Tras un complicado proceso de negociación entre sus 51 miembros, el demócrata Corey Johnson, de 35 años de edad, ha sido elegido nuevo speaker (presidente del Consejo Municipal) de Nueva York. Johnson, abiertamente gay, no es la primera persona LGTB que ha ostentado dicho cargo, pero sí que es la primera persona que vive con VIH en hacerlo. La elección de Johnson supone un espaldarazo a la normalización de este colectivo, sometido todavía a estigmatización y discriminación. 

El speaker o presidente del Consejo Municipal es la máxima autoridad del órgano legislativo de la ciudad. Se considera, de hecho, la segunda posición en el ranking de autoridades de Nueva York, después del alcalde. No se trata de la primera vez que dicho cargo recae en una persona LGTB: hace años dedicamos varias entradas a Christine Quinn, política lesbiana que ocupó esa misma posición y que llegó a postularse como alcaldesa (quedó en tercer lugar en las primarias demócratas de 2013). Pero sí que es la primera persona abiertamente seropositiva (condición que nunca ha ocultado) que lo hace. Corey Johnson se convierte así en todo un ejemplo de visibilidad y empoderamiento de este colectivo, que a día de hoy continúa enfrentándose (en Estados Unidos y en el resto del mundo) a estigmatización y episodios de discriminación.

Corey Johnson fue finalmente elegido por práctica unanimidad del Consejo Municipal (48 votos a favor, 1 en contra y 2 ausentes). El único voto en contra fue el de la demócrata Inez Barron, como acto de protesta por la ausencia de candidatos afroamericanos. La elección de Johnson, que atesora además un destacado pasado como activista LGTB (fue colaborador y editor político de Towleroad, uno de los blogs LGTB más importantes del país) ha sido saludada en Twitter por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, uno de los dirigentes políticos más importantes que conserva el Partido Demócrata:

Congratulations, @CoreyinNYC aka @NYCSpeakerCoJo, on your election as City Council Speaker! I look forward to four great years of partnership together.

— Bill de Blasio (@NYCMayor) 3 de enero de 2018

El propio Corey Johnson quiso agradecer con varios mensajes su elección y ponerse a disposición de los más vulnerables. En uno de ellos, por ejemplo, Jonhson asegura creer en un Nueva York en el que nadie sea señalado por ser musulmán, inmigrante, indocumentado, afroamericano, judio o persona transgénero. “Debemos rechazar el odio en todas sus formas y permanecer unidos contra el fanatismo y el racismo”, asegura:

We believe in a New York where no one is targeted simply because of who they are – Muslim New Yorkers, immigrants, the undocumented, African Americans, Jewish New Yorkers, transgender New Yorkers. We must reject hate in all its forms and stand united against bigotry and racism.

— NYC Council Speaker Corey Johnson (@NYCSpeakerCoJo) 3 de enero de 2018

Fuente Dosmanzanas

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Sarah Hejazy y Ahmed Alaa han abandonado la cárcel, tras el pago de 2.000 libras egipcias (algo más de 93 euros). Son dos de los siete detenidos durante el concierto de la banda libanesa de rock alternativo Mashrou’ Leila, que congregó a unas 30.000 personas en El Cairo el pasado 22 de septiembre. Por el simple hecho de exhibir y agitar banderas arcoíris, siete personas fueron arrestadas y se les acusa de “unirse a grupos fuera de la ley, cuyo objetivo es alterar las disposiciones de la Constitución y la ley”. Sarah Hejazy y Ahmed Alaa, aunque estén en libertad provisional bajo fianza, siguen enfrentándose a los mismos cargos que el resto de arrestados. Según las cifras que maneja la Egyptian Initiative for Personal Rights (Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales o EIPR, en sus siglas en inglés) ahora mismo 54 personas siguen detenidas en Egipto por apoyar al colectivo LGTB, por su orientación sexual (real o percibida) o por su identidad de género.

Como recogíamos en septiembre del año que acabamos de abandonar, siete personas eran detenidas por ondear banderas arcoíris durante el concierto en la capital egipcia de la banda libanesa Mashrou’ Leila, cuyo vocalista Hamed Sinno es abiertamente gay. Además de estos arrestos, el grupo musical se enfrentó a descalificaciones y de momento no volverá a tocar en el país, debido al veto del Sindicato de Profesiones Musicales egipcio (ya fue vetada en Jordania tras una campaña promovida por Dima Tahboub, portavoz de Frente de Acción Islámica).

El vicepresidente de dicho sindicato, Reda Ragab, condenó la actuación de la banda libanesa como “un escándalo contra nuestras tradiciones que está muy lejos del arte serio y con significado”. Mientras que la escritora Mona Eltahawy lamentó la persecución, tachando de “completamente ridículo” que se arreste a alguien por ondear una bandera o por su sexualidad.

Este 2 de enero ha saltado a la palestra informativa internacional la salida provisional de prisión bajo fianza de dos de las siete personas arrestadas en el citado concierto de Mashrou’ Leila en El Cairo: son Sarah Hejazy y Ahmed Alaa (de 28 y 21 años, respectivamente). Un tribunal egipcio ha autorizado la liberación, tras el depósito de 2.000 libras egipcias (algo más de 93 euros) como fianza.

De las 54 víctimas que siguen detenidas en Egipto por apoyar al colectivo LGTB, por su orientación sexual (real o percibida) o por su identidad de género, “varias de estas personas ya han sido declaradas culpables de los cargos y diez acusados en nueve casos han recibido sentencias de prisión duras, que van de uno a seis años”, explica la EIPR.

Si bien la homosexualidad no está explícitamente prohibida por la actual legislación egipcia (aunque podría llegar a cambiar, lo que la ONU ya ha condenado expresamente), las 54 personas que permanecen en prisión comparten supuestos cargos como la “indecencia o libertinaje”, la “conducta inmoral” o la “ofensa a los sentimientos religiosos”. Por su parte, la abogada Doaa Mostafa, que asistió a los interrogatorios de una de las chicas detenidas, ha explicado que lo más difícil no son las preguntas irrelevantes, sino saber que la víctima regresaría a una celda donde presuntamente fue agredida sexualmente.

El abogado de la Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión, Ahmed Othman, también dijo hace unos meses que los interrogatorios se prolongan durante más de 10 horas. Al parecer, a los acusados se les pregunta acerca de sus puntos de vista religiosos y políticos. Además, les obligan a revelar las contraseñas de sus cuentas en redes sociales y les investigan sus mensajes.

Amnistía Internacional denuncia que algunos de los detenidos han sido sometidos a exámenes anales en contra de su voluntad. La ONU considera que este tipo de exámenes son “una forma de tortura”, así como “malos tratos prohibidos por el derecho internacional”. Human Rights Watch, por su parte, apunta que el Sindicato Médico Egipcio no ha tomado ninguna medida para evitar que los profesionales de la sanidad realicen estas degradantes pruebas, no consentidas por las víctimas de la represión LGTBfóbica ejercida por el Estado.

Egipto ha intensificado la LGTBfobia de Estado en 2017

El ya pasado 2017 no ha sido un buen año para en colectivo LGTB en Egipto. Este pasado año se ha producido una intensificación de la persecución LGTBfóbica de Estado: en octubre nos hacíamos eco de que, hasta ese momento 57 personas habían sido detenidas, básicamente, por su orientación sexual o identidad de género, así como por el mero apoyo a los derechos igualitarios (con los cargos oficiales anteriormente referidos).

De esas 57 detenciones, según EIPR, como decíamos, 54 todavía están en prisión (tras la liberación provisional de Sarah Hejazy y Ahmed Alaa). No obstante, hay que leer las cifras con precaución, pensando que la falta de transparencia de la administración y de la justicia de Egipto puede falsear la realidad y suponer, por lo tanto, un escoyo para esclarecer si hay otros casos ocultos por razones desconocidas e incluso por supuestos intereses de las élites.

En octubre de 2017 también conocíamos la noticia de que el Consejo Supremo para la Regulación de los Medios de Comunicación (SCMR) daba la orden para prohibir todas las formas de apoyo a la comunidad LGBT en los medios de comunicación egipcios. Desde abril del año pasado, por decreto del presidente Abdel Fatah al-Sisi, los medios de comunicación de este país están regulados por la referida organización, así como por la Autoridad Nacional de Prensa (NPA) y la Autoridad Nacional de Medios (NMA).

Makram Mohamed, responsable del SCMR, expresaba a raíz del concierto de Mashrou ‘Leila que la homosexualidad es una “enfermedad vergonzosa” y que no debería promoverse en los medios de comunicación. Y no solo eso, sino que en su opinión (formada por los prejuicios y su propia ignorancia) no se debe permitir que las personas LGTB se integren a menos que reciban tratamiento para mantener la moralidad pública.

Los antecedentes LGTBfóbicos ya eran preocupantes…

En abril de 2016 fueron condenados once hombres egipcios a penas que oscilaban entre los 3 y los 12 años de cárcel, acusados del delito de “libertinaje e incitación al libertinaje”, que es el cargo que se utiliza habitualmente en Egipto para detener y condenar a homosexuales. Las detenciones se llevaron a cabo en septiembre de 2015, fruto de unas redadas que formaban parte de una “campaña de moralidad” con motivo de la festividad que marca el fin del Ramadán.

Un año antes (abril de 2015) nos hacíamos eco de la nueva potestad que se arroga el Estado para deportar a extranjeros LGTB. Esta medida era ratificada por un tribunal que falló en favor de la decisión tomada por el Ministerio del Interior egipcio de extraditar y prohibirle la entrada al país a un ciudadano libio, por ser gay.

En junio de 2015, dábamos cuenta de la utilización que la “Policía de la Moralidad” hacía de apps de contacto para gais y redes sociales para engañar y detener a hombres homosexuales inocentes. La última víctima: un refugiado sirio que llegó a Egipto huyendo de las miserias y de la violencia de su país, para empezar una nueva vida, y que fue humillado, detenido y condenado a un año de prisión tras caer en una trampa policial.

Incluso algunos medios de comunicación se dedican a realizar “cacerías” contra homosexuales. Al Kahera Wal Nas emitía en diciembre de 2014 un reportaje de la denostada presentadora amarillista Mona Iraqi, que servía como excusa para detener a decenas de personas, vanagloriándose de la redada a una sauna gay de El Cairo (capital de Egipto). Un tribunal los absolvería a todos posteriormente. No obstante, siguió pesando sobre ellos otra condena que no se revoca: la estigmatización social. Un problema que a menudo deriva en violencia por parte de terceros o en intentos de suicidio. Uno de los detenidos en la sauna gay de El Cairo, por ejemplo, trató de quemarse vivo, tras difundirse las imágenes en televisión en las que se le reconocía.

En noviembre de 2014 nos hacíamos eco de la condena de un tribunal de Egipto a tres años de prisión para ocho hombres por aparecer en un vídeo en el que presuntamente se representaba la celebración de “la primera boda gay” de este país. Sin embargo, los ocho acusados habían negado los cargos que se les atribuían, así como que la controvertida boda fuese una ceremonia real, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Egipto.

Ese mismo año, también informábamos de la sentencia de un tribunal egipcio que condenaba a cuatro hombres a varios años de prisión, por crear una supuesta red de prostitución homosexual, después de que la policía encontrase ropa de mujer y maquillaje en la casa de uno de ellos.

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Gracias a la acción ciudadana, localizan y capturan en Mosul a Abu Omer, uno de los verdugos más temidos de ISIS, vinculado a la persecución y ejecución de numerosas personas homosexuales bajo el califato del Estado Islámico.

La fuerzas gubernamentales iraquíes han detenido a Abu Omer, un miembro del Estado Islámico que aparece frecuentemente en las imágenes de ejecución y tortura de hombres homosexuales y bisexuales. El grupo terrorista ha utilizado con persistencia vídeos y fotografías de hombres lapidados, degollados o arrojados al vacío, con el fin de servir de sádica propaganda de sus actividades y de infundir el terror entre sus opositores.

Según informa la agencia de noticias AhlulBayt, las fuerzas gubernamentales de Irak han capturado en la localidad norteña de Mosul a Abu Omer, un dirigente del Estado Islámico muy conocido por su participación en ejecuciones de hombres homosexuales y bisexuales. La noticia ha sido confirmada a Newsweek por Hisham al-Hishimi, que trabaja como asesor para diversos gobiernos de Oriente Medio sobre asuntos del Ejército Islámico, y también ha sido difundida por los medio locales.

Abu Omer en ejecución de homosexuales – Foto: Uso permitido

Conocido por la prensa occidental como “Barba blanca”, Omer ha sido visto en distintas imágenes en ejecuciones públicas de hombres homosexuales y bisexuales. En alguno de los vídeos, realizados por el propio Ejército Islámico, aparece leyendo los cargos contra los que serán ejecutados, ataviado con vestiduras clericales, lo cual hace suponer que su función era la de shari, o líder religioso encargado de la aplicación de la sharía o ley islámica. En otras imágenes se le ve frente a las piedras que serán utilizadas para la lapidación de sus víctimas. Estas infames imágenes han sido difundidas repetidamente con el objetivo de propagar las actividades del Ejército Islámico e infundir el máximo terror posible tanto entre sus enemigos, como entre las poblaciones que ocupaban o en posibles disidentes.

Abu Omer en lapidación a homosexuales – Foto: Uso permitido

Se puede ver a Abu Omer presidir la decapitación pública de tres hombres acusados de blasfemia y homosexualidad en un vídeo de marzo de 2015. En el vídeo se puede ver al jihadista dirigiéndose a una multitud antes de que se produzca la decapitación de los tres acusados, que permanecen de rodillas y con los ojos vendados en el centro de lo que parece ser una rotonda de una ciudad no identificada, en el momento en el que un verdugo enmascarado coloca una espada sobre sus cabezas. Asimismo, también se le puede ver en imágenes de otro vídeo en el que aparece inspeccionado un montículo de piedras de cara una lapidación pública. Con su detención, han salido a la luz imágenes en las que se le puede ver con más claridad una de las caras del mal de ISIS, quien podría enfrentarse ahora a su propia ejecución.

En 2014, Daesh bombardea amplias zonas de Siria, apoderándose de Raqqa, que se erige en la capital del llamado «califato» del Estado Islámico durante algo más de tres años en los que se extiende al norte y oeste de Iraq, haciéndose también con el control en Mosul y llegando a avanzar incluso hasta los límites de Bagdad. Si Raqqa era recuperada en octubre de 2017, a lo largo del año pasado se habrían liberado a más de 23.000 millas cuadradas de las manos de ISIS tanto en Siria como en Iraq, además de liberar a alrededor de 4,5 millones de personas de su opresivo régimen.

Captura de Abu Omer – Foto: Uso permitido

A principios de diciembre, el primer ministro de Iraq, Haider al-Abadi, anuncia formalmente la expulsión de ISIS de Iraq, aunque siguen persistiendo restos del grupo «escondidos en todo el país», donde los terroristas aprovechan para seguir realizando ataques contra las tropas iraquíes y algunas figuras locales prominentes, particularmente en la provincia de Kirkuk. Según el Mayor General Felix Gedney, ISIS sigue siendo una amenaza para la zona y «también para nuestra patria. Pero las operaciones militares aquí en los últimos años les han afectado mucho (…). Les hemos quitado una enorme cantidad de territorio, hemos matado a un gran número de militantes de ISIS, y seguiremos haciéndolo. De modo que hemos degradado severamente su capacidad para realizar operaciones fuera de Iraq y Siria».

Un infierno para la comunidad LGTB

La consolidación del Estado Islámico supuso la imposición de un régimen de terror, en el que la comunidad LGTB fue una de las grandes perdedoras. Siria e Irak, que fueron en el pasado estados de tradición laica (vinculada al baazismo gobernante) en los que las personas LGTB podían encontrar pequeños espacios de libertad, acabaron por convertirse para ellas en un auténtico infierno. En Irak, la homosexualidad fue legal hasta 2001, cuando Sadam Hussein, para contentar a los sectores religiosos, decidió castigar las relaciones homosexuales con cárcel y, en caso de reincidencia, con pena de muerte (aunque la legislación no llegó a ser aplicada). “Entonces teníamos clubes nocturnos, bares, áreas de encuentro y una red de asambleas sociales”, explicaban en su momento desde la organización Iraqi LGBT. De hecho, durante los años 80 y primeros 90, la vida nocturna de los homosexuales en Bagdad atraía a visitantes de países vecinos, como Kuwait o Arabia Saudí.

Tras la invasión, la situación legal de la homosexualidad se sumió en un estado de confusión. La entonces autoridad administrativa estadounidense ordenó en 2003 retrotraer los códigos penal y civil a la situación vigente en los 70, pero la diversidad de autoridades existentes según la zona del país, así como el papel preponderante que los líderes religiosos alcanzaron (especialmente en el área de mayoría chií) facilitó que la persecución de las personas LGTB fuera en aumento. En los años sucesivos la situación no hizo más que empeorar, y las denuncias sobre el secuestro, la tortura y el asesinato de homosexuales, involucrando además a las fuerzas de seguridad, no hicieron sino aumentar en todas las zonas del país.

En el caso del área suní, la situación de profundo descontento con el régimen surgido de la invasión, unida a la difusión de las ideas religiosas más radicales, terminó por cristalizar en el surgimiento del Estado Islámico, que también llegó a controlar una parte importante del territorio sirio. Y es que en Siria la revuelta contra el régimen de Bashar al-Asad, alentada en sus inicios desde los países occidentales (y de la que ya en 2013 conocíamos sus terribles consecuencias para los homosexuales sirios) confluyó finalmente en ese mismo fenómeno.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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Liang Tzung-huei y Chu Pei-shuan, dos mujeres de origen taiwanés, contrajeron matrimonio legalmente en Canadá en 2014. Al regresar a Taiwán, solicitaron su inscripción como pareja casada en la Oficina de Registro de Hogares del distrito Zhongzheng de Taipei. Ante la negativa del registro, presentaron la correspondiente apelación y este miércoles llegaba la respuesta desestimatoria del tribunal. Como venimos recogiendo en los últimos años, tras este tipo de procesos judiciales a favor de la igualdad matrimonial en Taiwán subyace un activismo organizado y concienciado. En este sentido, un grupo de 30 parejas del mismo sexo solicitaron al registro en 2014 el reconocimiento legal de sus matrimonios y, sin éxito, varias de ellas acudieron a la vía judicial. Todas ellas con la misma respuesta infructuosa hasta el momento. La última de ellas, la formada por Liang Tzung-huei y Chu Pei-shuan, contaba con la particularidad de que ya están casadas oficialmente en el extranjero y buscan que el matrimonio sea homologado en su país natal.

Como informábamos el pasado mes de mayo, la Corte Constitucional de Taiwán consideraba que las disposiciones del Código Civil que impiden a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio no se ajustan a la legalidad y daba un plazo de dos años al Yuan Legislativo (el Parlamento taiwanés) para que apruebe su reforma. En caso contrario, las parejas del mismo sexo podrán automáticamente comenzar a registrar sus matrimonios. Entretanto, en medio del largo camino que queda por delante, el activismo organizado sigue visibilizando en los tribunales la discriminación vigente todavía.

Este miércoles se ha hecho público el fallo sobre el caso de Liang Tzung-huei y Chu Pei-shuan, una pareja de mujeres que contrajo matrimonio hace tres años en Canadá, que el Estado taiwanés seguirá sin reconocer a tenor de la resolución sobre la apelación que presentaron y que ahora ha sido denegada por un tribunal. Esta respuesta negativa de la justicia entronca con casos anteriores que han obtenido la misma respuesta.

Sirva de ejemplo la lucha del activista Qi Jia-wei (o Chi Chia-wei) y su novio, que llevan años peleando en los tribunales para ver reconocido su derecho a contraer matrimonio. Una batalla jurídica que parecía perdida después de que la Corte Administrativa de Taipéi desestimase su demanda en 2014, al considerar que la legislación vigente simplemente no lo permitía. O lo sucedido en septiembre de 2013, cuando 800 activistas celebraron con gran éxito un banquete nupcial frente a la sede presidencial para reclamar su derecho a casarse.

Tras las promesas nunca satisfechas de Nepal o de Vietnam, Taiwán (o la República de China, su nombre oficial) es el principal candidato a ser el primer país asiático que aprueba una ley de matrimonio igualitario. Por un lado, su sociedad es una de las más abiertas de Asia hacia la realidad LGTB: una encuesta llevada a cabo en 2014 mostraba ya entonces que el 68% de la población estaba a favor de que las parejas del mismo sexo pudieran casarse, cifra que ascendía al 71% en otra encuesta llevada a cabo un año después. Taipéi, de hecho, es considerada por muchos la ciudad más gay-friendly del continente asiático, celebra un Orgullo multitudinario y es un destino turístico LGTB en alza.

Asimismo, entre la clase política el matrimonio igualitario cuenta ya con un respaldo significativo. Tanto la capital y Kaohsiung, la segunda ciudad del país, cuentan con un registro de parejas del mismo sexo. Y en octubre de 2015, por primera vez, en las bodas masivas de Taipéi participaron 10 parejas del mismo sexo (cuya unión fue simbólica y sin validez legal), con el apoyo y la bendición de su alcalde, el independiente Ko Wen-je. Pero el hito político que marcó un antes y un después fue la elección, en enero de 2016, de una presidenta, Tsai Ing-wen, favorable al matrimonio igualitario. Su partido, el Partido Progresista Democrático (DPP) conseguía además la mayoría absoluta en el Yuan Legislativo. En octubre, de hecho, se anunciaba una iniciativa parlamentaria de modificación del Código Civil. Dos meses más tarde el proyecto superaba sus dos primeras lecturas.

El proceso de aprobación del matrimonio igualitario, estancado

Ninguno de los partidos representados en el Yuan Legislativo se ha comprometido oficialmente a que la medida sea finalmente aprobada. Una reticencia basada en las reservas de los diputados de los distritos más conservadores y en el temor a la reacción de los votantes cristianos, que suponen alrededor del 5% de la población de Taiwán pero cuyos sectores homófobos han empezado a movilizarse muy activamente. En noviembre de 2016, por ejemplo, tenía lugar una manifestación de diez mil personas en Taipéi convocadas por la Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia, para mostrar su protesta tras la aprobación en primera lectura. No demasiadas, comparadas con las 82.000 que participaron en el anterior Orgullo, pero suficientes como para generar un importante ruido mediático.

En marzo de este año, de hecho, nos hacíamos eco de la inquietud que cundía en el activismo LGTB taiwanés ante la actitud de precaución que parecía haber adoptado Tsai Ing-wen al respecto. La presidenta, tras reunirse tanto con partidarios como con opositores al matrimonio igualitario, reconocía las dificultades políticas a las que se enfrentaba el proyecto y afirmaba incluso que se abría un camino “largo y díficil”.

Fuente Dosmanzanas

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Tres homosexuales cameruneses han sido detenidos, tras caer en una trampa tendida por miembros del ejército. Tan solo han sido puestos en libertad tras la intervención de un abogado, aunque dos de ellos, al parecer, deberán someterse a un juicio militar. Estos dos últimos, durante su detención, fueron sometidos a exámenes anales y sus posesiones les fueron arrebatadas por sus interrogadores.

Según denuncia la página Erasing 76 crimes, el pasado 17 de diciembre fueron detenidos tres hombres en la localidad de Ebolowa, situada al sur de la capital, Yaoundé. Era de noche y los tres amigos, entre los que se contaba a un conocido líder de los derechos humanos de Camerún y un seminarista, se encontraban tomando copas en un local, cuando se les acercó otro joven vestido de civil. El desconocido intercambió guiños con uno de los tres, a quien poco después invitó a ir a un lugar más íntimo. Advertido por sus amigos de la peligrosidad de irse con un desconocido, finalmente decidió que todos ellos fueran a su propio domicilio.

Los cuatro subieron al coche de uno de los amigos para llegar a su destino, pero, una vez dentro, el desconocido se identificó como militar, y les ordenó que se dirigieran a un cuartel del SEMIL (la policía militar). Allí se les interrogó sobre prácticas homosexuales, tras informarles de que el soldado que les había detenido estaba en una misión especial, debida a los informes de actividad homosexual en Ebolowa.

Un influyente clérigo de la localidad fue informado de la detención del seminarista, e hizo gestiones para que fuese liberado. Así ocurrió casi de inmediato, mientras los otros dos amigos permanecían detenidos.

Los militares encargados de su interrogatorio llamaron a un médico, quien los sometió a la infame prueba del examen anal, algo considerado como una forma de tortura por las asociaciones de defensa de los derechos humanos. También investigaron sus teléfonos móviles, donde encontraron fotografías y conversaciones que estimaron como prueba de su homosexualidad. Antes de conducirles a su domicilio, ya de madrugada, registraron el resto de sus pertenencias y les arrebataron el dinero que encontraron.

Pero, al día siguiente, se presentaron de nuevo en su casa, y procedieron a detenerlos otra vez y conducirlos al cuartel del SEMIL. Allí les informaron que estaban acusados de intentar mantener relaciones homosexuales con un soldado, un delito que sería juzgado por un tribunal militar. Ambos permanecieron retenidos hasta que el grupo de defensa de los derechos humanos Unity, conocedor ya de la detención, contactó con abogado, que logró que fueran liberados bajo fianza, aunque el caso aún queda pendiente para ser juzgado.

Parece inconcebible que, entre las misiones del ejército de un país, se incluya la caza y captura de homosexuales, igual de inconcebible que la intervención de un tribunal militar. Sin embargo, nada parece extraño si se tiene en cuenta la situación de las personas LGTB en Camerún.

La dura realidad camerunesa para las personas LGTB

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la situación de las personas LGTB en Camerún, realmente complicada. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En febrero de 2012 informamos de la detención de al menos tres mujeres lesbianas. Poco antes, en enero de 2012, eran cuatro hombres los detenidos. En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a cinco años de cárcel acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las pruebas que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados hubieran estado bebiendo Baileys, un licor considerado típicamente femenino. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecía, abandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En abril de 2011 se detuvo a otros tres jóvenes acusados de homosexualidad. En marzo de 2011 un nuevo detenido fue condenado a 36 meses de cárcel, motivo por el cual Amnistía Internacional llevó a cabo una acción. En octubre de 2010 dos jóvenes sufrían una detención y un trato degradante por parte de la Policía. En mayo de 2010 dos detenidos fueron luego condenados a cinco meses de cárcel. En marzo de 2010 otra detención se mezcló con un intento de extorsión por parte de la Policía a un ciudadano australiano. En diciembre de 2009 un joven fue finalmente liberado tras permanecer varios días en prisión en condiciones miserables.

En julio de 2013, se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. También en 2013, fue sentenciado a nueve años de cárcel Cornelius Fonya, acusado de mantener relaciones con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Su abogado, Walter Atoh, ha debido huir del país tras ser amenazado de muerte, mientras se dilucida la apelación. Más recientemente, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

A finales de 2015, Joshua Mbarga, un activista LGTB, sufrió la invasión de su hogar por unos delincuentes que intentaron matarle tras robarle con total impunidad. Alertada por los vecinos, la Policía intervino hasta que los asaltantes decidieron acusar a Mbarga de pretender mantener relaciones sexuales con uno de ellos. En ese momento la víctima se convirtió en objeto de investigación. En octubre de este 2016, tuvo lugar una redada masiva en un local de ambiente LGTB de Yaoundé, con un fuerte dispositivo policial que detuvo a todos los clientes y trabajadores presentes en el local. En diciembre del mismo año, fueron detenidos otros doce hombres por posesión de lubricantes y preservativos, algo considerado por las autoridades como prueba de comportamiento homosexual.

Uno de los sucesos más terribles tuvo lugar en julio de 2013, cuando fue brutalmente torturado y asesinado en su domicilio el activista LGTB Eric Ohena Lembembe, conocido por su labor en apoyo a los enfermos de sida y por sus continuas denuncias de las leyes homófobas del gobierno de Camerún y su pasividad ante la violencia desatada contra la población LGTB.

Y estos son solo los casos que trascienden a los medios internacionales. Según Human Rights Watch, al menos 28 personas han sido detenidas por delitos relacionados con la homosexualidad en los últimos tres años.

Además de todos estos episodios de homofobia,  también nos hemos hecho eco de la serie de vídeos “Homosexuales en Camerún: gentes como tú y yo”, breves reportajes que recogen testimonios de personas LGTB perseguidas en el país africano.

En Camerún, como citábamos anteriormente, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de “flagrante delito”. Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la Policía ignora este requerimiento. Hace ahora cuatro años las autoridades políticas de Camerún rehusaron de hecho seguir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de despenalizar la homosexualidad y actuar contra la violencia homofóbica.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Una carta enviada por la Conferencia Episcopal Estadounidense justo antes de Navidad anima a los padres a rechazar la ideología de género, tilda a las personas trans de “problemáticas” y anima a los padres a rechazar la identidad de género de sus hijos. 

Recientemente, un grupo de 20 líderes religiosos norteamericanos de diversas confesiones ha publicado una declaración donde rechazan la “ideología de género” (expresión que el ámbito más conservador utiliza para denigrar tanto al feminismo como a buena parte de las reivindicaciones del colectivo LGTB, muy especialmente la lucha en favor de los derechos trans). Dicho pronunciamiento lleva por título Creados hombre y mujer. Carta abierta de líderes religiosos, y en él se declaran contra el principio de autodeterminación de genero. Con todo, una consideración más detenida muestra que su representatividad es limitada.

Y así, la Conferencia Episcopal de EE.UU. acompañada por representantes de otras confesiones, ha dejado claro que por mucho que sea Navidad, su homofobia les sale por los poros. Y acaba de animar a los padres a rechazar a sus hijos trans. Unos canallas. En una carta publicada estos días, los obispos católicos estadounidenses han señalado que las personas trans son “profundamente problemáticas” y que lo de cambiar de género es una “idea falsa“. Así animan a los padres de menores trans a negarse a aceptar a sus hijos y, por supuesto, a posicionarse radicalmente en contra de que transicionen.

Una vez más, líderes religiosos de cierto peso se hacen notar por su rechazo a reconocer la realidad trans. En esta ocasión, además, el pronunciamiento tiene un carácter ecuménico, al reunir a líderes de diferentes confesiones. Al expresar su rechazo,  los firmantes hacen ciertamente una salvedad al asegurar que “respetan” a quienes se sienten “insatisfechos” con el sexo que les fue asignado al nacer, pero niegan todo valor a esta experiencia, pues rechazan que se pueda cuestionar la noción de dos sexos fijados desde el nacimiento. Un  hecho, según ellos, marcado por la creación divina y que no puede ser contradicho por el hombre.

Hecha esta “aclaración”, el documento no duda en cargar duramente contra la manida y mentirosa idea a la que llaman “ideología de género”, acusándola de grandes males y cómo ésta ha sembrado la confusión en la sociedad: “Los niños son especialmente dañados cuando se les dice que pueden ‘cambiar’ su sexo o, más aún, que se les pueden dar hormonas que afectarán su desarrollo y hacerles estériles de adultos (…) La ideología de género daña a los individuos y sociedades al sembrar confusión y duda sobre sí mismo”, afirma. Pero va más allá, al culpar a esta “ideología” incluso de la discriminación que sufren las personas trans: “El movimiento actual, que quiere implementar la falsa idea de que un hombre puede convertirse en una mujer o viceversa, es profundamente perturbador. Obliga a la gente o a ir contra la razón  -es decir, aceptar algo que no es cierto- (…) o a enfrentar el ridículo, la marginación y otras formas de represalia”. “Los padres merecen una orientación mejor en estas importantes decisiones, y urgimos a las instituciones sanitarias a honrar el principio médico básico de no hacer daño.” dice la impresentable y antievangélica carta episcopal.

Siguiendo con la ideología de género,  después de justificar la transfobia, los obispos añaden que desean “salud y felicidad para todos los hombres, mujeres y niños” y por eso reclaman leyes que protejan “la verdad sobre la identidad sexual de las personas“., la carta asegura que “El propio estado tiene por lo tanto un gran interés en mantener las políticas que se basan en el hecho científico de la biología humana y de apoyar a las instituciones sociales y las normas que las rodean.” Por si esa frase te genera alguna duda, lo de “apoyar a las instituciones sociales” es, básicamente, un llamamiento a mantener los beneficios sociales y fiscales de la Iglesia. Y si no se protegen vendrán ellos a fomentar la discriminación que es lo que lleva al alto nivel de exclusión y suicidios de las personas trans para luego crear la falacia de que la culpable es la “ideología de género”.

“Creemos que Dios creó a cada persona hombre o mujer y, por lo tanto, la diferencia sexual no es un accidente o un error: es un regalo de Dios que nos ayuda a acercarnos los unos a los otros y a Dios. Lo que Dios ha creado es bueno.” Hay que remarcar, que esto lo están diciendo un grupo de señores que prometen celibato… y luego abusan de menores y se tapan entre ellos. Lo normal. “Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza. Dios nos creó según su imagen, Dios creó al hombre y a la mujer.”

Ya sabemos que a los obispos les encanta meterse donde no les llaman y, sobre todo, hablar sobre cosas que ni comprenden ni quieren comprender. Nadie le dice a los niños que pueden cambiar su sexo y por supuestísimo nadie les da hormonas como si fueran caramelos. Pero ¿desde cuándo a los obispos les ha importado decir la verdad?

Con esta carta los obispos católicos estadounidenses deciden mantenerse en sus posiciones tránsfobas y profundamente perjudiciales para los menores trans y sus familias.  Ellos que tanto dicen respetar las escrituras han decidido saltárselas a la torera (en la Biblia no hay ni una mención a las personas trans, por cierto) y predicar el rechazo y el odio hacia la diversidad sexual y de género.

El documento llama la atención también por sus firmantes. Son principalmente líderes de confesiones cristianas, aunque hay también algún representante musulmán. Entre ellos están obispos católicos marcadamente conservadores como Charles J. Caput, arzobispo de Filadelfia, así como Joseph C. Bambera, obispo de Scranton (Pensilvania), Joseph E. Kurtz (Louisville, Kentucky) y James D. Conley (Licoln, Nebraska). No están, sin embargo, obispos católicos que han mostrado actitudes muy diferentes, muy especialmente el cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, quien ha vuelto a destacar recientemente por su apoyo público al jesuita James Martin, autor de un libro donde invita a tender puentes entre la iglesia católica y la comunidad católica.

Entre los firmantes, como hemos señalado, hay también miembros de otras confesiones cristianas, entre ellos obispos anglicanos como Foley Beach o luteranos como John F. Bradosky. En estos últimos casos, sin embargo, se trata sobre todo de representantes de grupos desgajados de las iglesias principales. Beach es obispo de la Anglican Church in North America, una iglesia escindida de la Iglesia Episcopaliana, principal rama anglicana en Estados Unidos, mientras que Bradosky lo es de la North American Lutheran Church, escindida de la Iglesia Luterana Evangélica de América. En ambos casos, además, la separación se produjo justamente por la integración de la realidad LGTB en la teoría y práctica de sus iglesias de origen.

Este documento, pues, no es otra cosa que un ejemplo más de “ecumenismo conservador”, al que no debería darse más valor del que tiene: los representantes de las iglesias protestantes pertenecen a ramas minoritarias. Incluso dentro de la jerarquía católica tampoco las voces de los firmantes son ya las únicas que se oyen. Aún así es preocupante que el texto, en teoría una “carta” que solo representa a los firmantes, haya sido publicada en la página web de la Conferencia Episcopal estadounidense.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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La última imbecilidad de un obispo… con la que tienen ellos con los abusos sexuales en Australia, hasta con el Cardenal Pell imputado… Mejor calladitos.

El arzobispo de Sídney, Anthony Fisher, ha afirmado en su mensaje de Navidad que los creyentes católicos deben considerar el 2017 como un “annus horribilis” (año horrible), por la aprobación de matrimonio igualitario, la revelación de los abusos sexuales a menores en las escuelas católicas y la aprobación de una ley sobre el derecho a una muerte digna en el estado de Victoria. Ha equiparado, sin ambages, el respeto de los derechos civiles de los ciudadanos LGTB con el abuso pertinaz y continuado sobre niños por parte de miembros de la Iglesia católica.

Anthony Fisher, arzobispo católico de Sídney, ha aprovechado el tradicional mensaje de Navidad a sus feligreses para hacer un repaso de lo acontecido en el 2017, un año que estima lleno de desafíos para su confesión religiosa. Según sus palabras: “Para las personas de fe, se podría decir que ha sido un ‘annus horribilis’, ya que nuestra concepción cristiana del amor ha sido desafiada en los debates sobre el matrimonio y la eutanasia; la libertad religiosa de Australia se ha puesto en duda”.

El arzobispo se refería a la reciente aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, tras un amplio debate social que culminó en un referéndum no vinculante, que se saldó con una amplia mayoría favorable. También a la aprobación hace unos días de una ley sobre el derecho a una muerte digna en el estado de Victoria.

Solo después de criticar las nuevas leyes, el arzobispo también ha señalado como uno de los desafíos para la iglesia católica en el año 2017 la difusión del informe de la Comisión Real sobre el Abuso Infantil, que detallaba casi 4.500 casos de abuso sexual a menores por parte de más de 1.800 miembros del clero e instituciones católicos. Un informe que se cree tan solo la punta del iceberg de los casos ocurridos en los últimos 30 años. Fisher se ha referido a ellos como “los vergonzosos crímenes y encubrimientos en nuestra Iglesia descubiertos por la Comisión Real”.

En efecto, para el arzobispo de la ciudad más populosa de Australia, el derecho de una parte de sus conciudadanos a acceder en igualdad a las instituciones civiles es un problema del mismo rango que el abuso sexual de niños por parte del clero católico, persistente y encubierto durante décadas. Es el mensaje que ha querido ofrecer a sus feligreses como celebración de la Navidad.

El portavoz de Equality Campaign, Clint McGilvray, estima que la equiparación que hace el arzobispo entre el matrimonio igualitario y el abuso sexual a menores perpetrado por el clero católico, al ponerlos en el mismo contexto, es algo “completamente equivocado“. Según McGilvray, “lo primero celebra lo mejor de los valores australianos, lo mejor de quiénes somos y lo que somos. En cuanto a lo otro, pienso que lo que ha sucedido es algo terrible y que la Iglesia tiene que asumirlo. Como católico, sé que la mayoría de los católicos australianos votaron a favor [del matrimonio entre personas del mismo sexo], porque es lo que está en línea con los valores de nuestra fe”.

Hay que señalar que, en su día, el arzobispo Fisher negó que la mayoría de los australianos hubieran apoyado el matrimonio entre personas del mismo sexo, a pesar del resultado favorable de la consulta popular, pues sumaba a los opuestos al matrimonio igualitario a quienes decidieron abstenerse.

Fuente Dosmanzanas

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El Partido Popular lo ha vuelto a hacer, por tercera vez en solo unas pocas semanas: tras incumplir su compromiso de apoyar una ley estatal de igualdad LGTBI y de actualizar la ley de identidad de género en sentido despatologizador, en ambos casos en el Congreso de los Diputados, ahora es la prometida ley de igualdad y diversidad sexual de Castilla y León a la que los populares dan la espalda.

Hace ya un año que diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaron en las Cortes regionales su propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, promovida en Extremadura por el PP cuando gobernada aquella comunidad, y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad de todos los grupos presentes entonces en el Parlamento extremeño. Todo un guiño a los populares, con el objetivo de conseguir que estos se sumaran al consenso. Y así parecía que iba a ser: tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, habían expresado su voluntad de aprobar un ley de este tipo, al menos tras perder en 2015 la mayoría absoluta de la que disponían en el Parlamento regional. En febrero de este año, de hecho, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, anunciaba el compromiso del Gobierno regional de presentar un proyecto de ley.

De hecho, durante todo este tiempo se ha trabajado en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos LGTB castellano-leoneses, de hecho, hicieron concesiones “dolorosas” sobre la propuesta inicial, en palabras del presidente de la FECyLGTB+, Ignacio Paredero. Álvaro Escudero, de Valladolid Diversa, ha denunciado que además el PP había asumido como propias peticiones de grupos ultraconservadores, como habilitar baños específicos para personas trans en centros de enseñanza o eliminar contenidos sobre diversidad de género en los programas educativos. Inclusiones rechazadas por los colectivos, que a pesar de ello se mantenían esperanzados de que la tramitación del proyecto se iniciase en 2017, tal y como la Junta de Castilla y León se había comprometido.

Finalmente, los colectivos castellano-leoneses recibían la pasada semana la confirmación por parte de la Junta de que el proceso quedaba detenido. El argumento esgrimido por la Junta es que ya se ha iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI. La noticia coincidía, paradójicamente, con la aprobación en el Parlamento andaluz de una ley similar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

Los colectivos castellano-leoneses, muy decepcionados con la actitud del PP regional, han anunciado ya que cuentan con el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes de Castilla y León para que el texto pueda tramitarse por una nueva vía. Será de la mano de una proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León, recordemos, cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El texto que se presentará incluirá los puntos que ya se habían acordado con la Junta, aunque no las aportaciones sugeridas por grupos ultraconservadores. Los representantes de los colectivos, de hecho, estuvieron respaldados en rueda de prensa por los procuradores Álvaro Lora (PSOE), Laura Domínguez (Podemos), Belén Rosado (Ciudadanos) y José Sarrión (IU-Equo). El representante de la UPL no pudo asistir, pero también se ha sumado al compromiso.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Veremos qué sucede finalmente. En cualquier caso, lo sucedido es una nueva muestra del escaso valor de la palabra del PP, un partido que el pasado mes de junio se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Es cierto que aquel compromiso no incluía referencias explícitas a Castillay León, pero también lo es que los populares sí se había comprometido a nivel regional con los colectivos de esa comunidad con un texto similar al que ellos mismos promovieron en su momento en Extremadura.

Gracias a sus buenas palabras, Javier Maroto y Andrea Levy consiguieron estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride. No parece que merezcan repetir.

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El grupo de defensa de los derechos LGTB Iranian Lesbian & Transgender Network 6Rang ha publicado un informe en el que se detalla el discurso de odio hacia las personas LGTB difundido por las autoridades iraníes. Se recogen declaraciones, comentarios y diatribas del periodo comprendido entre el 2011 y el 2017, que se pueden resumir con el título elegido para el informe: “Es un gran honor violar los derechos de los homosexuales”, una afirmación del exdiputado del partido gubernamental Mehrdad Bazrpash.

Shadi Amin, coordinador de 6Rang, afirma que la finalidad del informe es destacar que “durante las últimas cuatro décadas, en Irán se ha promovido una cultura oficial de violencia e intolerancia contra la diversidad humana, sin resistencia alguna contra tal odio generalizado. Este informe nos muestra dónde están las raíces de la homofobia generalizada entre los iraníes, tan evidente en los medios de comunicación y en las redes sociales”.

Las 27 páginas del informe detallan declaraciones formuladas desde estamentos oficiales en las que se describe a los homosexuales como “inferiores a los animales”, “salvajes”, “infrahumanos”, “corruptos”, “enfermos”, “occidentales” o “sionistas”. Según los autores, serían tan solo una leve muestra de un discurso generalizado que promueve y justifica el odio, y hasta la violencia, contra las personas LGTB, desde instituciones educativas, judiciales y policiales, pero también en el ámbito familiar y en el conjunto de la sociedad.

Ese discurso de odio se ha promovido desde las más altas instancias. El expresidente y actual líder supremo Alí Jamenei, por ejemplo, afirmó públicamente que “si presuponemos que los deseos humanos legitiman el hamjensbazi (a los maricones), entonces alguien también podría tener el deseo de cometer incesto y no debería enfrentarse a ningún impedimento. En principio, todos los impedimentos tendrían que ser eliminados”. El diputado Ali Motahari, se preguntaba “¿por qué en Occidente se inclinan hacia el animalismo, y se promueven asuntos como la homosexualidad, que van contra la naturaleza humana?”.

Como emblema de ese discurso de odio se ha elegido para titular el informe una afirmación efectuada en 2012 por el diputado Mehrdad Bazrpash, miembro del partido del entonces presidente Mahmud Ahmadineyad: “Es un gran honor para la República Islámica violar los derechos de los homosexuales”. Recordemos que, durante su presidencia, Ahmadineyad declaró que no había homosexuales en Irán.

6Rang alienta a la comunidad internacional a que denuncie al gobierno iraní por esta campaña de odio, que vulnera los compromisos internacionales a los que está comprometido. También solicita a los medios de comunicación, responsables educativos y a los distintos grupos sociales que cesen en la estigmatización y discriminación de las minorías sexuales.

No hay que olvidar que el Código Penal iraní recoge fuertes castigos para las relaciones homosexuales, que oscilan entre contundentes castigos físicos hasta la pena de muerte.

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El Consejo Legislativo de Santa Elena aprobó este martes un proyecto de ley para abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Se trata de la décima dependencia británica que reconoce este derecho, y la primera que lo hace después de que la Asamblea de Bermudas diera marcha atrás y anulara la medida pocos meses después de entrar en vigor. Santa Elena era la única parte del territorio de ultramar que también comprende a Ascensión y Tristán de Acuña en la que el matrimonio era aún excluyente.

La andadura de la igualdad matrimonial en la isla atlántica de Santa Elena comenzó en abril de 2016. El Gobierno de este territorio británico anunciaba entonces una consulta pública sobre el asunto, que se extendió durante un mes y reveló una mayoría de 79 respuestas favorables frente a 66 en contra. El Consejo Ejecutivo decidió, por tanto, enviar la propuesta al Consejo Legislativo para su tramitación parlamentaria. Pero el proyecto de ley fracasó en su primer intento y fue retirado en diciembre del año pasado.

En enero de este año, una pareja de hombres solicitó una licencia de matrimonio en Santa Elena. El funcionario del registro civil remitió la petición a la Justicia después de que se presentaran alegaciones contra la misma tras su exposición pública. La audiencia del caso en el Tribunal Supremo estaba prevista para enero de 2018.

El pasado septiembre, el Consejo Legislativo se reunió para decidir si retomaba el asunto o lo dejaba en manos de la Justicia. Los diputados resolvieron lanzar una nueva consulta pública, cuyos resultados volvieron a ser favorables. El Gobierno remitió entonces el proyecto de ley de matrimonio igualitario al Parlamento, que lo aprobó este martes por una contundente mayoría de 9 votos a favor y 2 en contra. Ahora solo resta el trámite de la sanción real para que entre en vigor.

El matrimonio igualitario en el Reino Unido

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto.

Con Santa Elena ya son 9 los territorios de ultramar británicos que han concedido los mismos derechos a las parejas del mismo sexo. Los restantes son las Islas Pitcairn, el Territorio Antártico Británico, la base de Acrotiri y Dekhelia, Gibraltar, el Territorio Británico del Océano Índico, la isla Ascensión y Tristán de Acuña. Estos dos últimos, de hecho, conforman con la isla de Santa Elena el territorio de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña. El matrimonio igualitario en Bermudas, vigente durante varios meses por decisión judicial, será reemplazado por una ley de uniones civiles por decisión de su Asamblea de Representantes.

En cuanto a las dependencias de la Corona, Guernsey y la isla de Man cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Alderney, una dependencia a su vez del bailinazgo de Guernsey, el matrimonio igualitario es posible desde el pasado 13 de diciembre. La dependencia restante, Jersey, ha iniciado la tramitación de un proyecto de ley al respecto.

En el propio Reino Unido en sí, existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales y Escocia. Sin embargo, los conservadores protestantes de Irlanda del Norte siguen impidiendo su aprobación, utilizando torticeramente para ello el protocolo para ocasiones especiales acordado en los procesos de paz.

Fuente Dosmanzanas

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Diez hombres han sido condenados a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta “fiesta gay” en Yakarta, la capital. La noticia supone un paso más en la escalada de LGTBfobia de estado que vive aquel país. Las detenciones se produjeron en Yakarta, la capital, donde las relaciones homosexuales no son formalmente delito. No ha hecho falta: el tribunal ha considerado probado que los condenados violaron la ley contra la pornografía.

Los diez condenados formaban parte de los 141 detenidos el pasado mayo en el curso de una redada que tuvo lugar en una sauna de la capital indonesia, donde supuestamente se celebraba una “fiesta gay”. El pasado jueves, un tribunal los encontró culpables de violar la ley contra la pornografía, aprobada en 2008, y que no solo prohíbe cualquier representación de relaciones sexuales sino también la “acción pornográfica”, un término legal que incluye desde demostraciones de afecto en presencia de terceras personas o la desnudez (aunque sea parcial).

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (En Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos. El pasado mayo, por ejemplo, dos jóvenes fueron fustigados públicamente con 83 latigazos, una barbarie que causó estupor entre los defensores humanos en todo el mundo. La conmoción causada hizo que las autoridades de Aceh se estén planteando ejecutar estas sentencias sin público presente.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo, que ha desembocado ahora en la condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y hace solo dos meses tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres.

Hace pocos días aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco ha durado el respiro, por desgracia.

Fuente Dosmanzanas

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La Administración del presidente Donald Trump ha ordenado a los investigadores y personal de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés) que no utilicen determinadas palabras y términos en sus informes e investigaciones. No podrán utilizar las palabras “transgénero”, “diversidad”, “vulnerable”, “feto”, “derecho”, ni las expresiones “basado en las pruebas” y “basado en los datos científicos”. Se teme que lo que persiga la Administración sea la desaparición de las investigaciones y recursos sanitarios para las personas LGTB y otras minorías, así como llevar hasta los organismos encargados de la Salud Pública sus sesgos ideológicos respecto a los derechos de las mujeres y las minorías.

En una reunión de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que tuvo lugar el pasado jueves 14 en Atlanta, el personal fue instruido de que una serie de términos y palabras quedaban vetados en los informes oficiales del organismo. Las instrucciones, que llegaron desde el Departamento de Servicios Financieros de la agencia, se referían a la utilización de las palabras transgender (transgénero*), diversity (diversidad), vulnerable, fetus (feto) y entitlement (derechos). Todas ellas quedaban prohibidas, así como los términos evidence-based (basado en las pruebas o evidencias) y science-based(basado en los datos científicos).

Los CDC forman parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, actúan a nivel federal y su función es el desarrollo y la aplicación de la prevención y control de las enfermedades y salud ambiental, así como la realización de actividades de educación y promoción de la salud. Conforman una de las agencias más importantes del Sistema de Salud de los Estados Unidos, y sus recomendaciones son además una importantísima referencia a nivel internacional.

A los investigadores y resto de personal de los CDC no se les han ofrecido términos alternativos para la mayoría de los ahora prohibidos, excepto para las expresiones “basado en las pruebas o evidencias” y “basado en los datos científicos”. A partir de ahora, deberá afirmarse que “los CDC basan sus recomendaciones en los datos científicos, así como en la consideración de los estándares y deseos de la comunidad”.

La noticia, como no puede ser menos, ha sido recibida con estupor por parte de la comunidad científica. Los investigadores y educadores sanitarios tienen claro que la intención de la Administración es mediatizar la investigación científica y el acceso a los medios sanitarios con sesgos ideológicos. Para las personas transexuales supone su invisibilización, tanto en lo que respecta a la investigación como al acceso a tratamientos y programas de uso específico para su comunidad. También el resto de la población LGTB se ve afectada, pues no podrá hacerse mención de sus necesidades como colectivo diverso y vulnerable. Por poner un ejemplo, no podrá mencionarse ningún programa de prevención del VIH y otras ETS dirigido a gais, lesbianas, bisexuales y transexuales.

La repercusión que puede tener esta medida es grande, dado que esos informes deben acompañar a los presupuestos en materia de salud que presentan ante el Congreso para su aprobación. Se estima que los presupuestos sanitarios para el 2019 estarán en manos del presidente Trump a principios del próximo mes de febrero, y que ya deberían estar adaptados a los nuevos vetos.

El doctor Dr. Loren Schechter, miembro de la Asociación Profesional Mundial para la Salud de las Personas Transgénero declaraba que “no estoy seguro de cuál es la razón fundamental para hacer esto, aparte de intentar borrar del mapa a ciertos tipos de personas”, en referencia a la prohibición de las palabras “transgénero” y “diversidad”. Ciertamente, la invisibilización de las personas transgénero, su expulsión de los ámbitos donde el Gobierno tiene responsabilidades, parece una obsesión del presidente. No hay que olvidar la orden, firmada por Trump, que prohíbe a las personas transexuales servir en el Ejército, repetidamente paralizada por decisiones judiciales.

Desde Planned Parenthood, una organización de apoyo a la planificación familiar, afirmaban que “está más claro que nunca: esta Administración ha dado de lado la salud de las mujeres, las personas LGTBQ y la Ciencia desde el primer día”.

*En referencia a transgender, conviene precisar que en inglés este término es de uso más extendido que transgénero en castellano, y se utiliza además en numerosas situaciones en las que en castellano se usa el adjetivo transexual.

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Doug Jones celebra su victoria y detrás su hijo gay Carson

Como publicábamos hace unos días, el candidato demócrata, Doug Jones, se impone al republicano, Roy Moore, como gobernador de Alabama en una campaña que ha girado en torno a los derechos del colectivo LGBT, en la que ha sido crucial la intervención de un padre cuya hija se suicidó tras ser víctima de la misma discriminación que hace gala Moore, mientras que el hijo de Jones, abiertamente homosexual, no ha querido intervenir confiando en la habilidad de su padre.

A pesar que el estado de Alabama está ubicado entre otros marcadamente homofóbicos, como Georgia, Tennessee y Misisipi, el colectivo LGBT celebra la victoria del candidato demócrata para gobernador, Doug Jones, que vence este miércoles, 13 de diciembre, al republicano Roy Moore, quien en su campaña había defendido que la homosexualidad debería ser considerada una enfermedad. Mientras Jones se muestra orgulloso de su hijo, Carson Jones, abiertamente homosexual, muchos aplauden la intervención en campaña de William Nathan Mathis, cuya hija se suicida tras ser víctima de la misma discriminación que proclama Moore.

«Estoy realmente abrumado (…). Al final del día, toda esta carrera ha sido sobre dignidad y respeto. Esta campaña ha sido sobre el estado de derecho. Esta campaña ha sido sobre educación y decencia», declara Jones al ganar por un porcentaje muy ajustado pero que permite la elección de un demócrata después de 25 años. La gran ventaja de Moore se reduce en el momento en que varias mujeres le acusan de agresión sexual cuando tenía alrededor de 30 años, antes de convertirse en juez del Tribunal Supremo de Justicia de Alabama. Según el candidato estas acusaciones proceden de «liberales, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y socialistas», a los que culpa de liderar una «conspiración» para destrozar su carrera política.

https://www.youtube.com/watch?v=cYIz9VeuNX4

Durante su campaña, Moore llega a pedir al Congreso que impugne a la juez federal responsable del bloqueo al veto a las personas transexuales en las Fuerzas Armadas de Donald Trump, así como a los miembros del Tribunal Supremo a hacer lo mismo con el juez que había firmado la sentencia que permite la legalización del matrimonio igualitario en los Estados Unidos, llegando a afirmar que «las personas transexuales no tienen derechos». De hecho, Moore habría sido destituido en dos ocasiones como presidente del Tribunal Supremo de Alabama tras desafiar sentencias del Tribunal Federal que entraban en conflicto con sus creencias religiosas, siendo el fundador de un grupo radical como Fundación para el Derecho Moral, que se opone recientemente a que Kristin Goodwon dirija la Academia de la USAF.

«El pueblo de Alabama eligió a Doug Jones, un aliado con un historial de lucha frontal contra el odio», declara Ben Needham, director del Proyecto Uno América de Human Rights Campaign, mientras que Masen David, director ejecutivo de Freedom for All Americans añade que «las personas LGBT de todo el país estarán felices celebrando los resultados de las elecciones de hoy en Alabama, donde Roy Moore, una de las fuerzas más fervientemente anti-LGBT del país, ha sido derrotado. Moore demostró un abrumador desprecio por las personas LGBT y la incapacidad de tratarnos con el respeto y dignidad básicas. Los resultados de las elecciones de esta noche demuestran que la discriminación no gana las carreras políticas».

Pro, con toda seguridad, quien más orgulloso está de la victoria de Jones es su propio hijo, Carson Jones, abiertamente homosexual. «Obviamente estoy emocionado con la victoria de mi padre. Nos ha abrumado el apoyo de tanta gente que ha hecho posible que esto sucediera. Alabama ha hecho una gran declaración de que la unidad gana. ¡No podría estar más orgulloso de él ni de mi estado natal!», afirma Carson, que no ha querido pronunciarse antes al considerar que su padre es lo suficientemente hábil para para silenciar a quienes se manifiestan contra sus posturas liberales en cuestiones como el aborto y los derechos de los homosexuales, «una necesidad en uno de los estados más conservadores del sur».

Como abogado, Jones encabezó en 1963 la persecución de los miembros del Ku Klux Klan responsables del atentado con bombas en la iglesia de Birmingham y la clínica abortista de Eric Rudolph. En la página web del candidato demócrata queda clara su postura al afirmar que cree «que todos somos creados iguales ante los ojos del Señor y la ley. Si bien hemos progresado en derechos civiles como nación, no podemos ser complacientes con las continuas amenazas a la igualdad y la justicia. La masacre de la iglesia de Charleston motivada por motivos raciales y Charlottesville son claros recordatorios de esa continua amenaza. Creo que los Estados Unidos de América son una tierra de leyes, justicia, libertad, igualdad y oportunidad».

Pero quien sí se ha manifestado en campaña, favoreciendo la oposición a Moore, ha sido William Nathan Mathis, quien explicaba cómo su nieta de había suicidado con sólo 23 años de edad, tras ser víctima de discriminación como la que defiende el candidato republicano. «El juez Roy Moore la llamó una pervertida por una razón: porque era homosexual», declara Mathis, que es lo que el candidato pensaría de los hijos de sus votantes que fueran igualmente gays o lesbianas, indicando que es algo que la gente debe saber porque, siendo candidato se supone que debe defender que todas las personas tienen los mismos derechos, haciendo referencia por error a la Constitución, dado que tal derecho se defiende en la Declaración de Independencia. Mathis llega a afirmar que no considera responsable a Moore del suicidio de su nieta, revelando que él mismo era contrario a las personas homosexuales, siendo una persona religiosa, lo que le llevó a decirle cosas horribles, que ahora lamenta. Si bien no puede rectificar con respecto a su nieta, afirma que los ciudadanos de Alabama, «no necesitamos una persona así que nos represente en Washington».

Fuente Universogay

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Un ciudadano británico, Peter Finlay, denuncia haber sido víctima de discriminación por parte de Turkish Airlines, al exigirle un certificado médico para embarcar porque es portador de VIH, una enfermedad que la compañía considera infecciosa. 

La publicidad de Turkish Airlines te anima a ir más allá, aunque se les ha pasado por alto avisar de que no se refieren a las personas que sean portadoras de VIH, tal y como puede acreditar Peter Finlay, de 38 años de edad, que denuncia haber sido víctima de discriminación por parte de Turkish Airlines por ser portador de VIH cuando el 5 de noviembre le deniegan el permiso para embarcar y le exigen un certificado médico para poder subir al avión, el denominado fit to fly.

«La forma en que me trataron fue como si hubiera sido pisoteado. Me preguntaron si tenía una carta de un médico que confirmaba que era apto para volar y no representaba ningún riesgo para otros pasajeros, que no era contagioso. Dije que no, no debería necesitar una carta. No represento ningún riesgo para ningún otro pasajero», declara Finley, a quien no le permitieron facturar su equipaje al preguntarle si lleva algún tipo de medicamento, a la que contesta afirmativamente, refiriéndose a su medicación para el VIH.

El fit to fly es un certificado médico que se exige para volar a aquellas personas que hayan tenido un enfermedad reciente, hayan estado hospitalizadas o hayan sido intervenidas quirúrgicamente. Asimismo es indispensable si tienes alguna condición que pueda considerarse inestable, como estar en avanzado estado de gestación, por ejemplo, o si necesitas algún tipo de cuidado terapéutico durante el vuelo. Una persona en tratamiento por VIH necesitaría un fit to fly, aunque sí un certificado que justifique el tipo de medicación que lleva, pero no de cara a embarcar, sino para pasar la aduana del país al que entra. En cualquier caso, a pesar de que Finlay consigue su fit to fly al día siguiente, Turkish Airlines se niega igualmente a permitirle embarcar en otro vuelo ni a devolverle su dinero alegando inicialmente que había sido él quien había llegado tarde para embarcar, lo que posteriormente rectificarían.

Después de cuatro semanas tratando de que le reembolsaran el importe del vuelo perdido, el pasado viernes, 8 de diciembre, la aerolínea le confirma que puede recuperar su dinero de manera excepcional, al seguir considerando que la responsabilidad de la pérdida del vuelo y del incidente es enteramente suya. «Nadie debería tener que hacer esto para volar con una aerolínea. ¿Qué es lo siguiente? ¿La gente necesita una carta para subirse al autobús?», se pregunta Finley, explicando que, a pesar de todo, tiene la suerte de tener amigos y familiares muy solidarios que nunca antes le habían hecho sentir el estigma de ser portador de VIH. Asimismo, nunca antes había tenido ningún conflicto para volar por ser serpositivo, ni le habían pedido el fit to fly. «Fue una reacción brusca de Turkish Airlines basada en la ignorancia; su personal realmente afirmó que el VIH es infeccioso (…). Ya no me importa el reembolso, me preocupa que esto no debería haber sucedido nunca y que no se vuelva a repetir», asegura Finley.

«Se requiere que todo pasajero que necesite embarcar con medicamentos muestre un certificado médico que indique que el medicamento debe tomarse durante el vuelo. Estos procedimientos están en línea con las condiciones de transporte de Turkish Airlines que establecen, con la excepción de aquellos con diabetes, que todos los pasajeros que necesiten usar medicamentos durante el vuelo deben llevar sus recetas con ellos. Si un pasajero no tiene la documentación médica requerida y tiene un billete no reembolsable, no se le permitirá volar y no tendrá derecho al reembolso. En este caso, como gesto de buena voluntad, Turkish Airlines le ha ofrecido al pasajero un reembolso completo. Recomendamos que todos los pasajeros que necesiten tomar medicamentos en nuestros vuelos lean la sección de ‘asistencia especial para pasajeros’ de nuestra página web y se aseguren de que lleguen al aeropuerto con tiempo suficiente para permitir que se completen los controles necesarios», declara un portavoz de la compañía.

Fuente Universogay

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Aunque en los últimos meses Indonesia se está convirtiendo en un foco preocupante de LGTBfobia, el Tribunal Constitucional del país acaba de rechazar una proposición para castigar con hasta cinco años de cárcel el sexo gay y el sexo prematriomnial.

El Tribunal Constitucional de Indonesia rechazó este jueves criminalizar las relaciones sexuales entre personas no casadas, incluyendo por tanto las que tuvieran lugar entre personas del mismo sexo. Por una ajustada mayoría de cinco votos a favor frente a cuatro en contra, los jueces del alto tribunal decidieron no admitir una petición de reforma del Código Penal que habría castigado con penas de hasta cinco años de prisión el sexo fuera del matrimonio. La decisión supone un respiro provisional en una región donde la LGTBfobia social y de Estado está alcanzando cotas muy preocupantes.

Alivio momentáneo de la comunidad LGTB en Indonesia. El Tribunal Constitucional de este país del sudeste asiático ha fallado en contra de una petición para declarar delictivas las relaciones sexuales fuera del matrimonio. La demanda la presentó la Family Love Alliance/Alianza por el Amor Familiar (AILA) en marzo de 2016, un grupo islamista de extrema derecha y antiLGTBI al que se sumaron unos cuantos académicos ultra conservadores. En su momento la líder de la AILA, Rita Hendrawaty, dijo que la intención del grupo no era criminalizar a las personas LGTBI sino “tener normas mucho más claras.” “No pretendemos criminalizar a aquellos que tienen orientaciones sexuales desviadas“, explicó Hendrawaty en agosto de 2016, “Ésa no es la cuestión. Pueden ser libres de vivir pero no de mostrar su estilo de vida“. Hamid Chalid, un experto en legalidad constitucional que se sumó a la petición, dijo que su intención era meter en vereda al país porque se estaba volviendo demasiado liberal: “Nuestro país ha legalizado el fornicio, la violación masculina y los actos homosexuales. Hemos permitido que nuestra constitución se vuelva demasiado liberal. ¿Es eso lo que queremos?”

La demanda ha sido rechazada, tras una votación muy ajustada, por el voto contrario de cinco jueces, frente a cuatro que votaron a favor, en la que se ha considerado que para poder implementar esa petición habría que introducir nuevas leyes en el código penal, algo que sería responsabilidad del gobierno. “Solo porque se considere que una ley está incompleta o ya no está en línea con las normas de la sociedad no implica que esa ley sea contradictoria con nuestra Constitución”, dice el veredicto, que añade que “cualquier limitación a los derechos de las personas ha de ser decidida a través del proceso legislativo del Parlmento. Las peticiones presentadas ante este tribunal están pensadas para proteger a alguien frente a la limitación de sus derechos.” De haber sido aceptada, las relaciones entre personas del mismo sexo o entre personas de distinto sexo fuera del matrimonio habrían conllevado una pena de hasta cinco años de prisión.

Los magistrados no han declarado inconstitucional la prohibición del sexo extramarital, sino que consideran que esta decisión la tiene que tomar, en su caso, el poder legislativo. El fallo contrario a la criminalización ha sido posible también gracias a la reciente encarcelación por corrupción de uno de los jueces del alto tribunal, Patrialis Akbar, por corrupción. Mientras que Akbar apoyaba con entusiasmo la petición, su sustituto ha votado en contra.

Las organizaciones pro derechos humanos se han felicitado por la sentencia, aunque recordando lo ajustado del resultado y la necesidad de seguir luchando contra la ola LGTBfoba que sacude la región. “Es muy importante evitar que nuestro poder judicial lo saboteen unos fundamentalistas y unos corruptos”, declaraba Rocky Intan, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Yakarta. Los demandantes de la Family Love Association, por el contrario, aseguraron que continuarán por la vía legislativa su batalla por la penalización.

Entre lo que dice el veredicto y lo ajustado de la votación cierto es que el colectivo LGTB+ de Indonesia no está como para tirar cohetes, pero han celebrado el resultado y han asegurado que se trata de un gran paso en el reconocimiento de la igualdad y el respeto a la diversidad.

#BREAKING: #Indonesia‘s constitutional court rejects petition that sought to criminalize adult consensual same-sex conduct and sex outside of marriage. Glimmer of good news for all Indonesians, in particular besieged #LGBT community. @hrw backgrounder here https://t.co/nKWFQe9haV

— Kyle Knight (@knightktm) 14 de diciembre de 2017

Indonesia, un infierno para la comunidad LGTB

En febrero de 2016 publicábamos un artículo que recogía cómo la oleada de virulenta homofobia y transfobia se abre paso a un ritmo preocupante en Indonesia. Publicábamos entonces que políticos y líderes religiosos se turnan con declaraciones incendiarias que estigmatizan cada vez más a la población LGTB. Desde entonces, por desgracia, no hemos parado de recoger casos de detenciones, abusos y crueles castigos físicos.

Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción son las provincias autónomas de Aceh (situada en la zona norte de Sumatra) y Sumatra Meridional, aunque en este caso la prohibición rige solo para los musulmanes.

En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años.

Fuera de Aceh también se ha registrado un incremento de la represión. También en mayo de este año, la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital. No obstante, el portavoz de la policía de Yakarta, Raden Argo Yuwono, aseveraba que los detenidos podrían ser acusados bajo las duras leyes contra la pornografía vigentes en el país. Unas semanas antes, ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia. Son solo algunos ejemplos de la penosa situación de los ciudadanos LGTB en el país.

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Ampliamos la noticia que publicábamos el pasado 7 de septiembre:

El nuevo presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, ha admitido en una entrevista concedida a la cadena de televisión Al Jazeera que cree que la homosexualidad acabará descriminalizándose en este país africano, de la misma forma que ha ocurrido y seguirá ocurriendo “en otras partes del mundo”. Akufo-Addo se ha referido a las legislaciones LGTBfóbicas que se mantuvieron vigentes en países como el Reino Unido (en el que vivió una parte de su infancia) y cómo la presión social y el activismo logró darle la vuelta hasta que se acabó reconociendo los derechos del colectivo. Por ello argumenta que, para abordar este debate, la opinión pública debe mostrar más signos de tolerancia. Aunque se trate una tibia declaración de intenciones, la postura de Nana Akufo-Addo es de las más inclusivas entre la clase política del país. Varios líderes de la oposición y medios de comunicación ghaneses contestan al presidente que la homosexualidad es “repugnante” y “antinatural”.

A corto plazo no parece que vaya a producirse ningún cambio sustancial para la comunidad LGTB de Ghana. Sin embargo, el presidente, Nana Akufo-Addo, asegura que la legalización de la homosexualidad en este país es una cuestión de tiempo. En este sentido, Akufo-Addo anima al activismo ghanés a trabajar para lograr una mayor aceptación social, que sirva como base para acometer cambios legislativos. En este momento, “no veo que en Ghana haya una fuerte corriente de opinión que diga que esto es algo a lo que tenemos que, incluso, enfrentarnos”, dice el presidente ghanés en su entrevista para Al Jazzera. Nana Akufo-Addo accedió al cargo en enero de este año. En su primer discurso dijo que esperaba que los ghaneses sean “ciudadanos, no espectadores; ciudadanos, no sujetos; ciudadanos responsables”.

Las declaraciones del presidente sobre la futura descriminalización de la homosexualidad, a pesar de que no constituyen ningún compromiso político, han despertado una ola de fuertes críticas por parte de la oposición e incluso de medios de comunicación locales como que las relaciones entre personas del mismo sexo son algo “repugnante” y “antinatural”.

Hassan Ayariga, presidente del All People’s Congress (APC), asevera que “esta aceptación camuflada por parte de nuestro Gobierno del comportamiento antinatural ahora ha amenazado con destruir nuestra sociedad. Los efectos comienzan a manifestarse y no podemos sentarnos y permitir que suceda”. El líder del APC ha calificado a los hombres homosexuales como “jinetes de salchichas”, al tiempo que anunciaba que “recordaremos al presidente que su aclamado activismo por los derechos humanos no se extiende a los derechos humanos anormales”, por lo que “no nos sentaremos y permitiremos que nuestra sociedad sea reducida por bandidos que quieren desafiar la sabiduría de Dios”.

En cambio, desde el colectivo LGTB de Ghana se empiezan a alzar voces de moderada esperanza. El activista africano Edwin Sesange considera que “este es uno de los presidentes más respetados en África. Fue muy valiente por su parte hacer comentarios tan prometedores, dada la retórica antigay en el país y en el continente en general”. En opinión de Sesange, “a pesar de que no apoya totalmente la despenalización de la homosexualidad, su mensaje de optimismo y trabajo duro debe tomarse en serio”. Razón por la que “lo felicito por eso. Necesitamos más personas como él”.

La difícil situación del colectivo LGTB en Ghana

En Ghana las relaciones homosexuales masculinas son ilegales y pueden conllevar penas de cárcel, aunque en las ciudades más grandes –como Accra o Kumasi– pueda hablarse incluso un tímido y discreto “ambiente”. El clima de opresión se extiende, en cualquier caso, a las élites políticas. En septiembre de 2015, sin ir más lejos, el candidato a la presidencia George Boateng proponía fusilar a “corruptos, gais y lesbianas”. También el año pasado nos hacíamos eco de varios  ataques y amenazas homófobas que atemorizaron a la población LGTB de Ghana como el intento de linchamiento de un chico gay o los incidentes lesbófobos, entre otros ataques recientes (uno de ellos un intento de linchamiento de dos alumnos dentro de un centro educativo por parte de sus propios compañeros). Mientras, el clérigo musulmán de Ghana Mallam Abass Mahmud afirmaba que “El sexo gay provoca terremotos porque disgusta a Alá”.

En noviembre de 2013, el propio Ministerio de Educación decretaba la persecución de los alumnos percibidos como gais o lesbianas a raíz de la denuncia de una alumna que aseguraba sentirse presionada por sus compañeras para “practicar el lesbianismo”. En abril de ese año, dos colegios expulsaban a 53 alumnos por ser supuestamente homosexuales. Anteriormente, en julio de 2011, el ministro para la región occidental del país ordenó el arresto de todas las personas homosexuales en su jurisdicción, poco después de que una pareja de hombres fuera desterrada de su localidad por celebrar una ceremonia privada de boda. Un año antes, cientos de personas participaban en una manifestación homófoba cuyo organizador recurrió al argumento de la supuesta “homosexualización” de los jóvenes ghaneses a manos de los extranjeros.

FuenteDosmanzanas/Cristianos Gays

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El conocido LGTBfobo Roy Moore ha perdido las elecciones al Senado de los Estados Unidos por Alabama. Su contrincante, el demócrata Doug Jones, ha conseguido una ajustada victoria en uno de los estados más conservadores del país. Moore (a quien podemos ver en la imagen acudiendo a votar montado a caballo) ha abogado por la penalización de la homosexualidad, la prohibición de ejercer cargos públicos para los ciudadanos de religión musulmana y se ha referido a los tiempos de la esclavitud como la última vez que los Estados Unidos fueron grandes. También ha sido acusado de haber abusado de mujeres cuando aún eran menores de edad. A pesar de todo ello, ha recibido el apoyo incondicional de los grupos evangélicos y del presidente Donald Trump. Su derrota es la derrota del fundamentalismo religioso más reaccionario y de la más abyecta hipocresía.

El pasado 12 de diciembre se celebró en Alabama una elección extraordinaria de su representante en el Senado de los Estados Unidos. Se trataba de elegir al sucesor del exsenador Jeff Session, que ocupaba el cargo desde 1997, tras su dimisión el pasado mes de febrero al ser designado por Donald Trump como fiscal general del Estado.

En un principio, Luther Strange, fiscal general de Alabama, fue designado senador provisional hasta la elección, siendo el candidato preferido por el Partido Republicano y por el propio presidente Donald Trump. Sin embargo, Roy Moore, antiguo presidente de la Corte Suprema de Alabama, consiguió arrebatarle la candidatura por un ajustado margen.

La campaña de Moore se basó en lo que él denominaba la defensa “valores familiares”contra un “ellos” difuso que trataban de mermarlos. En uno de sus discursos, describió a esos “ellos” contra quienes luchaba: “Cuando digo ‘ellos’, ¿quiénes son? Son los liberales. Los que no tienen valores conservadores. Son las lesbianas, gais, bisexuales y transexuales que quieren cambiar nuestra cultura. Son los socialistas que quieren cambiar nuestra forma de vida y poner al hombre por encima de Dios y que el Gobierno sea nuestro Dios. Son los miembros de la clase dirigente de Washington, que quieren mantener todo igual para no perder su posición, su poder, su prestigio”.

La escalada de fanatismo de su discurso fue incrementándose a lo largo del proceso electoral. Llegó a afirmar que la última vez que los Estados Unidos fueron una gran nación ocurrió durante la época de la esclavitud, también declaró que los estadounidenses de filiación religiosa musulmana no deberían poder acceder a cargos públicos. Si el racismo y la intolerancia no fueran suficientes, salieron a la luz denuncias de varias mujeres, que afirmaron que habían sido acosadas por Moore cuando aún eran menores de edad —alguna de ella contaba tan solo catorce años— y el candidato republicano ya andaba por la treintena.

Nada de esto hizo mella en sus partidarios, sobre todo entre la comunidad evangelista, que le siguió ofreciendo todo su apoyo y le defendió denodadamente. Según sus líderes religiosos, “el juez Moore tiene un historial probado de lucha por políticas públicas basadas en valores bíblicos y no en la perversión, y por eso que es un objetivo. Se mantiene fiel a las líneas de combate contra el enemigo interior. Se ha convertido en un baluarte para combatir a aquellos que buscan victimizar a niños y adultos a través de leyes de baño transgénero, adoctrinamiento LGBT en las escuelas, y mucho más”. Tampoco preocupó al presidente Donald Trump, que le apoyó hasta el último momentocon su habitual estilo deslenguado.

En quienes sí que pareció hacer efecto el exceso de fanatismo fue entre las minorías raciales y sexuales, que se movilizaron para votar a favor del candidato demócrata. Finalmente, Doug Jones consiguió el 49,9 % de los votos, frente al 48,4 % obtenido por Roy Moore. Un resultado que desmentía casi todas las encuestas, que daban al candidato republicano por seguro vencedor.

El mapa de votos por condado ofrecía otro dato: el voto urbano se volcaba mayoritariamente por Jones, mientras que el voto rural era incondicional de Moore.

La elección de Doug Jones deja a los representantes del Partido Demócrata con 47 escaños en el Senado, frente a los 51 del Partido Republicano y 2 independientes. Esa exigua mayoría hacía especialmente relevante esta elección, pues en cuestiones como inmigración o derechos civiles, algunos de los senadores republicanos de los estados menos conservadores podrían vetar leyes y dictámenes presidenciales, uno de los mayores temores de Donald Trump.

Doug Jones es conocido por su labor como fiscal general del distrito norte de Alabama, durante el mandato presidencial de Bill Clinton.

Su caso más conocido fue la reactivación del procedimiento contra dos miembros del Ku Klux Klan, que atentaron con dinamita contra una iglesia baptista de feligresía negra en 1963, causando la muerte de cuatro niñas y decenas de heridos. El empeño del entonces fiscal Jones consiguió la condena a cadena perpetua para los asesinos.

Roy Moore: una larga historia de fanatismo LGTBfobo

Los ciudados de Alabama pertenecientes a minorías sexuales, raciales o religiosas se han librado de que les representara en el Senado uno de los políticos más fanáticos e intolerantes de la actualidad estadounidense. De su beligerancia contra los derechos LGTB habla su propio historial.

Roy Moore fue suspendido por segunda vez como presidente de la Corte Suprema de Alabama en septiembre de 2016, y en esta ocasión lo fue a perpetuidad. El magistrado fue hallado culpable de seis cargos de violación de los cánones de ética judicial, todos ellos relacionados con su oposición al matrimonio igualitario. Moore emitió una orden administrativa en enero de 2016, en la que ordenaba a los jueces de familia del estado que cesasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. El mandato se emitía seis meses después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarase que la prohibición del matrimonio igualitario era inconstitucional, y derogase, por tanto, todas las leyes estatales que la contemplaban.

Lo mismo había hecho anteriormente, cuando la juez federal Callie V. S. Granade dictaminó en enero de 2015 que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama violaba la Constitución de los Estados Unidos. Moore ordenó a los jueces de familia que no acatasen el fallo de la juez federal y les prohibió que facilitasen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por contravenir la Constitución de Alabama, creando un auténtico galimatías legal que produjo indefensión tanto en las parejas del mismo sexo como en los propios funcionarios del estado.

Tal muestra de auténtica insumisión judicial le acarreó la separación definitiva del cargo, si bien no era la primera vez que se enfrentaba a una sanción semejante. Ya en 2003 fue cesado de su cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche. Y es que Moore es conocido no solo por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB, sino también por su fundamentalismo cristiano. En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

Moore ha apoyado a quienes proponen que se apruebe en los Estados Unidos una legislación semejante a la rusa contra la llamada “propaganda homosexual”. Aún más allá, en 2015 declaraba ante las cámaras que “la homosexualidad debía ser castigada”, recordando que la Biblia condena la sodomía con la pena de muerte.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que han calificado las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alabama, Callie V. S. Granade, Corte Suprema de Alabama, Discriminación, Donald Trump, Doug Jones, Estados Unidos, Homofobia, Jeff Session, Luther Strange, Matrimonio, Robert J. Bentley, Roy Moore, Tribunal Supremo (Estados Unidos)

La oficina del Registro Civil de Botsuana anunció el pasado martes que facilitará un nuevo documento de identidad a un hombre trans en el que quede consignado el género con el que este se identifica. La decisión llega más de dos meses después de la sentencia del Alto Tribunal del país que ordenaba el cambio de “femenino” a “masculino” en la mención del sexo del demandante. La Administración ha revertido su decisión inicial de recurrir el fallo judicial. Se trata de la primera vez que se reconoce este derecho en el país africano y puede sentar un precedente para otros casos similares.

Buenas noticias desde Botsuana, uno de los pocos países africanos que tímidamente da algunos pasos hacia el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía LGTB. El Registro Civil ha informado de que procederá a la modificación del género legal de un hombre trans que acudió a la Justicia para que le reconociera este derecho. La decisión administrativa, que se hará efectiva antes del próximo día 18 de diciembre, pone fin a un proceso que se ha alargado durante diez años.

N.D., el demandante del que solo se conocen sus iniciales, reclamó ante los tribunales el reconocimiento administrativo de su género. Tras una larga batalla legal, el Alto Tribunal de Botsuana le dio la razón el 29 de septiembre de este año. El juez Nthomiwa dictó entonces que “el reconocimiento de la identidad de género del demandante está en el centro de su derecho fundamental a la dignidad”. “La identidad de género”, proseguía la sentencia, “constituye el núcleo del propio sentido del ser y es una parte integral de la identidad de una persona”. Por tanto, “el reconocimiento legal de la identidad de género del demandante es parte del derecho a la dignidad y a la libertad de expresarse de la forma con la que se encuentre cómodo”.

La sentencia del Alto Tribunal no tuvo una traslación inmediata a la práctica, porque el representante del Registro Civil anunció que la recurriría ante la Corte de Apelaciones. El mandato quedó por tanto en el aire hasta que, el pasado martes, la Administración se desdijo y aseguró que no presentaría ningún recurso y que facilitaría a N.D. sus nuevos documentos antes del próximo 18 de diciembre. “Nunca fue tan dulce un final”, ha declarado el demandante, que espera que el fallo ayude a otros en su situación “a vivir su vida con dignidad”.

Es el caso de la activista trans Ricki Kgositau, que también recurrió a la Justicia en agosto para que le reconozca su identidad de género. La sentencia favorable a N.D. podría ser un precedente favorable en la resolución de su caso, cuya vista en el Alto Tribunal se celebrará el próximo martes 12 de diciembre. Así lo espera el Southern Africa Litigation Centre, una ONG pro derechos humanos que ha prestado asistencia jurídica a ambos.

Un código penal heredado de la época colonial

El código penal de Botsuana, heredado como otros muchos de la época colonial británica, castiga el “conocimiento carnal contra natura” con un máximo de siete años de prisión. En este país africano limítrofe con Namibia, Sudáfrica y Zimbabue y considerado uno de los más desarrollados y democráticos de la región, la homosexualidad sigue teniendo sin embargo una consideración social negativa y suele ser rechazada como “antiafricana”.

Por otra parte, las altísimas tasas de prevalencia del VIH, que alcanzan casi a uno de cada cuatro adultos en el país, han impulsado tímidas iniciativas para impedir su propagación entre los hombres que tienen sexo con hombres. Por ejemplo, en 2011 se presentó una propuesta ante la Asamblea Nacional para proveer de condones a los presos en las cárceles de hombres. Una iniciativa que, sin embargo, se topó con el rechazo frontal del vicepresidente de la cámara Pono Moatlhodi, que llegó a afirmar que si de él dependiera, “haría matar” a los homosexuales.

En sentido contrario, el expresidente Festus Mogae criticó la estigmatización de las personas LGTB que según él impedía luchar eficazmente contra la pandemia. Mogae afirmó haber instruido a la policía para no actuar contra gais y lesbianas, pero justificó el mantenimiento del código penal homófobo en la opinión mayoritaria de la población, contraria a la despenalización. El activista Youngman, por su parte, ya llevó esta provisión ante la justicia en 2011, sin que de momento haya tenido éxito en su empeño.

El año pasado se conseguía una pequeña victoria con el fallo a favor del reconocimiento legal de la asociación de defensa de los derechos LGTB LEGABIBO. El registro ya había sido convalidado por el Alto Tribunal en noviembre de 2014, pero el Gobierno botsuano recurrió entonces la sentencia. La Corte de Apelaciones dio la razón a LEGABIBO y estimó que promover los derechos humanos y defender la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad no es ilegal, y que ser homosexual tampoco lo es.

Fuente Dosmanzanas

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Tras la aprobación del matrimonio igualitario por parte del Parlamento de Australia, algunos han recordado que en el año 2015 hubo una pareja que comunicó su intención de divorciarse si esto ocurría, debido a sus creencias religiosas. Y parecían estar desaparecidos, por lo que hasta un abogado, gay, por cierto, se ofreció a asesorarles.. Sin embargo, preguntados al respecto, parece que aquella convicción con la que hablaron en su momento no ha superado el enfrentamiento con la realidad. No, no se van a divorciar.

Nick y Sarah Jensen son un matrimonio australiano de profundas convicciones religiosas que, hace un par de años, se comprometieron públicamente a divorciarse si se aprobaba el matrimonio igualitario en su país. Argüían que “el matrimonio de cualquier pareja es importante para Dios, independientemente de si esa pareja reconoce la participación o la autoridad de Dios en él”, y que el hecho de que las parejas del mismo sexo pudieran acceder a esa institución civil, haría que su propio enlace tuviera “un sentido y un propósito completamente diferentes”.

Todo ello lo explicaron en una carta dirigida a la revista Canberra City News, en unos momentos en que se habían difundido encuestas que reflejaban el apoyo creciente a los derechos de las parejas LGTB por parte de la población australiana. Nick Jensen, abogado de profesión, se sintió obligado a comunicar a la opinión pública su decisión de proceder a divorciarse en el caso de que el matrimonio igualitario terminase siendo aprobado. Si bien añadía posteriormente que “después de nuestro divorcio continuaremos viviendo juntos, esperemos que por otros 50 años más. Y, si Dios quiere, vamos a tener más hijos. También continuaremos refiriéndonos entre nosotros como ‘esposo’ y ‘esposa’ y nos consideraremos casados por la Iglesia y ante Dios”.

Una vez que las parejas del mismo sexo australianas gozan de igualdad de derechos, por decisión del Parlamento de su país, algunos medios se han interesado por el futuro del matrimonio Jensen, y por saber si su ferviente propósito de hace dos años seguía aún en pie. Pues bien, en unas declaraciones al Daily Mail Australia, Nick Jensen se ha echado para atrás en su decisión, aunque, eso sí, con profusas excusas. Así se explicaba:

Mis declaraciones públicas anteriores con respecto al divorcio civil nunca tuvieron que ver con la separación de mi esposa, sino más bien con nuestro matrimonio respecto al Estado. La legislación actual hace insostenible hacerlo legalmente. Nuestro propósito era, y sigue siendo, resaltar que una redefinición del matrimonio cambia el acuerdo bajo el cual estábamos originalmente casados. No haremos más comentarios.

Efectivamente, la normativa australiana sobre el divorcio es bastante restrictiva, ya que establece que las parejas que deciden concluir su vínculo matrimonial tiene que vivir separadas durante un año antes de poder solicitarlo, y además deben asegurar ante el tribunal de familia que no lo harán en el futuro. Es decir, la única manera de que los Jensen puedan divorciarse es que mientan ante un tribunal. Pero es de extrañar que un abogado como Jensen no conociese hace dos años esa normativa, tanto como que unas convicciones religiosas tan fuertes se diluyan con tanta falicidad porque las leyes terrenales sean un tanto complicadas.

Fuente Dosmanzanas

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La Asamblea de Representantes de Bermudas ha aprobado un proyecto de ley que crea la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo, y revierte la posibilidad, abierta por decisión judicial, de que se incluyan en la institución del matrimonio. La medida ha sido aprobada por 24 votos a favor y 10 en contra. Esta regresión de los derechos de las parejas LGTB es la respuesta de un Gobierno y sociedad profundamente conservadores a la inequívoca resolución de la Corte Suprema, que estableció con rotundidad que la prohibición del matrimonio igualitario vulneraba la legislación sobre derechos humanos.

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era peculiar. En mayo de este 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían demandado por su derecho a casarse. La jueza consideró que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. Por ello, consideró que los demandantes tenían derecho a contraer matrimonio y declaró que la ley matrimonial debía interpretarse como aplicable a las parejas del mismo sexo. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hicera referencia a “dos personas” en lugar de a “hombre y mujer”.

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que, meses antes, rechazaba en referéndum la posibilidad de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. La decisión del poder legislativo ha sido, en cambio, el subterfugio de la creación de uniones civiles para las parejas del mismo sexo (como mal menor ante sus votantes), con derechos semejantes al del matrimonio, pero como una institución diferenciada. Esta nueva figura legal no tendrá efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo realizados desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la actualidad seguirán vigentes.

El diputado del Partido Laborista Progresista Lawrence Scott afirmó durante la deliberación en la Asamblea que “la comunidad LGBTQ obtiene los beneficios que ha estado pidiendo, mientras se mantiene la definición tradicional de matrimonio”, tras lo que explicaba que “hasta ahora, podían tener el nombre de matrimonio, pero sin los beneficios. Después de la aprobación del proyecto de ley, obtendrán los beneficios, pero no el nombre de matrimonio. Los beneficios son lo que realmente quieren”. Desde la oposición, el resumen es muy distinto. La diputada de One Bermuda Alliance Patricia Gordon-Pamplin ha considerado que “hemos dado algo a una comunidad tan solo para arrebatárselo”, a lo que añadía “no me parece que esté bien que tratemos a nuestros hermanos y hermanas de manera diferente en algo que es similar”.

Del conservadurismo de la sociedad bermudeña da fe que no despenalizó la homosexualidad hasta 1994, y que, por ejemplo, la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales masculinas sigue siendo dos años superior que para las relaciones heterosexuales o lésbicas (18 años frente a 16). Aunque ello no ha evitado que se produzcan avances significativos. En 2013, por ejemplo, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe discriminar por razones de orientación sexual (a finales de 2012 nos hicimos eco de la misma). Y a principios de 2015 la Corte Suprema de Bermudas falló a favor de la adopción homoparental, lo que permite a las parejas del mismo sexo adoptar en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo. Ignoramos si la aprobación de la ley de uniones civiles y la reversión del derecho al matrimonio tendrán una respuesta judicial.

El matrimonio igualitario en el Reino Unido

La composición política del Reino Unido es algo complicada, lo que hace que la extensión del matrimonio igualitario se encuentre con dificultades especiales en comparación con otros países.

En el Reino Unido estrictamente hablando, las legislaciones sobre el matrimonio igualitario están vigentes en Inglaterra, Gales y Escocia, quedando tan solo Irlanda del Norte como el único reducto que se resiste a la igualdad en el acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo.

En cuanto a las tres dependencias británicas, la Isla de Man aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en abril de este 2017, el Bailinazgo de Guernsey lo hizo en el mes de septiembre, y en el Bailinazgo de Jersey se espera una votación final al respecto, que podría tener lugar el próximo 30 de enero de 2018. Hay que señalar que el Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, sus propias dependencias, Alderney y Sark, donde no se aplicó el derecho al matrimonio igualitario. Sin embargo, Alderney aprobó el pasado mes de octubre una resolución favorable, que está a la espera de la convalidación por la jefatura del Estado.

De los catorce territorios británicos de ultramar, el matrimonio entre personas del mismo sexo está permitido en Gibraltar, las Islas Pitcairn, el Territorio Antártico Británico, el Territorio Británico del Océano Índico, las Islas Malvinas, la base de Acrotiri y Dekhelia. En el territorio formado por Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña, solo es legal en las dos últimas. No está permitido en Anguila, las Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Montserrat, las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, las Islas Caimán y las Islas Turcas y Caicos. En las Islas Caimán, sin embargo, sí se reconocen los matrimonios de parejas del mismo sexo contraídos en otras circunscripciones.

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