Magnífica noticia: las Cortes Generales han aprobado por fin la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que declara nulas o no vinculantes todas aquellas cláusulas que excluyen a una de las partes por tener VIH. La modificación pone fin a una de las discriminaciones históricas de las que eran objeto las personas con VIH en España: el acceso a las pólizas de seguro. La reforma tiene su origen en una proposición presentada en su momento ante las Cortes por el Parlamento de Navarra. 

La proposición del Parlamento navarro recibió en 2017 el apoyo de todos los grupos del Congreso, después de que en dos ocasiones anteriores fuese rechazada. En 2011 se cerró la legislatura sin que el asunto pudiese quedar resuelto, mientras que en 2014, entonces con mayoría absoluta del Partido Popular, fue rechazada. A la tercera ha ido la vencida. En esta ocasión, además, el PP ha decidido sumarse a la petición en lugar de oponerse, como hizo en la ocasión anterior.

La propuesta fue aprobada hace unas pocas semanas por la Comisión de Sanidad del Congreso. Al aprobarse de forma unánime, además, se hizo innecesaria la votación por el Plen del Congreso. Quedaba sin embargo pendiente la ratificación por el Senado, que se ha producido este miércoles. Se han registrado 242 votos a favor y no han habido ni votos negativos ni abstenciones.

Tras la reforma aprobada de forma unánime, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios añade una disposición adicional con el siguiente texto:

«Disposición adicional única. Nulidad de determinadas cláusulas.

1. Serán nulas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes, por tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud.

2. Asimismo, será nula la renuncia a lo estipulado en esta disposición por la parte que tenga VIH/SIDA u otras condiciones de salud.»

También quedará modificada la Ley del Contrato de Seguro, a la que se añade otra disposición adicional con el siguiente texto:

«Disposición adicional quinta. No discriminación por razón de VIH/SIDA u otras condiciones de salud.

No se podrá discriminar a las personas que tengan VIH/SIDA u otras condiciones de salud. En particular, se prohíbe la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas, por razón de tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente.»

La iniciativa acabará, por cierto, por tener efectos sobre personas que padecen otro tipo de enfermedades y se ven sometidas da discriminaciones parecidas, al añadirse además una disposición final a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios según la cual el Gobierno, en el plazo de un año, deberá presentar un proyecto de ley en el que determinará «la aplicación de los principios de esta Ley a otras enfermedades respecto a las que pueda considerarse que se aplican los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas».

La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA), que ya mostró su satisfacción cuando la reforma fue aprobada por la Comisión de Sanidad del Congreso, ha expresado su alegría en redes sociales por la noticia:

Aprobada por unanimidad la reforma de ley para eliminar discriminaciones por VIH 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼
https://t.co/OYyMnOnL3F

— CESIDA (@cesida_esp) 6 de junio de 2018

Fuente CESIDA, vía Dosmanzanas

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Importantísima sentencia la dada a conocer este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. «Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando a su cónyuge del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, la concesión un derecho de residencia derivado en su territorio», señala el alto tribunal europeo en el comunicado de prensa en el que da a conocer el fallo.

El caso es conocido en esta página: Adrian Coman, ciudadano rumano, y Robert Hamilton, ciudadano estadounidense, presentaron una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio, celebrado en Bélgica. Una falta de reconocimiento legal que impedía a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentaban que se trataba de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo. Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia.

Semanas después, en enero de 2018, nos llegó una primera noticia muy positiva: el prestigioso jurista belga Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales con los que actualmente cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión (él mismo fue juez de la Corte Europea de Justicia) daba la razón a los demandantes. Y aunque las conclusiones del abogado general no vinculan necesariamente al Tribunal de Justicia (su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa), finalmente el Tribunal ha coincidido con su criterio.

Mediante su sentencia dictada hoy, y según el comunicado hecho público por la institución, «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que en el contexto de la Directiva relativa al ejercicio de la libertad de circulación, el concepto de ‘cónyuge’, que designa a una persona unida a otra mediante el vínculo matrimonial, es neutro desde el punto de vista del género, por lo que puede incluir al cónyuge del mismo sexo del ciudadano de la Unión». Y aunque la sentencia precisa que los Estados miembros disponen de la libertad de institucionalizar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, señala que «la negativa de un Estado miembro a reconocer, únicamente a efectos de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, el matrimonio de éste con un ciudadano de la Unión del mismo sexo, contraído legalmente en otro Estado miembro, puede obstaculizar el ejercicio del derecho de ese ciudadano a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Esto supondría que la libertad de circulación variaría de un Estado miembro a otro en función de las disposiciones de Derecho nacional que regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo».

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se cuida de salvaguardar el derecho de los Estados miembros a autorizar o no el matrimonio igualitario, al asegurar que «la obligación de un Estado miembro de reconocer un matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro de conformidad con el Derecho de este último Estado, con el fin exclusivo de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, no afecta negativamente a la institución del matrimonio en el primer Estado miembro. En particular, esa obligación no impone a dicho Estado miembro el deber de contemplar la institución del matrimonio homosexual en su Derecho nacional». Sin embargo, matiza que «una medida nacional que pueda obstaculizar el ejercicio de la libre circulación de las personas sólo puede justificarse si es conforme con los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Al estar garantizado el derecho al respeto de la vida privada y familiar en el artículo 7 de la Carta, el Tribunal de Justicia señala que también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resulta que la relación que mantiene una pareja homosexual puede estar comprendida en el concepto de ‘vida privada’ y en el de ‘vida familiar’ del mismo modo que la de una pareja heterosexual que se encuentre en la misma situación».

Rumanía debe actuar en consecuencia

Hay que tener en cuenta que hablamos de una remisión prejudicial, que permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio, interroguen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. Pero el Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional: es el tribunal de cada país quien debe resolver el litigio de conformidad, eso sí, con la decisión europea. Será, por tanto, el Tribunal Constitucional de Rumanía el que ahora debe resolver de forma efectiva en favor del matrimonio Coman-Hamilton. Un país, Rumanía, en el que en este momento se está desarrollando en paralelo un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario vía referéndum.

La decisión favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin embargo, convierte en papel mojado dicha prohibición por lo que a los matrimonios con otros ciudadanos de la Unión se refiere, lo que no es poco. Y sobre todo, la decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar. De esta forma, la resolución sienta un importantísimo precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias. Y muy especialmente en el caso de los seis Estados miembros que carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo, y que además de Rumanía son Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Situaciones como la que han sufrido Adrian Coman y su marido, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarán a ser parte del pasado.

Fuente Dosmanzanas

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En una sentencia que ha caído como un jarro de agua fría en los colectivos en favor de los derechos civiles de las personas LGTB, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado en favor de Jack Phillips, el pastelero de Denver que se negó a elaborar una tarta de boda para una pareja gay. La decisión, respaldada por 7 de los 9 jueces del Supremo, supone un importante revés para los derechos LGTB en los Estados Unidos en un momento en el que los grupos conservadores, apoyados en una administración federal favorable a sus intereses, arrecian su ofensiva. Un análisis de la sentencia, en cualquier caso, permite concluir que podría haber sido mucho peor. Explicamos por qué.

Refrescamos en primer lugar los antecedentes del caso, que se remonta a varios años atrás. Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado, ya que en este estado la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Como explicamos en diciembre, la línea de defensa del pastelero ante el Supremo no se basó propiamente en que su «libertad religiosa» hubiera resultado sido violada (hay pronunciamientos anteriores del Supremo que consideran que la libertad religiosa no justifica la discriminación en el ámbito de la prestación de servicios no religiosos) sino en el derecho a su libertad de expresión. Phillips argumentaba que diseñar un pastel de boda es un proceso «creativo», y que hacerlo para una pareja del mismo sexo suponía forzarlo a expresar ideas con las que no está de acuerdo. Como también explicamos en diciembre, tras conocerse las preguntas y solicitudes de aclaración que los jueces del Supremo dirigieron entonces a las partes, las posiciones parecían divididas al 50%. Los analistas daban entonces por seguro que los cuatro conservadores (Samuel Alito, Neil Gorsuch, John Roberts y Clarence Thomas) se inclinarían por dar la razón al pastelero, mientras que los cuatro considerados de sensibilidad progresista (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) lo harían a favor de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. El voto que todo el mundo esperaba que deshiciese el empate era el de Anthony Kennedy, un juez «bisagra» cuyo posicionamiento en favor del matrimonio igualitario resultó clave en el pasado. En diciembre, Kennedy se mostró ambivalente y dio muestras de empatizar con los argumentos de las dos partes.

Sin embargo, el resultado final ha sido 7 a 2: solamente Ruth Bader Ginsburg (considerada a sus 85 años la miembro más progresista del Supremo) y Sonia Sotomayor se han inclinado de parte de la Comisión de Derechos Civiles del estado de Colorado. Los otro siete miembros, incluyendo Breyer y Kagan, se han alineado con el pastelero. ¿Qué ha pasado? La clave está en la letra pequeña de la sentencia, que señala de forma expresa que la opinión del alto tribunal se refiere única y exclusivamente al caso juzgado. Los siete jueces que han votado a favor de la sentencia, cuyo ponente ha sido precisamente Kennedy, señalan que la Comisión no dio a Phillips un trato objetivo y actuó con hostilidad frente a las «sinceras creencias religiosas» del pastelero. Según su interpretación, los miembros del organismo encargado de discernir si se había violado la normativa antidiscriminatoria del estado no atendieron como debían a los argumentos del pastelero, sino que desde el primer momento consideraron que estos eran una mera excusa para discriminar a la pareja.

El Supremo entiende, en este sentido, que desde el principio hubo menosprecio y falta de objetividad hacia Phillips, y este es el motivo por el cual falla a su favor, sin que la sentencia ponga en duda el derecho del estado de Colorado a proteger a sus ciudadanos de la discriminación. El texto de la sentencia establece, en este sentido, sus propios límites, al advertir que no puede considerarse un aval para que los prestadores de bienes y servicios puedan discriminar a las parejas del mismo sexo por razones religiosas y que la próxima vez que un caso de este tipo llegue a la justicia, esta deberá juzgarlo en su contexto y de forma independiente al caso del pastelero. «El resultado de futuros casos como este en otras circunstancias deberá ser discutido en los tribunales, todo ello en el contexto de entender que estas disputas deben resolverse con tolerancia, sin una indebida falta de respeto a las sinceras creencias religiosas y sin que se humille a las personas homosexuales cuando demandan bienes y servicios en un mercado abierto», expresa literamente la sentencia.

En definitiva, todo apunta a que el Supremo ha llegado a un compromiso entre conservadores y centristas para emitir un fallo de alcance limitado que si bien da la razón al pastelero lo hace por una razón formal, y no de fondo. Un compromiso que no supone un cambio significativo del statu quo jurídico, a diferencia de lo que habría sucedido si se hubiera dado la razón a cualquiera de las partes por 5 votos contra 4 pero utilizando los argumentos de fondo de una o de la otra parte. Así ha sido recibido, de hecho, por grupos de defensa de los derechos LGTB, como Human Rights Campaign. «Los extremistas antiLGBTQ no han conseguido la ‘licencia para discriminar’ que andaban buscando. La sentencia de hoy no modifica las ya duraderas leyes de derechos civiles de nuestra nación», ha declarado su presidente, Chad Griffin.

En cualquier caso, aunque sobre el papel no signifique un retroceso expreso, a nadie se le oculta que la sentencia supone un revés para el avance de los derechos LGTB en Estados Unidos. Los conservadores la venderán como un triunfo, que animará a muchos negocios a intentar discriminar a parejas del mismo sexo incluso en estados cuyas leyes locales las protejan contra la discriminación en la prestación de bienes y servicios. Parejas que en último término tendrán que seguir acudiendo a los tribunales para ver respetados sus derechos. Y más en un momento regresivo en materia LGTB como el que está viviendo Estados Unidos tanto a nivel de los estados gobernados por los republicanos como a nivel federal, de la mano de la administración Trump.

Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés: American Civil Liberties Union), representantes de Craig y Mullins, la pareja nunca llega a discutir con Phillips el diseño o mensaje que debía llevar la tarta, por lo que según ellos, la libertad de expresión del artista pastelero no se habría puesto en cuestión. La juez Ruth Bader Ginsburg, una de las que han votado en contra de la sentencia, explica que «cuando una pareja contacta con una pastelería para un pastel de bodas, el producto que buscan es un pastel que celebre su boda, no un pastel celebrando bodas heterosexuales o bodas del mismo sexo, y ese es el servicio que se les negó».

Activistas LGBT califican de “peligrosa” la decisión de la Corte de EEUU

Grupos de defensa de los derechos civiles de las personas LGBTIQ calificaron de “frustrante”, “discriminatorio”, “potencialmente dañino” y como un “retroceso” la decisión 7-2 de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Según las declaraciones recogidas por medios de comunicación, tras conocerse el fallo, la pareja conformada por Charlie Craig y Dave Mullins, a quienes Phillips les negó un pastel, aseguraron: “La decisión de hoy significa que nuestra lucha contra la discriminación y el trato injusto continuará. Siempre hemos creído que en Estados Unidos no se le debe rechazar en un negocio abierto al público por ser quien eres. Presentamos este caso porque nadie debería tener que enfrentar la vergüenza y la humillación de que nos digan ‘no servimos a los de su clase’. Seguiremos luchando hasta que nadie lo haga”.

Para la firma de abogados Pro-LGBT Lambda Legal esta decisión si bien es limitada, ya que solo aplica a los hechos específicos de este caso exclusivamente, de igual manera “invita a la discriminación y los esfuerzos adicionales para justificar la retención de servicios de personas LGBTQ. Esto alentará todo tipo de estrategia por parte de organizaciones anti LGBTQ bien financiadas que quieran crear excepciones a las leyes de no discriminación (…) La Corte hoy le ha dado la espalda a un precedente de larga data y ofreció no solo aliento, sino también una hoja de ruta para aquellos que negarían los derechos civiles a las personas LGBTQ y a las personas que viven con el VIH”.

Aseguraron que seguirán luchando para que esta “desgarradora” y “exasperante decisión” se entienda por lo que es: “un fallo estrecho limitado a hechos únicos que no pueden usarse para justificar la discriminación en ningún otro contexto”, declaró la firma.

Para el presidente de Human Rights Campaign, Chad Griffin, el lobby antiLGBTIQ no puede abrazar esta decisión como una “licencia para discriminar”. Ni el dictamen cambia las leyes de derechos civiles en Estados Unidos, sin embargo, es una campanada de que las personas LGBTIQ “enfrentan niveles alarmantes de discriminación en todo el país y los esfuerzos de HRC para avanzar en la igualdad son más urgentes que nunca”.

La presidenta y CEO de la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación o GLAAD (por sus siglas en inglés, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) Sarah Kate Ellis dijo: “Aunque la libertad de religión es un valor estadounidense, la discriminación no lo es. Si bien esta decisión no cambia las protecciones existentes de los derechos civiles, deja la puerta abierta para que las exenciones religiosas se utilicen contra las personas LGBTQ”.

Pantallazo @glaad | Foto: Uso Permitido

El LGBTQ Victory Institute dijo: “Hoy es un día triste para Estados Unidos y especialmente para los jóvenes LGBTQ que crecieron creyendo en el movimiento inevitable hacia la equidad y la justicia para nuestra comunidad. Si bien la Corte Suprema emitió un veredicto estricto centrado exclusivamente en el tratamiento de un pastelero de Colorado por parte de una agencia estatal, los opositores de la igualdad lo utilizarán para tratar de abrir las compuertas. Las fuerzas homofóbicas sobreinterpretarán intencionalmente el fallo y desafiarán las leyes existentes contra la discriminación al negar el servicio a las personas LGBTQ en aún más situaciones, negándoles la cena en un restaurante, el alojamiento en un hotel o el alquiler de un apartamento”.

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, dijo: “Este caso nunca fue solo sobre un pastel de bodas. Se trataba de que todas las personas, sin importar quiénes fueran, tenían derecho a celebrar su amor sin enfrentar discriminación. El Partido Demócrata cree que ningún individuo tiene una licencia para discriminar. Creemos en la dignidad de cada ser humano. Y seguiremos luchando por la igualdad de las personas LGBTQ en todas las áreas de nuestra sociedad, desde la vivienda y la atención médica hasta los baños y salas de juntas, las panaderías y las urnas”.

El bufete de abogados anti-LGBT Alliance Defending Freedom, un grupo de odio anti LGBT listado, celebró el fallo. “Jack sirve a todos los clientes; simplemente se niega a expresar mensajes o celebrar eventos que violan sus creencias profundamente arraigadas”, dijeron.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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Es como si Ciudadanos y Podemos hubieran pactado y sale este monstruo…

Mal comienzo en materia LGTB para el nuevo Gobierno italiano de coalición entre la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas. A los antecedentes LGTBfobos del nuevo vice primer ministro y titular de Interior, Matteo Salvini, se unen las declaraciones de Lorenzo Fontana, el responsable de Familia y Discapacidad. Fontana, que también arrastraba un historial de odio hacia la comunidad, afirmó en una entrevista que las familias homoparentales «a nivel legal, no existen». La organización Arcigay ya ha expresado su preocupación por la LGTBfobia de la Liga Norte, pero Salvini se ha apresurado a aclarar que no se darán pasos atrás en los tímidos avances conseguidos con el anterior Gobierno, como la ley de uniones civiles.

Tras semanas de negociaciones, el pasado viernes tomaba posesión el nuevo Gobierno italiano nacido de las elecciones del 4 de marzo. El Ejecutivo de coalición entre la Liga Norte de Matteo Salvini (extrema derecha euroescéptica y xenófoba) y el Movimiento Cinco Estrellas de Luigi di Maio (M5S, anti-establishment y también euroescéptico) cuenta con 18 carteras. Cinco de ellas estarán en manos de la Liga, ocho serán para el M5S y las restantes serán ocupadas por independientes más o menos cercanos a alguno de los dos partidos. Salvini y Di Maio ostentarán dos vicepresidencias y las carteras de Interior, el primero, y Desarrollo Económico, Trabajo y Política Social, el segundo.

Matteo Salvini

En el ámbito LGTB, poco cabe esperar del nuevo Gobierno. De hecho, como recuerda la organización Arcigay, la trayectoria de la Liga Norte está salpicada de ejemplos de hostilidad hacia la comunidad LGTB. Hemos recogido algunos de ellos: el patrocinio, por parte del Gobierno de Lombardía, de un evento homófobo, el intento de obstruir la tramitación de la ley de uniones civiles mediante la introducción de miles de enmiendas o la invitación al presidente de HazteOír Ignacio Arsuaga a propagar su campaña de odio en el Parlamento Europeo. En el caso del M5S, su postura al respecto ha variado de unos prometedores comienzos a desentenderse del tema y, por ejemplo, otorgar libertad de voto a sus representantes sobre la adopción homoparental.

Entre los miembros del Gobierno, uno de los que tienen unos antecedentes más desalentadores es el propio líder de la Liga Norte. Esta misma semana, antes de tomar posesión como vicepresidente y ministro del Interior, Salvini declaraba su intención de participar en un Gobierno «en el que la madre se llame madre y el padre, padre». «No quiero hablar de progenitor 1 y progenitor 2, 3, 4, 5», añadía. «En la familia hay una madre y un padre e hijos, que tienen una madre y un padre». Una clara muestra de desprecio y negación de las familias no tradicionales. Ya durante la campaña electoral, Salvini había apelado al tristemente manido «derecho de los niños a un padre y una madre».

Lorenzo Fontana

Preocupante es también la trayectoria del titular de Familia y Discapacidad, el también leghista Lorenzo Fontana. Exdiputado europeo y forjador de la alianza entre la Liga Norte y el Frente Nacional francés, afirmó que el pueblo italiano «está siendo atacado» por el «debilitamiento de la familia y la lucha por el matrimonio gay y la teoría de género en las escuelas», así como la inmigración a Italia combinada con la emigración de los jóvenes italianos. Fontana se ha autodefinido como un «cruzado» contra «la destrucción de nuestras tradiciones y nuestra sociedad» y ha puesto a Rusia como ejemplo de «defensa de la familia tradicional». En una entrevista concedida tras tomar posesión del cargo, rechazó el concepto de familia homoparental porque según él, «a nivel legal, no existen». Eso sí, como la mayoría de los homófobos, el nuevo ministro tiene «muchos amigos homosexuales».

Tras la polémica desatada por estas declaraciones, el propio Salvini ha salido al paso para aclarar que Fontana «es libre de tener sus ideas, pero no son una prioridad y no están en el contrato de Gobierno». El vicepresidente ha asegurado que «las uniones civiles y el aborto no son leyes que estén en discusión». Eso sí, ha añadido que sigue pensando que «en el futuro, nuestro país debe continuar teniendo principios como que la mamá se llama mamá y el papá se llama papá. Y que se puede adoptar un hijo si hay una mamá y un papá». En definitiva, un panorama sombrío para la equiparación de derechos si la Liga Norte impone su visión frente a un Movimiento Cinco Estrellas para el que la igualdad LGTB no parece un asunto prioritario.

Fuente Dosmanzanas

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La hispana Lupe Valdez, ex sheriff de Dallas, se convirtió la pasada semana en candidata oficial del Partido Demócrata a gobernadora de Texas en las elecciones del próximo noviembre. Y es noticia porque se Valdez es además la primera candidata a ese puesto por uno de los dos grandes partidos que es abiertamente lesbiana.

Valdez, de 70 años, se impuso en la segunda vuelta de las primarias demócratas al empresario Andrew White, de 45 años. Este aceptó la derrota con deportividad y dio la enhorabuena a su rival a través de su perfil en Twitter. “Felicidades a Lupe Valdez, por ganar la nominación demócrata a gobernador de Texas. Tiene mi respaldo y mi apoyo“, expresó White, que es hijo del fallecido abogado y gobernador Mark White —que ocupó ese cargo entre 1983 y 1987—. Un perfil que contrasta con el de Valdez, hija de inmigrantes y de origen humilde.

De esta forma, Valdez representará a los demócratas en noviembre, cuando se enfrentará al actual gobernador republicano Greg Abbott. Todo un reto, si se tiene en cuenta que hay que remontarse a 1990 para encontrarnos con la última vez que un demócrata se hizo con el gobierno del estado. En 1994 George W. Bush ganó las elecciones y desde entonces Texas ha estado gobernado por republicanos abiertamente hostiles a los derechos LGTB. Valdez, en cualquier caso, es una mujer acostumbrada a romper moldes: ella fue también la primera mujer en ser elegida en 2004 sheriff del condado de Dallas (luego ha sido reelegida tres veces más).

«Vamos a lograr una Texas más fuerte, justa, una Texas diversa y tolerante, una Texas en la que todos tengan voz y la posibilidad de salir adelante», declaró la candidata ante sus seguidores la noche electoral. En su discurso de aceptación de la victoria, Valdez quiso además agradecer su apoyo a su «cariño y amor Lindsay», en referencia a su actual pareja, Lindsay Browning.

«Esta noche, los texanos han hecho historia al convertir a Lupe Valdez en la primera mujer abiertamente lesbiana en ganar la nominación a gobernador por uno de los grandes partidos, la última de una serie de victorias sin precedentes para los candidatos LGTBQ en el estado», comentó por su parte la exalcaldesa de Houston Annise Parker, nada más conocer la noticia. Parker, también lesbiana, es la actual CEO de LGBTQ Victory Fund, una organización que se dedica precisamente a dar apoyo todos aquellos candidatos abiertamente LGTB y comprometidos con los derechos del colectivo en cualquier tipo de elección.

Aunque a día de hoy se estima bastante improbable, una victoria de Valdez en noviembre supondría sin duda un soplo de aire fresco para un estado cuya realidad sociopolítica no es precisamente favorable a los derechos LGTB. Cabe recordar que Texas se sumó en 2017 a otros estados del país con leyes homófobas que permiten, por ejemplo, que las agencias de titularidad privada que suelen encargarse de los sistemas de acogida y adopción puedan rechazar a candidatos a ser padres adoptivos por razones religiosas. Esto, en la práctica, supone permitirles discriminar a las parejas del mismo sexo.

Fuente Dosmanzanas

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Los Gobiernos de cinco estados federados alemanes registraron este miércoles una iniciativa legislativa ante el Bundesrat alemán para elevar a rango constitucional la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Las administraciones regionales, en las que están representados los partidos socialdemócrata, verde, liberal y Die Linke (La Izquierda), atienden así una demanda histórica de los colectivos LGTB. El acuerdo de gran coalición entre la CDU/CSU y el SPD, que concedió a Angela Merkel su cuarto mandato, la había pasado por alto. Pero la aprobación de la reforma constitucional requeriría necesariamente el concurso del partido de la canciller.

Los Gobiernos regionales de Berlín (SPD-Linke-Verdes), Brandeburgo (SPD-Linke), Bremen (SPD-Verdes), Renania-Palatinado (SPD-FDP-Verdes) y Turingia (Linke-SPD-Verdes) han presentado una iniciativa para blindar el derecho a la no discriminación de las personas LGTB en la Ley Fundamental alemana. La reforma presentada en el Bundesrat, la cámara de representación de los estados federados, consistiría en añadir la «identidad sexual y de género» a las categorías merecedoras de protección que recoge el artículo 3.3 de la Constitución, que en la actualidad reza:

Nadie debe ser discriminado o privilegiado por razón de su sexo, su origen familiar, su raza, su lengua, su procedencia, sus creencias, sus ideas religiosas o políticas. Nadie debe ser discriminado por razón de su discapacidad.

El blindaje constitucional de la protección contra la discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género es una reivindicación histórica del activismo LGTB alemán, que lo puso sobre la mesa tras las elecciones de 2017. El decepcionante acuerdo que renovó la gran coalición entre la CDU/CSU y el SPD ignoró este punto junto con el resto de las demandas de los colectivos.

Ahora, sin embargo, el SPD se une al resto de fuerzas favorables a la igualdad LGTB representadas en el Parlamento alemán y con las que gobierna en cinco Länder para reclamar la medida. Se trata de una iniciativa promovida por el Gobierno de la ciudad-estado de Berlín, a la que se han unido otros estados federados regidos por coaliciones sin presencia de los democristianos de la CDU o la CSU.

El auge de los discursos de odio LGTBfobo, que tiene en la presencia parlamentaria de la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) su más clara expresión política, ha sido la principal motivación de las fuerzas representadas en los Gobiernos que han propuesto la medida. La legislación alemana contempla la prohibición expresa de la discriminación basada en la «identidad sexual» desde la aprobación en 2006 de la Ley General de Igualdad de Trato, pero su plasmación a nivel constitucional serviría de blindaje de estos derechos.

El proyecto presentado el pasado miércoles en el Bundesrat necesita el apoyo de los dos tercios tanto de esta cámara como del Bundestag, por tratarse de una reforma de la Constitución. Descartada la AfD por su abierta LGTBfobia, el concurso de la CDU/CSU se hace por tanto imprescindible para su aprobación. La conocida reticencia de la formación de la canciller a los avances legislativos en la igualdad LGTB enfría las expectativas de éxito de la propuesta.

Actualmente, las Constituciones de Bolivia, Ecuador y Malta hacen referencia explícita a la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Las de México, Portugal, Sudáfrica y Suecia mencionan solo la orientación sexual. Dentro de Alemania, los estados federados de Brandeburgo y Turingia se refieren en sus leyes fundamentales a la protección de las personas LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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Por primera vez en democracia, un presidente del Gobierno de España es revocado de su cargo por el Congreso de los Diputados. El PP de Mariano Rajoy pierde la Moncloa al prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, como consecuencia de la sentencia de la trama Gürtel (en la que se reconoce la financiación ilegal del PP). Pedro Sánchez se ha convertido en presidente gracias a los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, PDeCat, Esquerra Republicana, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias. Desde el punto de vista LGTB, el desalojo del PP del Gobierno de España debería contribuir a impulsar el avance de las futuras leyes de igualdad LGTBI y de reforma de la ley de identidad de género. Esperamos además asistir a la retirada del estatus de «utilidad pública» y sus consiguientes beneficios a la organización ultra HazteOír, tras la negativa del PP de Rajoy hace solo unos meses. También se espera poder tumbar la ley mordaza, impulsar políticas feministas o hacer cambios en RTVE, entre otras cosas.

Mariano Rajoy deja de ser presidente del Gobierno de España y, sin ambages, podemos decir que no hay absolutamente nada que agradecerle ni por lo que recordarle en materia LGTB. Todo lo contrario. El historial LGTBfóbico del PP de Rajoy es extenso y conocido, a pesar de los intentos reiterados de Javier Maroto de blanquear la imagen de su partido y de su líder. En dosmanzanas lo hemos dicho por activa y por pasiva cada vez que Maroto ha repetido esta misma mentira: el recurso del PP contra el matrimonio igualitario no se refería solo «al nombre».

Mariano Rajoy, y con él su partido, sobre el que ha ejercido desde que es su presidente el máximo control, son quienes más daño han hecho a los derechos LGTB en nuestra reciente historia. En 2005, y tras apoyar una brutal campaña en su contra desencadenada por los sectores más reaccionarios de la sociedad española, Rajoy asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. También buscaba, por ejemplo, despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el «cuarto motivo de inconstitucionalidad» defendido en el recurso, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos.  Rajoy, incluso después de haber acudido como invitado a la boda del propio Maroto, se negaba a reconocer como un error la presentación de aquel recurso.

En septiembre de 2017, el ministro del Interior, el popular Juan Ignacio Zoido, se escudaba en el «Estado de derecho» para no retirarle a HazteOír el estatus de utilidad pública y sus consiguientes beneficios. Mientras que Zoido estuvo al frente de la alcaldía sevillana protagonizó algunos lamentables episodios de desprecio institucional hacia las personas LGTB, como la negativa a izar la bandera arcoíris o la eliminación de un programa de asesoramiento a mujeres lesbianas.

Por otra parte, el retroceso experimentado por nuestro país en las clasificaciones internacionales sobre derechos LGTB es consecuencia directa de la inactividad manifiesta del Gobierno del PP a la hora de seguir profundizando los cambios iniciados bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El relevo de Mariano Rajoy solo puede ser considerada, en este sentido, una magnífica noticia.

Pedro Sánchez abrazando a Pedro Zerolo

Deseable impulso a las leyes LGTB pendientes

Habrá que ver si el cambio de Gobierno contribuye al avance de las leyes pendientes en el Congreso en materia LGTB. La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI era registrada en mayo de 2017, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.

Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.

A finales de febrero de este año, la Mesa del Congreso de los Diputados desbloqueaba por fin estas dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB (la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como «ley de identidad de género»), y que de acuerdo a la lógica parlamentaria deberían contar con el respaldo final de la mayoría del Congreso.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso otra proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista sobre identidad de género, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de de las leyes integrales de transexualidad arriba mencionadas. El futuro de esta norma, que se encuentra en un estadio parlamentario más precoz, es incierto.

Debemos ser conscientes de todas formas de que la Mesa del Congreso sigue controlada por PP y Ciudadanos (la posición de estos últimos, en este sentido, sigue siendo decisiva a la hora de ralentizar o no el proceso legislativo) y de que los populares siguen disponiendo de mayoría absoluta en el Senado. Esto no es una novedad: ya en los tiempos de Rodríguez Zapatero el Senado, en manos de los populares, vetó leyes como la del matrimonio igualitario, un veto que fue posteriormente levantado por la mayoría absoluta del Congreso. No hay razones para que este escenario final favorable no se repita en la actualidad.

A nadie se le esconde el hecho de que un Gobierno favorable a la igualdad de las personas LGTB, en cualquier caso, debería actuar de catalizador del avance. Esperemos que así sea. Mientras tanto, y centrándonos en el día de hoy, no podemos sino celebrar por todo lo alto que Mariano Rajoy abandone el Gobierno de España. No lo echaremos de menos ya que ha sido un presidente tóxico para los Derechos LGTBI+.

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Perfil de Twitter @HasanAtik04 | Foto: Uso Permitido

El activista LGTB Hasan Atik se postula para diputado en las elecciones de Turquía de junio con intención de combatir la represión de Erdoğan. Hasan Andreas Atik es un activista por los derechos de las personas LGBTI y con VIH, candidato para ocupar un puesto en el Parlamento turco en las elecciones del 24 de junio.

El próximo 24 de junio Turquía elegirá la composición de la Asamblea Nacional para la siguiente legislatura, así como al nuevo presidente de la república que, tras el referéndum constitucional de 2017, también ejercerá de primer ministro. En este sentido, se ha confirmado que Hasan Atik, abiertamente gay y VIH positivo, aspira a obtener uno de los escaños de la provincia noroccidental de Edirne en el parlamento unicameral turco por el Partido Democrático de los Pueblos (HDP). No es la primera vez que la Asamblea Nacional de Turquía cuenta con diputados LGTB fuera del armario. Sin embargo, dada la creciente LGTBfobia de Estado, auspiciada por el propio Recep Tayyip Erdoğan, la posible elección de diputados activistas y combativos despierta esperanzas de cambio para el denostado y discriminado colectivo LGTB turco.

Cristianos Gays viene recogiendo desde hace ya tiempo la deriva autocrática de Turquía y la indisimulada LGTBfobia de Estado ejercida por el presidente Erdoğan y otros líderes afines a este. El 24 de junio el país renueva sus representantes en las principales instituciones nacionales, tras el adelanto electoral anunciado por el presidente el pasado mes de abril (en un principio, la cita con las urnas se había previsto para 2019).

A pesar de la represión de Turquía contra las personas LGBTI+, el activista Hasan Atik, quien no oculta su condición de hombre homosexual y seropositivo, aspira conquistar un escaño en el Parlamento de su país como miembro del Partido Democrático Popular de Izquierda (HDP), en las elecciones anticipadas del 24 de junio.

Así pues, se ha hecho público que el activista Hasan Atik optará a ocupar uno de los escaños de la Asamblea Nacional. Atik ha desarrollado su campaña hablando sobre los estigmas que rodean el VIH-Sida en su país. “La situación, donde ya somos un monstruo ante los ojos del público, empeora”, ha dicho en entrevistas. Hasan ha luchado desde hace muchos años por los derechos de las personas LGBTI y pacientes con VIH.

Atik, en referencia a las personas LGTB, dice que «el derecho a la vida es nuestra solicitud más urgente», por lo que«lucharemos contra cuestiones como el estigma y la discriminación, que están desencadenándose fuertemente en Turquía». El valiente candidato alega que le preocupan conceptos como «ciudadanía, libertad, matrimonio, empleo, etc» y «ser iguales en estos campos se encuentra entre nuestras demandas. Lucharé por la identificación e implementación de crímenes de odio. Expresaré nuestro más fuerte deseo de vivir una vida basada en la ciudadanía igualitaria, no en la discriminación positiva».

El activista, que forma parte de una formación de izquierdas (el HDP) que defiende la inclusión de la comunidad LGTB y que suele ser muy crítica con el erdoğanismo, agrega que «lucharemos por el plan de estudios de educación sobre salud sexual en las escuelas. Entonces educaremos a la sociedad contra la fobia al VIH. Luchamos contra cuestiones como el estigma y la discriminación, que están teniendo lugar en gran medida en Turquía».

En el principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), también pueden llegar a optar al escaño dos mujeres trans. En noviembre, precisamente, Erdoğan cargaba contra el CHP por establecer, supuestamente, una «cuota para homosexuales». «El partido que se hace llamar el principal de la oposición se ha alejado tanto de la nación que ahora en las elecciones a comités locales del CHP están poniendo una cuota de homosexuales, en proporción de uno de cada cinco», dijo entonces el presidente. El LGTBfóbico dirigente turco también añadió lo siguiente: «¡Que venga Dios y lo vea! No está claro cómo los distribuirán. Que sigan así. Nosotros somos los que defendemos la moral. ¡La moral es tan importante!».

En todo caso, «en nuestros comités desde luego integramos a todos, mujeres, hombres, transexuales, y nuestras políticas se ocupan de los derechos de los homosexuales. Es algo natural para nosotros, pero no existe una cuota», contestaron los socialdemócratas del CHP. Asimismo, denunciaron que «estas palabras del presidente reflejan un discurso de odio y discriminación».

También informó que está “obligado” a decirle a las personas que vive con el VIH. “En Turquía, debido a que no hay leyes sobre el VIH, existen sanciones severas. Me veo obligado a contarle a la gente sobre mi condición “, dijo a la publicación. “En la Constitución, tengo el derecho garantizado de no compartir mi información médica si no quiero. Sin embargo, las leyes, al impedirme usar mis derechos constitucionales, me obligan a contar mi historial médico”, expresó.

Sobre la situación que viven las personas con VIH en Turquía comentó en una entrevista en el año 2014 lo siguiente: “Estás expuesto a todo tipo de discriminación, incluso la más simple de las cosas. Por ejemplo, hace unos días fui al dentista para quitarme las muelas del juicio. No me quitaron los dientes y me contaron un montón de mentiras. Los doctores hablaban constantemente de mí el uno con el otro. Ni siquiera querían tomar una radiografía. Mientras esperaba en la sala de espera, oí que las enfermeras hablaban de mí. Hablaban en voz alta para que yo escuchara y me fuera. En términos de servicios de salud y comunicación personal, estamos expuestos a una gran cantidad de discriminación”. “El VIH es una enfermedad atribuida erróneamente solo a personas homosexuales. Me entristece ser la persona que confirma esto (estereotipo)”, dijo.

Atik se postula por un asiento en la provincia noroccidental de Edirme. Entretanto, el partido que lo respalda, el HDP, es conocido por su apoyo a los grupos minoritarios y desfavorecidos en las políticas públicas gubernamentales.

En el 2015 esta agrupación se convirtió en el primer partido político en seleccionar a una persona abiertamente homosexual para postularse a un escaño al Parlamento, se trató de Baris Sulu. Ese mismo año, el principal partido opositor de Turquía, el Partido Republicano del Pueblo, postuló a dos mujeres trans en las elecciones.

Aunque en Turquía la homosexualidad fue despenalizada bajo el Imperio Otomano en el año 1858, y se convirtió en el segundo gobierno de mayoría musulmana en crear leyes que amparan al colectivo LGBTI. En la actualidad, la situación va en detrimento de la igualdad y según OutRight Action International, se ha ido “deteriorando”.

“La persecución de los LGBTIQ y todos los defensores de los derechos humanos turcos debe detenerse ahora”, dijo en el mes de febrero Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International. Recientemente, las autoridades detuvieron sin ninguna explicación al líder de la principal organización LGBTIQ de Turquía, Kaos GL.

Erdoğan y la Turquía de la represión, el silencio y la LGTBfobia

En Cristianos Gays hemos informado de la involución de derechos y de visibilidad pública del colectivo LGTB en Turquía. En 2013 nos hacíamos eco de la histórica manifestación del Orgullo de Estambul, en la que participaron más de 15.000 personas (siendo la más multitudinaria hasta la fecha). Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, eran reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015, según los organizadores del Orgullo, la marcha fue «prohibida de repente por la oficina del Gobernador de Estambul, a causa del mes de Ramadán, sin ningún aviso».

Una circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación en 2014 (un año en el que el Tribunal Constitucional de Turquía reconocía por primera vez que llamar “pervertidos” a las personas LGTB es lenguaje de odio). En 2016 la Policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul. Fue prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por “la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes”, pero desde el activismo LGTB se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB de Estambul correría la misma suerte. En agosto de 2016, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

Una situación que se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul prohibía la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos.

En febrero de este mismo año publicábamos que los tribunales administrativos 4º y 13º de Ankara, respectivamente, rechazaban los recursos de apelación de las organizaciones igualitarias Kaos GL y Pink Life (o Pembe Hayat), que pretendían acabar con la prohibición de celebrar actos LGTB, impuesta por el gobernador de Ankara, Ercan Topaca. Para la justicia, que se posicionaba a favor de la oficina del gobernador, «la prohibición no causará resultados irrecuperables», dictaminando que tal decisión «no es ilegal».

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Ha despedido a miles de funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno y a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se imputaron cargos por “terrorismo” a 47.000 personas.

Como culminación del proceso de concentración de poder, el pasado abril Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista por un 51,41% de los votos. Erdoğan concentraba así toda la capacidad ejecutiva, junto a la potestad de elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento.

Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo bajo la nueva Constitución, Erdoğan podría mantener su poder casi absoluto hasta 2029 (las próximas elecciones presidenciales no tienen lugar hasta 2019). Una situación altamente preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía.

Fuente Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Uno de los miembros de la comisión parlamentaria que está revisando el Código Penal de Indonesia -que ilegalizará la homosexualidad- asegura que no quieren que el texto parezca “discriminatorio“. 

Ya llevamos meses contando que la situación del colectivo LGTB+ en Indonesia es catastrófica. Ser LGTB+ en Indonesia no es ilegal (por ahora) salvo en la provincia de Aceh, en la que se han registrado decenas de incidentes, agresiones, detenciones y abusos hacia el colectivo tanto por parte de las fuerzas de seguridad como por parte de civiles. La situación en Aceh es tan escandalosa que las autoridades hace poco decidieron dejar de torturar a personas acusadas de homosexualidad en público, porque consideran que la difusión de esas imágenes dañan la reputación internacional del país. Lo fácil sería dejar de torturar a personas LGTB+ ¿no? Pues no. En Aceh quieren seguir haciéndolo y, ya que están, quieren empezar a cortar cabezas. Literalmente.

 Mientras todo el mundo avanza en materia de derechos humanos, Indonesia decidió hace unos meses que lo suyo era llevar la contraria, declaró la homosexualidad un “desorden mental” y, en un movimiento que hasta la ONU ha criticado, decidió renovar el Código Penal del país para (entre otras cosas) ilegalizar la homosexualidad.

Durante varios meses un comité especial del Parlamento, formado por miembros de todos los partidos políticos, está revisando el Código Penal del país para introducir varios cambios. Desde la prohibición del sexo o la convivencia antes del matrimonio (…) hasta volver a introducir la pena de muerte, pasando por leyes que penalizan las críticas al presidente o ilegalizan la promoción de anticonceptivos. Y sí, también quieren ilegalizar la homosexualidad. Y todos los partidos políticos están a favor de esa medida. Pero no quieren que les llames homófobos y por eso han sorprendido las palabras de Arsul Sani, uno de los miembros de ese comité.

Según Sani, que pertenece al Partido Unido del Desarrollo, el artículo referente a las personas LGTB+ en el Código Penal es uno de los pocos en los que aún no se han puesto todos de acuerdo; pero en declaraciones al diario Tempo.co ha asegurado que: “Ese artículo no se borrará, pero la fórmula se mejorará para que no exista percepción alguna de discriminación“.

El gobierno de Indonesia quiere prohibir los actos homosexuales, algo claramente discriminatorio, pero quiere hacerlo de forma que el texto legal que penalice la homosexualidad no parezca discriminatorio.

Ayer miércoles 30 la comisión parlamentaria se ha vuelto a reunir para terminar de decidir sobre los artículos del código penal que no consiguen zanjar (que incluyen el del colectivo LGTB+, la pena de muerte y los métodos de reproducción asistida). Pero lo que está claro es que, pase lo que pase, Indonesia ilegalizará la homosexualidad en breve. Todo el comité espera que el nuevo código penal esté listo para ser votado y aprobado en el Parlamento el próximo 17 de agosto de 2018.

Posible criminalización de la homosexualidad en todo el país

La noticia tiene lugar en un contexto especialmente hostil, dada la discusión que se ha abierto sobre una posible criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, de la que también hablamos hace pocos días, y que ha desencadenado una auténtica espiral de LGTBfobia. De hecho, un diputado indonesio proponía la semana pasada modificar la legislación nacional para no solo castigar las relaciones homosexuales con cárcel, sino incluir además la pena de muerte para el colectivo LGTB (o, como mínimo, la cadena perpetua). El artífice de tal propuesta es Muslim Ayub, miembro del Partido Mandato Nacional Islámico (PAN).

Hanafi Rais, otro diputado del mismo partido, aseguraba que el debate sobre la criminalización de la homosexualidad está siendo acordado “por la mayoría de los partidos políticos indonesios”. Los seis partidos seculares, que controlan a la mayoría en la presente legislatura, no parecen, en todo caso, querer ponerse en contra a los extremistas islámicos antes de las elecciones de junio, en las que 171 regiones votarán por nuevos gobernadores, alcaldes y jefes de distrito.

Escalada de LGTBfobia de Estado en Indonesia

Hace algunos días recogíamos, precisamente, la detención de cuatro personas en Banda Aceh, a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentan a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. A principios de año recogíamos el último y descarnado caso de LGTBfobia de Estado en Indonesia. La policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como«hombres normales». En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años. En el mismo mes de octubre de 2015 nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.

Indonesia también votó en 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

En el mes de octubre de 2016, informábamos de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor, que fue considerada por las autoridades como “pornografía”. A estos hechos se suman un deterioro homófobo que reconocía el presidente Joko Widodo, quien lejos de atajarla ha llegado a aprobar medidas discriminatorias, como confiscar preservativos, o la persecución de webs LGTB, bloqueando aplicaciones de citas entre personas del mismo sexo o autorizar formas de discriminación laboralcon el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela y mezquita para personas trans de Indonesia, aparte de permitir las irresponsables declaraciones homofóbicas de políticos y alcaldes demonizando al colectivo LGBTy la radicalización de líderes religiosos que han llegado a fomentar el boicot a empresas internacionales que apoyan al colectivo LGBT.

En diciembre de 2017 nos hacíamos eco la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital de este país asiático. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017 en el que la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital y que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

Esta espantosa situación podría agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, en diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

Fuente | Tempo.co, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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La Asamblea General de la Iglesia de Escocia ha aprobado, por una contundente mayoría, iniciar el camino para celebrar bodas entre personas del mismo sexo. La moción fue aprobada por 345 votos contra 170. El proceso será largo y no culminará hasta 2020 (como mínimo), pero todo hace pensar que el camino inclusivo iniciado por la iglesia más importante de Escocia es un camino de no retorno.

La Iglesia de Escocia, primera confesión religiosa del país en número de fieles, es una iglesia presbiteriana que carece de obispos y que no pertenece al ámbito anglicano. Ya en 2016, de hecho, aprobó la ordenación de pastores casados civilmente con personas del mismo sexo, una vez que una mayoría de presbiterios dieron su visto bueno. Escocia, recordemos, ya había aprobado el matrimonio civil igualitario en febrero de 2014 (en un proceso independiente al de Inglaterra y Gales). La decisión de permitir la ordenación de pastores homosexuales casados no supuso la aprobación del matrimonio religioso igualitario ni obligaba a las congregaciones más conservadoras, que siguen contando con la libertad de refrendar a sus pastores, pero sin duda marcaba la dirección a seguir.

La decisión adoptada ahora por la Asamblea supone el inicio de un proceso que sí tendrá como paso final la celebración de bodas religiosas entre fieles del mismo sexo. Un comité procederá ahora a elaborar un informe sobre como implementar la reforma de su canon matrimonial, que será presentado a la Asamblea General de 2020, año en que previsiblemente se tomará la decisión definitiva. Todo parece indicar que está será positiva, especialmente si se tiene en cuenta que el mandato que se acaba de aprobar ya prevé que aquellos pastores que no quieran celebrar estas bodas no se verán obligados a hacerlo.

Es la segunda iglesia escocesa en dar el paso

Puede parecer un juego de palabras, pero la Iglesia de Escocia no es la primera iglesia escocesa en dar el paso: ya en 2017 el Sínodo General de la Iglesia episcopaliana de Escocia aprobaba, también por una clara mayoría, la reforma de su canon para abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Se trata, en este caso sí, de la rama escocesa de la comunión anglicana, que aunque cuenta con pocos fieles (es la tercera del país, tras la Iglesia de Escocia y la Iglesia católica) sí que tiene un indudable peso simbólico.

La que sigue impertérrita por lo que al matrimonio religioso igualitario se refiere es la segunda iglesia de Escocia en número de fieles, la Iglesia católica. Aun así, siendo justos, a nivel local esta mantiene posiciones que contrastan, por ejemplo, con las de la Iglesia católica española: en 2017, por ejemplo, hacíamos referencia a la aprobación de un plan de “escuelas seguras” para alumnos LGTB en los colegios católicos escoceses.

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La Universidad Complutense de Madrid ha presentado públicamente su Protocolo de Gestión Académica de la Identidad de Género, cuyo desarrollo comenzó ya en 2016. La Complutense decidió así adelantarse al desarrollo reglamentario de la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid (la ley integral trans), aún pendiente. La puesta de largo del protocolo tuvo lugar en una jornada que tuvo lugar este viernes, organizada junto al colectivo madrileño Arcópoli. La Universidad Complutense de Madrid es la universidad española con mayor número de alumnos presenciales en sus aulas.

«Nuestro protocolo es el primero que en la Comunidad de Madrid aborda de manera integral la identidad de género. Es un documento vivo con vocación constante de mejora y adecuación, y que es resultado de la colaboración fructífera entre esta Delegación, el Vicerrectorado de Estudiantes y la Asociación Arcópoli», expresó Esteban Sánchez, delegado del rector de la Complutense para la Diversidad y el Medio Ambiente. «La Universidad Complutense de Madrid contempla la diversidad como un activo, como una fortaleza de la institución», añadió.

El rector Carlos Andradas, que inaguró la Jornada sobre Identidad de Género en el marco de la cual se presentó el protocolo, no quiso olvidar la labor realizada por la anterior delegada en materia de Diversidad, la profesora Mercedes García, quien promovió que la Universidad Complutense fuese pionera sin necesidad de esperar el desarrollo reglamentario de la ley integral trans. «Se nos deberían abrir las carnes con que a estas alturas del siglo XXI aún tengamos que estar dando pasos en cosas que deberían estar hechas hace mucho tiempo». señaló Andradas, muy acertadamente.

La jornada reunió en primer lugar a representantes de los cuatro partidos políticos representados en la Asamblea de Madrid: Carla Antonelli (PSOE), Ana Camins (PP), Eduardo Fernández Rubiño (Podemos) y Tomás Marcos (Ciudadanos). Los representantes de PSOE, Podemos y Ciudadanos, que recordamos fueron las tres fuerzas que aprobaron la ley integral trans gracias a que el PP no dispone de mayoría absoluta en la presente legislatura, lamentaron que el Gobierno regional madrileño no la esté materializando. La diputada popular Ana Camins se defendió argumentando que «no es una ley de fácil aplicación», aunque añadió que su despliegue va a ser una realidad «espero que en breve».

Los representantes de los cuatro partidos elogiaron a la Universidad Complutense por el paso dado al desarrollar su Protocolo de Gestión Académica de la Identidad de Género, aunque el representante de Podemos, Eduardo Fernández Rubiño, insistió en que es también necesario que la futura Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (la polémica LEMES, que se está debatiendo en estos momentos en la Asamblea de Madrid) garantice también los derechos de las personas trans y LGBTI para reforzar el respeto a los mismos con independencia de la mayor o menor voluntad de los rectorados.

Tras el debate político, moderado por el delegado de Diversidad de la Complutense Esteban Sánchez, tuvo lugar una mesa redonda organizada por Arcópoli y en la que participaron varias personas trans que debatieron sobre la situación real del colectivo en la Comunidad de Madrid.

29 estudiantes han visto ya modificados sus datos personales

El acto finalizó con la presentación formal del protocolo, que según explicó durante la jornada Laura Jiménez, de Arcópoli (colectivo que tiene precisamente una base universitaria) ya está dando resultados: hasta la fecha son 29 los estudiantes que ya han visto modificados sus datos personales en toda la documentación generada por la Universidad Complutense (carné de estudiante, certificados, listas de clase, actas, censos electorales, etc.).

Os dejamos con el vídeo publicado por la Universidad Complutense en su canal de YouTube que recoge la parte de jornada en la que intervinieron representantes de la Universidad (tanto el debate político como la presentación del protocolo):

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En Canadá los hombres homosexuales y bisexuales deben estar un año sin tener relaciones sexuales para poder donar sangre. Antes de la llegada del primer ministro el tiempo de abstinencia era de cinco años.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se manifestó decepcionado porque aún en su país se mantienen las restricciones que impiden a todos los hombres gays sexualmente activos poder donar sangre.

“Sí, estamos trabajando en ello, pero también estoy molesto de que todavía no se haya logrado (…) Nuestro Gobierno entero está comprometido con la igualdad total para la comunidad LGBTIQ. Usted tiene mi palabra sobre eso”, afirmó tras recibir el premio por su trabajo en defensa de los derechos del colectivo LGBT+ otorgado por el grupo de derechos humanos Egale Canada.

En el 2016 se redujo en Canadá a un año sin tener relaciones sexuales el requisito para que los hombres homosexuales y bisexuales puedan donar sangre. Hasta esa fecha la ley exigía cinco años de abstinencia. Este paso se logró con la llegada de Trudeau al poder.

Entretanto, el Servicio de Sangre de Canadá ha informado que trabajan –apoyados en la tecnología- en mejorar los controles de detección a fin de cambiar los requisitos actuales de elegibilidad de los donantes de sangre.

Al aceptar su premio, Trudeau destacó que su país había dado grandes pasos hacia la igualdad LGBT+, sin embargo, todavía queda mucho más por hacer. Entre las tareas aún pendiente indicó: la falta de vivienda entre los jóvenes, la discriminación y el abuso que sufren las personas transgéneros en Canadá.

Sus palabras ante el auditorio fueron: “Lucharé por ti y pelearé contigo”, hecho que le valió una sonora ovación.

Justin Trudeau, quien se define como abiertamente feminista y respetuoso de los derechos del colectivo LGBTI+, ha sido una figura importante para que la comunidad gay continúe ganando espacios en esta nación norteamericana y en el mundo. Fue el primer jefe de Gobierno de Canadá en participar en una marcha del orgullo gay.

En el 2016 el primer ministro introdujo una ley para garantizar los derechos legales y la seguridad de las personas transgénero.

Desde el 20 de julio de 2005 es permitido el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Canadá y también está permitida la adopción para parejas homosexuales.

En el Reino Unido se redujo de un año a 3 meses después de la última relación sexual el requisito para que los hombres homosexuales y bisexuales puedan donar sangre. Esto ha sido producto de los avances en materia de detección y una mayor comprensión del VIH, afirmó la doctora Gail Miflin, directora médica y de investigación de NHS Blood and Transplant.

Fuente Universogay

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El colectivo madrileño COGAM ha lamentado, en un comunicado de prensa difundido este jueves, el  nombramiento de Miriam Rabaneda como nueva viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. COGAM denuncia que Rabaneda negó, en el anterior cargo que ocupó, «derechos básicos a las personas trans». Se refiere, en concreto, a la negativa a que las personas trans pudieran utilizar el nombre que corresponde a su identidad en las tarjetas sanitarias. 

Miriam Rabaneda ha sido alcaldesa de Pinto y directora general de Administración Local de la Comunidad de Madrid. En noviembre de 2016 fue nombrada directora general de Planificación y Formación de la Consejería de Sanidad, un puesto desde el que controlaba, entre otras muchas competencias, la gestión de la tarjeta sanitaria individual. Un documento emitido por la Comunidad de Madrid, y en el que por tanto, según marca la ley integral de transexualidad aprobada por la Asamblea de Madrid en marzo de 2016, las personas transexuales tienen derecho a que figure el nombre que corresponde a su identidad.

Algo a lo que según COGAM denuncia Miriam Rabaneda, la nueva viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, se negó, alegando «problemas informáticos» e invasión de competencias estatales. «Se negaba a entregar los informes jurídicos que justificaran dicha denegación hasta que le obligó el Consejo de Transparencia» argumenta COGAM. Desde la Consejería de Sanidad se argumentó en su momento que la tarjeta sanitaria es un documento vinculado con la Seguridad Social, por lo que cambios en el nombre podrían dar lugar a «distorsiones en el sistema de prestación de servicios», y que obliga también a otras comunidades en caso de prestar asistencia sanitaria a residentes en Madrid. Un argumento que se desmorona si se tiene en cuenta que comunidades como Andalucía o Baleares sí permiten el cambio del nombre en sus respectivas tarjetas sanitarias.

Es por eso que COGAM «quiere expresar su rechazo a este nombramiento dada la negación de derechos humanos básicos que la dirigente [Miriam Rabaneda] ha estado acometiendo durante sus cargos anteriores». «Consideramos una ofensa a las personas trans y sus familias que la directora general que ha sido responsable de no facilitar a las personas trans las tarjetas sanitarias que están siendo facilitadas en otras comunidades autónomas bajo las mismas condiciones haya sido nombrada viceconsejera de Políticas Sociales. Es muy triste tener constancia de que el incumplimiento de la ley trans de Madrid va a continuar hasta el final de la legislatura», ha declarado Emilio García, responsable del grupo Familias Transformando del colectivo madrileño. Desde COGAM afean de hecho al Gobierno regional que asociaciones y colectivos trans «tuvieran que acudir al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que calificó como ‘un problema de discriminación realmente importante’, el no desarrollo de la ley aprobada por mayoría en la Asamblea de Madrid».

COGAM espera también que Ángel Garrido, elegido nuevo presidente de la Comunidad de Madrid como los votos de PP y Ciudadanos tras la dimisión de Cristina Cifuentes, «se involucre personalmente en el desarrollo de los protocolos y reglamentos necesarios para implantar la Ley de Identidad y Expresión de Género, aprobada en 2016. Durante este tiempo el Ejecutivo que dirigía la dimitida Cifuentes no ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para hacer cumplir la ley en ámbitos tan necesarios para las personas trans como el educativo o el sanitario. Haciendo oídos sordos, además, a los colectivos trans y a diversos diputados y diputadas del PSOE y Podemos que han pedido en sede parlamentaria la implantación definitiva de esta ley».

«Es necesario desarrollar el mandato legislativo de desarrollo de la ley», ha declarado por su parte Jesús Grande, presidente de COGAM, que en cualquier caso ha tendido la mano al Gobierno regional para ayudarle a rectificar. «Continuaremos ofreciendo la colaboración con las diferentes consejerías, tal y como hemos venido haciendo hasta ahora, y poniendo nuestros recursos, experiencia y conocimientos a la disposición de la Comunidad de Madrid», ha expresado

Fuente Dosmanzanas

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 Cogresistas demócratas de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos consideran que negar la salud a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queers por motivos religiosos representaría un gran retroceso en materia de derechos civiles.

Una solicitud formal ha realizado un grupo de 127 demócratas en la Cámara de Representantes al director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca a fin de que se impida la aprobación de un plan impulsado por el presidente Donald Trump, que permitiría a los médicos negarse a tratar a personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y Queers (LGBTQ) si tienen una objeción religiosa.

Esto implicaría echar para atrás la protección conseguida durante la administración del presidente Barak Obama, según la cual, los profesionales de la salud, hospitales, y compañías de seguro no podían negarse a dar cobertura, asistencia y tratamiento por motivos religiosos.

Los opositores a la eliminación destacan que esto podría significar que las personas LGBT y las personas que han tenido abortos podrían ser rechazados legalmente.

Los congresistas indicaron que de aprobarse ese plan, resultaría muy dañino para las mujeres y las personas LGBTQ, que a menudo ya son discriminadas. Además, afirman que es un precedente peligroso que incentiva la discriminación.

“Nadie debería ser rechazado para recibir atención médica por lo que son”, dijo el congresista Jerrold Nadler de Nueva York.

La congresista de California Julia Brownley agregó: “Revertir la Ley de Derechos de Atención Médica abriría la puerta para que los proveedores de atención médica y las compañías de seguros nieguen la atención a las personas en función de sus creencias personales, lo que amenazaría a las mujeres y las personas LGBTQ en todo el país”.

La carta también destacó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) ha eliminado recientemente las directrices sobre identidad de género y orientación sexual de su sitio web.

Por otra parte, Caitlyn Jenner ha insistido nuevamente, en esta ocasión durante una entrevista con la revista Broadly, que la política del presidente Trump contra los derechos de las personas LGBTI en Estados Unidos la tiene decepcionada. “Ha sido, para todos los asuntos LGBT, el peor presidente que hemos tenido”, dijo quien en un principio había mostrado su simpatía por el mandatario.

“Quiero que sepa políticamente, estoy decepcionada, obviamente. No quiero que nuestra comunidad retroceda”, afirmó. También destacó que “creo que es bueno que yo esté en el bando republicano porque los republicanos lo saben, y tengo una relación inmediata con ellos para cambiar sus ideas”.

Fuente Universogay

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Momento de la agresión y detención agresor

Un joven radical agredía a un activista LGTB que se encontraba pronunciando un discurso para un pequeño grupo en una vía pública de Tiflis (capital de Georgia). En cuestión de segundos, tras un intento de rápida huida, el agresor era finalmente reducido por la policía. A pesar de la cancelación de la manifestación del Día Internacional contra la LGTBfobia, por las amenazas de la ultraderecha y las consignas de la iglesia ortodoxa (como recogía dosmanzanas hace solo unos días), algunos activistas realizaron acciones contra la intolerancia; sacando banderas arcoíris, improvisando pequeñas reuniones en lugares públicos, etc. Según publican distintos medios nacionales e internacionales, la citada agresión contra este activista no fue la única que se produjo, sumándose a otros incidentes violentos.

El pasado lunes nos hacíamos eco de que las amenazas de la extrema derecha de Georgia obligaban al activismo a desconvocar la manifestación por el día contra la LGTBfobia. Los activistas igualitarios no pudieron celebrar la marcha reivindicativa de Tiflis, por miedo a ser objeto, concretamente, de la violencia de los extremistas de la Georgian March, que habían anunciado que se manifestarían al mismo tiempo. Los ultranacionalistas de extrema derecha no ocultaron el hecho de que cancelaban su manifestación porque los activistas LGTB habían desconvocado la suya.

Sin embargo, tras la publicación de la anterior noticia, hemos sabido que algunos activistas (a pesar de la desmovilización oficial) sí salieron a las calles con banderas arcoíris e incluso se organizaron en pequeños grupos, exponiéndose a las agresiones de extremistas LGTBfóbicos. En este sentido, se han reportado varios episodios con violencia contra personas LGTB, en varios puntos del país, en el Día Internacional contra la LGTBfobia. El siguiente vídeo recoge uno de eses tristes sucesos, que acabó con la detención del agresor:

La extrema derecha ataca al colectivo LGTB en Georgia

Cabe recordar que, en los últimos años, tanto la iglesia como los ultraderechistas han impedido la normal celebración de actos y reivindicaciones en el Día Internacional contra la LGTBfobia (en 2013, por ejemplo, dosmanzanas recogía que contramanifestantes homófobos provocaron varios heridos en Tiflis). Los activistas LGTB, por su parte, dicen que el fortalecimiento de los grupos de derecha en Georgia es atribuible a la pasividad de las autoridades hacia las cuestiones de política social y les han pedido que asuman la responsabilidad de lo que está sucediendo.

El colectivo, además, denuncia que organizaciones como la Georgian March «en lugar de trabajar para abordar los problemas más importantes de Georgia (el desempleo, la pobreza, la contaminación, un mal sistema educativo, etc.) simplemente permiten una división entre las diferentes capas de la sociedad para expandirse aún más».

Sandro Bregadze, líder de Georgian March y candidato para las presidenciales de octubre por esa formación extremista,, renunció a su alto cargo en el gobierno en 2016, entre otras cosas, por no querer apoyar ningún reconocimiento de derechos al colectivo LGTB. En el informe anual sobre derechos LGTBI en Europa, que incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI, Georgia ocupa el puesto 33 de 40.

El Parlamento de Georgia aprobó en 2014 una ley contra la discriminación, que incluye la protección con respecto a la identidad de género y a la orientación sexual. Aunque se levantaron algunas voces críticas con la legislación, por quedarse corta, lo cierto es que supuso un avance, desafortunadamente más sobre el papel que en hechos, teniendo en cuenta la notable influencia social de la iglesia ortodoxa y apostólica georgiana, especialmente hostil a los derechos de la comunidad LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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El pasado sábado 12 de mayo daba comienzo la semana del Orgullo LGTB en Beirut, pero los diversos eventos programados pronto tuvieron que ser cancelados tras la detención de su organizador, el activista Hadi Damien, a quien la policía amenazó con presentar cargos por «fomentar el libertinaje y ofender la decencia pública», un delito castigado con hasta dos años de prisión. Se trata del segundo año consecutivo en el que se celebra el Orgullo LGTB del Líbano, pero también es el segundo año en que debe ser cancelado debido a la presión de los grupos LGTBfobos.

La semana del Orgullo LGTB de Beirut comenzó el pasado 12 de mayo con un encuentro con padres que apoyan a sus hijos LGTB. También se lanzó una campaña dirigida a empresarios para que implementen medidas contra la discriminación en el trabajo por razón de orientación sexual o identidad de género. Diversos actos de este tipo se deberían suceder a lo largo de la siguiente semana.

Como parte de esos actos, el organizador del Orgullo, el activista libanés Hadi Damien, ofrecía el pasado lunes 14 una lectura en un pequeño estudio hasta que irrumpió la policía, al parecer a instancias de grupos opuestos a los derechos LGTB. Inmediatamente, las fuerzas del orden se dispusieron a clausurar el evento alegando que no había sido aprobado por la censura oficial. También procedieron a la detención de Hadi Damien y a conducirle a la comisaría para interrogarle.

Según Layal Saqr, abogada de Damien, la policía no quiso identificar a quienes habían denunciado a Damien y actuó en todo momento con tono amenazante. Su principal interés era conocer los actos del Orgullo LGTB que aún quedaban por celebrar. Damien refirió que entre ellos se incluían una fiesta callejera, un espectáculo de drags, varios conciertos y lecturas poéticas. Tras conocer la programación pendiente, la policía amenazó a su cliente con presentar cargos por «fomentar el libertinaje y ofender la decencia pública» si no se comprometía por escrito a cancelar todos esos eventos. Esos cargos podrían acarrear penas de hasta dos años de prisión, por lo que el consejo de la abogada fue que aceptase firmar la cancelación pues «no quería verle entre barrotes». Damien accedió y firmó en consecuencia, consiguiendo así ser liberado tras pasar más de 12 horas encerrado en una celda abarrotada.

Este era el segundo año en que se llevaba a cabo una celebración del Orgullo LGTB en el Líbano, y también ha sido el segundo año consecutivo en que los distintos eventos han tenido que ser cancelados. En 2017, grupos islamistas irrumpieron en diversos actos y amenazaron con atacar con violencia si se celebraba la programada Marcha del Orgullo, que finalmente fue cancelada. Debido a ello, este año ni siquiera se había previsto celebrar la Marcha, pero la presión de los grupos LGBTfobos ha conseguido de nuevo la cancelación de los actos, además de la detención del principal organizador.

Activismo versus LGTBfobia institucionalizada

Las relaciones homosexuales en el Líbano (una república árabe multiconfesional en la que coexisten musulmanes sunitas, musulmanes chiítas, cristianos de diversas confesiones y drusos) son formalmente ilegales. El artículo 534 del Código Penal establece penas de un año de prisión para quienes realicen «actos sexuales contra natura». Sin embargo, cuatro jueces han fallado en contra de que se aplique a las relaciones homosexuales, por colisionar con los derechos fundamentales de los ciudadanos libaneses, de modo que el artículo 534 ha quedado en la práctica invalidado para ese fin. Por ello, al igual que sucede en países como Egipto, las fuerzas del orden utilizan los ambiguos artículos del Código Penal contra la decencia para reprimir de hecho tanto las relaciones homosexuales como la defensa de los derechos LGTB.

Pero el Líbano también se caracteriza por tener un valiente grupo de activistas LGTB que lucha contra la arraigada LGTBfobia de Estado. Por ejemplo, una de las manifestaciones proigualitarias más importantes de los últimos años tuvo lugar en 2012. Entonces, decenas de personas se manifestaron frente a los tribunales de justicia en Beirut (capital del país), para protestar por el uso de exámenes anales contra hombres sospechosos de ser homosexuales. La concentración tenía lugar tras la detención de 36 hombres en un cine frecuentado por gais, que fueron posteriormente sometidos a dichos exámenes. El acto fue convocado por el colectivo LGTB Helem bajo el lema «contra los exámenes de la vergüenza, vaginales o anales, en solidaridad también hacia las mujeres víctimas de exámenes vaginales para determinar su virginidad».

Como muestra de la omnipresente LGTBfobia de Estado en el Líbano, en mayo de 2013 año informábamos de las declaraciones del ministro del Interior, Marwan Charbel, que se jactó de que su país es hostil a los gais y propuso negar la entrada al mismo de las parejas del mismo sexo que se casen en Francia, precisamente durante el proceso de aprobación del matrimonio igualitario en el país galo. Estas declaraciones homófobas tenían lugar apenas dos semanas después de que se produjera una redada en la principal discoteca gay de Beirut, la capital del país. La policía arrestó, desnudó y golpeó a seis asistentes, que fueron acusados de “promover la prostitución, las drogas y la homosexualidad”. En 2014, asimismo, recogíamos que  27 hombres fueron detenidos en un hamam por sospechas de comportamiento homosexual.

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El auge de los partidos políticos y agrupaciones xenófobas, nacionalistas y LGTBfóbicas de ultraderecha es una realidad preocupante en buena parte de Europa en los últimos años. En Georgia, sin ir más lejos, los activistas igualitarios no han podido salir a las calles de Tiblisi (capital del país) para reivindicar el cese de la discriminación en el Día Internacional contra la LGTBfobia, por miedo a ser objeto de la violencia de los extremistas de la Georgian March, que habían anunciado que se manifestarían al mismo tiempo. Los ultranacionalistas de extrema derecha no han ocultado el hecho de que cancelaban su manifestación porque los activistas LGTB habían desconvocado la suya. Su líder, Sandro Bregadze, que fue viceministro hasta que dimitió en 2016 por negarse a apoyar ningún derecho LGTB, entre otras cosas, decía hace unas semanas que el 17 de mayo solo debería ser «el día de la pureza familiar». La iglesia ortodoxa georgiana, usando términos similares, sí ha convocado y protagonizado una gran manifestación, en la que se han exhibido simbología y pancartas LGTBfóbicas.

El próximo mes de octubre se celebrarán elecciones presidenciales en Georgia y uno de los candidatos confirmados, Sandro Bregadze, es un declarado LGTBfóbico, xenófobo e instigador de manifestaciones de ideología totalitaria y de cariz violento. El pasado mes de noviembre, sin ir más lejos, la Georgian March que lidera protagonizaba una concentración radical frente a la sede de Federación Georgiana de Fútbol para corear consignas discriminatorias y expresar su malestar por el apoyo al colectivo LGTB brindado por Guram Kashia, vicecapitán de la selección nacional, que juega en la liga neerlandesa con el club Vitesse Arnhem. Se saldó con al menos ocho detenidos.

Esos mismos sujetos habían organizado una contramanifestación para la convocatoria activista del Día Internacional contra la LGTBfobia, que se ha conmemorado este 17 de mayo. Una reivindicación que no solo no comparten, sino que rechazan de plano. Bregadze lo expresa muy claramente: esta fecha señalada solo debería ser «el día de la pureza familiar». Los antecedentes del proceder violento de la Georgian March han llevado finalmente a suspender la marcha igualitaria: «hemos decidido no utilizar nuestro derecho constitucional a la autoexpresión y no celebrar una reunión pacífica el 17 de mayo para evitar que los grupos que pretenden entrar en altercados realicen sus planes», expresan los activistas.

Tras este anuncio, los ultraderechistas, ya satisfechos, también se han desmovilizado. Aunque algunos radicales, en todo caso, se han sumado a la manifestación convocada por la iglesia ortodoxa georgiana, en la que se han podido ver consignas y pancartas LGTBfóbicas. En el siguiente vídeo se muestran algunos momentos de dicha manifestación:

El auge de la extrema derecha frena avances LGTB en Georgia

Cabe recordar que, en los últimos años, tanto la iglesia como los ultraderechistas han impedido la normal celebración de actos y reivindicaciones en el Día Internacional contra la LGTBfobia (en 2013, por ejemplo, dosmanzanas recogía que contramanifestantes homófobos provocaron varios heridos en Tiflis). Los activistas LGTB, por su parte, dicen que el fortalecimiento de los grupos de derecha en Georgia es atribuible a la pasividad de las autoridades hacia las cuestiones de política social y les han pedido que asuman la responsabilidad de lo que está sucediendo.

El colectivo, además, denuncia que organizaciones como la Georgian March «en lugar de trabajar para abordar los problemas más importantes de Georgia (el desempleo, la pobreza, la contaminación, un mal sistema educativo, etc.) simplemente permiten una división entre las diferentes capas de la sociedad para expandirse aún más».

El ya mencionado Sandro Bregadze, líder de Georgian March, renunció a su alto cargo en el gobierno en 2016, entre otras cosas, por no querer apoyar ningún reconocimiento de derechos al colectivo LGTB. En el informe anual sobre derechos LGTBI en Europa, que incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI, Georgia ocupa el puesto 33 de 40.

El Parlamento de Georgia aprobó en 2014 una ley contra la discriminación, que incluye la protección con respecto a la identidad de género y a la orientación sexual. Aunque se levantaron algunas voces críticas con la legislación, por quedarse corta, lo cierto es que supuso un avance, desafortunadamente más sobre el papel que en hechos, teniendo en cuenta la notable influencia social de la iglesia ortodoxa y apostólica georgiana, especialmente hostil a los derechos de la comunidad LGTB.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Ortodoxa Discriminación, Fascismo, Fútbol, Georgia, Georgian March, Giorgi Margvelashvili, Guram Kashia, Homofobia, Iglesia Ortodoxa, iglesias ortodoxas, LGTBfobia, Maxim Eristavi, Sandro Bregadze, Tiblisi, Videos, Vitesse Arnhem

ILGA Europa ha emitido su acostumbrado informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2018 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2017. Como en pasados años, Malta encabeza la clasificación debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, como el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad, la adopción homoparental o, finalmente, la aprobación del matrimonio igualitario, que la sitúan a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. España, debido a su inmovilismo legislativo, se mantiene en la novena posición, con la recomendación por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta sigue encabezando la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 91,04 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, quedando tan solo pendientes legislaciones respecto a la no discriminación en el acceso a bienes y servicios, las medidas reproductivas para parejas del mismo sexo o mejorar la situación de los asilados por orientación sexual o identidad de género.

Por otro lado, el inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, ha ocasionado que países que en su día encabezaron la clasificación o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, como Suecia u Holanda, se sitúen en la décima y undécima posición respetivamente. Ya no bastan leyes que establezcan la igualdad de derechos, también se exigen políticas activas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además de ello, el hecho de que no exista un organismo que se encargue tanto de vigilar y sancionar las situaciones de discriminación como de fomentar la igualdad en todos los ámbitos resta el porcentaje de consecución de objetivos en el apartado de «Igualdad y no discriminación».

ILGA Europa hace estas dos recomendaciones al Gobierno español:

Es decir, las recomendaciones son que se aprueben leyes como las que están actualmente en trámite parlamentario. Respecto a los acontecimientos más destacables del pasado año, ILGA Europa precisamente señala el gran esfuerzo de las asociaciones LGTBI para convencer a los distintos grupos políticos de la necesidad de aprobar las leyes de igualdad LGTBI y de reformar de la ley de identidad de género. También destaca la gran aceptación social que las personas LGTBI disfrutan en España, según confirman numerosas encuestas, y comenta, por ejemplo, el hecho de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hiciera pública su bisexualidad. Por otro lado, no deja de lamentar las agresiones denunciadas por el Observatorio contra la LGTBfobia de Madrid y los lamentables sucesos que tuvieron lugar en Murcia durante la celebración del Orgullo.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017 y este año se consolida en lo más alto de la lista. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza, aunque cayendo hasta el 9º puesto estos dos últimos años debido al inmovilismo legislativo.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, HazteOir, Holanda, Homofobia, Hungría, Iglesia Católica, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Transfobia, Turquía, Ucrania, Visibilidad LGTBI

La alcaldesa de Alfaro (La Rioja) convocó el pasado jueves al Consejo de la Juventud de la localidad, al que instó a evitar simbología LGTB en la fiesta que organizaba al día siguiente en la Plaza de San Francisco si no quería que esta fuese suspendida. La actitud de la alcaldesa ha merecido la condena de PSOE e IU (los otros dos partidos representados en el consistorio, que gobierna el PP con mayoría absoluta) El colectivo riojano Gylda ha exigido al PP una explicación de lo sucedido, mientras que la alcaldesa Yolanda Preciado asegura que mostrar simbología arcoíris no solo «no era necesario», sino que incluso podía llegar a ser «contraproducente».

El Consejo de la Juventud de Alfaro es un órgano independiente conformado por voluntarios, si bien recibe una subvención del Gobierno de La Rioja (no del Ayuntamiento de Alfaro, que en ese caso se limitaba, según el comunicado del Consejo, a colaboración logística y cesión de espacios). El pasado viernes había organizado una fiesta, amenizada por varios DJs, con la diversidad como leitmotiv, y que tenía lugar en el contexto de las Fiestas de Primavera de la localidad. De hecho, el propio cartel de la fiesta (ver en el lateral) incluía la bandera arcoíris, así como la fotografía de una chica luciendo sus colores en las mejillas. «El motivo de la fiesta ha sido constantemente anunciado desde el 18 de abril», explica de hecho el Consejo de la Juventud en su comunicado.

El propio Consejo de la Juventud de Alfaro confirma en la nota que Yolanda Preciado les convocó expresamente el 10 de mayo, un día antes de de la fiesta, para prohibirles expresamente «mostrar cualquier bandera, pegatina o pulsera que portase los colores del Orgullo Gay». La razón que se les dio era que la bandera arcoíris no era inclusiva y que su exhibición suponía «una discriminación positiva» hacia el colectivo LGTB, algo que el Ayuntamiento consideraba incluso «perjudicial» al no darse casos de homofobia en el pueblo (afirmación curiosa desde el punto de vista estrictamente lógico si se tiene el cuenta que de lo que se trataba era de censurar la bandera arcoíris). Según el Consejo de la Juventud, se les dejó muy claro que «en caso de mostrarlos [los símbolos arcoíris] la fiesta sería suspendida».

La propia alcaldesa, de hecho, ha confirmado lo sucedido al asegurar, «partiendo de la base de nuestro total y absoluto respeto y cariño hacia personas que tienen otra tendencia sexual [sic]» que en efecto convocó al Consejo «porque veía que no era necesario y podía ser contraproducente para el propio Consejo de Juventud (que representa a toda la juventud) marcar diferencias en un concierto inclusivo y organizado extraordinariamente hacia toda la juventud». La alcaldesa, además, aseguró sentirse engañada por el Consejo ya que «solicitaron a festejos (y así salió en el programa), una fiesta de DJs y la víspera del concierto anunciaron una fiesta del orgullo». Lo cierto es que, más allá de lo que reflejara el programa oficial, cualquiera puede comprobar en la página de Facebook del Consejo de la Juventud de Alfaro que desde casi un mes antes de la fiesta esta ya se anunciaba como una fiesta diversa con los colores del arcoíris bajo el hashtag #MásOrgullososqueNunca.

El Consejo de la Juventud ha asegurado, además, estar recibiendo amenazas e insultos tras hacerse pública la polémica, que asegura van a denunciar, y en concreto se refieren al trato denigrante hacia ellos por parte de un programa radiofónico, que no citan expresamente. «Nos sentimos desamparados en este momento por parte de las instituciones públicas, tanto del Ayuntamiento como del Gobierno de La Rioja», aseguran. «No vamos a permitir que se nos trate de mentirosos ante la opinión pública», añaden.

Condenas de PSOE, IU y del colectivo Gylda

Lo sucedido en Alfaro ha sido denunciado por los otros dos partidos presentes en el consistorio riojano, PSOE e IU, que tachan la actitud de la alcaldesa de «dictatorial». La oposición alfareña critica además la hipocresía del PP local, que por primera vez en la legislatura este año daba su apoyo a una moción sobre la visibilidad lésbica «hace apenas quince días en el pleno municipal» y que ahora intenta coaccionar al Consejo de la Juventud para evitar la presencia de simbología LGTB en una fiesta.

Por su parte, desde el colectivo Gylda han querido agradecer el gesto del Consejo de la Juventud de Alfaro «al incluir la diversidad afectivo-sexual en su actos festivos de este fin de semana». Una iniciativa que consideran tiene un valor muy importante, «puesto que ha nacido desde el propio Consejo y sin contactar con las entidades LGTBI, cuestión que demuestra que la juventud alfareña es sensible con nuestra realidad y ha querido trasladar un mensaje de inclusión para las y los jóvenes de la comarca, haciéndoles partícipes de sus fiestas».

Por lo que se refiere a la actitud del Gobierno municipal, Gylda considera que lo sucedido muestra su «poca sensibilización hacia la diversidad, pluralidad y la tolerancia». «Vemos inadmisible que desde una institución pública que debe velar por incentivar el trabajo asociativo y la transmisión de valores como la igualdad, el respeto o la diversidad, se coarte la libertad de entidades asociativas», añade.

El colectivo riojano denuncia además «el postureo del Partido Popular», que por un lado aprueba mociones de cara a la galería y por otro, «coarta todo avance de visibilización y normalización de la realidad LGTBI+ en nuestra comunidad». «Desde Gylda exigimos al PP de La Rioja una explicación de lo ocurrido en Alfaro, así como el desbloqueo de la ley integral trans que mantiene en el Parlamento riojano», añade. Gylda termina su comunicado agradeciendo a todas las personas que acudieron a los actos organizados por el Consejo de la Juventud de Alfaro «con la buena intención de disfrutar de las fiestas haciendo participes a todas las personas independientemente de su orientación e identidad de género».

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Juan Carlos López, el segundo por la izquierda

Los cuatro jóvenes, de ascendencia hispana, fueron acusados de agresión con agravantes y prejuicio, lo que significa que de ser declarados culpables podrían enfrentar una pena de hasta 30 años de cárcel. Este delito se considera un crimen de odio en el estado de Florida. Además, la jueza aumentó la fianza a 75 y 76 mil dólares.  

Este viernes el padre de Juan Carlos López, aseguró en la audiencia que se sigue contra su hijo y los otros tres jóvenes sospechosos de atacar a una pareja gay el 8 de abril en Miami Beach (EEUU), que es homosexual y que su hijo tiene “una excelente relación” con su pareja, con quien tiene más de 10 años de convivencia.

Juan Carlos López, Luis Alonso Piovet, Adonis Díaz y Pablo Reinaldo Romo, de entre 20 y 21 años de edad, fueron acusado esta semana por la Fiscalía bajo leyes estatales contra delitos de odio, por lo cual, podrían enfrentar una pena de hasta 30 años de prisión. Se les imputaron los cargos de agresión con agravantes y prejuicio.

Durante la audiencia de este viernes, la jueza que sigue el caso decidió aumenta la fianza a estas cuatro personas a 75 y 76 mil dólares. Además, ordenó el arresto domiciliario.

Los hechos

Luego de la marcha del orgullo gay celebrada en Miami Beach el domingo 8 de abril, los cuatro acusados golpearon e insultaron a la pareja de hombres gays conformada por Dimitri Lugonov y Rene Chalarca, de origen colombiano, al punto de que necesitaron asistencia prehospitalaria por las heridas y moretones presentados.

“Probablemente los provocamos porque estábamos caminando juntos, cogidos de la mano. Era orgullo de los homosexuales, South Beach estaba lleno de gente homosexual”, dijo Logunov.

Una tercera persona de nombre Helmut Muller Estrada, que salió en defensa de la pareja, también recibió una fuerte golpiza y tuvo que ser llevado a un centro de salud. Las cámaras de vigilancia registraron el momento cuando la pareja fue brutalmente atacada mientras esperaban en la fila para ingresar al baño en un parque en Ocean Drive.

Según el reporte policial estos hombres habían realizado una “calumnia despectiva” a las víctimas y gritado “insultos homosexuales”. Lugonov y Chalarca intentaron huir de la escena pero fueron perseguidos y goleados repetidamente.

En Estados Unidos las personas que comenten crímenes de odio se enfrentan a severas condenas e incluso a pena de muerte en caso de asesinato. En esta nación se consideran crímenes de odio los actos de violencia motivados por el racismo, antisemitismo, islamofobia, homofobia, y desprecio a las personas con discapacidad o sin hogar.

Fuente Universogay

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