democracia interna inédito en ese partido y los apoyos que su rival es capaz de concitar, entre los cuales estarán sin duda los del sector más ultramontano. El resultado, el 12 de marzo.

Por su parte, en un comunicado, Colegas-Confederación LGBT Española ha denunciado este jueves que el expresidente del PP de Chamberí y candidato a presidir el PP de Madrid, Luis Asúa, considere que “los derechos LGBT son de izquierdas y no una prioridad del PP”.

La asociación hizo estas declaraciones en alusión a la entrevista que Asúa ha concedido a esRadio, en la cual, indica la confederación, escucharon con “estupefacción, incredulidad y desagrado” que “el autoproclamado rival de Cristina Cifuentes haya declarado que las leyes y los derechos LGBT son banderas de la izquierda y que el PP debería ser tibio en estos temas”.

El presidente de Colegas, Paco Ramírez, manifestó que “los derechos LGBT no son ni de izquierda ni de derecha”, sino “simplemente derechos humanos, y quien no lo quiera entender así se retrata como alguien intolerante, reaccionario y fundamentalista”. “Vuelve a no decir la verdad cuando afirma que la mayoría en el partido no quiere promocionar los derechos LGBT”, criticó Ramírez, cuando, según él, “es la minoría integrista el lastre constante que ha tenido el partido en su normalización de la lucha por los derechos LGBT, y por lo que aún demasiadas personas consideran al partido como un partido homófobo y poco receptivo a la hora de incorporar en su seno las reivindicaciones de la población LGBT”. Por último, manifestó que “me pareció muy cobarde su opción de no incorporar la maternidad subrogada como una necesidad imperiosa de la población en el último congreso del partido”, con el objetivo de “no evidenciar la desunión del partido presionada por esa minoría intolerante y que tiene una influencia sobredimensionada”.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara Amarga

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