La organización ultraconservadora HazteOír, responsable de la recientes campañas de odio contra las leyes autonómicas que protegen a las personas LGTBI y contra los menores trans y sus familias, ha querido preguntar a sus socios, donantes y simpatizantes su opinión tanto sobre esta última campaña como sobre sus próximos pasos a seguir, a través de una encuesta difundida a través de su lista de correo. Dosmanzanas ha tenido acceso al correo electrónico en el que Ignacio Arsuaga, su presidente, comunica los resultados. Os contamos los más significativos…

En primer lugar, Arsuaga deseaba conocer la opinión de sus simpatizantes sobre el autobús tránsfobo. Un 82,7% de los que han respondido (cuyo número total no revela) la consideran positiva, frente a un 17,3% que no la ven así. Un 83,6% creen que la campaña ha ayudado a hacer visible ante la opinión pública las “leyes de adoctrinamiento de género, silenciadas por los medios y los líderes políticos [sic]“, frente a un 16,4% que responden negativamente a esa pregunta.

Por otra parte, un 14,3% de las personas que han respondido consideran que la campaña “solo ha servido para atacar a colectivos LGTBI”, mientras que un 12,2% creen que los mensajes del autobús eran ofensivos o insultantes. De hecho, un 13,2% creen directamente que el autobús “promueve el odio”. Datos que parece haber sorprendido al propio Arsuaga. “No es un porcentaje muy alto, pero sin duda nos indica que debemos afinar más nuestro mensaje y evitar que nadie pueda sentirse atacado en la nueva fase que estamos preparando”, asegura el presidente de HazteOír, que ya tiene preparado su próximo objetivo: la ley de igualdad y no discriminación presentada por los colectivos LGTBI en el Congreso. “Esta ley, que muchos analistas han llamado la ‘Ley Mordaza de Podemos’, podría ser un mazazo a nuestros derechos como padres y pondría a nuestros hijos a merced del adoctrinamiento sexual más feroz que podamos imaginar”, explica. Pocas sorpresas, en este aspecto.

Las prioridades de los simpatizantes de HazteOír

Sin embargo, sí que nos ha llamado la atención otro dato de la encuesta. HazteOír preguntaba a sus simpatizantes qué campaña le parecía “más urgente”. Además de por la campaña “a favor de la libertad de educación y contra el adoctrinamiento de género (es decir, en contra de las leyes que protegen a las personas LGTBI)” esta organización preguntaba por posibles campañas sobre el aborto, la corrupción política, la libertad religiosa, el terrorismo yihadista y la unidad de España.

Pues bien, parece que el odio LGTBfóbico es el sentimiento que más parece motivar a estas personas. El 31,1% consideran que la más urgente era la campaña contra las leyes que protegen a las personas LGTBI, por encima incluso de una campaña contra el aborto, tradicional “bestia negra” de este tipo de organizaciones (29,7%) y muy por delante de una campaña por la libertad religiosa (13,2%), por la unidad de España (10,9%) la corrupción política (9%) o el terrorismo yihadista (6,1%). Están claras cuáles son sus prioridades:

En definitiva, que tras la pausa veraniega HazteOír amenaza con una continuación de su campaña de odio contra las personas LGTBI. Una organización, por cierto, a la que el Gobierno del Partido Popular sigue sin retirarle el estatuto de “entidad de utilidad pública” que le concedió en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha permitido al grupo ultraconservador aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades.

Fuente Dosmanzanas

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La Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE) y Teresa Rodríguez (Podemos).

PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo para promover de forma conjunta una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en Andalucía, después de que el pasado mes de octubre el Parlamento andaluz aprobara la toma en consideración de sus dos proyectos, que diferían, sobre todo, en el tratamiento legal de la transexualidad en menores. Tras el acuerdo, la preferencia explícita que el proyecto de Podemos daba a la voluntad del menor sobre la de sus padres a la hora de autorizar tratamientos de bloqueo hormonal durante la pubertad (algo a lo que se negaba en redondo el PSOE) queda sustituida por una redacción más genérica, que sigue considerando como valor supremo el derecho del menor al libre desarrollo de su personalidad, pero sin establecer preferencias explícitas en su articulado.

El Parlamento andaluz aprobó en octubre la toma en consideración de dos proposiciones de ley. La del texto de Podemos recibió el apoyo de todos los grupos de la cámara andaluza, salvo de los socialistas (ello no significa que el resto de grupos estuvieran de acuerdo con su articulado, sino con el hecho de que el proyecto debía tramitarse). La toma en consideración del texto del PSOE recibió el respaldo unánime de la cámara, incluyendo el de Podemos, que esperaba que el trabajo parlamentario permitiese hace confluir ambas propuestas.

¿Cuál fue la causa de que se presentasen dos proposiciones? Podemos optó por presentar una propuesta surgida del trabajo colaborativo con varios colectivos LGTB andaluces, especialmente ambiciosa en materia de transexualidad en menores. Su texto, por ejemplo, daba preferencia a la voluntad de los menores transexuales sobre la de sus padres y tutores a la hora de autorizar tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad o para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad, salvo orden judicial en contra. Un elemento que iba en la línea de respetar al máximo el derecho de autodeterminación de género, pero con el que el PSOE estaba en desacuerdo. No es algo nuevo: ya cuando se discutió la ley integral de transexualidad de Andalucía el abordaje de la atención sanitaria a los menores fue uno de los principales puntos de discordia entre los colectivos transexuales y el PSOE, que entonces gobernaba con IULV-CA. Finalmente se llegó a una solución de compromiso: la ley reconocía el derecho de los menores “a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención en la etapa de la pubertad, de conformidad con las recomendaciones médicas internacionales en materia de transexualidad” pero se prefirió no entrar detalles y remitir a lo que dijesen otras leyes. “En todos los casos, la atención sanitaria que se les preste se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, aprobada por el Parlamento de Andalucía, y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica”, añade de hecho aquella ley.

El PSOE, por su parte, prefirió elaborar un proyecto alternativo de ley de igualdad y no discriminación, que en lo que se refiere al respeto a la voluntad de los menores trans remitía simplemente a esos mismos textos de la ley integral de transexualidad que se aprobó en 2014.

Finalmente, después de varios meses de tiras y aflojas, ambos partidos han llegado a un acuerdo para retirar sus dos textos y presentar uno conjunto. El texto acordado mantiene el derecho de los menores trans a recibir tratamiento hormonal en el momento adecuado para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su misma edad e identidad, pero la formulación que daba preferencia explícita a su voluntad sobre la de sus padres será sustituida, según adelantaba Infolibre, por una fórmula que garantiza “el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores conforme a su identidad sexual” y establece que la administración velará para que los padres “desarrollen adecuadamente sus responsabilidades”, garantizando “el interés superior del menor”. A la espera de conocer el texto definitivo, parece que ambos partidos han cedido: el PSOE acepta que la ley reconozca de forma expresa el derecho de los menores trans al tratamiento hormonal, mientras que Podemos acepta que la preferencia de la voluntad de los menores sobre la de sus padres (que el PSOE rechazaba que figurase de forma explícita en el texto) se refleje de una forma mucho más genérica.

Posible acuerdo unánime

El acuerdo entre PSOE y Podemos, que juntos tienen mayoría absoluta en el Parlamento andaluz (aunque PSOE gobierna gracias a un acuerdo con Ciudadanos) garantiza que la ley saldrá adelante. Es esperable, en cualquier caso, que lo haga también con el apoyo tanto de Ciudadanos como de IULV-CA (que en el Parlamento andaluz es una fuerza independiente de Podemos).

La incognita será lo que haga el PP, aunque en Andalucía este partido mantiene posiciones más abiertas que en otras comunidades respecto a los derechos LGTB. De hecho, durante el debate de la toma de consideración de los anteriores proyectos, la portavoz popular, Esperanza Oña, reconocía expresamente que el texto de Podemos era “más avanzado”. Un posicionamiento que abre la puerta a que el texto pueda ser aprobado por unanimidad, como ya sucediera en 2014 con la ley integral de transexualidad. Ojalá sea así.

Fuente Dosmanzanas

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Manifestación LGTB de 1977 en Barcelona. (Foto de Colita).

La Sexta recupera las primeras imágenes grabadas inéditas de la primera manifestación del Orgullo tras la muerte de Franco (Barcelona, 1977)

“No somos maricones, somos transexuales”. “Queremos que nos dejen en paz”.

Ese mismo día hubo otra manifestación en Sevilla y una concentración en Madrid.

Este año además de celebrarse el World Pride de Madrid se conmemoran los 40 años de la primera manifestación del Orgullo en España.

En 1977 unas 4.000 personas tomaron las Ramblas de Barcelona para protestar por el trato que recibían las personas LGTB en aquella época. Hasta hoy habíamos podido ver imágenes de la marcha, muchas de ellas tomadas por Colita, una de las fotógrafas que estuvo allí.

Barcelona, Ramblas, 26 de junio de 1977. Primera manifestación del Orgullo LGTBI (entonces “Orgullo Gay”) tras la muerte del dictador. Unas cuatro mil personas, según recogía La Vanguardia en una pequeña noticia en la página 25 de su edición del 28 de junio, marcharon por el centro de la ciudad convocadas por el Front d’Alliberament Gai De Catalunya para reclamar amnistía para las personas condenadas por su orientación o identidad sexual y la derogación de la todavía vigente ley de “peligrosidad social”. Una manifestación pacífica, pero que no se libró, en el último momento, de las cargas policiales al llegar a la altura de Canaletas.

Momentos históricos, de los que hasta ahora la inmensa mayoría solo teníamos testimonio gráfico gracias a unas pocas fotografías, una de las cuales, la de la varias personas trans, se ha convertido ya en uno de los iconos de la lucha LGTB en España. En un encuentro celebrado hace unos días en el Hotel Axel de Barcelona, Colita explicaba la sorpresa que supuso que se celebrara esa manifestación y la poca sorpresa que supuso para los manifestantes que aparecieran los grises para disolverla a base de disparos de pelotas de goma.

Cuarenta años después gracias a La Sexta, han trascendido imágenes grabadas, que hasta hoy no sabíamos ni que existían, de la que sucedió aquel día, gracias a José Romero, por entonces un joven aficionado al cine de 32 años, que las grabó una cámara super ocho y un magnetófono. “Miedo teníamos todo, pero bueno, decidimos que teníamos que salir y que teníamos que dar la cara”, asegura cuarenta años después. Una grabación recuperada ahora por La Sexta. Un tesoro que os invitamos a disfrutar:

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Un adolescente tunecino de 16 años ha sido condenado a 4 meses de prisión, acusado de mantener relaciones homosexuales. Aunque no se presentó evidencia alguna que respaldara la acusación, el Tribunal de Menores consideró la negativa del adolescente a someterse a la infamia de un examen anal como prueba suficiente de su culpabilidad. El joven, dada su minoría de edad, cumplirá la sentencia en un centro correccional de menores.

Según fuentes cercanas, el joven cuenta con 16 años de edad y es huérfano de madre, mientras que su padre está ingresado en prisión. Suele alojarse en un centro social de Susa, aunque es frecuente que se vea obligado a pedir refugio y comida. La detención se produjo el pasado mes de mayo, cuando el adolescente se encontraba en casa de tres amigos, todos ellos mayores de edad, que le habían acogido. Los cuatro fueron detenidos en base al artículo 230 del Código Penal tunecino, que castiga las relaciones homosexuales.

Mientras que sus acompañantes aún están a la espera de juicio, el adolescente, debido a su edad, ha sido juzgado por el Tribunal de Menores de la localidad de Susa. Tras su detención fue puesto en libertad, con la condición de presentarse a juicio el pasado martes 20 de junio. Sin embargo, al no acudir a la corte, ha sido condenado en ausencia.

La única evidencia presentada en su contra ha sido su negativa a someterse a los infames exámenes anales, al considerar que eran un atentado contra su dignidad humana (recordemos que están considerados por las asociaciones de defensa de los derechos humanos como una forma de tortura). Para el juez, este rechazo ha bastado como prueba de culpabilidad, y ha condenado al adolescente a una pena de cuatro meses de prisión. Debido a su minoría de edad, deberá cumplir la sentencia en el centro correccional de menores de Sidi El-Hani.

La asociación tunecina Shams ha condenado la sentencia en los siguientes términos: “Shams condena firmemente la condena a prisión de un menor de16 años por homosexualidad, y recuerda que se trata de un adolescente sin domicilio fijo, que encontró refugio con unos amigos para resguardarse y comer (su madre murió y su padre está en la cárcel). Además, no se ha probado nada contra él, y, aunque fuera gay, la estancia en prisión no cambiará su orientación sexual, porque la homosexualidad no es un delito, ni una enfermedad, ni una opción”.

La hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos

Fuente Dosmanzanas

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La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, a propuesta del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha aprobado de forma casi unánime la propuesta de que España lidere una iniciativa en el marco de Naciones Unidas que dé lugar a una Convención Internacional de Defensa y Protección de los Derechos LGTBI en el mundo. Ojalá que el Gobierno tome nota y las buenas intenciones de los grupos políticos allí representados (incluido el PP) se transformen en hechos.

“Hoy hemos logrado algo inédito en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso: aprobar por 35 votos a favor y una sola abstención (del representante de Unión del Pueblo Navarro) nuestra proposición para adoptar en el marco de Naciones Unidas una Convención Internacional de Derechos LGBTI”, se felicitaba el grupo parlamentario de UP-ECP-EM, cuyo portavoz en la Comisión es Pablo Bustinduy, coordinador de la secretaría internacional de Podemos. Ello ha sido posible tras negociar con el resto de grupos la siguiente enmienda transaccional (reproducimos literalmente):

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1. Tomar la iniciativa a nivel internacional y promover, en el ámbito de las Naciones Unidas, la adopción de una “Convención Internacional sobre la aplicación de las normas relativas a los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual e identidad de género” basada en los Principios de Yogyakarta de 2006 y que sirva para amparar y proteger al colectivo frente a las concretas discriminaciones y violaciones que sufren.
2. Promover que la Unión Europea en sus relaciones exteriores, en particular con los países de nuestra vecindad y con aquellos países que disfrutan de un estatuto privilegiado en su relación con la Unión, adopte un papel mucho más activo e impulse medidas tendentes a hacer que se respete, que se protejan y se hagan efectivos los derechos de las personas LGBTI.
3. Incluir, en coherencia con las prioridades de España en materia de derechos humanos, los derechos de la población LGBTI en sus relaciones bilaterales, en particular con aquellos países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.
4. Apoyar a las defensoras y defensores de los derechos del colectivo LGBTI frente a la persecución que sufren en muchos países en defensa de los derechos humanos.
5. Defender y promover el apoyo internacional al nuevo y primer Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.
6. Reforzar el mandato del Embajador en Misión Especial para los Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho para incidir más en la defensa y promoción de los derechos humanos del colectivo LGBTI.

Los promotores de la iniciativa buscan ahora crear un grupo específico de trabajo y presionar al Ministerio de Asuntos Exteriores para que dé los pasos necesarios. “Nos ponemos a disposición de todos los grupos parlamentarios y del Gobierno para conseguirlo: queremos que este sea un empeño de Estado, que España dé un paso adelante en la escena internacional y que -liderando los trabajos de esta Convención- nos haga sentir orgullosos de nuestro país, poniéndose a la altura de nuestra sociedad”, han expresado.

El experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género, recordemos,  es el tailandés Vitit Muntarbhorn, un prestigioso profesor de Derecho Internacional, que fue nombrado hace solo unos meses para ese puesto. Un nombramiento que fue recibido con gran satisfacción por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del colectivo LGTB. Muntarbhorn, de hecho, fue uno de los juristas que participaron en la elaboración de los mencionados Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados en noviembre de 2006 (y que puedes descargar en su integridad aquí).

Una oportunidad de que España recupere protagonismo en materia LGTBI

La aprobación de esta propuesta casi por unanimidad es una muy buena noticia. Falta, sin embargo, que el Gobierno de España recoja el guante y aproveche la oportunidad para devolver a nuestro país a la primera línea en defensa de los derechos LGTBI, una posición que no fue fácil conseguir y que en los últimos años se ha debilitado debido a la inacción del Gobierno de Mariano Rajoy y a la parálisis legislativa.

Un protagonismo internacional que España puede lograr, si hay voluntad, pero que debe acompañarse como mínimo de la aprobación del proyecto de ley por la igualdad y contra la discriminación de las personas LGTBI promovido desde el activismo y de una actualización de la legislación de identidad de género, propuesta que presentó el PSOE que acabe con cualquier rastro de patologización de las identidades trans de las leyes estatales. Iniciativas todas ellas para las que supuestamente hay mayoría suficiente en el Congreso y en las que, con independencia de la actitud que finalmente decida adoptar el PP, partidos favorables a los derechos LGTBI como el PSOE, Podemos o Ciudadanos deberían converger, más allá de las legítimas diferencias que mantienen en otros aspectos.

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Las paredes de varias calles de Bagdad han aparecido empapeladas con pósteres que animan a respetar al colectivo LGTB en Irak. Las imágenes se han hecho virales en varias redes sociales y visibilizan el activismo latente en una sociedad marcadamente LGTBfóbica. Ayaz Shalal, subdirector de programas del grupo de derechos humanos de la organización Rasan (con sede en el Kurdistán iraquí) ha dicho que la colocación de estos carteles es “un paso muy valiente”, razón por la que asegura que apoyará a los activistas “hasta el final”. Shalal también considera que estas acciones son una muestra de “cuántos cambios se van a producir en un futuro próximo”, en tanto que “hay un movimiento nacional en todo el país que quiere cambiar algo en la sociedad, pero carece del apoyo adecuado”, al menos por el momento.

Activistas igualitarios anónimos han pegado carteles reivindicativos en las paredes de distintas calles bagdadíes. “Soy igual que tú. La diferencia es la base de la vida”, es el texto que, en árabe, acompaña a los dibujos de varias parejas sexualmente diversas. Un corazón representado con manos pintadas de varios colores encierra las siglas LGTBI. Además de la alusión a las personas intersexuales, teniendo en cuenta cómo se representa, se cree que la “I” puede referirse también a “Irak”.

Desde una perspectiva “occidentalista” puede no parecer una noticia especialmente extraordinaria o relevante, sin embargo, hay que tener en cuenta la difícil realidad del colectivo LGTB en el país. En el territorio ocupado por el Estado Islámico, sin ir más lejos, la diversidad sexual y de género se paga con la vida. Las milicias y los tribunales islámicos, en muchos casos, ejecutan la pena capital (especialmente, aunque no en exclusiva, contra hombres gais o acusados de serlo). En el resto del país, el “escándalo público” está legislado (artículo 403 del Código Penal) con la privación de libertad durante varios años. Como ocurrió hasta 1983 en España, cualquier acto de visibilización LGTB que moleste a las autoridades iraquíes puede ser legalmente reprimido.

Aunque en Bagdad esta clase de activismo es prácticamente inédita por parte de la sociedad civil local, en otras zonas “más libres” ya se han llevado a cabo reivindicaciones similares. En la ciudad de Solimania o Suleimaniya (capital de la provincia semiautónoma del mismo nombre, integrada en el Kurdistán iraquí), la organización proigualitaria Rasan dibujó un mural en una escuela con figuras de parejas sexualmente diversas junto al lema “love is love” (amor es amor).

Precisamente, el subdirector de programas del grupo de derechos humanos de Rasan, Ayaz Shalal, ha dejado claro que, “personalmente, estoy muy impresionado por aquellos que hicieron los carteles y los apoyo hasta el final”. Estas acciones, asegura, son una muestra de “cuántos cambios se van a producir en un futuro próximo”, en tanto que “hay un movimiento nacional en todo el país que quiere cambiar algo en la sociedad, pero carece del apoyo adecuado”, al menos por el momento.

Fuente Dosmanzanas

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Se cierra una nueva puerta al matrimonio igualitario en Alemania. El Tribunal Constitucional de ese país ha desestimado el recurso presentado por Los Verdes contra el bloqueo parlamentario de democristianos y socialdemócratas a tres proyectos de ley para la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo. La gran coalición tiene vía libre para seguir posponiendo una votación sobre el tema en el Bundestag hasta después de las elecciones de septiembre y, de hecho, es lo que volvió a hacer este miércoles. El SPD, además, mantiene las dudas sobre su compromiso con la igualdad matrimonial como condición irrenunciable para entrar en una nueva coalición de Gobierno.

Pocas novedades y mucha frustración en Alemania. Los últimos movimientos políticos y judiciales no son muy halagüeños para la igualdad LGTB. El martes pasado, el Tribunal Constitucional hacía pública su decisión de desestimar el recurso presentado hace un mes por el diputado Volker Beck, incansable promotor de la equiparación de derechos. El político verde pretendía obligar a los partidos del Gobierno, por la vía judicial, a desbloquear la tramitación parlamentaria de los proyectos de ley sobre matrimonio igualitario que llevan gran parte de la legislatura encallados por decisión de democristianos y socialdemócratas.

Concretamente son tres. El primero lo presentó La Izquierda (Die Linke) justo después de las elecciones de 2013, que resultaron en el acuerdo de gran coalición CDU/CSU – SPD. El segundo lo introdujo el grupo de Los Verdes en junio de 2015. Y el tercero lo aprobó el Bundesrat, la cámara alta del Parlamento donde están representados los estados federados, en septiembre de ese mismo año. Los partidos del Gobierno han sacado sistemáticamente del orden del día la discusión en el Pleno de los tres proyectos de ley, que languidecen en la comisión correspondiente del Bundestag.

El inmovilismo es una táctica que les conviene a ambos. A la CDU/CSU de Angela Merkel, por su posición contraria y para evitar la posibilidad de que aparezcan diputados “rebeldes” en sus filas, que voten favorablemente a la igualdad matrimonial. Y al SPD, para no tener que escoger entre rechazar la medida, contraviniendo su programa y sus promesas electorales, o votar a favor, provocando una posible crisis con sus socios de Gobierno. La perdedora de este juego de táctica partidista es la comunidad LGTB y la sociedad alemana en general, donde la igualdad de derechos goza de un apoyo ampliamente mayoritario.

Si los democristianos son coherentes con su posición oficial contraria a la equiparación, los socialdemócratas siguen jugando a la indefinición. En mayo, el ministro de Justicia Heiko Maas anunciaba lo que parecía un compromiso, y así lo recogimos, con la igualdad matrimonial como condición irrenunciable para entrar en una nueva coalición de Gobierno: “No me puedo imaginar que el SPD firme un acuerdo de coalición en el que el matrimonio para todos no esté incluido. Es una cuestión de justicia”. Pues bien, la dirección del partido ha decidido no incluir una propuesta de SPDqueer, el grupo LGTB del SPD, para fijar sobre papel precisamente la posición innegociable del partido sobre la igualdad matrimonial. La iniciativa se habría discutido en la convención de la que saldrá el programa electoral de los socialdemócratas y que tendrá lugar el próximo fin de semana.

El otro gran partido de centroizquierda, Los Verdes, sí que ha reafirmado su compromiso con el matrimonio igualitario en su programa electoral: “Con nosotros no habrá ningún acuerdo de coalición sin matrimonio igualitario”. Los democristianos de la CDU, por su parte, no descartan un acuerdo a nivel federal con la formación ecologista, con la que ya gobiernan en los Länder de Baden-Wurtemberg y Hesse. En ese caso, las posiciones inmovilistas de la CDU podrían flexibilizarse, según admite (a su pesar) el portavoz de política interior de la formación democristiana. En definitiva, todo dependerá de la correlación de fuerzas que salga de las elecciones de septiembre, para la que las últimas encuestas auguran de nuevo un claro triunfo de la formación de Merkel y la entrada de los liberales del FDP y la extrema derecha de AfD.

Fuente Dosmanzanas

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Un tribunal nigeriano ha liberado sin cargos a dos hombres acusados de mantener relaciones homosexuales. La decisión se ha tomado después de que la defensa lograra demostrar que las confesiones que ambos efectuaron se habían obtenido con coacciones y malos tratos por parte de la policía. Aun así, los dos acusados han descrito su estancia en prisión provisional como “un infierno” del que apenas esperaban sobrevivir. De haber sido condenados, se hubiesen enfrentado a penas de hasta 14 años de cárcel.

El pasado mes de diciembre, la policía de la localidad nigeriana de Benin City procedió a la detención de Paul Frank, de 31 años, y Christian Ejimofor, de 22. Ambos fueron acusados de “conocimiento carnal ilegal”, por mantener relaciones homosexuales, así como de robo y conspiración. Según el fiscal del caso, O. A. Enebabor, los supuestos delitos se habían cometido “entre el 14 y el 17 de diciembre”.

Tras una audiencia preliminar que tuvo lugar el 4 de enero, se dictó prisión provisional para los dos detenidos, que habían confesado los hechos en las dependencias policiales. Cuando ya habían pasado 50 días en prisión, Tom Malanga, un abogado que desarrolla su labor en los Estados Unidos, tuvo conocimiento del caso a través de los medios de comunicacion y quiso ofrecer sus servicios. En contacto con sus afiliados en Nigeria, solicitó fianza para ambos, que el juez fijó en 200.000 nairas (570 euros, 636 dólares) para cada uno.

Con la representación legal adecuada, se inició la vista el pasado 30 de mayo, con una Fiscalía que desplegó en principio toda su dureza. Sin embargo, la defensa objetó la presentación de unos vídeos en los que se mostraban las confesiones de ambos acusados, alegando que estas habían sido conseguidas bajo coacción, y que sus defendidos habían sido golpeados por los agentes de policía. El tribunal aceptó la alegación, impidiendo que los vídeos fueran presentados como evidencia. En ese momento, dado que no podía presentar más pruebas, la Fiscalía decidió retirar los cargos, y el juez dictó la libertad definitiva de los acusados.

Tom Malanga, sin embargo, también quiso denunciar públicamente el trato inhumano que habían recibido sus defendidos durante su estancia en prisión, donde fueron objeto de todo tipo de abusos y violencia. El infame maltrato había llegado hasta el punto de que Christian Ejimofor presentaba tras su liberación graves síntomas de desnutrición y un estado de salud muy delicado. Ambos describieron su estancia en la cárcel como “un infierno”, al que apenas hubieron podido sobrevivir unos pocos días más.

Debido a ello, el abogado Tom Malanga efectuaba las siguientes declaraciones tras el juicio: “Me siento lleno de orgullo y felicidad por que este día haya llegado, aunque todavía me enfurece que algo así haya sucedido, y también me entristece que haya otras personas LGTB cuyas detenciones no han sido dadas a conocer en los medios y están ingresadas en prisiones nigerianas en estos momentos”.

Fuente Dosmanzanas

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Histórico pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Rusia al considerar que las leyes que prohíben la difusión de “propaganda homosexual” a menores violan los artículos 10 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Por seis votos contra uno (este último de un juez ruso), el alto tribunal europeo considera que este tipo de leyes atentan contra la libertad de expresión y violan el principio de no discriminación por razones de orientación sexual. 

En noviembre de 2013 informábamos de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había decidido iniciar el procedimiento contra las leyes homófobas de tres regiones rusas, todas ella previas a la ley federal contra la “propaganda homosexual” aprobada por el Parlamento ruso en junio de 2013. En concreto, Ryazan, Arkhangelsk y San Petersburgo fueron las tres primeras regiones rusas en aprobar leyes que impiden informar positivamente de homosexualidad en cualquier ámbito al que tengan acceso menores. Ello supone que ni marchas del Orgullo ni cualquier otro tipo de manifestaciones públicas, ni programas contra el acoso escolar, ni información sobre salud sexual, ni cualquier cuestión que un juez considere susceptible de ser entendida como “propaganda homosexual” pueden tener lugar. En definitiva, un instrumento para que la homosexualidad quede reducida a una conducta privada, invisible a los ojos de la sociedad, y estrangular el activismo LGTB.

Fueron esas leyes las que dieron lugar al inicio del procedimiento, a raíz de las denuncias de tres activistas LGTB rusos: Nikolai Bayev, Aleksei Kiselev (al que por cierto España concedió asilo en 2013) y Nikolai Alekseev (el más conocido mediáticamente). Activistas que durante los años previos violaron intencionadamente las leyes para así conseguir agotar las sucesivas instancias de la justicia rusa y acabar ante la justicia europea. En concreto, lo hicieron manifestándose delante de una bibioteca pública en Arkhangelsk, de un instituto de Educación Secundaria en Ryazan y de un edificio administrativo en San Petersburgo, mostrando pancartas con textos como “Rusia ocupa el primer lugar del mundo en sucidios de adolescentes. Entre ellos, una gran proporción son homosexuales” o “Los niños tienen el derecho de saber, en virtud del artículo 13 de la Convención de Derechos del Niño. Los grandes hombres pueden ser gais. La homosexualidad es normal”.

Tres años y medio después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les ha dado la razón, tras evaluar de forma conjunta las diferentes legislaciones aprobadas en Rusia sobre la materia, que culminaron finalmente con la ley estatal. En concreto, el alto tribunal considera que estas leyes violan el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, referido a la libertad de expresión, así como el artículo 14, referido al principio de no discriminación.

Violación del artículo 10

Por lo que se refiere al artículo 10 (libertad de expresión), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que los argumentos de Rusia, basados en que la necesidad de regular el debate público sobre la realidad LGTB tiene como fin legítimo proteger la moralidad, no son aplicables en este caso, al entender que están basados en una concepción sesgada por parte de una mayoría (la heterosexual) contra una minoría (la homosexual). Según el alto tribunal, ello atenta contra el consenso europeo sobre los derechos de las personas a reconocerse como gais, lesbianas, transexuales o bisexuales así como a disfrutar de sus correspondientes derechos y libertades.

El alto tribunal tampoco acepta otro argumento de Rusia: la necesidad de proteger la salud. De hecho, considera incluso contraproducente para la salud pública la imposibilidad de informar sobre riesgos asociados a determinadas prácticas sexuales así como los métodos de prevención.

Por lo que se refiere a la preocupación de que los menores puedan “convertirse” en homosexuales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que Rusia ha sido incapaz de demostrar, en contra de la evidencia científica disponible, que sea posible modificar la orientación sexual de una persona en base a la información externa que recibe. El alto tribunal tampoco considera que los mensajes por los cuales los demandantes fueron condenados atentasen contra los derechos de los menores ni fueran sexualmente explícitos o agresivos. De hecho, estima positivo para la cohesión social que los menores sean expuestos a “ideas de diversidad, igualdad y tolerancia”.

El alto tribunal, por último, considera que las definiciones y disposiciones de la legislación rusa son vagas y en la práctica dan lugar a un margen potencialmente “ilimitado” de aplicación. Citan, por ejemplo, el hecho de que una de las manifestaciones por las cuales los demandantes fueron condenados tuviera lugar frente a un edificio administrativo de San Petersburgo, un lugar que bajo ningún concepto puede considerarse específicamente destinado a su uso por menores.

Violación del artículo 14

Más sencilla es la argumentación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lo referido al artículo 14, al considerar que el hecho de que la legislación rusa de forma expresa considere que las relaciones entre personas del mismo sexo son de naturaleza inferior a las de las relaciones heterosexuales supone una clara y evidente violación del principio de no discriminación.

Condena

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en definitiva, considera la legislación rusa sobre la materia contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos y condena al Estado ruso a pagar  8.000 euros a Nikolai Bayev, 15.000 euros a Nikolai Kiselev y 20.000 euros a Nikolai Alekseev, además de las correspondientes costas.

“El mensaje de Estrasburgo es alto y claro. Las personas LGTBI merecen igualdad, no son una amenaza y no pueden ser obligadas a esconderse. Estas leyes discriminatorias perpetúan el prejuicio, y de hecho han sido dañinas para el interés público”, se ha felicitado la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, en un comunicado emitido nada más conocerse la sentencia. “Esperamos que esta importante sentencia atraiga la atención internacional. Es una decisión vital, y no solo para los activistas LGTBI y de derechos humanos que trabajan en Rusia. Envía un mensaje poderoso a activistas de otros países que están combatiendo propuestas legislativas igual de restrictivas”, ha añadido.

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es vinculante para Rusia, cuya justicia deberá tenerla en cuenta en cualquier procedimiento abierto por la infracción de la legislación homófoba si no quiere acabar enfrentandose a nuevas condenas. ILGA Europa ya ha pedido a las autoridades rusas que, a la luz de las argumentaciones contenidas en el fallo, procedan a su reforma. Veremos sí es así.

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El Parlamento lituano rechazó el jueves pasado una iniciativa para el reconocimiento legal de las parejas del mismo y de distinto sexo en forma de uniones civiles. La medida habría supuesto un paso importante en la igualdad LGTB en el país báltico, que carece de cualquier regulación al respecto y tiene blindada una definición excluyente del matrimonio en su Constitución. Los activistas, sin embargo, han reaccionado con un moderado optimismo al constatar que los votos favorables al proyecto de ley han superado las expectativas.

Derrota agridulce en Vilna: la votación parlamentaria sobre la iniciativa para regular las uniones civiles entre dos personas con independencia de sus sexos se ha saldado con el rechazo de 59 diputados, frente al apoyo de 29 y la abstención de otros 20. El proyecto de ley del Movimiento Liberal (LRLS), que cuenta con 14 de los 141 escaños del Parlamento unicameral, se basaba en una enmienda al Código Civil para posibilitar el registro legal de las parejas del mismo o de distinto sexo, en un acto ante un notario. La diputada liberal Viktorija Čmilytė-Nielsen defendió la medida como un paso hacia la equiparación de Lituania con las demás democracias occidentales.

A pesar del fracaso, la Liga Gay Lituana ha querido ver la parte positiva: la medida ha recabado apoyos individuales más allá del LRLS, tanto en el gobernante Partido Socialdemócrata (LSDP) como en los democristianos, en la oposición junto a los liberales. La organización cree que es un signo del apoyo creciente a la equiparación de derechos en el país báltico.

Se trata del segundo intento en este sentido en los últimos años. Una iniciativa sobre uniones civiles presentada en 2015 por nueve diputados socialdemócratas y liberales se topó con el rechazo del entonces primer ministro Algirdas Butkevičius (LSDP). A pesar de que una comisión parlamentaria decretó su plena constitucionalidad, la medida no llegó a tramitarse y “murió” con las elecciones de octubre del año pasado. Unos comicios de los que salió un Gobierno de coalición presidido por los agraristas y con los socialdemócratas como socio menor.

El nuevo Gobierno, mientras tanto, ha introducido otra posibilidad, que no satisface a los activistas. Se trata de un acuerdo de convivencia entre dos o más personas, que pueden ser pareja, amigos o parientes, para regular ciertos derechos de propiedad conjunta. El texto del proyecto excluye explícitamente el reconocimiento de los integrantes en el acuerdo de convivencia como una realidad familiar. Fue aprobado en primera lectura a finales de mayo.

Por lo limitado de su alcance, la diputada liberal Aušrinė Armonaitė calificó la iniciativa de los agraristas de “escupitajo en la cara” de las parejas del mismo sexo que aspiran a regularizar su unión. La propuesta de su grupo tiene el objetivo de “legislar sobre relaciones familiares que se derivan de una vida en pareja, no de un préstamo bancario conjunto”, añadió para defender su postura. Si se aprobara en el futuro, Lituania se uniría a Estonia, el único de los Estados bálticos con una ley de uniones civiles. Estonia, además, reconoció el pasado enero por primera vez un matrimonio del mismo sexo celebrado legalmente en el extranjero.

Luces y sombras de la realidad LGTB en Lituania

Salvo algunos gestos recientes, Lituania lleva un tiempo avanzando de manera preocupante hacia posiciones cada vez más intransigentes con la realidad LGTB. En octubre de 2010 entró en vigor la reforma que prohíbe la “manifestación y promoción” de contenidos publicitarios referidos a orientación sexual. Una prohibición que afecta a servicios publicitarios dirigidos a toda la población, y no solo a menores. Poco antes, en marzo de 2010, había entrado en vigor la ley de “de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública” con el objetivo de obstaculizar la información positiva sobre diversidad sexual. Y aunque su versión inicial fue corregida por las protestas, su redacción definitiva sigue estigmatizando la información sobre homosexualidad.

En septiembre de 2014 informábamos sobre la prohibición de un inocente spot contra la homofobia, en base a esta legislación. En enero de 2015, un diputado lituano lanzaba veladas amenazas precisamente contra LGL, a la que acusaba de “jugar con fuego” con “provocaciones” que podrían costarles un ataque como el sufrido por la revista satírica Charlie Hebdo en París. Ese mismo mes, un tribunal lituano calificaba de “excéntrica” la foto en la que una pareja gay aparece besándose y descartaba actuar ante las amenazas homófobas que habían recibido sus protagonistas.

En noviembre de 2015  recogíamos una noticia con un cariz algo más positivo: el Parlamento del país decidía eliminar del orden del día la votación de una ley contra la llamada “propaganda homosexual” similar a la vigente en Rusia. La propuesta sigue viva, no obstante, y los activistas LGTB temen que pueda ser votada en cualquier otro momento en el que la presión europea se relaje aún más.

En febrero del año pasado, las autoridades de inmigración del país denegaron el permiso temporal de residencia a un hombre de nacionalidad bielorrusa casado en Dinamarca con un ciudadano lituano, contraviniendo abiertamente la directiva que consagra el derecho de los nacionales de países de la Unión Europea y sus familiares a residir libremente en cualquier país de la Unión. Hace solo un mes, sin embargo, el país báltico sorprendía positivamente al conceder asilo a dos refugiados perseguidos en Chechenia a causa de su orientación sexual.

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La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT en el País Valenciano (FeSP-UGT PV) ha lanzado “Visibilitzar en els Serveis Públics”, una campaña que busca “sensibilizar y dar a conocer la diversidad sexual y las formas en que debemos luchar para eliminar la LGTBIfobia de nuestros lugares de trabajo”. Se trata de la primera campaña vídeo-publicitaria de sensibilización sobre la discriminación del colectivo LGTBI dirigida expresamente a trabajadores del sector público.

La iniciativa parte, en concreto, de la Secretaría de Movimientos Sociales Socials de la FeSP-UGT PV, coordinada y dirigida por Maripau García. “Nuestra labor como representantes de las trabajadoras y los trabajadores incluye la defensa de las personas más vulnerables en el ámbito laboral por tanto debemos garantizar que no hay ningún tipo de discriminación hacia las personas LGTBI , ya sea mediante el uso de un lenguaje homófobo, actitudes excluyentes , acoso y cualquier otra circunstancia. Nuestro objetivo es convertir los servicios públicos en espacios libres de LGTBIfobia y lograr un ambiente de trabajo en el que las personas se sientan libres de poder expresar su sexualidad sin temor a las consecuencias. Una persona que no visibiliza su sexualidad estará excluida de determinados derechos laborales como el pedir permisos familiares que implican visibilizar a su pareja. Tenemos que garantizar la igualdad de trato y la visibilidad que conlleva la normalización y la aceptación de la diversidad”, explican desde este sindicato.

Para ello, se han elaborado inicialmente tres vídeos, que forman parte de una serie de acciones que comenzaron con la elaboración de un primer díptico (que puedes descargar aquí) y que tendrán continuidad con una serie de jornadas en diversos puntos de la geografía valenciana.

Insertamos a continuación los tres vídeos de la campaña (en valenciano, pero creemos que muy fácilmente comprensibles para un castellanoparlante). Cada uno de ellos cuenta una historia de LGTBIfobia que tiene lugar en tres ambientes laborales distintos: la sanidad, la educación y los cuerpos de seguridad (bomberos, en este caso). Más abajo, insertamos un cuarto vídeo explicativo de los promotores de la campaña en la que estos explican (en castellano, en este caso) cómo se fraguaron las tres historias y sus razones:

Si deseas saber más sobre la campaña, descargar material relacionado o contribuir a difundirla puedes acceder a toda la información en la web www.visibilitzar.org

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Podrían aprender de él los obispos españoles…

El obispo John Stowe ha sido ya noticia en esta página por presidir una oración en un encuentro de católicos LGTB. Ahora vuelve a merecer ser puesto de relieve por su posición en uno de los temas más delicados de la Iglesia institucional en su relación, precisamente, con las personas LGTB: la retirada de puestos de responsabilidad, y en el peor de los casos los despidos, de personas LGTB en instituciones católicas. Sus palabras tienen especial relevancia porque podrían ayudar a personas cuyo medio de vida depende de un sueldo en instituciones católicas.

John Stowe, obispo de Lexington (Kentucky), es franciscano. Hace pocas semanas ya nos referimos a él por presidir una ceremonia de oración en un encuentro de católicos LGTB. Se trataba, en concreto, de un encuentro de New Ways Ministry, una organización norteamericana que trabaja por la inclusión de las personas LGTB en la Iglesia católica, y en presencia de gente de la significación de la hermana Jeaninne Gramick, una de las figuras más prominentes en este campo. Ahora vuelve a ser noticia porque en una entrevista realizada con motivo de su participación en ese mismo encuentro se ha pronunciado sobre el despido de personas LGTB de instituciones católicas.

Según el relato de la entrevistadora, Patricia Lefevere, “Cuando se le preguntó a Stowe cómo creía que la Iglesia debía responder a los casos de empleados LGTB —muchos de los cuales habían sido despedidos de posiciones en la Iglesia mantenidas durante mucho tiempo cuando sus matrimonios del mismo sexo se hicieron públicos o alguien los hizo públicos— remarcó que la iglesia debe ser consistente y no discriminatoria en su trato con sus empleados. ‘Debemos preservar nuestra tradición e integridad como iglesia’, dijo. ‘Nos arriesgamos a contradecirnos a nosotros mismos si queremos que nuestros empleados cumplan las enseñanzas de la Iglesia mientras nosotros no vivimos según nuestras enseñanzas, que siempre se han opuesto a la discriminación de todo tipo’. Stowe consideró que la iglesia podía encontrar una vía para ‘defender nuestra libertad religiosa sin violar los derechos humanos de nadie”.

En el contexto de los Estados Unidos, las declaraciones de Stowe son importantes porque tienen lugar precisamente en medio de un goteo de casos de discriminación hacia las personas LGTB desde que el matrimonio igualitario comenzó a ser una realidad en ese país, y sobre todo desde que el Tribunal Supremo extendiera ese derecho a todo su territorio. No solo se trata, de hecho, de personas que se casan con sus parejas: lo exacerbado de los ánimos hace que el mero hecho de saberse que es LGTB (incluso defender sus derechos públicamente) puede suponer problemas. En algunas ocasiones, la justicia ha acabado dando dado la razón a los despedidos, pero en otros, la ausencia de legislaciones contra la discriminación de las personas LGTB a nivel de los estados lo impide. Recientemente, ha cobrado también protagonismo el caso de personas trans que han visto negado su tratamiento en hospitales católicos, incluso con cancelaciones de última hora.

Pero la relevancia de sus declaraciones va más allá de los Estados Unidos y afecta a todas aquellas regiones en las que la Iglesia católica tiene un peso importante, como España o América Latina. Sobre todo, merecen ser destacadas porque suponen una interesante argumentación para acabar con los despidos o las retiradas de sus funciones a personas LGTB sin necesidad de un cambio doctrinal. Como señala el propio Stowe, se puede apelar a ser fieles a la propia doctrina de no discriminar para mantener a estas personas en sus puestos.

Con razón podrá argumentarse que este enfoque se queda corto, pero en el terreno práctico podría marcar una importante diferencia, crucial para quienes trabajan o cooperan en instituciones católicas de diverso tipo y no pueden permitirse esperar a una revisión de la doctrina para tener tranquilidad en sus empleos. Hay que tener en cuenta, sumando las instituciones educativas, sanitarias o de otra índole que están administradas de uno u otro modo por la Iglesia católica, que el número de personas afectadas es elevado. Hablamos, además, de un derecho fundamental: el derecho al trabajo.

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Solo entre 2014 y 2016 se registraron en Berlín más de 400 casos de agresiones físicas, insultos o amenazas contra refugiados LGTB. Es lo que se desprende de las estadísticas recogidas por tres organizaciones LGTB que brindan su apoyo a estas personas en la capital alemana. La dura situación del colectivo, que sufre una doble discriminación xenófoba y LGTBfoba, ha vuelto al debate público a raíz de una pregunta del diputado regional Tom Schreiber, del Partido Socialdemócrata (SPD).

Schreiber registró su interpelación el pasado 15 de mayo ante la Cámara de Diputados, el Parlamento unicameral del estado de Berlín. La respuesta del departamento de Justicia, Protección al Consumidor y Antidiscriminación hace referencia a los casos atendidos por tres asociaciones LGTB: Lesbenberatung Berlin, Mann-O-Meter y LSVD de Berlín. Los datos agregados de estas organizaciones contabilizan un total de 411 refugiados que solicitaron su ayuda tras haber sufrido ataques de carácter LGTBfobo. En la mayor parte de los casos se trataba de hombres gais, seguidos de personas trans y, a mayor distancia, mujeres lesbianas.

Un dato quizás aun más grave es que 47 de estas agresiones fueron procedieron del personal de seguridad de los centros de acogida donde viven los refugiados. En dos de estos casos tuvo lugar violencia física y en otros dos, agresiones sexuales. Las asociaciones han registrado un total de 86 casos, entre 2015 y 2016, de ataques homófobos y tránsfobos contra solicitantes de asilo perpetrados por funcionarios de la Administración.

El Gobierno de la ciudad-estado berlinesa ha anunciado una serie de medidas para abordar este problema, algunas de las cuales ya se han puesto en marcha. El tripartito de izquierdas de SPD, Verdes y Die Linke (La Izquierda) ha puesto en marcha, entre otras medidas, alojamientos específicos para refugiados LGTB y personas de contacto a las que dirigirse en caso de ser víctima de ataques. También se publicará un manual sobre pautas de actuación ante la violencia machista y LGTBfoba en los centros de acogida.

Los refugiados LGTB, un colectivo doblemente vulnerable, no solo se ven obligados a escapar de la guerra, sino que en muchos casos se ven a su vez despreciados y acosados por sus propios compatriotas que huyen también del horror. Por no hablar del trato que reciben en muchos de los lugares a los que consiguen huir. Ya en enero del año pasado denunciábamos la penosa situación de un gran número de refugiados LGTB en Berlín, obligados a dormir en la calle ante la inseguridad a la que se enfrentan en los centros de acogida no diferenciados. Y en diciembre de 2015 nos hacíamos eco de cómo cinco demandantes de asilo gais que llegaron a Ámsterdam procedentes de Siria, Irak e Irán tuvieron que ser trasladados a un piso de acogida específico a causa de las amenazas e insultos de carácter homófobo recibidos de parte de otros refugiados.

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Malas y buenas noticias en relación al resultado de las elecciones del Reino Unido y el colectivo LGTB. En la parte negativa destaca el nombramiento de David Lidington como ministro de Justicia (que en este país recibe el nombre de “secretario de Justicia”), un cargo que compaginará con el de lord canciller. Lidington ha consolidado con los años un marcado perfil LGTBfóbico del que, hasta el momento, no parece querer desprenderse, como sí hiciera en su momento la primera ministra, Theresa May. Desde el punto de vista positivo cabe señalar que la representación abiertamente LGTB en la Cámara de los Comunes ha aumentado un 40%, hasta alcanzar los 45 diputados. Se trata de la composición parlamentaria con mayor diversidad sexual en la historia del Reino Unido.

Los conservadores, liderados por Theresa May, han ganado las elecciones, pero han perdido la mayoría absoluta, registrándose una fuerte subida de la izquierda. El adelanto de dos años en las urnas, planteado para reforzar la figura de May en las negociaciones sobre el llamado “brexit” del Reino Unido (su salida de la Unión Europea), se ha convertido en un pulso fallido. May ya ha dejado claro que, a pesar de todo, no entra en sus planes dimitir y todo apunta a que llegará a un acuerdo de gobernabilidad con el DUP (el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte). Gracias a este acuerdo, a los 317 parlamentarios conservadores se sumaría el voto de los 10 unionistas. Entre ambos superan los 326 necesarios para alcanzar la mayoría en la Cámara de los Comunes.

El noviembre de 2015  recogíamos cómo, por quinta vez consecutiva, el matrimonio igualitario era rechazado por la Asamblea de Irlanda del Norte, el único territorio del Reino Unido en el que todavía no es legal. Precisamente, las maniobras del DUP, el próximo socio de Theresa May, han impedido el avance de derechos del colectivo en este territorio. A finales de 2016, la primera ministra de Irlanda del Norte, Arlene Foster, afirmaba que seguiría bloqueando el matrimonio igualitario tantas veces como le fuera posible.

Sin embargo, el pasado mes de marzo se despertaron nuevas expectativas para el matrimonio igualitario en Irlanda del Norte. En las elecciones norirlandesas, el DUP perdía su capacidad de bloquear la medida, al caer por debajo de los 30 escaños. Con este historial homófobo, que se suma a posiciones retrógradas en otras materias, no parece muy alentador que el DUP gane influencia en el ámbito global del Reino Unido, cuando ya había perdido gran peso político en la propia Irlanda del Norte.

El perfil LGTBfóbico del nuevo ministro de Justicia

Teniendo en cuenta los antecedentes recogidos en las líneas anteriores, no parece de extrañar que el nombramiento de David Lidington como ministro de Justicia (que en el Reino Unido recibe el nombre de “secretario de Justicia”) responda a un guiño hacia los unionistas norirlandeses, por su marcado perfil LGTBfóbico.

Lidington, que también desempeñará el cargo de lord canciller, tiene una visión heteronormativa del matrimonio y fue uno de los 47 diputados contrarios a la ley de uniones civiles en 2004 (una institución jurídica específica para parejas del mismo sexo, que otorgaba a estas derechos similares a los del matrimonio).

El que será el próximo ministro de Justicia del Reino Unido votó dos veces en contra del matrimonio igualitario. En su opinión, “el matrimonio no solo sirve para proporcionar amor mutuo y compromiso, sino también para la procreación y el cuidado de los niños”. Lidington, asimismo, se opuso a una enmienda a la Ley de Adopción e Infancia para permitir la adopción homoparental. Y remontándonos más en el tiempo, entre 1998 y 1999 también votaba tres veces en contra de la reducción de la edad de consentimiento para las relaciones entre personas del mismo sexo de 18 a 16 años, para equipararla con la edad legal establecida para las relaciones heterosexuales.

A diferencia de la propia Theresa May, David Lidington no ha hecho ningún propósito de enmienda en relación a sus posturas LGTBfóbicas. En 2010 May era nombrada ministra de Interior e Igualdad del Reino Unido, despertando el enfado de organizaciones igualitarias y del activismo LGTB. Siendo diputada conservadora, May votó en 1998 en contra de igualar la edad de consentimiento para mantener relaciones homosexuales a la de las relaciones heterosexuales (al igual que Lidington). En el año 2000 se opuso a derogar la vergonzante Sección 28, heredada de la era Thatcher, que prohibía hablar de homosexualidad en las escuelas públicas. Tanto en 2001 como en 2002, May votó en contra de la adopción por parejas del mismo sexo.

En 2004, como muchos de sus compañeros conservadores, May sí que votó a favor de la ley de uniones civiles. Ese mismo año, no obstante, May ni siquiera acudió al Parlamento a votar la ley de identidad de género (similar a la española). Tampoco acudió a votar la importantísima ley de igualdad, que establece normas contra la discriminación LGTBfóbica. En 2011 sorprendía su anuncio de avanzar hacia el matrimonio igualitario, en lo que se llegó a calificar como un giro en lo referente a los derechos del colectivo LGTB.

45 diputados LGTB en el Reino Unido

La representación abiertamente LGTB en la Cámara de los Comunes ha aumentado un 40%, hasta alcanzar los 45 diputados (de un total de 650). Se trata de la composición parlamentaria con mayor diversidad sexual y de género en la historia del Reino Unido. En los comicios de 2015 la comunidad contaba con 32 representantes LGTB. Casi 100 años después de que se modificara la ley para permitir que las mujeres se convirtieran en parlamentarias, ahora representan el 32% de la Cámara Baja. También ha habido un aumento en los diputados que estudiaron en escuelas públicas, así como un impulso para la representación de personas con algún tipo de discapacidad.

Fuente Dosmanzanas

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La Iglesia Episcopal de Escocia aprueba celebrar matrimonios gay

Vota a favor en un Sínodo en Edimburgo

Sus autoridades se muestran “complacidas” por “acercar la Iglesia” a la sociedad

La Iglesia Episcopal escocesa se ha convertido en la primera Iglesia cristiana en Reino Unido en celebrar los matrimonios homosexuales en su interior. Este hito se ha logrado después de que el Sínodo de Edimburgo votara eliminar la restricción que limitaba los enlaces a personas de diferente sexo, según ha informado este jueves la BBC.

El Sínodo General de la Iglesia episcopaliana de Escocia ha aprobado, por una clara mayoría, la reforma de su canon para abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Se trata de la rama escocesa de la comunión anglicana, una iglesia que aunque cuenta con pocos fieles (es la tercera del país, tras la Iglesia de Escocia y la Iglesia católica) sí tiene peso simbólico. Escocia, recordemos, aprobó el matrimonio civil igualitario en febrero de 2014, en un proceso independiente al de Inglaterra y Gales.

La votación necesitó el respaldo de dos tercios de la cámara de obispos y ha dejado a la Iglesia escocesa en una posición complicada, ya que la mayor parte de la comunidad anglicana ha expresado su desacuerdo con la decisión.La modificación del canon de la Iglesia episcopaliana ha sido aprobado por mayoría de las tres cámaras que componen el Sínodo: la de los obispos (4 votos a 1, un 80% a favor), la de los clérigos (42 votos a 20, un 67,7% a favor) y la de los laicos (50 votos a 12, un 80,6% a favor).

El matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizó en Escocia a finales de 2014 y tanto la Iglesia de Escocia como la Católica Romana se opusieron a esta medida, provocando un intenso debate. Sin embargo, la primera aprobó el pasado mes de mayo un informe para permitir a los sacerdotes celebrar este tipo de enlaces en el futuro.

De esta forma, la regulación del matrimonio en el seno de la Iglesia episcopaliana de Escocia deja de considerar el matrimonio solo como la unión de un hombre y una mujer e incluirá un reconocimiento expreso de que el matrimonio puede ser entendido de formas diversas. Eso sí, ningún sacerdote de la Iglesia episcopaliana será obligado a celebrar bodas entre personas del mismo sexo si no lo desea.

John Armes, obispo de la Iglesia Episcopal, en declaraciones al medio británico ha expresado su satisfacción porque las parejas puedan casarse en ella y así “estar bendecidas por Dios”. También se ha mostrado “complacido” por “acercar nuestra Iglesia” a esa parte de la sociedad.

De las tres iglesias principales de Escocia, la episcopaliana es sin duda la más inclusiva. Ya en 2011, con el proceso de discusión del matrimonio igualitario ya abierto en el país, el reverendo David Chillingworth, obispo de Saint Andrews, Dunkeld y Dunblane y primado de la Iglesia, se mostraba a favor. “Si tras el periodo de consultas el Gobierno de Escocia y el Parlamento creen que deben legislar esta materia, creo que están en su derecho a hacerlo”, expresaba entonces. Sobre la posibilidad de que su iglesia hiciera lo propio también dejaba claro su postura favorable, aunque respetando los correspondientes procedimientos. “Jesús no llamó a la iglesia a ser una ciudadela de ortodoxia. Él fue constantemente criticado por pasar su tiempo con personas que no se ajustaban a los patrones convencionales y que eran consideradas inaceptables por los demás”, declaró.

Finalizado el correspondiente proceso, que dio inicio en 2015, Chillingworth se ha mostrado feliz por el resultado. “Al eliminar el requisito del género de nuestro canon matrimonial, nuestra iglesia afirma que una pareja del mismo sexo no solo está casada, sino que está casada a los ojos de Dios”, ha asegurado. Chillinworth ha reconocido que esta decisión puede resultar dolorosa para una parte de la Iglesia episcopaliana, pero está convencido de que ahora comienza un “camino de reconciliación”.

Anglicanismo: una comunión dividida por la inclusión de las personas LGTB

La aceptación de la homosexualidad en la comunión anglicana es todavía desigual entre sus diferentes jerarquías e iglesias, si bien los avances inclusivos que ha experimentado una parte de esta rama del cristianismo distan mucho de las posiciones inmovilistas que sigue manteniendo, por ejemplo, la Iglesia católica.

La Iglesia episcopaliana, rama estadounidense de los anglicanos, es sin duda la que abrió camino. Ya en 2003 eligió al primer obispo abiertamente gay, Gene Robinson. Y en 2010 fue la primera en romper con la moratoria autoimpuesta durante varios años por la comunión anglicana tras el nombramiento de Robinson y comenzar a ordenar de nuevo obispos y obispas abiertamente homosexuales. En 2012 aprobaba también la ordenación de personas transexuales. También fue la primera iglesia anglicana en celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo.

Un avance al que hace ahora un año se sumaba también la Iglesia anglicana de Canadá, que pocos meses después elegía obispo a Kevin Robertson, abiertamente gay y padre, junto a su pareja, de dos hijos (Roberston se convertía así en el primer miembro de una familia homoparental en ostentar esta dignidad en una iglesia de la comunión anglicana).

En el otro extremo, sin embargo, se sitúan las iglesias anglicanas africanas, algunas de ellas virulentamente homófobas. Una situación inestable que en los últimos años ha colocado al anglicanismo al borde de un cisma que sin embargo no acaba de producirse.

¿Y las otras iglesias de Escocia?

La que es iglesia principal del país, la Iglesia de Escocia (una iglesia presbiteriana que carece de obispos y que no pertenece al ámbito anglicano) también ha iniciado su correspondiente camino inclusivo. En 2016, de hecho, aprobó la ordenación de pastores casados civilmente con personas del mismo sexo, una vez que una mayoría de presbiterios dieron su visto bueno. Ello no supuso la aprobación del matrimonio religioso igualitario ni obligaba a las congregaciones más conservadoras, que siguen contando con la libertad de refrendar a sus pastores, aunque no es de esperar que pase mucho tiempo antes de que dé el paso.

Lo que no se puede decir, obviamente, de la segunda iglesia de Escocia en número de fieles, la Iglesia católica (que aún así mantiene a nivel local posiciones que contrastan, por ejemplo, con las de la Iglesia católica española: hace pocos meses, por ejemplo, hacíamos referencia a la aprobación de un plan de “escuelas seguras” para alumnos LGTB en los colegios católicos escoceses).

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Mientras que en España los obispos insisten en el discurso homófobo (baste recordar las recientes palabras de Xavier Novell, el joven obispo de Solsona), en otros lugares la Iglesia católica da pasos en favor de la inclusividad. Hoy el ejemplo nos llega desde Australia, en concreto desde una corporación de escuelas católicas. Son iniciativas que no ponen en cuestión la doctrina oficial de la Iglesia (eso es algo que depende del Vaticano) pero que si van en la dirección adecuada.

En parte por convicción, en parte porque la legislación les obliga, lo cierto es que en diversas partes del mundo las escuelas católicas van introduciendo medidas de inclusión de su alumnado LGTB. En esta misma página hemos hablado ya de una iniciativa en este sentido en Escocia. Otro ejemplo más reciente es el de una corporación de escuelas católicas, Edmund Rice Education, en Australia, que ha elaborado una guía sobre actuaciones inclusivas de los alumnos LGTB y sus familias para sus 52 escuelas. Asimismo, pronto comenzará un programa de formación para los profesores con el objetivo de crear un ambiente más seguro en sus aulas: “No buscamos ser provocativos ni crear divisiones. Nuestra creencia fundamental es en la inclusión: el bullying, el acoso y la discriminación van totalmente en contra de ella y no tienen lugar en nuestras escuelas”, han expresado los promotores de la iniciativa.

En este sentido, se ha publicado una declaración a favor de la inclusión, “Safe and Inclusive Learning Communities Statement“, así como un conjunto de recursos para los directores de colegios, líderes y profesores. Existe además un informe sobre “comunidades de aprendizaje seguras e inclusivas” que puede obtenerse solicitándolo por correo electrónico a info@erea.edu.au.

Sin cuestionar la doctrina oficial de la Iglesia (condición sin la cual este tipo de proyectos no serían viables en este momento), la declaración se remite al actual papa Francisco: “Nuestra Sagrada Escritura nos recuerda que toda persona está hecha a imagen y semejanza de Dios. Por consiguiente, cada persona tiene su propia dignidad inherente y Dios tiene la intención de que crezca hacia su plenitud. Esto significa para EREA [el grupo de escuelas] apoyar a cada joven a que alcance el crecimiento y la liberación mediante el apoyo tanto pastoral como académico y co-curricular. Jesús, el gran incluyente, nos desafía con una visión radical del amor y la inclusión. El papa Francisco asume este reto”.

Entre las recomendaciones, el propio documento señala cuatro tareas como las más urgentes: que cada escuela asuma dentro de su perspectiva global de acción que entre sus alumnos hay personas LGTB; que en los protocolos sobre discriminación se incluyan explícitamente medidas contra la violencia hacia las personas LGTB; la revisión de sus actuales reglamentos y protocolos para asegurar la inclusión; y medidas encaminadas a que sus estudiantes y trabajadores puedan sentirse libres para explorar cuestiones de identidad sexual.

Conviene precisar que la iniciativa tiene lugar en el contexto de la fuerte reacción conservadora hacia el programa Safe Schools contra el acoso escolar por LGTBfobia, al que hace unos meses hicimos ya referencia, promovido en su momento por el propio gobierno australiano, cuyos materiales este grupo de escuelas afirma no poder asumir. Sin embargo, en lugar de instalarse en la negación del problema, han desarrollado materiales propios, basados en una investigación realizada por el jesuita Peter Norden en 2007, quien analizó cómo las escuelas católicas pueden dar un mejor apoyo a los estudiantes LGTB. Una iniciativa que bien podrían replicar centros católicos de otras partes del mundo, como España, en los que el acoso escolar por LGTBfobia permanece absolutamente inivisibilizado.

Fuente Dosmanzanas

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Ampliamos la noticia que publicábamos ayer:

La noticia ha copado titulares en los principales medios del país: estudiantes del Samuel Gili i Gaya, un instituto público de Educación Secundaria de Lleida, se han rebelado contra un profesor de Filosofía que ha asegurado en clase que ser homosexual es “antinatural, es como ser un cojo o un tuerto”. Una noticia que nos deja un sabor agridulce. Por un lado, la reacción de los adolescentes resulta reconfortante. Sin embargo, sorprende que la Generalitat no parezca dispuesta a sancionar al profesor y opte por mediar entre este y los alumnos sin que por el momento conste que haya habido una rectificación de fondo, más allá de unas meras disculpas.

Según la versión de los estudiantes, el profesor, que estaba dando clase a un grupo de 4º de la ESO, aseguraba este lunes, en respuesta a una pregunta de un alumno en el contexto de un debate sobre el amor, que mantener relaciones con alguien del mismo sexo es “antinatural, es como un cojo o un tuerto, es inexplicable”. Al ser preguntado sobre qué opinaba sobre el hecho de que hubiese personas que podían llegar al suicidio debido a afirmaciones de ese tipo, su respuesta fue que estas personas lo que tienen es “un problema psicológico”.

Reproducimos, a continuación, la narración de lo sucedido difundida en redes sociales por una de las alumnas:

Ahora que he acabado de estudiar os explicaré que ha ocurrido hoy en clase de filosofía: Bien, llevábamos días intentando empezar el tema del “amor” (el profesor lo iba evitando como podía) y hoy lo hemos empezado. Mientras él explicaba lo que era usaba el “Amor de hombre y mujer” y ante ello un chico de mi clase le ha preguntado “¿Y entre dos personas del mismo sexo?” Y él ha soltado un: “Eso es la amistad” y todos lo hemos negado.

Entonces ha empezado un debate y el docente ha intentado imponer lo que pensaba, el chico se ha ido de clase cabreado y el profesor ha soltado: “Ser homosexual es antinatural, es como un cojo o un tuerto, es inexplicable. No debería de existir, os están imponiendo la creencia de que hay que respetar a los homosexuales, de la reproducción, que uno no nace homosexual, etc…”. Entonces todos nos hemos ido de clase (al mismo tiempo) diciéndole que eso sí que no se lo tolerábamos.

Bien, cuando se ha encontrado en el pasillo con el chico, él le ha dicho “¿Sabes cuantas personas se suicidan al día por personas como tú?” Y el de filosofía “Eso no es culpa mía ni de nadie, es un problema psicológico.” Encima el profesor se reía en nuestra cara al decirlo. Una chica se ha quedado hablando con él y él le gritaba, hasta que lo ha mandado al carajo. También nos ha amenazado con las notas.”

En definitiva, los alumnos abandonaron el aula en señal de protesta y pusieron el hecho el conocimiento de la directora del centro, Carme Panadés. “Acompañados de dos alumnos de 2º de Bachillerato del sindicato de estudiantes han venido a mi despacho a explicarme lo que había ocurrido”, contaba la directora, que elevaba lo sucedido a la dirección territorial de Educación de Lleida. Su titular, Miquel Àngel Cullerés, explicaba, tras hablar con el profesor el martes por la tarde, que este no había tenido intención de ofender a nadie y que respeta “cualquier tendencia sexual”. Unas explicaciones que parecían querer quitar hierro al asunto. Este miércoles, eso sí, el Departamento de Educación de la Generalitat reconocía que las palabras del profesor eran “reprobables” y que los alumnos habían actuado correctamente “por el sentido crítico y democrático”. En un sentido parecido se ha pronunciado la directora general de Igualdad de la Generalitat, Mireia Mata, que directamente expresaba en redes sociales “todo su apoyo” a los alumnos.

Estos, mientras tanto, elevaban el tono de su protesta con una concentración este miércoles en el que casi doscientos chicos y chicas se expresaban contra la LGTBfobia con banderas arcoíris y carteles reivindicativos, con el apoyo del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans y del colectivo LGTB Colors de Ponent. Por su parte, el Observatori contra l’Homofòbia considera lo sucedido una nueva vulneración de la ley catalana 11/2014 contra la LGTBfobia, cuyo incumplimiento lleva semanas denunciando. “La Generalitat archiva muchos expedientes argumentando que no hay testigos, pues bien, en este caso hay toda una clase para atestiguarlo”, ha declarado por cierto su presidente, Eugeni Rodríguez.

Sin embargo, tanto desde la dirección del centro como desde el Departamento de Educación parecen empeñados en evitar que la denuncia llegue a mayores, a tenor al menos de lo que este miércoles se transmitía a los medios. La directora ha declarado que el profesor enviará una “carta de disculpa” a los alumnos, mientas que desde el Departamento de Educación han avanzado que mediarán entre el profesor y los alumnos para tratar de “reconducir” la situación (de hecho, dos inspectores de Educación ya han hablado con los alumnos). Una tibieza que sorprende ante la gravedad, no ya de los comentarios homófobos en sí mismos, sino del hecho que fueran hechos por un profesor de un centro público y dirigidos a adolescentes…

Por su interés, insertamos a continuación un fragmento de Catalunya Ràdio en el que se entrevista a una de las alumnas que fueron testigos de lo sucedido y se hace un repaso de la situación (está en catalán, pero incluso si no se habla esta lengua creemos que se comprende sin dificultad):

Fuente Dosmanzanas

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Este sábado, 3 de junio de 2017, se han cumplido treinta años desde que Josep Teixidor, más conocido como “Richard” y Jesús Lozano presentasen ante el Registro Civil de Vic (Barcelona) su solicitud para contraer matrimonio. Era el año 1987. Su solicitud fue rechazada, pero Josep y Jesús abrieron el camino que llevaría, en 2005, a la aprobación del matrimonio igualitario en España.

“La petición formal de matrimonio (…) entró en el despacho de la juez titular de Instrucción de Vic, Julia Novellas, con todos los requisitos legales necesarios. La juez reconoce que le causó extrañeza la solicitud, pero la firmeza y la convicción que mostraron los peticionarios (…) hicieron que lo tomara en serio”, contaba el diario El País en un artículo publicado días más tarde. Richard y Jesús tenían por aquel entonces 39 y 19 años. El primero, abiertamente gay, regentaba un bar en Taradell, cerca de Vic. Jesús, bisexual, era cocinero y estaba pendiente de hacer el servicio militar, aunque pese a su edad era ya padre de una niña. Eran pareja desde pocos meses antes y querían hacer lo que otras tantas parejas en su situación: contraer matrimonio.

La petición se chocó de bruces con la realidad jurídica del momento. Ningún país del mundo había legislado todavía el matrimonio igualitario. Holanda, el primero, no lo hizo hasta 2001. Es más: faltaban todavía dos años para que Dinamarca aprobase, en junio de 1989, la primera ley de uniones entre parejas del mismo sexo. Pero a Josep y Jesús no les importó. Como cuenta con detalle Jordi de Planell en Nació Digital, la pareja tomó la decisión después de discutirlo con el periodista Albert Om, un habitual del bar de Richard. “Un día nos explicó que había un vacío legal y que, si lo intentábamos, quizás conseguiríamos casarnos”, explica Richard treinta años después. A través de Om la pareja contactó con el abogado Ferran Font, que los asesoró. Finalmente lo hicieron. Según explica Richard a Nació Digital, aún recuerda la cara de sorpresa del funcionario que los atendió: “El pobre chico no daba crédito”. Albert Om publicó la noticia en El 9 Nou, una publicación local, y a partir de ahí la noticia trascendió a nivel nacional. Richard y Jesús recibieron el apoyo inmediato del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) y de la noche a la mañana se convirtieron en un símbolo de la lucha en favor de los derechos LGTB en una época en la que la visibilidad era considerablemente menor a la de hoy en día. 

Como era previsible, la solicitud de matrimonio fue rechazada: primero por un juez de Solsona, luego en la Audiencia de Barcelona. El primero de los rechazos dio lugar a la que por entonces fue la mayor manifestación en favor de los derechos LGTB de la historia de España fuera de una gran ciudad (el 3 de octubre de 1987, en la Plaza Mayor de Vic, donde se concentraron cerca de 4.000 personas). La lucha se trasladó luego a Madrid, pero se vio interrumpida en 1992. Jesús fue víctima de la drogadicción y aquello acabó con su relación de pareja, y como consecuencia con la batalla legal. Pero su valentía hizo removerse conciencias, tanto dentro del movimiento LGTB (parte del cual rechazaba la idea de pedir el acceso igualitario al matrimonio, una institución que consideraba caduca) como fuera del mismo. La idea de que dos personas del mismo sexo pudieran casarse comenzó a ocupar tribunas de opinión en los medios. A raíz del caso, Magda Oranich y Jordi Petit firmaban, en octubre de 1987, un artículo en El País titulado “La cuestión del matrimonio civiI entre ‘gays’ [aún entrecomillado en el original]“. La primera frase del artículo era la siguiente: “El matrimonio entre gays o lesbianas no ha sido reconocido todavía en ningún lugar del mundo, pero tiene defensores”. Parece mentira que solo hayan pasado 30 años…

En el camino quedó Jesús Lozano, que falleció en 2012. Richard sigue hoy muy vivo. Pero sus nombres son ya historia del activismo, un activismo que a base de valentía y visibilidad ha conseguido importantes avances que a nosotros nos toca consolidar.

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La reacción social contra la homofobia ha conseguido la dimisión del presidente y del secretario de la Asociación de Empresarios de Sada, un municipio coruñés, después de que este último publicase un artículo abiertamente homófobo en un periódico mensual editado por la entidad. ALAS Coruña ha denunciado los hechos ante la Fiscalía y ha convocado para este domingo una concentración de protesta.

Todo empezó con la publicación de un artículo abiertamente homófobo en el número de mayo Mariñán, una publicación editada por la Asociación de Empresarios de Sada, un municipio de A Coruña. Lo firmaba el abogado Eduardo Lorenzo, secretario de esa misma asociación, y se titulaba, literalmente, La homosexualidad es pecado.

El texto, disfrazados de un supuesto asalto a lo “políticamente correcto”, no es más que un lamento por el hecho de que muchos de los derechos de las personas LGTB hayan pasado a ser considerados irrenunciables.  “El fenómeno de la homosexualidad ha pasado de estar perseguido (…) a ser un fenómeno poco menos que intocable y completamente equiparable en derechos a un modelo de familia tradicional”, comenzaba argumentando. “Con la llegada  al poder del Partido Popular en el año 2011 podría pensarse en un cambio de tendencia lesgislativa en el trato hacia este fenómeno (…). Pero nada más lejos de la realidad”, continuaba Lorenzo, molesto por el hecho de que debido a “las presiones del lobby gay” no se hubiese revisado la ley de matrimonio igualitario o la adopción homoparental.

Pero el secretario de la Asociación de Empresarios de Sada no se quedaba ahí. Pasaba a comparar las relaciones homosexuales “donde existen consentimientos otorgados con plena validez por quienes participan de tales actos”, con el incesto y la poligamía, aunque las situaba (en un alarde de generosidad) en un plano éticamente “más elevado” que el bestialismo y la pedofilia.

“Tampoco un servidor discute sus derechos o reivindicaciones (de las personas homosexuales)“, expresaba después, “cosa distinta es que quieran convertir el hablar de estas cuestiones en un tema tabú, poco menos que intocable y sobre el que no cabe debate alguno”, seguía. Lorenzo lamentaba, en este sentido, tener que aceptar “un desfile anual por conocido barrio madrileño, pululando lo grotesco, lo carnavalesco, con engendros, andróginos y estrógenos con patas -las locas, de toda la vida-” y no poder criticarlo (¿?). “Porque una cosa es el homosexual discreto y respetable y otra muy distinta el maricón ostentoso”, acababa el texto.

Homofobia sin tapujos, en definitiva: insultos homófobos tabernarios, la eterna apelación al armario (con esa distinción entre los homosexuales respetables y los “maricones ostentosos” que tanto escuchábamos en décadas pasadas), “lobby gay”… Nada que los que tenemos ya una cierta edad no hayamos escuchado miles de veces, aunque por fortuna cada vez cueste más verlo por escrito. Por eso llama la atención que en un primer momento desde la Asociación de Empresarios de Sada se esforzaran en negar la evidencia: su presidente, Bernardo Valiño (que es también director de Mariñán) atribuía las críticas a “malas interpretaciones”, argumentando que la palabra “maricón” aparece en el diccionario y que se trataba de un artículo “valiente y correcto”. El autor del artículo, por su parte, reivindicaba su derecho a la “libertad de expresión”, asegurando que esta debe estar “por encima de herir ciertas sensibilidades”.

Reacciones y dimisión

El artículo de Eduardo Lorenzo y su defensa por parte del presidente de la Asociación de Empresarios de Sada provocaba una fuerte reacción de repulsa en redes sociales, colectivos LGTB y el propio Ayuntamiento de Sada (gobernado por una coalición de fuerzas alternativas al Partido Popular, que en este municipio no tiene mayoría absoluta). El Gobierno municipal, de hecho, emitió un comunicado en el que rechaza “cualquier manifestación homófoba” y hace un llamamiento a la ciudadanía “a ser activa en la denuncia de estas actitudes ya que, como lamentablemente comprobamos, aun permanecen los perjuicios homófobos, especialmente en comentarios públicos, que atacan la dignidad de las personas LGTB”.

Incluso en el seno de la propia Asociación de Empresarios el malestar era evidente, habiéndose producido un número indeterminado de bajas. En la página de Facebook de la organización, uno de ellos, Fernando Ucha, y en nombre también de otros compañeros, llegaba a calificar lo sucedido de “bochornoso y rozando lo delictivo”. Ucha reclamaba que la Asociación se dedicase a otro tipo de cosas y que se produjese una  regeneración urgente de la entidad para que vuelva ser un motor económico en Sada y no “un elemento de discordia”.

Reacciones que finalmente han llevado a Bernardo Valiño a presentar su dimisión como presidente de la Asociación de Empresarios, tras admitir que había cometido “un error” por publicar un artículo que “ha generado más polémica de la deseada”. Valiño, que no ha pedido perdón por el fondo del artículo cuya publicación autorizó, ha añadido eso sí que “no pretendía ofender a nadie” (sin comentarios). Le acompaña en su dimisión, en esta ocasión como secretario de la entidad, el autor del artículo, Eduardo Lorenzo, que tampoco se desdice de lo escrito.

ALAS denuncia ante la Fiscalía

El colectivo coruñes ALAS no está sin embargo dispuesto a dejar que la homofobia de Lorenzo quede impune, o al menos no sin presentar batalla. Por eso ha presentado ya una denuncia ante la Fiscalía, como han anunciado ya a través de las redes sociales:

El insulto y el odio no deben quedar impunes.Escrito presentado ante la Fiscalia #Coruña Trabajando por los derechos de todxs #SadaDiNon pic.twitter.com/qQgwA9LuFl

— A.L.A.S. A Coruña (@alasacoruna) 2 de junio de 2017

ALAS también convocó este domingo a la ciudadanía de Sada a manifestarse contra la homofobia en la Plaza de San Roque, a las 12:00 horas:

Non faltes mañá a túa cita en #Sada ás 12:00🏳️‍🌈Todxs xuntxs fronte o odio e a homofobia #SadaDiNon pic.twitter.com/DaeiEkfU5b

— A.L.A.S. A Coruña (@alasacoruna) 3 de junio de 2017

Imágenes de la concentración:

Nuestro secretario @MrCarlosEmilio tomando la palabra en #SadaDiNon “Aún queda mucho para alcanzar la igualdad real” #LeyIgualdadLGTBI pic.twitter.com/cHmTiVtX58

— A.L.A.S. A Coruña (@alasacoruna) 4 de junio de 2017

Hoxe a cidadanía de #Sada toma a palabra e di non a homofobia #SadaDiNon pic.twitter.com/9cqg3IwAIE

— A.L.A.S. A Coruña (@alasacoruna) 4 de junio de 2017

Fuente Dosmanzanas/A.L.A.S.

General, Homofobia/ Transfobia. A Coruña, ALAS Coruña, Asociación de Empresarios de Sada, Bernardo Valiño, Delitos de Odio, Discriminación, Eduardo Lorenzo, Galicia, Homofobia, Mariñán, Sada

Ampliamos con esta noticia de Dosmanzanas la que ya publicamos hace dos días:

La extenista Margaret Court, de 74 años, convertida hoy en pastora cristiana, ha vuelto a ser noticia estos días por sus declaraciones homófobas. En primer lugar, Court anunciaba su intención de boicotear a la aerolínea australiana Qantas Airways, la más antigua y grande del país, por manifestarse en favor del matrimonio igualitario. Por si esto fuera poco, en una entrevista radiofónica concedida días después aseguraba que el tenis está “lleno de lesbianas” y que los niños transexuales son “obra del diablo”.

La leyenda del tenis australiano, considerada por muchos como la mejor jugadora de la historia (es la única que atesora más títulos de Grand Slam que la americana Serena Williams), anunció su boicot el pasado día 25 de mayo, en una carta publicada por el diario australiano The West Australian.

Court, cuyo apellido da nombre hoy día a uno de los estadios utilizados en el Open de Australia (precisamente uno de los cuatro torneos que conforman el Grand Slam) escribió directamente al director general de Qantas, Alan Joyce, abiertamente gay, para mostrarle su repulsa por el hecho de que la compañía se haya posicionado a favor de la aprobación del matrimonio igualitario, en discusión desde hace varios años en su país. En Australia están todavía que si matrimonio igualitario sí, matrimonio igualitario no. Bueno, en realidad el único que está en ese plan es el primer ministro, porque las encuestas llevan años diciendo que una gran mayoría de los australianos quieren aprobarlo. Famosos, deportistas, empresarios… Hay todo tipo de personalidades apoyando la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero el primer ministro está en el gobierno gracias a la derecha conservadora . “He representado a Australia muchas veces y tengo el orgulloso récord de no haber perdido nunca un partido de tenis jugando por mi país […] Me decepciona que Qantas se haya convertido en activa promotora del matrimonio igualitario. Creo en el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, tal y como se dice en la Biblia“, apuntó Court en su homófoba carta.

En tono amenazante, Court añadió que “su declaración no me deja otra opción que usar otras aerolíneas siempre que me sea posible para viajes largos”, dejando clara su postura. Court aseguró también que había estado “orgullosa” de volar con Qantas en el pasado, “pero lamentablemente ya no“. En un intento por disimular su sectarismo, pero no su prepotencia, dijo que “amo a todo el mundo y estaré encantada de hablar con su junta en cualquier momento“.

Pocos días después, Court concedía una entrevista radiofónica a la cadena Christian Vision, en la que volvía a dar rienda suelta a su vena LGTBfoba. Durante la charla con su entrevistador, Court aseguró que “un lobby gay” estaba tratando de “meterse” en “la mente de los niños” a través del programa antibullying ‘Escuelas Seguras’ puesto en marcha en Australia. “El lobby gay está detrás de ese programa antibullying en las escuelas“, afirmó. En referencia a los niños transexuales, Court comentó que “tú puedes pensar, ‘oh, soy un chico’, y eso afectará a tus emociones y sentimientos y a todo lo demás. Eso es todo cosa del demonio”.

También quiso dar su particular visión del lesbianismo. “El tenis está lleno de lesbianas. Incluso cuando yo estaba jugando ya había una pareja allí, que llevaba a las jóvenes a fiestas“, comentó durante la entrevista. Autoerigiéndose en la salvadora de sus almas, añadió que “estamos ahí para ayudarles a superarlo. No estamos en contra de la gente“.

Reacciones a la LGTBfobia de Court

Como era de esperar, las reacciones a los comentarios de Court no se hicieron esperar. Una de las primeras fue la de Tennis Australia, que quiso hacer público a través de Twitter un breve comunicado en el que aseguraba que “como leyenda del deporte, respetamos los logros de Margaret Court en tenis y su inigualable récord de juego. Sus opiniones personales son las suyas, y no se alinean con los valores de igualdad, inclusión y diversidad de Tennis Australia“:

Our statement regarding #MargaretCourt pic.twitter.com/XMxkxwIDrJ

— TennisAustralia (@TennisAustralia) 25 de mayo de 2017

Más contundente ha sido el jugador de tenis Andy Murray, actual número uno del mundo. “No veo por qué alguien tiene un problema con dos personas que se quieren casar juntas. Si son dos hombres, o dos mujeres, eso es genial. No veo por qué debería eso importar. Todos deberían tener los mismos derechos“, señaló el escocés.

La excampeona Martina Navratilova, abiertamente lesbiana, aseguró por su parte que Court trata de demonizar al colectivo LGTB. “Ahora está claro lo que Court es exactamente: una jugadora de tenis increíble, y una racista y homófoba“, señaló la ex jugadora americana de origen checo, en una carta abierta. “Su vitriolo no es solo una opinión. Ella está tratando activamente de impedir que las personas LGTB obtengan los mismos derechos (nota a Court: somos seres humanos también). Está demonizando a los niños y adultos transexuales de todas partes […] Los niños sufrirán más debido a este continuo golpeo y estigmatización de nuestra comunidad LGTB“, declaró Navratilova, que ya sufrió hace años los ataques de Court. Navratilova critica que la australiana insista “con sus comentarios ridículos sobre las mujeres mayores que atraen a las jóvenes a la gira de fiestas para convertirlas en lesbianas”. “Es una buena cosa que no nombró a nadie, estoy segura de que [de lo contrario] sería demandada por difamación“, añade.

Las palabras de la extenista han agitado también las redes sociales y muchos amantes de este deporte han solicitado ya que la pista Margaret Court Arena sea renombrada, al no considerarla merecedora de tal honor. Tennis Australia, pese a haber dejado claro que no comparte la visión de Court, no tiene intención por el momento de modificar el nombre del estadio. La australiana, por su parte, dice sentirse “perseguida” y “acosada” por sus opiniones y comentarios. “Estamos siendo perseguidos. Nos están intimidando porque también tenemos libertad de expresión. Es muy, muy de sentido único“, apunta Court. Por el momento, la aerolínea Qantas no ha hecho ninguna declaración en torno a esta polémica.

Larga lista de comentarios homófobos

Por desgracia, no es la primera vez que Court aparece en los medios por sus salidas de tono homófobas. Además de sus ataques a Navratilova, a la que siempre ha considerado “un mal ejemplo”, en 2011 ya provocó otra controversia cuando aseguró que los gais estaban “exigiendo agresivamente derechos de matrimonio que no les pertenecen“. Unas palabras que merecieron las críticas de otra leyenda del tenis (y también lesbiana) Billie Jean King.

Y en 2013, la jugadora australiana Casey Dellacqua, que tiene dos hijos con su pareja Amanda, anunció públicamente que era una madre lesbiana. Court, obsesionada con el tema, no dudó en dar su opinión y afirmó públicamente que “veo con tristeza que este bebé ha sido aparentemente privado de tener un padre” y que de seguir tachando a la “unidad familiar tradicional” de “anticuada, arcaica y ya no más necesaria o relevante” acabaremos creando “una generación sin padre“.

Fuente Dosmanzanas

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