“Castigarlos fue una violación del derecho constitucional a la igualdad y la dignidad humana, así como su derecho a buscar la felicidad”, dictaminó el tribunal.

Espaldarazo de la justicia surcoreana a la igualdad LGTBI. El Tribunal Supremo del país asiático ha anulado la condena a dos soldados varones por mantener relaciones sexuales entre ellos. Las relaciones entre personas del mismo sexo en el seno del ejército están penadas con hasta dos años de cárcel según el código penal militar, y en 2017 se desató una caza de brujas contra soldados sospechosos de ser gais. El alto tribunal considera ahora que la sentencia vulneró el derecho de los acusados a la autonomía sexual, a la igualdad de trato y no discriminación y a la búsqueda de la felicidad, puesto que los hechos se produjeron fuera del servicio y de las instalaciones militares.

La Corte Suprema de Corea del Sur anuló las condenas de dos soldados que habían sido acusados de tener relaciones sexuales consentidas mientras estaban fuera de su base. El fallo histórico, que se emitió el 21 de abril, declaró que la prohibición de actividades homosexuales del país, de décadas de antigüedad, no debería aplicarse al sexo gay fuera de un entorno militar.

La Ley Penal Militar establece que quienes participen en “relaciones sexuales anales u otros actos indecentes” deben enfrentarse a hasta dos años de prisión, medida que anteriormente se utilizaba para castigar al personal militar que practicaba sexo homosexual consentido.

En abril de 2017, el Centro de Derechos Humanos Militares de Corea (MHRCK) publicó un detallado informe en el que denunciaba una persecución organizada contra soldados sospechosos de ser gais. El organismo apuntaba directamente al jefe del Estado Mayor del ejército surcoreano, al que acusó de utilizar métodos que vulneran los derechos humanos para extraer confesiones e incluso ofrecerles a los acusados la posibilidad de «corregir» su orientación sexual. Las relaciones homosexuales entre miembros de las fuerzas armadas del país, ya sean soldados o reclutas, están penadas con hasta dos años de cárcel.

El mando militar presentó cargos contra 32 soldados. Dos de ellos fueron condenados a tres y cuatro meses de prisión y presentaron recurso contra la sentencia. Se descubrió que dos acusados, un primer teniente y un sargento mayor de diferentes unidades, habían tenido relaciones sexuales en una casa privada en 2016 en un momento en que no estaban trabajando. El teniente fue sentenciado a cuatro meses tras las rejas y el sargento a tres, aunque estas sentencias fueron suspendidas cuando los hombres apelaron la decisión.

El Tribunal Supremo les ha dado ahora la razón y considera que la condena vulnera su derecho a la libertad sexual, así como a la igualdad y la búsqueda de la felicidad. Subraya además que los hechos tuvieron lugar en privado, con consentimiento y fuera del horario de servicio. La Corte Suprema ahora ha anulado los cargos de los hombres de violar el código militar. Castigarlos fue una violación de “su autonomía sexual” y “el derecho garantizado constitucionalmente a la igualdad y la dignidad humana, así como su derecho a buscar la felicidad”, dictaminó el tribunal.

“Las ideas específicas de lo que constituye una indecencia han cambiado de acuerdo con los cambios en el tiempo y la sociedad”, dijo el presidente del Tribunal Supremo, Kim Myeong-su, durante la decisión, según Associated Press. “La opinión de que la actividad sexual entre personas del mismo sexo es una fuente de humillación sexual y repugnancia para las personas comunes y objetivas y va en contra del sentido moral decente difícilmente puede aceptarse como un estándar moral universal y adecuado para nuestros tiempos”.

El caso ahora ha sido enviado de vuelta a un tribunal militar inferior para su revisión. “Esta decisión pionera es un triunfo importante en la lucha contra la discriminación que enfrentan las personas L.G.B.T.I. personas en Corea del Sur”, dijo a The New York Times Boram Jang, investigador de Asia Oriental de Amnistía Internacional. “La criminalización de los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo en el ejército de Corea del Sur ha sido durante mucho tiempo una violación impactante de los derechos humanos, pero el fallo de hoy debería allanar el camino para que el personal militar viva libremente sus vidas sin la amenaza de enjuiciamiento”.

La ley en cuestión ha sido ampliamente condenada por activistas LGBTQ+ que han dicho que apunta injustamente a los soldados homosexuales. Por ello, activistas pro derechos humanos han saludado la sentencia e instan al Gobierno a reformar la legislación para eliminar la penalización de las relaciones homosexuales.

El código penal militar surcoreano no distingue actualmente entre relaciones consentidas o no y califica todo el sexo entre hombres como una «violación recíproca». Un tribunal militar decretó en 2010 la ilegalidad de esta norma por juzgarla contraria a las libertades individuales de los miembros de las fuerzas armadas. Esta decisión fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que revirtió el fallo del tribunal militar y juzgó que el veto a los soldados homosexuales no es discriminatorio. Corea del Sur es, junto con Turquía, uno de los pocos países de la OCDE que no les permite servir abiertamente.

La situación de la comunidad LGTBI en el país asiático es manifiestamente mejorable, y algunos de los problemas más graves se dan precisamente en el ámbito de las fuerzas armadas. Además de la persecución a los soldados gais, los hombres trans son considerados no aptos para servir y las mujeres trans están obligadas a servir como hombres a no ser que se sometan a una cirugía de reasignación u obtengan un diagnóstico de «trastorno de la identidad de género».

En marzo del año pasado se encontró el cuerpo sin vida de la exsoldada Byun Hee-soo, expulsada del ejército tras someterse a una operación de reasignación en Tailandia. Byun se había alistado en el Ejército surcoreano bajo identidad masculina y, tras la intervención, solicitó continuar sirviendo como mujer. Las autoridades, sin embargo, se lo denegaron y calificaron la pérdida de los genitales masculinos como una «discapacidad física». Varios meses después de su muerte, un tribunal decretó que la expulsión no se había ajustado a la ley.

Fuente Gay Times/Dosmanzanas

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado chileno por impedir desde 2o07 a la profesora Sandra Pavez dar clases de religión solo por ser lesbiana. «Estoy muy contenta porque desde ahora, con esta sentencia, en ningún país de América los docentes, y en particular las profesoras y profesores de religión, ya no podrán ser discriminados por su orientación sexual o identidad de género. La libertad religiosa y el derecho de los padres y madres a educar a sus hijos/as, ya no podrán usarse como excusa para discriminar a las personas LGBTIQA+. Esto es un momento histórico no para mí, sino para todas las personas discriminadas», ha declarado Pávez tras conocer el fallo.

Resumimos la historia de discriminación que hay detrás de la histórica sentencia. En julio de 2007 la Iglesia católica revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le permitía dar clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde ejercía como profesora desde 1985. Lo hizo por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, aún en el cargo. La razón era que se había hecho público que Sandra Pavez es lesbiana y mantenía una relación con otra mujer, habiéndose negado además a someterse a «terapias» psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para intentar revertir su orientación sexual. La Iglesia católica actuó amparada en un decreto del Ministerio de Educación chileno (el Decreto 924) dictado en 1983 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, que faculta a la Iglesia a decidir quién puede o no impartir la asignatura, aunque se trate de un colegio público.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) luchó en los tribunales chilenos por el derecho de Sandra Pavez a continuar ejerciendo su trabajo, pero finalmente la decisión de la Iglesia católica fue ratificada por la Corte Suprema de Chile en abril de 2008 (en su momento recogimos la noticia). Sandra Pavez y el MOVILH no se rindieron y elevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que casi 15 años después ha fallado a su favor.

En la sentencia, cuyo texto íntegro puedes descargar aquí y cuyo resumen oficial puedes descargar aquí, la CIDH reconoce que las autoridades religiosas chilenas cuentan con autonomía amplia a la hora de otorgar un certificado de idoneidad para dictar clases de religión que derivan del derecho a la libertad religiosa. Sin embargo, precisa que, al ser una asignatura que al fin y al cabo forma parte de los planes educativos de la escuela chilena deben adecuarse a los otros derechos y obligaciones vigentes en materia de igualdad y no discriminación. En ese sentido, la Corte advierte que el Decreto 924 hace una delegación incondicionada de la facultad de otorgar certificados de idoneidad a personas para ejercer la docencia religiosa en establecimientos públicos sin que exista una vía clara para impugnar este tipo de decisiones. En este sentido, reconoce que la decisión de conceder o no el certificado de idoneidad por parte de las autoridades religiosas debe estar sujeta a un control posterior por parte de las autoridades estatales o a recursos idóneos y efectivos ante las autoridades jurisdiccionales para proteger y salvaguardar los derechos de las personas contra actos discriminatorios o arbitrarios contrarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este sentido, la CIDH constata que en el caso de Sandra Pavez la decisión de retirarle el certificado de idoneidad fue producto de un trato diferente basado en su orientación sexual, viéndose afectados sus derechos a la libertad personal y a la vida privada y vulnerándo el principio de igualdad y no discriminación. Esa afectación, podemos leer en el resumen oficial de la sentencia, «se produjo también porque su vida sexual fue objeto de intromisiones por parte de la Vicaría que la habría exhortado a terminar su vida homosexual, y porque se condicionó su permanencia en el cargo de profesora de religión católica a su sometimiento a terapias médicas o psiquiátricas». Por otra parte, la CIDH considera que el derecho al trabajo de Sandra Pavez también se vio comprometido «en la medida que, a través de la reasignación de funciones que sufrió Sandra Pavez Pavez, se menoscabó su vocación docente y ello constituyó una forma de desmejora laboral en la medida que ella se vio impedida de continuar dictando clases de religión católica».

Por lo que se refiere a la responsabilidad del Estado chileno, la Corte concluye que la víctima careció de recursos idóneos y efectivos para impugnar los efectos de la decisión de revocación de su certificado de idoneidad y sostiene que las autoridades judiciales internas no efectuaron un adecuado control de convencionalidad sobre el acto del colegio mediante el cual se separó a Sandra Pavez Pavez de su cargo de profesora de religión católica. Por esos motivos, se vulneraron también los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.

En razón de estas violaciones, la CIDH ha ordenado diversas medidas de reparación integral a Chile, que incluyen tanto una indemnización compensatoria a Sandra Pavez como el establecimiento de garantías de que un caso así no puede volver a repetirse, para lo cual el Estado chileno deberá implementar un plan de capacitación permanente a las personas encargadas de evaluar la idoneidad del personal docente y adecuar la normatividad sobre recursos, procedimiento y competencia judicial para impugnar decisiones de los centros educativos públicos en torno al nombramiento o remoción de profesores de religión.

Satisfacción del MOVILH y felicitación del presidente de Chile, Gabriel Boric

El dirigente del MOVILH, Rolando Jiménez, ha destacado la satisfacción del colectivo por la decisión de la CIDH pese al enorme retraso. «Estamos en presencia de un acto de justicia frente a unos de los abusos más brutales sufridos por una persona en razón de su orientación sexual o identidad de género en Chile», ha declarado. Jiménez ha añadido que «en un hecho inédito en el mundo, Sandra Pavez ha vencido al Estado, pero también a todas las iglesias del país que el año pasado se unieron por primera vez en su historia para incidir en la Corte Interamericana con el fin de que negara derechos a la docente en virtud de una supuesta libertad religiosa. La Corte ha sido clara, el Estado no puede discriminar en razón de la orientación sexual o identidad de género, ni tampoco puede permitir a las iglesias hacerlo. Esta es una sentencia histórica, de doble triunfo, sobre los abusos religiosos y estatales».

Un dato muy relevante es que tras conocerse la sentencia, el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, ha felicitado personalmente a Pavez. «Valoro mucho que el presidente me llamara, me felicitara y mostrara su compromiso de cumplir con la sentencia. Esta es una justa y buena noticia de parte de un presidente por quien voté», ha declarado la profesora, que en estos 15 años, y según ella misma ha declarado, no había recibido ningún tipo de apoyo gubernamental. La sentencia también ha sido recibida favorablemente por el actual ministro de Educación, el abiertamente gay Marco Antonio Ávila, que ha anunciado la próxima revisión del Decreto 924 en la línea de lo señalado por la CIDH.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Iglesia Católica Ámbito bito laboral, Chile, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Discriminación, Educación, Gabriel Boric, Iglesia Católica, Juan Ignacio González Errázuriz, Lesbianas, Lesbofobia, LGTBIfobia, MOVILH, Religión, Rolando Jiménez, Sandra Pavez

El ultraconservador Viktor Orbán ha vuelto a imponerse en las elecciones parlamentarias que han tenido lugar este domingo en Hungría. Sin duda, una mala noticia para los ciudadanos LGTBI de ese país. Sin embargo, la jornada electoral nos deja una noticia prometedora: el referéndum homófobo y tránsfobo que Orbán había convocado con objeto de conseguir el refrendo público de sus medidas contra la población LGTBI y sacar pecho ante la Comisión Europea ha fracasado, al no haber obtenido el número mínimo de votos válidos.

Coincidiendo con las elecciones generales, el Gobierno de Orbán había promovido un referéndum para validar la legislación anti-LGTBI aprobada el año pasado por el Parlamento de Hungría. La ley, que prohíbe la difusión de contenidos positivos sobre diversidad afectivo-sexual y de género a menores, ha llevado a la Comisión Europea a emprender un procedimiento de infracción contra Hungría que todavía se encuentra en curso.

El referéndum se articulaba en torno a cuatro preguntas: «¿Apoya la enseñanza de la orientación sexual a menores de edad en las instituciones de educación pública sin el consentimiento de los padres?», «¿Apoya la promoción de las terapias de reasignación de sexo para niños menores de edad?», «¿Apoya la exposición de los niños menores de edad a contenidos sexualmente explícitos que puedan afectar su desarrollo?» y «¿Apoya que se difunda en medios contenido sobre cambio de sexo a menores?». Al margen de lo tramposo de las preguntas, su objeto no era otro que el de sacar músculo ante la Comisión Europea y vender que las recientes leyes anti-LGTBI cuentan con el respaldo masivo de la población húngara.

La convocatoria del referéndum había sido criticada por organizaciones de defensa de los derechos LGTBI, que sin embargo se mostraban esperanzadas por algunos datos que muestran que la retórica anti-LGTBI de Orbán no cuenta con el respaldo mayoritario de la población húngara. Desde ILGA-Europa, por ejemplo, se recordaba el pasado viernes el récord de asistentes al Orgullo de Budapest en julio pasado, cuando unas 35.000 personas marcharon por las calles de la capital húngara en favor de los derechos LGTBI. También recordaba que según una encuesta representativa encargada por Amnistía Internacional y la Sociedad Háttér y realizada por la agencia Medián entre el 13 y el 19 de julio de 2021, el 73% de los húngaros rechaza la idea, promovida por el Gobierno de Orbán, de que las personas LGTBI abusan o dañan a los niños. Una clara mayoría (74,5%) creía además que las personas transgénero deberían modificar su género y nombre en los documentos oficiales, mientras que el 59% apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De hecho, las organizaciones LGTBI húngaras se mostraban esperanzadas de que el referéndum fracasaría, al no ser capaz de alcanzar el mínimo del 50% de votos emitidos válidos. Para conseguir ese objetivo, llamaban no a votar no o a abstenerse, sino a invalidar su papeleta de voto en el referéndum. Así ha sido: para conseguir que el referéndum fuese válido, debían alcanzarse en torno a los 4,1 millones de votos válidos (el censo electoral asciende a algo más de 8,2 millones de personas). Sin embargo, al 96% del escrutinio, el número de votos válidos se encontraba en torno a los 3,4 millones, muy lejos del umbral necesario. 2,7 millones habían votado «no» a las 4 preguntas, mientras que el número de votos inválidos superaba el millón y medio.

Cabe precisar que el fracaso del referéndum no impide que la ley siga en vigor, pero sí que supone un cierto varapalo para la estrategia anti-LGTBI de Orbán y para su enfrentamiento, en esta materia, con la Comisión Europea.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

El Gobierno de Viktor Orbán comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara aprovechando la pandemia del coronavirus. En marzo de 2020, tras asumir Orbán poderes extraordinarios, su número dos, Zsolt Semjén, presentaba un proyecto de ley que entre otras medidas incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrase en vigor la norma que durante ese tiempo sí que permitió a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a someterse a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. Finalmente, el 19 de mayo de 2020 la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, promovió una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento», prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo e impone que la educación en las escuelas húngaras se inspire en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». Además, la negación de la homoparentalidad recogida en la ley fundamental se completó con la aprobación de otra ley que limita la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta entonces se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgaría ya en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.

Posteriormente, en junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó la ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores, y que era el que ahora Orbán pretendía refrendar públicamente. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluyó en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, corroborando su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos, mientras que la educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio pasado, que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Amnistía Internacional, Comisión Europea, Discriminación, Homofobia, Hungría, ILGA Europa, LGTBIfobia, Referendum, Transfobia, Viktor Orbán, Zsolt Semjén

Arzobispo Charles Thompson

La Arquidiócesis de Indianápolis está apelando a la Corte Suprema de Indiana para que desestime una demanda por discriminación presentada por un empleado homosexual despedido.

La demanda presentada por Joshua Payne-Elliot, un maestro de la escuela secundaria Cathedral durante 13 años que fue despedido por su matrimonio con una pareja del mismo sexo, ha pasado por muchos pasos en el proceso legal desde que se inició en 2019. Fue desestimado el año pasado, pero una Corte de Apelaciones reintegró el caso declarando que el despido fue un error.

En el último desarrollo, la arquidiócesis presentó una petición para transferir el caso a la Corte Suprema de Indiana.The Indiana Lawyer informa que la solicitud de la arquidiócesis decía:

“La decisión permite a los demandantes (llevar) a los líderes religiosos a los tribunales para defender determinaciones fundamentalmente religiosas: aquí, la directiva eclesiástica de un arzobispo que establece los términos de la afiliación religiosa con la Iglesia Católica. La decisión también entra en conflicto con el precedente establecido por este Tribunal y los tribunales federales y estatales de todo el país, amenazando con daños irreparables a las entidades religiosas y al poder judicial por igual”.

El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, presentó un escrito de amicus curiae (“amigo de la corte“) a favor de la solicitud de la arquidiócesis. Dijo que un tribunal no tiene el poder constitucional de decirle a una iglesia qué es un asunto religioso. En su escrito, Rokita les dijo a los jueces de Indiana que “cerraran este caso para siempre”. La arquidiócesis y Rokita argumentan que la iglesia tiene “inmunidad absoluta” frente a la demanda.

Por su parte, Payne-Elliot solicita acceso a todos los documentos de la iglesia relacionados con otros empleados que se consideró que estaban violando la doctrina de la iglesia. También quiere ver cualquier documento de la iglesia sobre “conductas que no se ajustan a la doctrina y práctica pastoral de la Iglesia Católica“. Rokita y la arquidiócesis advierten que este descubrimiento y exposición de documentos internos de la iglesia “causaría daño a la autonomía de la iglesia”.

—Elise Dubravec (ella/ella), New Ways Ministry, 19 de marzo de 2022

Fuente New Ways Ministry

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Charles Thompson, Discriminación, Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, Todd Rokita, Trabajadores De la Iglesia

Más que preocupante tendencia la que muestran los datos de la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, hechos públicos hace pocos días. Los episodios de discriminación por LGTBIfobia constituyeron el 32% del total de situaciones de discriminación durante el pasado año 2021 en la capital catalana. En 2018, esas mismas situaciones supusieron el 16% del total.

El número total de situaciones de discriminación recogidas por la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona durante 2021 aumentó un 11% respecto al año anterior. En total, este organismo abrió 244 expedientes. El porcentaje más elevado correspondió, como en años anteriores, a episodios de racismo y xenofobia (34%), si bien este porcentaje se encuentra en tendencia descendente. Por detrás se situaron los episodios por LGTBIfobia (32%, en tendencia ascendente). A más distancia se encuentran otros motivos de discriminación, como la discapacidad (9%), la salud (7%), el género (6%) o la posición socioeconómica (5%).

En concreto, de las 78 situaciones de discriminación por LGTBIfobia detectadas, 50 fueron por homofobia, 25 por transfobia y 3 por lesbofobia. Más de la mitad de los casos correspondieron a insultos o tratos humillantes y vejatorios. Las agresiones físicas se elevaron hasta el 17%.

La LGTBIfobia en Cataluña, disparada

La tendencia de Barcelona se corresponde, de hecho, con la que globalmente muestran los datos de Cataluña en tiempos recientes. A principios de 2021, el Observatori contra l’Homofòbia informaba de 189 incidencias por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo del año 2020, una cifra que suponía un aumento del 25% respecto al año anterior. Y según datos recientes de los Mossos d’Esquadra, el número de denuncias por LGTBIfobia ascendió en 2021 a 215, más del triple que en 2016 (cuando se registraron 62 denuncias). La cifra supuso el 44% del total de denuncias por odio y discriminación registradas por la policía autónoma catalana el pasado año. La mayoría de denuncias fueron por homofobia (134), pero también las hubo por transfobia (42), lesbofobia (24) y contra el colectivo LGTBI en general (16).

En lo que va de año 2022, según la contabilidad que hace el Observatori contra l’Homofòbia en su página web, se tiene ya constancia de al menos 48 incidentes.

Entre ellos, la grave agresión tránsfoba ocurrida el pasado miércoles 9 de marzo en l’Hospitalet de Llobregat, donde un grupo de hombres se abalanzaron sobre una chica trans a la que golpearon salvajemente. Afortunadamente la intervención de los vecinos impidió que la agresión tuviera consecuencias fatales. Hay, de momento, un detenido:

Brutal agresión ayer a una chica trans ayer en L’Hospitalet. Al grito de maricon, se abalanzaron sobre ella, la golpearon hasta que cayó al suelo, donde recibió múltiples patadas en la cabeza. Pudo salvar su vida gracias a los vecinos @OCL_H @PlataformaTrans @MireiaMataSlsna

— Tina Recio (@Tina__recio) March 10, 2022

La agresión mereció la condena de la alcaldesa de l’Hospitalet, Núria Marín, entre otras personalidades. Precisamente el pasado jueves tuvo lugar un concentración de rechazo a la transfobia en la plaza del Ayuntamiento de dicha ciudad:

Prou agressions! Prou discursos d’odi que generen violència! Ens concentrem a la plaça @LHAjuntament per mostrar el nostre suport i afecte a la veïna de #LHospitalet. Continuem treballant per una ciutat diversa i lliure de discriminació. Estem amb tu, #NoEstasSola #StopLGTBIfobia pic.twitter.com/MekY9ZkVEv

— Núria Marín/❤️ (@nuriamarinlh) March 10, 2022

Fuente Dosmanzanas

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Guatemala: El Congreso archiva la ley que elevaba las penas por abortos y prohibía el matrimonio igualitario

Las críticas tanto internas como internacionales a la ley aprobada el pasado 8 de marzo por la mayoría conservadora del Congreso de Guatemala, que endurece aún más el aborto, prohíbe tanto el matrimonio igualitario como cualquier unión entre personas del mismo sexo e ilegaliza la educación en materia de diversidad sexual y de género, han llevado al presidente del país a pedir su retirada y asegurar que no la refrendará si llega a su mesa.

La ley «para la protección de la vida y la familia» es un compendio de todas las posiciones reaccionarias en materia de diversidad sexual y de género, a la que estigmatiza como «el conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano» [sic]. En consecuencia, prohíbe explícitamente tanto el matrimonio igualitario como cualquier tipo de unión entre personas del mismo sexo, la adopción homoparental y cualquier tipo de medida educativa que suponga aceptar «como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad»  o que «sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano».

A este ataque a la diversidad sexual y a la libertad de cátedra en educación se le suma el endurecimiento de las condenas a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. En Guatemala, la interrupción del embarazo solo está permitida en el caso en el que la vida de la madre corra peligro. El resto de abortos no amparados por este supuesto tienen una pena de prisión establecida de uno a tres años de cárcel, que con la nueva ley se amplía desde los cinco hasta los diez años de prisión. A su vez, se incrementan las penas para médicos y demás personas que participen en la interrupción del embarazo no deseado de una mujer que no cumpla el supuesto de peligro para la madre.

La aprobación de la ley, que tenía lugar precisamente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, coincidía en el tiempo con la celebración de un evento en el que Guatemala era declarada «Capital Iberoamericana Provida» y en el que el presidente guatemalteco, el derechista Alejandro Giammattei, invitaba a «proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas». Los legisladores que aprobaron la ley defendieron que esta era necesaria porque «grupos minoritarios de la sociedad proponen formas de pensar y prácticas que son incongruentes con la moral cristiana». Una incongruencia que parece preocupar más a los legisladores cristianos que los 24 muertos de la comunidad LGTB en Guatemala en 2019, los 19 asesinados en 2020 (pese al encierro decretado en el país a causa del coronavirus) o las 28 víctimas contabilizadas hasta octubre de 2021, unos asesinatos que siguen aumentando hasta el día de hoy.

Sin embargo, la intensa reacción tanto interna como exterior a la aprobación de la ley parece haber dado un vuelco a la situación. Las protestas de numerosos colectivos y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, las críticas del procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas (que ha asegurado que la ley viola varios acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Gobierno del país centroamericano) y la repercusión negativa de la noticia a nivel internacional, seguramente mucho mayor de la esperada por sus promotores, ha provocado que el presidente Giammattei se desvincule ahora del texto, al afirmar que no fue una iniciativa de su gobierno y que «nada tiene que ver» con la declaración de Guatemala como «Capital ProVida de Iberoamérica».

Es más, el presidente guatemalteco asegura que la ley «viola dos convenciones de las cuales Guatemala es signataria, adolece de deficiencias técnicas en su redacción, pero lo más preocupante es que viola la Constitución política de la República» por lo que ha pedido a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, su archivo, asegurando que si no es así y el texto acaba por llegar a su despacho lo vetará.

Estaremos atentos a lo que sucede finalmente.

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La conferencia de obispos de los Estados Unidos se ha unido a otros grupos religiosos para oponerse a las pautas propuestas de no discriminación diseñadas para proteger a los pacientes transgénero de la discriminación.

En una carta al Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos,  La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos(USCCB) se unió a otros cinco grupos cristianos para oponerse a la reincorporación de la orientación sexual y la identidad de género a las reglas de no discriminación para ciertos proveedores de seguros de salud.

La carta conjunta, firmada por tres funcionarios de la USCCB, sugiere que la adición de protecciones LGBTQ es “innecesaria”. Objeta específicamente la atención obligatoria para tratamientos relacionados con transiciones de género, leyendo, en parte:

“Lo más problemático son las disposiciones de las regulaciones propuestas que se relacionan con la ‘identidad de género’ y que, leídas junto con el preámbulo, parecen exigir la cobertura de los procedimientos de ‘transición de género’. Proteger a los pacientes de la discriminación por motivos de identidad de género, como pretenden en parte las reglamentaciones propuestas, no necesita ni debe incluir un mandato para cubrir los procedimientos de transición de género”.

Otros firmantes de la carta son el National Catholic Bioethics Center, (Centro Nacional Católico de Bioética), la National Association of Catholic Nurses (Asociación Nacional de Enfermeros Católicos), la Thomas More Society, (Sociedad Tomás Moro), la Christian Legal Society, (Sociedad Legal Cristiana) y la National Association of Evangelicals (Asociación Nacional de Evangélicos).

La carta afirma que exigir atención relacionada con la transición dañaría de alguna manera la capacidad de los proveedores de atención médica para hacer su trabajo si se permite que los pacientes soliciten tratamiento. La carta dice: “Un paciente no simplemente pone una ficha y obtiene cualquier artículo o procedimiento de su elección”.

La carta también cita cuestiones de libertad religiosa: “Ningún asegurador o patrocinador del plan debería estar obligado, como condición para brindar tales beneficios, a violar las mismas convicciones religiosas y morales que los impulsan a ofrecer esos beneficios en primer lugar”.

La administración Trump eliminó las protecciones de atención médica basadas en la orientación sexual y la identidad de género después de que el presidente Barack Obama las agregara por primera vez en lo que se conoce como la regulación de Notificación de beneficios y parámetros de pago. Esta regulación cubre a los proveedores de seguros que participan en los intercambios gubernamentales. Roll Call  informó más:

“La mayoría de los grupos de defensa de la salud dieron la bienvenida a la política y dijeron que ampliaría la atención a quienes más la necesitan. Los líderes demócratas del comité de salud en la Cámara y el Senado instaron al HHS a finalizar la regla, diciendo que garantizaría que las personas LGBTQ puedan acceder a la atención que necesitan.

“Alrededor del 56 por ciento de las personas lesbianas, homosexuales y bisexuales y el 70 por ciento de las personas transgénero han denunciado discriminación en la atención médica, según el Programa Nacional de Leyes de Salud, una organización de defensa y litigio. Esto puede conducir a resultados de salud deficientes, ya que las personas LGBTQ optan por retrasar la atención”.

Una vez más, los obispos de Estados Unidos y otros grupos católicos se están alineando con las fuerzas de derecha que intentan negar a las personas transgénero y no binarias sus derechos civiles. Y vuelven a usar el garrote de la libertad religiosa, mal entendida. Al mismo tiempo, estos grupos eligen una realidad falsa y se niegan a reconocer la verdad de que la atención médica que afirma el género salva vidas y conduce a una mayor prosperidad para sus beneficiarios.

La ventaja es que casi se garantiza que otro católico, el presidente Joe Biden, ignorará a estos críticos de derecha y, en cambio, hará lo correcto: proteger a los pacientes transgénero de la discriminación.

—Robert Shine (él/él), New Ways Ministry, 11 de marzo de 2022

Fuente New Ways Ministry

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Más de 33 años desde la muerte de Scott Johnson, catalogada inicialmente como un suicidio, los hechos empiezan a aclararse. En 2018, la policía australiana por fin admitió que el estadounidense fue víctima de un delito de odio, como siempre defendió su hermano Steve. Dos años después era arrestado un hombre de 49 años, Scott White, como principal sospechoso de la muerte de Scott Johnson. Ahora, White ha confesado por fin el crimen, que se enmarca en una serie de asesinatos homófobos cometidos en Sídney y alrededores por bandas de jóvenes y que quedaron en su mayoría impunes por la desidia policial.

Scott Johnson era un joven estadounidense de 27 años, que se encontraba en Australia completando su doctorado en Matemáticas y que había solicitado el permiso de residencia para continuar en el país. En diciembre de 1988 su cuerpo fue encontrado, desnudo, al pie de un acantilado en las afueras de Sídney. Se trataba de una zona cercana a un área de cruising, a la que muchos homosexuales de la época acudían para contactar y mantener relaciones. El caso fue despachado por la policía de la época como un suicidio, a pesar de que no existían razones aparentes para que el joven tomara esa decisión.

Su hermano Steve, residente en Estados Unidos, siempre estuvo convencido de que Scott fue víctima de un delito de odio. Su hipótesis no era descabellada: era la época más dura de la pandemia del sida, en la que había florecido entre ciertos grupos de Sídney una cultura de odio hacia los homosexuales y las agresiones estaban a la orden del día. Pese a lo cual no existía en las autoridades la sensibilidad que hoy existe ante los delitos de odio homófobo.

Bien fuese porque Scott fue arrojado al vacío por sus asesinos, bien porque cayó cuando huía de sus agresores, su hermano estaba convencido de que su muerte fue violenta. Durante años, de hecho, el propio Steve Johnson, hoy un adinerado empresario tecnológico, gastó de su propio bolsillo cerca de un millón de dólares en intentar conseguir pistas que le permitiesen abrir el caso. Pese a lo cual, hasta 2018, las autoridades australianas siempre se habían negado. Ese año, sin embargo, la propia policía australiana admitía por fin como muy probable que Scott Johnson fuese víctima de un delito de odio cometido por dos o más agresores y decidía reabrir la investigación.

En mayo de 2020, la policía arrestaba a un hombre de 49 años, Scott White, bajo la acusación de ser el autor del asesinato. El pasado 10 de enero, White cambiaba su declaración de «no culpable» a «culpable». Aunque sus abogados alegaron que el acusado tenía problemas mentales, el juez del Tribunal Supremo que lleva el caso lo declaró culpable de los hechos. La confesión se había realizado, explicó, «en voz alta y clara, y de una manera enérgica y con determinación». El arrestado permanecerá bajo custodia hasta recibir su sentencia el próximo 2 de mayo. Steve Johnson ha manifestado su «alivio» por la confesión. «Pienso en mi hermano y en las muchas personas que lo querían e intentaron conseguir este resultado», declaró.

Una época negra sobre la que por fin se arroja luz

Las nuevas noticias sobre la muerte de Scott Johnson, posiblemente la más mediática de todas, están sirviendo en cualquier caso para rescatar del olvido lo sucedido durante una época en la que la violencia homófoba estuvo a la orden del día en Nueva Gales del Sur, sobre todo en las zonas de cruising, y durante la cual numerosas personas LGTB (sobre todo hombres que buscaban relaciones sexuales con otros hombres) fueron víctimas de agresiones e incluso asesinatos que en su momento quedaron impunes. Entre 1989 y 1999, por ejemplo, hay documentados cerca de 80 asesinatos homófobos en la zona, de los cuales 30 permanecen sin resolver.

El Parlamento de Nueva Gales del Sur, de hecho, decidió en 2018 abrir una investigación parlamentaria que saque a la luz la verdad sobre los delitos de odio cometidos contra la comunidad LGTB entre los años 1970 y 2010, algo que familiares y amigos de las víctimas llevaban años reclamando. El informe final de la comisión motivó la apertura de una investigación judicial en noviembre del año pasado.

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Una mayoría de españoles está a favor de la conocida popularmente como «ley trans», la iniciativa del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para aprobar un paquete legislativo que reconozca la libre autodeterminación de género de las personas trans y consagre a nivel estatal una serie de garantías contra la discriminación de las personas LGTBI. Así lo pone de manifiesto la encuesta publicada los pasados 8 y 9 de enero por el diario El País y realizada por la empresa 40 dB. Una lectura detenida de los datos, que son de acceso público, arroja además que el apoyo es muy mayoritario entre los votantes del PSOE. Algo que no debería sorprender, pero que contrasta con la movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido.

La noticia que el pasado 9 de enero destacaba El País era que, de acuerdo a los resultados de la encuesta, el 56,5 % de los españoles apoya la «ley trans» (un 27,6% la valora «muy bien», mientras que un 28,9% la valora «bien». Un 19,1% la ve «regular», un 8,1% la ve «mal» y un 10,9% la ve «muy mal». El País también destacaba como comentario adicional que casi un tercio de los que se declaran votantes del PP también la apoyan. En efecto, el porcentaje de votantes del PP que la ven «muy bien» o «bien» suma el 31,5%.

Desde dosmanzanas hemos querido conocer la opinión de otros votantes, y en concreto de los votantes del PSOE, dada la intensa movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido, que culminó en junio de 2020 con la distribución de un argumentario interno, firmado por los que entonces eran cuatro de sus secretarios, que se oponía abiertamente al principio de autodeterminación de género y defendía, de forma indirecta, la patologización de las identidades trans mantenida en la ley de identidad de género de 2007.

Es cierto que dichas posiciones han retrocedido tras el último Congreso del PSOE, celebrado el pasado mes de octubre, que incluyó finalmente entre sus resoluciones el apoyo expreso al anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, asegurando de forma explícita que «desde el PSOE hacemos nuestras las reivindicaciones de las personas trans con esta futura legislación que aborda la libre manifestación de la propia identidad sexual y apoya la inscripción registral del sexo declarado con plenas garantías jurídicas, para acabar con la exclusión y con las dificultades administrativas actuales, protegiendo especialmente a menores, y despatologizando el proceso, tal y como desde el PSOE siempre hemos defendido». Pero también es cierto que el PSOE ha promovido a Carmen Calvo, firmante del ya mencionado documento transexcluyente en calidad de secretaria de Igualdad del PSOE (cargo que ya no ocupa) a la presidencia de la Comisión de Igualdad del Congreso, lo que no resulta precisamente tranquilizador.

Un 75,3% de votantes socialistas, a favor

Pues bien, resulta que un abrumador 75,3% del electorado socialista, siempre según la encuesta de El País, apoya la «ley trans». En concreto, al 37,7% le parece «muy bien», mientras que al 37,6% le parece «bien». De las fuerzas políticas de las que se da información en este apartado, solo los votantes de Unidas Podemos tiene una opinión más favorable: el 79,6% de ellos la apoya (al 51% le parece «muy bien», mientras que al 28,6% le parece «bien»). Por detrás se situan los votantes de Ciudadanos (el 56% de ellos apoya la ley, sumando a los que la ven «muy bien» y «bien»), del PP y finalmente de Vox (solo un 19,7% de los votantes de la la formación de extrema derecha ven la ley «muy bien» o «bien», frente al 43,3% que la ve «muy mal»).

Confiemos en que estos datos hagan avanzar de una vez el trámite parlamentario de un paquete legislativo que, ya sea en forma de dos leyes separadas o de una sola refundida, solo el empeño transexcluyente, y no precisamente del PP o de Vox, ha mantenido en suspenso desde hace años. Ya desde las elecciones generales de 2015 el Congreso de los Diputados cuenta con una mayoría parlamentaria que en teoría apoya los postulados del actual anteproyecto de ley. Mariano Rajoy, de hecho, dejó de ser presidente del Gobierno en junio de 2018 tras una moción de censura apoyada por una sólida mayoría. Han pasado casi siete años y ninguno de los intentos de superar el anacrónico marco legislativo español en materia trans y LGTBI ha tenido éxito. Tampoco, de momento, el derivado del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. ¿Ocurrirá en 2022?

Fuente Dosmanzanas

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Imagen de la Virgen María LGBT+ distribuida por Elżbieta Podleśna (Amnistía Internacional)

Tres activistas LGBT+ en Polonia han sido absueltos una vez más de los cargos de “ofender creencias religiosas” por carteles de la Virgen María con un halo de colores del arcoíris.

Los carteles se distribuyeron en la ciudad de Płock en 2019 para protestar contra la creciente hostilidad anti-LGBT+ de la influyente Iglesia católica de Polonia, que tiene estrechos vínculos con el gobierno de derecha.

Las tres mujeres responsables, identificadas como Elżbieta, Anna y Joanna, enfrentaban una posible sentencia de dos años de prisión cada una si eran declaradas culpables de su activismo pacífico. En marzo del año pasado fueron absueltas, pero la fiscalía apeló esa decisión.

El miércoles (12 de enero), un tribunal desestimó la apelación, según Amnistía Internacional.

Catrinel Motoc, principal activista de Europa de Amnistía Internacional, dijo que la decisión es un “gran alivio” pero que no “oculta el hecho de que estas tres mujeres nunca deberían haber sido juzgadas en primer lugar.mLa distribución de carteles de la Virgen María con un halo de arcoíris nunca debe criminalizarse, por lo que es correcto que se rechazara la apelación contra su absolución”, dijo Motoc.

Continuó: “Desde el inicio del caso en su contra, más de un cuarto de millón de personas se han pronunciado para exigir que las autoridades retiren los cargos en un caso que se ha convertido en el símbolo de algunas de las tendencias contra los derechos humanos más inquietantes de Polonia. .

“No solo se está reduciendo el espacio para la libre expresión, el activismo y la protesta pacífica, sino que el clima de homofobia en el país está empeorando en medio de un aumento de los delitos de odio, la introducción de zonas ‘libres de LGBTI’ por parte de los ayuntamientos y los intentos de prohibir las marchas del Orgullo. .”

Motoc agregó que el caso ha “revelado una fea veta de homofobia patrocinada por el estado”. Afirmó que también había expuesto cómo el sistema de justicia penal de Polonia está “siendo utilizado para atacar, intimidar y acosar a los defensores de los derechos humanos simplemente por su activismo. Las autoridades polacas deben finalmente poner fin a su caza de brujas contra estos y otros activistas”, dijo.

Another human rights win! We are going to celebrate this now. Thank you all for your support. pic.twitter.com/Vl8kH32uLu

— Amnesty Polska (@amnestyPL) January 12, 2022

Los fiscales argumentaron en la audiencia de apelación que el primer tribunal no fue lo suficientemente crítico con las acciones de las mujeres, según una transmisión en vivo de Twitter de la rama polaca de Amnistía Internacional.

Argumentaron que la Virgen María es un “símbolo importante para los católicos y no para los ateos y otros” y que el trío “lo sabía”.

Elżbieta, una de las tres activistas enjuiciadas, argumentó ante el tribunal que “la homosexualidad ya no está en la lista de trastornos mentales” por lo que lo que “está sucediendo en este tribunal va en contra de la ciencia y la dignidad”, según los tuits de Amnistía Polska.

“Es un escándalo para mí”, dijo. “No quiero que [fobias] y [prejuicios] estén presentes en el discurso público o incluso dominantes”.

Ella continuó: “La comunidad cristiana en Polonia, la comunidad católica, no es homogénea. Lo que representas es la parte extrema. Tienes ambiciones de cambiar la ley, de castigar a quienes no lo permitan. Polonia es [un] estado secular”.

"Christian community in Poland, Catholic community, is not homogenous. What you represent is the extreme part of it. You have ambitions to change the law, to punish those, who will not allow that. Poland is secular state".

— Amnesty Polska (@amnestyPL) January 12, 2022

Anna le dijo al tribunal que su continua lucha por los derechos LGBT+ en Polonia ha atraído la atención mundial y dijo que “el mundo nos ha escuchado y ha escuchado nuestra batalla. No te llevarás nada más que aire porque cada vez es más difícil respirar libremente en Polonia”, dijo.

Agregó que la comunidad LGBT+ “no está protegida por el estado” y dijo que “no existe tal cosa como [un] crimen de odio basado en la orientación sexual”.

Según Amnistía Polska, el juez del caso tenía “objeciones a la calidad de la apelación” y finalmente la desestimó.

También subrayó la “importancia de la objetividad en tales procedimientos” y la necesidad de “igual acceso al espacio público por todas las partes”.

El caso Rainbow Virgin Mary intensifica la atención sobre los derechos LGBT+ en Polonia.

Polonia se ha enfrentado a un escrutinio mundial cada vez mayor después de que casi 100 gobiernos municipales o locales, casi un tercio del país, se autoproclamaron “libres de la ideología LGBTI”.

Los derechos LGBT+ en Polonia ya eran pocos y distantes entre sí. Las protecciones contra la discriminación solo existen (teóricamente) en el empleo, el país no ha legalizado el matrimonio igualitario y las parejas del mismo sexo no pueden adoptar o someterse a FIV en Polonia.

El parlamento de Polonia también está debatiendo una ley de “propaganda LGBT+” similar a las vistas en Hungría y Rusia. La cámara baja del parlamento del país debatirá el proyecto de ley el martes (12 de enero).

La reforma, denominada “Lex Czarnek” o “Ley de Czarnek”, daría al superintendente escolar el poder de vetar cualquier material didáctico proporcionado por organizaciones benéficas u otras organizaciones externas. Los superintendentes también podrían despedir a los directores sin previo aviso si no cumplen.

El Parlamento Europeo ha declarado a la UE una “zona de libertad LGBTIQ” en protesta simbólica contra las políticas discriminatorias promovidas en Polonia.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, anunció en julio que emprendería acciones legales contra Polonia por sus leyes anti-LGBT+.

La comisión dijo que Polonia enfrentará acciones después de que “no respondió de manera completa y adecuada a su consulta sobre la naturaleza y el impacto de las llamadas ‘zonas libres de ideología LGBT'”.

Los funcionarios de la UE creían que estas declaraciones violaban potencialmente la ley de la UE con respecto a la no discriminación por orientación sexual.

LGBTfobia de Estado

En Polonia y Hungría, la situación de las personas LGBT + es cada día más difícil. Los gobiernos en el poder han implementado una política abiertamente LGBTfóbica. Los activistas LGBT + piden a las instituciones europeas que los protejan. Margot, una activista no binaria que se ha convertido en un símbolo en Polonia, anunció que “nuestra investigación muestra que el 70% de los polacos LGBT + tienen pensamientos suicidas” antes de abordar un SOS. “Cuando nos unimos a la Unión, firmamos los tratados y dimos nuestro acuerdo sobre el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la libertad, el estado de derecho. Estos valores no son respetados por Polonia hoy. Una de las respuestas debe ser financiera: es una de las herramientas más efectivas “, dijo a TÊTU el eurodiputado abiertamente gay Robert Biedroń.

 Con respecto a Polonia, cerca de 100 municipios, alentados por el gobierno, se han declarado “libres de LGBT“. El poder en el lugar no oculta su hostilidad hacia las personas LGBT +. Durante la campaña presidencial para su reelección, Andrzej Duda comparó a las personas LGBT + con una “ideología” comparable a “una especie de neo-bolchevismo“.

Si bien las instituciones europeas se han negado a otorgar subsidios a ciudades “no LGBT”, el ministro de Justicia polaco anunció que las financiaría. Las llamadas zonas libres de LGBT de Polonia han sido objeto de una condena global, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que “no tienen lugar” en la Unión Europea. Los ataques contra personas LGBT + se han convertido en un tema de tensión entre la Unión Europea y Polonia.

Después de intensas semanas de negociaciones, Polonia finalmente acordó el establecimiento de un mecanismo para condicionar las subvenciones al respeto del estado de derecho. Pero el dispositivo no podrá activarse antes de 2022, señala Le Monde. En 2020, ILGA-Europa clasificó a Polonia como el país menos amigable de Europa.

La situacion de las personas LGTBI en Polonia:

El Gobierno de extrema derecha de Polonia es en la actualidad, junto con el de Hungría, la punta de lanza de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. Nos hemos hecho eco de numerosas manifestaciones de esta oleada de hostilidad contra la comunidad. Una de las más recientes se produjo el pasado mes de abril, cuando el Parlamento votó a favor de la iniciativa de la organización LGTBIfoba Stop Pedofilia para criminalizar la educación sexual, con el apoyo del gobernante PiS. Ya el año pasado, el líder del partido y ex primer ministro Jarosław Kaczyński aprovechó una iniciativa inclusiva del alcalde de Varsovia para echar gasolina a la LGTBfobia. El político calificó los derechos LGTBI de un «ataque a la familia y a los niños» que amenaza los valores tradicionales polacos.

Sus palabras encendieron una mecha que se extendió entre los medios y el establishment ultraconservador. Una de las primeras consecuencias de este repunte de la hostilidad LGTBfoba fue la detención de la activista Elżbieta Podleśna bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. Dos meses más tarde, contramanifestantes de extrema derecha intentaban impedir de forma violenta la celebración de la primera manifestación del Orgullo LGTBI en Białystok, al este del país.

Hace unos días, cincuenta embajadores y representantes de organizaciones internacionales apoyan a la comunidad LGTBI en Polonia a través de una carta. Puedes ver el listado completo de firmantes y leer íntegra la carta de los embajadores y representantes de organizaciones internacionales en este enlace

Esta protesta responde a la cada vez más difícil situación de la comunidad LGTBI en Polonia, desde marzo de 2019, donde alrededor de un centenar de localidades y regiones se han declarado «libres de ideología LGTBI», una campaña de odio institucional cuyo ámbito de actuación se extiende ya por un tercio de la geografía polaca. En este sentido, la declaración de apoyo de los embajadores se suma a las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas. La iniciativa LGTBIfoba tiene un carácter principalmente simbólico, pero conlleva una indudable carga de hostilidad y estigmatización de la comunidad. La medida de odio LGTBIfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena. En agosto de este año, la Comisión anunciaba la retirada de las ayudas a seis localidades polacas, que requerían financiación para un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTBI». La Comisión declaró que se habían negado a respetar los “valores y derechos fundamentales de la UE”. Es posible que otras áreas puedan ser penalizadas de manera similar, ya que varias ciudades de Europa han terminado los acuerdos de hermanamiento con sus homólogos polacos.

El punto de origen es el discurso abiertamente homófobo del partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), que agitó la campaña presidencial (que ganó su candidato Andrzej Duda por un estrecho margen de votos) identificando la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI como una «ideología» que no dudaron en calificar de «extranjera» y «más perjudicial que el comunismo».

Durante este verano, la proclamación de estas zonas «libres de ideología LGTBI» provocaron la organización y reacción de distintos grupos LGTBI y pro-derechos humanos que desembocaron en manifestaciones pacíficas fuertemente reprimidas por la policía. La manifestación de Varsovia fue la más numerosa y acabó con el arrestó de la activista Małgorzata Prokop-Paczkowska, más conocida como Margot. Su arresto provocó más manifestaciones en las que fueron detenidas hasta 47 personas más en lo que ya se conoce como el Stonewall polaco, en referencia a las revueltas de 1969 en Nueva York que originaron lo que hoy conocemos como el Orgullo LGTBI. Margot ha sido encarcelada durante dos meses.

Por declaraciones y hechos como estos resulta especialmente llamativa la respuesta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a la publicación de la carta de los diplomáticos: «Discrepo por completo con la carta de los embajadores en la parte en la que dicen que hay personas en Polonia a la que de alguna forma ya no se les respeta», ha defendido. Según Morawiecki, «la tolerancia forma parte de los valores del país» y lo más sorprendente es que ha llegado a negar la existencia de las zonas «libres de ideología LGTB».

Fuente Pink News/Amnistía Internacional/Cristianos Gays

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“¿Qué hace una feminista como yo en una iglesia como ésta?”

Me considero una mujer afortunada y feliz por poder compartir mi vida y mi fe con un grupo de personas que creen en una Iglesia sencilla, igualitaria y evangélica

Las mujeres católicas hemos salido a la calle, a los medios de comunicación, nos hemos rebelado y seguiremos proclamando y alzando nuestra voz “hasta que la igualdad sea una costumbre en nuestra iglesia”

Jesús de Nazaret propuso igualdad entre hombres y mujeres, los derechos humanos así lo establecen, pero en nuestra Iglesia estamos muy lejos de que esta igualdad se alcance y se respete

Tenemos una iglesia muy clerical, hecha por y para los hombres ordenados, que no nos deja espacio, es una gerontocracia fuera de época; y una Iglesia clerical no se puede soportar

Sí, hoy quiero contaros que yo estoy disponible para ser vicaria, si fuera elegida para ello; y, como yo, muchas mujeres en nuestra diócesis. No dejo de preguntarme, tal y como están las cosas, si yo podría ser vicaria en la diócesis de Bizkaia, en el caso de que algún día —no tardando mucho— fuera posible.

Ahora estoy jubilada y si tuviera que definirme en pocas palabras diría que soy una mujer madura, cristiana y feminista. Estos han sido los tres ejes de mi vida.

La madurez: la búsqueda de la preciada madurez a través de un proyecto personal de vida que llevo haciendo, y compartiendo con mi grupo de referencia, durante más de 25 años. Siempre he querido dirigir mi propia vida, no ser como una barca a la deriva. El proyecto personal de vida, compartido en el grupo de referencia, ha sido la brújula que me ha guiado en el proceso de crecimiento personal, familiar y social.

Cristiana: me defino como cristiana porque he logrado establecer una relación personal con Jesús de Nazaret. Cultivando mi espiritualidad, mi inteligencia emocional y espiritual mediante diversas experiencias a lo largo de la vida, pero, principalmente, mediante la oración, la meditación y el compromiso con la vida y conmigo misma.

Gracias a mi comunidad cristiana de Sestao, a toda ella, a Cáritas, a mi grupo de referencia, he podido mantener y mantengo mi relación personal con Jesús. La revisión de vida, el discernimiento, las alegrías y las penas, el compromiso sindical, la oración compartida, mis relaciones personales y afectivas… Me considero una mujer afortunada y feliz por poder compartir mi vida y mi fe con un grupo de personas que creen en una Iglesia sencilla, igualitaria y evangélica.

Mi tercer eje: soy feminista. En mis años de trabajo como maestra (25) he tratado de enseñar y educar en valores: la solidaridad, la responsabilidad, el respeto, la justica y la igualdad entre todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, país, religión…

En mis 16 años como sindicalista también he procurado trabajar por la igualdad y la no discriminación de la mujer en el mundo del trabajo, y más concretamente en el ámbito de la enseñanza, y creedme si os digo que queda mucho, mucho camino por recorrer.

Muchas veces me he preguntado: ¿Qué hace una feminista como tú en una iglesia como esta? Es aquí donde quiero enmarcar la reflexión que hoy nos ha convocado: vicarios/vicarias; laicos y laicas. Y para ello, tres pinceladas de la Iglesia que yo quiero y por la que apuesto con mi compromiso de vida.

¿Podemos ser las mujeres vicarias, diaconisas, sacerdotisas? Yo creo que sí ¿Qué opina la teología feminista? ¿Qué dice sobre ello?

Quiero citar ahora una frase del movimiento Revuelta de Mujeres en la Iglesia, con el que me siento muy identificada: “Limpiar y poner flores, que lo hagan los señores”. Este movimiento, y otros muchos semejantes, reivindican en nuestra iglesia la necesidad de que las laicas y laicos tengamos “voz y voto”. Las mujeres católicas hemos salido a la calle, a los medios de comunicación, nos hemos rebelado y seguiremos proclamando y alzando nuestra voz “hasta que la igualdad sea una costumbre en nuestra iglesia”.

Hago míos los enunciados del movimiento Revuelta de Mujeres y cito literalmente: “Basta ya a la profunda discriminación que vivimos”. “Queremos recuperar las prácticas liberadoras de Jesús con las mujeres, poner fin al machismo en la Iglesia” o “hasta que laicos y laicas tomen la palabra en la eucaristía, en la Iglesia”. “Queremos que el pensamiento femenino se oiga, que podamos estar en los foros de debate, que se pueda escuchar a las teólogas…” Y queremos una serie de derechos que no tenemos reconocidos, entre ellos, poder ser vicarias laicas.

Jesús de Nazaret propuso igualdad entre hombres y mujeres, los derechos humanos así lo establecen, pero en nuestra Iglesia estamos muy lejos de que esta igualdad se alcance y se respete.

No se trata únicamente de que algún día, no tardando mucho, algunas de nosotras podamos ser vicarias o sacerdotisas. Este es el momento de que la Iglesia católica empiece a tomar conciencia de que las mujeres tenemos un papel protagonista en ella, y de que no estemos subordinadas a los hombres. No podemos ser subsidiarias de lo que ellos dicen, tenemos que tomar las decisiones conjuntamente, avanzando hacia la paridad.

¿Estáis de acuerdo?

Una iglesia que no nos deja espacio

Tenemos una iglesia muy clerical, hecha por y para los hombres ordenados, que no nos deja espacio, es una gerontocracia fuera de época. “Con voto, con voz, así nos quiere Dios” “Sin mujeres no hay futuro” o “Una iglesia clerical no se puede soportar”. Hartas ya de tanta desigualdad alzamos la voz y decimos: Yo también estoy disponible para ser elegida vicaria. Y espero que sea posible cuanto antes.

Voz y voto en todos los niveles. Creemos que tienen que cambiar las estructuras, el Derecho canónico y una cultura interna de la Iglesia que, a veces, las mujeres hemos interiorizado con demasiada normalidad, en el sentido de aceptar ser siempre las segundas o las terceras. “No se trata de ser las primeras, se trata de ser iguales”, afirman los movimientos feministas en nuestra Iglesia, y yo estoy de acuerdo.

Este Papa ha nombrado mujeres en cargos importantes, se están dando pasitos, pasitos, pero hay que avanzar más y más rápido, empezando por nuestra Diócesis. Ahora es el momento. Una iglesia patriarcal ya no nos sirve. Las mujeres estamos unidas, somos Iglesia, no vamos contra ella y lo que queremos es que se nos reconozcan unos derechos que tenemos por el hecho de ser bautizadas.

Lo dicho: “Cuando sea posible, estoy disponible para ser vicaria, si soy elegida para ello. Y espero que tal posibilidad —ya existente en otras diócesis— sea real en la nuestra cuanto antes”.

General, Iglesia Católica Discriminación, Feminismo, Iglesia, Iglesia Católica, Inclusividad, Mujer, Revuelta de Mujeres

El Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha dictado una sentencia en la que establece que los países de la Unión están obligados a reconocer los documentos de filiación expedidos en otros países miembros aunque contravengan su legislación nacional. Según el TJUE, el hecho de que las leyes de un país no contemplen el matrimonio entre personas del mismo sexo o la filiación homoparental no debe ser motivo para que no se reconozcan los certificados de nacimiento expedidos en países donde ambas figuras son legales. No reconocerlos e impedir u obstaculizar que un menor obtenga los documentos de identidad necesarios vulneraría el derecho a la libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión. Se trata, pues, de un espaldarazo de la justicia europea al reconocimiento de las familias homoparentales por encima de las legislaciones nacionales.

El caso se refiere a la demanda interpuesta en Bulgaria por VMA, nacional de aquel país, que en 2018 se casó en Gibraltar con KDK, natural de la dependencia británica. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija (SDKA) en Barcelona, donde actualmente residen. El registro civil español otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La cónyuge gibraltareña tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en un tercer país, por lo que la única opción para la menor era adquirir la nacionalidad búlgara de su otra madre.

Iniciado el trámite, uno de los requisitos para obtener un documento de identidad búlgaro era la presentación de un certificado de nacimiento expedido por las autoridades de aquel país. VМА solicitó entonces al municipio de Sofía que le expidiera uno para SDKA. Para ello, junto a la solicitud presentó una traducción al búlgaro, jurada y legalizada, del asiento del Registro Civil español relativo al certificado de nacimiento de SDKA. El municipio de Sofía requirió a VМА que aportase pruebas relativas a la identidad de la madre biológica de la niña, argumentando que el modelo de certificado de nacimiento en vigor en Bulgaria prevé una única casilla para la «madre» y otra casilla para el «padre», y tan solo puede inscribirse un nombre en cada una de ellas.

VМА consideró que no estaba obligada a facilitar esa información, por lo que el municipio de Sofía denegó la expedición del certificado de nacimiento, basándose en la falta de información acerca de la identidad de la madre biológica de la niña. También resolvía que la mención en el certificado de nacimiento de dos mujeres contravenía la legislación de Bulgaria, que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Tras la denegación, la menor quedaba en situación de apátrida, sin posibilidad de desplazarse por los países de la Unión Europea, lo que suponía no poder visitar a su familia en Bulgaria. VMA decidió interponer recurso ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía. Puesto que afectaba a los derechos de los ciudadanos comunitarios, el tribunal búlgaro decidió iniciar un procedimiento prejudicial solicitando un dictamen al TJUE. Se preguntaba si la negativa de inscripción del nacimiento de la menor de nacionalidad búlgara no vulneraba su derecho a la libre circulación y al pleno disfrute de sus derechos como ciudadano de la Unión.

En abril de este año, la abogada general del TJUE Juliane Kokott emitió un informe favorable a la familia y al derecho de la menor a la nacionalidad búlgara. La opinión de Kokott reconocía la potestad de las autoridades búlgaras de rechazar la inscripción de las dos mujeres como madres de la niña en la partida de nacimiento, pero afirmaba que la menor tenía derecho a recibir un documento de identidad en el que se reflejase la parentalidad de ambas para que la menor pudiera viajar con cualquiera de ellas por separado.

Finalmente, este 14 de diciembre la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia, en la que interpreta las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en lo que afecta a este caso en cuestión. Para el TJUE, «en el caso de un menor ciudadano de la Unión cuyo certificado de nacimiento expedido por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida designa como progenitores a dos personas del mismo sexo, el Estado miembro del que el menor es nacional está obligado, por una parte, a expedirle un documento de identidad o un pasaporte sin exigir la expedición previa de un certificado de nacimiento por sus autoridades nacionales y, por otra parte, a reconocer, al igual que cualquier otro Estado miembro, el documento procedente del Estado miembro de acogida que permita al menor ejercer con cada una de esas dos personas su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros».

Así, Bulgaria debe expedir un pasaporte o documento de identidad a SDKA en el que conste su nacionalidad y que es hija de VMA y KDK, de manera que pueda circular libremente por la Unión Europea acompañada de cualquiera de sus progenitoras. Según el TJUE, «es contrario a los derechos fundamentales garantizados por los artículos 7 y 24 de la Carta privar al menor de la relación con uno de sus progenitores al ejercer su derecho de libre circulación o imposibilitarle el ejercicio de ese derecho o hacérselo excesivamente difícil en la práctica debido a que sus progenitores sean del mismo sexo».

Sin embargo, la sentencia también aclara que el reconocimiento de la filiación de SDKA, con el objetivo de preservar sus derechos como ciudadana de la Unión, no implica que Bulgaria esté obligada a contemplar en su Derecho nacional la parentalidad de personas del mismo sexo ni su matrimonio, al ser competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión. Pero sí debe reconocerlos en lo que respecta a los derechos fundamentales comunitarios.

La repercusión de esta sentencia es comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen de hace unos meses. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», declaró von der Leyen.

Fuente Dosmanzanas

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Xiomara Castro es la primera mujer en ser presidenta y la gobernante más votada en la historia de Honduras

Los Obispos de Honduras saludan a la Presidenta electa y piden que promueva “un auténtico desarrollo”

La victoria en las elecciones presidenciales de Honduras que tuvieron lugar el pasado 28 de noviembre de Xiomara Castro, la candidata del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), abre un periodo de esperanza para la población LGTBI después de años de maltrato manifiesto por parte de las autoridades. Aunque avances como el reconocimiento del matrimonio igualitario o la adopción homoparental siguen aún lejanos, la inclusión de un significativo apartado de promesas en materia LGTBI, entre ellas medidas de protección contra la discriminación y los delitos de odio o una ley de identidad de género, suponen un soplo de aire fresco, muy especiamente si se tiene en cuenta la situación de partida.

Una situación que ha colocado a Honduras entre los países más peligrosos de América Latina para la comunidad LGTBI, en general, y para los activistas en favor de los derechos humanos y de las personas LGTBI, en particular. Algunos apuntes: el Observatorio de Muertes Violentas de la Comunidad LGBTI de la Red Lésbica Cattrachas ha registrado en lo que va de año 16 asesinatos. En 2020 tuvo constancia de 20, mientras que en 2019 fueron 41. Desde el año 2019 suman un total de 389. De ellas, 221 víctimas fueron identificadas como gais, 122 como personas trans (una de ellas, que se remonta a 2016, consta oficialmente solo como desaparecida) y 46 como lesbianas. Entre las personas trans, destaca muy especialmente el alto número de mujeres asesinadas que ejercían el trabajo sexual (58). Un gran número de estos asesinatos permanecen impunes.

También destaca el alto número de activistas perseguidos. Sin hacer un seguimiento intensivo, son numerosos los casos que en dosmanzanas hemos recogido en los últimos años. Sobre todo tras el golpe de Estado del año 2009 que derrocó a Manuel Zelaya (marido precisamente de la que será nueva presidenta, Xiomara Castro) y a partir del cual la situación se deterioró especialmente, con episodios como la muerte del activista LGTB Walter Tróchez en diciembre de 2009 tras recibir una paliza a manos de agresores que se sospecha eran miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal o el asesinato de los también activistas Wilmer García Alvarado y Erick Martínez Ávila en septiembre de 2010 y en mayo de 2012. La relativa normalización política de años posteriores no se acompañó, sin embargo, de una mejora de la situación de la comunidad LGTBI, cuyos miembros ha seguido siendo objeto de violencia. En 2017 recogíamos, por ejemplo, el asesinato de la activista trans Sherlyn Montoya.

Corría 2016 cuando nos hacíamos eco de un informe para Index on Censorship, que profundizaba en el aumento de la violencia por LGTBIfobia en Honduras, relacionado con diversos factores: el recrudecimiento de la hostilidad de las autoridades hacia los colectivos LGTB organizados tras el golpe de 2009; la proliferación de pandillas o maras; la antipatía de ciertos medios de comunicación hacia las asociaciones pro derechos humanos… Por no olvidar el papel de la Iglesia católica y de los grupos evangélicos como instigadores de odio. No parece que la situación haya mejorado demasiado desde entonces. De hecho, la hostilidad hacia cualquier tipo de medida en favor de la comunidad LGTB por parte del gobernante Partido Nacional ha sido manifiesta durante estos últimos años. Buen ejemplo es lo sucedido el pasado septiembre, cuando el presidente saliente, Juan Orlando Hernández, durante el discurso conmemorativo de la independencia de Honduras, incluyó expresamente como enemigos de la independenciaa «los que promueven los matrimonios entre personas de diferente sexo» (obviamente fue un lapsus y se refería a los defensores del matrimonio igualitario).

El programa LGTBI de la presidenta electa

Es por todo ello que la elección de Xiomara Castro como nueva presidenta supone un soplo de aire fresco para la comunidad LGTBI hondureña. En su programa electoral, por ejemplo, podemos leer que «históricamente, las lesbianas, los homosexuales, trans, bisexuales, intersexuales, queer y diversas formas de orientación y expresión sexual han sido invisibilizadas, marginadas y violentadas por la sociedad y sus instituciones que las discriminan y excluyen. LIBRE [la formación política de Castro] rechaza esa injusticia». «La discriminación a la diversidad sexual se refleja en todos los ejes de la dinámica social, en la negación de derechos a la vida digna, educación, salud y trabajo y tiene su principal sustento en fundamentos religiosos mal entendidos. Pero está reñida con toda ciencia, con la antigua tradición y con el derecho internacional», continúa el texto, que hace referencia en ese momento a las cifras de asesinatos de personas LGTBI mencionadas arriba.

Es por eso que Castro enumera entre sus promesas en esta materia (reproducimos literalmente).

• Ley de protección para personas LGTBIQ+ que asegure políticas de inclusión, su igualdad de remuneración, el respeto a su identidad, e integridad personal, etc.
• Penalizar severamente los crímenes de odio contra personas LGTBIQ+
• Creación de casas seguras con programas de atención primaria a personas LGTBIQ+ víctimas de violencia y riesgo; donde se incluya atención legal, médica, psicológica, etc.
• Unidad de investigación comprometida en la persecución de crímenes violentos de odio a personas LGTBIQ+ que reduzca la impunidad.
• Programa de atención psicológica pública exclusivo para personas LGTBIQ+ para impulsar una salud integral.
• Aprobación de la ley de identidad de género que asegure la inclusión social.
• Promover espacios seguros (locales, institucionales, políticos, públicos) con enfoque de DDHH y desarrollo.

Es importante destacar que la victoria de Castro en las elecciones presidenciales se acompañó de la victoria de su partido, Libre, en las elecciones lesgislativas, al obtener el mayor número de escaños en el Congreso Nacional aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. En este sentido, habrá que ver cómo esta formación de izquierda es capaz de sacar adelante todas aquellas propuestas de su programa que necesiten un desarrollo legislativo.

En cualquier caso, a día hoy hay motivos más que justificados para sentir esperanza.

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Los Obispos de Honduras saludan a la Presidenta electa y piden que promueva “un auténtico desarrollo”

Tras las elecciones en Honduras el pasado 28 de noviembre, en la que fue elegida Iris Xiomara Castro como presidenta de esta nación centroamericana, los Obispos han saludado a la primera mandataria y han pedido que gobierne en pos de “un auténtico desarrollo y crecimiento de nuestro país y de cada familia”.

En especial, abogan para que se busque el bien común en favor de los más pobres y excluidos, por ello han dicho que “nos sumamos a aquellos aspectos que la Sra. Xiomara ha señalado como prioridades de su gobierno y que nosotros también primamos”.

Entre las que han señalado: “La erradicación de la pobreza, la lucha contra la impunidad, la generación de empleos, la dignificación del sistema de salud y de la educación”.

Al respecto, mencionan al Papa Pablo VI, quien “había presentado el desarrollo de los pueblos como el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas: esto es un verdadero acto de justicia y de solidaridad”.

Al tiempo han indicado que esta elección presidencial “es solo uno de los componentes de las elecciones celebradas recientemente”, puesto que “fueron elegidas autoridades edilicias para los 298 municipios del país y, además, los diputados al Congreso Nacional. Con mucho pesar y sincera preocupación, hemos visto cómo en los últimos días se han levantado innumerables voces, señalando que se ha efectuado un fraude en estos otros niveles electivos”, han añadido.

Por tanto, “hacemos un llamado a los entes responsables a prestar la debida atención a estos reclamos y a resolverlos de manera expedita y en base a la ley. Por el bien de nuestro país, no pueden quedar dudas sobre la transparencia en el recuento de los votos y el respeto de la decisión de los votantes”, han dicho.

Fuente Dosmanzanas, Religión Digital

General, Historia LGTBI Delitos de Odio, Discriminación, Erick Martínez Ávila, Homofobia/Transfobia, Honduras, Juan Orlando Hernández, LGTBIfobia, Libertad y Refundación (Honduras), Manuel Zelaya, Partido Nacional (Honduras), Red Lésbica Cattrachas, Sherlyn Montoya, Transfobia, Violencia LGTBIfoba, Walter Tróchez, Wilmer García Alvarado, Xiomara Castro

En una jornada vertiginosa, tras el paso por la Comisión Mixta, este 7 de diciembre el Senado chileno aprobaba el proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo con una holgada mayoría de 21 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Inmediatamente, la iniciativa legislativa fue enviada a la Cámara de Diputadas y Diputados, que en su segunda votación al respecto, convalidó la ley por 82 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones. El texto definitivo ha sido remitido al Ejecutivo para su promulgación. De esta manera, Chile ha conseguido que sean ya 31 los países del mundo donde existe el matrimonio igualitario, 10 de ellos en América.

Tras la aprobación del proyecto de ley de matrimonio por el pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 23 de noviembre, el paso a su valoración por el Senado fue impedido por su Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que decidió enviarlo a una Comisión Mixta, formada por representantes de ambas cámaras, para que se alcanzase un acuerdo que solucionase las divergencias suscitadas en determinados senadores.

Este 6 de diciembre, tras la deliberación oportuna, se llegó a un acuerdo en la Comisión Mixta que resolvió las divergencias entre Senado y Cámara en temas de filiación, derechos laborales y actualización de la ley de identidad de género, que no contemplaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con la redacción anterior a esta reforma, los matrimonios hasta ese momento legalmente mixtos, en los que uno de sus integrantes cambiase el género registral, quedaban inmediatamente anulados. Ahora seguirán siendo válidos.

Asimismo, se aprobó que la filiación de hijos nacidos por reproducción asistida sea determinada por las personas que se hayan sometido a ella, con el propósito de evitar abrir la puerta a la gestación subrogada. En cuanto a la filiación, se reemplaza la palabra «padres» por «progenitores». Se reconocen la maternidad de las mujeres trans y la paternidad de los hombres trans en los certificados de nacimiento. Se establece que el orden de los apellidos sea decidido por las parejas del mismo sexo. En materia laboral, se homologan los permisos por nacimiento de madres y padres trabajadores a la persona gestante y su pareja. También se garantizan las pensiones para viudos y viudas de parejas del mismo sexo.

Con la plasmación de estos acuerdos en el proyecto de ley, la Comisión Mixta remitió el texto al Senado. A primeras horas de este 7 de diciembre, la cámara alta aprobó la ley por una amplia mayoría de 21 votos favorables, 8 contrarios y 3 abstenciones. De manera inmediata, se envió el proyecto de nuevo a la Cámara de Diputadas y Diputados para una segunda y definitiva votación del texto ya enmendado. La cámara baja dio su aprobación por 82 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones. El siguiente paso ha sido la remisión de la ley de matrimonio igualitario al Ejecutivo, para su promulgación efectiva.

Contenidos de la ley

La ley otorga a las parejas del mismo sexo, todos y cada uno de los deberes y derechos con que gozan en la actualidad los matrimonios heterosexuales,

En materia de homoparentalidad, se garantiza la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, entre otras categorías, para efectos de custodia de hijos o hijas, filiación y adopción, estén o no las parejas unidas en matrimonio y hubiesen tenido o no a sus hijos/as  mediante fertilización humana asistida. En tal sentido, se reconoce la maternidad de mujeres trans y la paternidad de hombres trans en los certificados de nacimiento de sus hijos/as.  También se determinó el orden de los apellidos de las parejas del mismo sexo; definiéndose que lo decidirán los progenitores y, si no hay acuerdo, el Registro Civil lo someterá a sorteo.

A la par se regulan los bienes de las parejas del mismo sexo, se garantizan las pensiones para viudos/as,  los permisos laborales en caso de nacimiento de hijos/as y las asignaciones familiares y se amplía el concepto de hermanos/as, reconociendo tal calidad para quienes lo son por parte de ambos progenitores (doble conjunción) o solo por uno de ellos (simple conjunción). Se eliminan así conceptos de hermanos maternos y paternos. De igual manera se reconocen los matrimonios igualitarios contraídos en el extranjero

También se derogan de la Ley de Identidad de Género todos los artículos que divorciaban automáticamente a las personas trans casadas que rectificaban su partida de nacimiento.

De esta manera, Chile se ha convertido en el trigésimo primer país del mundo en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El MOVILH ha emitido en su página web un comunicado lleno de emoción en el que expresa su satisfacción por la consecución de un logro de esta envergadura en los derechos de las personas LGTBI chilenas:

En Chile  ya es ley el matrimonio igualitario.

Retroalimentación de luchas sociales, avance, transformación socio-cultural política y estatal, perseverancia, solidaridad, indiferencias, resiliencia, sueños, desafíos, historia y alto costo social y humano son los procesos vividos en los  últimos 30 años y que bien resumen el camino hacia el  desenlace que conocemos hoy, un inolvidable martes 7 de diciembre del 2021.

Con la aprobación del matrimonio igualitario, Chile ha dado un paso histórico y decisivo para el avance y consolidación de los derechos humanos de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales, todas las cuales, sin distinción, venían siendo discriminadas y vulneradas desde los orígenes de nuestro país.

La definición estatal sobre el matrimonio existente hasta hoy en Chile se derrumbó. La homofobia, la  hetero-normatividad y la desigualdad que lo caracterizaba,  en desmedro de las personas LGBTIA+ , ha llegado a su fin.

Ya no existirán más privilegios jurídicos para una parejas y familias sobre otras solo en razón de su orientación sexual o identidad de género. Cualquier pareja o familia podrá o no formalizar su relación en igualdad de condiciones que las heterosexuales a través de una institución que por tanto tiempo les fue esquiva.

El abanico de posibilidades que otorgaba el matrimonio solo a un grupo de parejas, hoy se despliega para todas, todos y todes con cada uno de los colores, dejando atrás un pasado gris, de siglos de discriminación y abusos.

Tantas muertes, tanta tristeza, tantas lágrimas y dolor significó llegar a este momento.

Conocemos de 55 víctimas fatales de la homo/lesbo/bi/transfobia en Chile. Y sabemos que son más. Para estas víctimas, y para las cuales cuyo asesinatos de odio fueron silenciados o no denunciados, va este avance, este triunfo de la igualdad, del amor.  Un cambio radical a favor de la dignidad humana que también dedicamos a todas aquellas parejas y familias que fueron encarceladas, torturadas, separadas o distanciadas  solo por su orientación sexual o identidad de género.

Extendemos especial reconocimiento a las valientes  parejas del mismo sexo que confiaron en Movilh para que judicializaremos su demanda para ser reconocidos como familia y matrimonio, permitiéndonos llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta concluir con un Acuerdo de Solución Amistosa que derivó en la redacción e ingreso al Congreso Nacional del proyecto de ley que hoy aprobó el Senado.

Gracias a cada una de las personas,  autoridades e instituciones que empujaron esta lucha, haciendo posible que entre todas y todos y todes consiguiéramos lo que a hasta la década de los 90 era un imposible, un sueño inimaginable, un sueño inexistente.

Somos una organización ya adulta. Con más de 30 años de trayectoria. Nuestros primeros pasos de conformación los dimos cuando la Organización Mundial de la Salud seguía considerando a la homosexualidad como una patología; cuando la homosexualidad  era sancionada con la cárcel en Chile; cuando la sociedad en su casi totalidad hacía suyas las creencias religiosas y veía a toda persona LGBTIQA+ como pecadora, inmoral, anti-natura y sucia.  En ese contexto, por cierto que el matrimonio igualitario era un sueño inexistente, había que derribar otros extendidos y crudos estigmas antes de llegar al día de hoy.

Nos emociona  recordar que cuando por primera vez pensamos en luchar por el  matrimonio igualitario, por ahí en 1999, la conclusión del momento fue “hagámoslo,  pero seguro no estaremos vivos/as para verlo”.

Nos emociona recordar que cuando fuimos al Registro Civil hace una década con parejas del mismo sexo a pedir horas de matrimonio, nos dijeron locos/as  y ridículos/s, en circunstancia que esa estrategia terminó siendo la base que cambió el rumbo de la historia jurídica y legislativa de las parejas del mismo sexo en nuestro país.

El matrimonio igualitario; que viene a mejorar la calidad de vida de personas,  familias y parejas; es el resultado de todas las luchas por los derechos humanos: la de las mujeres, la de los pueblos originarios, la de las personas con capacidades diversas, la de los jóvenes, la de los  adultos mayores, la de los migrantes, la de las personas con VIH, la de los pobres, la de quienes viven con alguna enfermedad y  la de todo sector que ha visto vulnerado sus derechos por los prejuicios, la ignorancia, los estigmas y la desigualdad estructural que, en tantos ámbitos; aún pesa en Chile.

Toda  lucha por la igualdad y la no discriminación, sabiéndolo o no; queriéndolo o no; se retroalimenta con otras y va cambiando, las sensibilidades y los conocimientos de la ciudadanía, volviéndonos más justos/as, nobles, empáticos/as y comprensivos/as.

Toda lucha por los derechos humanos, cualquiera sea ésta,  sienta las bases para mejores condiciones de vida y permite más conquistas.

Gracias a todas las luchas, individuales, grupales o institucionales, hoy dimos un nuevo paso que confiamos sea un impulso y una esperanza para  las diversidades de otros países, en particular para aquellos donde ser LGBTIQ+ sigue siendo un delito y/o significa la pena de muerte. No los olvidamos. Nunca. Estamos con ustedes y con cada una de las personas que aún en nuestra propia tierra siguen sufriendo debido a los nocivos efectos de la homo/lesbo/bi/transfobia.

Enhorabuena a todos los chilenos!

Un poco de historia

– Julio a septiembre 2010: El Movilh desarrolla una campaña para judicializar la lucha por el matrimonio entre personas del mismo y llama a parejas homosexuales a sumarse a la causa.

– 25 de septiembre 2010: Parejas del mismo sexo asisten junto al Movilh al Registro Civil para pedir una hora matrimonio.

-4 de abril del 2012: La Corte Suprema falla contra las parejas del mismo que pidieron matrimonio en el Registro Civil

– El 15 de mayo del 2012: el Movilh, representado por Rolando Jiménez, demandó al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por prohibir el matrimonio a parejas del mismo sexo.

– El 11 de junio del 2016: bajo la administración de Michelle Bachelet, el Estado de Chile y el Movilh firmaron un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA). En el ASA el Estado se comprometió a elaborar un proyecto de ley, presentarlo al Congreso Nacional y a aprobarlo.

– El 5 de septiembre del 2017, y en el marco del cumplimiento del ASA, Bachelet presentó al Congreso Nacional el proyecto de ley de matrimonio igualitario, tras redactarlo junto a organizaciones de regiones del norte, centro y sur del país.

– El 17 de mayo del 2018 el Gobierno del presidente Sebastián Piñera se compromete ante la CIDH a cumplir con el ASA.

– El 3 de junio del 2021 el presidente Piñera da suma urgencia al proyecto de ley de matrimonio igualitario elaborado por Bachelet

– El 20 y 21 de julio del 2021 el Senado analiza y vota proyecto de ley, lo aprueba y despacha a la Cámara de Diputadas y Diputados.

– El 12 de octubre del 2021 la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara  despacha a Sala el proyecto de ley, superando los vacíos en materia de adopción, filiación y custodia homoparental que no había resuelto el Senado

– 23 de noviembre del 2021: La Cámara e Diputadas y Diputados aprueba y despacha al Senado el matrimonio igualitario.

– 30 de noviembre del 2021: Comisión de Constitución Legislación del Senado y el Senado rechazan indicaciones introducidas por la Cámara al proyecto de ley.

– 6 de diciembre del 2021: La Comisión Mixta aprueba el proyecto de ley, incluida la casi totalidad de las modificaciones introducidas en la Cámara

– 7 de diciembre: Las salas del Senado y de  la Cámara aprueban el matrimonio igualitario y lo trasforman en ley.

Hagamos un poco de historia: en 2016, el Estado chileno y el Movimiento de Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) alcanzaron una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad, que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales, así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas. De hecho, en agosto de 2017 el Gobierno de Michelle Bachelet remitía al Congreso un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que no llegó a ser aprobado antes de las elecciones de noviembre que auparon de nuevo al conservador Sebastián Piñera a la presidencia.

Y aunque en septiembre de 2018 se aprobaba la ley de identidad de género, tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades, la promesa de avanzar hacia el matrimonio igualitario quedó en suspenso. Según se filtró en su momento a la prensa chilena, el Gobierno de Piñera manifestó ante la CIDH que no pensaba cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acogía para ello a una más que dudosa interpretación del acuerdo, según la cual el compromiso adquirido ya se habría satisfecho con la presentación del proyecto de ley por parte del anterior Gobierno en 2017. No fue hasta enero de 2020, tres meses después del comienzo de las protestas que han trastocado la realidad social y política de Chile (que se encuentra en este momento en pleno proceso constituyente) cuando el Senado incluyó por primera vez la tramitación del proyecto de ley de matrimonio igualitario en el orden del día. La oposición de buena parte de la bancada conservadora, sin embargo, abortó la iniciativa. Sin embargo, en un primer giro de los acontecimientos, Sebastián Piñera pidió a sus ministros que se replantearan su postura. Y finalmente, el pasado 1 de junio, durante su comparecencia ante el Congreso, Piñera hacía un inesperado anuncio: daba su apoyo a la aprobación del matrimonio igualitario. «Anunciamos que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso y que establece el matrimonio igualitario entre todos nuestros compatriotas», prometía Piñera.

Desde entonces los acontecimientos se aceleraron. El pasado 21 de julio el Senado de Chile aprobaba la iniciativa. Finalmente, las disposiciones relativas a la autorización del matrimonio de parejas del mismo sexo fueron aprobadas por 28 votos a favor y 14 en contra. Por lo que se refiere a las normas relativas a la filiación, fueron aprobadas por 29 votos a favor y 14 en contra. El 23 de noviembre el proyecto recibió el visto bueno de la Cámara de Diputadas y Diputados por 110 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones. Tras el conflictivo paso por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, se creó una Comisión Mixta de ambas cámaras que el 6 de diciembre aprobaba un texto enmendado que remitía de inmediato a la cámara alta. En una vertiginosa jornada, el 7 de diciembre el proyecto de ley era aprobado por el Senado y posteriormente convalidado de nuevo en la Cámara de Diputadas y Diputados. El proyecto se había convertido definitivamente en ley.

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El Presidente Piñera  promulgó   el proyecto de ley que en 2017 ingresó al Congreso Nacional  la ex presidenta Michelle Bachelet.

“Llegó el tiempo de consagrar la libertad de amar y formar familia”

El presidente Sebastián Piñera promulgó hoy la ley de matrimonio igualitario, marcándose un nuevo hito en la historia de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Chile.

Con la Ley de Matrimonio Igualitario que hoy promulgamos, todas las parejas que así lo deseen, independiente de su orientación sexual, podrán vivir el amor, contraer matrimonio y formar familia, con toda la dignidad y protección legal que necesitan y merecen.

El matrimonio es la institución que encarna los más profundos ideales de nuestra sociedad, como el amor, fidelidad, respeto, acogimiento, solidaridad y familia.

A través del matrimonio, dos personas se unen en un proyecto de vida en común, se prometen amor y ayuda en salud y enfermedad, incluso más allá de esta vida.

¿Cuáles son los principios y objetivos de esta ley?

Básicamente tres:

Primero, proteger la familia, y muy especialmente a los niños y niñas. Nuestro Gobierno está comprometido con la protección de la familia y poner a los niños primeros en la fila. La Ley de Matrimonio Igualitario permitirá que todos los niños, con un papá y una mamá, con dos papás o dos mamás, tengan los mismos derechos y protección en materias tan importantes como el cuidado personal, pensión de alimentos o derechos hereditarios.

No podemos tener familias de primera y segunda categoría, y a partir de hoy, estas distinciones serán parte del pasado.

Segundo, dar vida al principio que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y son iguales ante la ley. Esta Ley pone en un pie de igualdad todas las relaciones de amor entre dos personas, porque es un deber del Estado, de acuerdo a Tratados como la Declaración Universal y la Convención Americana de Derechos Humanos, el proteger a todos los tipos de familia, sin discriminar por la orientación sexual o identidad de género de quienes las componen.

Tercero, resguardar y promover la libertad. La libertad es una condición esencial para que las personas puedan desarrollar sus talentos y realizarse como personas, para cumplir sus sueños y buscar la felicidad. Además, la libertad es también una condición esencial para construir una sociedad más sana, más plena y más feliz.

La libertad de vivir, la libertad de pensamiento y conciencia, la libertad de expresión y la libertad de emprender. Y también la libertad de amar y construir sus propios proyectos de vida, que son reconocidos y protegidos por esta Ley de Matrimonio Igualitario, la que también garantiza un Estado respetuoso de la vida privada de las personas.

Esta ley también protege la libertad religiosa, porque es una ley de Matrimonio Civil que respeta los matrimonios religiosos, que tienen la libertad de definir sus propias condiciones y naturaleza.

Sabemos que en nuestro país hay posiciones distintas sobre esta materia, que reconocemos como legítimas y respetables. En el pasado, mi mirada fue distinta. Pero, así como es importante en la vida actuar con convicciones profundas, también es importante y me siento orgulloso de haber podido desarrollar nuevas perspectivas.

El Estado siempre debe cumplir su rol fundamental de promover una sociedad libre, diversa, tolerante e inclusiva, y evitar que existan discriminaciones arbitrarias o privilegios entre sus ciudadanos.

Queridos compatriotas:

Este es un día para celebrar. Por eso anteanoche iluminamos La Moneda con los colores de la diversidad.

Pero también es un día para reflexionar. A lo largo de la historia y todavía en el presente, muchos grupos han sido discriminadas o perseguidas en función de su religión, sexo, color y orientación sexual. En Chile y en el mundo, los crímenes de odio han aumentado y todos tenemos que unir voluntades para erradicarlos.

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Con masivo evento en la Plaza de la Dignidad y desayuno con familias homoparentales celebran la aprobación del matrimonio igualitario en Chile

A esto se sumó la iluminación de La Moneda con los colores LGBTIQ+ y el despliegue de la bandera de la diversidad en 42 instituciones públicas y privadas.

Con un masivo evento artístico y cultural en la Plaza de la Dignidad, un desayuno con familias homoparentales y una edición especial del “Banderazo Arcoíris”, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) festejó la  histórica aprobación del matrimonio igualitario que tuvo lugar el pasado martes 7 de diciembre.

Si bien el día y hora del evento fueron avisados a pocos minutos de ocurrir, unas 2.000 personas se plegaron al llamado y asistieron acompañadas de sus amigos/as, parejas, hijos/as u otros familiares.

El evento; desarrollado entre las 19:00 y las 22:45 horas del 7 de diciembre; arrancó con la entonación el himno nacional por parte de la cantante lírica trans Francesca García, tras lo cual los/as dirigentes del Movilh, Javiera Zúñiga y Ramón Gómez, leyeron un discurso de bienvenida al matrimonio igualitario.

Especialmente intervinieron la ex diputada Fanny Pollarolo, autoridad pionera en apoyar los derechos LGBTIQ+ a comienzos de los años 90, y César Peralta y Víctor Arce, quienes junto a sus respectivas parejas demandaron al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la prohibición del matrimonio igualitario, siendo esa acción la cual originó el proyecto de ley que ahora se aprobó.

Durante el evento, animado por el transformista Paul Bichón, expusieron también el vicepresidente de la Convención Constitucional, Pedro Muñoz, el Convencional Constituyente, Tomás Laibe y el histórico dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, así como familias homoparantales con sus hijos. A la par, parejas lésbicas y gays se pidieron matrimonio sobre el escenario.

En el plano artístico, se presentaron el grupo Aion,  los/as cantantes Dani Ride, Laure Bel y Dani Ride y los transformistas Taina Quendesnfeld, Sabrina O’Donell y Francisca del Solar. El evento terminó con música electrónica a cargo del DJ Fletcher.

En tanto, y a la misma hora que las personas LGBTIQ+ celebraban en la Plaza de la Dignidad, La Moneda se iluminó con los colores del Orgullo

Desayuno familiar y colores LGBTIQ+

Al día siguiente de la aprobación, familias homoparentales desayunaron en la sede del Movilh para compartir sus expectativas en torno al matrimonio igualitario y dialogar sobre sus experiencia.

Participaron del desayuno Isidora Iturriaga y Michell Sierra quienes están a solo días de convertirse en madres de mellizos/as;  Vanessa Solorzano y Joalismir Moreno, una pareja venezolana que asistió acompaña de su hijo Erick; y las chilenas Jacqueline Paez y Evelyn Maldonado, madres de la pequeña Emily.

Finalmente, y desde la semana pasada, un total 42 instituciones públicas y privadas se sumaron a una edición especial de la Campaña Arcoíris del Movilh, desplegando las banderas LGBTQA+ o iluminando sus frontis con los colores de la diversidad en apoyo al matrimonio igualitario.

El matrimonio igualitario en América y el mundo

Con la aprobación del matrimonio igualitario en Chile, los países del continente americano donde está permitido suman ya 10 (entre paréntesis, la entrada en vigor de la ley):

El continente americano se sumó rápidamente a legislar la igualdad de las parejas del mismo sexo. Una de las peculiaridades es que, en muchos de estos países, fueron primero los tribunales quienes dictaminaron la inconstitucionalidad de la discriminación de las parejas LGTB. En otros, sin embargo, fue el poder legislativo quien tomó la iniciativa. Estos son los 10 países americanos donde existe el matrimonio igualitario (con su año de entrada en vigor entre paréntesis):

Canadá (2005), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010), Brasil (2013), Uruguay (2013), ,Brasil (2013), Uruguay (2013) , Estados Unidos (2015), Colombia (2016), Ecuador (2019), Costa Rica (2020) y Chile (2021).

Este sería el mapa de la situación del matrimonio igualitario en América (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

Actualmente, en todo el mundo son 31 los países donde existe el matrimonio igualitario (entre paréntesis, la entrada en vigor de la ley):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Sudáfrica (2006), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010), Dinamarca (2012), Brasil (2013), Uruguay (2013) , Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, 2020 en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Estados Unidos (2015), Colombia (2016),  Finlandia (2017), Alemania (2017), Malta (2017), Australia (2017),  Austria (2019),Taiwán (2019), Ecuador (2019), Costa Rica (2020),  Suiza (2021).y Chile (2021).(Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño).

Esperemos que esta lista se vaya ampliando en todos los continentes.

Fuente Dosmanzanas/MOVILH/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI Acción Gay, Chile, Congreso de Chile, Discriminación, Gonzalo Velásquez, Iguales, Isabel Amor, Matrimonio, Michelle Bachelet, MOVILH, Rolando Jiménez, Sebastián Piñera

La acción erosiva de la extrema derecha y de los movimientos ultraconservadores contra el avance de los derechos de las personas LGTBI continúa. La nueva batalla se libra en la Comunidad de Madrid, donde Vox ha presentado una proposición de ley «de igualdad y no discriminación» que en caso de ser aprobado derogaría las leyes ya existentes en la Comunidad de Madrid de protección contra la LGTBIfobia y de identidad y expresión de género. Sería la primera vez en lo que llevamos de siglo que se produce un retroceso legslativo explícito en la protección contra la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito de Europa occidental, de ahí su importancia.

Las leyes que la extrema derecha pretende derogar en Madrid, si el gobernante Partido Popular lo permite (recordemos que, una vez desaparecido Ciudadanos del ámbito regional tras las últimas elecciones, el PP de Isabel Díaz Ayuso y Vox suman mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid) son la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, aprobada en julio de 2016 con el voto de todos los grupos representados entonces en la cámara autonómica (incluido el grupo popular de la época) y la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, aprobada en marzo de 2016 con el voto favorable de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la entonces abstención del grupo popular.

Este es el texto de la Ley que se debatirá el 16.

Una derogación que Vox había puesto como condición para dar su apoyo a los presupuestos generales presentados por Isabel Díaz Ayuso, pero que aparentemente quedó fuera del pacto presupuestario dado a conocer públicamente hace unos días por las dos formaciones. Este viernes, sin embagro, saltaba la sorpresa, cuando el diputado de Más Madrid en la Asamblea regional Eduardo Fernández Rubiño daba a conocer en Twitter que el próximo 16 de diciembre sería votada en pleno la adminsión a trámite de la propuesta de derogación:

🔴 Pues ya tenemos noticia de última hora:
La propuesta de derogación completa de la Ley LGTBI y la Ley Trans de la Comunidad de Madrid irá a pleno el día 16 de diciembre.

Sería el primer retroceso en legislación LGTBI en España desde la democracia.

— Eduardo Rubiño 🏳️‍🌈 (@EduardoFRub) December 3, 2021

Está por ver qué sucederá el próximo día 16, puesto que ya en varias ocasiones en que ha sido preguntada por la materia, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado abierta a negociar con Vox la modificación del articulado de ambas leyes, aunque nunca ha hablado abiertamente de derogarlas. Desde el PP, por otra parte, han evitado anticipar el sentido de su voto, al menos hasta el momento. En este sentido, cabe señalar que la toma en consideración del proyecto no supone su aprobación, sino el inicio de su trámite parlamentario. No sería de extrañar, dada la conocida habilidad propagandística de la presidenta Ayuso, que la toma en consideración fuese aprobada para así contentar al electorado más reaccionario y favorecer el apoyo definitivo de Vox a sus presupuestos para luego pasar a una fase de ambigüedad calculada durante la tramitación parlamentaria en la que el desenlace definitivo lo definieran las prospecciones demoscópicas de Díaz Ayuso.

El día 15 todes a llenar Sol #NiUnPasoAtrás

En este sentido, cabe señalar, para anticipar la dirección hacia la cual la extrema derecha intentará derivar el debate, que si finalmente fuese aprobada íntegramente la proposición de ley presentada por Vox, las dos leyes derogadas, caracterizadas por un elevado grado de concreción en la definición de los sujetos protegidos y en las medidas enunciadas, serían sustituidas por un listado genérico de vaguedades que dejan fuera las medidas o acciones afirmativas contempladas específicamente en materia LGTBI a nivel educativo, sanitario o laboral. Especialmente dañado se vería el colectivo trans, que perdería por ejemplo el derecho expreso a una asistencia sanitaria integral acorde a su identidad de género y a disponer de documentación administrativa según su identidad con independencia de su estatus registral (en este sentido es un mal presagio el apoyo a la iniciativa de Vox que desde algunas cuentas afines al activimo transexcluyente se ha manifestado ya). Pero también desaparecerían, por mencionar solo algunos ejemplos, la prohibición de las pseudoterapias de conversión, la prohibición de las cirugías de mutilación a personas intersex y toda una serie de medidas destinadas a prevenir el acoso escolar o la discriminación laboral por LGTBIfobia.

Pase lo que pase, y sobre todo si el PP no rechaza la proposición de forma clara, nos encontramos ante un gravísimo precedente, ya que en caso de que la legislación antidiscriminatoria fuese derogada, o simplemente rebajada, nos encontraríamos, al menos en nuestro conocimiento, ante la primera vez en lo que llevamos de siglo XXI que se produce un retroceso legislativo en la protección de las personas LGTBI en el ámbito de Europa occidental (Hungría, Polonia o Rusia aparte).

Fuente Dosmanzanas

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El tribunal más alto de Italia ha dictaminado que una escuela católica discriminó a una maestra que fue despedida debido a los rumores de que es lesbiana. El fallo podría sentar un precedente positivo para LGBTQ en los tribunales de la nación.

La Sección Laboral del Tribunal de Casación, que es el tribunal de apelaciones más alto de Italia, confirmó que el Istituto Sacro Cuore (Colegio Sagrado Corazón) en Trento efectivamente discriminó por orientación sexual cuando en 2014 no renovó el contrato del maestro.

Alexander Schuster, el abogado que representa a la maestra anónima (que se ha hecho llamar “Silvia” en informes anteriores), le dijo a Il Post  (a través de Google Translate):

“‘ El Tribunal de Casación. . .ha rechazado en su totalidad el recurso de apelación del instituto y reiteró lo que ya había establecido el Tribunal de Apelación, a saber, que ser una escuela religiosa que quiere mantener la fe en su misión no justifica discriminación alguna. Es una sentencia que hace jurisprudencia para la ley italiana que, en estos temas, aún estaba en los noventa ‘”.

Este fallo es el tercero contra Sagrado Corazón en el caso de Silvia, y cada vez han aumentado los daños que se le deben a ella y a los grupos de defensa de los derechos civiles. La apelación al Tribunal de Casación se basó en un argumento legal en torno al concordato (acuerdo político) de Italia con la Santa Sede. El concordato tiene disposiciones relacionadas con la educación católica en Italia, que según el Sagrado Corazón le permitían libertad en sus decisiones, incluido el empleo. Pero el fallo del Tribunal rechazó tales reclamos, escribiendo en su decisión (a través de Google Translate):

“La parte solicitante [Sagrado Corazón] invoca disposiciones, incluidas las constitucionales, como base de la libertad de organización del instituto religioso, pero no explica adecuadamente cómo esta libertad puede legitimar conductas abiertamente discriminatorias como las consideradas y comprobadas por los jueces de Trentino . “

Schuster comentó que el fallo envió un mensaje claro: “Una escuela, solo por ser católica, no tiene carta blanca para discriminar a las personas”.

En 2014, la maestra fue convocada a una reunión con la directora de la escuela, quien también era superior de la comunidad de religiosas que administra la escuela. A Silvia le preguntaron sobre su relación con una mujer con la que vive. La directora dijo que había escuchado rumores de que Silvia era lesbiana y trató de aclarar la relación de la maestra en aras de “proteger el entorno escolar”. Bajo escrutinio, Silvia se negó a responder cualquier pregunta en esa reunión y rechazó una sugerencia del director de que la escuela “haría la vista gorda si [Silvia] estaba dispuesta a ‘resolver el problema’”. Silvia luego confirmó que era lesbiana en una relación comprometida, describiendo el despido como “medieval” en ese momento.

Si bien Sacred Heart podría apelar a la Corte Europea, Schuster cree que “el asunto está cerrado” y el enfoque ahora estará en otros casos de discriminación, tanto contra personas LGBTQ como contra otras comunidades marginadas. Con suerte, tiene razón y la lucha de Silvia por la justicia laboral brindará a los trabajadores de la iglesia LGBTQ en Italia una mayor protección que antes.

—Robert Shine, New Ways Ministry, 10 de noviembre de 2021

Fuente New Ways Ministry

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El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha incorporado de forma expresa el acceso a la reproducción humana asistida en el Sistema Nacional de Salud a las mujeres sin pareja masculina, a las que el Gobierno del PP dejó sin esta prestación en 2014, y ha incluido de forma expresa a las personas trans con capacidad de gestar. Aunque esta medida forma parte del anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, actualmente en tramitación, el Ministerio de Sanidad ha emitido una orden ministerial que la recupera de inmediato. 

La orden ministerial fue firmada el pasado viernes por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en un acto que tuvo lugar en la sede del Ministerio y en el que estuvo presente, entre otras personalidades, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más, (FELGTBI+), Uge Sangil. También inervino telemáticamente la activista trans y exdiputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli. Según las estimaciones del ministerio, unas 8.500 mujeres y personas trans con capacidad de gestar se verán beneficiadas del acceso a estas técnicas dentro del Sistema Nacional de Salud.

La exclusión expresa de las parejas de mujeres y de las mujeres solas (fuese cual fuese su orientación sexual) del derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública fue decidida en 2013 por el entonces Gobierno del PP cuando revisó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (es decir, la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública). Aunque la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida permite el acceso de todas las mujeres a estas técnicas, su cobertura dentro del Sistema Nacional de Salud estaba limitada a aquellas situaciones en las que existiera «un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida». Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas era lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de lesbianas o de mujeres solteras, lesbianas o heterosexuales, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo hasta entonces (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación).

Con Mariano Rajoy al frente del gobierno, el Ministerio de Sanidad decidió impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. Conviene recordar que en su momento la ministra Ana Mato llegó a afirmar que «la falta de varón no es un problema médico». La orden ministerial fue emitida el 31 de octubre de 2014. Una situación que la sustitución de Ana Mato por Alfonso Alonso, un político más amable y supuestamente gay-friendly, no cambió.

Es cierto que a lo largo de estos años se han sucedido las discusiones jurídicas sobre el alcance de la orden del PP y las comunidades autónomas han actuado de forma diversa. En 2015, de hecho, solo dos años después de la exclusión, una sentencia judicial condenaba a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por discriminar a una pareja de mujeres en su acceso a la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública. Numerosas leyes autonómicas de protección de los derechos LGTBI se han aprobado desde entonces recuperando dicha prestación, entre ellas la de la propia Comunidad de Madrid. Pero el gesto del Gobierno de Pedro Sánchez elimina ambiguedades, extiende el derecho a todo el territorio nacional de forma indiscutible y elimina importantes ambiguedades, como la que sufrían las personas trans con capacidad de gestar (ya sean hombres o personas no binarias y al margen de cual sea su identidad legalmente reconocida).

Fuente Dosmanzanas

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El Alto Tribunal de Botsuana ya despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo en 2019, al anular la legislación heredada de la época colonial británica que las castigaba con hasta siete años de cárcel. El Gobierno de Bostsuana, sin embargo, recurrió la decisión a través de su fiscal general. Los jueces estudian de nuevo el caso.

«He leído detenidamente la sentencia de 132 páginas y opino que el Alto Tribunal se equivocó al llegar a esta conclusión», fueron las palabras del fiscal general Abraham Keetshabe con las que anunciaba el recurso a la histórica despenalización. Dos años después, el tribunal de apelaciones ha comenzado a estudiar el recurso, después de que el pasado 12 de octubre tuviera lugar la audiencia a las partes. Un proceso que, de resultar favorable a la apelación, pone en peligro los derechos de la comunidad LGTBI de Botsuana.

Representantes del Grupo de Defensa de los Derechos Humanos de Lesbianas, Gais y Bisexuales de Botsuana (LEGABIBO) se muestran sin embargo confiados. «La comunidad LGBTIQ está muy emocionada y espera que el asunto quede resuelto. Este es un gran paso en la dirección correcta para cambiar el sistema y reformar las leyes y políticas para garantizar que las comunidades LGBTIQ no solo disfruten de su derecho a ser humanas, sino que también disfruten de protección legal contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género», ha indicado su presidente, Thato Moruti.

Según LEGABIBO, la sentencia de 2019 ya ha provocado un cambio positivo en Botsuana. La organización cita una encuesta del Afrobarómetro realizada poco después de la decisión que registró un aumento de 10 puntos porcentuales en las actitudes tolerantes hacia las personas LGBTIQ.

Un avance que puede estar en peligro pese a los pocos argumentos que esgrime el ejecutivo botsuano para revocar esta decisión. Botsuana es de los pocos países africanos que ha despenalizado en años recientes las relaciones entre personas del mismo sexo, junto a Angola, Gabón, Mozambique y Seychelles. Namibia también está dando pasos en ese sentido. Aún así, buena parte del continente mantiene leyes que las criminalizan, en muchos casos mediante disposiciones heredadas de la época colonial. Un caso especial es el de Sudáfrica, donde a pesar de la LGTBIfobia social el marco jurídico es favorable a los derechos LGTBI, con una Constitución que prohíbe expresamente la discriminación por orientación sexual y donde el matrimonio igualitario es legal desde 2006.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Abraham Keetshabe, Botsuana, Botswana, Despenalización de la homosexualidad, Discriminación, LEGABIBO, LGTBIfobia, Thato Moruti

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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón ha levantado la medida cautelarísima dictada el pasado 15 de octubre que ordenaba la retirada urgente de las bibliotecas de once institutos y de un centro socioeducativo de la ciudad de 32 libros de temática LGTBI que el Ayuntamiento de la ciudad les acababa de donar. En su perfil de Twitter, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana adelantaba esta tarde que «tras analizar las alegaciones de la demandada y la Fiscalía en esta fase del procedimiento, el juez considera que la actuación municipal tiene fundamento legal directo en la ley integral valenciana para el reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género».

Según añade eldiario.es, el nuevo auto del juzgado castellonense recoge además que «no se ha aportado prueba alguna, siquiera indiciaria, de que concurra la ilegalidad que la actora denuncia en la actuación municipal», así como tampoco «de que el contenido de los materiales atente contra los derechos humanos». «No se ha probado, en definitiva, que la actuación impugnada pudiera causar perjuicio alguno», afirma el documento, firmado por el juez titular del juzgado. Cabe señalar, en este sentido, que el anterior auto que ordenaba la censura de los libros fue dictado por la jueza en sustitución ordinaria. Una jueza, Carola Soria, que también protagonizó otra reciente polémica al autorizar la aplicación de una pseudoterapia contra la covid-19 a un paciente en contra del criterio de los médicos que lo atendían.

En el auto de marras, la jueza Soria accedía a la petición de la ultraconservadora Asociación de Abogados Cristianos de que los libros, adquiridos por el Ayuntamiento de Castellón para las bibliotecas de los institutos de la ciudad, fuesen retirados de forma cautelarísima, es decir, de forma inmediata y sin ni siquiera esperar a escuchar los argumentos de las partes por concurrir circunstancias de especial urgencia, ya que «en dicho lapso de tiempo podrían ya ponerse los mismos a disposición de los alumnos menores de edad a quienes van dirigidos, lo que haría perder la finalidad legítima al recurso y producir los alegados ‘perjuicios irreparables’ que con la interposición del recurso contenciosoadministrativo a través del procedimiento de derechos fundamentales, por presunta vulneración de los derechos contenidos en el art. 16 CE y art. 27.3 CE, se pretende evitar». Argumento que ahora se rechaza en una decisión ante la que, conviene precisar, cabe recurso: la batalla puede no haber llegado a su fin.

La lista de libros que podrán volver a las bibliotecas

Por su interés, volvemos a reproducir la lista de libros retirados, y que por fin podrán volver a las bibliotecas:

• Corcel de Fuego, de Lucía Sánchez Saornil
• Leia, Rihanna & Trump, de Proyecto Una
• No vine a ser carne, de Gata Cattana
• Lesbianas. Así somos, de Marta Fernández Herráiz y Kika Fumero
• Después de lo trans, de Elizabeth Duval
• ¿Y si fuéramos nosotros?, de Becky Albertalli y Adam Silvera
• Transfeminismo o barbarie, de varias autoras
• Libérate, de Valeria Vegas (ver reseña en dosmanzanas)
• We Too, de Octavio Salazar
• A la conquesta del cos equivocat, de Miquel Missé
• Orgullo, de Josema Busto
• Orgullo, de Matthew Todd
• Con amor, Simon, de Becky Albertalli (ver reseña en dosmanzanas. Nota: el libro ha sido renombrado tras su adaptación al cine. El título original es Yo, Simon, Homo Sapiens).
• ¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal?, de Jeanette Winterson (ver reseña en dosmanzanas)
• El amor del revés, de Luisgé Martín (ver reseña en dosmanzanas con entrevista a su autor)
• La cultura de la homofobia y cómo acabar con ella, de Ramón Martínez (reseña en dosmanzanas)
• Cuando muera Chueca, de lgnacio Elpidio Domínguez Ruiz
• Un año sin nombre, de Cyrus Dunham
• Familias modernas. Padres e hijos en las nuevas formas de familia, de Susan Golombok
• Chicas que entienden. In-visibilidad lesbiana, de varias autoras (ver reseña en dosmanzanas)
• Gay sex, de Gabriel J. Martín
• De nombre y hueso, varias autoras
• No estamos tan bien, de Rubén Serrano (ver reseña en dosmanzanas)
• Jo sóc així i aixó no és un problema, de Fani Grande
• El fin del armario, de Bruno Bimbi (ver reseña en dosmanzanas con entrevista al autor)
• Transexualidades. Otras miradas posibles, de Miquel Missé (ver reseña en dosmanzanas)
• Cómo supera un bollodrama, de Paula Alcaide
• Ahora que ya lo sabes, de Oriol Pamies
• Queer: una historia gráfica, de Meg-John Barker y Julia Scheele
• LGTB para principiantes, de Daniel Valero (ver entrada referida al libro en dosmanzanas)
• Transeducar. Arte, docencia y derechos LGTB, de Ricard Huerta

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Asociación Española de Abogados Cristianos, Carola Soria, Castellón, Censura, Comunidad Valenciana, Discriminación, LGTBIfobia, Libros, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana