“¿Dónde están los mayores LGTB?”, por Jesús Generelo. Presidente de la FELGTB, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales

El estado de California ha aprobado un proyecto de ley que por primera vez protege de forma expresa los derechos de las personas mayores LGTB en las residencias y centros de mayores. El proyecto, que cuenta con una fuerte oposición de los grupos conservadores, prohíbe cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género o el estatus serológico en relación al VIH. Obliga además al personal de los centros a ser respetuosos con sus residentes LGTB y dirigirse en todo momento a ellos con el pronombre deseado por estos.

La SB 219 (Senate Bill 219) fue introducida en el Senado de California por Scott Wiener, senador demócrata abiertamente gay, con el apoyo de Equality California, la organización de defensa de los derechos de las personas LGTB más importante del estado. Tras sufrir diversas enmiendas a lo largo de su tramitación parlamentaria, las dos cámaras de la legislatura de California, ambas de mayoría demócrata, han dado esta pasada semana su visto bueno al texto final por 55 votos a favor y 19 en contra (en la Asamblea, donde unos pocos republicanos se sumaron a los demócratas y también votaron a favor) y 27 a favor y 12 en contra (en el Senado, donde solo los demócratas la apoyaron). La ley queda ya solo pendiente que el gobernador Jerry Brown la rubrique. Y aunque no se ha pronunciado de forma expresa, sería muy sorprendente que Brown, un político demócrata que siempre se ha mostrado en favor de los derechos LGTB, ejerciese su derecho a veto.

El texto de la ley, que debe ser respetado por todas las residencias y centros de mayores autorizados por el estado de California con independencia de su titularidad, no otorga ningún privilegio a los residentes LGTB, en contra de lo que los grupos conservadores aducen. Su objetivo no es otro que de asegurar que estas personas son respetadas en su dignidad tanto por el personal de los centros como por el resto de residentes, de cuyo acoso los centros deberán proteger a los residentes LGTB, y de que este respeto a sus dignidad se produzca en todos los ámbitos de la atención residencial, tanto en la asistencia a las actividades básicas y sanitaria como en las actividades de ocio o en la asignación de habitaciones compartidas. En definitiva, que después de toda una vida ejerciendo su libertad, las personas LGTB no se vean obligadas de nuevo a “volver al armario” en sus últimos años.

Puedes acceder al texto completo de la ley (en inglés) en este enlace.

Leyes más que necesarias

Estudios llevados a cabo en diferentes países (Estados Unidos, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido o la propia España) muestran desde hace años que las personas mayores LGTB se enfrentan a situaciones de soledad con mayor frecuencia que sus coetáneos heterosexuales. Muchos ancianos LGTB tienen un menor apoyo de sus familias que las personas mayores en general, ya que pocos tienen hijos que se hagan cargos de ellos, y muchos han roto sus vínculos con sus familias. La ausencia de redes de apoyo familiar hace, además, que los mayores LGTB se vean obligados a recurrir a servicios de apoyo socio-sanitarios que no están bien preparados para atender sus necesidades. De hecho, un motivo de preocupación importante para muchos mayores LGTB es la reacción ante su orientación sexual de los trabajadores de los servicios sociosanitarios de los cuales en muchos casos van a depender. Por no hablar, en los casos de centros de mayores o de residencias, de otros usuarios que arrastran sus prejuicios LGTBfóbicos.

Por eso, y ante la escasez de centros residenciales dirigidos de forma específica a la población LGTB (en los últimos años hemos recogido algunas iniciativas en Reino Unido , Argentina o en Suecia, pero son muy escasas), legislaciones como la ahora promovida en California son tan necesarias. Y ello a pesar de la reacción de odio de los grupos conservadores, que en el caso de California no han dudado en seguir recurriendo a las estratagemas comunicativas tránsfobas (en este caso, la retórica de la “dulce abuelita” siendo obligada a compartir habitación con “un hombre disfrazado”) que por desgracia tan buenos resultados les están dando de un tiempo a esta parte.

Fuente Dosmanzanas

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El ministro Zoido confirma que el gobierno del PP no piensa retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido ninguna ley y están al día con sus obligaciones con la Administración.

En marzo de este año el mismo gobierno del PP sí retiró la Utilidad Pública a otras organizaciones sin necesidad de que hubiera una resolución judicial o un conflicto legal de por medio.

Espaldarazo del Gobierno a la organización ultraconservadora HazteOír, a la que mantendrá el estatus de utilidad pública que en su momento le concedió Jorge Fernández Díaz salvo que exista una resolución judicial que la condene. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha escudado en el “Estado de derecho” para justificar su decisión, duramente criticada por los partidos de la oposición, que consideran que el Gobierno puede perfectamente retirar a HazteOír la declaración de utilidad pública, al igual que ha hecho con otras entidades en el pasado.

El ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, compareció  en el Congreso de los Diputados el pasado martes 12 de septiembre para explicar si el gobierno del Partido Popular pensaba retirar o no la Utilidad Pública que en 2013 el también ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, había concedido a Hazte Oír.

Todos sabíamos que las probabilidades de que esto ocurriera eran mínimas, y efectivamente lo que temíamos se ha cumplido: Zoido ha dicho que Hazte Oír va a seguir siendo de utilidad pública. Y es curioso, porque aunque en su momento no necesitaron que ningún juzgado ni nadie externo al gobierno recomendara conceder esa clasificación, ahora dice que “hoy por hoy es imposible” retirar la Utilidad Pública al grupo ultra católico porque Hazte Oír está al corriente de todas sus obligaciones con la Administración y con la Justicia y que “no podemos ignorar la ley. Nos guste o no, tenemos que respetar los trámites.”

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces se advirtió del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). Este martes, sin embargo, el ministro Juan Ignacio Zoido, interpelado en la Comisión de Interior del propio Congreso, se ha negado a tomar dicha decisión, argumentando que para ello tiene que esperar a que una resolución judicial determine que HazteOír ha cometido un delito de odio. “En el caso que nos ocupa, el ministro [en alusión a él mismo] no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al estado de derecho, porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos”, ha asegurado.

Por si acaso a alguien le da por pensar que lo que pasa es que Zoido es un poquito… como los de HazteOír, el ministro ha aclarado que “les puedo asegurar, en el caso que nos ocupa, que el ministro no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al Estado de Derecho. Porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos.”

Evidentemente esta excusa de que el Gobierno no puede retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido la ley no se la cree nadie. Como ha explicado la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, el Gobierno tiene plena capacidad para retirar ese privilegio sin necesidad de una sentencia judicial:

Q dice #Zoido no puede iniciar revocación utilidad pública #HazteOir hasta justicia pronuncie, como si Gob no tuviera capacidad.. #amiguitos pic.twitter.com/58hvcDB1FA

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 12 de septiembre de 2017

De hecho, y esto es muy curioso, en marzo de este mismo año toda la oposición en bloque votó a favor de retirarle el título a Hazte Oír. Es decir, que es un trámite político y no judicial. Y fíjate si es así que el propio gobierno del PP, a través de una orden firmada por el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, retiró ese mismo mes la Utilidad Pública a seis asociaciones sin que en ninguno de esos casos hiciera falta una resolución judicial que ahora parece tan necesaria para hacer lo mismo con Hazte Oír.

Para que quede más claro: El PP No retira la utilidad publica a Hazte Oir porque no le da la real gana, y punto. Porque poder, pueden.

Por cierto, en su intervención Zoido ha dicho que en caso de que Hazte Oír incumpla alguna ley “actuaremos con rapidez y diligencia” para proceder a retirarles la Utilidad Pública y ha recordado que la asociación presidida por Ignacio Arsuaga  no ha recibido ninguna subvención pública, pero… los beneficios fiscales que reciben sus socios y que ayudaron a que el presupuesto de la organización se duplicara en tan sólo un año ya debería contar como subvención pública.

Diputados del PSOE, de Unidos Podemos, de Ciudadanos o del PNV han expresado su disconformidad con el criterio del ministro, asegurando que HazteOír no cumple los requisitos para ser entidad de utilidad pública y que ello basta para que dicho estatus le sea retirado. En concreto, el diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto ha recordado que el Gobierno ya ha retirado la condición de utilidad pública a otras asociaciones por decisión propia. El año pasado, por ejemplo, lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia interpuesta por un colectivo ultraconservador.

De hecho, según el texto de la citada ley orgánica 1/2002, la declaración de utilidad pública puede ser revocada “previa audiencia de la asociación afectada e informe de las Administraciones públicas competentes, por Orden del Ministro que se determine reglamentariamente, cuando las circunstancias o la actividad de la asociación no respondan a las exigencias o requisitos fijados en el artículo 32″.

Quien sí ha apoyado al ministro ha sido la diputada María del Mar Blanco, portavoz adjunta del PP en la Comisión de Interior. Tras asegurar que el PP consideró en su momento un “verdadero disparate” la campaña de HazteOír y que su partido defiende los derechos de las personas LGTBI “sin complejos [sic]“, Blanco ha argumentado que los partidos no pueden “robar” el papel de la justicia, como hizo, según ha afirmado, el “tramabús” de Podemos (un autobús fletado por este partido político con rostros de personajes relacionados de una u otra forma con la corrupción política).

HazteOír se felicita por la posición del Gobierno

En un comunicado de prensa emitido tras la comparecencia del ministro Zoido, HazteOír ha emitido un comunicado de prensa en el que se felicita por la posición del Gobierno, que a su juicio “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

La organización ultraconservadora ha recordado además que antes del espaldarazo del Gobierno ya recibió el de la Audiencia Provincial de Madrid, que en un auto del que fue ponente el juez Eduardo de Urbano aseguraba que esta organización tiene derecho a dirigirse a los padres, “a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones” (curiosa afirmación, teniendo en cuenta que el auto se pronunciaba no sobre un acto convocado por HazteOír y de asistencia voluntaria, sino de un autobús que se paseó por las calles luciendo mensajes que de forma explícita y en un tono ofensivo negaban la existencia de niños y niñas transexuales). El auto, de hecho, enmarcaba los lemas del autobús en un “debate de ideas” y subrayaba que “las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”. Se trataba, como en su momento señalamos, de un texto de marcado contenido político, que incluso se permitía también comparar el autobús de HazteOír con el “tramabús” de Podemos.  No nos resultó especialmente sorprendente conocer, poco después de hacerse público el auto, el carácter conservador del juez Eduardo de Urbano.

En definitiva, un nuevo gesto favorable del Gobierno del PP a HazteOír, organización a la que en su momento quiso privilegiar y a la que ahora se resiste a retirar ese privilegio.

Es hora de que nuestro gobierno apruebe una Ley LGTB. A ver si así, entre otras muchas cosas, conseguimos que la LGTBfobia se considere de una vez el delito de odio que es y entonces  Zoido tenga una excusa para hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo.

Fuente  EstoyBailando/Dosmanzanas

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El Ministerio de Interior de Túnez ha informado del asesinato de un varón, tras sufrir 37 cuchilladas, por un joven con quien había pactado mantener relaciones sexuales. Tras el mortal ataque, lleno de brutalidad, el asesino se puso en contacto con un cómplice para robar los bienes de la víctima. Ambos han sido detenidos y están a la espera de juicio. Según denuncian las asociaciones LGTB, la violencia contra los hombres homosexuales y bisexuales se ha incrementado en los últimos años, ante la aveniencia social y la impasividad de las autoridades.

En países como Túnez, donde la homosexualidad no es solo sancionada por las leyes, sino que sufre un fuerte rechazo social, los varones gais y bisexuales se enfrentan tanto al castigo legal, como a la más completa indefensión ante el odio de algunos de sus conciudadanos. A la persecución policial de quienes mantienen relaciones con personas de su mismo sexo y los que defienden sus derechos desde el más valiente activismo, se une la vulnerabilidad de quien debe permanecer en amenazadora clandestinidad.

Eso explica el infortunado destino de un joven tunecino en la región de El Omrane, que fue mendazmente engañado por un congénere, bajo la promesa de mantener relaciones sexuales, algo que debería ser totalmente lícito y no representar ningún peligro. Sin embargo, tras llegar al domicilio de la víctima, el joven le agredió con una botella de cerveza rota, para posteriormente asestarle nada menos que 37 cuchilladas, un ensañamiento que solo se puede explicar desde el odio más feroz. Según su confesión, tras salir de la vivienda fue en busca de otro cómplice, con quien horas después regresó para robar un televisor y otros objetos de valor. Ambos se encuentran detenidos y a la espera de ser juzgados.

Según Badr Baabou, presidente de la asociación de derechos LGTB tunecina Damj, las agresiones de carácter homófobo son habituales en Túnez, con una sociedad que no solo las ignora, sino que incluso las justifica. Muestra de ello son los abominables mensajes en las redes sociales sobre el asesinato del joven de El Omrane, que no solo es disculpado, sino que incluso es aplaudido.

El temor al rechazo social e incluso a inculparse si se formula una denuncia, ya que la homosexualidad está castigada penalmente en Túnez, hace muy difícil contabilizar los hechos violentos. Sin embargo, Baabou constata que el pasado año se conocieron 180 ataques homófobos que entrañaron heridas graves para las víctimas. Una violencia que parece acrecentarse en los últimos años, debido a la fuerte LGTBfobia social y la inoperancia policial ante las denuncias.

La hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos

Y es que la persecución social y de Estado hacia los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos es incesante. Las detenciones por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, son constantes y las condenas a prisión habituales, lo que ha sido calificado por la asociación Shams como una auténtica “cacería”.

Además, los defensores de los derechos LGTB —que luchan por la derogación del artículo 230 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta 3 años de prisión, — sufren constantes agresiones, hasta el punto de que algunos de ellos han tenido que exiliarse ante las repetidas amenazas de muerte. Una legislación que se ha aplicado también a mujeres transexuales.

Fuente Dosmanzanas

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El voto postal australiano dispara las consultas a teléfonos de ayuda LGTB

Habrá consulta sobre el matrimonio igualitario en Australia y será por correo postal. El “plan B”, promovido por los liberal-conservadores del primer ministro Malcolm Turnbull tras la derrota de su propuesta de referéndum, superó el pasado jueves su última barrera judicial en el Tribunal Supremo. El proceso participativo, que será voluntario y no vinculante, comenzará la próxima semana y se extenderá hasta noviembre. Los resultados se anunciarán el día 15 de ese mes. La campaña del “sí” teme una escasa movilización de los jóvenes, el colectivo más favorable a la igualdad LGTB. Mientras el colectivo LGBT trata de impedir que se celebre el plebiscito la campaña de los que piden el ‘NO’ se recrudece hasta niveles cercanos al disparate.

Turnbull ha conseguido imponer su criterio, aunque sea parcialmente. Entre el 12 de septiembre y el 7 de noviembre tendrá lugar en Australia una consulta postal voluntaria y no vinculante sobre el matrimonio igualitario. Se trata de la respuesta del primer ministro al segundo fracaso parlamentario de la propuesta de referéndum que pretendía organizar el Gobierno. Poco después del anuncio del voto postal, se presentaron dos recursos ante el Tribunal Supremo para paralizar un trámite innecesario y divisivo para la sociedad, convocado además al margen del Parlamento. Finalmente, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos, otorgando vía libre a la consulta. La formulación de la pregunta será la siguiente:

“¿Debería cambiarse la ley para permitir casarse a las parejas del mismo sexo?”

El proceso todavía presenta interrogantes. El principal, cómo administrar un voto mayoritariamente negativo, si se diera el caso. Turnbull solo se ha comprometido a facilitar una votación parlamentaria en caso de victoria del “sí”. Otra incógnita es el nivel de participación. La consulta es diferente a otros procesos electorales en Australia, en los que el voto es generalmente obligatorio. En este caso, para poder recibir la documentación que se empezará a enviar el próximo martes es necesario haberse inscrito en un censo que se cerró el pasado 24 de agosto.

Los activistas LGTB temen que una escasa participación, especialmente entre la población joven y más favorable al “sí”, llegue a decantar la balanza a favor de los homófobos. Por ello se van a volcar en las primeras semanas de la consulta, cuando esperan que se recojan hasta el 80% de los votos. La campaña de los contrarios a la igualdad, por el contrario, ha revelado su eslogan “está bien decir que no” (“it’s OK to say no”) con la que esperan, además de influir en el voto de sus adeptos, animar subrepticiamente a la abstención.

Otro de los motivos de preocupación es la difusión de mensajes de odio por parte de sectores LGTBfobos. En dosmanzanas ya hemos recogido algunos ejemplos, como la campaña promovida por una web de carácter neonazi que desplegó pósteres en el centro de Melbourne con el titular “Parad a los maricones” acusando a las familias homoparentales de abusar masivamente de sus hijos. De igual modo, en Sídney se repartieron panfletos en inglés y chino en los que tachan a la homosexualidad de “maldición mortal” y advertían sobre “falsas mujeres transexuales” en los baños públicos. Homofobia y transfobia de trazo grueso que se beneficia de la impunidad que se deriva del hecho de que la consulta no esté sometida a las reglas de un referéndum normal y de la que, desgraciadamente, cabe esperar más ejemplos conforme avance su desarrollo.

La campaña contra el matrimonio igualitario se recrudece en Australia hasta niveles de hostigamiento superiores a los de los Estados Unidos o incluso España. Tras años de disputas e intentos fallidos de llegar a un acuerdo, el gobierno propone un plebiscito vía postal, previsto para este mes de septiembre, pero que se encuentra con la oposición del colectivo LGBT, que no quiere dejar su futuro en manos de un referéndum. Mientras tanto, radicales religiosos y conservadores no dudan en lanzar todo tipo de campañas de publicidad defendiendo que la unión entre personas del mismo sexo no es un matrimonio.

Defensores de los derechos del colectivo LGBT acudían al más alto tribunal de Australia este martes, 5 de septiembre, para tratar de impedir que el Parlamento realice la encuesta pública sobre la legalización del matrimonio igualitario, prevista para la semana que viene. Según su punto de vista, el gobierno no tiene la potestad constitucional para iniciar esta encuesta.

Las encuestas de opinión muestran que la mayoría de los australianos están a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero muchos defensores cuestionan el procedimiento ante la convicción de que el gobierno debería aprobarlo directamente por una cuestión de igualdad de derechos que no debería cuestionarse en un plebiscito que, en cualquier caso, ni siquiera es vinculante, por lo que su aprobación definitiva quedaría a decisión del Parlamento. Como así será según ha aprobado el Tribunal Supremo de Australia al rechazar las dos acciones judiciales.

Un publicista utiliza los cinturones de seguridad de los aviones para explicar por qué no es válido el matrimonio igualitario a través de un mailing que ha enviado a la Cámara de los Comunes con la intención de influir hacia el voto negativo en el referéndum. El folleto muestra imágenes de tres cinturones de seguridad, de los que dos de ellos son parejas del mismo lado, por lo que no podrían unirse, mientras que otro cinturón utiliza las dos partes que le faltan al primero. En la otra hoja del folleto se puede ver la misma comparativa con parejas, de manera que la pareja heteroseuxal equivale al cinturón que se puede abrochar, mientras que las parejas de gays y lesbianas equivalen a los otros dos modelos.

Campaña contra el matrimonio igualitario en Australia – Foto: Uso permitido

Todo esto acompañando con una frase que recuerda a las campañas de Hazte Oir: «Sólo uno de estos es un cinturón de seguridad REAL. Sólo uno de estos es un matrimonio REAL. Es biología no fanatismo». Una idea cogida de una fallida campaña de una aerolínea holandesa, que pretendía promocionar el Orgullo de Amsterdam, aunque no terminó de pulir la manera en la que querían transmitir un mensaje que se volvió contra ellos.

Un spot del Lobby Cristiano Australiano

El Lobby Cristiano Australiano lanza una serie de spots en nombre de la denominada ‘Coalición para el matrimonio’, un grupo que se describe a sí mismos como una «mayoría silenciosa» que lucha para «defender la libertad de expresión y religión» y piden el ‘NO’ al matrimonio igualitario. En uno de los anuncios muestra a madres que expresan diferentes argumentos sobre la posibilidad de que se llegara a aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Mientras que una de ellas se queja de que a su hijo le dijeran en la escuela que «podría usar un vestido el próximo año si lo deseaba», otra afirma que las terapias de conversión no pueden ser dañinas, llegando a afirmar que «en los países donde se ha aprobado el matrimonio igualitario, los padres han perdido sus derechos».

Con el voto postal sobre el matrimonio igualitario las organizaciones avisan de que la juventud LGTB está sufriendo más que antes y buscan mucha más ayuda y consejo.

Desde hoy, los australianos están llamados a votar por correo en una especie de macroencuesta/referéndum sobre el matrimonio igualitario en el país.

Pero una de las peores consecuencias de este voto no es sólo el hecho de que la mayoría vote sobre los derechos de la minoría (lo que suele traer resultados catastróficos) sino la enorme campaña de odio que se ha vertido en las últimas semanas sobre el colectivo LGTB por parte de los grupos homófobos; que han visto cómo pueden decir literalmente lo que les dé la gana porque la campaña en el voto postal no está regida por las mismas normas que una campaña electoral.

La oposición y los grupos LGTB ya avisaron de que esa campaña iba a tener un efecto muy negativo sobre la juventud y las familias del arcoiris en el país, y así está siendo. Según el servicio de ayuda a jóvenes LGTBI Twenty10, basado en Sydney, desde que se anunció el voto por correo las llamadas buscando ayuda y consejo han aumentado en un 20%, y la mayoría (por no decir todas) hacen referencia al voto postal. Como explica una de las trabajadoras de la organización, Amy Harper, “Creo que no he tenido una sola interacción con alguna persona joven que no mencionara el plebiscito.”

McDonald ve clara la relación entre el voto postal y ese empeoramiento de la situación: “La mitad de las conversaciones que he tenido con los jóvenes que acuden personalmente a nosotros ha sido sobre el voto postal. Nos hablan de su enfado y su frustración por todo este proceso y sobre cómo temen que la situación sólo vaya a peor. Hubo una persona joven que sufría ansiedad por cómo iba a desarrollarse el debate.”

Imagen del centro de ayuda a la comunidad LGTB que Twenty10 tiene en Sydney

Pero no sólo los jóvenes LGTB han aumentado sus contactos con estos servicios de ayuda a raíz del voto postal: los padres y los consejeros escolares preocupados por el efecto negativo que este debate tiene sobre los jóvenes también han buscado ayuda para, valga la redundancia, ayudar a esos jóvenes. Josephine Anderson, profesora asociada del Instituto Black Dog, ha explicado que: “Los jóvenes LGTB tienen una tasa de problemas de salud mental y de suicido mayor que la de sus compañeros heterosexuales, y el motivo de esa diferencia es la discriminación y el prejuicio contra ellos. Y cuando hay una publicidad adicional y un debate, esas personas jóvenes se vuelven aún más conscientes de sus diferencias.” Anderson, además, avisa de que los comentarios en redes sociales pueden ser aún más dañinos porque “a menudo son anónimos“.

Desde Twenty10, eso sí, mantienen un mensaje de esperanza. “Nuestras comunidades son resilientes y han lidiado en el pasado con otros desafíos legales. Sabemos que somos fuertes, pero también sabemos que el próximo par de meses serán duros. Twenty10 seguirá apoyando a nuestras comunidades a través de estos momentos complicados.”

Fuente | Gay Star News/Universogay/Dosmanzanas/EstoyBailando

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El proyecto reforma el Código Penal, la Ley de Prensa y la norma que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

La presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó hoy el proyecto de Ley que Sanciona y Tipifica la Incitación a la Violencia por Discriminación, una norma que la Comunidad Judía de Chile (Cjch) y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) propusieron al Ejecutivo y que venían demandando de manera conjunta hace más de una década.

El proyecto de Ley establece una pena de presidio menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días) y una multa de treinta a cincuenta unidades tributarias mensuales (de $1.400.790 a $2.334.650,)” contra “el que públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión pública, incitare directamente a la violencia física en contra de un grupo de personas o de un miembro de tal grupo, basado en la raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión o creencias de la víctima”

En caso de que el delito sea cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o en razón de su cargo, la pena irá de 541 días a 3 años, y la multa será de 50 UTM.

En paralelo se reforma la ley de Responsabilidad Penal de las Personas JurídicasM sancionando a los dueños, controladores, responsables, ejecutivos, representantes de tales entidades que inciten a la violencia; y se modifica la ley de prensa, en tanto ya no sólo habrá multas para quienes cometan el delito, sino también cárcel.

En una ceremonia en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, Bachelet precisó que el proyecto de ley busca “una Patria respetuosa de la diferencia”, enfatizando que “con dolorosa frecuencia nos enteramos de casos de agresiones, verbales, físicas o psicológicas, motivadas por el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, las creencias, la cultura o la nacionalidad de la víctima”.

Junto a los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente; de la Secretaría General de Gobierno, Paula Narváez; y de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, añadió que la violencia motivada por discriminación “es una afrenta para nuestras sociedades, nos avergüenza como grupo humano y nos convoca a trabajar para evitar que se repitan o, peor, escalen. Y esto incluye no solo impedir actos de odio y violencia, sino también el lenguaje que conduce a ellos o los naturaliza”.

 Historia del proyecto

Desde hace casi una década que la CJCh y el Movilh vienen proponiendo y demandando una ley que sancione la incitación a la violencia, para lo cual se reunieron con ministros, presidentes y efectuaron variadas campañas, además de denunciar conjuntamente la promoción del odio en repetidas oportunidades.

En tal contexto, ambas agrupaciones respaldaron además dos proyecto de ley contra la incitación del odio presentados con anterioridad y que serán fusionados con wl actual. Se trata de una iniciativa del 16 de agosto del 2010 patrocinada por los/as senadores/as Lily Pérez, Carlos Cantero, Andrés Chadwick, Guido Girardi y Mariano Ruiz-Esquide, y de otra presentada el 19 de julio del 2017 por los diputados Juan Luis Castro, Daniella Cicardini, Maya Fernández, Daniel Melo, Manuel Monsalve, Clemira Pacheco, Roberto Poblete, Luis Rocafull, Raúl Saldívar y Leonardo Soto.

En el marco de la redacción del proyecto de ley del Ejcutivo, donde jugó un importante rol la Subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Fríes, fueron también consultados el Colegio de Periodistas, la Federación Palestina y la Fundación Palestina Belén 2000, entre otros.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, calificó como “un avance hacia la prevención de los abusos y discriminación contra los sectores históricamente postergados la firma de este proyecto de ley por parte de la presidenta Bachelet, un hecho que además tiene el mérito de cumplir el compromiso presidencial”.

Al explicar la importancia de la ley, Jiménez redondeó que “tenemos la convicción de que los discursos racistas, homofóbicos, transfóbicos, clasistas, misóginos o xenofóbicos son el caldo de cultivo para conductas violentas que en casos extremos terminan en golpizas y asesinatos. Estos abusos hoy quedan en la impunidad, pues la Ley Antidiscriminatoria sólo sanciona acciones, no discursos. De ahí la relevancia del proyecto firmado hoy”.

Redondeó que sólo en el caso de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e interesexuales, desde el 2002 a al 2016 “hemos denunciado 484 discursos de odio y 306 campañas homo/transfóbicas. En el transcurso de este año un discurso de odio llamó la atención a nivel internacional. Me refiero al Bus del Odio que recorrió la Región Metropolitana y luego tuvo réplicas en el sur del país. Este hecho, como los anteriores, deberían con esta nueva ley ser sancionados”.

Fuente MOVILH

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La derecha ultraconservadora y LGTBfoba busca su cuota de protagonismo en las próximas elecciones alemanas. Demo für alle, el movimiento contra las leyes de igualdad LGTB inspirado en la tristemente exitosa Manif pour tous francesa, ha presentado una campaña contra el matrimonio igualitario. Los medios empleados recuerdan ostensiblemente a los de sus correligionarios de HazteOír en España, y de hecho su marca internacional, CitizenGo, aparece también como promotora. La organización pretende pasear un autobús con mensajes contra la igualdad LGTB, que circularía por varias ciudades alemanas en los días previos a los comicios del próximo 24 de septiembre.

La campaña de odio LGTBfobo de HazteOír y sus acólitos internacionales salta una nueva frontera. Bajo el paraguas de CitizenGo, el movimiento Demo für alle ha presentado un boceto del autobús que pretende hacer circular por varias ciudades alemanas en plena campaña electoral. El diseño revela su fuente de inspiración: color naranja y las imágenes esquemáticas de una pareja de distinto sexo y de la misma con dos hijos como únicos modelos válidos de matrimonio y familia, respectivamente. Debajo, la traducción casi literal al alemán de una frase del autobús tránsfobo de HazteOír: “¡Que no te confundan!”.

Los promotores pretenden mostrar el vehículo en diez ciudades alemanas, empezando por Múnich el próximo miércoles, donde el movimiento Vielfalt statt Einfalt (“Diversidad en lugar de ignorancia”) ya ha convocado una concentración de protesta. La comitiva se cerraría en Berlín el día 15. Allí quieren entregarle a la canciller Angela Merkel una petición, firmada previsiblemente por más de 220.000 personas, para que “el matrimonio siga siendo matrimonio”. Entre los principales responsables de este “autobús de la libertad de opinión” se encuentra Hedwig von Beverfoerde, que ha colaborado estrechamente con la eurodiputada ultraconservadora de Alternativa para Alemania (AfD) Beatrix von Storch.

El vínculo entre Demo für alle y la extrema derecha de AfD se remonta a la movilización contra los programas de diversidad afectivo-sexual en los centros educativos tramitados por varios estados alemanes. La organización LGTBfoba es un calco de la Manif pour tous francesa, aunque afortunadamente no haya llegado al mismo nivel de agitación y virulencia en las calles. El movimiento retoma ahora su campaña contra el matrimonio igualitario, aprobado por el Bundestag hace dos meses. Con la probable intención de reintroducir un tema por ahora prácticamente ausente en la campaña para las elecciones generales del próximo 24 de septiembre.

Parece claro que la derecha más ultramontana no renuncia a replicar tácticas empleadas en otros países con el objetivo de atraer el foco mediático e intentar introducir en el debate político su agenda reaccionaria. En España, HazteOír reaparecía hace un mes para ensuciar el debate sobre la ley de igualdad LGTB, envalentonada por la impunidad judicial y la pasividad del Gobierno (que la sigue considerando entidad de utilidad pública). Autobuses con mensajes de odio tránsfobo llegaron también a Nueva York, con el patrocinio de la Organización Nacional para el Matrimonio (NOM), y a Bogotá. Su presencia en la capital de Colombia dejó de nuevo clara la intención de influir en la agenda política al coincidir con el rechazo parlamentario a un referéndum contra la adopción homoparental.

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Una noticia que posiblemente dará lugar a polémica. Diversas entidades, entre ellas varias asociaciones LGTB, han difundido un comunicado en el que muestran su apoyo expreso a la decisión de no admitir la solicitud de asilo de dos personas de origen saharaui que hicieron comentarios abiertamente homófobos e insultaron al traductor de árabe encargado de asistirlos. Un incidente ante el cual estas organizaciones han querido posicionarse de forma pública en favor del funcionario que tomó la decisión, aunque respetando el derecho de otras organizaciones de apoyo a los solicitantes de asilo a “no compartirla”.

Reproducimos textualmente la narración del incidente, tal y como la hacen las organizaciones firmantes del comunicado, y que tuvo lugar en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Es la versión que estas organizaciones han obtenido por parte del traductor de árabe (A. S., de origen kuwaití y ciudadano español) y “otras fuentes” no especificadas:

El traductor pasa por delante de varios solicitantes de asilo que están esperando. Al pasar, escucha insultos, burlas y risas irónicas. Se están mofando de su condición y diciendo la palabra ‘maricón’ en árabe. Ellos desconocen que el traductor habla su idioma y que, en realidad, es el intérprete que, posteriormente, les asiste para tomar su solicitud de asilo en árabe.

En ese momento, el traductor no dice nada. Al volver a pasar, vuelven a comenzar las risas y los insultos, por lo que el traductor se dirige a ellos y les comunica que entiende perfectamente lo que le están diciendo. Se produce una discusión verbal en la que el traductor dice que su labor es la de apoyarles, pero no soportar sus insultos. 

Ante esa discusión intervienen 4 agentes de la policía nacional para ver qué sucede. Los pre-solicitantes empiezan a hablar con los agentes de una forma arrogante, elevando el tono de voz y exigiendo a la policía que se les conceda el asilo. El tono sube de tal forma que el resto de la gente en la sala se empieza a asustar. Ante eso, la policía decide llevarles a un cuarto para hablar con ellos y aislarles del resto, de forma que no se produzca un altercado en una sala donde, incluso, hay niños. 

En presencia del traductor y en esa sala separada, un agente de la policía les explica que esta actitud homófoba no es aceptable en España. Aunque niegan los hechos, se ríen con actitud despectiva hacia una agente de la policía y elevan el tono de voz. Uno de ellos se encara a pocos centímetros de uno de los policías, gesticulando con las manos agresivamente.

Ante esta actitud, se contacta con el jefe del grupo de inadmitidos y asilo de frontera, DON CARLOS GÓMEZ ÍÑIGUEZ, quien decide no tomar a dos de ellos la solicitud de asilo y aplicarles el protocolo de rechazo y retorno al país de procedencia. El grupo del que ambos individuos forman parte se compone de 7 personas. Las otras 5, que no habían intervenido en el incidente homófobo, tramitan sus solicitudes con normalidad, pudiendo pasar la frontera.

Teniendo en cuenta lo sucedido, las organizaciones AET Transexualia, ACDO (Asociación de Abogados Contra los Delitos de Odio), COGAM, Fundación 26 de Diciembre, Fundación Triángulo Madrid, Gaylespol (Asociación de Policías LGBTi+), GMadrid Sports, Movimiento Contra la Intolerancia, LGTBIpol (Agentes de la autoridad por la diversidad), la sección sindical estatal de Interior de FSC-CC OO, la sección sindical del Ministerio de Interior de UGT y el SUP (Sindicato Unificado de Policía) han suscrito un comunicado conjunto en el que apoyan la decisión de Carlos Gómez Íñiguez, al que de hecho consideran “una persona muy comprometida con la causa del asilo y la protección de los solicitantes” al tiempo que “comprometida con los derechos humanos y el respeto a las minorías”.

“Entendemos que las personas rechazadas y las organizaciones de apoyo al asilo y refugio que les representan tienen todo el derecho a no compartir la decisión de inadmitir a estas personas y presentar los recursos que consideren adecuados en apoyo de sus defendidos. Pero a su vez, las organizaciones firmantes, firmes defensores del derecho al asilo y el refugio en nuestro país, también creemos que es importante que quienes se acojan a este derecho deben conocer que en España no se permiten comportamientos homófobos, sexistas, islamófobos, cristianófobos o cualquier otra expresión de odio y discriminación”, expresa el comunicado. En este sentido, consideramos acertada la decisión de D. Carlos Gómez Iñíguez en lo que se refiere a compromiso contra todo forma de discriminación. Las organizaciones firmantes del comunicado han querido además agradecer expresamente en nombre del traductor de árabe que fue objeto de los insultos homófobos “las muestras de solidaridad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y su compromiso en la lucha contra toda forma de LGBTfobia”.

Se da la circunstancia de que el incidente concreto al que se refiere el comunicado tiene lugar en el contexto de las protestas de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos por la situación en la que se encuentran varias decenas de solicitantes de asilo saharauis en Barajas y el modo en el que son tratados.

El Sáhara Occidental, recordemos, es un territorio del Norte de África ocupado en su mayor parte por Marruecos desde que España lo abandonara a su suerte en 1976. Solo una pequeña fracción permanece bajo control del Frente Polisario, la resistencia a la ocupación marroquí, que tras el abandono de España proclamó la República Árabe Saharaui Democrática.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

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Colin Jackson, uno de los mejores atletas de la historia en la disciplina de los 110 metros vallas, sale del armario

Colin Jackson, ganador de muchas medallas y actual comentarista de la BBC decidió hablar por primera vez de su homosexualidad, luego de que por años se negará a admitir su orientación sexual. El atleta galés Colin Jackson ha salido públicamente del armario en una entrevista a un programa de la televisión sueca SVT. El que es considerado uno de los mejores atletas de todos los tiempos en su disciplina, las carreras de vallas, se había resistido hasta ahora a hacer pública su homosexualidad pese a algunas informaciones que en su momento aparecieron en prensa sensacionalista. Jackson, de 50 años, cree que ha llegado por fin el momento de dar el paso.

Jackson es un atleta galés, hijo de padre jamaicano y madre escocesa. Ha sido dos veces campeón del mundo (1993 y 1999) y cuatro veces campeón de Europa (1990, 1994, 1998 y 2002) en la disciplina atlética de los 110 metros vallas. Y aunque en los Juegos Olímpicos no pudo lograr el oro (fue subcampeón olímpico en Seúl), los especialistas lo consideran uno de los mejores deportistas de la historia en su disciplina. Fue poseedor de la plusmarca mundial de los 110 metros vallas durante más de una década, y su récord mundial de 1994 en los 60 metros vallas sigue imbatido en el momento de publicar esta entrada. Hablamos, por tanto, de un atleta de élite, que tras poner punto final a su carrera ha continuado además vinculado al mundo del deporte y la televisión como comentarista de la BBC.

Sobre la posible homosexualidad de Colin Jackson ya habían circulado rumores, especialmente después de que en 2006 un antiguo amante revelase a un diario sensacionalista la relación que había mantenido en secreto con el deportista. Jackson negó públicamente que la historia fuese real, pero mentía. De hecho, el deportista salió entonces del armario ante sus padres, a los que no quiso ocultar la verdad, y que según ha revelado ahora lo aceptaron de mejor grado que lo que él mismo pensaba que harían. Aún así, Jackson siguió negándolo públicamente, y eso que llegó a hacer declaraciones relacionadas con la realidad LGTB en el mundo del deporte. En 2008, por ejemplo, aseguró que el estigma que rodeaba a los deportistas homosexuales era cosa del pasado. Una declaración un tanto hipócrita, teniendo en cuenta que él mismo ocultaba su condición.

Casi diez años después, Colin Jackson ha decidido dar el paso en un contexto, el de un programa dedicado precisamente a la visibilidad en el deporte, en el que se ha sentido cómodo, lejos del enfoque sensacionalista del que tanto recela. También dijo que por fin habló de su homosexualidad por el concepto del documental  “Vosotros solo estabáis interesados en la forma en la que me afectaba en lo deportivo, emocionalmente, y a mi preparación”, ha declarado a los presentadores del programa, titulado “Héroes del arcoíris” de la televisión sueca SVT, y que no son otros que los deportistas suecos Kajsa Bergqvist y Peter Häggström, ambos fuera del armario.

“Es el siglo XXI. No creo que nadie piense más en eso. Puede haber existido un estigma en años pasados, pero ahora no”, confesó en 2008 ante un medio. Ahora mucho más libre, dice que no había querido decir que era gay por miedo a que causara mucho escándalo y dejaran de lado su carrera como atleta.

La salida del armario de Colin Jackson, sin duda ayudará a combatir el estigma que los deportistas LGTB (por mucho que él mismo lo negara en su momento) aún tienen que soportar.

Fuente Chueca.com/Dosmanzanas

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Que la situación de las personas LGTB en África no es buena es bien conocido. Que las iglesias cristianas en general juegan un papel negativo también. Aún así, siguen llegando noticias que logran sorprendernos. Como lo sucedido en Camerún, donde un obispo ha muerto en extrañas circunstancias, y sin tener prueba alguna desde los púlpitos otro obispo ha culpado a los sacerdotes homosexuales.

El 2 de junio de este año, el obispo católico de Bafia (Camerún), Jean-Marie Benoît Bala, (fotografía dcha)era encontrado muerto en las aguas del río Sanaga, dos días después de su desaparición. El cuerpo se encontraba a varios kilómetros de su coche, que había sido aparcado en un puente con una nota que decía “estoy en el agua”. Tras una investigación, los funcionarios del gobierno y expertos forenses llegaron a la conclusión de que el obispo había muerto ahogado y que muy probablemente se había quitado la vida.

Una conclusión, la del suicidio, que no gustó a otros miembros de la jerarquía católica camerunesa, según los cuales el cuerpo mostraba signos de violencia que probarían que el obispo habría sido asesinado. Y es en este contexto ha hecho su aparición la homofobia.

La homilía del religioso suscitó mucho clamor. Como sostienen diferentes órganos de prensa locales, Akonga fue más allá de las posiciones de la Conferencia Episcopal, que desde el principio habló sobre un “asesinato brutal”, llegando a denunciar un proyecto criminal de lobbies satánicos. Sus durísimas palabras desencadenaron varias hipótesis (y la más citada por los medios de comunicación se refiere a grupos homosexuales dentro y fuera de la Iglesia católica) y provocaron nuevos dolores de cabeza para el gobierno central, que se suman a las ya de por sí fuertes tensiones. El administrador apostólico de la diócesis y amigo personal de Bala, Joseph Akonga Essomba, (fotografía izda) llegó a afirmar en la homilía de una misa funeral en memoria del obispo asesinado que su muerte se debía a que había plantado cara a los homosexuales en la Iglesia. Es más, no dudó en insinuar que entre los sacerdotes presentes los había que eran homosexuales. “Vergüenza para todos aquellos sacerdotes que vienen aquí haciendo como que sienten nuestro dolor. Esas son las personas que mataron a nuestro obispo, porque dijo ‘no’ a la homosexualidad perpetrada por esos sacerdotes”, aseguró durante la misa, celebrada dos meses después del hallazgo del cadáver del obispo.

La dura realidad camerunesa para las personas LGTB

Lo cierto es que hasta la fecha no ha sido presentada ninguna prueba de que el obispo Bala haya sido asesinado por una “conspiración homosexual”. Todo apunta más bien a que la muerte del obispo estaría siendo aprovechada para generar más odio hacia las personas homosexuales en un país en el que ya su situación es más que complicada, como ya en 2012 certificó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En Camerún, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel, aunque en teoría solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de “flagrante delito”. Desgraciadamente son cada vez más los casos en los que la Policía ignora este requerimiento. Y hace ahora cuatro años las autoridades del país rehusaron seguir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de despenalizar la homosexualidad y actuar contra la violencia homofóbica.

En dosmanzanas, de hecho, hemos recogido numerosos episodios de detenciones a lo largo de estos años. En febrero de 2012, de al menos tres mujeres lesbianas. Poco antes, en enero de 2012, eran cuatro hombres los detenidos. En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a prisión acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las “pruebas” que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados habían estado bebiendo Baileys, una bebida poco masculina. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecía, abandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En abril de 2011 se detuvo a otros tres jóvenes acusados de homosexualidad. En marzo de 2011 un nuevo detenido fue condenado a 36 meses de cárcel, motivo por el cual Amnistía Internacional llevó a cabo una acción. En octubre de 2010 dos jóvenes sufrían una detención y un trato degradante por parte de la Policía. En mayo de 2010 dos detenidos fueron luego condenados a cinco meses de cárcel. En marzo de 2010 otra detención se mezcló con un intento de extorsión por parte de la Policía a un ciudadano australiano. En diciembre de 2009 un joven fue finalmente liberado tras permanecer varios días en prisión en condiciones miserables.

En julio de 2013, se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. También en 2013, fue sentenciado a nueve años de cárcel Cornelius Fonya, acusado de mantener relaciones con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Su abogado, Walter Atoh, se vio obligado a huir del país tras ser amenazado de muerte. Más recientemente, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que también tuvo que escapar de su localidad tras ser atacada por sus vecinos y detenida por la policía.

A finales de 2015, Joshua Mbarga, un activista LGTB, sufrió la invasión de su hogar por unos delincuentes que intentaron matarle tras robarle con total impunidad. Alertada por los vecinos, la Policía intervino hasta que los asaltantes decidieron acusar a Mbarga de pretender mantener relaciones sexuales con uno de ellos. En ese momento la víctima se convirtió en objeto de investigación. En octubre de este 2016, tuvo lugar una redada masiva en un local de ambiente LGTB de Yaoundé, con un fuerte dispositivo policial que detuvo a todos los clientes y trabajadores presentes en el local.

Uno de los sucesos más terribles tuvo lugar en julio de 2013, cuando fue brutalmente torturado y asesinado en su domicilio el activista LGTB Eric Ohena Lembembe, conocido por su labor en apoyo a los enfermos de sida y por sus continuas denuncias de las leyes homófobas del gobierno de Camerún y su pasividad ante la violencia desatada contra la población LGTB.

Y estos son solo los casos que trascienden a los medios internacionales. Según Human Rights Watch, al menos 28 personas han sido detenidas por delitos relacionados con la homosexualidad en los últimos tres años.

Además de todos estos episodios de homofobia,  también nos hemos hecho eco de la serie de vídeos “Homosexuales en Camerún: gentes como tú y yo”, breves reportajes que recogen testimonios de personas LGTB perseguidas en el país africano.

En Camerún, como citábamos anteriormente, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de “flagrante delito”. Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la Policía ignora este requerimiento. Hace ahora cuatro años las autoridades políticas de Camerún rehusaron de hecho seguir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de despenalizar la homosexualidad y actuar contra la violencia homofóbica.

En este contexto, acusaciones sin pruebas como las lanzadas por Akonga son especialmente graves, al estigmatizar más aún a unas personas ya sujetas al odio. Acusaciones, por cierto, ante las que el Vaticano aún no se ha pronunciado, a pesar de que nada tienen que ver con la doctrina católica y atacan claramente la dignidad de las personas.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Que España es un país en el que hoy día la aceptación de la diversidad sexual es elevada es un hecho que confirman las encuestas y sería injusto negarlo, por más que quede mucho camino por recorrer hasta lograr una verdadera igualdad social de las personas LGTB. Pero en lo que estamos aún muy atrás de otros países es en la visibilidad de la realidad LGTB en los altos estamentos políticos, religiosos o militares o en el compromiso de las instituciones públicas con la igualdad. En este sentido, un ejemplo al que hoy queremos hacer referencia es el de Suecia, y en concreto el de su Ejército, que este año ha vuelto a lanzar un mensaje de apoyo al colectivo LGTB con una campaña en redes sociales coincidiendo con la celebración del Orgullo de Estocolmo, en el que por segundo año consecutivo ha querido estar presente su máxima autoridad, el general Micael Bydén.

Como ya hemos mencionado en alguna ocasión anterior, todos los años el Ejército sueco participa en el Orgullo de Estocolmo, en la que militares abiertamente LGTB y todos aquellas personas que quieran acompañarlos marchan como una delegación más. En 2008, de hecho, con motivo del Europride que tuvo lugar en la capital sueca, el Museo del Ejército sueco albergó una exposición dedicada a la presencia LGTB en la historia de la institución. En estos últimos dos años, además, entre los participantes en la delegación está nada más y nada menos que el general Micael Bydén, comandante supremo de las Fuerzas Armadas suecas, como el propio Ejército se ha encargado de difundir en redes sociales:

ÖB i Prideparaden: ”Jag ska självklart vara på plats här” https://t.co/TI3K3U92vr #svfm #Pride #stockholmpride #ÖB

— Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) 5 de agosto de 2017

El propio general Bydén es consciente de que la imagen es única y sorprende a algunos de sus colegas de otros países, pero él lo tiene claro. “Para nosotros es algo normal. Debemos enviar señales claras, hacia dentro y hacia fuera, de que esto es importante para nosotros como organización, como empleador y como parte de la sociedad”, ha declarado.

Este año, además, la participación del Ejército en el Orgullo de Estocolmo (celebrado entre el 31 de julio y en 6 de agosto, y cuya manifestación central tuvo lugar el sábado 5) estuvo acompañada de una campaña en redes sociales cuya imagen era las de unas botas militares con cordones arcoíris, acompañada de un texto que aseguraba que “estamos preparados para ir tan lejos como haga falta. Es nuestro deber defender tu derecho a vivir cómo tú quieras y junto a quién tú quieras”:

Vi är beredda att gå hur långt som helst. Din rätt att leva hur du vill, som den du vill och med vem du vill – är vår uppgift att försvara pic.twitter.com/8yHAdsHmam

— Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) 31 de julio de 2017

Pese a algunas críticas, lo cierto es que la campaña del Ejército sueco ha sido muy bienvenida y ha conseguido un gran eco en las redes sociales de su país.

No se trata, en cualquier caso, de la primera vez. Ya hace dos años el Ejército sueco lanzó otra magnífica campaña a favor de la visibilidad de los militares LGTB, cuya imagen era entonces la de una soldado absolutamente camuflada… excepto por una pequeña bandera arcoíris que luce en la manga.  “La igualdad es un ingrediente esencial en una democracia. En las Fuerzas Armadas, nos tratamos con respeto y vemos las diferencias de los demás como una fortaleza. Somos una organización inclusiva donde todas las personas que sirven y contribuyen se sienten bienvenidas y respetadas”, rezaba el texto que la acompañaba:

Suecia restablece el servicio militar obligatorio

La campaña del Ejército sueco tiene lugar, precisamente, el mismo año en que el Gobierno de ese país ha anunciado la reintroducción del servicio militar obligatorio, que había sido suspendido en 2010, en un contexto en el que coinciden la reducción de soldados voluntarios y la creciente tensión geopolítica entre los países escandinavos y la vecina Rusia.

Un servicio militar al que estarán llamados tanto hombres como mujeres y para el que, resulta a todas luces evidente, el Ejército y el Gobierno suecos cuentan también con la población LGTB…

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Ya ha pasado. Tras varias semanas de escuchar de todo, Trump firmó ayer el memorándum que impedirá que las personas trans puedan servir en las fuerzas armadas norteamericanas.

La agenda anti-LGTB del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se consolida. Medios estadounidenses de primera línea, como The Wall Street Journal o The New York Times, han adelantado que en próximos días el presidente hará llegar por fin al secretario de Defensa, Jim Mattis, la orden por escrito detallando la prohibición a las personas transexuales de servir en el Ejército de su país. El anuncio, que Trump hizo en Twitter hace varias semanas, había sido recibido con sorpresa tanto por los colectivos LGTB como por buena parte de la clase política estadounidense, legisladores republicanos incluidos, así como por la propia cúpula militar. Pero el presidente está absolutamente dispuesto a implementar la prohibición, que ha sido bienvenida por la derecha religiosa, un sector que se consolida como uno de los apoyos más sólidos de Trump.

Recordemos que no fue hasta 2015 cuando el entonces secretario de Defensa, Ash Carter, anunciaba que por fin se ponía en marcha el proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército estadounidense. “Tenemos soldados, marineros, aviadores y marines transexuales, verdaderos patriotas americanos, que sé que están sufriendo un gran daño debido a una política obsoleta, confusa e inconsistente, que es contraria a los valores del servicio y del mérito individual“, aseguraba entonces Carter. El secretario de Defensa de Obama anunció la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. El proceso culminó un año después. Y aunque se desconocía con exactitud a cuántas personas afectaba, algunas estimaciones situaban la cifra de personas trans que servían por entonces en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Es importante destacar que, a diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell”, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla a votación por el Congreso. Por desgracia, ello supone que el ahora presidente Donald Trump tiene capacidad de revertirla, propósito que anunciaba en Twitter hace ahora un mes:

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

….Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

….victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

“Tras consultar con mis generales y con expertos militares, comunico que el Gobierno de Estados Unidos no aceptará ni permitirá personas transgénero en el Ejército. Nuestros militares deben estar centrados en la decisiva y arrolladora victoria [Trump no especificaba contra quién ni contra qué] y no pueden asumir la carga que suponen los tremendos costes médicos y la perturbación que la presencia de transgéneros en el Ejército supondría. Gracias”, expresaba el presidente.

Decisión sorprendente… 

La decisión pillaba por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política tendría lugar en torno a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), a los que el anuncio de Trump sorprendió y que se manifestaron abiertamente en contra. El anuncio también fue recibido con indisimulado estupor por la Junta de Jefes del Estado Mayor, que transmitieron públicamente que en tanto no recibieran instrucciones seguirían sin modificar sus políticas de personal. Las reacciones en contra de la transfobia de Trump iban sucediéndose día tras día, no sólo en forma de carta abierta firmada por un numeroso grupo de veteranos que alabaron a las personas trans que formaron parte del ejército sino también la de algunos miembros en activo del ejército, como el almirante de la Guardia Costera, que ha dicho que no aplicará la prohibición.

Trump tiene ahora que justificar un movimiento que sólo puede explicarse como un claro ataque a los derechos de las personas trans, y en una rueda de prensa ofrecida en su club de golf respondió a varias preguntas de los periodistas y dijo esto sobre la prohibición:

Tengo un gran respeto por la comunidad. Creo que he tenido un gran apoyo, o he tenido un gran apoyo por parte de esa comunidad. Tuve muchos votos. Pero los transgénero, los militares están trabajando en eso ahora. Ha sido una situación muy difícil y creo que le estoy haciendo un favor a mucha gente al salir a la palestra y decirlo. Como ya sabéis, ha sido un tema muy complicado para el ejército, ha sido un tema muy confuso para el ejército, y creo que le estoy haciendo al ejército un gran favor.

… pero firme

Pese al escepticismo de algunos ilusos, que pensaban que todo quedaría en un arrebato tuitero, lo cierto es que la orden de Trump estaría ya recibiendo sus últimos retoques y será transmitida al Pentágono en próximos días. Según se ha adelantado, se trata de un memorándum de dos páginas y media que da un plazo de seis meses al secretario de Defensa, el general Jim Mattis, para desarrollar los detalles y armar la implementación. Por un lado, se prohibiría la incorporación de nuevas personas trans al Ejército. Por otro, se interrumpiría la financiación de los tratamientos hormonales de aquellos militares trans que en estos momentos se encuentran en servicio activo, y por último dejaría en manos de Mattis cómo proceder respecto a su reubicación (e incluso expulsión), que se decidiría caso por caso según cada puesto.

Habrá que esperar a conocer tanto el documento como la forma de implementarlo por parte del Pentágono para estimar el alcance real del daño, pero de lo que no cabe ya duda es de que la decisión supone una segunda gran victoria a nivel federal para la ofensiva tránsfoba que viven los Estados Unidos. La primera de ellas tuvo ya lugar a los pocos días de jurar Trump su cargo como presidente, cuando revocó las directrices emitidas en 2016 por el Departamento de Educación de Obama protegiendo a los estudiantes trans y permitía de nuevo a las escuelas que reciben fondos federales prohibirles el uso de las instalaciones que corresponden a su identidad de género.

Pocos dudan de que la ofensiva tránsfoba de Trump, un político que antes de ser elegido presidente no dudó en presentarse como un aliado de las personas LGTB (con ayuda, todo hay que decirlo, de medios de comunicación y de algunos personajes abiertamente LGTB, como el empresario gay Peter Thiel o la celebrity trans Caitlyn Jenner) no es más que una decisión táctica que tiene como objeto consolidar el apoyo de la influyente derecha religiosa, un sector que durante su campaña electoral mantuvo sus reticencias pero que con Trump en la Casa Blanca y tras sus más recientes polémicas se ha convertido en uno de sus más sólidos apoyos. Ello no evita que sea todo un desastre, para las personas trans en particular y para el colectivo LGTB en general.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La resolución que la Corte Suprema de la India ha emitido sobre la intimidad favorece la legalización de las relaciones homosexuales en este país asiático. El tribunal indio ha determinado que la intimidad es un derecho fundamental de los ciudadanos y la orientación sexual es uno de sus “componentes esenciales”. En el texto se explicita que “la invasión de un derecho fundamental no se hace tolerable cuando unos pocos, a diferencia de un gran número de personas, son sometidos a un tratamiento hostil” y reconoce “la dignidad de la vida privada de las personas LGTB”. El activismo y la comunidad LGTB esperan que este dictamen de la Corte Suprema abra la puerta a la definitiva despenalización de las relaciones homosexuales, todavía consideradas “contra natura” por la sección 377 del Código Penal.

El pasado 3 de agosto recogimos que la Corte Suprema de la India debatía sobre si la privacidad es un derecho fundamental y, finalmente, ha decidido que sí lo es. Como declaró entonces Dhananjaya Yashwant Chandrachud, uno de los jueces que componen el panel de 9 magistrados que ha elaborado el dictamen, la resolución de la Corte Suprema que ampara constitucionalmente el derecho a la privacidad compromete la sentencia del mismo tribunal que volvió a criminalizar la homosexualidad en la India.

Para la Corte Suprema, los “actos de discriminación hostil” hacia el colectivo LGTB “son constitucionalmente inadmisibles”. Sin embargo, “dado que la impugnación de la sección 377 está pendiente de consideración ante un Tribunal más amplio de esta Corte, acordamos que la validez constitucional fuera decidida en un procedimiento apropiado”. Con todo, parece muy probable que el sentido del dictamen sobre la intimidad que acabamos de conocer, favorable a despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, marcará el camino hacia la legalización.

“La invasión de un derecho fundamental no se hace tolerable cuando unos pocos, a diferencia de un gran número de personas, son sometidos a un tratamiento hostil”, asegura el tribunal. Y prosigue: “La razón por la cual tales actos de discriminación hostil son constitucionalmente inadmisibles es debido al efecto escalofriante que tienen sobre el ejercicio del derecho fundamental”. Asimismo, la Corte Suprema argumenta que “el efecto escalofriante sobre el ejercicio del derecho plantea un grave peligro para el desarrollo sin obstáculos de la orientación sexual, como elemento de privacidad y dignidad. El efecto escalofriante se debe al peligro de que un ser humano sea sometido a oprobio social o desaprobación, como se refleja en el castigo del delito”.

El 11 de diciembre de 2013, la Corte Suprema de la India dictaminó en contra de la despenalización de las relaciones homosexuales que en julio de 2009 había decidido el Alto Tribunal de Delhi. La Corte Suprema consideró que el Alto Tribunal de Delhi se extralimitó en sus funciones, pues no apreciaba vulneración constitucional en la redacción de la sección 377 del Código Penal de la India, que castiga las relaciones homosexuales, señalando que únicamente correspondía al poder legislativo derogarlo o no. Por consiguiente, las relaciones homosexuales fueron de nuevo penalizadas en la India con hasta 10 años de prisión por ser consideradas un acto “contra natura”.

En enero de 2014, la Corte Suprema rechazó la petición del Gobierno indio y de varios grupos de defensa de los derechos humanos de reconsiderar su resolución. La última instancia posible ante el alto tribunal era la presentación de una curative petition, un recurso especial para que la decisión fuera revisada por un panel de cinco jueces de la Corte, y que fue interpuesta en abril de 2014 por el prestigioso abogado Anand Grover representando a diversas organizaciones de defensa de los derechos LGTB (la ley obliga a que este recurso sea presentado por una de las partes agraviadas). Una de las organizaciones representadas era Naz Foundation, cuya demanda ocasionó la primera sentencia favorable del Alto Tribunal de Delhi. Recordemos que solo en 2015 más de 1.300 personas fueron detenidas en la India bajo la acusación de practicar la homosexualidad, incluyendo 207 adolescentes.

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Terrible historia la sucedida en Paraguay, donde un adolescente gay de 17 años sufrió una brutal agresión, con “violación correctiva” incluída, el pasado mes de julio. El chico arrastraba previamente un historial de acoso y no contaba ni siquiera con la comprensión de su entorno familiar más directo. Ya dado de alta del hospital, continúa recuperándose sobre todo de sus secuelas psicológicas. Los dos autores de la agresión han sido detenidos.

La agresión tuvo lugar en la noche del 8 al 9 de julio, en las cercanías de Caaguazú, a unos 200 kilómetros al este de Asunción, la capital paraguaya. El chico salió de su casa, al parecer para acudir a una celebración de cumpleaños, y ya no regresó. Fue encontrado en un cañaveral, inconsciente, con un fuerte traumatismo craneal y la mandíbula rota. Además había sido agredido sexualmente. Inicialmente atendido en el hospital de Caaguazú, finalmente fue trasladado a un hospital de Asunción.

Hay dos detenidos como presuntos responsables de la agresión, a los que se les imputan delitos de coacción sexual, violación y lesión grave, por los cuales se enfrentan a penas de hasta diez años de cárcel. En un principio los medios de comunicación paraguayos aseguraron que eran tíos o primos de la víctima, aunque informaciones posteriores niegan que exista parentesco. En cualquier caso, todo apunta a que los agresores sí que buscaban dar una lección al chico, que ya arrastraba tras de sí un historial de acoso y desprecio por su orientación sexual, del que su propia familia habría sido en cierto modo partícipe. De hecho, ya después de conocida la agresión, su madre y su hermana le quitaban hierro asegurando que “a él le gustaba”.

Mes y medio después de sucedida la agresión, el chico ha sido ya dado de alta, aunque sigue precisando asistencia psicológica. Por el momento no ha regresado a su domicilio y se encuentra al cargo de una familiar que sí le ha ofrecido todo su apoyo y ha denunciado lo sucedido tanto a las autoridades competentes como al colectivo SomosGay.

Según explica la agencia Presentes, Zusana Cáceres, directora de la Coordinadora Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente de Caaguazú, había intervenido ya en el caso de este adolescente hace alrededor de un año, ante las repetidas ausencias del joven y de sus hermanos menores a la escuela. Al acudir a entrevistar a la familia, detectaron que los chicos no contaban con el acompañamiento de su familia: la madre padecía problemas de adicción al alcohol y el padre trabajaba en los cultivos de caña de azúcar de la zona y pasaba la mayor parte del día fuera del hogar. En aquella entrevista el chico contó que no quería seguir asistiendo a la escuela, donde era víctima de acoso y discriminación. “Dijo que sentía mucho rechazo. Vivía en una comunidad rural, donde todavía perviven muchos factores culturales, mucho machismo. Y su orientación sexual era algo muy mal visto. El chico era muy discriminado por su manera de vestir y de relacionarse”, ha declarado Cáceres a Presentes. La funcionaria tiene claro, en este sentido, que los agresores buscaban castigar al muchacho. “En la mentalidad de algunas personas que viven en el área rural, todavía persiste esa creencia de que ‘así va a aprender a ser un hombre’, y justifican la violencia”, ha añadido.

SomosGay: el caso es “uno de incontables”

Pocos días después de ocurrir la agresión, el colectivo paraguayo SomosGay emitió un comunicado en el que reclamaba al Estado que asumiera su responsabilidad de velar por el bienestar de los menores cuando no lo hacen sus padres o tutores, y muy singularmente de los menores LGTB. “Cotidianamente los gais, las lesbianas, las personas bisexuales y trans sufrimos un Estado que no solo incumple sus obligaciones de garantizar los derechos de todas y todos indistintamente sino que además fomenta todo tipo de vejámenes hacia nuestro colectivo, muchas veces con consecuencias nefastas e irreversibles. Los niños, niñas y adolescentes LGBT son los que más padecen al ser los más vulnerables; el caso de Caaguazú es uno de incontables en nuestro país”, expresaba el texto.

“Teniendo en cuenta tanta violencia y discriminación hacia nuestro colectivo, recordamos las lamentables declaraciones del canciller Eladio Loizaga respecto a que ‘en Paraguay no hay homofobia’. Nuestra organización repudia tal afirmación y ante esto evidenciamos que el Estado sigue sosteniendo diferentes políticas discriminatorias hacia las personas LGBT en claro incumplimiento con la Constitución Nacional”, añadía, en referencia a las lamentables declaraciones del ministro paraguayo de Exteriores hace ahora tres años. SomosGay denunciaba también los discursos de odio de personas que ejercen cargos públicos: “Precisamente este tipo de discursos emitidos por personas revestidas de autoridad legitima e incita delitos y crímenes y nos aleja del Estado de Derecho para acercarnos más a la barbarie”.

Entrevistado pocos días después de la agresión, el director de SomosGay, Simón Cazal, confirmó la delicada situación familiar del muchacho y el carácter “correctivo” de la agresión. De hecho, Cazal asegura que su organización tiene conocimiento, como promedio, de unas diez agresiones sexuales de este tipo al mes, sobre todo contra mujeres lesbianas.

Fuente Dosmanzanas

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Ampliamos la noticia que adelantábamos el pasado sábado. El proyecto de ley tránsfobo cuya aprobación perseguían los grupos conservadores en el estado de Texas ha quedado en vía muerta. El temor a los efectos económicos que una legislación así podría tener ha hecho que el sector moderado de los republicanos haya paralizado el proceso, en lo que supone una importante victoria para el colectivo LGTB. La amenaza de que el proyecto se reactive en 2019 sigue de todas formas muy viva. Los conservadores, de hecho, han adelantado que darán la batalla en las elecciones primarias republicanas, en las que gozan de una posición de privilegio, para barrer a los legisladores republicanos que a su juicio han impedido la aprobación del proyecto.

Texas lleva meses discutiendo la aprobación de un proyecto de ley para prohibir a las personas transexuales usar todas aquellas instalaciones públicas que correspondan a su identidad de género, derogando además las disposiciones contra la discriminación de las personas trans que hayan sido aprobadas por entidades locales. Se trata de un proyecto similar al que en su momento aprobó el estado de Carolina del Norte, y que supuso numerosos boicots contra ese estado e importantes pérdidas económicas. De hecho, tras las elecciones de noviembre, en las que el gobernador republicano Pat McCrory perdió por un estrecho margen, el nuevo gobernador de Carolina del Norte, el demócrata Roy Cooper, llegó a un acuerdo con los republicanos (que siguen controlando la legislatura estatal) para que la ley, en su redacción original, fuese derogada a cambio de que se derogasen tambien las ordenanzas antidiscriminatorias locales, y muy singularmente la de la ciudad de Charlotte, cuya aprobación fue precisamente la que animó a los republicanos a sacar adelante la ley discriminatoria. Un “apaño” que no gustó nada a los colectivos LGTB pero que ha supuesto el final del boicot económico al estado.

Lo sucedido en Carolina del Norte, sin embargo, no pareció desmotivar a los republicanos de Texas, que controlan la legislatura del estado y cuyo gobernador, Greg Abbott, se ha mostrado dispuesto a rubricar una ley de este tipo si era aprobada. El principal valedor del texto discriminatorio, conocido también como SB3, ha sido precisamente su vicegobernador, Dan Patrick, un político abiertamente anti-LGTB del que ya hemos hablado en esta página. Por ejemplo, cuando tras el atentado homófobo de Orlando difundió en Twitter una cita bíblica que parecía señalar a las víctimas como merecedoras de un castigo. Y antes, durante el proceso de aprobación del matrimonio igualitario, pidió a los jueces texanos que no casasen a parejas del mismo sexo, contraviniendo el dictamen de la justicia federal. Por desgracia, las personas transexuales también se cuentan entre sus objetivos: en su momento, Dan Patrick fue uno de los promotores de la derogación de la ley antidiscriminatoria de Houston por votación popular, cuya campaña inició el infame “pánico transexual en los baños” que ha alentado leyes anti-LGTB en varios estados. Y también desafió la orden de la administración Obama (ahora derogada por Trump)  de no discriminar a las personas transexuales en los centros de enseñanza que reciben ayudas públicas.

Aún así, hay una cosa con al que Abbott no contaba y fue  la fuerte oposición que se encontró a dicha propuesta por parte de buena parte del tejido económico del estado, así como de organizaciones sociales, deportivas, culturales y religiosas, hizo que la legislatura de Texas finalizara en mayo su periodo regular de sesiones sin haber sido capaz de aprobar el proyecto: Los grupos LGBT movilizaron a una gran parte de la sociedad y de los empresarios que se mostraron totalmente en contra de esa ley. Los jefes de policía de tres de las ciudades más grandes del estado ya dijeron que era una legislación que no ayudaba a nadie y que en lugar de plantear una solución a un problema lo que hacía era crear un problema nuevo. Las grandes petroleras del estado avisaron al senador de que no verían con buenos ojos una legislación discriminatoria y la Asociación de Negocios de Texas calculó que, si se aprobaba, el estado perdería casi seis mil millones de dólares de aquí a 2026.

Sin embargo, cuando parecía que el asunto quedaba aparcado, el gobernador Greg Abbott, haciendo uso de sus prerrogativas, volvía a incluir el asunto en la agenda de una sesión legislativa especial de 3o días a celebrar durante el verano, concebida para cerrar temas urgentes que hubiesen quedado pendientes (la próxima sesión regular ya no tendrá lugar hasta después de las elecciones de noviembre de 2018).

El Senado votó a favor…

El Senado de Texas, presidido precisamente por Dan Patrick, aprobaba de hecho la SB3 por 21 votos a 10 a finales de julio, no sin polémica y tras una debate de más de ocho horas de duración. Votaron a favor los 20 senadores republicanos y uno demócrata (Eddie Lucio Jr.). Lo hicieron en contra los 9 senadores demócratas restantes. La pelota pasaba así a la Cámara de Representantes, en la que el resultado se preveía más ajustado debido a la presencia de un grupo de republicanos moderados.

De hecho, ya el Senado había suavizado algunas disposiciones originales del proyecto tras los varios meses de polémica. Por ejemplo, el texto aprobado permitía a las personas transexuales usar las instalaciones que se correspondiesen con su documento estatal de identidad, y no con su certificado de nacimiento, lo que suponía una mejora para aquellas personas trans que hubiesen conseguido ya un documento de identidad actualizado.

Pero la Cámara de Representantes no llegó a votar

En la Cámara de Representantes, sin embargo, la última palabra seguía siendo la del speaker Joe Straus y el grupo de republicanos moderados (Straus es uno de los pocos moderados que, según describe literalmente The New York Times, aún “mantiene un puesto prominente en un estado cada vez más controlado por la extrema derecha”), que finalmente optaban por finalizar la sesión especial sin haber tramitado el proyecto. Y no precisamente porque durante este periodo no se votasen temas de índole “moral”, ya que la Cámara sí que aprobaba, por ejemplo, limitar aún más el acceso al aborto o facilitar a las agencias de adopción privadas la posibilidad de rechazar a los padres que no consideren adecuados por razones religiosas (por ejemplo, parejas del mismo sexo). En este caso, sin embargo, parece haber pesado más la oposición de los líderes empresariales del estado y el miedo a las pérdidas económicas que los anunciados boicots iban a suponer.

La noticia supone, en la práctica, que el proyecto queda en vía muerta hasta 2019. El sector más conservador de los republicanos, sin embargo, asegura no rendirse. Dan Patrick ha prometido que volverá a ser discutido en la próxima legislatura, mientras que los líderes de organizaciones ultraconservadoras ya han declarado que trabajaran para derrotar a los candidatos moderados en las próximas primarias republicanas (un terreno que les es especialmente favorable, debido a su más que demostrada capacidad de movilización) y conseguir una legislatura completamente afín a sus postulados.

En definitiva, una batalla ganada para los derechos LGTB… pero la guerra continúa.

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Que lo diga quien afirmaba que con Franco se vivía plácidamente…

Tras los espantosos atentados islamistas de Barcelona y Cambrils, que han dejado por el momento 14 personas muertas y decenas de personas heridas, no han faltado los carroñeros que han aprovechado la desgracia para intentar obtener algún rédito político. Buen ejemplo son las críticas a los Mossos por usar el catalán en sus comunicaciones, cuando lo cierto es que la policía catalana ha dado todo un ejemplo de transparencia informativa en tres lenguas (catalán, castellano e inglés). Era, por desgracia, previsible. Lo que no esperábamos era que el matrimonio igualitario saliera a relucir como una de las causas del terrorismo yihadista. Así lo ha expresado el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado en el Congreso y eurodiputado del PP, Jaime Mayor Oreja, uno de los personajes más rabiosamente anti-LGTB de la política española.

Ha sido en una entrevista a El Español, el diario digital que dirigie Pedro J. Ramírez. Puedes leer la entrevista completa aquí, bajo el titular “Los españoles merecían que les explicaran los atentados en español”. Pero al margen de que al señor Mayor Oreja le moleste que los catalanes, en un momento especialmente doloroso para ellos, se expresen en catalán (lengua que al menos a día de hoy sigue siendo tan española como lo es el castellano), la entrevista va mucho más allá y ahonda en la que a, a juicio de Mayor Oreja, es la raíz del terrorismo islamista: la debilidad de Occidente y la pérdida de sus “valores cristianos”. “Los que dicen que quieren crear un nuevo orden mundial, lo que tratan es de destruir los valores cristianos que han constituido los cimientos de la civilización occidental. Ahí se abre una grieta, los terroristas ven esa falta de valores compartidos y deciden pasar al ataque para ahondar en nuestra crisis. Por eso lo urgente no es decidir qué medidas policiales hay que adoptar, que también hay que hacerlo, sino definir qué proyecto político y social puede cohesionar a los europeos”, asegura. “A menos valores compartidos en la sociedad occidental habrá más terrorismo yihadista“, añade más adelante.

Preguntado por el entrevistador “¿Cómo se pueden extender o recuperar esos valores?” y “¿A quién responsabiliza de su destrucción?”, Mayor Oreja responde literalmente: “No tratando de reemplazar valores como la vida, la familia, el matrimonio… Eso lo que va produciendo, en mi opinión, es una distancia, un abismo. Y qué duda cabe que hay más responsabilidad entre aquellos que quieren destruir esos valores que entre quienes quieren mantenerlos. Hoy es una lucha, en términos democráticos, entre David y Goliat”. 

“¿Por qué?”, insiste el entrevistador. “Porque la moda dominante es destruir los valores cristianos. Pero no se trata de que algunos queramos una Europa en la que solo haya cristianos, sino de que podamos aceptar y defender que en Europa nuestras raíces son en buena medida cristianas. No se trata de imponer una religión, sino de defender una civilización”, responde.

Que Jaime Mayor Oreja (en la foto, en el acto de entrega de los premios HazteOír 2015, galardón que él mismo recibió en 2010) es uno de los políticos más abiertamente contrarios a los derechos LGTB es bien conocido, como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación: desde el “informe Lunacek” contra la LGTBfobia, al que se opuso; pasando por la inclusión de las parejas del mismo sexo en el derecho a la libre circulación de personas en la Unión Europea, a la que también se opuso; por una resolución para hacer frente al VIH/sida en la Unión Europea y países vecinos, contra la que también votó, hasta simplemente una resolución testimonial contra la discriminación de las personas LGTB, de la que fue el único diputado del PP en votar en contra. Por no hablar de su apoyo a eventos ultraconservadores de indisimulado carácter homófobo o a plataformas cuya finalidad es la de conseguir la derogación de las diferentes leyes contra la LGTBfobia que están siendo aprobadas en nuestro país. Ahora bien, que utilice precisamente este tema, aunque sea de forma insidiosa, para justificar la supuesta “debilidad” de Occidente frente al terrorismo islamista roza ya lo absurdo, y más cuando las personas LGTB son una de las principales víctimas de la represión allí donde los islamistas ejercen el poder o tienen influencia. Y muestra lo miserable del personaje, por si a alguien le quedaba alguna duda.

Fuente Dosmanzanas

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El Orgullo LGTB, cuya celebración estaba prevista esta semana, ha sido definitivamente cancelado por sus organizadores tras las amenazas del ministro ugandés de Ética e Integridad, Simon Lokodo. Unas amenazas que unidas al antecedente del año pasado, cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas, han llevado a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

La cancelación del Orgullo ugandés, compuesto por una serie de actos que iban a tener lugar desde el miércoles 16 de agosto hasta hoy, sábado 19, cuando debía tener lugar el evento principal, ha sido anunciada “con gran tristeza” a través de un comunicado de prensa por sus organizadores. En el comunicado, los activistas LGTB explican que tras lo sucedido el año pasado la celebración suponía un enorme desafío que en principio estaban dispuestos a acometer, pero que las amenazas de Lokodo de intensificar la persecución y las advertencias de la policía ugandesa, que el día de la gala de apertura se personó en el lugar e impidió su celebración, les han hecho cambiar de opinión. “Tristemente, el coraje y la determinación que llevamos en nuestros corazones no son suficientes como para poner en peligro tantas vidas inocentes”, explican.

El ministro ugandés de Ética e Integridad, que por cierto es un antiguo sacerdote católico que hace once años dejó el sacerdocio por la política (se graduó en Arte y en Teología en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma) no solo ha advertido que habría detenciones masivas, sino que ha llegado a amenazar físicamente a la activista Kasha Nabagesera si se la volvía a encontrar frente a frente. Así lo asegura el comunicado de prensa de los organizadores del Orgullo (sin nombrar expresamente a la conocida activista) y así lo ha confirmado la propia Nabagesera en una entrevista a Le Monde, en la que explica que ella y el ministro mantuvieron una conversación de más de 15 minutos el pasado lunes, tras la cual quedó claro que las amenazas de Lokodo iban muy en serio. “Ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero ante todo tenemos que pensar en la seguridad de la comunidad”, declaraba Nabagesera al diario francés. El argumento del Gobierno ugandés para prohibir los actos del Orgullo, según asegura el comunicado y confirma Kasha Nabagesera, es que el Orgullo LGTB tiene como finalidad “reclutar” nuevos miembros para el colectivo.

“No estamos cancelando el Orgullo por vuesta homofobia [en referencia a las autoridades ugandesas] y falta de respeto a nuestros derechos, esta es una decisión que tomamos para protegernos. ¿Cómo lucharemos contra vuestra opresión si nos matáis o si nos metéis en la cárcel?”, explican sus organizadores en el comunicado. “Debe quedar claro para todos nuestros socios clave y para el resto del mundo que la lucha por la igualdad en Uganda está lejos de haber terminado. De hecho, acaba de empezar, y no pararemos hasta que las minorías sexuales y de género vean reconocidos sus derechos como seres humanos”, añaden.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía el año pasado en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014. La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario. Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación.

En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna, hace unos meses el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables”, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas

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El Alto Tribunal de Belfast ha dictaminado en contra de las parejas del mismo sexo que reclamaban su derecho a contraer matrimonio en Irlanda del Norte. El juez O’Hara ha estimado que, siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el matrimonio igualitario no es un derecho fundamental, y que, por lo tanto, su articulación debe depender del poder legislativo. De esta manera, Irlanda del Norte seguirá siendo el único territorio del Reino Unido donde a las parejas del mismo sexo no les está permitido contraer matrimonio, a menos que su Asamblea logre superar el empecinamiento en contra de los derechos LGTB del Partido Unionista Democrático, la principal fuerza política norirlandesa.

El Alto Tribunal de Belfast, máxima instancia judicial de Irlanda del Norte, debía dirimir sobre dos casos, que afectaban a tres parejas del mismo sexo. En el primero de ellos, los demandantes eran dos parejas emblemáticas. Se trata de Shannon Sickles y Grainne Close —que fue la primera pareja del mismo sexo en contraer una unión civil en el Reino Unido—, y de Chris y Henry Flanagan-Kane —la segunda pareja unida civilmente, y primera masculina, también en el Reino Unido—. Todos ellos habían demandado a la Asamblea de Irlanda del Norte por impedirles acceder a la institución del matrimonio por razón de su orientación sexual. El otro caso afectaba a una pareja, cuyos nombres han permanecido legalmente en el anonimato, que había contraído matrimonio en Inglaterra una vez que fue legal, y que, sin embargo, veía cómo al trasladar su residencia a Irlanda del Norte su enlace se convertía en una unión civil, tal como establece la ley norirlandesa, una institución de menor rango que, además, no era en la que los componentes de la pareja querían integrarse.

Tras dos años de espera, finalmente el juez O’Hara del Alto Tribunal de Belfast ha dictaminado al respecto, aunque en ambos casos su resolución ha sido desfavorable. Las dos parejas del primer caso basaban su demanda en que la prohibición de contraer matrimonio violaba el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege el derecho a la vida privada y familiar. Sin embargo, el juez O’Hara ha fundamentado su decisión, precisamente, en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que el matrimonio para las parejas del mismo sexo no es un derecho fundamental, ya que la propia Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 solo otorga esa consideración a la unión de un hombre y una mujer.

Así, dado que la ley norirlandesa sí que ha articulado una institución como la de uniones civiles (la primera en existir en el Reino Unido) para amparar ciertos derechos a las parejas del mismo sexo, el juez del Alto Tribunal ha considerado que lo demandado por las tres parejas concurrentes se trata de un asunto político y no judicial. Así es como lo expresaba en su denegación:

“No es difícil comprender cómo afecta tan fuertemente el mantenimiento en Irlanda del Norte de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo a los gais y lesbianas que han sufrido discriminación, rechazo y exclusión. Sin embargo, la sentencia que tengo que dictaminar no se basa en la política social, sino en la ley”.

Las parejas afectadas han declarado sentirse “desoladas” por la resolución del Alto Tribunal, y han conminado a sus conciudadanos a que presionen a sus representantes políticos para que el matrimonio igualitario sea aprobado finalmente por la Asamblea de Irlanda del Norte. Un camino, el legislativo, que está plagado de escollos.

Una vía legislativa obstaculizada por el empecinamiento del Partido Unionista

Por cinco veces consecutivas, la Asamblea de Irlanda del Norte ha rechazado la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque en la última votación, sin embargo, los partidarios del matrimonio igualitario lograron ser por primera vez mayoritarios, pero el Partido Unionista Democrático (de tradición protestante y partidario de permanencia en el Reino Unido), entonces y ahora en el poder, hizo uso de la petition of concern para lograr que la proposición de ley fuera finalmente rechazada.

La petition of concern fue concebida durante los acuerdos de paz de 1988, con la idea de que cualquier legislación sobre determinados temas sensibles obtuviera un respaldo suficiente de los dos sectores, el nacionalista irlandés y el unionista. En concreto, las proposiciones deben alcanzar un 60 % de los votos de toda la Asamblea, y al menos un 40 % en cada uno de los bandos. La petition of concern debe ser solicitada por un mínimo de 30 representantes, con lo que, dado que el Partido Unionista Democrático por aquel entonces tenía 37 diputados, bastaron sus votos para hacerla valer.

La utilización de la petition of concern para un asunto de derechos civiles de las minorías, como es el matrimonio igualitario, fue fuertemente criticada. Sobre todo si se tiene en cuenta que las encuestas muestran un amplio apoyo al mismo, tanto por parte de la población de tradición católica como, en menor medida, de la protestante. El empecinamiento del DUP en boicotear la equiparación de derechos ha sido hasta ahora el principal escollo para sacarla adelante. La primera ministra norirlandesa, Arlene Foster, afirmaba hace unos meses que usaría la petition of concern todas las veces que fuera necesario para impedir que se aprobase la igualdad matrimonial. “¿Por qué íbamos a renunciar a esa herramienta cuando nos sentimos tan fuertemente implicados en cuanto a la definición del matrimonio?”, se preguntaba.

Las últimas elecciones han abierto, sin embargo, nuevas posibilidades. En esta legislatura, el DUP cuenta con 28 diputados, con lo que ha perdido la capacidad de exigir en solitario la petition of concern. Ni siquiera sumando al único diputado de la conservadora Voz Unionista Tradicional (TUV) alcanzan la cifra necesaria de 30 diputados. La puerta se abre, por tanto, a una nueva votación en la que el fin del matrimonio excluyente se apruebe por mayoría absoluta. Una meta que parece accesible, ya que bastaría la suma de los diputados nacionalistas y los no afiliados, favorables a la igualdad matrimonial. Veremos si es posible que la vía legislativa prospere, e Irlanda del Norte deje de ser el único territorio del Reino Unido sin igualdad para las parejas del mismo sexo.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Arlene Foster, Chris Flanagan-Kane, Discriminación, Grainne Close, Henry Flanagan-Kane, Homofobia, Irlanda del Norte, Matrimonio, Partido Unionista Democrático, Reino Unido, Shannon Sickles, Sinn Féin, Voz Unionista Tradicional

A pesar de las trabas impuestas por la ciudad de San Petersburgo, unas 100 personas se reunieron el pasado sábado en los Campos de Marte para celebrar el Orgullo LGBT.

Con unos 100 asistentes, fue la concentración del Orgullo más grande desde 2010.

La policía, que vigiliaba a los manifestantes, no hizo nada para evitar los ataques de un grupo de extrema derecha y acabó deteniendo a una activistas lesbiana.

Un centenar de personas se congregaron el pasado sábado en San Petersburgo para reivindicar los derechos LGTB. Se trata del primer Orgullo que tiene lugar tras la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a Rusia por sus leyes represivas contra la libertad de expresión de sus ciudadanos LGTB. El evento quedó empañado por el ataque con gas pimienta perpetrado por un grupo de radicales, que se saldó con quince heridos. La policía, que detuvo a una manifestante por portar una pancarta con el texto “Amo a mi esposa”, ha anunciado que investigará la agresión homófoba.

El pasado sábado 12 de agosto se celebró, casi por sorpresa, una concentración del Orgullo LGBT+ en San Petersburgo, Rusia. Y si te digo “por sorpresa” es porque así fue y si te digo “Rusia” ya te puedes imaginar que la cosa muy tranquila no fue. Los activistas LGTB rusos han demostrado una vez más su valentía al desafiar las leyes represivas y celebrar el Orgullo. Unas cien personas, la cifra más alta de participación hasta la fecha, se congregaron en el Campo de Marte de San Petersburgo el pasado sábado ante la mirada de las fuerzas de seguridad.

(Foto: Olga Maltseva)

Aunque las autoridades de San Petersburgo autorizaron una concentración del Orgullo en 2014, limitada a la “zona de libertad de expresión” en los Campos de Marte de la ciudad, para la de este año intentaron poner todas las trabas que pudieron. De las cuatro propuestas que los organizadores presentaron a la ciudad tres fueron rechazadas porque los lugares en los que se celebraban estaban en obras; “si lees los periódicos, se supone que están haciendo obras públicas intensivas en esas calles” explica el activista Yuri Gavrikov, “pero si vas allí verás que no están haciendo nada ni han empezado ninguna.”

La cuarta propuesta fue celebrarlo en los Campos de Marte, dentro de esa zona de “libertad de expresión”, pero las normas de esos lugares prohíben que se celebre más de un evento el mismo día y, casualmente, el sábado se celebraba una concentración en memoria de los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Concentración a la que acudieron cinco personas. Como explica el propio Gavrikov, la creación de pseudo-eventos para frenar las concentraciones del Orgullo es una estrategia habitual del Ayuntamiento de la ciudad.

Pero finalmente un centenar de personas (el número más grande desde la marcha de 2010) se atrevieron a acudir a los Campos de Marte y ondear sus banderas LGBT, en mitad de un fuerte dispositivo de seguridad (que les vigilaba a ellos, obviamente) y las protestas de los 5 asistentes al otro evento. Entre los asistentes a la marcha había personas como Dmitry, un chico heterosexual que acudió porque “estar aquí, para mí, es una cuestión de solidaridad.”

(Foto: Francesca Visser y Andreas Rossbach)

“Todo el mundo tiene sus propias razones para venir al orgullo” explicaba Sveta, una activista lesbiana, “muchos de mis amigos no han venido porque tienen miedo a ser discriminados en el trabajo, a perder su empleo o a que les expulsen de la universidad.” Desde que en 2013 Rusia aprobó la ley contra la “propaganda homosexual” celebrar una marcha del Orgullo puede suponer una multa de hasta 500.000 rublos (unos 7.000€). Curiosamente Gavrikov fue uno de los tres activistas que llevó esa ley ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó al país por una ley que se consideró discriminatoria y cuya única utilidad era fomentar la homofobia y el estigma. Europa condenó al Kremlin a pagar a cada uno de los tres activistas 7.500€ como compensación, dinero que Gavrikov aún está esperando.

(Foto: Francesca Visser y Andreas Rossbach)

Pero a pesar de la vigilancia de la policía antidisturbios la marcha fue víctima del ataque de un grupo de extrema derecha que invadió el recinto (recordemos, una “zona de libertad de expresión”) y atacó a los manifestantes con spray de pimienta, hiriendo a 15 personas. Varios asistentes y periodistas han denunciado la pasividad de la policía ante los ataques. Boris Vishneysky es uno de los siete legisladores de la ciudad que han enviado una carta al jefe de policía de la ciudad exigiendo una investigación que aclare lo que ocurrió en la manifestación. Las autoridades han anunciado la puesta en marcha de una investigación criminal para esclarecer lo sucedido y detener a los culpables.

Anna Gabretskaya en la manifestación del Orgullo (Foto: Russian LGBT Network)

Lo que sí hizo la policía fue detener a la activista Anna Grabetskaya, que acudió a la marcha con una bandera LGBT alrededor del cuerpo y un cartel en el que se leía “Amo a mi esposa“. La policía ha dicho que detuvo a Grabetskaya después de darle 10 minutos para dejar para que dejara de infringir la ley, pero en cuanto Anna se separó unos pasos del grupo en el que estaba siendo retenida la policía la detuvo acusada de desobediencia y de participación en un evento público sin autorización.

Desde la Russian LGBTI Network han publicado un vídeo de la detención de Anna asegurando que la activista no llegó a separarse realmente del grupo y que no opuso resistencia a la detención; además denuncian que todas sus pertenencias, incluido su teléfono móvil, fueron requisadas por la policía. La esposa de Anna, Maria Kozlovskaya, ha explicado que no tiene noticias sobre la situación legal de Anna pero cree que está siendo retenida por la policía durante 10 días.

La detención de Grabetskaya y el ataque homófobo no han podido empañar la satisfacción de los activistas por dos recientes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Rusia. La primera de ellas, de febrero de este año, condena la vulneración del derecho de reunión que se produjo en la prohibición de dos marchas del Orgullo LGTB en San Petersburgo (en 2010 y 2011) y otro acto en Moscú en 2009.

En la segunda sentencia, de junio de este año, el TEDH consideró que las leyes que prohíben la difusión de “propaganda homosexual” a menores vulneran los artículos 10 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos porque atentan contra la libertad de expresión y violan el principio de no discriminación por razones de orientación sexual. Ambos fallos condenan al Estado ruso a indemnizar a los demandantes.

Fuente | Moscow Times – Pink News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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Pakistán podría disponer en los próximos meses de un marco legal que mejore las condiciones de vida de la comunidad trans. El proyecto de ley que presentó la diputada Naeema Kishwar Khan el pasado martes reconoce el derecho de las personas trans a decidir sobre su propia identidad de género y condena y la violencia de carácter tránsfobo. La iniciativa es un gran avance en una región dominada por la LGTBfobia social y de Estado y la discriminación de la realidad hijra y otras expresiones e identidades de género diferentes de las mayoritarias.

Buenas noticias para las personas trans en Asia meridional. La diputada de la Asamblea Nacional Naeema Kishwar Khan presentó el pasado martes un proyecto de “Ley de protección de derechos de las personas transgénero” que, de ser aprobado, está llamado a mejorar sus condiciones de vida. La propuesta reconoce que este colectivo “constituye una de las comunidades más marginalizadas y desfavorecidas del país” y que sufren problemas “desde la exclusión social hasta la discriminación, carencia de protección en la familia, la comunidad y la sociedad”.

Para atajar esta situación, el texto propone medidas para la aplicación efectiva de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Además, consagra el derecho a ver reconocida la propia identidad de género y a modificar los documentos de identidad a partir de los 18 años para que se ajusten a la misma. También prohíbe la discriminación de las personas trans en una serie de ámbitos como: la educación, el empleo, la salud, la prestación de servicios, el transporte, la vivienda o el acceso a cargos públicos.

El proyecto de ley agrupa bajo el término “persona transgénero” realidades diversas como las personas intersexuales, los eunucos (varones de nacimiento sometidos a castración), los hombres y mujeres transexuales y “cualquier persona cuya identidad o expresión de género difiera de las normas sociales y las expectativas culturales basadas en el sexo que se les asignó al nacer”. El Gobierno deberá establecer centros específicos para su protección, educación y sanidad, así como instalaciones penitenciarias diferenciadas y medidas para fomentar su integración social y económica.

La realidad LGTB en Pakistán

Las condiciones de vida de la comunidad LGTB en Pakistán son muy duras. Lasrelaciones sexuales entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales a día de hoy en este país. El Código Penal se remonta a 1860, cuando formaba parte de la India colonial y ambos Estados compartían la ley de sello británico. Tal y como reza el texto en su artículo 377, están perseguidos los “delitos antinaturales”, que cometerá “quien voluntariamente tenga relaciones sexuales carnales contra el orden de la naturaleza con cualquier hombre, mujer o animal”.

Los condenados por estós “delitos”, en este sentido, “serán castigados con pena de prisión de por vida o con pena de prisión de cualquiera de las dos categorías por un término que no podrá ser inferior a dos años ni superior a diez años; también será responsable de multa”. La ilegalidad de las relaciones homosexuales ha provocado, a parte de injustas persecuciones motivadas por la orientación sexual, situaciones tan ridículas como la censura de una fotografía de dos hombres besándose en la portada internacional del New York Times distribuida en Pakistán el 29 de enero de 2016.

En cambio, como publicó también dosmanzanas en su momento, en julio de 2009 la Corte Suprema de Pakistán daba un paso hacia un cierto reconocimiento oficial de las personas transgénero y a finales de ese mismo año ordenaba que se reconociera oficialmente la existencia de un “tercer sexo”. “La decisión nos otorga una identidad y nos reconoce como minoría”, declaraba entonces Almas Bobby, presidenta de Shemale Foundation.

No obstante, la igualdad real de las personas trans también sigue estando muy lejana, ya que todavía son vulnerables a los abusos físicos y verbales, tienen que soportar la actitud humillante de los policías, médicos en los hospitales y funcionarios públicos y los informes de palizas y otras formas de violencia dirigidas contra estas personas son comunes. Cualquier ley que favorezca a las personas trans y al conjunto de la población LGTB pakistaní es muy necesaria, igual que lo es la urgente despenalización de la homosexualidad.

Fuente Dosmanzanas

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Una camarera estadounidense encuentra una anotación LGTBfóbica en la cuenta por llevar un tatuaje con los colores del arcoíris

El pasado 5 de agosto Samantha Heaton estaba haciendo su turno habitual en Buffalo Wild Wings, el restaurante donde trabaja como camarera en Illinois, cuando llegó una familia compuesta por cinco miembros entre los que se encontraban dos niños que no tendrían más de diez años. Samantha tomó nota de su comida, sirvió y atendió la mesa sin ningún tipo de problema hasta que llegó la hora de pagar. Cuando se acercó para recoger su propina (en Estados Unidos es prácticamente obligatoria) se encontró con que la familia se había marchado y con una desagradable sorpresa. No solo no habían dejado un solo dólar en una cuenta de más de 60, sino que además le habían escrito un mensaje en el recibo de la tarjeta de crédito: “No le podemos dejar propina a alguien que no ama a Jesús. Mal tatuaje”.

Una pareja se negó a dejar propina a la camarera que la había atendido, aun recibiendo un buen servicio, únicamente por llevar un tatuaje en el brazo con los colores del arcoíris (emblema internacional de la comunidad LGTB). Esto es lo que le ha ocurrido a Samantha Heaton, una empleada de uno de los restaurantes de la cadena Buffalo Wild Wings en Illinois. A diferencia de España, donde la propina es una cortesía voluntaria, en los Estados Unidos suele suponer un recargo de entre el 15 y el 20% del total de la cuenta y es una parte del sueldo de los camareros.

El pasado 5 de agosto Samantha Heaton estaba haciendo su turno habitual en Buffalo Wild Wings, el restaurante donde trabaja como camarera en Illinois, cuando llegó una familia compuesta por cinco miembros entre los que se encontraban dos niños que no tendrían más de diez años. Samantha tomó nota de su comida, sirvió y atendió la mesa sin ningún tipo de problema hasta que llegó la hora de pagar. Cuando se acercó para recoger su propina se encontró con que la familia se había marchado y con una desagradable sorpresa. No solo no habían dejado un solo dólar en una cuenta de más de 60, y aunque habían recibido un buen servicio, sino que además le habían escrito un mensaje en el recibo de la tarjeta de crédito: “No le podemos dejar propina a alguien que no ama a Jesús. Mal tatuaje”. Sí, aunque durante el servicio la camarera no habló de temas sexuales ni religiosos, la pareja le negó la propina por “no amar a Jesús” y por su “mal tatuaje”, por lo que únicamente le negaron la propina por llevar un tatuaje con los colores del arcoíris. Simplemente, esa familia “cristiana” decidió que llevar un mensaje de apoyo a la comunidad LGTB era suficiente para discriminar a una trabajadora que había hecho correctamente su trabajo. Por cierto, como ha hecho notar la propia Heaton, la pareja escribió “tatoo” en lugar de “tattoo”, con una falta de ortografía en inglés.

Joelle Nichole Maish, una compañera de trabajo, ha sido quien ha denunciado los hechos en su facebook haciendo una foto al dichoso mensaje junto al tatuaje y compartió la foto del tique junto al tatuaje en Facebook, alegando que “ser gay no significa que no creas en Dios o en Jesús. Y las personas que son ‘religiosas’ no deben faltar al respeto a otras personas ni actuar de esa manera”.

Aunque la cadena Buffalo Wild Wings no ha realizado hasta el momento ningún comunicado público, el supervisor del restaurante de Illinois en el que trabaja Heaton sí se ha pronunciado: “¿cómo pueden decir eso con solo mirar un tatuaje?”, se preguntaba retóricamente. Por su parte, la propia camarera ha dejado claro que su mayor preocupación es que dos niños menores de 10 años hayan visto a sus padres “mostrar un comportamiento contrario a todo lo que Cristo enseñó”. En este sentido, Heaton ha añadido que “los chavales van a tener la impresión de que va a estar bien discriminar”.

Samantha Heaton ha sido preguntada sobre si volvería a hacerse el tatuaje después de lo sucedido y su respuesta ha sido que ahora “me lo haría más grande”. Por su parte, Joelle Nicole Maish (la amiga que subió una foto del polémico recibo junto al tatuaje de Heaton en su cuenta de Facebook e hizo saltar la noticia a los medios) ha pedido respeto y ha remarcado que la religión y la orientación sexual no deben de darse por supuesto como incompatibles.

Heaton no tuvo oportunidad de hablar de nuevo con los LGTBfóbicos clientes porque se marcharon antes de que pudiera responder a su odiosa anotación. Si hubiera podido, ha explicado que habría hablado tan abiertamente de su vida espiritual como de su sexualidad.

“Yo creo en Jesús y en Dios. Yo mismo soy cristiana”, confesaba. “Y como cristiana, no juzgarás. No importa el aspecto de los demás, debes amarlos por su corazón y por cómo te tratan, no por lo que está en el exterior”. Además, la camarera añadía que “¿qué pasa si un día sus hijos crecen y quieren estar con personas del mismo sexo, van a desautorizarlos? ¿Los echarán a la calle?”.

 Fuente | Rock River Times, vía Dosmanzanas/EstoyBailando

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