Japón se encuentra entre los países con mayor índice de desarrollo humano del mundo y, sin embargo, es aquel (entre dicho grupo) que cuenta con menos legislación en materia de protección y reconocimiento de derechos LGTB. De hecho, ante la falta de políticas nacionales japonesas en este sentido, son las administraciones locales las que están dando pequeños pasos. Por ejemplo, con la aprobación de leyes de uniones de hecho para parejas del mismo sexo. Estas uniones no solapan el objetivo del activismo de luchar por el matrimonio igualitario, pero son un primer paso ante la inexistencia de cualquier otro reconocimiento hasta su aprobación. Fukuoka se acaba de convertir en la segunda gran ciudad de Japón en aplicar una ley de uniones de hecho, después de que el año pasado lo hiciera Sapporo.  

Las parejas del mismo sexo de Fukuoka (una ciudad de un millón y medio de habitantes al norte de la isla japonesa de Kyushu) ya pueden registrar sus uniones de hecho ante la administración. Fue el pasado mes de febrero cuando se aprobó la nueva legislación local, pero el inició de su aplicación se estableció para el presente mes de abril. En septiembre de 2017 el alcalde de Fukuaka, Soichiro Takashima, se mostraba partidario de seguir los pasos Sapporo (la primera gran ciudad de Japón en aprobar una ley de uniones de hecho). “Consideraré la introducción de un marco de apoyo para las minorías sexuales que incluya las uniones de hecho, con la intención de crear una sociedad más inclusiva que reconozca la diversidad”, declaraba Takashima.

Aunque estas uniones no son equivalentes a la figura del matrimonio plenamente igualitario (que sigue siendo objeto de reivindicación por parte del activismo LGTB japonés) reconocen derechos relativos a la vivienda, la posibilidad de beneficiarse de los seguros de la pareja o permitir las visitas hospitalarias, entre otras cuestiones.

El alcalde Takashima entregó el primer certificado de uniones de hecho a la pareja de formada por Miho Yamashita, de 27 años, y Anri Ishizaki, de 33. Ishizaki, que es activista trans y LGTB en Fukuoka Rainbow Educational Networks, aseguraba a los medios de comunicación tras el enlace que “ya hemos pasado nuestras vidas juntas como familia, pero estamos contentas porque sentimos que recibimos felicitaciones de la sociedad”.

En el siguiente vídeo se recogen algunos momentos de la unión de hecho entre esta primera pareja LGTB:

Los primeros antecedentes en Japón

La ciudad de Iga (que ronda los 95.000 habitantes, en la prefactura de Mie) se convertía en diciembre de 2015 en el cuarto municipio japonés en abrir a las parejas del mismo sexo la posibilidad de unirse civilmente. Aunque en Japón, como decíamos, tampoco se ha aprobado todavía el matrimonio igualitario, varias ciudades han tomado la delantera, aprobando la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho.

La primera administración japonesa que anunció la apertura de uniones civiles entre parejas de gais y lesbianas fue la de Shibuya (un distrito especial de Tokio). Por su parte, Setagaya (como Shibuya, otro de los 23 distritos que conforman la municipalidad metropolitana de Tokio) secundaba poco después la iniciativa y se convertía en el segundo territorio japonés en ponerla en marcha.

Asimismo, en la ciudad de Takarazuka, en la prefectura de Hyogo, se iniciaba el pasado mes de junio la expedición de certificados de asociación a las parejas homosexuales. A diferencia de lo que ocurre en Shibuya, los registros de parejas de hecho en Takarazuka y Setagaya no exigen a las empresas privadas que reconozcan a las parejas homosexuales.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el Ministerio de Trabajo de Japón incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual.

Aunque ningún país asiático ha aprobado por el momento el matrimonio igualitario, la situación del colectivo es diametralmente opuesta en los distintos países del continente. Japón y Taiwán furon pioneros en experimentar avances locales en el reconocimiento de las parejas del mismo sexo (aunque Taiwán está tomando la delantera, a pesar del escoyo de los grupos religiosos). Sin embargo, en algunos como Malasia, Brunéi o la India, , entre otros, las personas LGTB son víctimas de la homofobia de estado y la intransigencia social. Por el contrario, además de Taiwán y Japón, otros países como Vietnam van posicionándose en líneas más aperturistas e igualitarias (si bien no al ritmo que cabría desear).

Fuente Dosmanzanas

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El conductor ha sido suspendido durante 30 días por decisión de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) de Argentina.

Por Lucas Gutiérrez

“Encima de discapacitado, puto”, le dijo el chofer del interno 3004 de la línea 168, de la empresa Expreso San Isidro a Emanuel, un joven discapacitado que salía de la Fiesta Plop. “Yo a vos no te llevo a ningún lado”, agregó. Los pasajeros lo apoyaron y se plantaron al colectivero, quien cerró las puertas de la unidad impidiendo la salida de los pasajeros por más de 40 minutos hasta que intervino la policía.

Al salir de la Fiesta Plop, una conocida fiesta gay de Buenos Aires, a Emanuel Moyano no lo quisieron dejar subir al colectivo. “Encima de discapacitado, puto”, le dijo el chofer del interno 3004 de la línea 168, de la empresa Expreso San Isidro.

Cuando estaba por bajarse, los pasajeros lo apoyaron y se plantaron al colectivero. Acto seguido, el chofer cerró las puertas de la unidad impidiendo la salida por más de 40 minutos hasta que intervino la Policía: si no se bajaba Emanuel, no arrancaría. Según dijo a Presentes, ayer a la tarde presentó la denuncia en la Defensoría de la Ciudad. Desde la empresa San Isidro no quisieron hablar con este medio.

Emanuel, de 26 años, explicó que eran pasadas las 3 de la madrugada cuando subieron al colectivo, en la parada de Alvarez Thomas y Lacroze, en el barrio de Colegiales. Antes de ellos, subió una pareja heterosexual, pidió dos boletos y pagó utilizando una misma tarjeta SUBE. Cuando Emanuel pidió dos pasajes para él y su amigo con una misma SUBE, el chofer se negó. ¿Por qué no tenía la propia? Ante la pregunta, Emanuel le dijo que se había olvidado su carnet del certificado único de discapacidad (CUD) para poder viajar.

“Yo a vos no te llevo a ningún lado, andá a buscar otra SUBE o un carnet de mentira, si no tenés ni debes tener nada, mentiroso de mierda“, siguió diciendo el chofer en la parada frente a las inmediaciones de la conocida Fiesta Plop. “Discapacitado y encima puto. Vos no tenés nada, sino no estarías entrando acá enfrente”, repetía el conductor.

“¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso es tener poca información, un discapacitado no está solamente postrado. ¡Yo tengo derecho a salir! Sino me voy a morir, no por la enfermedad sino por depresión”, dijo a Presentes Emanuel.

“Estoy más discapacitado por la sociedad que por la enfermedad”

“La ley de discapacidad por la cual me dieron el carnet dice que yo no tengo por qué decirle a nadie qué enfermedad tengo”, explica Emanuel. El joven comenta que si bien su enfermedad, una enfermedad mixta del tejido conectivo, es de conocimiento público ya que es un caso que tuvo difusión en los medios por tratarse de una extraña y compleja situación, “estoy más discapacitado no por la enfermedad sino por la sociedad que me está matando. No estoy incluido en nada. Ni siquiera tengo la posibilidad de tener un buen trabajo”.

Al no bajarse Emanuel, el chofer de la línea 168 decidió cerrar las puertas no dejando bajar a nadie y quedándose estacionado. En su descargo en redes sociales, el joven cuenta que durante esos más de 40 minutos el conductor mantuvo encerrada incluso a una joven claustrofóbica. Esto también está narrado junto a los videos que acompañan el texto en Facebook.

Solidaridad

“Entre los pasajeros me regalaron siete tarjetas SUBE. Incluso una chica usando internet puso una a mi nombre”. Pero el chofer no accedía. “Por ser gay me quería bajar”, explica Emanuel. Hasta que no intervinieron varios policías la unidad no retomó su recorrido habitual.

Emanuel dice que al principio se iba a bajar del colectivo. “Le decía a mi amigo que nos bajemos, que la gente tiene que ir a trabajar”, pero la gente no quería que se bajara. “Al otro día de este hecho tuve ataques de epilepsia”, relata con una tonada que comparte su origen cordobés. “Sé que cualquier cosa me puede afectar, yo ya no quiero volver a estar en terapia intensiva”, explica Emanuel, quien tiene EMTC (enfermedad mixta del tejido conectivo), una enfermedad rara autoinmune que se manifiesta como tres enfermedades distintas: lupus, esclerodermia y polimiositis.

Agencia Presentes se comunicó con la empresa Expreso San Isidro, responsable de la línea de transportes 168. Desde la oficina de personal, un empleado que se negó a identificarse correctamente, informó que no hablarían con este medio.

¿Qué se hace en estos casos?

María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, explicó a Presentes que van a asesorar y acompañar a Emanuel respecto a las denuncias que puede hacer ante la justicia -civil y penal- y ante organismos como el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

“Vamos a abrir un expediente desde el cual vamos a citar a la empresa y al chofer. También vamos a pedir la intervención de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a quien le propondremos algunas líneas de trabajo para que estos hechos no se repitan ni en esta ni en ninguna otra línea de colectivos de corta ni larga distancia”, explica Rachid.

Visibilizar para que no se repita

Emanuel dice que dudó antes de visibilizar esta situación. “Al principio pensé que si yo hacía algo podía perjudicar a una familia, porque él seguro tiene una. Pero tantas veces me repitió ‘así como bajo a tantos acá (en la zona de la Fiesta Plop) ¿te pensás que no te voy a bajar a vos?’. Entonces si yo no hago algo esta situación va a seguir repitiéndose”, contó el joven.

Mientras en Argentina las cifras nos alertan del aumento de agresiones al colectivo LGBT+, Emanuel cuenta con testigos y ya está encaminado a realizar las denuncias pertinentes ante la justicia. “No me gustaría que esto le pase a otra persona”.

El conductor ha sido suspendido durante 30 días por decisión de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) de Argentina. Así lo ha dado a conocer el organismo a través de un comunicado, en el que explica que la sanción contra el conductor denunciado, Leonado Benítez, se tomó “por desconsideración a los pasajeros”. Del mismo modo, también han abierto una investigación sobre este caso de discriminación.

“Ante los hechos ocurridos el sábado pasado en el interno 3004 de la línea 168 y que son de público conocimiento, la CNRT suspendió de oficio la licencia profesional al conductor involucrado en los hechos. En este sentido, la normativa aplicada es la Resolución CNRT 28 de 2016 – Inciso I, considerando la conducta del conductor un acto de ofensa al pasajero”, afirma el comunicado, y amplía: “A partir de este momento, comienza una investigación que comprende evaluación psicofísica para determinar si el conductor se encuentra en condiciones de realizar su oficio de manera responsable. De acuerdo a los resultados que arroje dicha investigación, la sanción puede extenderse y agravarse, en caso de comprobarse los hechos citados”.

El episodio fue denunciado por la víctima, Emanuel Moyano, quien narró en su cuenta de Facebook los hechos ocurridos durante la madrugada del sábado pasado, cuando salía de un local de ambiente gay conocido como la Plop junto con un amigo.

Fuente Agencia Presentes/Agencias, vía SentidoG y Cáscara Amarga

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Las organizaciones LGTB de Uganda tienen la esperanza de poder celebrar este año 2018 actos para conmemorar el Orgullo, tras dos años consecutivos en los que dicha celebración ha sido reprimida por las autoridades. Si lo consiguen, sería la primera celebración del Orgullo en dicho país desde el año 2015.

En 2016 el evento fue brutalmente reprimido. Dotaciones de policía irrumpieron en un local donde tenía lugar una de las celebraciones, agredieron a los asistentes y detuvo a varios activistas. Un joven sufrió heridas graves al intentar escapar. Frank Mugisha, director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, fue detenido junto con otros activistas. El Orgullo 2017 tampoco pudo llevarse a cabo: las amenazas por parte de Simon Lokodo, ministro de Ética e Integridad, obligó a sus organizadores a cancelarlo. Lokodo amenazó a los participantes con detenciones masivas e incluso agresiones físicas. De hecho, no ha sido este el único evento LGTB cuya celebración ha sido impedida o reprimida en los últimos años. También lo han sido, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine Queer de Kampala 2017 y un evento de sensibilización sobre el VIH que había de tener lugar el pasado febrero.

No obstante, Isaac Mugisha -coordinador de Pride Uganda- tiene una visión optimista respecto al Orgullo de este año. “La situación ahora es muy diferente a la de los años anteriores. Por aquel entonces, solo contábamos con unos pocos activistas LGBT. Ahora nos encontramos con cientos de personas que quieren celebrar el Orgullo”, ha declarado. Mugisha afirma que el objetivo prioritario es construir puentes con aliados entre la población heterosexual, continuar el diálogo con los cuerpos policiales para evitar redadas durante las celebraciones de este año e incluso buscar apoyo institucional. Según Mugisha, el ministro Lokodo está cada vez más aislado en su discurso LGTBIfóbico.

Sí parece que el colectivo LGTB de Uganda cuenta ahora con aliados entre el resto de la población. De hecho, diversos locales de la capital del país, Kampala, han manifestado su intención de facilitar la organización del Orgullo de este 2018. Según Mugisha, el objetivo es conseguir más de estos aliados. Los activistas ugandeses llevan tiempo tratando de facilitar el entendimiento hacia la comunidad LGBT por parte del resto de la población e instituciones, entre ellas la policía y la judicatura.

No obstante, a pesar de los esfuerzos para sensibilizar a las instituciones del Estado, aún persiste mucha discriminación y represión hacia las personas LGTB en Uganda. Actualmente, los actos sexuales entre personas del mismo sexo son castigados con penas de cárcel, que pueden llegar incluso a la cadena perpetua. No obstante, los autores del “delito” deben ser sorprendidos en el acto, aunque desde el activismo se ha venido denunciando la práctica de los exámenes anales por parte de la policía ugandesa para establecer la “culpabilidad” de un acusado de homosexualidad.

La “ley anti-homosexualidad” de 2014: un punto de inflexión

Un importante punto de inflexión para el colectivo LGTB ugandés fue, irónicamente, la aprobación de la “ley anti-homosexualidad” a finales de 2013, posteriormente anulada por la Corte Constitucional. Dicha ley, cuyo borrador inicial incluía la pena de muerte, ampliaba las actividades sujetas a persecución y prohibía también la denominada “promoción de la homosexualidad”, lo que hacía virtualmente imposible la existencia de organizaciones que defendiesen los derechos de las personas homosexuales. La ley castigaba incluso a aquellos que conociendo la existencia de una relación homosexual no la denunciasen a las autoridades.

Según afirma Mugisha, la aprobación de dicha ley trajo cambios positivos: “fue el momento en que la población ugandesa se dio cuenta de que las personas LGBT existían. Hasta entonces, creían que era algo occidental, pero el gobierno aprobaba una ley sobre personas que, según el propio gobierno, no existían”.

Dicha ley fue anulada al cabo de pocos meses por la Corte Constitucional de Uganda por un defecto de forma, pero la consciencia ya había despertado entre el colectivo LGTB del país. Según Mugisha, esta ley “hizo que mucha gente abriera su mente respecto al tema. Muchas personas LGBT salieron del armario, bares de ambiente se abrían en Kampala. La gente se volvió valiente. Algunos abogados nos defendían, la comunidad internacional enfureció”. Algo había cambiado en la sociedad ugandesa, y las personas LGTB no querían echarse atrás.

Objetivo: Orgullo 2018

Los activistas LGTB ugandeses buscan ahora plantar cara a la ley de orden público de 2013, que es la que se ha utilizado en ocasiones anteriores para reprimir las marchas del Orgullo, pero también a la ley que prohíbe de facto la libertad de expresión y asociación del colectivo LGTB, a través de la disolución forzosa de todas las organizaciones que luchen por los derechos del colectivo.

Mugisha cree que el apoyo de la comunidad internacional es imprescindible, pero también apunta a que el cambio debe venir de los propios ugandeses. La presión exterior, aunque necesaria, debe ser moderada e ir acompañada de cambios internos, para evitar causar más daño a las personas LGTB que se encuentran en el país.

El objetivo de los valientes activistas LGTB ugandeses no es simplemente poder celebrar una fiesta. Quieren que la celebración del Orgullo sea un auténtico revulsivo que sirva para cambiar la situación a largo plazo, mejorando las vidas de las personas no heterosexuales y de las personas trans en Uganda.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014. La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario. Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación.

En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna, el año pasado el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables”, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas

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Aunque la administración de Donald Trump no ceja en su empeño de excluir a cualquier coste a las personas transexuales del Ejército estadounidense, las decisiones de los tribunales están impidiendo que pueda llevarlo a cabo. Aun así, la presidencia ha emitido un nuevo memorándum auspiciado por el Departamento de Defensa, que amenaza con convertir en orden ejecutiva en cuanto se despeje la vía judicial, en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. Si bien por el momento, según comunicaba la portavoz del Pentágono, Dana White, los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales, la espada de Damocles de la exclusión sigue cerniéndose sobre sus cabezas.

El pasado 23 de marzo, la Casa Blanca anunciaba la emisión de un memorándum dirigido al secretario de Defensa, James Mattis, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. El memorándum ratificaba un informe firmado por el propio Mattis, en el que se estipulaban las nuevas condiciones para que las personas transexuales puedan alistarse o permanecer en las filas del ejército estadounidense. El documento, que consta de 48 páginas, detalla la propia recomendación del secretario de Defensa y las conclusiones de un supuesto «comité de expertos» que se habría establecido para que estudiase el efecto de la inclusión de personas transexuales en las fuerzas armadas.

Según numerosas fuentes, el informe fue diseñado especialmente a instancias de vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB), que habría contado con la colaboración de Ryan T. Anderson, perteneciente a la organización LGTBfoba Heritage Foundation, y Tony Perkins, presidente de la no menos intolerante Family Research Council (ambas organizaciones se apresuraron a felicitarse por la publicación del memorándum en cuanto se hizo público). Según dichas fuentes, James Mattis habría abogado por la integración de las personas transexuales en el ejército, pero el propio vicepresidente Pence le habría «invalidado» y obligado a firmar el documento. Las conclusiones firmadas por el secretario y respaldadas por el presidente Trump se resumen en los siguientes puntos:

• Las personas transgénero con un historial o diagnóstico de disforia de género quedarán excluidas del servicio militar, excepto bajo las siguientes estrictas circunstancias: (1) si se han mantenido estables en su sexo biológico durante 36 meses consecutivos previos a su acceso; (2) los miembros en diagnosticados con disforia de género después de su entrada en servicio pueden permanecer si no requieren un cambio de género y cumplen con el resto de los requisitos para su permanencia; y (3) los miembros actualmente en servicio que han sido diagnosticados con disforia de género previamente a que la normativa de la administración tome efectos, podrán continuar en servicio con su género deseado y recibir el tratamiento necesario para su disforia de género.
• Las personas transgénero que requieran o hayan pasado por una transición de género quedarán excluidas del servicio militar.
• Las personas transgénero sin un historial o diagnóstico de disforia de género, que hayan sido cualificadas para el servicio, pueden servir, como el resto de los miembros, identificados por su sexo biológico.

Esta nueva normativa sustituiría a la anterior orden ejecutiva del presidente Trump, que recuperaba la prohibición de ingreso y permanencia en el ejército para las personas trans, revirtiendo las disposiciones de la administración de Barack Obama. Dicha orden está suspendida por varios tribunales federales y, por lo tanto, no puede ser ejecutada. Aunque trata de evitar el término «prohibición» en previsión de una futura vía judicial, la nueva propuesta dispone requisitos imposibles de cumplir para la personas transexuales que decidan vivir de acuerdo a su identidad de género.

Una vez dado a conocer el memorándum, se han pedido explicaciones sobre su alcance a los responsables de Defensa y Seguridad Nacional. La portavoz del Pentágono, Dana White, explicó el pasado jueves que el organismo continuaría con la decisión comunicada el pasado 1 de enero de seguir permitiendo el acceso y permanencia de las personas transexuales: «El Departamento de Defensa continuará cumpliendo con las decisiones de los tribunales, aceptando a los solicitantes transgénero en el servicio militar y manteniendo a los actuales miembros transgénero en servicio». White, sin embargo, rehusó hacer declaraciones sobre nuevas normativas, dado que «existen litigios en curso y se debe salvaguardar la integridad del proceso judicial», remitiendo a los interesados al Departamento de Justicia y explicando que toda la documentación es pública, de acceso libre y «habla por sí misma». Interrogado por los periodistas, el secretario de Defensa también los remitió a los responsables de Justicia, escudándose en el respeto a la integridad judicial.

La portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, emitió por su parte el siguiente comunicado: «Tras un estudio y análisis exhaustivos, el secretario de Defensa llegó a la conclusión de que se deben adoptar nuevas políticas con respecto a las personas con disforia de género que sean coherentes con la eficacia militar, las limitaciones presupuestarias y las leyes en vigor. El Departamento de Justicia continuará defendiendo la autoridad legal del Departamento de Defensa para crear e implementar las políticas de personal que determine como necesarias para defender mejor a nuestra nación. En consonancia con esta nueva política, pedimos a los tribunales que levanten todas las medidas cautelares preliminares para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense y de la mejor fuerza de combate del mundo».

Con esta declaración, se hace evidente que la pretensión de la presidencia (o vicepresidencia en este caso) es influir en la decisión de los tribunales, tratando de disfrazar la evidente discriminación de las personas transexuales con torpes subterfugios técnicos. Esperemos que sea sin éxito.

El empeño en la discriminación de las personas transexuales

Recordemos, de nuevo, los antecedentes de las normativas tránsfobas: a diferencia de la derogación del «Don’t ask, don’t tell», que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas trans (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. Sin embargo, la prohibición se dio por derogada de facto y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000 (entre militares en activo y reservistas).

Ya conquistada la Casa Blanca, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. El pasado julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, qué sucedería con los militares trans que ya servían en el Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la «cohesión» de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de «todos aquellos factores que puedan ser relevantes». Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera del despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump.

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla: días antes del primer anuncio de Trump habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron en contra.

La respuesta de los jueces: primero, paralización parcial de la orden de Trump

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso».

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva (ver documento). Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizó la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Un segundo juez amplia los términos de la paralización

Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump) que había sido presentada en agosto en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército.

El juez Garbis sí que ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la especificación referida a la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. Al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, Garbis consideraba probable que los demandantes ganasen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense (ver argumentos y orden cautelar).

Y una tercera jueza refuerza sus argumentos jurídicos

En diciembre, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump, una demanda interpuesta en nombre de dos personas trans que desean servir en el Ejército, de una tercera persona trans que ya forma parte del servicio activo y de las organizaciones Human Rights Campaign (HRC), Gender Justice League y  American Military Partner Association (AMPA).

En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, que garantiza el derecho a un trato igualitario, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por hacer pública su identidad de género y obligarles a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo (ver documento). Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.

Nueva denegación

Casi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly (ver documento) denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo.

En definitiva, la batalla jurídica continuará (posiblemente el asunto acabe dilucidándose en el Tribunal Supremo), pero por el momento la justicia parece decantada claramente del lado de los derechos de las personas trans, hasta el punto de obligar a la administración Trump a dejar en suspenso sus intenciones discriminatorias. Sin embargo, como hemos podido comprobar, desde la propia presidencia y vicepresidencia, con la implicación de los altos cargos de Defensa, se sigue intentando proseguir con la discriminación, utilizando todos los subterfugios posibles.

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Con una amplia mayoría, el líder del Partido Acción Ciudadana, el novelista Carlos Alvarado Quesada, que fuera ministro de Trabajo y Desarrollo Humano del anterior gobierno del Partido Acción Ciudadana, se convierte en el presidente más joven de Costa Rica al imponerse en las urnas gracias a su campaña a favor del matrimonio igualitario y los derechos de la comunidad LGBTI+, cuya oposición habían llevado a imponerse en la primera vuelta a su contrincante, el periodista y pastor evangélico, Fabricio Alvarado Muñoz, que no ha conseguido movilizar al sector más reaccionario.

Alivio y esperanza entre el activismo LGTB de Costa Rica tras el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica de este domingo. El holgado triunfo en las urnas del centroizquierdista Carlos Alvarado, con un 60,7% de los votos, frente al evangélico y ultraconservador Fabricio Alvarado, que no ha alcanzado el 40%, abre la puerta al proceso de aprobación del matrimonio igualitario en este país centroamericano. Y es que la apertura de la institución del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo ha sido uno de los ejes de la campaña de los candidatos, tanto en primera como en segunda vuelta. Carlos y Fabricio comparten apellido, pero es de las pocas cosas que tienen en común: no son parientes y mantienen posturas ideológicas contrarias. Mientras que el ya electo Carlos Alvarado prometió en campaña la creación de un “comisionado de la presidencia para asuntos relacionados con las personas LGBTI”, Fabricio Alvarado dejó muy claro desde el primer momento que “no estamos dispuestos a una agenda LGBTI, pro aborto y a una ideología de género”.

Victoria histórica del progresista Carlos Alvarado en las elecciones presidenciales de Costa Rica de este domingo 1 de abril. Es “histórica” porque es la tercera vez que resulta necesario acudir a una segunda vuelta electoral en el país centroamericano y es la primera en que un candidato que figuraba en segunda posición en intención de voto consigue el triunfo, rompiendo la “maldición” de la segunda ronda, tal y como señala la prensa local. Además, el líder del Partido Acción Ciudadana (PAC) ha defendido en campaña la aprobación del matrimonio igualitario, frente a la posición reaccionaria y retrógrada de Fabricio Alvarado, candidato del partido Restauración Nacional (PRN), al que muchos veían como claro aspirante a obtener la presidencia.

“Costa Rica una vez más entregó un bello mensaje democrático (…). Mi compromiso es con un gobierno para todos, en igualdad y libertad”, declara Alvarado Quesada instando a los costarricenses a que se enfoquen “en lo que nos une y no en lo que nos separa”, sin discriminación. A sus 38 años de edad se convierte en el presidente más joven del país centroamericano, uniéndose al club de los presidentes elegidos antes de cumplir los cuarenta, junto a Emmanuel Macron y la neozelandesa Jacinda Ardern.

“La gente está experimentando en todo el mundo con movimientos que impulsan agendas populistas o de un solo tema”, manifestaba Alvarado Quesada respecto a la reaccionaria campaña de Alvarado Muñoz en lo que había definido como un “reflejo de lo que está sucediendo en la región y en el mundo”, haciendo referencia al Brexit en el Reino Unido. El evangelista había llegado a comprometerse a sacar al país de la Organización de Estados Americanos, así como restringir el acceso de las mujeres al aborto, acabar con la educación sexual en las escuelas y luchar contra la “ideología de género”, convencido de que los movimientos feministas y LGBT que luchan por la igualdad están decididos a destruir la familia tradicional y el “orden natural” de la sociedad.

Sin embargo, la gran mayoría de los votantes de Costa Rica han preferido el discurso progresista de Alvarado Quesada, quien se ha prometido a legalizar el matrimonio igualitario, apoya la fecundación in vitro y tiene previsto atajar los problemas derivados de la pobreza y los que están relacionados con el déficit fiscal o el transporte público, entre otras cosas. Siguiendo con su compromiso de renovación, su gabinete cuenta con la primera persona afroamericana en desempeñar un cargo, Epsy Campbell, quien va camino de convertirse en su vicepresidenta, una vez firme el cargo el próximo mes de mayo.

En relación al matrimonio igualitario, el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, en la ya anterior legislatura, elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una consulta, cuya respuesta oficial, en forma de notificación, llegaba poco antes de la primera vuelta de las presidenciales costarricenses, marcando todo el debate electoral. A raíz de dicha consulta, la Corte dictaminaba que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los términos establecidos en los párrafos a 200 a 218”.

Es más, el tribunal sostenía que para garantizar estos derechos no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas, sino que bastaba con extender las instituciones existentes (incluyendo el matrimonio) a todas las parejas, con independencia del género y la orientación sexual de los contrayentes. “Crear una institución que produzca los mismos efectos y habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre, carece de sentido, salvo el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que indique una diferencia sino estigmatizante, o por lo menos como señal de subestimación”, señalaba la Corte. “Se configuraría una distinción fundada en la orientación sexual de las personas, que resultaría discriminatoria, y por tanto incompatible con la Convención Americana”, añadía.

Costa Rica es un país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde su creación en 1948 y la CIDH es uno de sus órganos. Su opinión consultiva favorable, además de responder al Gobierno de Costa Rica, servía de llamada de atención para 12 Estados de América Latina: Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana (en los que no existe ningún reconocimiento jurídico para las parejas del mismo sexo), además de Ecuador y Chile (donde cuentan, de momento, con leyes de unión civil, no equiparables al matrimonio, abiertas a parejas del mismo sexo).

Carlos Alvarado, el nuevo presidente progresista y pro LGTBI

El presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, es periodista, escritor y politólogo. Es autor de tres novelas, ganador del premio Joven Creación de la Editorial Costa Rica en 2006 y fue vocalista del grupo de rock Dramatika. Está casado con Claudia Dobles y ambos son padres de una niña. No cuenta con una tradición histórica como defensor de la igualdad de los derechos de las minorías sexuales. Sin embargo, tras el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la irrupción de un airado debate en toda la campaña electoral, dominado por la posición conservadora del evangélico Fabricio Alvarado y del tibio apoyo LGTBI del contradictorio candidato católico y masón Juan Diego Castro, Carlos Alvarado se convertía en la mejor opción desde el punto de vista igualitario.

Carlos Alvarado, además de mostrar su apoyo al matrimonio igualitario, prometió en campaña la creación de un “comisionado de la presidencia para asuntos relacionados con las personas LGBTI”, como se recoge en el siguiente vídeo:

En su programa electoral, denominado “Crecer y crear la Costa Rica del siglo XXI”, incluía un apartado sobre “personas LGBTI” (páginas 77 y 78) en el que establece que “el   Poder   Ejecutivo   impulsará   la   aprobación  de  leyes  esenciales  para  construir  una  sociedad  más  justa  e  inclusiva para las personas LGBTI”. Esto incluye una legislación que reconozca la identidad de género: facilitando el cambio de nombre, posibilitando el cambio de género en el Registro Civil y enmarcando políticas dentro de un trato digno y la no discriminación de las personas trans.

En este sentido, Carlos Alvarado se comprometía a apoyar e impulsar desde la presidencia “un proyecto de ley que armonice los conceptos de sexo, género, identidad de género, expresión de género, transexualidad, en concordancia con la doctrina de los  derechos humanos; reconozca el derecho a la identidad y expresión de género;  y  garantice el acceso a tratamientos médicos que se requieran”.

Asimismo, el actual presidente proponía una ley contra la discriminación LGTBfóbica (con un apartado sancionador), “la recolección de datos sobre identidad de género y orientación sexual para poder alimentar políticas públicas específicas  de acuerdo con las distintas necesidades particulares” o la instalación “dentro de las entidades de protección social,  centros  educativos  o  centros  de  médicos  estatales espacios seguros  para  jóvenes LGBTI y sus familiares, donde reciban contención  psicológica, grupos de apoyo, tutorías, talleres, capacitaciones”, entre otras cuestiones de interés igualitario.

Fabricio Alvarado, el candidato evangélico, LGTBfóbico y ultraconservador

Hundiéndose de rodillas y con los brazos en alto, Fabricio Alvarado, de 43 años de edad, admite su derrota, declarando que había luchado por “principios y valores”, instando a sus votantes a que asumieran como él la derrota en base a que habían hecho “historia, porque nuestro mensaje tocó el nervio más profundo del país”. Y es que el gran perdedor de las elecciones presidenciales costarricenses es Fabricio Alvarado, que después del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo bandera de la oposición al matrimonio igualitario y los derechos del colectivo LGTB, erigiéndose como enemigo de la que él denomina “ideología de género”, en línea con las principales jerarquías religiosas y los grupos ultraconservadores del ámbito internacional. Fabricio Alvarado, candidato de Restauración Nacional, es periodista, pastor evangélico y cantante de música cristiana.

Sus posiciones contra “una agenda LGBTI” impulsaron su ascenso, logrando el favor de los sectores más reaccionarios de Costa Rica. Fabricio Alvarado ha defendido indisimuladamente la vinculación del Estado con la religión durante la campaña, el matrimonio como institución excluyente y exclusiva para parejas formadas “por un hombre y una mujer” y su oposición a la nueva asignatura “Educación para la afectividad y sexualidad integral”, que a partir de este año se introducirá en las aulas de primaria y secundaria del país.

Participó y apoyó la “II Caminata por la Vida y la Familia” del pasado mes de diciembre, que aglutinó a la Conferencia Episcopal y a las iglesias evangélicas contra una supuesta “colonización ideológica” que atacaría, en su opinión, “el respeto a la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, y los valores morales y espirituales con los que cada familia desea educar a sus hijos”.

El triunfo de su candidatura en la primera vuelta, con el 24, 79% (a pesar del escaso margen de difencia con Carlos Alvarado, que obtuvo el 21,76%), dio alas a muchos para colocarlo virtualmente como presidente. Por fortuna, Carlos Alvarado conseguía remontar en la segunda vuelta, con un 60,7% de los votos, frente al evangélico y ultraconservador Fabricio Alvarado, que veía frustradas sus aspiraciones presidenciales, teniéndose que conformar con el respaldo del 39,3% del electorado.

Al ganar la primera vuelta, Fabricio Alvarado aseguraba que “hoy me sumo a lo que ha decidido Costa Rica. Me sumo a un movimiento que se ha creado de unidad, de valores, de innovación y de verdadero progreso”. En relación explícita a la defensa del modelo excluyente de familia tradicional decía tener “esperanza por recuperar la más grande soberanía de todas: la soberanía de la familia como base fundamental de la sociedad, en donde se gestan los valores de integridad, honestidad y transparencia”.

El pastor y cantante cristiano añadía que “Costa Rica le ha dejado muy claro hoy algo a los políticos tradicionales”, que en cuya opinión era el siguiente mensaje: “nunca más se metan con la familia, nunca más se metan con la vida, nunca más se metan con nuestros hijos”. En el siguiente vídeo se puede ver un resumen de su intervención tras conocerse los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales:

Fabricio Alvarado se veía obligado a negar que estuviera financiando su campaña a través de iglesias o pastores (teniendo en cuenta que la legislación costarricense prohíbe recibir donaciones de personas jurídicas). Además, todo su argumentario en campaña se ha dedicado a cuestiones moralistas y solo a cuatro días de la segunda vuelta de las elecciones presentó su plan de gobierno. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) se encuentra fiscalizando sus cuentas.

La moral cristiana no se ha impuesto finalmente en los comicios

La sociedad costarricense cuenta con una histórica y profunda tradición religiosa. El todavía presidente en funciones Guillermo Solís confesó que quería un Estado “secular pero no uno sin Dios”. El catolicismo sigue siendo el culto religioso principal del país, aunque el evangelismo (como ha ocurrido en muchos otros países latinoamericanos) ha experimentado un fuerte ascenso en las últimas dos décadas. El Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos recoge que en los años 80 contaba con unas 1000 congregaciones evangélicas, frente a las 3.700 de la actualidad.

De las 465.330 personas evangélicas contabilizadas en Costa Rica (sobre una población de casi 5 millones) el 63% asiste a iglesias de este tipo. En declaraciones a la BBC, Montserrat Sagot, investigadora de la Universidad de Costa Rica y espacialista en el ascenso del evangelismo en Centroamérica, argumentaba que “yo siempre he dicho que la sociedad costarricense es profundamente autoritaria y conservadora, pero políticamente correcta. Desde esa perspectiva, esto se había mantenido como un sustrato bajo, no había aflorado a la superficie política y hay un acontecimiento que lo genera que es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” que urge la aprobación del matrimonio igualitario para acabar con la discriminación de las parejas del mismo sexo.

Tanto las jerarquías católicas como las evangelistas cristianas de Costa Rica se han mojado en estas elecciones y han usado todos sus recursos disponibles (incluyendo los templos y los oficios religiosos celebrados en ellos) para hacer campaña, a veces velada y otras veces completamente explícita, a favor de Fabricio Alvarado y su partido Restauración Nacional. Los católicos más intransigentes, por tanto, viendo cuestionada la doctrina social emanada de la jerarquía eclesiástica ante el triunfo eventual (ya confirmado) de Carlos Alvarado y el cumplimiento del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparcaron sus diferencias religiosas con los evangélicos y apoyaron incondicionalmente al pastor Fabricio Alvarado.

Esto fue tan evidente que El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica condenó a la Iglesia Católica y a la Federación Alianza Evangélica Costarricense por haber dado “orientaciones pastorales” con motivo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 4 de febrero, y les ordenó “abstenerse de acciones” parecidas, a falta de un mes de la celebración de la segunda vuelta (el pasado domingo).

En un comunicado conjunto, hecho público el 18 de enero, ambas jerarquías invitaron a los fieles a meditar “delante de Dios y de sus conciencias su voto para los cargos de presidente y vicepresidentes y para diputados, conscientes de que es un deber para todo ciudadano costarricense el elegir a quienes detentarán puestos de responsabilidad política”. Esto ya provocó que el TSE tomara medidas cautelares para ordenar a estas dos organizaciones de “instruir a sus sacerdotes y pastores sobre la prohibición de utilizar el púlpito, sitios de oración o ceremonias litúrgicas para inducir el voto de sus feligreses”.

También es cierto que han sido otras tantas organizaciones no religiosas de Costa Rica las que se han pronunciado a favor del matrimonio igualitario y los derechos del colectivo LGTB en estas elecciones, aunque sin hacer una campaña tan burda y evidente como la protagonizada por las jerarquías católicas y evangélicas en favor de Fabricio Alvarado. Sirva de ejemplo el pronunciamiento del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, que llamaba “a su población agremiada a promover y defender de forma urgente los derechos humanos, mediante el respeto a la diversidad de familias que coexisten en nuestro país, rechazando los discursos que fomentan su reducción a formas heteronormativas y que sirven de base para la discriminación como expresión de la violencia”.

El matrimonio igualitario, también en la vía judicial de Costa Rica

Herman Manuel Duarte Iraheta, fundador de la Fundación Latinoamericana para la Promoción y Protección de la población LGBTI (también conocida como Fundación Igualitos) presentaba una demanda a favor del matrimonio igualitario ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el pasado 13 de marzo. El texto recoge que “el momento histórico en el que nos encontramos favorece el pronunciamiento a favor de la acción de inconstitucionalidad”, por lo que “es importante contextualizar que ya no estamos en el año 2006 y existe sobrada evidencia de la inexistencia de daños a que dos personas puedan casarse civilmente y formar una familia. No solo por ser un fallo completamente congruente con la corriente jurisprudencial dominante de esta Sala Constitucional, sino por ir también en sintonía con las líneas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y por el apalancamiento que eso puede generar por otras luchas que actualmente se llevan en la región”.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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Rached Ghannouchi, líder del partido tunecino Ennahdha —que forma parte de la coalición de gobierno actual—, ha declarado en una entrevista que «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente». Si bien no es la primera vez que Ghannouchi aboga por la despenalización de la homosexualidad en Túnez, si es la primera ocasión en que utiliza términos como «natural» para definir algo que el Código Penal tunecino castiga con hasta tres años de prisión. Mounir Baâtour, presidente de la asociación LGTB Shams, se congratula por las declaraciones del líder islamista, pero insta a Ghannouchi a que no se quede en las meras palabras y tome las medidas políticas oportunas para que su partido presente ante el Parlamento una propuesta definitiva de despenalización de la homosexualidad.

La revista Jeune Afrique ha publicado en su último número una entrevista con Rached Ghannouchi, presidente del partido islamista Ennahdha (o Partido del Renacimiento), que actualmente forma parte de la colación de gobierno que rige en Túnez. A lo largo de la entrevista, Ghannouchi fue interpelado por su opinión respecto a la penalización de la homosexualidad. El líder islamista respondió que, según su criterio, «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente», puesto que «todos somos libres y no tenemos que preocuparnos por lo que sucede en las casas». También agregó que no se debe intervenir en las elecciones individuales, ya que «cada cual es libre de vivir la vida que desee siempre y cuando no perjudique a nadie».

No es la primera vez que Ghannouchi se posiciona en contra de la penalización de la homosexualidad, pues anteriormente ya había declarado que la ley no debe perseguir los actos pertenecientes a la vida privada, ya que únicamente se debe dar cuenta de esos hechos ante la divinidad de su confesión religiosa. Sin embargo, sí se trata de la primera ocasión en que define la homosexualidad como algo «natural», circunstancia que no ha pasado desapercibida para los activistas LGTB tunecinos.

En declaraciones a la agencia EFE, Mounir Baâtour, abogado y presidente de la asociación Shams, estimaba que «el hecho de haber utilizado la palabra ‘natural’ es muy importante para nosotros, es un paso más en la defensa de los homosexuales, mostrar que no es algo abominable, una perversión o una enfermedad». Sin embargo, también reclamaba al presidente del partido gubernamental que no se quedara en meras declaraciones: «Si mañana se presenta una proposición de ley para despenalizar la homosexualidad, queremos que Ennahda, con sus 69 diputados, respeten su palabra. Si su presidente dice que es algo ‘natural’, entonces ¿cómo se puede prohibir algo que es natural? No nos importan los discursos políticos sino los hechos: cada día los homosexuales acaban en prisión. Apoyamos a cualquier político que respalde los derechos de los homosexuales al margen de su pertenencia política».

En un reciente reportaje, Baâtour describía perfectamente lo que supone en realidad la penalización de la homosexualidad:

El artículo 230 del Código Penal no condena a los homosexuales a tres años de prisión, los condena a cadena perpetua. Porque si alguien es homosexual y va a la cárcel durante tres años, cuando sale, ¿acaso se ha convertido en heterosexual? Seguirá siendo homosexual. Volverá a la cárcel otros tres años, y así continuamente durante toda su vida.

Legalizado tras la llamada «Revolución tunecina», Ennahda ha formado parte de los gobiernos de Túnez desde las elecciones de 2011, es las que se promovió como un partido islámico de corte democrático. Rached Ghannouchi, su presidente y cofundador, sufrió prisión y exilio durante el régimen de Ben Ali, presentándose a su regreso como partidario del respeto al orden constitucional y haciendo gala de moderación en asuntos como la obligatoriedad del velo para las mujeres.

No obstante, para la población LGTB de Túnez las esperanzas de aperturismo social y político depositadas en aquellas fechas pronto se vieron defraudadas. El artículo 230 del Código Penal tunecino sigue castigando la homosexualidad con penas de hasta tres años de prisión, las detenciones y condenas de hombres homosexuales y bisexuales son continuas (tan solo en el pasado 2017 se produjeron 71 condenas por homosexualidad). Las declaraciones públicas de representantes del Gobierno difieren por completo de las realizadas por Rached Ghannouchi. El ministro de Derechos Humanos, Samir Dilou, afirmaba en su día que «la homosexualidad es una perversión que necesita tratamiento»; Mehdi Ben Gharbia, ministro encargado de las relaciones institucionales, rechazaba despenalizar las relaciones homosexuales ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU; el diputado Abedlatif el Maki ligaba la homosexualidad con prácticas como el consumo de drogas o la violencia conyugal cuando defendía la disolución de Shams.

Además, la presión social y de los líderes religiosos es feroz, hasta el punto de que muchos de los activistas LGTB han tenido que partir hacia el exilio debido a las amenazas de muerte recibidas. Así describía uno de ellos, Hedi Shaly, la actual situación de persecución y profunda desilusión:

En la facultad, las proclamas abiertamente homófobas asumidas por la Unión General Tunecina de Estudiantes, un sindicato estudiantil de tendencia islamista, resuenan contra los estudiantes y militantes LGTB. Acosan a mi padre para que me obligue a dejar de defender a los «maricones», como nos llaman ellos. Mi hermano, que también está en la universidad, ya no quiere ir a estudiar porque los otros alumnos se burlan de él.

Me engañaron haciéndome creer que ahora éramos libres, que vivimos en una democracia, que ya no había lugar para el miedo. Incluso los partidos políticos y las asociaciones que se dicen progresistas nos han fallado. Las prácticas policiales agresivas continúan contra nosotros con total impunidad. La libertad en Túnez es una quimera.

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Discriminación, Ennahdha, Hedi Shaly, Homofobia, Islam, LGTBfobia, Mounir Baâtour, Rached Ghannouchi, Shams, Túnez

Terribles noticias de asesinatos y violencia en México contra la comunidad LGTB. Isaac Luna García, un estudiante universitario de 19 años, fue asesinado el mes de febrero en ciudad de México, como ya informamos, en lo que amigos y familiares están convencidos se trata de un crimen homófobo. Por otra parte, el cuerpo encontrado hace una semana, semienterrado y en avanzado estado de descomposición en Arroyo del Durazno (en el estado de Guanajuato), ha sido identificado como el de María Guadalupe Hernández Flores, de 37 años, activista feminista y lesbiana que se encontraba desaparecida desde el pasado 11 de marzo. Pero no son las únicas noticias tristes que nos llegan desde ese país.

Isaac Luna Garcia era estudiante de Arte y Patrimonio Cultural en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Fue visto por última vez el 16 de febrero en un local de la “zona rosa”, el barrio de ambiente de la capital mexicana. Su cadáver fue encontrado al día siguiente en otra barriada de la capital.

Familiares y amigos creen que el asesinato de Isaac fue un crimen de odio por homofobia. También lo cree la propia UACM, que en un comunicado ha exigido “una investigación clara ante un crimen atroz e inaceptable, que se encuentre y procese a los culpables y que esto se realice con el cuidado de no revictimizar a Isaac, a su familia, amigos y comunidad”. La comunidad universitaria también solicita “establecer mecanismos de seguridad en la Zona Rosa para permitir el uso y disfrute de dicho espacio emblemático para la comunidad gay y LGBTTIQ de la capital mexicana”.

Por lo que se refiere a María Guadalupe Hernández Flores, era maestra, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y activista a favor de los derechos de las mujeres y de las personas LGTB. Conocida en el ámbito activista como Kleo, su cadáver,  identificado el pasado viernes, presentaba señales de tortura. Por el momento, las autoridades no han dado a conocer si disponen de información sobre este nuevo feminicidio, auténtica epidemia que asola México (entre 2015 y 2017 se registraron 1.640 asesinatos de mujeres).

Comentarios homófobos sobre un estudiante fallecido…

Como decíamos al principio, los asesinatos de Isaac y de María Guadalupe vienen acompañadas de otras malas noticias en el ámbito LGTB. La muerte de César Ulises Arellano, un joven estudiante de Medicina en la Universidad de Guadalajara (estado de Jalisco), al que las autoridades mexicanas llevaban días buscando y cuya desaparición había conmocionado el país, ha desencadenado toda una ola de comentarios homófobosen redes sociales tras hacerse público no solo que podría haberse quitado la vida (aunque persisten dudas sobre la versión oficial) sino que quizá era gay. Lo fuese o no, la homofobia desatada tras su muerte resulta profundamente despreciable.

Y agresión a una pareja de turistas estadounidenses por ir cogidos de la mano

Por último, recogemos la agresión a una pareja gay estadounidense en Puerto Vallarta, localidad costera del Pacífico frecuentada por turistas de ese país. Carl Blea y Marc Lange regresaban caminando cogidos de la mano al complejo en el que se alojaban tras disfrutar la velada en un club nocturno cuando un individuo que les vió les gritó algo que no comprendieron, sacó una pistola y disparó contra ellos. La bala hirió a Blea en la nalga derecha, aunque por fortuna su vida no corre peligro.

Por cómo se desarrollaron los hechos la pareja está convencida de que se trató de una agresión homófoba y no de un intento de robo, pese a que esta la versión que sostienen las fuerzas de seguridad locales.

Fuente Dosmanzanas

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Un reportaje de la red de noticias Konbibi se ocupa de la realidad de las personas LGTB en Túnez. Tragedias personales de quienes son despreciados hasta por sus propias familias debido a su orientación sexual, además de sufrir la represión de las leyes vigentes que castigan la homosexualidad. El trabajo de Konbibi nos da a conocer las historias de Nidhal y Karim, dos jóvenes cuya vida ha quedado completamente destrozada por el mero hecho de ser homosexuales. La penalización de la homosexualidad, en palabras del abogado y activista Mounir Baâtour, en realidad condena a homosexuales y bisexuales a cadena perpetua, porque la estancia en prisión no revierte la orientación sexual, por lo que el condenado que sale de prisión vuelve a ser culpable del mismo delito una y otra vez, indefinidamente.

El reportaje en vídeo, que podéis ver a continuación, nos habla de cómo afecta a la vida cotidiana de los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos la represión pública por parte del Estado y la intolerancia de sociedad y familia. También nos presenta a un abogado experto en la defensa de personas LGTB y a los miembros de la asociación Shams, que viven en la paradoja de ser, a la vez, una organización legalizada y tener que desarrollar su labor prácticamente en la clandestinidad debido a las amenazas de los líderes religiosos.

El testimonio de Nidhal

El reportaje comienza con la presentación y la entrevista a Nidhal, que transcribimos completamente:

—Me llamo Nidhal, tengo 29 años, y he pasado 3 meses y 19 días en la cárcel porque soy homosexual. Fui detenido el 3 o 4 de agosto. Me golpearon. Me dijeron: «eres un maricón, vas a ver lo que vamos a hacer contigo. No eres musulmán, no eres un hombre, eres una vergüenza». Y… quisieron hacerme el examen anal. Me negué.

—¿En qué consiste ese examen?

—El examen anal es un examen que hacen para utilizarlo como prueba de si soy gay o no. Si ha habido penetración o algo así, van a probarlo.

—Es una violación, ¿no?

—Sí, claro, es una violación, eso es. Es lo que le dije al juez.

—¿Cómo transcurrió el encarcelamiento?

—El primer día que estuve en la cárcel había allí un jefe, que leyó mi ficha. Me dijo: «¡Ven, maricón!, ¡ven aquí, maricón!, vas a ver lo que quiere decir ‘la homosexualidad’». Me metieron en una habitación con prisioneros acostumbrados a estar en la cárcel. Hubo intentos de violación, y cuando hablé con el jefe me dijo: «No, tú te quedas aquí».

—¿Hubo detenidos que le intentaron violar?

—Hubo prisioneros que me intentaron violar. Estaba aislado, estaba siempre solo. No querían comer conmigo, no querían hablarme. Estaba siempre solo.

—¿En que consiste, en la vida diaria, ser homosexual hoy en día en Túnez?

—De momento, es un problema para mi familia. He perdido la relación con muchos de mis amigos.

—¿A qué se dedicaba antes?

—Arbitraba partidos de fútbol de primer nivel. Hubo compañeros que dijeron que yo era gay, así que me expulsaron.

—¿En qué trabaja ahora?

—En nada. Debido a la prisión, existe algo que se llama B3.

—Los antecedentes penales.

—Eso es. Lo peor es que se trata de homosexualidad. Nadie va a aceptarte. Nadie.

Tras difundirse la entrevista, los familiares de Nidhal reaccionaron con violencia. El pasado 15 de marzo, un tío y un primo suyos, guiados por su propio padre, le agredieron por haber llevado la vergüenza a la familia y le amenazaron con «lavar el honor de la familia con sangre». Entraron en su apartamento por la fuerza y se llevaron todas sus pertenencias. Nidhal encontró refugio en la asociación LGTB tunencina Shams, que ha lanzado una campaña de apoyo para que, entre otras cosas, pueda abandonar Túnez y buscar asilo en otro país. «Tengo que marcharme de aquí, pero con el corazón destrozado», se lamenta Nidhal.

La tragedia de Karim

Karim tiene 25 años y fue víctima de una violación por parte de otro hombre. Decidió denunciarlo a la policía, y el resultado fue que su agresor será juzgado por la agresión sexual, pero él también lo será por homosexualidad. Se enfrenta, como Nidhal, a la pena de prisión establecida por la ley y al rechazo de su propia familia. El resumen de lo que es su vida actual, es sobrecogedor:

—Todos se han vuelto contra mí. Sobre todo tengo miedo de mi padre, que me pega casi todos los días.

—Si pudieras pedir un único deseo, ¿cuál sería?

—Que nada de esto hubiera ocurrido. Nunca debí ir a comisaría. Tengo la impresión de que el acusado soy yo. Sufro el odio absoluto de todo mi país. Me gustaría no ser tunecino. A veces pienso en el suicidio. Lo he pensado muchas veces…

Precisamente, el abogado y activista LGTB Mounir Baâtour hace referencia a los casos como el de Karim que se ha encontrado a lo largo de su vida profesional. Por su experiencia, se ve obligado a aconsejar a los hombres víctimas de violación que no denuncien, al correr el riesgo de ser acusados ellos mismos. Baâtour resume perfectamente lo que significa la penalización de la homosexualidad:

—El artículo 230 del Código Penal no condena a los homosexuales a tres años de prisión, los condena a cadena perpetua. Porque si alguien es homosexual y va a la cárcel durante tres años, cuando sale, ¿acaso se ha convertido en heterosexual? Seguirá siendo homosexual. Volverá a la cárcel otros tres años, y así continuamente durante toda su vida.

La represión del activismo

El reportaje incluye una visita al local de la emisora Shams Rad, la primera cadena de radio LGTB del mundo árabe. La ubicación de la sede debe ser ocultada, debido a las amenazas de muerte recibidas, y al hecho de que varios imanes hayan inducido a los fieles a actuar en su contra con violencia. Efectivamente, los defensores de los derechos LGTB —que luchan por la derogación del artículo 230 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta 3 años de prisión— sufren constantes agresiones, hasta el punto de que algunos de ellos han tenido que exiliarse ante las repetidas amenazas de muerte.

Los activistas luchan por la derogación del artículo 230 del Código Penal de Túnez, que castiga las relaciones homosexuales con hasta tres años de prisión. Una legislación que se ha aplicado también a mujeres transexuales.

En resumen, la persecución social y de Estado hacia los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos es incesante. Las detenciones por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, son constantes y las condenas a prisión habituales, lo que ha sido calificado por la asociación Shams como una auténtica «cacería». Tan solo en el año 2017 se produjeron 71 condenas por homosexualidad en Túnez.

No obstante, el pasado abril pudimos publicar una “buena” noticia, y es que el Consejo Nacional de la Orden Médica decretó que los propios médicos deben informar a la gente que tiene el derecho de rechazar someterse los exámenes anales para determinar si son o no homosexuales. Un rayo de luz entre tanto nubarrón…

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Discriminación, Homofobia, Islam, LGTBfobia, Mounir Baâtour, Radio, Shams, Shams Rad, Túnez

En el Memorial por la Diversidad donde descansan los restos de Daniel Zamudio instalaron hoy placas con los nombres de las tres nuevas víctimas fatales, dos muertas en 2017 y la primera asesinada por agentes de la Dictadura. 

En el marco del sexto aniversario del asesinato de Daniel Zamudio, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se dirigió hoy hasta el Memorial por la Diversidad, monumento ubicado en el Cementerio General, para rendirle un homenaje a él y a otras 39 víctimas fatales de la homofobia y la transfobia.

“Estamos en este memorial donde descansan los restos de Daniel y que es al mismo tiempo un monumento a todas y todos quienes han perdido la vida en razón de su orientación sexual o identidad de género. Lamentablemente, hoy debemos sumar a este memorial tres placas con los nombres de nuevas víctimas de los crímenes de odio, algo que no debería ocurrir, pero sigue pasando”, dijo el vocero del Movilh, Óscar Rementería.

En tal sentido, el Movilh instaló hoy en el Memorial de la Diversidad los nombres de Susana Sanhueza y Álvaro Constanzo, quienes fueron asesinados en 2017, así como un N.N, un hombre muerto en 1975 en manos de agentes de la dictadura, de acuerdo a lo confirmado por tribunales.

La vocera del Movilh, Cristina Poblete, explicó que “los crímenes contra Sanhueza y Constanzo nos demostraron que la homofobia y la transfobia siguen matando en Chile. El caso del hombre asesinado en 1975, explicita y refleja una situación que era desconocida: prácticas estatales de la dictadura para quitar la vida a personas en razón de su orientación sexual o identidad de género”.

El Movilh añadió que “tras la muerte de Zamudio, se aceleró la aprobación de la Ley que ahora lleva su nombre. Sin embargo, ha resultado ser una ley inútil para los fines que se planteó, pues desde el 2012 a la fecha se han presentado solo 336 causas, 71 terminaron en sentencias y no más de 20 en justicia. Igual de lamentable es que los casos por homofobia y transfobia aumentaron un 45% el año pasado. Por eso es necesario reformar esta ley ya”.

El Movilh explicó que la reforma a la Ley Zamudio es un compromiso que “el Estado firmó con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que inició su trabajo con el Gobierno pasado. Próximamente nos reuniremos con el nuevo Ejecutivo para ver como reactivamos el tema”.

Entre otros temas, el Movilh demanda una reforma a la ley de manera que indemnice a las víctimas de la discriminación, invierta la carga de la prueba, permita objetar leyes o fallos homofóbicos o transfóbicos, cree una institucionalidad antidiscriminatoria, elimine sanciones a los denunciantes cuando las sentencias no los benefician y multe a los responsables de discursos de odio”

“Sobre toso esto ya hay un proyecto de ley que esperamos sea analizado por el Gobierno para presentarlo al Congreso Nacional”, apuntó el Movilh

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*Nombres de todas las víctimas fatales de la homofobia y transfobia conocidas hasta ahora en Chile

1975: NN

1984: Mónica Briones

2002: Pilar Ibáñez Carrasco, Mauricio Ortega Julio, Amanda Jofré Cerda, Fernanda Covarrubias y Edgardo Vera.

2004: Bárbara Rivero Salazar, Andrea Sánchez Sánchez

2006: Ronald Zambra Donoso, Andrés Navarrete Collao y Viviana Cuevas Henríquez,

2007: Moria Donaire González, Graciela Carrasco Berríos, Alejandra Albornoz Jiménez

2010: Manuel Menéndez González, Ramón Saa Valdivia

2011: Cinthia González Rodríguez, Camila Guzmán Trujillo

2012: Daniel Zamudio Vera, Juan Manuel Vidal, Fernando Valdivia Chávez

2013: Lorenzo Vigueras Torres, José González Quiroga, Diego Aliaga Rosales, Arturo Lomboi Muñoz

2014: Alejandro Bustamante Godoy, Esteban Parada Armijo, Wladimir Sepúlveda, Zaconi Orellana Acevedo, Dilan Vera Parra

2015: Claudio Olivares Bignani, Josefa Salazar Almeida, Teresa Ruiz Núñez

2016: Marcelo Lepe, Litzi Odalis Parales, Nicole Saavedra Bahamindes, Vicente Vera.

2017:  Susana Sanhueza, Álvaro Constanzo

Fuente MOVILH

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El mes pasado publicábamos que los obispos irlandeses retiraron imágenes y textos sobre uniones gays de sus folletos para el EMF de Dublín… Habrá que ver si no ocurre lo mismo.

En agosto tendrá lugar en Dublín una nueva edición del “Encuentro Mundial de las Familias” organizado por la Iglesia católica. Y entre el material preparatorio se incluyen vídeos que hacen mención a la realidad LGTB entre los fieles católicos. Una novedad que parece confirmar la impresión, apuntada ya por otros indicios, de que el evento de Irlanda intenta ir algo más allá de la reafirmación de la doctrina oficial y ser más inclusivo que en ediciones anteriores.

Ya antes nos habían llamado la atención algunas señales de que este Encuentro tendría una mayor inclusividad. En otoño pasado, el obispo Brendan Leahy, titular de la diócesis de Limerick, afirmó que todas las familias, no solo las que se ajustan a la norma católica, deberían ser bienvenidas: “debe hacerse que todo el mundo se sienta bienvenido el año que viene. Todos queremos construir una buena red familiar de apoyo en Irlanda en todos los niveles. [El Encuentro] es un acontecimiento internacional pero tendrá especial significado para nosotros como irlandeses porque la familia significa tanto aquí (…) Mi esperanza es que el evento del año que viene será para todas las familias; para la familia tradicional, los padres y madres solteros; personas de otras fes, personas que están de acuerdo con la Iglesia y las que están en desacuerdo”, declaró entonces.

Ahora se han difundido además materiales en vídeo destinados a preparar el Encuentro, y que recogen diversos testimonios. Se encuentran recopilados bajo el título “Amoris: Let’s Talk Family, Let’s Be Family – The Joy of Love Six-Session Parish Conversation”, y entre ellos encontramos las historias de Alison, una mujer lesbiana, y Gemma, madre católica de un hijo gay. “Mi hijo salió del armario cuando tenía 27 años y yo era bastante ignorante por aquel entonces en cuanto a los gais, y realmente no entendía. Entré en un grupo de padres y madres en Irlanda del Norte y pasé mucho tiempo con ellos. Y justamente esas palabras: ‘intrínsecamente malo’ y ‘desordenado’ realmente nos molestaban… Me sentía herida con esas palabras. Me sentía enfadada”, cuenta Gemma, haciendo mención al célebre documento vaticano de 1986 que decía, que si bien “la homosexualidad” no era un pecado, sí era un “desorden objetivo” por estar ordenada a actos “intrínsecamente malos”. Este documento, que recordamos al cumplirse 30 años de su publicación, es el que más ha marcado la teoría y práctica de la Iglesia católica con las personas LGB en las últimas tres décadas. Resulta pues comprensible que sea frecuentemente citado por personas LGTB católicas o sus familias.

Allison, lesbiana, aparece también entre los vídeos contando su historia: “El hecho de que sea gay nunca ha sido un gran problema en mi situación familiar. Salí del armario con mis padres cuando tenía unos 20 años. No diré que estuvieran encantados y dijeran que era maravilloso; pero fueron increíbles”.

La referencia a la realidad LGTB en estos materiales es un signo más de que este próximo Encuentro puede marcar una diferencia respecto de otros anteriores, que como sabemos supusieron una mera reiteración de la doctrina oficial. Veremos hasta qué punto.

Fuente Dosmanzanas

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Buena noticia para los derechos de las personas intersexuales y de género no binario. Solo unos meses después de que el Tribunal Constitucional alemán fallase a favor de una persona intersexual que solicitaba ser inscrita legalmente con un género distinto a los dos tradicionales, ahora es el Tribunal Constitucional de Austria el que ha emitido un fallo preliminar en favor de otra persona intersexual que no se identifica ni como varón (sexo que le fue asignado) ni como mujer, y que pide que el dato que figura en el registro civil sea modificado y se incluye una tercera opción de género o, en su defecto, que dicho dato sea eliminado.  

El Tribunal Constitucional de Austria, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que el derecho a la propia identidad de género está englobada en el derecho a la autodeterminación personal, considera que el registro del sexo de una persona en su certificado de nacimiento interfiere con ese derecho. En ese sentido, el alto tribunal austriaco considera que los ciudadanos no tienen obligación de aceptar asignaciones de sexo que no se corresponden con su identidad de género, incluyendo aquellas personas cuya identidad de género no se acomoda al binarismo, tal y como sucede por ejemplo (aunque no solo) con muchas personas intersexuales.

El Tribunal Constitucional austriaco, de hecho, considera que en Austria no existe una obligación constitucional de registrar el sexo, aunque la Constitución tampoco lo prohíbe. En este sentido, los magistrados consideran que si el Estado opta por hacerlo convierte un aspecto de la vida privada de las personas en público, por lo que debe respetarse la libertad de estas para que el dato se acomode a su identidad de género y/o demorar dicho acto hasta que la persona sea autónoma para decidirlo.

Por lo que se refiere a la posibilidad de un tercera opción de género, el Tribunal Constitucional austriaco considera que la normativa actual es demasiado rígida, al permitir solo que la persona sea registrada como varón o como mujer, y que ello no permite la manifestación de identidades no binarias, como es el caso de la persona demandante. Como limitación, eso sí, el alto tribunal determina que las posibles opciones alternativas deben mantener una relación real con la vida social de la persona y no ser imaginarias.

El Constitucional austriaco, por último, da un importante varapalo a las cirugías de asignación en menores intersexuales, al pronunciarse en contra de la realización de intervenciones médicas que tengan como finalidad atribuir un sexo determinado a la persona (salvo que dicha intervención tenga una justificación médica suficiente) hasta que esta tenga la capacidad de decidir por sí misma.

Como hemos mencionado arriba, se trata de un fallo preliminar. Se abre ahora un plazo de varias semanas para que el Gobierno austriaco haga las alegaciones que considere pertinentes, tras lo cual el Tribunal emitirá en junio su decisión definitiva. En cualquier caso, la rotundidad del fallo, aunque sea provisional, ha sido saludado por los colectivos LGTBI austriacos. “Es el primero de este tipo en Austria. Es un caso pionero para los derechos de las personas intersexuales”, ha declarado por ejemplo el abogado Helmut Graupner, presidente del colectivo Rechtskomitee LAMBDA (RKL), y que ha asesorado a la persona demandante.

Cabe recordar, además, que en estos momentos el Tribunal Constitucional de Austria es una de las cortes constitucionales europeas más favorables a los derechos de las personas LGTBI: hace solo unas semanas, por ejemplo, decretaba que la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio es discriminatoria, fijando la entrada en vigor de la igualdad matrimonial el 1 de enero de 2019, si el Parlamento austriaco no aprueba una ley para hacerla efectiva antes.

Alemania: el Gobierno debe adaptar la legislación este año

Como decíamos al comenzar la entrada, hace pocos meses el Tribunal Constitucional alemán dio de plazo al Parlamento para que antes del 31 de diciembre de 2018 regule el derecho a la propia identidad de género cuando esta no es binaria. También en este caso la batalla jurídica la emprendió una persona intersexual, disconforme en este caso con su género legal femenino. Según los jueces del alto tribunal alemán, el derecho al libre desarrollo de la personalidad recogido en el artículo 2 de la Constitución de Alemania incluye la protección de la propia identidad y expresión de género. Además, negarles el reconocimiento a las personas que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino constituye una discriminación por razón de género prohibida por la Constitución. El tribunal tampoco consideró satisfactoria la ley aprobada hace cuatro años, que abría la posibilidad de dejar en blanco el campo del género. El motivo es que esta opción da a entender que las personas afectadas carecen de género, cuando la realidad es que su género no se corresponde con los dos binarios.

Con un espíritu muy similar al de la sentencia austriaca, el Constitucional alemán ofreció dos posibles salidas a los legisladores: introducir una tercera opción de género que reconozca en positivo a las personas que no se identifican con los dos binarios (aunque no dio ninguna indicación sobre cómo denominarlo) o eliminar toda referencia al género en el registro civil y los documentos oficiales.

Con las sentencias alemana y austriaca parece que se abre en Europa una vía que ya es una realidad en otros lugares del mundo. Australia en 2011 o Canadá en 2017,  California, también en 2017ya han introducido medidas de ese tipo. La posibilidad de registrarse bajo un tercer género o de dejar en blanco el género también ha sido regulada de diferentes formas en países como Pakistán, India, Nepal,  Nueva Zelanda y que Alemania había anunciado.

El reconocimiento y las necesidades específicas de las personas intersexuales, de hecho, es un asunto sobre el que se han posicionado tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Europa, a favor de la prohibición de las cirugías de “asignación” en menores como principal objetivo.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Scott Sherwood, profesor de Matemáticas en un colegio británico, se ha visto obligado a dejar de dar clase después de que sus alumnos descubrieran en Google que en el pasado había trabajado como actor porno gay y el asunto llegase a oídos de los adultos. Según el comunicado del centro, el cese de su actividad docente es “por mutuo acuerdo” en tanto tiene lugar una investigación.

El australiano Scott Sherwood ha sido entrenador personal durante 15 años. A partir de 2012, durante dos años, formó parte del equipo docente de Educación Física en una escuela primaria en Inglaterra. En 2015 se graduó en Matemáticas por la Universidad de Sussex y en 2016 se incorporó como profesor de dicha asignatura en la Peacehaven Community School, a la que asisten adolescentes de entre 11 y 16 años. El colegio está situado en Peacehaven, una localidad de unos 14.000 habitantes de la cosa inglesa.

La polémica surge cuando alguno de los actuales alumnos de Sherwood, queriendo saber más acerca de la vida de su profesor, buscan en Google y descubren que en el pasado Sherwood ha trabajado en la industria del porno gay, bajo el pseudónimo de Aaron Cage, protagonizando varias películas para Colt Studio, una productora de cine porno gay de San Francisco. Encuentran incluso un vídeo publicado en 2010 en YouTube con una entrevista al actor en el que este habla abiertamente de su experiencia en la industria del porno. En ese momento los alumnos comienzan a hacer circular fotografías de “Aaron Cage”, así como este y otros vídeos en los que aparece. Uno de sus antiguos alumnos llega incluso a identificarlo como su profesor de Matemáticas en los comentarios de YouTube:

Como era de esperar, el asunto llega a oídos de los adultos. Y es en este momento cuando salta la polémica y la noticia llega a The Sun. “Recogí a mi sobrina de 14 años riéndose y diciendo: ‘mi profesor de matemáticas es un actor porno’. No podía creer lo que oía. Estaba furioso”, ha declarado al diario sensacionalista el tío de una alumna, que no ha querido ser identificado.

Finalmente las protestas de los padres conseguían que la escuela (un centro que sigue el modelo de “escuelas cooperativas” creado en 2006 en Reino Unido, y que otorga a los centros una capacidad de autonomía mayor que la de las escuelas públicas tradicionales) suspendiese las clases de Sherwood. Según un comunicado colgado en su web y firmado por el director del colegio, “el miembro del equipo en cuestión no estará en la escuela, por mutuo acuerdo, mientras llevamos a cabo una investigación completa. Sería inapropiado por mi parte hacer más comentarios mientras esta investigación se lleva a cabo”.

Porno gay y profesor: combinación de riesgo

Al margen de las reflexiones que cada uno haga sobre cómo el concepto de privacidad se ha modificado con el estallido de internet y las redes sociales, no podemos sino sorprendernos del escándalo que causa el que una persona que al fin y al cabo no ha cometido delito alguno pueda ejercer la docencia si está cualificado para ello. Mucho nos tememos, además, que el factor homófobo juega en estos casos un papel determinante. No se trata, de hecho, de la primera noticia de este tipo que recogemos en dosmanzanas. En 2009 un profesor de Educación Física de un selecto colegio inglés para chicos fue suspendido después de que sus alumnos encontraran y difundieran sus fotos posando desnudo para una web de porno gay. Acabó renunciando al trabajo.

Y en 2013 la Comisión de Prácticas Educativas de Florida decretó la readmisión de otro profesor, en este caso de una escuela pública, que había sido suspendido dos años antes por la direccción del centro al conocer sus antecedentes como actor porno gay. Tras su readmisión declaró que se sentía mucho más libre, y que si algún alumno sacaba el tema ya no tendría las manos atadas para discutirlo abiertamente. “Ahora puedo usar mi propia experiencia vital en la enseñanza”, señaló.

Fuente Dosmanzanas

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El diccionario de Suecia incluye oficialmente un pronombre de género neutro

“Hen”, el pronombre neutro que ya es oficial en Suecia

La Iglesia de Suecia usará el género neutro para referirse a Dios

El Parlamento de Suecia ha aprobado el pago de una indemnización compensatoria a las personas trans que fueron obligadas a esterilizarse para poder ver reconocida legalmente su identidad de género. Se trata de la primera vez que un país toma esta decisión, en lo que supone una importante victoria de los colectivos en favor de los derechos de las personas trans. En 2016, el ministro de Salud Pública del país escandinavo, Gabriel Wikström, confirmó que el Gobierno sueco pagaría una indemnización a las personas trans que fueron víctimas de la esterilización forzada.

El 19 de diciembre de 2012 un tribunal de Estocolmo consideró inconstitucional y contraria a la Convención Europea sobre Derechos Humanos la ley de 1972 que obligaba a aquellas personas transexuales que quisieran modificar su situación registral a someterse a la esterilización. Comprensiblemente, la ley despertaba una fuerte oposición dentro del país (el entonces primer ministro Fredrik Reinfeldt la describió en 2010 como “un capítulo oscuro de la historia sueca”) y provocaba asombro en el extranjero. El Gobierno sueco ya tenía programado eliminar el requisito de esterilización a partir del 1 de julio de 2013, pero el dictamen judicial lo adelantó unos meses (en enero de 2013 nos hicimos eco en esta misma página).

Ya por entonces la presidenta de la Federación Sueca por los Derechos LGTB (RFSL) adelantó su intención de demandar indemnizaciones para las personas que sufrieron la ley (se estima que de 600 a 700). Han pasado cinco años, pero por fin el Parlamento sueco ha tomado la decisión de resacirlas. Recibirán 225.000 coronas suecas (algo más de 22.000 euros). A modo de precedente, en 1999 el Parlamento sueco aprobó indemnizaciones por 175.000 coronas suecas para las víctimas de esterilizaciones forzadas bajo un programa de eugenesia en vigor entre 1935 y 1996. “Ha sido una larga lucha, y estoy feliz de que la RFSL haya jugado un importante papel en esta histórica victoria. Hemos demandado esto desde 2013, cuando el requisito de esterilizarse para modificar legalmente la identidad de género fue abolido. El dinero no puede deshacer el daño de perder de forma forzada tus capacidades reproductivas, pero la compensación monetaria es un paso importante para que el Estado resarza de alguna forma a todas aquellas personas que lo sufrieron”, ha declarado Emelie Mire Åsell, portavoz del área trans e intersex de la RFSL.

La decisión ha sido saludada tanto por ILGA-Europa como por Transgender Europe, que consideran que marcha un importante precedente. “Esta decisión es un mensaje para los 16 países europeos en los que se continua obligando a las personas trans a esterilizarse antes de ver reconocida legalmente su identidad de género. La Corte Europea de Derechos Humanos ya falló en 2017 que los requisitos de infertilidad en las leyes de reconocimiento de la identidad de género son contrarios a los derechos humanos de las personas trans, de modo que todos los países que los siguen exigiendo deben reformar sus leyes”, expresa el comunicado de Transgender Europe.

Esterilización forzada de las personas trans: todavía una realidad en Europa

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas trans a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. Y no fue hasta 2017, como señalaba el comunicado de Transgender Europe, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó esta práctica. Y aunque poco a poco los países han ido adaptando sus legislaciones, según esta organización 16 países europeos siguen haciéndolo. La mayoría del Este de Europa, pero también hay algunos occidentales, como Finlandia, cuyo Parlamento rechazó el pasado mes de octubre tramitar una ley en ese sentido.

En España, aunque la situación es más favorable y no se exige la esterilización como tal, la ley 3/2007 hace necesario todavía un diagnóstico de “disforia de género” y exige (aunque con excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Un marco legislativo pendiente de ser actualizado por el Congreso, donde la proposición de ley correspondiente, presentada por el grupo socialista, fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma. Posteriormente permaneció bloqueada durante varias semanas más por la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos. El desbloqueo no tuvo lugar hasta finales de febrero, un año después de ser registrada. Esperemos que se apruebe en próximas semanas.

Fuente Dosmanzanas

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Caleb Omar Idris y George Maina Njeri denunciaron que fueron sometidos a examen anal 

Victoria del activismo LGTB en Kenia

Durante las pruebas el personal médico insertaba el dedo en el ano de los acusados.

La ONU considera que estas prácticas son “inhumanas, crueles y degradantes”.

Buena noticia la que nos llega desde Kenia, cuya Corte de Apelaciones ha fallado que el uso de los exámenes anales para “probar” la homosexualidad es ilegal. El proceso judicial tiene origen en la detención de dos hombres que en 2015 fueron acusados de mantener relaciones homosexuales (en su momento recogimos la noticia), a los que se sometió a esta humillante práctica.

El Tribunal de Apelaciones de Kenia ha declarado ilegal la práctica de reconocimientos médicos anales para determinar si una persona es homosexual, tipificado como delito en este país.

El tribunal se pronunció así en respuesta a un recurso de apelación presentado por dos hombres contra el fallo del Tribunal Superior de Mombasa, en la costa de Kenia, que en 2016 desestimó una demanda de inconstitucionalidad contra la citada práctica. Los dos varones, Caleb Omar Idris y George Maina Njeri, se sometieron a esas pruebas, tras ser denunciados por la policía, y decidieron emprender una acción judicial para que fueran declaradas ilegales.

Los detenidos recurrieron a la justicia, pero en 2016 un juez del tribunal de Mombasa alegó que los demandantes se sometieron de forma voluntaria a ese examen, lo que legalmente invalidaba su demanda. El Tribunal Superior de Mombasa consideró que la práctica de los exámenes anales era legal e incluso “razonable” como prueba de homosexualidad. Una decisión que fue criticada por el activismo LGTB de Kenia y por organizaciones internaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Eric Gitari, responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés), que ha dado apoyo y sostén a los demandantes, calificó de “deliberadamente homófobo” al juez que firmó la sentencia, que llegó a afirmar que “la boca y el ano no son órganos sexuales”, al tiempo que comparaba a los “sodomitas” con los perros.

La sentencia fue recurrida, y finalmente un tribunal de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Kenia ha dado la razón a los demandantes, al considerar esta práctica ilegal. “La prueba no puede permitirse. Yo, por tanto, permito la apelación y anulo la decisión del Tribunal Superior”, dictaminó el juez Alnashir Visram, del Tribunal de Apelación. Durante esas pruebas, personal médico inserta sus dedos en el ano del acusado o pide a los hombres que se desnuden y se inclinen o tumben en sillones con estribos para examinar visualmente su región anal. Sin embargo, el magistrado Visram subrayó que esa decisión fue inconstitucional y, además, supone una violación de los derechos humanos.

“Estamos agradecidos de que la Corte de Apelaciones haya puesto por delante los derechos de los ciudadanos kenianos. Con esta sentencia, los jueces afirman que todos merecemos ser tratados con dignidad y nuestros derechos básicos respetados, tal y como consagra la Constitución de Kenia“, ha declarado Njeri Gateru, principal asesor legal de la NGLHRC.

No hay que olvidar que los exámenes anales, cuyo supuesto objetivo es encontrar restos de esperma y medir la dilatación del esfínter anal como “prueba” de homosexualidad, están considerados una forma de tortura- Además de no tener “ningún valor médico”, la ONU considera inhumanas, crueles y degradantes estas prácticas, que también están prohibidas por tratados internacionales contra la tortura y los derechos civiles, pero  son una práctica habitual en muchos lugares en los que las relaciones homosexuales están criminalizadas. Hasta este fallo, Kenia era uno de los al menos ocho países donde se usan exámenes anales médicos, junto a Camerún, Egipto, el Líbano, Túnez, Turkmenistán, Uganda y Zambia, según la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch. Su erradicación en Kenia supone sin duda un paso en la buena dirección.En Kenia, los “delitos” homosexuales se castigan con hasta catorce años de prisión.

La sentencia de la Corte de Apelaciones de Kenia ha sido recibida con satisfacción por organizaciones de derechos humanos y colectivos LGTB de diversos países africanos, pero también por varias delegaciones diplomáticas extranjeras en Kenia, como la alemana:

Congratulations to @NGLHRC for the historic win for human rights in #Kenya.
The Court of Appeal in #Mombasa has ruled that the use of forced anal examination by the state in unlawful. @outinafrica #GayRights #StopForcedExamaminations#LGBT

— GermanEmbassyNairobi (@GermanyinKenya) 23 de marzo de 2018

O por la propia ILGA:

🎉 Amazing news from Kenya! The Court of Appeals has ruled that the use of forced anal examinations by the state is unlawful. 🎉 Congratulations to @NGLHRC and to all of those who fought to make it happen! #StopForcedTesting https://t.co/o7mUcjTrEN

— ILGA (@ILGAWORLD) 22 de marzo de 2018

¿Hacia la posible despenalización de la homosexualidad?

No está de más recordar que sigue pendiente de resolución otro importante proceso, también promovido por la NGLHRC, y que busca poner fin a la criminalización de la homosexualidad en Kenia. Si la sentencia es favorable tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso. Hace pocas semanas nos hacíamos eco, por cierto, de la campaña que CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, promovía contra la posible despenalización.

Actualmente, existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe “Homofobia de Estado” de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes “tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza” o “quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza”.  El artículo 163, por su parte, castiga a “quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años”.

Asimismo, el artículo 165 establece que “el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años”. Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social, que castiga la práctica de la homosexualidad, como hemos dicho, con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de 2015 informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.

A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social y en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais. Veremos si finalmente lo consiguen lo hacen los tribunales.

Fuente Cáscara Amarga/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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En estos tiempos de regresión política en Estados Unidos, la protección legal contra la discriminación de las personas LGTB es una de las principales batallas que se están librando en ese país, tanto a nivel local y de los estados como en el nivel federal, en el que la administración Obama fue incapaz de consolidar una legislación garantista. Analizamos la situación al hilo de dos noticias contrapuestas. Una, procedente de la justicia federal, muy favorable: por segunda vez en la historia reciente, y a pesar de los esfuerzos de la administración Trump (que se personó en el proceso), una Corte de Apelaciones ha considerado que la orientación sexual es una categoría protegida por la Ley de Derechos Civiles por lo que la protección laboral se refiere. Otra, procedente de la política, desfavorable: 21 senadores republicanos han presentado un proyecto de ley que haría legal la discriminación homófoba. 

El contexto: ausencia de una ley contra la discriminación laboral LGTBfoba

La aprobación de una ley que prohíba a nivel federal la discriminación laboral por razones de orientación sexual o identidad de género ha sido una de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTB estadounidense. A día de hoy la legislación varía según los estados, e incluso hay normas distintas según el condado o la localidad de residencia, de manera que en muchos lugares sigue siendo legal negar un empleo a un candidato solo por ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Desde 1994, de hecho, diversas variantes de una propuesta de ley de no discriminación en el empleo (ENDA, por sus siglas inglesas) han sido presentada ante el Congreso, sin que ninguna haya prosperado. Ni siquiera en 2007, con un Congreso de mayoría demócrata: entonces solo pasó el filtro de la Cámara de Representantes y ello a cambio de retirar del proyecto la protección a las personas transexuales.

El último intento fue el que tuvo lugar en 2013. En noviembre de ese año el Senado, aún con mayoría demócrata, consiguió aprobar un proyecto presentado inicialmente por el senador Jeff Merkley con apoyo “bipartidista”, aspecto que es muy valorado en la política interna estadounidense: diez senadores republicanos se adhirieron al proyecto. Lamentablemente los republicanos no movieron un dedo por conseguir que el proyecto avanzase en la Cámara de Representantes, que controlaban de forma mayoritaria. El proyecto quedaba, una vez más, en vía muerta. La victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016 y el tsunami republicano acabaron con cualquier esperanza de aprobación.

Obama y Trump: las órdenes ejecutivas de la discordia

Para compensar la no aprobación de la ENDA, Barack Obama dictó en 2014 una orden ejecutiva que de forma explícita prohibía a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a cerrar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género (categoría esta última que antes no gozaba de ningún tipo de protección). Unos 14 millones de personas que trabajaban para empresas dependientes del gobierno federal vieron de esta forma reforzada su seguridad jurídica ante posibles acciones discriminatorias. Se trata, en cualquier caso, de una orden ejecutiva, no de una ley. Donald Trump puede revertirla al margen del Congreso, y de hecho esa fue una de las posibilidades que se barajó tras su victoria.

Finalmente la reversión no se materializó y Trump mantiene de momento la orden de Obama. Ahora bien, ya en varios momentos los medios estadounidenses han recogido su intención de emitir otra orden ejecutiva a favor de la “libertad religiosa” que la convertiría en papel mojado.

La batalla en los tribunales: el caso Zarda

Pero la posición de la administración Trump respecto a la discriminación de los trabajadores LGTB tiene más frentes, no solo el referido a las empresas que trabajan con la administración federal. De fondo, existe una larga discusión jurídica, que radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación “literalista”, según la cual si “orientación sexual” no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta.

Pero en abril de 2017, por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito (con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin), consideró que la discriminación laboral por razones de orientación sexual sí queda cubierta por la misma. Y hace solo unas pocas semanas otra Corte de Apelaciones, en este caso del 2º Circuito (con sede en Nueva York y jurisdicción sobre los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont), emitía un fallo en el mismo sentido.

Una decisión, la del 2º Circuito de Apelaciones, que ha sido además toda una bofetada a la administración Trump, cuyo Departamento de Justicia llegó a personarse en el proceso judicial para argumentar que la legislación federal contra la discriminación laboral no debía aplicarse a la orientación sexual. El caso en litigio, Zarda v. Altitude Express, dirime una denuncia por discriminación interpuesta por Donald Zarda, un instructor de paracaidismo que fue despedido poco después de que su empresa supiese de su orientación sexual.

Estaremos atentos a cómo evoluciona el tema, aunque la cuestión tiene altas probabilidades de acabar siendo revisada antes o después por el Tribunal Supremo. Por lo pronto, el hecho de que el Departamento de Justicia decidiese personarse en Zarda v. Altitude Express para apoyar la causa homófoba dice mucho de la dirección que la administración Trump ha decidido escoger. Al frente del Departamento de Justicia, recordemos, está nada más y nada menos que Jeff Sessions, uno de los políticos estadounidenses con un historial más activamente anti-LGTB.

Los republicanos rescatan la FADA, una propuesta de ley discriminatoria

En este contexto, los republicanos han decidido reactivar una de sus propuestas: la de la llamada First Amendment Defense Act (FADA), una ley que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones de los estados o de la administración federal, a personas y negocios que discriminen a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos. La FADA, que en cierto modo podría considerarse “el reverso tenebroso” de la ENDA, fue introducida por primera vez en el Congreso estadounidense en 2015 y recabó significativos apoyos entre los legisladores republicanos, aunque entonces no prosperó y ni siquiera llegó a ser votada en ninguna de las dos cámaras.

El Partido Republicano, sin embargo, la incluyó en su plataforma electoral de 2016, y ahora un grupo de 21 senadores de ese partido, liderados por Mike Lee (senador por Utah) ha decidido presentarla de nuevo. De acuerdo a su literalidad, la FADA persigue impedir “que el Gobierno federal tome cualquier medida discriminatoria” contra personas, negocios o instituciones por su “creencia religiosa o convicción moral de que el matrimonio es o debe ser reconocido como la unión de un hombre y una mujer” o de que “las relaciones sexuales fuera del matrimonio son inadecuadas”. En la práctica, de ser aprobada, la FADA haría prácticamente inservible cualquier tipo de medida antidiscriminatoria por razones de orientación sexual, y no solo a nivel laboral: también en materia de prestación de servicios, vivienda o cobertura sanitaria o de cualquier otro tipo de cónyuges del mismo sexo.

Veremos qué sucede finalmente. A día de hoy, teniendo en cuenta que faltan menos de ocho meses para las elecciones “de medio término”, en las que se renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y dado los recientes reveses republicanos en elecciones parciales (como la derrota del LGTBfobo Roy Moore en Alabama), todo apunta a que la FADA cuenta con pocas posibilidades de salir adelante y constituye más un “postureo” hacia el electorado ultraconservador que otra cosa. Pero de lo que no cabe duda alguna es de que la discusión sobre cómo permitir la discriminación legal de las personas LGTB sigue muy viva entre los republicanos. En 2018.

Fuente Dosmanzanas

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El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) ha presentado su 16º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género. Los datos que arroja el informe son preocupantes: en 2017, un año que el propio MOVILH ha calificado como “de la furia” contra personas y activistas, las denuncias por LGTBfobia en ese país experimentaron un aumento del 45,7%. El informe recoge como uno de los detonantes de este aumento la presencia en Chile del “autobús de odio” de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO. Como dato optimista el MOVILH recoge 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGTBI en todo el país. 

Los grupos contrarios a la igualdad de derechos para las personas LGBTI multiplicaron sus discursos y acciones en el último año a lo largo de todo Chile, un hecho sin precedentes. Pese a ello, las víctimas están alcanzado justicia, a un punto que en 2017 el Poder Judicial se transformó en el más progresista del Estado.

Un alarmante aumento del 45.7% experimentaron los casos y denuncias por homofobia y transfobia en Chile, hecho que contrasta con 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGBTI en los más variados planos, reportó el XVI Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género lanzado hoy por el Movimiento Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

Debido al explosivo incremento de los abusos, el 2017 fue calificado como el “Año de la Furia” contra los activistas y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI) , aunque resalta y brilla de manera positiva que el Judicial se transformó en el poder estatal más progresista en la temática y el que más protege los derechos humanos de las personas con identidad de género u orientación sexual diversa, mientras que en la Derecha política destaca la expresión pública de profundas diferencias sobre estos tópicos.

El Año de la Furia

“El 2017 fue un año de violencia extrema contra las personas LGBTI, las familias homoparentales, los adolescentes y niños/as trans y los defensores de DDHH, en tanto los opositores a la igualdad cursaron iniciativas sin precedentes para torpedear todo tipo de legislación y/o política pública favorable a la diversidad sexual y de género”, indica el informe.

Añade que “la inédita cruzada del Bus del Odio en el Gran Santiago provocó un efecto de odiosidad en cadena: fue emulada en regiones, los grupos homo/transfóbicos potenciaron la virulencia de sus discursos y las autoridades ultraconservadoras dieron la mano a la campaña, dotándola de cierta “validez” en el escenario público en tanto era presentada como una forma de expresión neutral, en vez de nociva para la dignidad de los seres humanos”.

El estudio explica que el “contexto de los comicios presidenciales y parlamentarios hizo lo suyo. Las candidaturas contrarias a la igualdad extremaron su rechazo a la diversidad sexual y de género, a un punto que lo convirtieron en una de las banderas de sus campañas, algo inédito en la historia democrática del país”.

“En tanto, toda medida pro LGBTI fue enfrentada con iniciativas violentas que iban desde la presentación de recursos judiciales, hasta las golpizas y ataques en la vía pública, en especial contra los defensores de los derechos humanos”, indica la investigación.

“El Año de la Furia contra las personas LGBTI conoció de acciones y discursos tan cavernarios como las que tenían tribuna en la década de los 90, siendo la prueba más simbólica de ello el hecho de que fuese la propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, la que se convirtiera en una de las víctimas de la homofobia y la transfobia al ser insultada en el Tedeum evangélico por su apoyo a los derechos de las personas LGBTI y de las mujeres”, sostiene el estudio.

Las cifras de la discriminación

Los casos y denuncias por homofobia y transfobia incrementaron un 45,7% en 2017, conociéndose 484 episodios de odio, la cifra más alta que se tiene registro y que por si sola acumula el 20% del total de abusos ocurridos en los últimos 16 años.

Los 484 hechos se dividieron en 2 asesinatos, 56 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles, 1 abuso policial, 38 casos de discriminación laboral y 20 de exclusión educacional, 77 movilizaciones homo/transfóbicas, 38 episodios de marginación institucional, 11 obstáculos para el acceso a servicios o productos en los espacios públicos o privados, 72 abusos propinados por familiares, amigos o vecinos, 166 declaraciones de odio y 3 casos de vulneración de derechos en la cultura, los medios y el espectáculo.

En 7 de las 11 categorías de discriminación aumentaron los abusos, registrándose el incremento más alto en las declaraciones de odio (245% más que en 2016), seguida por los abusos en cultura y medios (200%), las movilizaciones homo/transfóbicas (108%), la discriminación educacional (53%), las agresiones físicas o verbales cometidas por civiles (40%), los atropellos impulsados por familiares o vecinos (28%) y las exclusiones laborales (18%).

El 20% de los casos afectó a gays; con un alza del 26% en relación al 2016; el 18% a trans; el 14% a lesbianas y el 48% a la diversidad sexual y de género como conjunto. Los denuncias por abusos contra trans bajaron un 17% y contra lesbianas un 1,4% en comparación con el 2016.

Del total de abusos fueron responsables 49 instituciones y 304 personas, buena parte de éstas vinculadas a movimientos ultra católicos, ultra-evangélicos, neonazis o de extrema derecha.

Las regiones que más casos de discriminación registraron en 2017 fueron la Metropolitana (31%), Valparaíso (14%), Biobío (10.1%) y Coquimbo, (4.6%), seguidas por Los Lagos (3.7%), La Araucanía (2.5%), Antofagasta (2.3%), Maule, (2.1%) Libertador Bernardo O´Higgins (1,7%), Región de Magallanes y la Antártica Chilena (1.2%) Tarapacá (0.6%), Atacama (0.4%), Los Ríos (0.2%), Arica y Parinacota (0.2%) y Aysén (0%).

En tanto las regiones donde más aumentaron los casos o denuncias en comparación con el 2016 fueron Libertador Bernardo O´Higgins (300%), Coquimbo (266%), Los Lagos (157%), La Araucanía (100%), Biobío (88%), Magallanes y la Antártica Chilena (50%), Metropolitana (39%) y Antofagasta (10%).

Los movimientos LGBTI intervinieron en el 97.2 % de los casos, brindando ayuda y orientación a las víctimas.

Ranking Anual de la homofobia y transfobia

A nivel individual encabezaron el Ránking Anual de la Homofobia y la Transfobia 2017 los asesinos de personas LGBTI (Cristián Andrés Muñoz Muñoz, César Antonio Araneda Palma, Bernabé Vega y Héctor Morales), seguidos en el segundo lugar por la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda; el presidente de la Ong Padres Objetores, Francisco Fritis y el director de Citizen Go, Luis Losada.

Con ellos/as comparten el segundo lugar los senadores Manuel José Ossandón e Iván Moreira, los diputados José Antonio Kast e Ignacio Urruria y el ex alcalde de Talca, Juan Castro Prieto. Le siguen, en el tercer puesto la psicóloga de la Fundación Restauración, Marcela Ferrer y, en el cuarto, el magistrado Ricardo Blanco.

El quinto lugar lo integran los senadores Juan Antonio Coloma, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Francisco Chahuán, los diputados José Manuel Edward, María José Hoffman, Patricio Melero, Iván Norambuena, Claudia Nogueira, Arturo Squella, Osvaldo Urrutia, Felipe Ward y René Manuel García. (Listado completo, hasta la ubicación 25, se encuentra en el informe).

A nivel institucional lideran el Ranking el Observatorio Legislativo Cristiano, la Ong Padres Objetores y Gendarmería, todos en el primer lugar. Le siguen la Catedral Evangélica, Citizen Go y Hazte Oír, el Colegio Español de Coquimbo, Colegio Instituto Cristiano Gandarillas de Maipú, el Liceo Bicentenario Italia, la UDI, la Iglesia Católica, el Consejo Regional del CNCA en el Maule, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (Soched). A estos suman diversas iglesias evangélicas, ongs ultra-conservadoras y empresas como el Club Playa Luna y Pre-Unic. (Listado completo hasta la ubicación 18 se encuentra en el informe)

 Poder Judicial, el más progresista

“El Poder Judicial llegó tarde a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI y las familias homoparentales, pero cuando lo hizo superó en apertura a los otros poderes del Estado, avanzando a pasos agigantados y sin precedentes”, sostiene el informe. Añade que la “evolución acelerada del Poder Judicial desde el 2015, se consolidó en 2017 a un punto que temas como los derechos de niños y niñas trans, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental ya los tiene zanjados a nivel institucional, pues se ha pronunciado a favor amparado en una perspectiva de derechos humanos. Por el contrario, el Legislativo aún no aprueba estas leyes y las medidas del Ejecutivo se mueven entre consensos, además de poner el acelerador para la tramitación legislativa de manera coyuntural y discontinua”.

“Moviéndose en los márgenes de las leyes; lo que ata de manos en algunos puntos al Poder Judicial mientras no se cuente con el matrimonio igualitario; durante el 2017 los tribunales dictaron 5 fallos a favor de los derechos de internas/as LGBTI recluidos/as en centros penitenciarios, además de cambiar el nombre y sexo legal de 89 personas, en circunstancias que en 2006 sólo había autorizado a 7”, precisa el estudio.

Detalla que “la Corte Suprema aplicó además dos veces la Ley Zamudio por homofobia, además de entregar la tuición de sus dos hijos a un hombre que vivía con su pareja del mismo sexo. Hubo otros cinco fallos de distintos tribunales contra los abusos laborales a personas LGBTI, mientras que las cortes rechazaron dos recursos de protección contra las políticas educacionales pro diversidad y una querella por prevaricación que una ONG había presentado contra el juez Luis Fernández por haber cambiado el nombre y sexo legal de una niña trans”.

“A la par fue condenado el asesino transfóbico de Litzi Odalis Parrales y se sancionó a dos mujeres que habían agredido a una madre por defender a su hijo de apenas 8 años de insultos homofóbicos”, sostiene el Movilh

Se trata así de al menos 107 fallos favorables a los derechos LGBTI dictados en el plazo de un año, lo cual contrasta con el pasado homofóbico y transfóbico del Poder Judicial” apunta la investigación.

“En efecto, la transformación del Judicial es radical y profunda cuando se recuerda que de todos los poderes del Estado es el que más ha aparecido en el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia, ocupando la Corte Suprema el primer lugar en los años 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2012 y el 2013, mientras que en 2014 quedó en el sexto puesto”, recuerda el estudio. “Nunca antes algún ente experimentó tal nivel de cambio en torno a los derechos LGBTI, aspecto que merece todos los aplausos y convierte al Judicial en el poder del Estado más progresista en la materia, lo cual sólo se mantendrá si se profundiza en la mima línea, al margen de cuáles sean las autoridades de turno”, apunta el informe.

 Exacerbación de diferencias en la Derecha

Otro “sello del 2017 es la exacerbación de las diferencias entre la Derecha política sobre los derechos humanos de las personas LGBTI, en tanto se hicieron más visibles que nunca los extremos: por un lado una deshumanizada homofobia y transfobia y por otro la promoción de la no discriminación, estando en el centro quienes rechazan la igualdad plena, pero evitan ofender o denigrar a través de sus discursos”, indica el informe.

Añade que “el proceso fue nítido en el contexto de las elecciones presidenciales, estando en la ultra-homofobia y transfobia los candidatos Manuel José Ossandón y José Antonio Kast y en el lado opuesto Felipe Kast, el primer abanderado de derecha en cuadrarse con el matrimonio igualitario”.

La investigación enfatiza que “las disputas públicas entre la derecha sobre temáticas LGBTI también se apreciaron en otros contextos, como le llegada a Chile del Bus del Odio, la campaña Arcoíris que insta a instituciones públicas y privadas a izar la bandera de la diversidad, los debates sobre la ley de matrimonio y la ley de identidad de género y la reunión del Comando de Piñera con el Movilh, hechos coyunturales que convirtieron al 2017 en el año con mayor exposición de las distintas posturas de la Derecha”. “El desafío para la Derecha será comprender que la no discriminación por orientación sexual e identidad de género es un tema de DDHH y que, en consecuencia, deben respetarse al margen de cualquier consideración política, ideológica o valórica. En caso contrario, simplemente no se respetan los derechos humanos, un talón de Aquiles para la Derecha cuando se trata de igualdad legal para las personas LGBTI”, apunta el estudio.

 61 hitos positivos, 6 negativos

El estudio destaca, por último, que el año “hubo 67 hechos de transcendencia que marcaron la historia de los derechos humanos de las personas LGBTI”.

En el plano de las políticas públicas, la Superintendencia de Educación lanzó una circular para proteger derechos de estudiantes trans; el Servicio de Salud de Reloncavi se transformó en el cuarto del país donde pueden gestionarse las cirugías de readecuación corporal; el Hospital Sótero del Río elaboró un programa sobre identidad género; el Minsal enfatizó su rechazo a las terapias reparativas de la homosexualidad; el Primer Plan Nacional de Derechos Humanos incorporó temáticas LGBTI; se publicó un sitio web estatal para informar y sensibilizar sobre el matrimonio igualitario y Bachelet se convirtió en la primera mandataria en dar un mensaje pro igualdad con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, al igual que la ministra de Educación Adriana Delpiano.

Además la Municipalidad de Providencia distribuyó entre sus funcionarios la circular número 1 sobre no discriminación, mencionando todas las categorías protegidas por la Ley Zamudio; su símil de Recoleta inauguró la Biblioteca Pública Pedro Lemebel; el municipio de Quellón organizó la Primera Marcha por la Inclusión y la Diversidad de la comuna y Las Condes y la Plaza de Tribunales de Concepción desplegaron la bandera de la diversidad. En tanto, las piletas de la Plaza Cruz, de la Plaza Bélgica y de las rotondas Paicaví y Lomas de San Sebastián, en la región del Biobío, fueron iluminadas con los colores del arcoíris, al igual que el Arco de la Universidad de Concepción.

En el plano legislativo se aprobó una reforma al Acuerdo de Unión Civil que extiende a los convivientes los 5 días de permiso laboral y la presidenta Bachelet presentó en el Congreso Nacional un Proyecto de Ley que Sanciona la Incitación a la Violencia Física y el Proyecto de Matrimonio Igualitario, lo cual fue antecedido por dos históricas ceremonias sobre la materia celebradas en La Moneda, en el marco del cumplimiento del acuerdo firmado ante la CIDH.

En el mismo ángulo, la bancada del PS presentó un proyecto de ley que sanciona la incitación al odio, parlamentarios de la Nueva Mayoría ingresaron una iniciativa que permite la adopción aparejas del mismo sexo y la Cámara de Diputados aprobó una resolución impulsada por el PC que rechazó los mensajes discriminatorios promovidos por el autodenominado “Bus de la Libertad”.

En el campo judicial hubo 107 sentencias favorables a los derechos humanos de las personas LGBTI y de las familias homoparentales, destacando la tuición de sus dos hijos entregada a un padre, pese al homofóbico rechazo de la madre, y un fallo que validó la determinación del juez Luis Fernández de cambiar el nombre y sexo legal de una niña de 5 años.

En el terreno cultural, académico y/o mediático el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) lanzó su primera guía contra la homofobia y la transfobia, la cinta “Una Mujer Fantástica” fue seleccionada para representar a Chile en la carrera por los Oscar; la Universidad Academia de Humanismo puso en marcha un reglamento que garantiza el respeto al nombre y sexo social de las personas trans; la Universidad de Chile se transformó en la primera Casa de Estudios en impartir un curso sobre la realidad de las personas LGBTI y la actriz Daniela Vega se convirtió en la primera mujer trans en participar de un spot publicitario.

En el campo social y de las movilizaciones, el Metro de Santiago adhirió con una campaña al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el Movimiento LGBTI celebró la Primera Muestra de Cine LGBTI en Aysén, la Primera Campaña contra la Homofobia en el Fútbol, la primera marcha del Orgullo en Punta Arenas y la Primera Marcha por el Interés Superior del Niño y de la Niña en Santiago, además de convocar al primer debate sobre el matrimonio igualitario organizado por la sociedad civil en el Congreso Nacional.

En tanto, el testimonio público de la joven Carla Aranda González, hija de una líder homo/tranfóbica, brilló al causar debate nacional e internacional y acelerar la tramitación de la ley de identidad de género

En la línea política, Guido Girardi leyó en Sala una declaración del movimiento LGBTI y Carolina Goic se convirtió en la primera presidenta de la DC y abanderada de ese partido en respaldar el matrimonio igualitario, al igual que Felipe Kast, pues fue el primer pre-candidato de Derecha en apoyar dicha ley.

En el escenario internacional la Corte Interamericana de DDHH estableció que el matrimonio igualitario y la protección y respeto de la identidad de género están garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos; el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que prohíbe la pena de muerte contra las personas que tienen relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo; la OEA dio luz verde a la “Resolución sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, donde incluye a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas; Chile y Canadá asumieron la co-presidencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI); el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que Australia violentó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al negarse a rectificar la partida de nacimiento de una mujer trans casada y Luz de Luna (Moonligth), una cinta con temática LGBTI, ganó el Óscar como mejor película.

Los hitos negativos fueron las campañas de odio de los autodenominados buses de la “Libertad” y de la “Familia”; una querella que una ONG presentó contra el juez Luis Fernández porque había autorizado el cambio de nombre y sexo legal de una niña de 5 años; el despacho por parte del Senado de una propuesta de ley de identidad de género que excluye a niños, niñas y casados y patologiza a los mayores de 18 años; las ofensas contra la presidenta Bachelet en el Te Deum evangélico y el sensible fallecimiento el diseñador de la bandera LGBTI, Gilbert Baker.

Por último, en 2017 salió a la luz el primer crimen homofóbico cometido por agentes de la Dictadura.

Informe completo aquí

Fuente MOVILH

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El Parlamento del Territorio del Norte australiano aprobó este martes un proyecto de ley para equiparar a todas las parejas, independientemente del género de sus integrantes y su estado civil, en el acceso a la adopción de menores. Se trata del último estado o territorio del país que abre esta posibilidad a las familias homoparentales. Hasta ahora solo podían adoptar las parejas que llevaran casadas al menos dos años. Esta restricción excluía a las del mismo sexo, que solo han podido contraer matrimonio desde el pasado diciembre.

Una nueva discriminación de las personas LGTB que cae en Australia. La Asamblea Legislativa del Territorio del Norte dio su visto bueno el martes pasado a un proyecto de ley para permitir la adopción de menores por parte de parejas no unidas en matrimonio que lleven al menos dos años conviviendo. Hasta la aprobación de esta norma, solo las casadas (también durante dos años como mínimo) eran elegibles.

El Territorio del Norte era la última jurisdicción australiana que impedía la adopción por parte de parejas que no estuvieran casadas. El requisito de dos años de matrimonio excluía además a las del mismo sexo, que ni siquiera podían adoptar a los menores que tuvieran en acogida. Australia abrió el matrimonio a todas las parejas en diciembre de 2017, tras años de discusión política. La regulación de la adopción, sin embargo, siguió siendo competencia de los estados y territorios que conforman el país.

Las primeras jurisdicciones en permitir a las parejas del mismo sexo acceder a la adopción conjunta fueron el estado de Australia Occidental en 2002 y el Territorio de la Capital Australiana (ACT) en 2004. Los demás se fueron uniendo y Australia Meridional fue la penúltima en 2017. Este estado y el Territorio del Norte son los únicos que impiden la adopción por parte de personas solteras, salvo circunstancias especiales sobre las que decide un tribunal.

Anna Brown, del Human Rights Legal Center, saludó la medida por “reconocer que lo más importante es que los niños crezcan en hogares llenos de amor y seguros, con independencia del género de las personas que los cuidan”. Añadió que “ahora que se ha aprobado a nivel nacional la igualdad matrimonial, es importante que adaptemos las leyes en cada estado a los valores modernos de la comunidad y eliminemos hasta el último reducto de discriminación contra las personas LGTBI de la legislación en todo el país”. Destacó la relevancia de la “estabilidad emocional y legal” que generará la nueva norma en las familias homoparentales.

Fuente Dosmanzanas

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El asesinato de la activista Marielle Franco desata una oleada de protestas en Brasil.

Marielle se había convertido en un icono de la lucha feminista y trabajaba para instaurar el Día de la Visibilidad Lésbica en el país.

Marielle Franco era afrodescendiente, abiertamente lesbiana, feminista y activista en favor de los derechos humanos. Militaba en el Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), y en 2016 fue elegida concejala de Río de Janeiro. En la noche del pasado miércoles, Franco fue asesinada tras participar en un acto de su partido  en favor de los derechos de las mujeres negras. Todo apunta a que existe una motivación política en su asesinato.

El pasado miércoles la activista por los derechos humanos Marielle Franco fue tiroteada mientras conducía por el centro de Río de Janeiro mientras regresaba de un acto titulado Jóvenes negras: moviendo las estructuras. En el ataque, también falleció el conductor del vehículo. En las últimas horas se ha sabido que las balas utilizadas podrían haber sido robadas a la policía.

Franco era especialmente crítica con el presidente brasileño que ha decretado una intervención militar en Río de Janeiro para combatir la violencia que azota el estado. Marielle, criada en una de las favelas más pobres de Brasil se había erigido como símbolo feminista y trataba de llevar a la agenda política las cuestiones de género. Asimismo, intentaba oficializar el “Día de la visibilidad lésbica”.

Franco, criada ella misma en una favela, era muy crítica con la violencia que habitualmente ejerce la Policía de Río de Janeiro contra los habitantes de los barrios más desfavorecidos, así como con la reciente decisión del Gobierno brasileño de militarizar la ciudad con el argumento de combatir la inseguridad. Las sospechas de que el asesinato de Franco no haya sido un delito común sino un atentado político se ven acrecentadas tanto por el proceder de los pistoleros (que interceptaron intencionadamente el vehículo en el que circulaba Franco antes de disparar contra ella y contra su chófer, que también resultó muerto) como por el hecho de que las balas utilizadas formaran parte de lotes vendidos a la Policía de Brasilia en 2006.

Lo sucedido ha provocado que miles de personas salieran a la calle este jueves y viernes en Río, Sao Paulo y otras ciudades llenando las redes sociales con los hastahags #MariellePresente y #LutoPorMarielle.

📹 Impresiomante movilización en Rio de Janeiro por el asesinato de la concejal #MarielleFranco que habia denunciado la violencia de la policía en las favelas.#MariellePresente 🇧🇷 pic.twitter.com/NMLL9jc9qR

— Oeste con vos (@oesteconvos) 16 de marzo de 2018

#MariellePresente | Una multitud se concentra en la Plaza Cinelândia, Rio de Janeiro, para rendir homenaje a la concejal Marielle Franco y Anderson Pedro, asesinados en la noche de ayer. Ella era relatora de la comisión que investiga la intervención militar. Ft: Ricardo Targino pic.twitter.com/8Pe8mZedHO

— André Vieira (@AndreteleSUR) 16 de marzo de 2018

Ahora en Brasil!! La gente marchando!! #MariellePresente pic.twitter.com/eStJ1fAkpx

— Dr Sorati (@MarianoSArg) 16 de marzo de 2018

Every day. All the time. Everywhere. #MariellePresente #LutoPorMarielle #resist #mysisterskeeper

Politician Marielle Franco assassinated in Brazil.https://t.co/g2UwCitRKs pic.twitter.com/TH2hxPurOV

— Joaille Araujo (@jdparaujo) 17 de marzo de 2018

#MarielleFranco | Continua en Rio de Janeiro el homenaje a Marielle Franco, concejal asesinada en la noche de ayer. Actos también ocurren en todo el país. #MariellePresente #MarielleVive pic.twitter.com/O37ie2zAP2

— André Vieira (@AndreteleSUR) 15 de marzo de 2018

Si la violencia patriarcal nos atropella: Sororidad, Sororidad, Sororidad#MariellePresente#TocanAUnaTocanATodas pic.twitter.com/fOPmQsQbH1

— Susana Kaufmann (@susanagkp) 15 de marzo de 2018

La actividad política de Franco se había centrado en la defensa de los sectores más desfavorecidos, y muy especialmente de los habitantes de las favelas y de las mujeres. Y aunque su condición de mujer lesbiana quizá no haya sido en este caso el factor determinante del asesinato, no puede dejar de tenerse en cuenta en un país que sufre las consecuencias de una brutal LGTBfobia. Según datos del Grupo Gay de Bahía, entre enero y septiembre de 2017 un total de 277 personas LGTB fueron víctimas de homicidio en ese país, la cifra más alta desde que este colectivo comenzó hace ya más de tres décadas a hacer este recuento.

Un deterioro al que también nos hemos referido en fechas recientes al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología (el organismo que regula el ejercicio de esta actividad profesional en Brasil) que prohibía desde hace años las “terapias” reparadoras de la homosexualidad.

No debe perderse de vista el papel que la pujanza de los grupos evangélicos está jugando. A finales de 2016, en las mismas elecciones en las que Marielle Franco conseguía su acta de concejal de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, un obispo evangélico con historial homófobo, se hacía con la alcaldía de Río de Janeiro. Y en estos momentos Jair Bolsonaro, un homófobo recalcitrante que pese a ser católico defiende sin tapujos la agenda conservadora del frente parlamentario evangélico (transversal a diversos partidos políticos) ha conseguido colocarse entre los favoritos para hacerse con la presidencia del país en las elecciones que tendrán lugar en octubre de este año. Unas elecciones que tienen lugar, recordemos, después de un periodo de profunda regresión política tras la polémica destitución de Dilma Rousseff y su sustitución por el conservador Michel Temer, vinculado a varios casos de corrupción.

Fuente | Lamarea.com, vía Dosmanzanas/EstoyBailando

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El activismo LGTB de Bermudas prosigue su lucha para que la ley que derogó el matrimonio igualitario sea anulada por los tribunales. Ese mismo activismo, además, solicita a quienes defienden los derechos de las minorías sexuales que no utilicen el boicot como arma contra la intolerancia, pues esa medida solo afectaría a quienes «han soportado la discriminación durante suficientes décadas». Muy al contrario, piden que se visite la isla como muestra de solidaridad o que se apoye económicamente al equipo que trata de recurrir la nueva legislación ante la Corte Suprema.

Desde que la Asamblea de Bermudas, un territorio perteneciente a la corona británica, aprobó la ley que impide que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, revirtiendo las decisiones de los tribunales, desde todas partes del mundo se han sucedido las muestras de apoyo a la comunidad LGTB isleña y la indignación por la conculcación torticera de sus derechos.

En las redes sociales saltó pronto la iniciativa para boicotear a la isla, muy dependiente económicamente del sector turístico. Se sucedían las voces que clamaban por esta medida, hasta que llegó a quienes tienen un gran poder de difusión. La conocida presentadora estadounidense Ellen DeGeneres, una de las más relevantes figuras de la visibilidad lésbica, comunicaba su intención de cancelar su viaje a Bermudas, e instaba a que los demás hicieran lo mismo.

Bermuda just banned marriage equality. I guess I’m canceling my trip. Anybody else? https://t.co/c5bwUbyjZt pic.twitter.com/VpT5QQAFsq

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 7 de marzo de 2018

A activistas como Same Love Bermuda, sin embargo, les preocupa mucho esta medida por la repercusión negativa para la propia comunidad LGTB de la isla, que podría verse especialmente afectada. Desde su sitio web han solicitado que no se lleve a cabo el boicot, y que se colabore apoyando económicamente al equipo legal que trata de que la ley discriminatoria sea derogada por los tribunales. Este es el texto:

La mejor manera de ayudar
El desafío legal es el canal apropiado para conseguir justicia e igualdad en Bermudas. Algunas personas han reaccionado a la ley de uniones civiles del Gobierno de Bermudas con llamadas a un boicot. Les pedimos a todos: «No boicoteen a Bermudas», eso solo perjudicará a las personas que ya han soportado la discriminación durante suficientes décadas. La forma de ayudar a Bermudas es visitarnos o apoyar nuestra apelación constitucional ante la Corte Suprema.

Efectivamente, el abogado y ex fiscal general de Bermudas Mark Pettingill, presentó en el mes de febrero una demanda ante la Corte Suprema contra la nueva ley de uniones civiles para las parejas del mismo sexo, en representación de Rod Ferguson, un ciudadano de Bermudas residente en Estados Unidos. Ferguson considera que negarle su derecho a contraer matrimonio es inconstitucional por suponer un «trato inhumano o degradante».

El demandante y su representante legal esperan conseguir la derogación de la ley de uniones civiles por vulnerar los derechos constitucionales de libertad de conciencia, expresión, asociación y credo y algunos relacionados con la propiedad. Pettingill cree que el caso podría llegar incluso a los tribunales europeos, por la singularidad de una situación en el que las parejas del mismo sexo pudieron contraer matrimonio durante un periodo de tiempo y después se las despojó de este derecho.

El matrimonio igualitario en Bermudas

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era un tanto peculiar. En mayo de 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían reclamado ante los tribunales su derecho a casarse. La jueza consideró entonces que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hiciera referencia a «dos personas» en lugar de a «hombre y mujer».

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que solo unos meses antes, había rechazado en referéndum la posibilidad de reconocer jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno de Bermudas no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. Finalmente, como una forma de «cortocircuitar» a la Corte Suprema, la Asamblea de Bermudas aprobó un proyecto de ley que, en lugar del matrimonio igualitario, instituye la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo. La medida fue aprobada en diciembre por 24 votos a favor y 10 en contra. A principios de febrero, el gobernador John Rankin, en representación de la reina de Inglaterra, estampaba su firma en la ley, otorgándole plena validez.

Desde entonces, las parejas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio, sino una unión civil que otorga derechos similares pero que es una institución diferenciada. Eso sí, para evitar problemas jurídicos la nueva figura legal no tiene efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo que han tenido lugar desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la entrada en vigor de la ley que eliminó esa posibilidad siguen vigentes. Se tiene constancia de diez enlaces en el territorio y cuatro más en barcos con bandera de Bermudas.

Fuente Dosmanzanas

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Duda disipada: el Gobierno de Baviera anunció el martes que no presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que abrió el matrimonio a las parejas del mismo sexo el año pasado en Alemania. El Ejecutivo del Land, gobernado con mayoría absoluta por los socialcristianos de la CSU, ha decidido que un recurso de este tipo tenía muy pocas posibilidades de prosperar. El Tribunal Constitucional alemán, de hecho, ha tumbado en el pasado importantes discriminaciones que afectaban a la comunidad LGTBI.

En junio de 2017, el Bundestag alemán aprobaba el matrimonio igualitario en una votación histórica. Pero poco antes de su entrada en vigor en octubre de 2017, el Gobierno del estado federado de Baviera anunciaba que exploraría la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley. Basaron su decisión en el argumentario habitual de los conservadores: según ellos, la Ley Fundamental alemana excluye a las parejas del mismo sexo cuando habla de la “protección especial del matrimonio y la familia”. El Ejecutivo socialcristiano de Horst Seehofer (CSU) encargó entonces un dictamen legal para decidir sobre la idoneidad de recurrir la norma.

Cinco meses después han llegado las conclusiones. Los expertos consultados han determinado que las posibilidades de que prosperara un recurso eran muy escasas, entre otros motivos porque los cambios sociales han superado la visión del matrimonio como una institución exclusiva de las parejas de distinto sexo. También apoya su decisión la propia trayectoria del Tribunal Constitucional, que ha tumbado en el pasado importantes discriminaciones que afectaban a la comunidad LGTBI, ante la pasividad de los diferentes Gobiernos de Angela Merkel. Tras conocer las recomendaciones del dictamen, la Administración de Seehofer votó mayoritariamente (pero no por unanimidad) en contra de presentar el recurso de inconstitucionalidad.

El sector favorable a recurrir teme una pérdida de votos hacia la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) por parte del sector más conservador del electorado de la CSU, con la vista puesta en las elecciones regionales del próximo octubre. Mientras que la fracción más pragmática pide confiar en la opinión de los expertos, que recuerdan también que ningún Tribunal Constitucional o institución equivalente en otros países ha anulado, por ahora, una ley de matrimonio igualitario en vigor. Un ejemplo es el de España, que rechazó el recurso del PP contra la norma 13/2005 por ocho votos a tres en noviembre de 2012.

Según la ley alemana, pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad el Gobierno federal, el de un Land o al menos una cuarta parte de los diputados del Bundestag. Baviera es el único estado federado con un Gobierno monocolor: la CSU, partido hermano de la CDU de Merkel, tiene mayoría absoluta desde las elecciones de 2013. La presencia de formaciones favorables al matrimonio igualitario en el resto de Ejecutivos regionales aleja cualquier otra posibilidad de llevar la medida ante el Constitucional. El grupo parlamentario de la AfD en el Bundestag, a pesar de su beligerante oposición a la igualdad LGTBI, no alcanza la cifra necesaria de escaños para recurrir la medida.

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