El contundente “sí” que han pronunciado los australianos en la consulta por correo postal sobre el matrimonio igualitario ha generado una cascada de reacciones. En el ámbito político, el liberal Dean Smith ya ha presentado un proyecto de ley en el Senado para que se materialice la decisión de la ciudadanía. Su compañero de filas, el primer ministro Malcolm Turnbull se ha felicitado por la victoria del “sí” y asegura que la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo será una realidad antes de Navidad. Ahora, la comunidad LGTB estará muy pendiente del debate parlamentario para evitar que se cuelen enmiendas discriminatorias en nombre de la libertad de conciencia.

Tras la presentación de los resultados de la consulta por correo postal impuesta por el Gobierno australiano, comienzan los movimientos para trasladar el mandato a una votación parlamentaria, libre por fin de disciplinas de partido. Al poco de conocerse los datos (61,6 % de votos a favor, 38,4 % en contra con una participación del 79,5 % del censo), el primer ministro se felicitaba públicamente por un resultado “abrumador”. Superado el trámite que él mismo impuso para apaciguar a los sectores contrarios a la igualdad dentro de su partido, Turnbull daba vía libre para la discusión legislativa de la medida y se mostraba convencido de que el proceso culminará con una ley de matrimonio igualitario antes de Navidad.

En este sentido, y como ya había adelantado hace unos días, el senador Dean Smith ha presentado un proyecto para reformar la ley de matrimonio de 1961 sustituyendo las palabras “un hombre y una mujer” por “dos personas” donde sea necesario. Smith, que pertenece a la misma formación liberal-conservadora del primer ministro, ha introducido una cláusula para eximir a las organizaciones religiosas de la obligación de celebrar enlaces entre personas del mismo sexo. La disposición solo afectaría a los matrimonios religiosos y no a los civiles.

Por el contrario, su compañero de filas el fiscal general George Brandis pretende ampliar el concepto de “objeción de conciencia”. Ha anunciado que presentará dos enmiendas al proyecto de Smith: la primera permitiría a toda persona responsable de la celebración de matrimonios negarse a casar a parejas del mismo sexo por motivos de conciencia, también en el caso de enlaces civiles. Una restricción que podría causar muchas dificultades a las personas LGTB para ejercer sus derechos. La otra enmienda pretende blindar la libertad de expresión de las opiniones contrarias a la igualdad matrimonial, aunque no esté claro por qué sería necesario explicitar esta medida.

Habrá que estar muy pendientes, por tanto, a la tramitación legislativa. Pero hasta entonces, en las primeras horas tras la presentación de los resultados de la consulta, las celebraciones han llenado las calles de las principales ciudades australianas. Líderes políticos como la primera ministra británica Theresa May o su predecesor David Camerontambién han saludado el triunfo del “sí”. Cameron ha recordado su apuesta personal por el matrimonio igualitario en contra de la opinión de gran parte de su propia formación conservadora: una situación que guarda un importante paralelismo con la de Turnbull.

“Sí” rotundo. Los resultados de la consulta por correo postal sobre el matrimonio igualitario impuesta por el Gobierno australiano acaban de ser dados a conocer: 61,6% de votos a favor, 38,4% en contra. La participación, histórica: 12,7 millones de ciudadanos australianos se han pronunciado (un 79,5% del censo).

Años de disputa política han quedado zanjados. Según acaba de hacer público la Oficina Australiana de Estadística (ABS), y a pesar de la fortísima campaña en contra de los grupos homófobos, el “sí” ha obtenido una indiscutible victoria en la consulta postal sobre el matrimonio igualitario en Australia, con más de 23 puntos porcentuales de ventaja: 7.817.247 votos favorables, frente a 4.873.987 en contra:

Consulta postal, no referéndum

A principios de septiembre se confirmaba definitivamente: el Tribunal Supremo de Australia daba vía libre a la consulta postal mediante la cual el primer ministro liberal-conservador, Malcolm Turnbull, sometía a la opinión de los australianos el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. Una consulta voluntaria y no vinculante que ha tenido lugar entre el 12 de septiembre y el 7 de noviembre. Era la respuesta de Turnbull al segundo fracaso parlamentario de la propuesta de referéndum que pretendía organizar el Gobierno.

Tras desestimar el Supremo los recursos, la documentación se empezó a enviar a los hogares australianos a partir del 12 de septiembre. “¿Debería cambiarse la ley para permitir casarse a las parejas del mismo sexo?”, fue la pregunta elegida finalmente.

Una de las incógnitas del proceso era el nivel de participación. De hecho, los activistas LGTB temían al principio que una escasa participación, especialmente entre la población joven y más favorable al “sí”, llegase a decantar la balanza a favor de los homófobos, más movilizados en contra de la igualdad. SIn embargo, las cifras han superado todas las expectativas: 12.727.920 australianos (un 79,5% del censo) han participado en la consulta. Una participación especialmente significativa si se tiene en cuenta que el voto en esta consulta, a diferencia de otros procesos electorales en Australia, no es obligatorio. Según los datos de la ABS, ha sido mayor entre las mujeres (han votado el 81,6% de las que tenían derecho a voto) que entre los hombres (77,3%).

Por edades, los mayores de 65 años se han movilizado más (en la franja de 70 a 74 años ha votado el 89,8% de las mujeres y el 89,3% de los hombres), pero la movilización también ha sido intensa entre los jóvenes, que según las encuestas son los más favorables al matrimonio igualitario. La cifra más baja de participación, de hecho, se ha producido en la franja de varones entre 25 y 29 años años, y aún así ha sido considerable (un 68,3%).

Años de discusiones: la época Gillard-Abbott

La contienda política sobre el matrimonio igualitario en Australia se ha prolongado durante años, a pesar de existir una mayoría tanto social como parlamentaria (al menos sobre el papel) favorable a la medida. Antes de las elecciones de 2013, que dieron la victoria al liberal-conservador Tony Abbott, fueron los laboristas los que actuaron como freno. La que hasta junio de ese año había sido primera ministra, Julia Gillard, se oponía, y  durante sus años de gobierno no dudó en maniobrar para impedir que los partidarios de la igualdad dentro del Partido Laborista trasladaran su criterio al Parlamento. Y ello pese a que ya en su congreso nacional de 2011 los laboristas incorporaban la defensa del matrimonio igualitario a su ideario. Ideario que Gillard se encargó de convertir en papel mojado al imponer que sus diputados –cuyos votos eran todos necesarios, debido a lo ajustado de su mayoría– tuvieran libertad de voto. Una libertad que Tony Abbott negó entonces a los suyos y que desembocó en el fracaso de la iniciativa. De la mano de Gillard, Australia perdía una primera oportunidad histórica.

La impopularidad de Gillard llevó a Kevin Rudd a arrebatarle el liderazgo del partido y el puesto de primer ministro. Ya por entonces Rudd se había convertido en defensor del matrimonio igualitario, pese a que su anterior etapa como primer ministro se caracterizó también por un rechazo frontal. Pero la sustitución de Gillard no evitó la derrota laborista, y, tras las elecciones de septiembre de 2013, Abbott (un católico fuertemente opuesto al matrimonio igualitario, pese a tener una hermana abiertamente lesbiana) se convertía en primer ministro. Su victoria alejó las expectativas de aprobación, pese a que un número no determinado de diputados de su partido eran partidarios del matrimonio igualitario, y de hecho ya desde el principio el propio Abbott reconoció que le iba a resultar complicado mantener la disciplina de voto en esta materia. Lo consiguió… pero el empeño contribuyó a la gran bajada de popularidad que finalmente acabó por costarle el puesto y ser sustituido por Malcolm Turnbull en septiembre de 2015.

Malcolm Turnbull y la obsesión por el referéndum

El liderazgo de Turnbull parecía que por fin abriría la puerta a que los diputados liberal-conservadores tuvieran libertad de voto y que el matrimonio igualitario resultase aprobado. No fue así. Pese a declararse partidario de su aprobación, el nuevo primer ministro (que renovó su cargo tras las elecciones de julio de 2016, que la coalición liberal-conservadora ganó por estrecho margen) se decantó por la organización de un referéndum sobre la materia. Comenzaba una nueva (y exasperante) batalla política. Durante este periodo, la oposición, contraria a cualquier referéndum sobre la materia, ha contado con mayoría en el Senado, por lo que las iniciativas gubernamentales fueron rechazadas en dos ocasiones: la primera vez en noviembre de 2016 y la segunda vez el pasado agosto. Adelantándose a esta situación, el ministro de Inmigración planteó ya en marzo la posibilidad de una consulta postal voluntaria y no vinculante, que no necesitaba la aprobación de una ley para su puesta en marcha. Una iniciativa que fue la que acabó por materializarse.

A partir de ahí, comenzó una demencial campaña en la que los grupos homófobos no han dudado en utilizar todo tipo de malas artes. En estas últimas semanas hemos recogido algunos ejemplos, como la campaña promovida por una web de carácter neonazi que desplegó pósteres en el centro de Melbourne con el titular “Parad a los maricones” acusando a las familias homoparentales de abusar masivamente de sus hijos. O lo que sucedió en Sídney, donde se repartieron panfletos en inglés y chino en los que tachaba a la homosexualidad de “maldición mortal” y se advertía sobre “falsas mujeres transexuales” en los baños públicos. Homofobia y transfobia de trazo grueso que se ha beneficiado de la impunidad derivada del hecho de que la consulta no haya estado sometida a las reglas de un referéndum normal. Aunque también ha tenido derivadas positivas, como el inesperado debate interno que ha tenido lugar en el seno de la Iglesia católica australiana.

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Buena noticia: la Fundación del Español Urgente (Fundéu) ha retirado la recomendación de utilizar “matrimonio homosexual” en lugar de “matrimonio igualitario”. Según ha dado a conocer en su página web en respuesta a una consulta que mostraba su desacuerdo, “tras analizar sus argumentos y los que nos han hecho llegar otras personas y colectivos, hemos entendido que la recomendación no recogía todos los elementos necesarios para establecer un criterio sobre esas expresiones”. Desde dosmanzanas no podemos sino felicitar a Fundéu por ser capaz, tras valorar los argumentos contrarios a su recomendación, de admitir el error. Ojalá otras instituciones actuasen de la misma forma. 

Nuestra posición como medio LGTB es clara. No existe el “matrimonio homosexual”. Existe el “matrimonio”, históricamente vedado a las parejas del mismo sexo, pero que cada vez más países han abierto a todas las parejas, con independencia de su sexo. “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”, expresa el Código Civil español en su artículo 44. “El actor y modelo Colton Haynes contrae matrimonio con Jeff Leatham”, titulábamos hace pocos días una entrada (no “contrae matrimonio igualitario” ni “contrae matrimonio homosexual”). Hablamos también, en el cuerpo de nuestras noticias, de “apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo”.

Sin embargo, cuando nos referimos precisamente al acto de apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo (o a su denegación, o a la discusión política sobre su aprobación, etc.), hay veces que resulta necesario recurrir a una expresión más breve y concisa. En titulares, por ejemplo. Creemos que el adjetivo “igualitario” es en estos casos la expresión más acertada, al referirse precisamente a ese aspecto inclusivo. “El presidente de la República Federal de Alemania rubrica la histórica ley de matrimonio igualitario”, titulábamos en julio. “‘Sí rotundo de los australianos al matrimonio igualitario”, titulábamos ayer mismo, por mencionar otro ejemplo.

La expresión “matrimonio homosexual”, por otra parte, es reduccionista y excluyente. El matrimonio, cuando se celebra en un país que ha dotado a esta institución de un carácter igualitario, puede ser contraido, además de por dos personas heterosexuales, por dos personas homosexuales, pero también por una persona heterosexual y una persona bisexual, una persona heterosexual y una persona pansexual, una persona homosexual y una persona bisexual, una persona homosexual y una persona pansexual, dos personas bisexuales, dos personas pansexuales, etc. A su vez. si en lugar de referirnos a la orientación sexual nos referimos a la identidad de género, puede ser contraido por dos personas cis, dos personas trans, una persona cis y una persona trans, dos personas de género no binario, una persona cis y una persona de género no binario, una persona trans y una persona de género no binario, etc. Si combinamos orientación e identidad las posibles combinaciones se disparan. “Igualitario” refleja mucho mejor que “homosexual” toda esta diversidad.

Nuestro criterio, por otra parte, era compartido tanto por la FELGTB como por Fundación Triángulo, dos de las entidades LGTB más importantes del Estado. Ambas se pronunciaban también en Twitter, y a ambas ha respondido Fundéu en esta misma red social:

Tras estudiar vuestra opinión y las de otras personas y colectivos hemos decidido retirar la recomendación https://t.co/tKVJQuc0SA. Un saludo.

— Fundéu BBVA (@Fundeu) 15 de noviembre de 2017

Tras estudiar vuestra opinión y las de otras personas y colectivos hemos decidido retirar la recomendación https://t.co/tKVJQuc0SA. Un saludo.

— Fundéu BBVA (@Fundeu) 15 de noviembre de 2017

Fundéu fue creada en 2005 por un acuerdo entre el banco BBVA y la agencia EFE, y su objetivo es velar por el buen uso del castellano en los medios de comunicación. Es una institución a la que consideramos útil y cuyas recomendaciones son, por lo general, de gran ayuda a la hora de decantarnos por una u otra opción a la hora de utilizar el lenguaje. El año pasado aplaudimos su decisión de incluir “LGTBfobia” entre sus doce candidatas a “palabra del año 2016”. De ahí que nos congratulemos de esta rectificación, a la que de alguna manera, aunque sea modesta, también contribuímos desde dosmanzanas (el tuit en el que expresamos nuestra disconformidad, publicado a los pocos minutos de difundirse la recomendación de Fundéu, fue especialmente comentado y difundido).

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La situación en Brasil comienza a ser inquietante: los grupos evangélicos ganan posiciones e influencia, algunos derechos LGTB comienzan a dar marcha atrás, el abiertamente homófobo Jair Bolsonaro es ya uno de los favoritos para ganar las próximas elecciones presidenciales… En este contexto, la visita de Judith Butler, intelectual de referencia tanto del feminismo como del movimiento LGTB (es una de las “teóricas queer” más importantes) se adivinaba complicada. Y así ha sido. Una campaña de odio promovida por ultraconservadores estuvo a punto de dar al traste con la participación en un simposio al que había sido invitada, pero además Butler tuvo que soportar la agresión verbal (y casi física) de un grupo de ultraconservadores en el aeropuerto.

Judith Butler había sido invitada a participar en el simposio “Los fines de la democracia“, celebrado entre el 7 y el 9 de noviembre en el centro cultural Sesc Pompeia de São Paulo, organizado por la Universidad de California en Berkeley (de la que es profesora Judith Butler) y el Departamento de Filosofía de la Universidad de São Paulo y financiado por la mencionada Universidad de California y la fundación estadounidense Andrew W. Mellon. Un evento, por tanto, de carácter universitario, cuyo objeto de discusión era el concepto de soberanía popular y su relación con la democracia liberal, así como el surgimiento de los movimientos populistas en política. No incluía en su programa debates ni mesas redondas sobre feminismo, teoría queer o derechos LGTB. Sin embargo, la mera presencia de Butler y el peso de su obra teórica fue suficiente para movilizar a los pujantes grupos ultraconservadores, muy vinculados a las iglesias evangélicas (aunque no solo) y que cada vez están cobrando más peso tanto en las calles como en el ámbito político.

A través de la plataforma CitizenGo (la marca que HazteOír utiliza para la difusión internacional), los ultraconservadores consiguieron reunir algo más de 370.000 firmas pidiendo la cancelación de la visita de Butler. “No queremos una ideología de género que enmascara un objetivo político marxista. Sus libros quieren hacernos creer que la identidad es variable y fruto de la cultura. La ciencia y sobre todo la realidad nos muestran lo contrario. Su presencia en nuestro país en un simposio comunista, pagado con dinero de una fundación internacional, no es deseada por una abrumadora mayoría de la población nacional”, rezaba la petición.

Poco importó lo delirante del texto. La apelación a la amenaza marxista (sufragada por capital estadunidense…) y sobre todo la mención a la “ideología de género” (el término que el ámbito más conservador utiliza para denigrar tanto al feminismo como a buena parte de las reivindicaciones del colectivo LGTB, muy especialmente en los últimos tiempos la lucha en favor de los derechos trans) fue suficiente para desatar la histeria, reunir miles de firmas y desatar la batalla en las redes sociales. Además, decenas de personas se congregaron físicamente frente al centro en el que tenía lugar el simposio gritando consignas de odio contra Butler (llegaron a quemar un muñeco que la representaba, en una especie de intento por “exorcizar el mal”), si bien también acudieron manifestantes en favor de Butler. Basta echar un vistazo a las imágenes recogidas por Ruptly TV para comprobar el odio que los manifestantes emanaban (el reportaje también recoge en su segunda parte imágenes de los contramanifestantes en apoyo de Butler):

Acosada en el aeropuerto

Pero la cosa no terminó ahí, por desgracia. Cuando se disponían a tomar el vuelo de vuelta, Judith Butler y su pareja fueron acorraladas en el aeropuerto de Congonhas por un grupo de personas que le gritaron a la filósofa “no eres bienvenida”, “eres el mal”, “destructora de los niños”, “pedófila” o “destructora de familias”, entre otras barbaridades. Destacaron por su violencia verbal dos mujeres que portaban pancartas y que no dejaron de acosar a la filosófa por todo el vestíbulo del aeropuerto, hasta que vigilantes de seguridad y otras personas que espontáneamente defendieron a Butler se interpusieron y la permitieron marcharse. En las imágenes, difundidas en redes sociales, puede verse incluso como una de ellas la intercepta en un momento determinado con un carro portaequipajes. Insertamos a continuación el vídeo publicado por El Salto Diario, que ofrece las imágenes subtituladas:

Entre las personas que defendieron a Butler en el aeropuerto se encontraba Danieli Lima, que en su perfil de Facebook ha denunciado la actitud racista de una de las mujeres que acosaron a la filosófa (en concreto la que viste blusa amarilla), que se dirigió a ella y a otras personas de raza negra de modo despectivo:

Brasil: preocupante contexto regresivo

Hace pocas semanas recogíamos el fallo de un juez federal brasileño, que estimaba el recurso de varios psicólogos vinculados a grupos evangélicos y ordenaba al Consejo Federal de Psicología (el organismo que regula el ejercicio de esta actividad profesional en Brasil) que permitiese de nuevo las “terapias” reparadoras de la homosexualidad, prohibidas desde 1999. El fallo sacudía la sociedad brasileña, enfrentada a una ola regresiva no solo en materia política (tras la polémica destitución de Dilma Rousseff y su sustitución por el conservador Michel Temer) sino también social, fruto en buena parte de la ya mencionada pujanza de los grupos evangélicos.

Una regresión que amenaza los avances que Brasil había experimentado en materia LGTB en años recientes. A finales del año pasado Marcelo Crivella, un obispo evangélico con historial homófobo, se hacía con la alcaldía de Río de Janeiro. Y en estos momentos Jair Bolsonaro, un homófobo recalcitrante que pese a ser católico defiende sin tapujos la agenda conservadora del frente parlamentario evangélico (transversal a diversos partidos políticos) ha conseguido colocarse entre los favoritos para hacerse con la presidencia del país en 2018. Veremos qué sucede, pero el panorama es, como decíamos al principio, profundamente inquietante.

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El Consejo Estatal de Educación de California ha dado luz verde a un total de 10 libros de texto de historia inclusivos con la comunidad LGTB para aulas K-8 (que incluyen toda la etapa de primaria, hasta los 14 años). En este sentido, California se ha erigido en el primer estado de los Estados Unidos en incluir entre los materiales curriculares de los libros de texto de historia de primaria referencias explícitas a acontecimientos relevantes para el colectivo LGTB, como los disturbios de Stonewall, o a figuras prominentes de la lucha igualitaria, como Harvey Milk. “Esta victoria largamente peleada es el próximo paso para que los estudiantes de California aprendan sobre las contribuciones y la historia de las personas LGBTQ”, ha asegurado Rick Zbur, director ejecutivo de la organización igualitaria Equality California.

Además de la aprobación de 10 libros de historia para primaria inclusivos con el movimiento LGTB, el Consejo Estatal de Educación de California también ha rechazado otros dos libros de texto que omitían referencias al colectivo. El informe del Consejo señala que estos dos libros de texto abordaban figuras históricas como Walt Whitman o Emily Dickenson sin mencionar su orientación sexual: “la ausencia de etiquetas específicas con respecto a la orientación sexual crea una reflexión adversa porque la identidad de estos individuos no se respeta y degrada sus contribuciones a la historia. Las representaciones de estos individuos no se refieren específicamente a los logros en arte, ciencia u otros campos como contribuyentes LGBTQ”.

Con la aplicación efectiva de estas iniciativas se cumple con el anuncio del nuevo currículum escolar igualitario que hizo el citado Consejo de California en verano de 2016, tal y como recogía dosmanzanas. Asimismo, con la materialización de estos contenidos LGTB en los libros de texto de historia, a su vez, se da por fin cumplimiento a la FAIR Education Act (“Ley de Educación Justa, Precisa, Inclusiva y Respetuosa”), impulsada por el senador abiertamente gay Mark Leno y aprobada por la legislatura de California en 2011.

“La aprobación de estos libros de texto significa que las escuelas de California ahora tendrán acceso a materiales aprobados que representan con precisión a las personas LGBTQ, y Equality California aplaude al Consejo Estatal de Educación de California por esta histórica decisión”, explica Rick Zbur, director ejecutivo de la organización igualitaria Equality California.

Cabe recordar que ya en 2006 fue aprobada una ley similar por la legislatura de California, pero el entonces gobernador, el republicano Arnold Schwarzenegger, la vetó argumentando que debían ser los propios centros educativos los que decidieran sobre este tipo de contenidos. También conviene tener en cuenta que los alumnos californianos ya estudiaban por ley las aportaciones de las mujeres, los afroamericanos, las personas de origen mexicano o los empresarios, entre otros grupos sociales y minorías. A partir de ahora, como ya figura en los libros de texto de historia, los escolares de primaria California también podrán estudiar en qué consistieron los disturbios de Stonewall o quién era Harvey Milk.

Fuente Dosmanzanas

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Timor Oriental, un pequeño país del Sudeste Asiático (fue colonia portuguesa hasta 1975 y pocos días después de declarar la independencia fue invadido por Indonesia, que lo ocupó hasta 2002) invisibiliza a la comunidad LGTB. La organización igualitaria timorense ASEAN SOGIE Caucus ha publicado esta semana un informe en el que pone de manifiesto la difícil realidad del colectivo LGTB (especialmente de mujeres lesbianas y bisexuales, así como de personas trans). A la carencia de políticas igualitarias en general por parte del Estado se une una imperante LGTBfobia social, cuyas víctimas suelen sufrir en silencio el odio y la discriminación en sus propios círculos familiares (incluyendo episodios violentos y “violaciones correctivas”). Con todo, el primer ministro de Timor Oriental, Rui Maria De Araujo, decía el pasado mes de julio, antes de la celebración del Orgullo LGTB, que “la discriminación, la falta de respeto y el abuso hacia las personas debido a su orientación sexual o identidad de género no proporcionan ningún beneficio a nuestra nación”.

El testimonio de las mujeres de la fotografía es solo uno de los muchos casos de discriminación LGTBfóbica de Timor Oriental, según ha revelado la organización igualitaria ASEAN SOGIE Caucus. La joven fue sometida a vejaciones por los miembros de su propia familia, al no aceptar su atracción por personas de su mismo sexo. “Mi familia no me acepta por ser yo misma. Recibí cortes en la cara, golpes, casi fui asesinada, me obligaban a beber sangre de pollo para ‘limpiarme’”.

La víctima prosigue explicando que “los ataques físicos por parte de mis propios hermanos y hermanas son habituales. Ellos me golpean, me estiran del pelo y me desnudan para que recuerde qué es lo que tengo entre las piernas. ‘Eres una mujer, ¿lo ves?’. Me obligaron a mantener relaciones con un hombre y que quedé embarazada de una niña. Ella ahora tiene 9 años. Pero yo soy quien soy. No puedo cambiarme”.

Iram Saeed, una de las autoras del informe de ASEAN SOGIE Caucus, considera esa investigación como “un esfuerzo pionero en la historia de Timor Oriental”. Ella espera que dicho informe sirva como un “control de la realidad” para todas las agencias del Gobierno con el fin de abordar temas de derechos humanos para las personas LGTB. El informe recoge distintos episodios de abuso psicológico y físico, incluida la violencia doméstica, el matrimonio forzado y los intentos de miembros de la familia de cambiar la orientación sexual e identidad de género de las víctimas con prácticas como las “violaciones correctivas”, entre otras.

Otra mujer cuenta que, debido a su orientación sexual, “fui atada y empujada por mi hermano, estrangulada con una manguera y arrojada dentro de un tanque de agua durante horas. Traté de terminar con mi vida algunas veces. Mi mayor sueño es continuar mi educación”. Y así se suceden las voces LGTB que denuncian la crueldad de sus propias familias, motivadas por el odio, la ignorancia y la incomprensión. Otra mujer narra que fue “violada por mi propio tío, que creía que podía cambiar mi orientación sexual al obligarme a mantener una relación heterosexual. Me quedé embarazada, pero encontré medicamentos para abortar. Después de eso, salí de mi casa y vivo con amigos”.

Muchas mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, según el mencionado informe, señalan que la dependencia económica ha sido uno de los frenos de cara a rehacer sus vidas. El 66% ganan menos de 85 euros al mes y, aunque en muchos casos, desearían ampliar su formación para progresar laboral y socialmente, se encuentran con muchas barreras.

Llamada de atención del primer ministro

El pasado mes de julio tenía lugar la celebración del primer Orgullo LGTB en la historia de Timor Oriental, bajo el lema de “Aceptación”. Solo unos días antes, el primer ministro timorense, Rui Maria De Araujo, declaraba que “la discriminación, la falta de respeto y el abuso hacia las personas debido a su orientación sexual o identidad de género no proporcionan ningún beneficio a nuestra nación”. De este modo, De Araujo se convertía en el primer líder del Sudeste Asiático en posicionarse de alguna forma a favor del colectivo LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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La consulta por correo postal sobre matrimonio igualitario impuesta por el Gobierno australiano acaba de concluir. Este martes 7 de noviembre era la fecha límite para la recepción de las respuestas en la Oficina Australiana de Estadística (ABS). El último avance de participación, que contabiliza las papeletas recibidas hasta el pasado viernes, la sitúa en un 78,5 % y las encuestas le dan una ventaja en torno a los 30 puntos al “sí”. Los resultados definitivos se darán a conocer el próximo 15 de noviembre. El primer ministro Malcolm Turnbull ha prometido que permitirá una votación libre en el Parlamento si finalmente gana la igualdad matrimonial en la consulta.

Como recordábamos hace unas semanas, a principios de septiembre se confirmó que Turnbull se cobraba una victoria parcial en su empeño de someter a votación popular los derechos de la población LGTB: entre el 12 de septiembre y el 7 de noviembre tendría lugar en Australia una consulta postal voluntaria y no vinculante sobre el matrimonio igualitario. Era la respuesta del primer ministro al segundo fracaso parlamentario de la propuesta de referéndum que pretendía organizar el Gobierno. Poco después del anuncio del voto postal, se presentaron dos recursos ante el Tribunal Supremo para paralizar un trámite innecesario y divisivo para la sociedad, convocado además al margen del Parlamento. Finalmente, el Supremo desestimó los recursos, otorgando vía libre a la consulta. La documentación se empezó a enviar a los hogares australianos a partir del 12 de septiembre y la formulación de la pregunta que se decidió fue:

¿Debería cambiarse la ley para permitir casarse a las parejas del mismo sexo?

Una de las incógnitas del proceso era el nivel de participación. Las cifras provisionales superan ampliamente las expectativas. Hasta el pasado viernes 3, la ABS había recibido unos 12,6 millones de respuestas, correspondientes a un 78,5 % del censo. La amplia participación es especialmente significativa si se tiene en cuenta que el voto en esta consulta, a diferencia de otros procesos electorales en Australia, no es obligatorio. El pentacampeón olímpico Ian Thorpe, que hace tres años salía del armario, se felicitaba por el dato.

Con respecto a los resultados, tres de las encuestas más recientes le otorgan una clara victoria a la campaña del “sí” a la igualdad. La de Newspoll revela un 62 % de respuestas afirmativas y un 35 % de negativas entre los que ya han participado en el proceso. La proporción es similar en el conjunto de la muestra (59 % frente a 35 %). Otros dos sondeos realizados entre los votantes otorgan alrededor del 65 % al “sí” y algo más del 30 % al “no”.

Tras la presentación de los resultados el próximo 15 de noviembre, estará en manos del primer ministro Turnbull permitir la tramitación de un proyecto de ley que, esperemos, acabe de una vez con la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. La decisión podría retrasarse a causa de una crisis que ha obligado a dimitir a siete cargos de diferentes partidos por poseer otra nacionalidad aparte de la australiana, algo prohibido para los parlamentarios El Gobierno conservador podría quedar en minoría en la Cámara de Representantes si pierde las elecciones parciales que se celebrarán el 2 de diciembre para cubrir el escaño del dimitido vice primer ministro Barnaby Joyce.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Australia, Barnaby Joyce, Discriminación, encuestas, Malcolm Turnbull, Matrimonio, Newspoll, Oficina Australiana de Estadística, Referendum, Tribunal Supremo (Australia)

Coincidiendo con el artículo, lo publicamos en su totalidad:

La Fundéu avisa a los medios de comunicación de que dejen de usar el término “matrimonio igualitario” y usen “matrimonio homosexual” porque hay que ser más precisos en el lenguaje.

Sorpresa absoluta. Esa ha sido nuestra reacción cuando esta mañana conocíamos la última recomendación de la Fundéu (Fundación del Español Urgente), decantándose por la expresión “matrimonio homosexual” sobre “matrimonio igualitario”. Una recomendación con la que estamos en absoluto desacuerdo (que expresábamos en Twitter esta misma mañana, a los pocos minutos de difundirse) y que en esta página no seguiremos, a diferencia de muchas otras de sus recomendaciones. Las razones son fáciles de entender.

No existe el “matrimonio homosexual” como concepto jurídico. Existe el “matrimonio”, históricamente vedado a las parejas del mismo sexo, pero que cada vez más países han abierto a todas las parejas, con independencia de su sexo. “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”, expresa el Código Civil español en su artículo 44.

El matrimonio, cuando se celebra en un país que ha dotado a esta institución de un carácter igualitario, puede ser contraido por dos personas heterosexuales, dos personas homosexuales, una persona heterosexual y una persona bisexual, una persona heterosexual y una persona pansexual, una persona homosexual y una persona bisexual, una persona homosexual y una persona pansexual, dos personas bisexuales, dos personas pansexuales, etc. A su vez. si en lugar de referirnos a la orientación sexual nos referimos a la identidad de género, puede ser contraido por dos personas cis, dos personas trans, una persona cis y una persona trans, dos personas de género no binario, una persona cis y una persona de género no binario, una persona trans y una persona de género no binario, etc. Si combinamos orientación e identidad las posibles combinaciones se disparan.

Que ante esta realidad alguien recomiende a estas alturas la expresión “matrimonio homosexual” muestra, en el mejor de los casos, una gran desconocimiento, y en el peor, un ánimo invisibilizador de la diversidad sexual y de género de la especie humana. No negamos que en un momento inicial el uso de esa expresión por un medio de comunicación pudiese considerarse válido (nosotros mismos, ya con doce años a nuestras espaldas, la utilizamos en nuestras primeras entradas) pero hoy día, cuando la realidad LGTBI es mucho más conocida y asumida, carece de sentido.

Puede argumentarse, con razón, que en este caso lo mejor sería hablar de matrimonio a secas. Así lo hacemos nosotros cuando hacemos crónica de sociedad y recogemos enlaces entre dos personas del mismo sexo. “El actor y modelo Colton Haynes contrae matrimonio con Jeff Leatham”, titulábamos hace pocos días una entrada. “Contrae matrimonio”, a secas. Ni “contrae matrimonio igualitario” ni “contrae matrimonio homosexual”. Hablamos también, en el cuerpo de nuestras noticias, de “apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo”. Pero no siempre los titulares permiten expresiones extensas, y hay ocasiones en las que la economía del lenguaje se impone y preferimos usar dos palabras que una frase larga. “Matrimonio igualitario” es en estos casos la expresión más acertada al referirse a la aprobación (o a la negación) del derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. “El presidente de la República Federal de Alemania rubrica la histórica ley de matrimonio igualitario”, titulábamos en julio, por mencionar otro ejemplo.

Argumenta Fundéu que “igualitario significa ‘que entraña igualdad o tiende a ella’ y ‘que propugna la igualdad social’”. Absolutamente de acuerdo. Posteriormente afirma que “de estas definiciones no se desprende que esa igualdad esté por fuerza relacionada con el sexo de los contrayentes”. “La expresión matrimonio igualitario también puede aludir —y, de hecho, así se ha venido usando— a un matrimonio entre personas de distinta clase social o a aquel en el que los dos cónyuges gozan de los mismos derechos”, añade. Un argumento que no compramos. Desde luego nosotros no recordamos titulares de medios de comunicación que hablen de “matrimonio igualitario” cuando se refieren a una boda entre dos personas de distinta clase social. Los hemos buscado, y no los hemos encontrado. Este argumento más bien nos parece construido ad hoc para justificar una preferencia. La lengua, en cualquier caso, es un organismo vivo. Si en el pasado tuvo ese significado, desde luego hoy no lo tiene.

Nuestro criterio, por otra parte, es compartido tanto por la FELGTB como por Fundación Triángulo, dos de las entidades LGTB más importantes del Estado. Ambas se pronunciaban también en Twitter. “Estamos totalmente en desacuerdo con esta consideración de Fundéu. ‘Homosexuales’ son las personas, no los acuerdos que entre ellas la ley reconozca. Hablamos de ‘igualitario’ porque hasta que no se permitió a personas del mismo sexo contraer matrimonio existía discriminación”, expresaban desde la FELGTB. “Defendemos ‘matrimonio igualitario’ pues es independiente del sexo legal de l*s contrayentes. Se puede especificar que es “entre personas del mismo o de diferente sexo” pero en ambos casos sería matrimonio igualitario. Profundamente en desacuerdo con Fundéu a este respecto”, expresaba por su parte Triángulo. El desacuerdo con la Fundéu, de hecho, trasciende las fronteras de España. “El carácter igualitario se lo da la propiedad de beneficiar a parejas homosexuales cis, trans y tradicionales”, respondía por ejemplo a Fundéu la organización Venezuela Igualitaria, también en Twitter.

Fundéu fue creada en 2005 por un acuerdo entre el banco BBVA y la agencia EFE, y su objetivo es velar por el buen uso del castellano en los medios de comunicación. Es una institución a la que consideramos útil y cuyas recomendaciones son, por lo general, de gran ayuda a la hora de decantarnos por una u otra opción a la hora de utilizar el lenguaje. El año pasado aplaudimos su decisión de incluir “LGTBfobia” entre sus doce candidatas a “palabra del año 2016”. En esta ocasión, sin embargo, se ha equivocado. Desde luego nosotros no les haremos caso.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Diversidad sexual, FELGTB, Fundación Triángulo, Fundéu BBVA, Homofobia/Transfobia, Identidad de género, Lenguaje, Matrimonio, Nueva York, ride Centre of the Capital Region, Venezuela Igualitaria

Danica Roem

Señaladas victorias de los demócratas en varias elecciones que tuvieron lugar este martes, 7 de noviembre, en Estados Unidos. Pero una de ellas es especialmente importante para el colectivo LGTB: Danica Roem se ha convertido en la primera persona abiertamente transexual en acceder a un escaño en una cámara legislativa estatal (la Cámara de Representantes de Virginia). La victoria de Roem tiene una carga simbólica adicional: ha derrotado al republicano Bob Marshall, que ocupaba ese escaño, precisamente uno de los políticos más ferozmente anti-LGTB del panorama estadounidense. En junio de este año, por ejemplo, propuso la introducción en Virginia de una legislación tránsfoba similar a la aprobada  por la vecina Carolina del Norte.

Danica Roem, de 33 años, es periodista. El 13 de junio de 2017 se impuso en las elecciones primarias del Partido Demócrata para optar al escaño que representa al 13º distrito en la Cámara de Representantes de Virginia, ocupado desde hace 25 años por el representante republicano Bob Marshall. Desde entonces Roen ha recibido el apoyo de numerosas organizaciones en defensa de los derechos civiles de las personas LGTB, además de personalidades destacadas del Partido Demócrata (como el exvicepresidente Joe Biden).

Hay que tener en cuenta, en este sentido, el simbolismo de la pelea electoral: Danica Roem, abiertamente transexual, luchaba por hacerse con el escaño del que es uno de los políticos más ferozmente anti-LGTB del panorama político estadounidense. Tras la derogación de la política de “Don’t Ask, Don’t Tell”, por ejemplo, Marshall propuso la aprobación de una ley que prohibiese a las personas homosexuales servir en la Guardia Nacional de Virginia, que no llegó a prosperar. También fue uno de los promotores de una enmienda a la Constitución del Estado de Virginia para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Está sí que fructificó: la enmienda fue aprobada en referéndum en 2006 por un 57% de los votos. Una prohibición vigente en el estado de Virginia hasta octubre de 2014, cuando el Tribunal Supremo rechazó valorar las apelaciones de los contrarios al matrimonio igualitario en cinco estados en los que la justicia federal lo había dado por bueno semanas antes (Virginia entre ellos).

En enero de 2015 Marshall lanzó una propuesta de ley que en caso de ser aprobada hubiera permitido tanto a empresas privadas como a empleados públicos del estado de Virginia denegar sus servicios a personas LGTB. Y en enero de este mismo año lanzó otra propuesta de ley para prohibir a las personas transexuales el uso de instalaciones que correspondiesen a su identidad de género, en la línea de la infame ley tránsfoba de la vecina Carolina del Norte (ahora derogada, aunque en condiciones no satisfactorias para los colectivos LGTB).

Son solo algunos de los ejemplos de las diversas iniciativas anti-LGTB de Marshall, al que precisamente una mujer perteneciente a uno de los colectivos que más ha luchado por discriminar. Lo ha hecho, además, por una diferencia de 8 puntos: 54% frente al 46%. Sin duda, una gran victoria frente al odio.

Otras importantes victorias demócratas

La de Roem no fue la única victoria de los demócratas, que consiguieron además ganar las elecciones a gobernador en Nueva Jersey (Philip Murphy) y en la propia Virginia (Ralph Northam). Esta última victoria ha sabido especialmente bien a los demócratas, que tenían en el candidato republicano Ed Gillespie a un hueso duro de roer. A falta de conocer el recuento final, los demócratas han conseguido además un importante avance en la Cámara de Representantes de Virginia, hasta ahora controlada de forma indiscutible por los republicanos (podría registrarse incluso un empate entre ambos partidos).

Se trata, en todos los casos, de buenas noticias para la causa LGTB, dada la tendencia que últimamente muestran los republicanos, especialmente en los estados del sur (y Virginia es uno de ellos), a aprobar leyes discriminatorias.

Seattle elige su primera alcaldesa abiertamente lesbiana

Andrea Jenkins

Este martes también tuvieron lugar elecciones a nivel municipal en numerosas ciudades del país. El demócrata Bill de Blasio, aliado de la causa LGTB, conseguía por ejemplo revalidar la alcaldía de Nueva York, la principal ciudad del país.

Por lo que se refiere a candidatos y candidatas abiertamente LGTB, merece la pena destacar el caso de Andrea Jenkins, primera mujer transexual en ser elegida concejala en la ciudad de Mineápolis (Minnesota). Jenkins es, de hecho, una de las primeras mujeres negras abiertamente transexuales elegida para un cargo político de relevancia en ese país.

Jenny Durkan,

Para finalizar, no podemos dejar de hacer mención a Jenny Durkan, abiertamente lesbiana, elegida alcaldesa de Seattle (Washington). Cabe señalar que aunque Durkan es su primera alcaldesa lesbiana, Seattle ya ha tenido un alcalde LGTB, el demócrata Ed Murray, que dimitió en septiembre tras ser objeto de varias acusaciones de abuso sexual a adolescentes, que él niega ser ciertas. Un escándalo que desde luego no ha perjudicado la candidatura de Durkan, que ha obtenido una ventaja de más de 20 puntos sobre su rival Cary Moon (ambas candidatas pertenecientes al Partido Demócrata).

Fuente Dosmanzanas

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Nuevos despidos de trabajadores LGTB en instituciones católicas vuelven a poner el foco sobre la difícil situación de estas personas y en la falta de coherencia con sus propios valores de estas instituciones. Nos llega un nuevo caso desde Estados Unidos, un país en el que estos episodios empiezan a ser habituales: una joven profesora de Teología se ha visto obligada a dejar el centro tras conocerse públicamente su compromiso con su pareja.

Mary Kate Curry presentó su renuncia como profesora de Teología en la Father Lopez Catholic High School, en Daytona Beach (Florida). Se le requirió que así lo hiciera tras hacerse público el compromiso con su pareja del mismo sexo. Los administradores del centro han admitido que sabían que Curry era lesbiana, pero que en todo caso su compromiso debía haberse mantenido en silencio.

Sin embargo, lo que ha motivado a Kate a denunciar públicamente lo sucedido no fue el que la obligaran a dejar su puesto docente. Aún en esa situación estaba dispuesta a resignarse. La gota que colmó el vaso fue la prohibición de ser además segunda entrenadora del equipo femenino de baloncesto del centro. Al parecer, su compromiso no solo comportaba que no pudiera dar clases, sino también que tuviera cerrado el acceso a todo empleo pagado por la diócesis. De hecho, ni siquiera se le permitió seguir de entrenadora con carácter voluntario.

Finalmente, Kate ha decidido pronunciarse públicamente en sus redes sociales, que han sido recogidas por el portal New Ways Ministry, que trabaja a favor de las personas LGTB católicas: “Cuando la diócesis discrimina a los trabajadores LGTB de la iglesia, ¿cómo cumple su misión? Es esto de verdad el Cuerpo de Cristo que está hablando y actuando? ¿Qué le estamos enseñando a los estudiantes cuando respondemos defensivamente, con reacciones reflejas y despedimos a quienes están entre nosotros sin cuidado alguno? Le fallamos a nuestros estudiantes y a nuestra misión cuando les enseñamos a esconder cosas, a avergonzarse y a callar. Se merecen más”, afirma Kate.

Una política de despidos crecientemente discutida

Este último despido se une a otros que se han ido sucediendo en los últimos años como respuesta a la creciente visibilidad LGTB dentro de las instituciones de la Iglesia católica. Un goteo de casos de discriminación hacia las personas LGTB acentuado desde que el matrimonio igualitario comenzó a ser una realidad en ese país, y sobre todo desde que el Tribunal Supremo extendiera ese derecho a todo su territorio. No solo se trata, de hecho, de personas que se casan con sus parejas: lo exacerbado de los ánimos hace que el mero hecho de saberse que es LGTB (incluso defender sus derechos públicamente pese a no ser LGTB) puede suponer problemas. En algunas ocasiones, la justicia ha acabado dando dado la razón a los despedidos, pero en otros la ausencia de legislaciones contra la discriminación de las personas LGTB a nivel de los estados lo impide. Recientemente, ha cobrado también protagonismo el caso de personas trans que han visto negado su tratamiento en hospitales católicos, incluso con cancelaciones de última hora.

Todo ello ha sido objeto de creciente discusión: tanto a nivel externo, por la colisión entre libertad religiosa y derecho al trabajo, como interno, por el problema de posible discriminación injusta que supone tomar estas medidas con los empleados lgtb pero no con otras situaciones igualmente “irregulares”, generando un agravio comparativo.

En especial, destacan voces que se declaran en contra de esta política de despidos. Hay incluso obispos, como John Stowe, de Kentucky, de quien ya hemos hablado en esta página. En el contexto de una entrevista realizada con motivo de su participación en un encuentro de la ya mencionada New Ways Ministry, Stowe se pronunció en contra: “Cuando se le preguntó a Stowe cómo creía que la Iglesia debía responder a los casos de empleados LGTB —muchos de los cuales habían sido despedidos de posiciones en la Iglesia mantenidas durante mucho tiempo cuando sus matrimonios del mismo sexo se hicieron públicos o alguien los hizo públicos— remarcó que la iglesia debe ser consistente y no discriminatoria en su trato con sus empleados. ‘Debemos preservar nuestra tradición e integridad como iglesia’, dijo. ‘Nos arriesgamos a contradecirnos a nosotros mismos si queremos que nuestros empleados cumplan las enseñanzas de la Iglesia mientras nosotros no vivimos según nuestras enseñanzas, que siempre se han opuesto a la discriminación de todo tipo’. Stowe consideró que la iglesia podía encontrar una vía para ‘defender nuestra libertad religiosa sin violar los derechos humanos de nadie”, afirma el relato de la entrevistadora, Patricia Lefevere.

Estos debates y declaraciones tienen una importancia que va más allá de los Estados Unidos y afecta a todas aquellas regiones en las que la Iglesia católica tiene un peso importante, como España o América Latina. Sobre todo, merecen ser destacados porque suponen una interesante argumentación para acabar con los despidos o las retiradas de sus funciones a personas LGTB sin necesidad de un cambio doctrinal. Como señalaba el propio Stowe y otros que se han pronunciado en este sentido, se puede apelar a ser fieles a la propia doctrina de no discriminar para mantener a estas personas en sus puestos.

Podrá argumentarse que este enfoque se queda corto, pero en el terreno práctico podría marcar una importante diferencia, crucial para quienes trabajan o cooperan en instituciones católicas de diverso tipo y no pueden permitirse esperar a una revisión de la doctrina para tener tranquilidad en sus empleos. Hay que tener en cuenta, sumando las instituciones educativas, sanitarias o de otra índole que están administradas de uno u otro modo por la Iglesia católica, que el número de personas afectadas es elevado. Hablamos, además, de un derecho fundamental: el derecho al trabajo.

Fuente Dosmanzanas

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2016 ha sido el primer año en el que Francia ha realizado un registro específico de delitos motivados por el odio LGTBfóbico. El Ministerio del Interior del país galo ha hecho públicos los datosrecogidos por el Servicio de Estadística Ministerial de Seguridad Nacional (SSMSI) a partir de las denuncias presentadas a las fuerzas de seguridad francesas (policía y gendarmería). En este sentido, se contabilizaron 1.020 agresiones por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima, siendo objeto de las mismas en un 70% de los casos hombres gais o bisexuales. Esto quiere decir que, a estas cifras oficiales, habría que sumar la cantidad indeterminada de los ataques que no fueron denunciados. El informe revela, además, que más de la mitad de las víctimas son menores de 35 años y, concretamente, el 30% de ellas se sitúa entre los 15 y 24 años. También que la mayoría de agresiones se concentran en la vía pública de las grandes ciudades.

La reciente renovación de la fuente estadística del Ministerio del Interior contempla el fenómeno anti-LGTB en Francia. En la actualidad, las administraciones públicas disponen de datos detallados sobre todos los procedimientos registrados por la policía y la gendarmería por ofensas y ataques a personas LGTB. El 30 de junio de 2016, en la víspera del Orgullo de París y dos semanas después del ataque LGTBfóbico de Orlando, el entonces presidente de la República, François Hollande, anunció la extensión del campo de intervención de la Delegación Interministerial para la Lucha contra el Racismo y el Antisemitismo (DILCRA) para combatir también el odio y la discriminación contra las personas LGTB, así como la implementación de un nuevo plan gubernamental.

El Ministerio del Interior de Francia ha dado a conocer que solo en 2016 se produjeron, al menos, 1.020 agresiones de carácter LGTBfóbico en este país. En 715 de ellas el objetivo de los ataques fueron hombres gais o bisexuales. Asimismo, más del 50% del total de las víctimas son menores de 35 años y, concretamente, el 30% se sitúa en la horquilla de entre los 15 y 24 años. Cabe resaltar, por otra parte, que la violencia LGTBfóbica es más frecuente en las grandes ciudades (52%), frente al 10% de las registradas en el ámbito rural (también sería interesante valorar, aunque no se mencione en el comunicado, si estas cifras van asociadas a una mayor tendencia a denunciar agresiones en las áreas urbanas).

Desde 2012 se han logrado avances importantes en Francia para el colectivo LGTB, entre los cuales está la apertura del matrimonio y la adopción a parejas del mismo sexo en 2013, a pesar de la intensa campaña LGTBfóbica desplegada entonces por la derecha y la ultraderecha. Cientos de miles de manifestantes se movilizaron con un discurso muy agresivo mientras florecía un ambiente de crispación y violencia, hasta el punto de que las agresiones homófobas se incrementaron en un 78% durante ese periodo según datos de SOS-Homophobie. Locales de ambiente violentados, enfrentamientos con la policía, la jerarquía católica culpando a las víctimas de ser los causantes de la violencia, la agresividad en los discursos de los políticos opuestos al proyecto de ley sobrepasando todas las barreras… La amenaza de la que entonces era la portavoz de la Manif pour tous, la cómica Frigide Barjot, de que correría la sangre, se convirtió en realidad. En dosmanzanas tuvimos que informar de agresiones como la sufrida por una pareja gay en París, la muerte por una paliza de un joven antifascista y participante en manifestaciones contra la discriminación o ataques a militantes LGTB por parte de fanáticos.

Hoy día, mientras que el matrimonio igualitario es ampliamente aceptado por los franceses, la LGTBfobia sigue siendo una lacra en la sociedad francesa. Desde fuentes de la administración señalan que “cada ciudadano debe ser respetado independientemente de su orientación sexual o identidad de género, porque los derechos humanos no se dividen, no se clasifican y todos deben ser efectivamente aplicados”.

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La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly ha ordenado la paralización parcial de la orden del presidente Donald Trump que prohíbe a las personas transexuales servir en el Ejército de los Estados Unidos. En respuesta a una de las demandas interpuestas por diferentes personas y organizaciones, y considerando que sus argumentos tienen altas probabilidades de ganar, la jueza considera oportuno mantener la situación previa a la orden de Trump hasta que la justicia aclare todas las dudas. La supensión de la orden es parcial, ya que no incluye la desfinanciación de los tratamientos de reasignación de los militares trans.

La orden de Donald Trump

Recordamos brevemente los antecedentes. A diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell”, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. En la práctica, sin embargo, la prohibición se dio por derogada y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario y a dar a conocer su realidad a mandos, compañeros y subordinados sin temor a ser expulsados. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Conquistada la Casa Blanca, y olvidados ya los coqueteos de Donald Trump con el colectivo LGTB durante la campaña electoral, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son a día de hoy su objetivo principal. El pasado mes de julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba ni mucho menos todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, que sucedería con los militares trans que ya sirven en en Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la “cohesión” de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de “todos aquellos factores que puedan ser relevantes”. Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera de que se produzca el despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump para conocer el alcance real del daño y saber cómo se procederá respecto a la reubicación/expulsión de los militares trans. La fecha estipulada para ello es el 23 de marzo de 2018, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, haya presentado un plan detallado y acordado con el departamento de Interior antes del 21 de febrero.

La respuesta de la justicia

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes del primer anuncio de Trump, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política tendría lugar en torno a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Quizá por eso se encontró con una inesperada oposición. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron abiertamente en contra. Y sobre todo, y más importante: rápidamente comenzaron a anunciarse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta, en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales, por dos organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB: NCLR (National Center for Lesbian Rights) y GLAD (GLBTQ Legal Advocates & Defenders). Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al “debido proceso”.

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estima pertinente, sino que considera que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que en su fallo suspende cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no paraliza la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans (salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso) sigue vigente. No se trata, en cualquier caso, de una decisión de fondo: la jueza Kollar-Kotelly argumenta que, a diferencia de la amenaza de expulsión de los militares representados en la demanda, esta no contempla por qué la suspensión de los tratamientos de reasignación les afectaría, razón por la cual no se considera competente para paralizarla.

El fallo judicial ha sido recibido con optimismo por las organizaciones de defensa de los derechos LGTB, que lo consideran una importante primera victoria en la que se adivina larga lucha contra las disposiciones tránsfobas de la administración Trump. “Esta es la primera decisión que tumba la prohibición del presidente Trump, pero no será la última. Los tribunales federales reconocen lo que todo el mundo ya sabe: que la decisión impulsiva del presidente Trump de prohibir a las personas transexuales servir en el Ejército es manifiestamente inconstitucional”, ha declarado Joshua Block, abogado de ACLU (American Civil Liberties Union). Veremos si es así, y sobre todo si finalmente la decisión de los tribunales es favorable.

Fuente Dosmanzanas

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La organización OutRight Action International ha dado la voz de alarma ante el intento de Rusia y Egipto por boicotear el acuerdo antidiscriminatorio hacia el colectivo LGTB en los Juegos Olímpicos. La próxima edición de los Juegos de Invierno tendrá lugar en Pyeongchang (Corea del Sur), entre el 9 y el 25 de febrero de 2018. Y aunque el Principio 6 de la Carta Olímpica Internacional prohíbe explícitamente desde 2015 la discriminación por orientación sexual y la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) no tiene competencia para modificar o anular dicho documento, el boicot encabezado por estos países pone en riesgo la “Resolución de Tregua Olímpica”, que llama a la paz entre las naciones durante los Juegos Olímpicos (así como en la semana anterior y posterior a los mismos).

La mencionada “Resolución de Tregua Olímpica” se trata de un acuerdo que se negocia entre todos los Estados de la Asamblea General de la ONU cada dos años y en esta ocasión, al parecer, Rusia y Egipto se han propuesto que se elimine cualquier prohibición expresa a la discriminación LGTBfóbica. La directora ejecutiva de OutRight Action International, Jessica Ster, lo ha explicado de forma muy clara: “después de los ataques sistemáticos contra personas LGTB en sus propios países, ahora están poniendo sus miras en promover la violencia y discriminación en todos los países del mundo”. Ciertamente, la situación del colectivo LGTB está empeorando progresivamente tanto en Rusia como en Egipto, como venimos recogiendo.

Según denuncian desde OutRight Action International, los argumentos de ambos países “se basan en el mito y la falacia, usualmente usando la cortina de humo de ‘valores religiosos y culturales’ para justificar la violencia y la discriminación hacia las personas LGTB”. El objetivo de la tregua, que tal y como se desarrolla en la actualidad comenzó en 1993, es proteger la participación de los atletas y sus seguidores en el espíritu de los juegos, como se articula en la Carta Olímpica. Sin embargo, de sobra es conocido el nulo interés de los mandatarios rusos y egipcios en reconocer cualquier derecho a las personas LGTB en los últimos años, aunque simplemente sea la protección contra la discriminación y la violencia.

En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo la dirección de Brasil, incluyó el principio de no discriminación en la tregua, con una referencia explícita al Principio 6 de la Carta Olímpica. Los 193 Estados miembros aprobaron por unanimidad entonces la tregua. En cambio, de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur, Rusia y Egipto han propuesto un ultimátum al Comité para que se elimine cualquier referencia al inclusivo Principio 6 de la Carta Olímpica. “Egipto y Rusia no están simplemente peleando por un lenguaje simbólico, sino por los niveles de violencia que los gobiernos pueden usar contra las personas LGBTQ”, concluye Jessica Stern.

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Vitit Muntarbhorn, experto independiente contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB, ha pedido ante la Asamblea General de las Naciones Unidas acciones inmediatas para paliar la grave situación que vive la comunidad LGTB en numerosos países. “Es inconcebible que las personas con una orientación sexual real o percibida, identidad de género o expresión de género diferentes a la de una norma social particular, sean objeto de violencia y discriminación en muchas partes del mundo”, aseguró este viernes en Nueva York. 

Muntabhorn rendía cuentas ante la Asamblea General de Naciones Unidas tras ser nombrado hace un año experto de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB. Y el panorama que dibujó es terrorífico. Según el tailandés, “las personas LGTB sufren un crisol de violaciones atroces de sus derechos, que incluyen asesinatos, violaciones, mutilaciones, torturas, detenciones arbitrarias, secuestros, hostigamiento y agresiones físicas y mentales. Son azotadas y sometidas a intervenciones quirúrgicas forzadas, acosadas desde la infancia, sufren incitación al odio y presiones que las conducen al suicidio”.

El experto de Naciones Unidas pidió la eliminación de las legislaciones del mundo de todas aquellas normas que penalizan las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, así como el desarrollo de medidas antidiscriminatorias efectivas que cubran tanto el ámbito público como el privado. “Incluso cuando no existe una ley que penalice las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, en algunos países las leyes sobre la decencia pública, el orden público y la paz social se utilizan para incriminar a personas bajo el paraguas de la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género”, explicó.

Muntabhorn también mostró su preocupación por el trabajo de los defensores de los derechos de las personas LGTB. “Las organizaciones no gubernamentales, los defensores de los derechos humanos y activistas, así como las instituciones nacionales independientes de derechos humanos desempeñan un papel crucial en el desarrollo de una agenda inclusiva para todos, sin discriminaciones ni distinciones, incluyendo la promoción de la comprensión y el respeto de los derechos humanos y la diversidad de género “, subrayó.

Rechazo de Rusia, Bielorrusia y países musulmanes

La labor de Vitit Muntabhorn, plasmada por escrito en el que es su primer informe (un documento de 27 páginas que puedes descargar aquí en castellano), cuenta sin embargo con una fuerte oposición por parte de algunos estados. Hace algunos días, y según reporta International Service for Human Rights, un delegado de Egipto ante Naciones Unidas, otorgándose además la representación de Rusia, Bielorrusia y los países de Organización para la Cooperación Islámica (con la excepción de Albania), aseguró que “nuestra posición es clara. No reconocemos el mandato del experto independiente, y por tanto no estamos en posición de comprometernos, interactuar o cooperar”. “Aunque reiteramos nuestro firme compromiso de combatir diferentes formas de violencia y discriminación, creemos que la resolución que estableció el mandato y adoptada por un estrecho margen de voto es altamente divisiva. Es más, la introducción e imposición de nociones controvertidas más allá del marco internacionalmente aceptado sobre derechos humanos contradice la universalidad y conduce a polarización”, agregó.

Vitit Muntarbhorn, recordemos, fue nombrado hace un año primer experto de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB de la historia. Con anterioridad (concretamente el 30 de junio de 2016), el Consejo de Derechos Humanos de la organización había aprobado la creación del cargo con 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. La puesta en marcha de esta figura, propuesta por varios países de América Latina, no fue precisamente fácil, y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

Un experto de reconocido prestigio

Muntarbhorn es un profesor de Derecho Internacional con una dilatada trayectoria al servicio de Naciones Unidas. Ha sido, por ejemplo, relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática de Corea (Corea del Norte), por mencionar solo dos de las posiciones que ha ocupado. En estos momentos es miembro de la Comisión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de Investigación sobre Siria.

Además, fue uno de los juristas que participaron en la elaboración de los muy importantes “Principios de Yogyakarta” sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados en noviembre de 2006 (puedes descargarlos aquí).

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Pose es el título de la nueva serie que prepara Ryan Murphy para la cadena FX. Ambientada en el Nueva York de los años ochenta, Pose contará al menos con cinco actrices transgénero intepretando papeles protagonistas, lo que la convertirán, al menos en nuestro conocimiento, en la serie con mayor presencia trans en la historia de la televisión.

Ryan Murphy es el creador y productor ejecutivo de series como Glee, American Horror Story o The New Normal, muy distintas entre ellas pero que tienen en común su toque LGTB. Abiertamente gay, está casado con el fotógrafo David Miller y es padre de dos niños. Su nuevo producto televisivo, del que es ahora cuando comienzan a conocerse los primeros detalles, es Pose, que según Deadline reflejará diversos espacios de la vida y sociedad neoyorquina de los años ochenta, desde el surgimiento del “universo del lujo” del magnate Donald Trump (hoy presidente) hasta el ambiente literario o la subcultura ballroom (o ball culture), en la que drags, personas tránsgenero y gais de color han jugado un papel fundamental. Y aunque todavía se desconoce casi todo de los personajes, lo que sí se sabe ya es que Murphy, tras un cuidadoso proceso de selección que ha durado varios meses, ha seleccionado un destacado elenco de actrices trans.

Por ahora se conocen cinco nombres. Se trata de las actrices MJ Rodriguez, Indya Moore, Dominique Jackson, Hailie Sahar y  Angelica Ross, todas ellas mujeres transgénero en la vida real. Otros actores que también participarán en la serie son Billy Porter, Ryan Jamaal Swain y Dyllon Burnside.

Aún queda un tiempo hasta que podamos disfrutar de Pose, cuyo rodaje comienza de forma inminente y que no se estrenará hasta ya comenzado 2018. Pero el mero hecho tener en una misma serie a varias actrices trans interpretando papeles transgénero (y además protagonistas) supone ya una importante novedad que merece la pena reseñar. Parece que el recurrir a actores y actrices cisgénero para interpretar a personajes trans comienza a pasar a la historia (precisamente en estos momentos podemos disfrutar en la cartelera española de Una mujer fantástica, historia de una mujer trans protagonizada por la magnífica actriz chilena Daniela Vega, ella misma mujer trans en la vida real). Bienvenido sea, al fin.

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Según ha denunciado en redes sociales Russian LGTB Network, el pasado fin de semana tuvo lugar una redada contra clubes de ambiente LGTB en Minsk, la capital de Bielorrusia. Un número indeterminado de personas fueron detenidas. Según la misma denuncia, el acceso a una popular web de citas gais ha sido también interrumpido en el país. Todo apunta a que las autoridades bielorrusas habrían decidido impulsar una nueva ola de homofobia de Estado, en la línea de lo que otras repúblicas del ámbito ruso o exsoviéticas vienen haciendo en las últimas semanas.

Por el momento no hay demasiado información de lo que está sucediendo en Bielorrusia, más allá de lo denunciado por Russian LGTB Network: una redada en los clubes Burlesque y Casta Diva de Minsk en la noche del 20 al 21 de octubre, con un número indeterminado de detenciones, así como la interrupción del acceso a una web de citas gais. Russian LGTB Network ha llamado a la calma a la comunidad LGTB bielorrusa y ha expresado su deseo de que los detenidos sean liberados cuanto antes.

A nivel internacional, la organización estadounidense Human Rights First se ha hecho eco de lo sucedido, asegurando que “es alarmante que la policía hostigue a negocios legales, viole la privacidad de sus clientes, les pidan información personal y detenga a algunos de ellos”. “Todo eso parece ser el último ejemplo del incremento de la persecución a las comunidades LGTB de la región, después de lo graves episodios de Chechenia, Azerbaiyán y Tayikistán”, añaden desde esta organización de defensa de los derechos humanos. Human Rights First ha hecho también un llamamiento al Gobierno de los Estados Unidos a que pida explicaciones a Bielorrusia sobre lo sucedido, algo que a día de hoy parece poco probable.

Bielorrusia, territorio hostil a los derechos LGTB

Human Rights First se refiere en su comunicado a los recientes episodios de homofobia de Estado en Chechenia (república integrante de la Federación Rusa) y en Azerbaiyán y Tayikistán, dos repúblicas exsoviéticas. De todos ellos nos hemos hecho eco en dosmanzanas (ver los correspondientes enlaces). Bielorrusia, en cualquier caso, ya era un territorio difícil para las personas LGTB antes de que se activase esta ola de odio. Ya en 2010 recogíamos los datos de una encuesta según la cual el 63% de los ciudadanos de ese país se mostraba a favor de recuperar la antigua legislación soviética que criminalizaba la homosexualidad (despenalizada en Bielorrusia en 1994). Las autoridades de Minsk, de hecho, se han empecinado en reiteradas convocatorias en obstaculizar la organización del Orgullo y buena parte de sus actividades.

Las detenciones injustificadas de activistas LGTB tampoco son extrañas. Uno de los casos más flagrantes se remonta a 2009, cuando el joven Svyatoslav Sementsov fue detenido por organizar actividades en el nombre de organizaciones “no registradas” y de difundir a “gobiernos y organizaciones extranjeras información falsa con la intención de desacreditar a Bielorrusia”. Los funcionarios de la KGB le ofrecieron poner punto final a su proceso si se convertía en delator. También han sido frecuentes las redadas en los lugares de ambiente homosexual, así como la negativa a legalizar la organización LGTB GayBelarus, cuyos activistas, además, fueron investigados en varias ocasiones.

Asimismo, la intransigencia del presidente Alexander Lukashenko hacia el colectivo LGTB también es notoria y manifiesta. Lukashenko ejerce la presidencia ininterrumpidamente desde 1994, con serias dudas sobre la transparencia democrática de su gobierno y de las sucesivas citas electorales. En 2012, Lukashenko espetó públicamente, en referencia al entonces ministro de Exteriores alemán Guido Westerwelle (abiertamente homosexual), que era “mejor ser un dictador que ser gay” al tiempo que manifestó no entender “cómo un hombre puede vivir con otro hombre”.

Bielorrusa también ha discutido la aprobación de una legislación contra la “propaganda homosexual”, al estilo de la de su vecina Rusia. Finalmente la ley aprobada quedó un escalón por detrás, prohibiendo la difusión a los niños de “hábitos contrarios a un estilo de vida saludable” o que “desacrediten la institución de la familia y el matrimonio” aunque sin llegar a mencionar expresamente la homosexualidad o  las “orientación sexuales no tradicionales”. En cualquier caso es evidente que en un entorno tan fuertemente LGTBfóbico ese texto es más que suficiente para ser utilizado en contra del colectivo LGTB.

Esperemos que lo sucedido este fin de semana no sea el preludio de algo aún más terrible y que no se produzca una escalada de la violencia de Estado contra la población LGTB en Bielorrusia. Estaremos atentos a las noticias que nos lleguen.

Fuente Dosmanzanas

Foto Russian LGBT Network

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La consulta por correo postal sobre matrimonio igualitario impuesta por el Gobierno australiano entre en su fase final. La fecha límite para la recepción de las respuestas en la Oficina Australiana de Estadística (ABS) es el próximo 7 de noviembre. El último avance de participación, a fecha del 13 de octubre, la sitúa en un 67,5 % y las encuestas le dan una ventaja de entre 21 y 26 puntos al “sí”. Los resultados definitivos se conocerán el 15 de noviembre. La principal incógnita es, todavía, cuándo accederá el primer ministro Malcolm Turnbull a permitir una votación libre en el Parlamento si finalmente gana la igualdad matrimonial en la consulta.

A principios de septiembre se confirmó que Turnbull se cobraba una victoria parcial en su empeño de someter a votación popular los derechos de la población LGTB: entre el 12 de septiembre y el 7 de noviembre tendría lugar en Australia una consulta postal voluntaria y no vinculante sobre el matrimonio igualitario. Era la respuesta del primer ministro al segundo fracaso parlamentario de la propuesta de referéndum que pretendía organizar el Gobierno. Poco después del anuncio del voto postal, se presentaron dos recursos ante el Tribunal Supremo para paralizar un trámite innecesario y divisivo para la sociedad, convocado además al margen del Parlamento. Finalmente, el Supremo desestimó los recursos, otorgando vía libre a la consulta. La documentación se empezó a enviar a los hogares australianos a partir del 12 de septiembre y la formulación de la pregunta que se decidió fue:

¿Debería cambiarse la ley para permitir casarse a las parejas del mismo sexo?

Una de las incógnitas del proceso era el nivel de participación. Por ahora las cifras superan las expectativas, aunque estén aún muy lejos del que se alcanzó en las últimas elecciones federales (91 %). Hasta el pasado viernes 13, la ABS había recibido unos 10,8 millones de respuestas, correspondientes a un 67,5 % del censo. Los activistas LGTB se han felicitado por una participación mayor de la esperada en una consulta en la que el voto, a diferencia de otros procesos electorales en Australia, no es obligatorio.

Con respecto a los resultados, las dos encuestas más recientes le otorgan una clara victoria a la campaña del “sí” a la igualdad. La de Newspoll revela un 59 % de respuestas afirmativas y un 38 % de negativas entre los que ya han participado en el proceso. La proporción es similar entre los que no han votado aún (56 % frente a 37 %). Según el sondeo de YouGov, los favorables a la igualdad sumarían el 61 % de los que ya han votado frente al 35 % de contrarios. Entre los que no han participado, las cifras son el 54 % y el 28 %, respectivamente, con un 18 % de indecisos.

La campaña del “no” empieza a aceptar su probable derrota, a tenor de las declaraciones de algunos de sus representantes. El ministro de Inmigración, Peter Dutton, por ejemplo, afirmó que espera una victoria del “sí”. No hay que olvidar que, pesar de la participación considerable, los ciudadanos siguen rechazando mayoritariamente que se vote sobre los derechos de una minoría, como también refleja la encuesta de Newspoll. Un 50 % se manifiesta en este sentido frente a un 43 % que apoya al Gobierno en esa decisión. Tras la presentación de los resultados el próximo 15 de noviembre, estarán en manos del primer ministro Turnbull los próximos movimientos que, esperemos, acaben de una vez con la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio.

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Las parejas del mismo sexo que quieran contraer matrimonio en Panamá todavía tendrán que esperar para poder hacerlo con validez legal. Aunque el fallo de la Corte Suprema de Justicia de este país latinoamericano todavía no se ha hecho público, se ha filtrado el sentido del mismo a la prensa y la institución judicial, al parecer, ha confirmado la veracidad de las informaciones. En este sentido, todo apunta a que la sentencia reconocerá como “constitucionales” los artículos homófobos del vigente Código de la Familia panameño, en los que consta la prohibición expresa de permitir el acceso a la institución del matrimonio a las parejas que no estén formadas por un hombre y una mujer. Este previsible y decepcionante fallo está en línea con la fuerte LGTBfobia instalada en la clase política panameña. Recordemos que, en 2014, cinco candidatos a la presidencia de Panamá firmaron un pacto contra el matrimonio igualitario ante los líderes religiosos del país.

Todavía no es un fallo oficial, ni se ha hecho público un texto definitivo. No obstante, Televisora Nacional de Panamá y TVN Noticias (que forma parte del mismo grupo mediático) han confirmado las informaciones que circulaban en redes sociales sobre la supuesta resolución negativa de la Corte Suprema de Justicia panameña sobre el matrimonio igualitario. Activistas han criticado la filtración pública del borrador de la sentencia y consideran inaceptable que el pleno de este tribunal mantenga la “constitucionalidad” sobre los polémicos y homófobos artículos 26 y 34 del Código de la Familia.

En el artículo 26 del citado Código de la Familia de Panamá se recoge que “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común”. Asimismo, en el artículo 34 del mismo texto legal se explicita que “no pueden contraer matrimonio entre sí”, entre otras, “las personas del mismo sexo”. El borrador que se ha filtrado dejaría claro que la competencia “para llevar el reconocimiento de la igualdad como garantía mínima”recae sobre el Órgano Legislativo, es decir, sobre el Parlamento. En cambio, la Corte Suprema de Justicia de Panamá, según se revela, instará a la Asamblea Nacional de Diputados “a legislar sobre las uniones civiles de personas del mismo sexo”.

El activismo LGTB de Panamá no se resigna y seguirá luchando por la plena igualdad del colectivo, si bien se sorprenden por las filtraciones del fallo y mantienen la esperanza de que se produzca una vuelta a la tortilla (por otra parte, poco probable). “Eso no es lo que me han informado. Me han dicho que se iba a fallar a favor del matrimonio igualitario, lo escuchamos de una buena fuente, por lo tanto no se qué es lo que está pasando en la Corte”, ha explicado Ricardo Beteta de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá.

El fallo del alto tribunal panameño sobre el matrimonio igualitario y el debate sobre la inconstitucionalidad de los artículos discriminatorios del Código de la Familia de este país responden a las dos demandas interpuestas por el bufete de abogados Morgan & Morgan, en nombre de dos parejas del mismo sexo distintas. Según esta demanda, “impedir a dos personas del mismo sexo contraer matrimonio resulta un hecho discriminatorio y atenta contra los compromisos internacionales suscritos por el país, como la Convención Americana de los derechos humanos”.

Por otra parte, cabe resaltar el clima de LGTBfobia política en Panamá. Como ejemplo, baste citar que los principales candidatos a la presidencia de Panamá suscribían en 2014 el denominado “Compromiso Nacional por la Vida y la Familia”, por el cual se comprometíann a “defender el matrimonio entendido como la unión entre hombre y mujer”. Lo hicieron en presencia del arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y del presidente de la Alianza Evangélica de Panamá, Rolando Hernández.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a favor de la igualdad LGTB

Unos días antes de la filtración del fallo de la Corte Suprema de Justicia panameña (el pasado viernes 20 de octubre), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se reunía con activistas y colectivos LGTB del país.

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Roberto Caldas, también viajó hasta Panamá la semana pasada y recordó que “la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para todos los Estados, por eso debe ser respetada. Los derechos de todas las personas, independientemente de sus orientaciones, son iguales”.

Fuente Dosmanzanas

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El Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay ha emitido un decreto que prohíbe la difusión de materiales escolares sobre “ideología de género [sic]“. La decisión, que viene a satisfacer las demandas de los grupos religiosos, supone que las escuelas de Paraguay no dispondrán de materiales educativos para formar, entre otros temas, sobre la diversidad sexual y de género. Amnistía Internacional considera la decisión “un peligrosísimo retroceso en materia de derechos humanos” y ha lanzado una petición a la que puedes dar tu apoyo.

Paraguay es, de los países de la zona, el más atrasado en materia de derechos LGTB, con un gobierno derechista escasamente sensible y en el que grupos ultraconservadores de base religiosa como el Movimiento por la Vida y la Familia o Somos Más se oponen muy activamente a que la diversidad sexual y de género tenga cabida en las aulas paraguayas. En estas últimas semanas, de hecho, estos grupos han propagado toda una campaña de manipulación en contra de un supuesto adoctrinamiento sobre educación sexual y reproductiva, e igualdad de género y no discriminación, que culminaban con una audiencia pública de consulta al Ministerio de Educación y movilizaciones frente al Congreso Nacional, con participación de niños incluida.

Valga como ejemplo del carácter de estas movilizaciones el de una monja que, altavoz en mano, proclamaba literalmente que “la discriminación es buena”. El periodista Osvaldo Zayas captaba el momento y lo difundía en Twitter:

VIDEO: “La discriminación ES BUENA”, dice esta señora fundamentalista.

No me salgan que con que acá no se promueve el odio. pic.twitter.com/M74oiku570

— Osvaldo Zayas (@osvaldozayas) 5 de octubre de 2017

El propio ministro de Educación de Paraguay, Enrique Riera, aseguraba a los manifestantes que él mismo estaba dispuesto a quemar en una plaza todos aquellos libros que difundiesen la supuesta “ideología de género”. De hecho, la respuesta favorable del Gobierno paraguayo a la movilización ultraconservadora se plasmaba en una resoluicón que oficializaba la prohibición de difundir y utilizar “materiales impresos como digitales, referentes a la teoría y/o ideología de género, en instituciones educativas dependientes de esta cartera educativa”, basándose, entre otros, en argumentos tales como la protección a la familia y al matrimonio de hombre y mujer.

Una polémica, en definitiva, no muy distinta a la que este tipo de grupos ultraconservadores, ideológicamente vinculados tanto a la Iglesia católica como a iglesias evangélicas, promueven en otros países de América Latina o en la propia España, pero que en el caso de Paraguay ha contado finalmente con el respaldo del propio Gobierno con una medida que en buena medida nos recuerda a las infames prohibiciones de la “propaganda homosexual” de Rusia y otros países de su entorno.

Denuncias de colectivos de derechos humanos y LGTB

Tanto la campaña de manipulación de los grupos conservadores como la decisión del Gobierno era denunciada, entre otros grupos de defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, por el colectivo LGTB SomosGay, que advertía que lo que está sucediendo en Paraguay “pone en peligro los derechos humanos y nuestro frágil Estado laico, ya que estos sectores buscan instalar discursos autoritarios basados en preceptos religiosos contrarios a los principios democráticos y a los avances de las ciencias, comenzando especialmente en la educación pública”. “Los argumentos fundamentalistas constituyen vehículos peligrosos de odio en un país como el nuestro que tristemente se destaca por sus feminicidios, violencia de género, discriminación estructural y violencia hacia las personas LGBTI, violencia intrafamiliar, embarazos de niñas y adolescentes, una niñez y adolescencia extremadamente vulnerables además de una de las desigualdades más escandalosas en la región”, añadía.

SomosGay alertaba muy especialmente sobre el empleo del término “ideología de género” por parte del propio Ministerio de Educación y Ciencias. “Este término, carente de rigor científico, desconoce décadas de avance en las ciencias sociales, ciencias médicas y humanidades bajo un discurso de fundamentalismo religioso apoyado en falacias lógicas y argumentos que rayan la fantasía”, explicaba este colectivo, que instaba a la institución de una educación de calidad y científica, “sin la presencia de pseudociencias que constituyen un grave peligro para la salud pública, para los derechos de la niñez y adolescencia y un grave retroceso en materia de democracia y derechos humanos”. “Bajo el malintencionado término de ‘ideología de género’ en realidad lo que se está suprimiendo es la educación para la igualdad y la no discriminación; que no es una ideología, sino una obligación internacional del Estado paraguayo”, finalizaba el comunicado de SomosGay, cuyo director, Simón Cazal, ha anunciado denuncias ante la Fiscalía por la apología de la discriminación en las calles de Asunción.

Amnistía Internacional también ha denunciado lo sucedido, que considera “un peligrosísimo retroceso en materia de derechos humanos”. “Es de especial preocupación que dicha medida haya sido tomada en el contexto del debate que ha surgido en estas semanas promovido por grupos religiosos que han propagado por diversos medios una campaña de manipulación para suprimir de la educación pública materiales sobre educación sexual y reproductiva, e igualdad de género y no discriminación”, explica.

“Bajo el malintencionado término de ‘ideología de género’ en realidad lo que se está suprimiendo es la educación para la igualdad y la no discriminación; que no es una ideología, sino una obligación internacional del Estado paraguayo”, añade esta organización, que recuerda a Paraguay las obligaciones derivadas tanto de su Constitución como de los tratados internacionales que ha firmado en materia de no discriminación. “Una parte importante de esa obligación se cumple con el diseño de políticas públicas para la igualdad y para no seguir perpetuando la discriminación y violencia contra las mujeres ni contra otros colectivos que por su orientación sexual o identidad de género, son objeto de discriminación y/o violencia. Las mujeres y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexo (LGBTI), sufren discriminación y violencia permanente por prejuicios y estereotipos que se mantienen en nuestras sociedades. Borrar la educación para la igualdad de la malla curricular es promover esa violencia y discriminación desde el Estado, con gravísimas consecuencias”, subraya el comunicado de Amnistía.

Esta organización promueve una petición al ministro de Educación de Paraguay para que derogue la resolución de forma que “la revisión de los materiales educativos en curso sea acorde a las obligaciones internacionales del Paraguay y a su Constitución, y por ende promueva la igualdad de género y la no discriminación”. La petición está activa y puedes sumarte a ella en este enlace.

Fuente Dosmanzanas

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Importante resolución de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, aprobada el pasado 12 de octubre, en materia de derechos de las personas intersexuales. En su resolución, se hace un llamamiento a los estados miembros del Consejo de Europa a que garanticen su integridad física, prohibiendo cualquier intervención de “normalización” o asignación hasta que la persona tenga capacidad de decidir por sí misma. 

Las personas intersexuales son aquellas que, por razones diversas, nacen con caracteres sexuales ambiguos o que no encajan con la noción binaria tradicional. Tradicionalmente han sido sometidas a operaciones quirúrgicas y tratamientos médicos desde su más tierna infancia para “eliminar la ambigüedad” y atribuirles un sexo u otro sin tener en cuenta su voluntad, pudiendo darse el caso de que cuando la persona crecía no había correspondencia entre su identidad de género y el sexo que se les había asignado por decisión médica. Son personas, de hecho, que pueden tener diferentes identidades y expresiones de género (masculina, femenina, persona no binaria, etc.) al margen de su genitalidad.

La intersexualidad y la irracionalidad de los procedimientos de asignación es cada vez más conocida, y poco a poco las personas intersexuales empiezan a ver reconocido su derecho a ser ellas las que decidan sobre su propio cuerpo de acuerdo a su identidad sentida. A nivel internacional, por ejemplo, Malta aprobó en 2015 un muy avanzada ley de identidad de género que prohibía taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo el primer país del mundo en promulgar una disposición de este tipo. Portugal tiene previsto aprobar una norma similar. Y el pasado diciembre el Parlamento Europeo aprobaba un informe sobre derechos fundamentales en el que literalmente condenaba “las prácticas médicas que violan los derechos fundamentales de las personas transgénero e intersexuales”. Pero la resolución ahora aprobada por la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa es mucho más explícita y desarrollada (no conviene confundir, por cierto, el Consejo de Europa con la Unión Europea: el Consejo de Europa es un organismo supranacional que agrupa a prácticamente todos los estados del continente, incluyendo por ejemplo a Rusia, a Turquía y a los países del Cáucaso).

La resolución, que puedes descargar aquí, se refiere en su integridad a las personas intersexuales, recomendando a los estados que impidan cualquier tipo de tratamiento que tenga como fin la asignación de la persona a un sexo u otro, salvo circunstancias que comprometan la vida, hasta que tengan capacidad de decidir por sí mismas. La resolución reconoce que de acuerdo a la evidencia científica disponible no pueden defenderse este tipo de tratamientos, que además pueden poner en peligro la propia salud de los bebés, y que el secretismo y la vergüenza de muchas de estas personas cuando se hacen mayores impiden de hecho conocer el alcance de los daños.

El texto de la resolución, además, recomienda medidas para combatir la discriminación de las personas intersexuales y alude a la conveniencia de que los estados consideren la posibilidad de ofrecer compensaciones a las víctimas de este tipo de intervenciones. También se refiere a la necesidad de que tengan acceso al reconocimiento de la identidad de género con la que se sientan conformes, incluyendo opciones para las personas intersexuales que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. En este sentido, y sin duda podemos considerarla una recomendación muy a tener en cuenta, la resolución recomienda a los estados que consideren la posibilidad de que la mención al sexo en los certificados de nacimiento (en incluso en otros documentos de identidad) sea opcional. En España, por ejemplo, no es posible inscribir a un recién nacido sin atribuirle sexo masculino o femenino, lo que añade una gran presión a sus familias y puede derivar en efectos muy indeseables para la persona si cuando crece su identidad no se corresponde con el sexo que se le asignó. Algo que por ejemplo modificó en su momento Alemania, que sí permite inscribir a los recién nacidos sin atribuirles sexo.

En definitiva, una resolución muy positiva, basada en un informe del diputado belga Piet De Bruin (representante del partido nacionalista flamenco N-VA) abiertamente gay y muy activo en materia LGTB. De hecho, desde el pasado junio es el relator de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa sobre derechos LGTB por decisión de su comité de igualdad y no discriminación. Es, además, fruto de la colaboración con entidades que representan a las personas intersexuales. Ojalá todos los estados europeos la implementaran de inmediato, aunque por desgracia este tipo de resoluciones no son vinculantes. En cualquier caso, supone un paso adelante muy importante en un tema del que muy poco se habla.

Fuente Dosmanzanas

General Alemania, Consejo de Europa, Discriminación, Europa, Intersexualidad, Malta, N-VA, Piet De Bruin, Portugal

El fallo establece que esta mutua pública vulneró el derecho fundamental de la pareja a no ser discriminada por su orientación sexual.

El cónyuge se había sometido a una estimulación ovárica en una clínica privada para congelar nueve ovocitos

Los afectados interpusieron una demanda por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano. 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha dictado una sentencia que obliga a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) a financiar un tratamiento de reproducción asistida a una asegurada de Alicante que está casada con una persona transexual.

El fallo, fechado el pasado 28 de septiembre, establece que esta mutua pública, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, vulneró el derecho fundamental de la pareja a no ser discriminada por su orientación sexual.

Los afectados se casaron el 16 de mayo de 2014, después de que uno de los cónyuges se sometiera a un tratamiento hormonal por disforia de género en el sistema público de salud para cambiar legalmente de sexo y convertirse en hombre.

Antes de ese cambio de sexo, el cónyuge se había sometido a una estimulación ovárica en una clínica privada para congelar nueve ovocitos con la intención de que su futura mujer pudiera alumbrar a un hijo suyo, a través de la técnica denominada Ropa o de doble maternidad.

La pareja recurrió la decisión ante el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, pero éste rechazó su recurso de alzada en septiembre de ese mismo año y los afectados interpusieron una demanda por vulneración de derechos fundamentales ante el TSJ valenciano.

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior valenciano les ha dado ahora la razón al determinar que el legislador debe “dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentren en situaciones jurídicas iguales”.

Los magistrados recuerdan en el fallo que una ginecóloga ya determinó en su informe que la pareja era heterosexual y presentaba una “causa de esterilidad primaria” por disforia de género, al tiempo que recomendaba a Muface la dispensación de un tratamiento a su asegurada de inseminación artificial.

Según la sentencia, las resoluciones impugnadas interpretan “erróneamente” la legislación en materia de reproducción asistida porque imponen a los futuros padres unas “condiciones de aplicación imposible” que llevan “al absurdo en el caso de la pareja que forman“.

El tribunal ha concluido que la mujer tiene derecho a recibir el tratamiento reproductivo porque su compañero sentimental es estéril, independientemente de que ella no padezca impedimentos ginecológicos para quedarse embarazada de forma natural.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, no reconoce sin embargo la indemnización de más de 15.000 euros por daños económicos y morales que reclamaban los afectados en su demanda.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Asisa, Discriminación, El Tribunal Superior de Justicia, Homofobia/Transfobia, Ministerio de Hacienda y Administración Pública, MUFACE, Valencia