Alberto (nombre ficticio con el que aparece en la prensa italiana) se llevó una enorme paliza que le va a obligar a quedarse en su casa el resto del verano, con un pronóstico de recuperación de unos 30 días. Ocurrió el sábado pasado en San Salvario, una zona de marcha de los alrededores de Turín. A la salida del metro, otro joven empezó a insultarle y a gritarle «maricón». La agresión, cometida por otro joven de edad similar a él, se produjo porque al atacante no le gustaba su forma de vestir y de caminar. «Había mucha gente, pero nadie me ayudó», le explicó a la policía. El matón estaba acompañado por un grupo que también se mofó de la víctima. La policía está investigando lo sucedido y analizando las imágenes que tiene del metro. Alberto, que ya ha abandonado el hospital, va a tener que renunciar al viaje de graduación a Barcelona con sus compañeros. «Lo único que pido ahora es justicia».

«No puedo acostarme, tengo que poner la prótesis en tensión tres veces al día y los dolores son muy fuertes. Lo peor, sin embargo, es la sensación de no ser libre. Es realmente absurdo que en 2018 un chaval, homosexual o heterosexual, no sea libre de vestirse como quiera o de caminar como desee. Es inconcebible que tenga miedo de que alguien lo llame ‘maricón’ o que le agreda salvajemente», ha relatado Alberto en una entrevista. La víctima teme represalias por su denuncia y por haber trasladado el caso a los medios, aunque argumenta que «no es correcto guardar silencio frente a cualquier tipo de discriminación».

Mientras se produjo la agresión, Alberto no recibió la ayuda de nadie. No obstante, luego sí fue socorrido por un par de personas: «me gustaría agradecerles, pero ni siquiera sé sus nombres». Por otra parte, el joven se lamenta de perderse su viaje de graduación: «Me quedaré en casa, mientras ese matón podrá disfrutar de las vacaciones. Había soñado con viajar a Barcelona, organizado y pagado para ello». Su única esperanza, tras lo sucedido, es que «al menos en estas semanas la policía realmente pueda identificar a esta persona y evitar que hiera a otras».

Alberto, que salió hace tiempo del armario como gay ante sus familiares y amigos, fue víctima de la homofobia durante su adolescencia y esta paliza le ha mostrado que sigue sin estar libre del odio y de la discriminación por su orientación sexual. La rotura del pie y de la clavícula que padece es un recuerdo de ello. «Usualmente me visto de una manera muy llamativa porque me gusta y no creo que tenga que rendirle cuentas a nadie. Pero el sábado llevaba unos pantalones y una camisa, nada más. Ese chico seguía diciéndome que estaba vestido como un marica».

Malos tiempos para la comunidad LGTB italiana

Como recogía dosmanzanas en junio, en el ámbito LGTB poco cabe esperar del nuevo Gobierno italiano de coalición entre la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas. A los antecedentes LGTBfobos del nuevo vice primer ministro y titular de Interior, Matteo Salvini, se unen las declaraciones de Lorenzo Fontana, responsable de Familia y Discapacidad, en las que aseguraba que las familias homoparentales «a nivel legal, no existen».

De hecho, como recuerda la organización Arcigay, la trayectoria de la Liga Norte está salpicada de ejemplos de hostilidad hacia la comunidad LGTB. Nos hemos hecho eco de algunos de ellos: el patrocinio, por parte del Gobierno de Lombardía, de un evento homófobo, el intento de obstruir la tramitación de la ley de uniones civiles mediante la introducción de miles de enmiendas o la invitación al presidente de HazteOír Ignacio Arsuaga a propagar su campaña de odio en el Parlamento Europeo. En el caso del M5S, su postura al respecto ha variado de unos prometedores comienzos a desentenderse del tema y, por ejemplo, otorgar libertad de voto a sus representantes sobre la adopción homoparental.

Solo un mes antes, la ciudad de Turín, precisamente donde se ha producido la brutal agresión contra Alberto, acogió una campaña de GECO, una asociación de madres y padres contra la LGTBfobia para trasladar que el problema no lo tienen las personas por su orientación sexual o identidad de género, sino los que discriminan y tienen prejuicios. La llamada Deomofobina, con aspecto de fármaco, se distribuyó como «antídoto contra la discriminación».

Por cierto, el entramado de HazteOír criticó esta campaña. El director de CitizenGO Italia, Filippo Savarese, dijo que «esta operación busca confundir la identidad sexual de los niños porque el contenido de esto es completamente ideológico: se afronta el tema de la homosexualidad, de la sexualidad en general, de la identidad y las relaciones, de manera completamente ideológica, totalmente tendenciosa». De estas agrupaciones ultras, que con sus discursos promueven el odio, ahora solo se puede esperar el silencio como respuesta a la violencia.

Fuente Dosmanzanas

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Una pareja de hombres ha denunciado una agresión homófoba ocurrida en una piscina de una urbanización en Santa Pola (Alicante). Los dos se encontraban disfrutando de su tiempo de ocio en actitud cariñosa, como cualquier otra pareja, cuando un vecino les llamó «maricones de mierda», les forzó a salir de la piscina y agredió salvajemente a uno de ellos. El pasado viernes varias decenas de personas protestaron por lo sucedido organizando una besada frente al castillo de la localidad.

Según relata el diario Información, la agresión tuvo lugar el jueves, 12 de julio, al filo de la medianoche. Fran, de 44 años, se encontraba con su novio haciendo uso de la piscina de la urbanización en la que reside desde hace dos años. No eran los únicos: un grupo de adolescentes disfrutaban también de la instalación en ese momento. Como cualquier otra pareja en su situación, Fran y su novio se encontraban en actitud cariñosa, dándose besos. Algo que al parecer irritó al agresor, un vecino que apareció, les gritó «maricones de mierda» y los forzó a salir de la piscina, amenazándolos con arrojarles una piedra. Ya fuera de la piscina el individuo golpeó a Fran en la boca con la piedra, además de darle varias patadas, según la denuncia que interpuso ante la Guardia Civil esa misma madrugada tras ser atendido en el consultorio médico de Santa Pola. Según el parte de lesiones presentaba heridas en el labio, rotura de un incisivo, lesiones en el hombro y dolor en el tobillo. La víctima refiere además sentir miedo de salir de casa después de lo sucedido.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, que está acompañando a la víctima en el proceso. Desde el Observatorio dan la voz la alarma, al considerar que este tipo de agresiones sigue ocurriendo, entre otras razones, debido a la sensación de impunidad de los agresores, ya que «en el ámbito de la tramitación judicial es complicado que un juez encuentre el agravante de homofobia, no son sensibles a la realidad y queremos que se agraven las penas», en palabras de Toño Abad, director del Observatorio. Confiemos en que este no sea caso, y por el contrario la justicia actúe de forma similar a como hizo recientemente en Denia, también en la provincia de Alicante, donde un individuo de 42 años, vecino de una pareja gay, fue condenado a ocho meses de cárcel y a cumplir una orden de alejamiento de la pareja tras insultarles y amenazarles.

Besada de protesta

Lo sucedido a Fran ha encendido las alarmas en Santa Pola, cuyo concejal de Igualdad y Diversidad, Samuel Ortiz, ha expresado su más absoluto rechazo y se ha mostrado además preocupado por el hecho de que esta no sea la primera agresión homófoba que llega a conocimiento del Ayuntamiento, y ello a pesar de las iniciativas en favor de la diversidad que el Ayuntamiento ha desarrollado. «Quizás los ataques de odio de ciertas personas sean una especie de respuesta a esta visibilidad, y es que las raíces heteropatriarcales todavía están muy arraigadas, y ante eso solo nos queda visibilizar las medidas en favor de la diversidad», ha declarado a eldiario.es. En concreto, el concejal menciona una agresión que sufrió otra pareja gay en la zona de Playa Lisa, que se suma a otra agresión que sufrió un miembro del colectivo juvenil Chronos Teatre cuando el pasado 30 de junio participaba en una performance en la calle con motivo del Orgullo LGTBI. Y hace varios meses fue el bar Eccolo, un local regentado por una pareja de chicas y frecuentado por clientela LGTB, el que fue objeto de un ataque a su fachada. 

De ahí que Chronos Teatre, la plataforma feminista Voces de Santa Pola y el propio bar Eccolo convocasen el pasado viernes una concentración ante la fachada principal del castillo-fortaleza de Santa Pola, en el centro de la localidad, a la que acudieron varias decenas de personas. 

Comunidad Valenciana: 79 incidentes de odio por LGTBfobia recogidos en 2017

El pasado mes de abril, el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia publicaba su primer informe sobre delitos e incidentes de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género de la Comunidad Valenciana, referido al año 2017. Según recogía el documento, elaborado a partir de las denuncias y consultas recibidas por parte del colectivo Diversitat y de varias entidades colaboradoras, en el territorio valenciano se contabilizaron durante el año pasado 79 delitos e incidentes motivados en el odio y la discriminación.

La mayor parte de los incidentes (21, un 39,3%) correspondieron a agresiones verbales, seguidos de amenazas (18) y agresiones físicas (15). 11 fueron catalogadas como discurso de odio, 8 como episodios de discriminación laboral y otros 8 como episodios de violencia en la escuela.

Por lo que se refiere a la tipología de las víctimas, el mayor número de incidentes (32, un 40,5%) se produjeron contra hombres gais. 21 fueron contra mujeres lesbianas, 11 contra personas trans, 7 contra hombres bisexuales, 4 contra mujeres bisexuales, 3 contra personas intersexuales y 1 contra una persona heterosexual. Por provincias, fue precisamente la de Alicante en la que el Observatorio recogió un mayor número de incidencias (42), seguida de Valencia (29) y Castellón (8).

El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, recordemos, nació impulsado por el colectivo alicantino Diversitat y es el tercero, tras los de Madrid y Cataluña, en publicar completos informes con los datos que han podido recabar sobre la situación en sus respectivas comunidades, y que van más allá de lo que lo hacen los datos oficiales del Ministerio del Interior.

Diversitat y el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, ante las Cortes Valencianas

Precisamente este lunes comparecía ante la Comisión de Igualdad de Género y LGTBI de las Cortes Valencianas Toño Abad, directos del Observatorio y presidente de Diversitat, para mostrar los datos de su primer informe anual y reclamar la aprobación de una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTB en la Comunidad Valenciana, que en estos momentos discute el parlamento regional. «La discriminación, el odio y la violencia conforman un continuo que nos acompañan a lo largo de todas nuestras vidas, desde las escuelas hasta las residencias de mayores, en todos los ámbitos: la educación, la sanidad, el trabajo, la familia, los círculos sociales. Llamamos a esta discriminación continua LGTBIfobia básica de fondo, que no es más que un continuo discriminatorio que nos lanza el mensaje de que somos peores personas por ser LGTBI», ha expresado Abad ante los miembros de la Comisión.

«La diversidad se penaliza, y este es un hecho que hay que reconocer para avanzar y ser mejores como sociedad, y es una obligación ética visibilizar esta situación para poder combatirla, independientemente de nuestra ideología, por eso invito al Partido Popular a votar a favor», ha añadido Abad, que ha propuesto incorporar a la futura ley una serie de medidas como consecuencia del análisis comparativo de otras normas, como el deber de intervención de la administración pública autonómica en la detección y erradicación de la violencia o la incorporación de planes de atención a la diversidad en la administración pública valenciana, incluyendo a los Ayuntamientos. Por su parte, Visitación González, responsable de Educación de Diversitat y coordinadora del área de Educación de la FELGTB, que también intervino ante la Comisión, resaltó la importancia que tiene para los docentes una ley que respalde el trabajo en la atención a la diversidad en las aulas.

Tas numerosas alusiones  de la diputada popular Blanca Garrigues a que la ley nacía como una mera declaración de intenciones, innecesaria por existir una ley de mayor rango como la Constitución, Toño Abad contestó que «los cambios sociales, las mejoras como sociedad y como democracia nacen también de las declaraciones de intenciones, de las buenas declaraciones de intenciones». La diputada, en su turno de preguntas, insistió en que las leyes vigentes actualmente ya consagran la igualdad. «La igualdad hay que crearla, no somos todos iguales cuando no recibimos el mismo trato, no conozco a ninguna persona heterosexual que haya sido dicriminada por su orientación sexual o su identidad de género ni tampoco que le hayan puesto las maletas en la puerta sus padres por ser quien es», le respondió Abad, que también se refirió a las acusaciones de «adoctrinamiento» por parte de los sectores más reaccionarios de la sociedad valenciana. «Nadie puede adoctrinar en las aulas para modificar la orientación sexual o la identidad de género en las personas, dado que si esto fuera posible todos seríamos heterosexuales, ya que estamos socializados y educados en la discriminación y la visión negativa de la realidad LGTBI. Si esto fuera posible, no habría ni lesbianas, ni gais, ni bisexuales ni personas trans», explicó Abad.

Fuente Dosmanzanas

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Las elecciones generales que se celebran en Pakistán este miércoles 25 de julio serán consideradas como históricas por la participación de cinco mujeres trans (la cifra más elevada hasta la fecha). Tres de ellas aspiran a ocupar un escaño en la Asamblea Nacional y las otras dos se postulan como representantes provinciales. Hasta trece personas trans han intentado presentarse para aspirar por diferentes cargos. Sin embargo, solo cinco de ellas han logrado formalizar sus candidaturas, en parte por la presión social, por la discriminación a la que se han visto sometidas o por la imposibilidad de conseguir fondos para la campaña (alguna, incluso, se ha visto forzada a abandonar el país). La comunidad trans de Pakistán sigue avanzando en la visibilización y en la conquista de derechos; una realidad que, desgraciadamente, convive con los numerosos episodios de violencia tránsfoba: solo en 2017 se registraron 208 casos y entre 2015 y la actualidad se han contabilizado, al menos, 56 asesinatos.

Nadeem Kashish, una mujer trans de 35 años, se presenta como independiente a las elecciones generales de Pakistán de este miércoles. Lo hace por la circunscripción NA-153 de Islamabad. «La gente se entera de mi elección y piensa que es una broma, simplemente comienzan a reírse», explica Kashish, que está realizando una campaña puerta a puerta y comercio a comercio. Esta candidata vive en un hogar grupal de personas trans, en uno de los barrios más pobres de Islamabad. También cuenta con apoyos, que se dejan oír en el programa de radio que presenta semanalmente. Desde las ondas ha elevado numerosas denuncias para mejorar la calidad de vida de la población de la capital del país, como la falta de suministro de agua potable o los cortes constantes de electricidad. «Estoy compitiendo contra grandes nombres como Imran Khan y el ex primer ministro Shahid Abbasi, y no me consideran una amenaza real», confiesa. Nadeem Kashish fue rechazada por su propia familia. Kashish, además, es presidenta de la asocación por los derechos fundamentales «She Male».

Nayyab Ali es otra de las aspirantes a la Asamblea Nacional de este país asiático, por la circunscripción NA-142 (Okara). La vida de Ali en Pakistán también ha sido muy dura. A los 13 años su familia la echó de casa y, años después, fue atacada con ácido en su rostro por un hombre celoso (con el que supuestamente había tenido algún tipo de relación). Fue durante uno de los shows que realizaba para ganarse la vida, a pesar de estar en posesión de una licenciatura en Botánica por la Universidad de Punjab. Después de recuperarse de las quemaduras, comenzó a trabajar para mejorar su comunidad y decidió dar el paso a la política activa (también consiguió desempeñarse como profesora).

«Me di cuenta de que sin poder político y sin ser parte de las instituciones del país, no puedes obtener tus derechos», argumenta Ali. Esta mujer trans de 26 años, que se presenta bajo el paraguas de un partido político de Tehreek-e-Insaf Gulalai, defiende que «no solo somos la voz de la comunidad transgénero, también somos la voz de las mujeres y las minorías» por lo que si la gente «quiere un cambio real, vote transexual».

«Se debe formalizar una ley por la cual los padres deben aceptar y mantener a sus hijos transgénero hasta que cumplan 18 años de edad. Ninguna persona tran debe ser forzada a ser parte de la cultura Guru», reivindica Nayyab Ali.

Maria Khan se postula como diputada independiente por la circunscripción PK-31 (Mansehra). Ella tuvo que huir literalmente de su casa tras ser acosada e intimidada por sus vecinos y por sus propios hermanos cuando solo tenía 10 años. «Cuando te vas de casa, los grupos transgénero son el único lugar donde te sientes segura», se lamenta Khan. «Nuestra propia familia contrata gente para asesinarnos», añade esta candidata provincial.

Lubna Lal, también conocida como «Madame Lal», aspira igualmente a un escaño, concretamente por la circunscripción PP-26 (Jehlum). Lubna Lal tenía solo 15 años cuando tuvo que abandonar su hogar y, al igual que Resham Zahid, se presentó en los comicios de 2013.  Ya entonces prometía «no solo representar a la comunidad transexual, sino a todos los que viven en la pobreza. Quiero ayudar a la gente pobre y mejorar la educación, los servicios de salud y el alcantarillado. La gente pobre de esta área está contenta de que esté en pie». Se presenta por el partido de Tehreek-e-Insaf Gulalai.

Resham Zahid concurre como independiente por la circunscripción NA-105 (Gujrat). Zahid ya cuenta con experiencia en estas lides, puesto que se presentó en las anteriores elecciones generales para «ayudar a los pobres y a los desposeídos», con una sencilla flor como símbolo de su campaña. Bastan los poco más de cinco segundos que dura el siguiente vídeo de YouTube para hacerse una idea de la batalla (no solo política, sino también social) a la que se enfrentan estas valientes mujeres. Zahid aparece saliendo de un edificio público rodeada por un grupo de hombres que se le quedan mirando y se ríen de ella.

Más de 105 millones de personas están llamadas a las urnas en Pakistán este miércoles 25 de julio (la mitad de los habitantes totales del quinto país más poblado del mundo). Las personas trans accedieron al derecho al voto en 2011. Y aunque estas cinco valientes candidatas tienen muy difícil conseguir sus escaños, lo cierto es que solo por la visibilización y el activismo merecen el reconocimiento. De hecho, están planeando crear un partido de cara a las próximas elecciones locales. «Las personas transgénero que se postulan para estas elecciones son líderes de la comunidad», dice Uzma Yaqoob, de Forum of Dignity Initiative. Para Yaqoob, estas candidatas «han dado un gran paso y necesitan aliento y confianza».

Las luces y sombras del colectivo LGTB de Pakistán

La Asamblea Nacional de Pakistán aprobaba el pasado mes de mayo la Ley de Protección de Derechos de las Personas Transgénero. Una norma que reconoce el derecho a decidir sobre la propia identidad de género y prohíbe la discriminación laboral y en otros ámbitos y que fue presentada en la cámara baja del parlamento bicameral pakistaní en agosto de 2017 por la diputada Naeema Kishwar. En el articulado se agrupan bajo el término «persona transgénero» realidades diversas como las personas intersexuales, los eunucos (varones de nacimiento sometidos a castración), los hombres y mujeres transexuales y «cualquier persona cuya identidad o expresión de género difiera de las normas sociales y las expectativas culturales basadas en el sexo que se les asignó al nacer».

A pesar del gran avance de la nueva ley, las condiciones de vida de la comunidad LGTB en Pakistán son muy duras. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales a día de hoy en este país. El Código Penal se remonta a 1860, cuando formaba parte de la India colonial y ambos Estados compartían la ley de sello británico. Tal y como reza el texto en su artículo 377, están perseguidos los «delitos antinaturales», que cometerá «quien voluntariamente tenga relaciones sexuales carnales contra el orden de la naturaleza con cualquier hombre, mujer o animal».

Los condenados por estos «delitos» «serán castigados con pena de prisión de por vida o con pena de prisión de cualquiera de las dos categorías por un término que no podrá ser inferior a dos años ni superior a diez años; también será responsable de multa». La ilegalidad de las relaciones homosexuales ha provocado, aparte de injustas persecuciones motivadas por la orientación sexual, situaciones tan ridículas como la censura de una fotografía de dos hombres besándose en la portada internacional del New York Times distribuida en Pakistán el 29 de enero de 2016.

En cambio, como publicó también dosmanzanas en su momento, ya en julio de 2009 la Corte Suprema de Pakistán daba un paso hacia un cierto reconocimiento oficial de las personas transgénero y a finales de ese mismo año ordenaba que se reconociera oficialmente la existencia de un «tercer sexo». Este mismo año, el senador Babar Awan presentaba en la cámara alta un proyecto de ley similar al aprobado ahora para proteger al colectivo trans y que también contenía disposiciones antidiscriminatorias. En marzo de 2017, una histórica sentencia condenaba a cadena perpetua a los dos asesinos de una mujer trans.

No obstante, la igualdad real de las personas trans también sigue estando muy lejana, ya que todavía son vulnerables a los abusos físicos y verbales, tienen que soportar la actitud humillante de los policías, médicos en los hospitales y funcionarios públicos y los informes de palizas y otras formas de violencia dirigidas contra estas personas son comunes. En abril recogíamos el asesinato de Sheena, una mujer trans de origen afgano, que no pudo recuperarse tras ser víctima de cinco disparos. Shena era en la quincuagésimo sexta persona trans muerta como consecuencia del odio tránsfobo en Pakistán desde 2015. Entre ese año y 2017, además, contabilizaron un mínimo de 1.131 casos de violencia contra este colectivo (208 de los cuales corresponden al año pasado).

Fuente Dosmanzanas

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Profundizando en el tema del que ya habíamos hablado y que demuestra la hipocresía de determinados sujetos…

Por Hans

El arzobispo de París ha suspendido al psicoanalista y sacerdote Tony Anatrella como resultado del proceso canónico que le fue abierto el año pasado. El sacerdote fue investigado a raíz de las acusaciones de abuso por parte de varios de sus pacientes. El de Anatrella es un caso especialmente significativo, pues este sacerdote ha sido una de las voces a las que la Iglesia católica ha dado mayor autoridad a la hora de justificar sus posturas homófobas, llegando incluso a colaborar en el Vaticano como asesor en dos Consejos Pontificios.

Según la sanción impuesta por el arzobispo de París, Michel Aupetit, a Tony Anatrella se le prohíbe ejercer el ministerio sacerdotal, confesar, y en especial se le ordena que cese toda «actividad terapéutica». «Monseñor Autpetit le ha indicado que no se le confiará más ningún ministerio sacerdotal. Le ha requerido que no vuelva a escuchar la confesión de los fieles, que renuncie a la dirección o acompañamiento espiritual, así como que renuncie a toda intervención pública», señala la diócesis en un comunicado a France-Presse, recogido por el diario Le Figaro.

Tony Anatrella es una figura bien conocida en entornos católicos. Sacerdote y psicoanalista francés, ha sido una de las personas más referidas como «autoridad intelectual» para apoyar las posturas homófobas de la jerarquía. Sin embargo, las crecientes sospechas de abusos a sus pacientes, recogidas por testimonios de afectados, llevaron finalmente a que el anterior arzobispo de París, André Vingt-Trois, abriera un proceso canónico a principios de 2017 (en buena medida, era el único camino que quedaba abierto, al haber prescrito varios de los casos para el Derecho Civil). La decisión se tomó después de un año de investigación en que se recogieron testimonios de 10 expacientes. El proceso no se llevó a cabo en la propia archidiócesis de París, ya que Anatrella había colaborado con ella en el pasado. El entonces arzobispo solicitó al Tribunal de la Signatura Apostólica un cambio de lugar para el proceso, y se eligió la Oficialía Interdiocesana de Toulouse.

En realidad, las sospechas venían de mucho tiempo atrás. En 2001, Daniel Lamarca, paciente de Anatrella entre 1987 y 2001, denunció a su antiguo terapeuta ante el arzobispo de París, que entonces era el cardenal Jean-Marie Lustiger. Sin embargo, su denuncia no encontró eco alguno. Posteriormente, en 2006, otros dos hombres se unieron a Lamarca y denunciaron la conducta inapropiada del sacerdote-terapeuta, pero el que ya era nuevo arzobispo de París, André Vingt-Trois, ignoró estas nuevas denuncias con el habitual argumento de que eran maquinaciones de un “lobby gay” para dañar a Anatrella.

Sin embargo, el goteo de expacientes continuó, con testimonios coincidentes. Según contaban, Anatrella incluía en la «terapia» contactos corporales que incluían los genitales. Un ejemplo es el testimonio que uno de los afectados, «Fabien», reportó al responsable de la investigación llevada a cabo en París, incluido en un reportaje del semanario católico La Vie. Fabien había sido remitido a Anatrella para tratarse en 1997. Para un joven católico homosexual como él, un psicoterapeuta católico y sacerdote parecía ofrecerle garantías. Pero el panorama que encontró fue muy distinto: «para poder resolver un déficit de afecto de parte de mi padre, nacido en la infancia, me dijo que era necesario que la viviera con mi sexo de hombre púber. Me propuso un ‘paso al acto’ con él. Lo rechacé al principio. Pero al cabo de un momento, acepto; esperaba verdaderamente que eso me haría progresar en mi terapia (…) No había ningún plan ni ningún límite. Comprendí que el fin era acostarnos. Dejé de tener esas sesiones particulares cuando toqué sus genitales. No me gustó nada».

Especialmente destacable a la hora de dar voz a las víctimas ha sido la labor del dominico francés Philippe Lefèbvre, reseñada por Cameron Doody y Hendro Munsterman en Religión Digital, quien durante mucho tiempo ejerció prácticamente en solitario la oposición a Anatrella y su enorme poder, y que ha denunciado que la Iglesia católica trató de silenciarle con prácticas «de la mafia».

Una célebre e influyente «autoridad intelectual».

El hecho de que Anatrella no pudiera ser investigado en el arzobispado de París por haber colaborado con sus autoridades da ya idea de la importancia que este sacerdote ha tenido en el seno de la Iglesia católica francesa, pero también en el Vaticano, donde llegó a ser asesor para los Consejos Pontificios para la Familia y para la Pastoral de la Salud.

Y es que Tony Anatrella ha sido citado frecuentemente en seminarios y centros educativos católicos, también en España, e incluso por medios conservadores laicos (como en este artículo de Libertad Digital publicado en su momento contra las políticas de José Luis Rodríguez Zapatero). Era tenido por un gran experto que refutaba la defensa de los derechos de las personas LGTB. Es además significativo que haya tres libros suyos traducidos al español: La diferencia prohibida, El sexo olvidado y Contra la sociedad depresiva.

Anatrella, de hecho, fue uno de los principales proveedores de argumentos a favor de la prohibición a los homosexuales del acceso al sacerdocio. En una entrevista a L’Osservatore Romano afirmó que la homosexualidad «aparece como una incompletitud, una inmadurez forzosa», y por tanto los homosexuales «no están en disposición adecuada para casarse, para adoptar niños y para acceder al sacerdocio». Más aún, según él «los sacerdotes homosexuales tienden a desviar su función hacia fines narcisistas. Están en la seducción y tienen serias dificultades para situarse institucionalmente en la cooperación con los demás».

Resulta realmente difícil considerar con detalle sus opiniones y mantener el sosiego, pero merece la pena para ver quién fue esta «autoridad católica» en Francia y más allá. Según Anatrella, la homosexualidad es el resultado de una detención del desarrollo sexual. Es igualmente una negación de la diferencia sexual que hace imposible una auténtica entrega al otro. Más aún, al situar la heterosexualidad como cumbre del desarrollo de la personalidad, el homosexual es una persona esencialmente incompleta e inmadura. Llegaba a decir por ejemplo que «La necesidad compulsiva de asistir a fiestas y de encontrarse en determinados lugares con personas de su misma tendencia responde al deseo irreprimible de decapitar la angustia provocada por la incompleción sexual», llegó a escribir en Contra la sociedad depresiva.

Esta peculiar teoría de la personalidad se utiliza como base para negar todo reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo: si decir homosexualidad es decir crecimiento truncado, darle reconocimiento social supone promover la inmadurez en la sociedad y amenaza con socavar sus fundamentos. Así por ejemplo, en Contra la sociedad depresiva escribe lo siguiente:

«La ‘tolerancia’ con respecto a la homosexualidad es una de las formas en que se traduce el carácter depresivo de nuestra sociedad, en la que es fácil ver cómo las representaciones sexuales se fragmentan como si la pulsión sexual no debiera ya buscar la unidad sino la dispersión (…). Evidentemente, la sexualidad humana accede tanto más difícilmente a una dimensión social cuanto que se mueve en un contexto que desvaloriza la procreación y fomenta las demandas de reconocimiento social de la homosexualidad»

Más adelante afirmaba:

«Una sociedad que piensa que la homosexualidad puede ser un modelo social y la inscribe en su ordenamiento jurídico es una sociedad que se cierra a su propio devenir. Peor aún, la homosexualidad concebida en este sentido es la negación misma de la sociedad, que, por su propia naturaleza, está llamada a permanecer abierta a la diferencia (la heterosexualidad) y al desarrollo».

Con todo, esto no era lo peor, pues incluso llegaba a decir lo siguiente:

“Por supuesto que hay que condenar firmemente las expresiones voluntariamente malévolas, las discriminaciones y los gestos violentos contra personas homosexuales (…). Sin embargo, cuando se propala a todos los vientos la idea de que el modelo homosexual es también una referencia social, y que debe ser protegido y organizado por la legislación civil, no hay que extrañarse de que las reacciones puedan ser muy vivas…”.

Por lo demás, en la historia personal de quien esto escribe, Anatrella ha jugado a su manera un papel. Cuando aún estaba aceptando mi sexualidad, supe de las ideas de Anatrella. La lectura de sus páginas sobre homosexualidad en Contra la sociedad depresiva me dejaron impactado. Sin embargo, lejos de convencerme, fueron un acicate para pensar en qué no tenía razón. Por ello, paradójicamente, leer a este “experto” me hizo fortalecer mis argumentos y reafirmarme en mi elección vital de gay cristiano.

Sea como sea, los responsables de la Iglesia católica deberían reflexionar profundamente acerca de las personas en quienes han confiado como expertos, lo mismo que aquellas terminales mediáticas y editoriales que difundieron sus ideas y textos como expresión de un saber experto.

Fuente Dosmanzanas

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Dos hombres han recibido 80 latigazos en la provincia indonesia de Aceh, como pena por realizar prácticas homosexuales, en aplicación de la sharía (o ley islámica). El brutal castigo ha tenido lugar ante una multitud furiosa, que alentaba a que el castigo fuera lo más duro posible. A pesar de que el gobernador de Aceh dictó una ordenanza por la que estos castigos debían ejecutarse a puerta cerrada, parece que ha prevalecido el deseo de las autoridades religiosas de que sean públicos para que sirvan de ejemplo.

Los dos hombres habían sido detenidos en una redada en la que se detuvo a quince personas cerca de una mezquita, acusadas de cometer infracciones contra la ley islámica, como mostrar afecto en público o vender bebidas alcohólicas. En su caso, ambos fueron culpados de practicar la homosexualidad.

La brutal ceremonia, de intención ejemplarizante, tuvo lugar en una plaza ante un millar de espectadores, algunos de ellos provenientes de la vecina Malasia, que sacaban fotografías con sus teléfonos móviles como si se tratara de un espectáculo. Mientras el verdugo propinaba a las víctimas los 80 latigazos con una vara de ratán, entre la multitud se oían gritos de «golpea más fuerte».

El castigo ha sido semejante al que recibieron hace un año dos jóvenes varones, acusados a su vez de mantener relaciones sexuales entre ellos. En aquella ocasión recibieron 83 latigazos, también ante una multitud exaltada. Amnistía Internacional lo calificó de «repugnante espectáculo» y se sucedieron las condenas internacionales. Debido a ello, el presidente indonesio, Joko Wivodo, presionó al gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, para que finalmente emitiese una orden en la que se establecía que los castigos físicos debían ejecutarse en el interior de las prisiones y se prohibía la grabación o difusión de imágenes de los mismos.

Sin embargo, hubo una gran oposición por parte de los sectores religiosos, que consideraron que si los castigos no eran públicos perderían su carácter de «ejemplarizantes», idea que, al parecer, ha terminado prevaleciendo.

En la provincia de Aceh, recordemos, rige la sharía desde 2005. Fue una concesión de Indonesia a los separatistas en el marco del acuerdo de paz que tuvo lugar poco después del tsunami que asoló la región. Aunque no fue hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se aprobó la ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de flagelación (que entró en vigor en octubre de 2015).

Escalada de la LGTBfobia de Estado en Indonesia

Hace unos meses recogíamos la detención de cuatro personas en Banda Aceh (capital de la provincia), a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentarían a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. Y a principios de año contábamos como la policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como «hombres normales».

Poco antes, en diciembre de 2017, nos hacíamos eco de la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía. El que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero lo cierto es que la situación se está deteriorando en todo el país. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017, que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres.

Esta espantosa situación podría además agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión, si bien el proyecto de ley ha sido aplazado provisionalmente.

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Ha ocurrido en un restaurante del distrito de Tetuán, en Madrid, donde el propietario permitió la agresión homófoba.

El colectivo madrileño Arcópoli y el sindicato UGT han denunciado el despido del trabajador de un restaurante tras ser objeto de una agresión homófoba por parte de un compañero. La víctima ya había referido a su jefe el acoso homófobo que sufría, pero este no había hecho nada. Con la ayuda de los servicios jurídicos de UGT, el trabajador ha interpuesto una demanda de despido nulo por vulneración de los derechos fundamentales, que Arcópoli asegura «apoyar totalmente».

La asociación Arcópoli y UGT han denunciado este jueves el despido de un trabajador de un restaurante madrileño después de haber sido vejado por su condición sexual y golpeado por un hermano del dueño del negocio.

En sendas notas de prensa, la asociación defensora de los derechos y libertades de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (LGTB) y el sindicato informan de que la “agresión homófoba” se produjo en el puesto de trabajo, en un restaurante del distrito de Tetúan, el pasado día 3, cuando el supuesto agresor se acercó a la víctima mientras le llamaba “maricón” y le golpeaba con un palo.

Según relata el comunicado de Arcópoli, el trabajador despedido es un hombre gay de 48 años. Cuando se encontraba en su puesto de trabajo en un restaurante del distrito de Tetuán, en Madrid capital, un compañero de trabajo le llamó «maricón» y lo agredió físicamente con un palo. La víctima sufrió lesiones en el brazo con el que intentó protegerse de la agresión y un fuerte golpe en el tórax. De forma inmediata acudió a un centro de salud para ser evaluado, donde le apreciaron  “policontusiones en codo y dorso de muñeca izquierda así como un ataque agudo de ansiedad”.

Al día siguiente el trabajador recibió una carta de despido disciplinario por una “brutal pelea con su compañero de trabajo C.A.”, motivo por el cual acudió al sindicato UGT para denunciar los hechos y donde relató el acoso homófobo que había estado sufriendo por parte de su compañero desde hacía tiempo y que ya había referido a su superior, que no hizo nada por evitarlo. UGT puso el caso en conocimiento del colectivo Arcópoli, promotor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, en virtud del convenio de colaboración que tienen ambas entidades, y se le prestó ayuda psicológica y orientación jurídica. El abogado del sindicato ha interpuesto una demanda de despido nulo por vulneración de los derechos fundamentales, que Arcópoli asegura «apoyar totalmente» y sus servicios jurídicos asesorarán y defenderán al trabajador.

Según explica Arcópoli en su comunicado, los incidentes discriminatorios contra personas LGTB en el ámbito laboral a menudo pasan sin ser denunciados. «El 60% de las personas trabajadoras afirman haber sufrido algún incidente por LGTBfobia en los dos últimos años, pero no se llega a denunciar. En esta ocasión el trabajador sí había notificado a su superior que había ignorado los incidentes homófobos que estaba sufriendo», explican desde el colectivo madrileño. «Es imprescindible denunciar un incidente por LGTBfobia si lo estás sufriendo en tu trabajo puesto que si no, podría ir a más. La denuncia es nuestra mayor arma», añade José Luis Sánchez, vocal de asuntos laborales de Arcópoli.

También el sindicato UGT ha denunciado públicamente lo sucedido. En su nota, UGT Madrid detalla que el trabajador, de nombre Karim S., ya venía siendo (antes de esta última agresión, ocurrida el 3 de julio) víctima de insultos y vejaciones de forma reiterada y delante del resto de los trabajadores por parte del agresor, que al parecer es hermano del dueño del establecimiento. Según UGT, como ya había sucedido en otras ocasiones, ese día el hermano del dueño del restaurante “volvió a increpar, insultar y vejar” a la víctima, Karim S., ayudante de cocinero, “llegando en esta ocasión a la agresión física, de la que resultó herido en un codo, muñeca y el costado, al intentar protegerse”.

El sindicato informa de que el propietario del establecimiento donde sucedieron los hechos, “a pesar de tener conocimiento de este comportamiento homófobo, se ha inhibido en todo momento, sin hacer nada para cortar e impedir este comportamiento denigrante hacia la dignidad del trabajador”.

Según el comunicado del sindicato, sus servicios jurídicos van a llevar a cabo el asesoramiento y la defensa del trabajador, interponiendo las acciones que se consideren oportunas, por la vía laboral y en su caso penal. «No pueden admitirse este tipo de comportamientos: el del agresor por su odio contra una persona por el hecho de ser homosexual, amparándose en la impunidad que le proporcionaba su parentesco con el dueño, pero tampoco es admisible el comportamiento del empresario, que se desentiende de las agresiones verbales y vejaciones que estaba sufriendo uno de sus trabajadores por su condición sexual», ha declarado la secretaria de Igualdad de UGT Madrid, Ana Sánchez de la Coba.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia: contacto

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli y del que ya forman parte casi una veintena de colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios de 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.

Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org

Fuente Cáscara Amarga/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Jonathan jurando bandera en el 2008

Un hombre transexual, que llevaba casi veinte años trabajando como militar en el Ejército de Tierra, ha sido despedido por el Ministerio de Defensa por «insuficiencia de condiciones psicofísicas», a pesar de tener un contrato con validez hasta el año 2026, según recoge eldiario.es. Cabe señalar que la baja fue publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, donde se refirieron al ya exmilitar como «Doña Jonathan».

Jonathan entró en las Fuerzas Armadas hace diecisiete años, cuando todavía conservaba el nombre y el sexo legal femenino que le fueron asignados al nacer, aunque ya había iniciado el tratamiento hormonal. Ya desde sus primeros años solicitó que le llamasen Jonathan, y en el seno del Ejército continuó su proceso de transición. Sin embargo, según ha contado él mismo, su vida militar pasó de ser un sueño hecho realidad a convertirse en una pesadilla. Sobre todo, por la multitud de burlas, vejaciones, insultos y faltas de respeto con las que tuvo que lidiar casi desde el primer día. De hecho, jamás se sintió comprendido entre sus compañeros y superiores. «Te acostumbras a todo. Me acostumbré a aguantar la orina hasta la última hora. Esperaba a que no hubiese nadie para entrar y salir corriendo», contó en una entrevista reciente.

Su carrera militar está llena de altibajos. En 2005, abandonó las Fuerzas Armadas, pero se reincorporó tres años más tarde, tras superar nuevamente los tests femeninos, única opción que le ofrecieron pese a que su transición física estaba ya avanzada. Poco después, en abril de 2009, realizó por fin el cambio de la mención registral de su sexo. Para entonces, ya hacía unos meses que había sido aceptado en un grupo de reconocimiento de la Legión. En 2014, decidió cesar en su destino asignado y pedir una baja, para someterse a una intervención quirúrgica programada dentro de su proceso de transición.

El principio del fin comenzó cuando a Jonathan se le diagnosticó un trastorno ansioso-depresivo y problemas en las piernas. En abril de 2017 la Inspección general de Sanidad del Ministerio de Defensa determinó que esas condiciones no le impedían desempeñar sus funciones de su Cuerpo, pero dos meses después la Junta de Evaluación le propuso como no apto y sugirió que le rescindiesen su contrato, que tenía validez hasta el 2026. Finalmente, Defensa ha decidido despedirlo alegando «insuficiencia de condiciones psicofísicas, ajenas a acto de servicio». Una circunstancia que aparece en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa publicado el pasado 28 de junio, donde, además, se refieren al militar como «Doña Jonathan».

Él, sin embargo, considera que detrás de su despido hay una clara discriminación por su condición de hombre transexual. «Mi baja está vinculada con que sea transexual. Prefieren quitarme de en medio y no tener que afrontar el problema. Todavía no tienen habilitados los acuartelamientos al siglo en el que estamos, no hay duchas individuales. Tengo prohibida la entrada a baños masculinos y femeninos», explica a eldiario.es. No en vano, Defensa ha señalado que a día de hoy no tiene ningún tipo de protocolo o estrategia para evitar que las personas trans sean discriminadas y lograr que se sientan integradas en el Ejército.

Fuente Dosmanzanas

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha designado su candidato a ocupar la plaza de juez del Tribunal Supremo que dejará vacante Anthony Kennedy el próximo 31 de julio. El elegido es Brett Kavanaugh, actualmente juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Es conocido por su talante conservador en asuntos como el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo o la restricción de los derechos civiles, si bien a lo largo de su carrera no ha tenido que decidir ningún asunto relevante sobre discriminación por orientación sexual o identidad de género. Aun así, su bagaje hace desconfiar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el activismo LGTBI, que han pedido a los senadores que no respalden su nombramiento.

Tras el comunicado del juez Anthony Kennedy en el que anunciaba su próxima jubilación del puesto que ocupa en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el presidente Trump no se ha demorado en designar su candidato a ocupar la plaza en la persona de Brett Kavanaugh. De 53 años, Kavanaugh fue designado por el entonces presidente George W. Bush para ocupar plaza en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde ha emitido conflictivos dictámenes en materia de empleo, medio ambiente o consumo, destacándose siempre por su conservadurismo y su apoyo a las grandes corporaciones. Ha sido frecuentemente criticado por ser demasiado partidista en sus valoraciones, sin ocultar su apoyo declarado al Partido Republicano.

Con el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo estadounidense queda, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump). Ese equilibrio lo rompería Kavanaugh a favor del sector conservador, y además por largo tiempo, dada la edad del candidato y que el cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio. Además, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace prever que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto. Existe pues, el temor fundado a que un Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.

El nombramiento del nuevo miembro del Tribunal Supremo es una atribución del presidente, aunque su decisión debe ser convalidada posteriormente por el Senado. Al estar en manos de la mayoría republicana, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno. La única esperanza para el sector liberal es, por una parte, el delicado estado de salud del senador republicano John McCain, que le impediría acudir a la votación, y, por otro, la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido recientemente una reunión con Donald Trump para dialogar sobre este asunto. Aun así, quizás pesen en su ánimo las declaraciones efectuadas por Kavanaugh el pasado 2017, en las que apoyaba a un juez que estimaba que la sentencia que permitió a las mujeres decidir sobre su embarazo (conocida como Roe vs. Wade) debe ser revertida.

La votación en el Senado de la candidatura de Kavanaugh tendrá lugar el próximo mes de octubre. Si fuera rechazado, puesto que el próximo mes de noviembre se celebrarán decisivas elecciones que podrían devolver el control de la cámara alta a los demócratas (según estiman las encuestas), estos podrían bloquear cualquier candidato de Trump hasta las próximas elecciones presidenciales.

Reacción negativa entre el activismo LGTB

Su conservadurismo y su fama de apoyar sin ambages las medidas de quienes le hayan designado para el cargo han causado alarma entre el activismo LGTB y de defensa de los derechos civiles, que temen que los derechos conquistados al cabo de los años sean revertidos por la nueva configuración del Tribunal Supremo. Por ello, más de cien asociaciones y grupos de defensa de los derechos civiles han solicitado a los senadores que rechacen la elección de Kavanaugh.

Para Lambda Legal, Kavanaugh «garantizaría 40 años más de los valores de Trump en el Tribunal Supremo». La asociación legal afirma que «tenemos buenas razones para temer que el juez Kavanaugh abusará de su poder en el tribunal para proteger a los ricos y poderosos mientras priva a los estadounidenses LGBT de su dignidad, degradando a nuestra comunidad y disminuyendo nuestro estatus como ciudadanos iguales. Hay mucho en juego para permitirle al juez Kavanaugh sentarse en un tribunal que, a lo largo de su historia, ha decidido quién puede casarse, quién puede votar y quién es igual».

Desde ACLU (American Civil Liberties Union), se teme que «Kavanaugh sea el voto decisivo que Trump necesita en el Tribunal Supremo para concertar su campaña de socavamiento de las libertades y derechos civiles a largo plazo».

El National Center For Lesbian Rights estima que «no hay nada en la carrera del juez Brett Kavanaugh que indique que comprende el impacto de la discriminación en las personas LGBT en el mundo real o la importancia de interpretar las leyes de nuestra nación para permitirles participar con plenitud e igualdad en la sociedad».

Human Rights Campaign lanza una dura crítica a su designación, pues considera que «este candidato ha sido escogido por grupos anti-LGBTQ y contra el derecho a decidir de las mujeres, en un esfuerzo explícito por socavar la igualdad. La perspectiva de un juez como Kavanaugh amenaza con erosionar los derechos civiles de nuestro país, bloquear el derecho de los soldados transgénero de servir valientemente a esta nación y dar licencia para discriminar a las personas LGBTQ en todos los aspectos de la vida estadounidense».

También es dura la crítica de GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), desde donde se asegura que «si se confirma, Brett Kavanaugh tendrá la oportunidad de desarrollar en las próximas décadas el peligroso historial anti-LGBTQ del presidente Trump y el vicepresidente Pence y la agenda de los grupos anti-LGBTQ. Al igual que Neil Gorsuch antes que él, Kavanaugh es una elección ideológica diseñada para crear un Tribunal Supremo activista que socavará los derechos y protecciones para las mujeres, las personas LGBTQ, los inmigrantes y todas las personas vulnerables».

También temen en Transgender Law Center que «la elección de Trump para el Tribunal Supremo sea un conservador radical y divisivo cuyo nombramiento supondría una amenaza devastadora para los derechos y el bienestar de las personas transgénero en todo el país». La preocupación de la asociación es natural, puesto que quedan pendientes de resolver numerosos conflictos que afectan al colectivo el de las personas trans, que se enfrentan a leyes estatales y locales que tratan de impedir que puedan vivir de acuerdo con su identidad de género.

Apoyo de los grupos ultraconservadores

Desde las facciones más conservadoras, sin embargo, se ha acogido con entusiasmo la propuesta del presidente Trump. Grupos como Americans for Prosperity (AFP) o Judicial Crisis Network incluso han iniciado campañas de apoyo al candidato presidencial en las que han invertido casi un millón y medio de dólares.

Desde la National Organization for Marriage (NOM) se ha pedido también apoyo económico para respaldar la candidatura de Kavanaugh, pues confían en que sus posiciones conservadoras y su concepción de la Constitución sirvan a su propósito de revertir la sentencia del Tribunal Supremo que permitió el matrimonio igualitario.

Más curiosa ha sido la reacción de la fuertemente LGTBfoba American Family Association (AFA), que en un principio rechazó la elección de Kavanaugh por no creerle lo suficientemente conservador. Sin embargo, poco después, rectificó y ha ofrecido su respaldo, sobre todo porque no quiere «luchar contra el presidente Trump», además de confiar en las ideas del candidato sobre el derecho al aborto, ya que cuenta con el apoyo de muchas asociaciones opuestas al mismo.

Fuente Dosmanzanas

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A seis años de la entrada en vigencia de la Ley Antidiscriminación se han presentado más de 300 demandas, de las cuales 90 han tenido sentencia, siendo las presentadas por discapacidad, enfermedad, orientación sexual e identidad de género, además de opinión política, las que más fallos han conseguido.

Un análisis realizado por Fundación Iguales, a partir de cifras obtenidas desde el Poder Judicial, muestran que a seis años desde la entrada en vigencia, 90 de las 319 demandas que han ingresado, tienen sentencia y que, a diferencia de lo que sostenían grupos conservadores que se oponían a la iniciativa, la mayoría de éstas no tienen relación con la diversidad sexual, sino con causas relacionadas a discapacidad.

Es así como, de las 90 sentencias emitidas entre 2012 y el 31 de de diciembre de 2017, 24 (27%) se refieren a discapacidad, 15 (17%) a enfermedad, 11 (12%) a diversidad sexual —6 de ellas a orientación sexual y 5 a identidad de género—, 10 a ideología u opinión política y 30 (33%) se dividen en temas variados como nacionalidad (1), situación socioeconómica (1), sexo (2), estado civil (1) y apariencia (3), entre otras.

Respecto del bajo número de sentencias, en relación a las demandas presentadas, el presidente ejecutivo de Iguales, Juan Enrique Pi, explicó que “si bien esta ley es una herramienta para todos los grupos vulnerables de ser discriminados, encontramos que la aplicación que ha tenido ha sido muy baja” y agregó que “en ese sentido, es importante hacer un llamado en dos sentidos: a las autoridades a modificar esta norma, para que además de tener una acción para reaccionar también se preocupe de prevenir la discriminación; y a las personas a hacer uso de esta herramienta cada vez que sean víctimas de un acto discriminatorio”.

Fuente Fundación Iguales

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Un joven fue agredido en la madrugada del sábado, 14 de julio, en los alrededores de la Rambla del Raval, en Barcelona, al grito de «maricón». Tanto el Observatori contra l’Homofòbia como en Ayuntamiento de Barcelona se han interesado por el caso. El presidente del Observatori, Eugeni Rodríguez, anunció que acompañaría al joven a interponer la correspondiente denuncia.

Fue la propia víctima la que dio a conocer en Twitter que había sido objeto de una agresión homófoba. «Buenas noches. Me acaban de pegar una paliza, a base de patadas en la cabeza, por maricón. Ahora mismo no me apetece extenderme más, pero me parece importante que esto no pase desapercibido. En el centro histórico de Barcelona, a 2018», escribía el joven en Twitter poco después de ser agredido. Un mensaje que inmediatamente recibió la atención de la red social (nosotros mismos lo retuiteamos y le dimos ánimos) e incluso captó la atención de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. «Gracias por explicarlo, es importante visibilizar y denunciar, nunca resignarse. Barcelona es una ciudad orgullosa de su diversidad y rechaza cualquier forma de homofobia, de violencia o discriminación», le contestaba, al mismo tiempo que le pedía denunciar lo sucedido ante la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento.

Si bien el joven eliminó posteriormente el tuit de su cuenta de Twitter, posiblemente abrumado por la respuesta (no la enlazaremos, de hecho), los medios de comunicación se han hecho eco de lo sucedido. Según El Periódico, la agresión tuvo lugar alrededor de las  tres de la madrugada del sábado durante las fiestas del Raval, cuando el joven, abiertamente gay, se separó de sus amigos para utilizar uno de los aseos portátiles instalados por el Ayuntamiento. Allí se topó con un grupo de jóvenes, tres de los cuales la emprendieron a golpes con él, al tiempo que le dirigían insultos homófobos.

Según el presidente del Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, las lesiones físicas no son graves (aunque sufrió contusiones diversas por todo el cuerpo), pero el impacto psicológico de la agresión sí fue importante. Rodríguez, que ha destacado en cualquier caso la valentía del joven al denunciar lo sucedido, anunció que le acompañaría en el trámite e hizo un llamamiento a que todas las víctimas hagan lo mismo, «porque hay canales como el OCH para asesorarles y acompañarles y asegurar que no quede impune».

Cataluña, 2018: estabilización de las agresiones

Según declaraba Eugeni Rodríguez a finales de junio, haciendo balance de las incidencias por LGTBIfobia registradas por el Observatori en el primer semestre de 2018, parece observarse una estabilización en el número de denuncias. En concreto, durante los primeros seis meses la entidad tuvo conocimiento de 50 incidencias, «una estabilización respecto al número de incidencias registradas en 2017». (ver aquí los datos correspondientes a 2017, presentados en abril). Estabilización que también se aprecia en el caso de Madrid, según anunció el colectivo Arcópoli, promotor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, al denunciar a finales de junio la que constituía la agresión número 141 de las registradas por la entidad, «unas cifras similares a las de 2017 en estas fechas».

El presidente del Observatori detallaba también entonces que en Cataluña «el grupo de hombres gais y bisexuales sigue siendo el que más incidencias registra, seguido por el colectivo trans».

Fuente Dosmanzanas

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Importantísima nueva sentencia de la justicia libanesa: uno de los Tribunal de Apelaciones de este país ha dictaminado que la homosexualidad «no es un delito» y, por ende, que no debe de ser perseguida. Es el más reciente y a la vez más notable paso en el camino hacia la completa despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo en este país de Oriente Próximo. El artículo 534 del Código Penal del Líbano castiga con un año de prisión los actos sexuales «contra natura». Hasta ahora, a pesar de no existir en la legislación nacional una referencia explícita a la homosexualidad, el citado artículo se ha venido utilizando como arma arrojadiza para perseguir y detener a activistas o a miembros de la comunidad sexualmente diversa. Para la jueza Randa Khoury, el artículo 534 se encuentra «desactualizado» y no refleja el «desarrollo social».

Con la ya histórica sentencia del Tribunal de Apelaciones libanés, criminalizar la sexualidad, al menos en el ámbito de la justicia, será mucho más complicado. El nuevo parlamento salido de las urnas el pasado mes de mayo tiene la tarea de derogar el artículo 534 del Código Penal. Es cierto que no será una tarea sencilla y más teniendo en cuenta la gran fragmentación parlamentaria (son más de 20 partidos políticos, 17 de los cuales tienen menos de 5 diputados). También hay que tener en cuenta que son las primeras elecciones tras la reforma política que, entre otras cosas, ha elevado el número de diputados de 99 a 128 (además, casi había transcurrido una década desde los anteriores comicios). Lo que no cambia y sigue institucionalizado es que el presidente de Líbano tiene que ser cristiano maronita; el primer ministro, musulmán suní, y el portavoz del parlamento, musulmán chií.

La citada resolución viene a completar distintas disposiciones anteriores que interpretan la necesidad de revocar el artículo 534 del Código Penal libanés por considerarlo discriminatorio y en clara oposición con el artículo 183, que garantiza los derechos fundamentales de la ciudadanía. La primera de las sentencias fue emitida por el juez Mounir Soliman (el 2 de diciembre de 2009), la segunda la firmó el juez Naji Dahdah (el 28 de enero de 2014) y la tercera el juez Hisham Kuntar (el 5 de mayo de 2016). Además, como recogió dosmanzanas en su momento, la jueza libanesa Janet Hanna dictaminaba a favor de los derechos de un hombre transexual, que solicitaba ver reconocida su condición de varón en el registro civil.

El fallo más reciente hasta el que ahora ha emitido el Tribunal de Apelaciones se remontaba a enero de 2017. El juez Rabih Maalouf abría otra vez las puertas a la despenalización de la homosexualidad en el Líbano. En aquella sentencia el magistrado dictaminaba «el derecho de los homosexuales a establecer unas relaciones humanitarias o íntimas con las personas que deseen, sin ningún tipo de discriminación en términos de orientación, ya que es uno de los derechos naturales más elementales, inherentes a ellos como seres humanos».

El artículo 534 del Código Penal libanés en la diana

Todos estos importantes hechos jurídicos del Líbano parecen confirmar que los tribunales, como ha ocurrido en otros países del mundo, están por delante de la clase política en lo que a la defensa de los derechos del colectivo LGTB se refiere. Además, importantes instituciones y organizaciones de diversa naturaleza también apoyan a la comunidad LGTB. La Sociedad Libanesa de Psiquiatría ha hecho público en diversas ocasiones la necesidad de que «el artículo 534 del Código Penal libanés que procesa actividades homosexuales sea abolido», siendo el primer país árabe en el que tiene lugar tal posicionamiento.

Desde dicha entidad profesional argumentan que aunque antaño se consideró, erróneamente, que «la homosexualidad era el resultado de dinámicas familiares problemáticas o del desarrollo psicológico», en las últimas décadas se ha demostrado que esas premisas estaban basadas «en desinformación y prejuicios». La Sociedad Libanesa de Psiquiatría, a su vez, se refiere a los posicionamientos de la Asociación Americana de Psiquiatría de 1973 o al de la Organización Mundial de la Salud de 1990, entre otros, para declarar que internacionalmente «la homosexualidad no cumple los criterios para ser considerada una enfermedad», por lo que «la experiencia clínica indica que quienes integraron su orientación sexual en un sentido positivo del yo funcionan de manera psicológicamente más saludable que aquellos que no lo han hecho».

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Arab Humans Rights Fund, Artículo 534 (Líbano), Beirut, Discriminación, exámenes anales, Helem, Hisham Kuntar, Homofobia, Hussein Chahrour, Janet Hanna, Legal Agenda, Líbano, Marwan Charbel, Mounir Soliman, Naji Dahdah, Rabih Maalouf, Randa Khoury, Tortura

Magnífica noticia: la Asamblea de Portugal ha aprobado con mínimos cambios (referidos a los menores de 16 a 18 años) la nueva ley de identidad de género, que el presidente de la República Portuguesa, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, había vetado en mayo. El voto positivo del Partido Comunista, que cuando se votó el proyecto por primera vez se abstuvo, permite además que el texto cuente con el respaldo de la mayoría absoluta de la cámara, lo que asegura su aprobación en caso de que el presidente insista en bloquearla.

La nueva ley elimina la necesidad de un diagnóstico de «trastorno de identidad de género» para proceder a la modificación del sexo registral y reduce de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual se puede solicitar la modificación. También contempla el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro.

Impulsada por el Gobierno socialista portugués, la primera versión de la ley fue aprobada por la Asamblea de Portugal el pasado 13 de abril con el apoyo del gobernante Partido Socialista, del Bloque de Izquierda, de Los Verdes y del Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN). El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, votó en contra (con la única excepción de la diputada Teresa Leal Coelho) junto con los democristianos del CDS-PP. El Partido Comunista, que cuenta con 15 diputados, se abstuvo.

El presidente de la República Portuguesa, sin embargo, decidió vetar la ley (en nuestra anterior entrada lo explicamos con detalle) y pidió a la Asamblea que introdujese como exigencia para proceder a la modificación legal del sexo legal en menores de 18 años un informe médico previo favorable. La situación se complicaba por el hecho de que la abstención comunista dejaba la ley sin mayoría absoluta, necesaria para levantar el veto presidencial.

Finalmente, Partido Socialista, Bloque de Izquierda PAN acordaban presentar una enmienda al artículo 7 del proyecto que introduce, en el caso de los menores, el requisito de un informe médico o psicológico, pero no para certificar ningún diagnóstico, sino para acreditar que el menor que hace la petición lo hace de forma libre e informada y cuenta con su consentimiento expreso. La enmienda señala expresamente que dicho informe no podrá incluir referencias a ningún tipo de diagnóstico relacionado con la identidad de género. Se trata de una solución «intermedia» que ha sido además apoyada por Verdes, Partido Comunista y por la diputada Teresa Leal Coelho, del PSD, lo que permite que la redacción final de la ley cuente, en este caso sí, con mayoría absoluta. En caso de nuevo veto presidencial, por tanto, la Asamblea podría levantarlo sin necesidad de cambiar el texto.

Esperemos que en esta ocasión Marcelo Rebelo de Sousa sancione la ley, que colocará a Portugal en el grupo de países más avanzados de Europa por lo que al reconocimiento de la autodeterminación de género se refiere.

Autodeterminación de género, una demanda imparable, también en España

Portugal sigue el ejemplo de otros países de nuestro entorno como Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica o Noruega,  que también han actualizado en los últimos años sus leyes para adaptarlas al principio de autodeterminación de género. En España, mientras tanto, la ley 3/2007 no ha sido todavía actualizada, por lo que sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos en julio, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

Fuente Dosmanzanas

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Críticas a un socorrista por su falta de sensibilidad.

El monitor prohibió a un joven transgénero bañarse con camiseta. 

 Le espetó “la normativa es la normativa”.

Un grupo de unos 60 adolescentes del Gazte Rock, un campamento musical organizado por la Diputación Foral de Álava, se solidarizaban el pasado miércoles con un compañero trans al que un socorrista prohibió bañarse con camiseta en una piscina. Los jóvenes se arrojaron al agua con sus respectivas camisetas, lo que provocó que el socorrista avisase a la Ertzaintza.

Lo sucedido ha despertado debates en redes sociales (muchos de ellos teñidos de transfobia) sobre si la obediencia escrupulosa a las normas de este tipo de instalaciones está por encima del respeto a la dignidad de las personas trans, que a diario se tienen que enfrentar a situaciones personales de gran incomodidad. Un debate que a nuestro juicio lo que pone de manifiesto es la urgente necesidad de incorporar al cuerpo normativo de todo tipo de instituciones la realidad de las personas trans.

El incidente ocurrió el miércoles por la mañana en la piscina municipal de Salinas de Añana, en la provincia de Álava. Según explicaron a El Correo familiares de los chicos, todo comenzó cuando un adolescente trans que se encuentra en pleno proceso de cambio físico para acomodar su cuerpo a su identidad de género quiso bañarse con la camiseta para no mostrar su torso desnudo. El socorrista se lo prohibió, de acuerdo a las normas de uso de la instalación. Hasta ahí todo normal. Fue entonces cuando otros chicos e incluso monitores de la colonia le explicaron las razones por las cuales el chico no quería quitarse la camiseta. El socorrista, tras conocer la situación, siguió negándose. Según la versión de los familiares, utilizó además un tono amenazante.

Fue en ese momento cuando el resto de chicos, de forma espontánea, se pusieron de acuerdo para arrojarse con sus respectivas camisetas a la piscina, al grito de «¡Con camiseta!», como se puede apreciar en un vídeo que recoge el momento y que ha sido ampliamente difundido en redes sociales. El activista de Arcópoli y director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia Rubén López lo difundía por ejemplo el jueves en su cuenta de Twitter. «¡Bravo por los compañeros!», se felicitaba por la actitud de los chicos. El mensaje conseguía en pocas horas miles de retuits:

Los niños de un campamento en Salinas de Añana (Álava) se lanzan todos a la piscina con camiseta por solidaridad tras la prohibición del socorrista de que un compañero trans se pudiera bañar con camiseta. El socorrista acabó llamando a la Ertzainza. ¡Bravo por los compañeros! pic.twitter.com/lLRSdq5Pem

— 🏳️‍🌈Rubén López🏳️‍🌈 (@rubenlodi) 12 de julio de 2018

El socorrista acabó llamando a la Ertzaintza (policía autónoma vasca). Según la crónica de El Correo, fuentes policiales reconocen que en efecto se recibió una comunicación desde Salinas de Añana en la que un adulto alertaba de un «tumulto o intento de linchamiento» en las instalaciones de la piscina, pero cuando los agentes se personaron allí los chicos, acompañados de sus monitores, ya habían abandonado las instalaciones.

El Ayuntamiento de Salinas de Añana ha mostrado su pesar por lo ocurrido, que consideran un malentendido. Clemente Pérez de Nanclares, concejal que se personó también en la piscina tras el incidente para conocer lo ocurrido, ha declarado a la cadena SER que el socorrista «no tuvo mala intención e hizo lo que hizo aplicando la normativa», aunque también ha reconocido que la reacción de los chicos es perfectamente entendible y que incluso la comparte. «Yo habría hecho lo mismo. Entiendo que salieran rebotados, pero hemos hablado con los monitores y todo está arreglado», añadía en esas mismas declaraciones.

Cuando los medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia, comenzaron a aparecer opiniones encontradas. Pese a que la mayoría de usuarios está de acuerdo en aplaudir la solidaridad de los compañeros del joven implicado, también han señalado que no bañarse con ropa es una prohibición común en todas las piscinas y que los socorristas solo hacen su trabajo.

Más allá del propio incidente, que gracias a la reacción de los chicos incluso nos deja buen sabor de boca, lo sucedido pone de manifiesto dos realidades sobre las que conviene incidir. En primer lugar, la necesidad de acomodar las normas y el funcionamiento de instalaciones públicas a la realidad trans.  Como bien ha señalado el colectivo Lumagorri, es necesario que las instituciones públicas formen de manera obligatoria en materia de diversidad a todo su personal, sea directo o subcontratado. Desde la asociación, han catalogado este hecho como agresión transfóbica y exigen a las instituciones que tomen medidas. Consideran que estos hechos son “inadmisibles” y que “adquieren una mayor relevancia al ocurrir en un recinto público, con un socorrista contratado para dar un servicio público como es el de atender unas piscinas municipales”.

Exigimos formación obligatoria en materia de diversidad para todo el personal público (directo y subcontratado) para que episodios como el de Salinas no se repita jamás #stoptransfobia

— Lumagorri (@Lumagorrihat) 13 de julio de 2018

En segundo lugar, como bien demuestran muchas de las reacciones al tuit de Rubén López (cargadas de odio y transfobia y que preferimos no reproducir), basta un pequeño incidente como este para despertar la LGTBfobia de muchas personas, que se escudan en argumentos del tipo de «las normas están para cumplirse» para evitar cualquier reflexión sobre la necesidad de situar el respeto a la diversidad como valor primordial y de paso mostrar su inquina hacia la reivindicación de los derechos de las personas trans.

Como el propio López señala en tuits posteriores, «una norma administrativa local no puede violar la dignidad de una persona, y en este caso podía ocurrir esto. El socorrista fue a lo fácil, pero en este caso, a lo inhumano. Esa decisión podía hacer mucho daño a una persona, porque no está adecuada a la realidad trans. Era tan fácil como realizar una excepción, llamar a un superior si tiene miedo de incumplir las normas (lo cual es legítimo, se juega su trabajo) antes, para preguntarle si permitir esa excepción, pero llamar después al alguacil para expulsarles a todos… Eso sí implica malicia. La clave de todo esto es la empatía».

Fuente Dosmanzanas /Cáscara Amarga

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Según documentos internos a los que ha tenido acceso la revista estadounidense Slate, la administración Trump planea derivar fondos destinados a la asistencia a las personas con VIH para sufragar los gastos derivados de su campaña de «mano dura» contra la inmigración de familias con menores. El previsible incremento en el número de menores retenidos bajo tutela de la administración y separados de sus padres estaría en el origen de la operación.

En estos momentos la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (Office of Refugee Resettlement, ORR) tendría bajo custodia a unos 11.800 menores, de los cuales entre 2.000 y 3.000 serían niños separados de sus padres en la frontera (el resto serían menores que cruzaron la frontera solos), como resultado de la política de endurecimiento contra la inmigración que desde hace unos meses ha emprendido la administración Trump de la mano de los Departamentos de Justicia e Interior. Las previsiones, sin embargo, es que la cifra pueda duplicarse, de forma que se necesiten hasta 25.400 «camas» para mantener a estos menores retenidos antes de final de año. Un incremento que lógicamente hay que financiar y que arrastaría a la ORR a acumular un déficit de 585 millones de dólares a final del correspondiente año fiscal, que iría además en aumento (hasta los 1.300 millones de dólares en el primer cuarto del año fiscal 2019) si no se recibe nuevos fondos.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados es una agencia federal que en última instancia del Departamento de Salud y Servicios Sociales (Department of Health and Human Services), y aquí es donde está la clave de la información que Slate ha revelado: este departamento ha decidido derivar fondos del Ryan White HIV/AIDS Program, un programa aprobado por el Congreso en 1990, a iniciativa del senador Ted Kennedy, cuyo objetivo es el de proporcionar asistencia médica a personas que viven con VIH pero que carecen de seguro médico o cuyo seguro es insuficiente.

De acuerdo a la información de Slate, los documentos en los que se hace una prospección de las posibles necesidades ya tienen en cuenta la reciente firma por parte del presidente Trump de una orden ejecutiva para poner fin a las separaciones de menores inmigrantes de sus padres, lo que podría suponer que el coste final de toda la operación no fuera tan elevado. No obstante, la orden ejecutiva no supone el fin de las retenciones de menores, y según esos documentos la ORR seguiría por el momento funcionando como si la orden no existiese. De hecho, el proceso de transferencia de fondos del programa de VIH a la ORR ya habría comenzado.

Fuente Dosmanzanas

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Rodolfo Lizárraga Arellano considera perjudicial que un menor tenga padres del mismo sexo «porque va a estar viendo cómo se abracen, como tal vez se besen, como se acuesten a dormir» y esto, en su opinión, «es una conducta que acuérdate que lo que ve el niño es lo que después aplica». En este sentido, alega que convivir en una familia homoparental «es un trauma sicológico» para los niños. Lizárraga ha sido transformista y ahora es diputado en el Congreso de Sonora por la coalición Juntos Haremos Historia, a la que pertenece el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. El nuevo legislador, en cambio, asegura que sí está dispuesto a reformar el Código de Familia a favor del matrimonio igualitario (que junto a la adopción homoparental ya es legal en diversos estados mexicanos y cuya validez en todo el país cuenta con el aval de la Corte Suprema de la Nación).

De los 21 diputados que se disputaban el Congreso de Sonora, la coalición Juntos Haremos Historia ha obtenido la abrumadora mayoría de 20, dejando como única oposición al PRI con un único escaño. Así pues, Rodolfo Lizárraga, que asumirá su cargo de forma efectiva en septiembre como el resto de diputados electos, ganaba el distrito XIII, relevando a Manuel Villegas del PAN. Lizárraga ha sido anteriormente concejal y alcalde por el Partido del Trabajo, una formación ahora integrada en Juntos Haremos Historia, liderada por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México (del que no se espera a priori grandes avances en materia LGTB).

En una entrevista radiofónica, Lizárraga ha dicho que «creo yo que un niño de 5 o 6 años no puede convivir con dos mujeres que son pareja o con dos hombres que son pareja porque va a estar viendo cómo se abracen, como tal vez se besen, como se acuesten a dormir, o sea, siento que es un trauma psicológico para el niño o la niña, es una conducta que acuérdate que lo que ve el niño es lo que después aplica».

En 2007 compaginaba el cargo de regidor con sus espectáculos de transformismo, imitando a personajes tan populares como Juan Gabriel, Lupita D’Alessio, Angélica María o Paquita la del Barrio. Lizárraga hacía entonces estas declaraciones:

«para mí el travestismo es un trabajo que no necesariamente es sinónimo de alcoholismo, depravación o drogadicción, a mí se me ha tratado con mucho respeto, pero creo la mayoría de los travestis u homosexuales siguen sufriendo de discriminación».

Además, el entonces mandatario local añadía que «aunque (en México) hemos avanzado un poco en el respeto a nuestra actividad (travestismo) pero todavía no hemos aprendido a discernir bien entre el homosexualismo y el travestismo, yo tengo muy definida mi sexualidad y no tengo problemas con la sociedad porque ante todo trato de ser un ciudadano ejemplar».

En el siguiente vídeo se recoge la entrevista completa al diputado Lizárraga Arellano:

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Varios activistas LGTB polacos (sin identificarse el número exacto de afectados) podrían enfrentarse a un juicio por utilizar banderas arcoíris con uno de los símbolos nacionales incrustados. En el peor de los escenarios, además de una sanción económica, podrían encontrarse con una condena de hasta un año de prisión. El ultraconservador ministro del Interior de Polonia, Joachim Brudziński, ha advertido de que «habrá una notificación a la fiscalía por insultar y profanar símbolos nacionales». La simbología oficial polaca está protegida por ley y están recogidos como «delitos» las «blasfemias y los insultos», así cualquier uso público que pueda considerarse como perjudicial o una ofensa criminal. En cualquier caso, y con independencia de lo que pueda dictaminar en su caso la justicia de Polonia, es muy común en numerosos países el uso de símbolos nacionales en combinación con la bandera arcoíris, emblema de la comunidad LGTB internacional.

La ciudad de Częstochowa (una urbe de más de 200.000 habitantes del sur de Polonia) ha celebrado este fin de semana el primer Orgullo LGTB de su historia, además de sumarse como habitualmente al Orgullo estatal de Varsovia, que este año ha reunido a unos 45.000 participantes. Pero algo que en una gran variedad de naciones ya es algo habitual y se encuentra normalizado, como es la combinación de la bandera arcoíris con símbolos nacionales o locales, en Polonia quiere ser perseguido por sus autoridades por considerarse una «profanación». Así lo ha solicitado el propio ministro del interior de este país de Europa Central, Joachim Brudziński.

El símbolo en cuestión es el águila blanca, cuya historia se remonta a la monarquía del siglo XII y que forma parte del escudo nacional y de la bandera de Polonia. Según el imaginario colectivo popular polaco, Lech, el fundador mítico de Polonia, vio un nido de águila blanca con tres polluelos y, al considerarlo como un símbolo de buen augurio, fundó la ciudad de Gniezdnem (hoy conocida como Gniezno), cuyo significado es «nido». Esta historia, que es parte de la leyenda de Lech, Czech y Rus fue recogida por primera vez en la Crónica de la Gran Polonia, escrita en latín, en 1273.

Para el ministro Brudziński «los policías reaccionaron y, en este caso, se formularán cargos por desacato y profanación de los símbolos nacionales. Esa es la policía polaca tan confiable entre los polacos». Con la acusación del gobierno, personificado en su ministro del Interior, los activistas podrían ser condenados hasta a un año de cárcel (si bien sería, en todo caso, muy difícil que llegaran a entrar en prisión si carecen de antecedentes).

Otro caso de negación de servicios por LGTBfobia

El pasado mes de junio fue noticia la resolución del Tribunal Supremo de Polonia, que confirmaba la sentencia anterior del Tribunal de Lodz, a un trabajador de una copistería que se negó a imprimir una pancarta para el LGBT Business Forum. El caso contó con el apoyo de The Campaign Against Homophobia. Precisamente por el reconocimiento de los tribunales a los derechos del colectivo LGTB, el también conservador ministro de justicia, Zbigniew Ziobro, decía sobre la sentencia que, siempre en su opinión, atentaría «en contra de la libertad». También aseguró que el Tribunal Supremo «se ha mantenido del lado de la violencia estatal al servicio de la ideología de los activistas homosexuales».

Precisamente ahora en julio acaba de entrar en vigor una nueva norma legal que cambia la regulación del Tribunal Supremo de Polonia. Asimismo, la Unión Europea ha reiterado que la independencia judicial de este país está en entredicho debido a las nuevas leyes que otorgan al partido gobernante conservador, Ley y Justicia, un mayor poder sobre los nombramientos judiciales.

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El juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Anthony Kennedy ha anunciado su próxima jubilación, que tendrá lugar el próximo 31 de julio. Eso permitirá al presidente Donald Trump elegir a su sustituto, que posteriormente deberá ser convalidado por un Senado con mayoría republicana, inclinando aún más la balanza de fuerzas en el Tribunal Supremo del lado más conservador. Anthony Kennedy, a pesar de pertenecer también a esa sección, se ha destacado, sin embargo, por ser un firme defensor de los derechos civiles, significándose especialmente en cuanto a los derechos de gais, lesbianas y bisexuales. Las cuatro grandes sentencias del alto tribunal que abrieron el camino de la igualdad de derechos de ese colectivo lo tienen a él como ponente. Los grupos más reaccionarios ya están preparando estrategias para revertir esas sentencias, con la expectativa de la nueva composición del tribunal. Las decisiones futuras del Tribunal Supremo respecto a cuestiones como las leyes tránsfobas vigentes en municipos o estados, o la denegación de prestación de servicios a las personas LGTB escudándose en las creencias religiosas, quedarán en manos de jueces ultraconservadores.

El juez Anthony Kennedy, que cumplirá 82 años el próximo mes de julio, ha anunciado su retirada por jubilación como miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Nombrado por el presidente Ronald Reagan en el año 1988, forma parte del sector conservador del alto tribunal. Sin embargo, en materia de derechos civiles se ha mostrado siempre favorable a la protección constitucional de la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. Así lo ha evidenciado en materias como el derecho a la libre decisión de la mujer sobre su embarazo o el respeto a los derechos de las personas LGTB, respecto a los cuales ha debido decidir en cuatro ocasiones fundamentales, que han pasado a formar parte de la historia de la lucha del colectivo estadounidense. En todas ellas, además, ha sido el ponente:

Romer vs. Evans o la protección contra la discriminación

En 1992, los ciudadanos de Colorado votaron mayoritariamente a favor de una enmienda a la Constitución de ese estado, que impediría que los ciudadanos homosexuales o bisexuales pudieran solicitar a las instituciones públicas el ser considerados como minoría, y poder reclamar que se adoptasen a su favor las oportunas medidas antidiscriminatorias.

Por una mayoría de 6 votos contra 3, en mayo de 1996 el Tribunal Supremo dictaminó que esa enmienda violaba la Constitución de los Estados Unidos, pues impedía que las personas de una determinada orientación sexual pudieran denunciar cualquier discriminación arbitraria de la que fueran objeto. Según explicaba el juez Kennedy en la sentencia, «la enmienda es a la vez demasiado angosta y demasiado amplia. En ella se identifica a las personas por tan solo un rasgo, y luego se les deniega la protección en todos los ámbitos. La inhabilitación para ejercer el derecho a solicitar protección a un tipo determinado de personas no tiene precedentes en nuestra jurisprudencia».

La sentencia abrió el camino para que las leyes estatales y federales pudieran incluir medidas contra la discriminación de los ciudadanos por razón de la orientación sexual.

Lawrence vs. Texas o el fin de la penalización de la homosexualidad

En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la «conducta homosexual» vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas sí estuvieran permitidas para las parejas heterosexuales.

Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia. Pero sí que existía el precedente favorable de Romer vs. Evans y su declaración de inconstitucionalidad de las leyes que impidieran la protección contra la discriminación.

Afortunadamente, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, con ponencia de Anthony Kennedy, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó, por una mayoría de 6 votos contra 3, que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que esos derechos a la intimidad y a la privacidad debían ser disfrutados igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.

Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.

US vs. Windsor o el reconocimiento federal de los derechos LGTB

Edith (familiarmente «Edie») Windsor, de 83 años, no pudo acogerse a una serie de beneficios para los matrimonios en materia de herencia a la muerte de su esposa, Thea Spyer, en 2009, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Y ello pese a que Windsor y Spyer, pareja durante 44 años, se casaron en Canadá en 2007 y el estado de Nueva York reconoció su matrimonio (aunque Nueva York solo celebra matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2011, antes ya reconocía los celebrados fuera de su territorio).

De todo ello era responsable la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos.

Tras una ardua batalla legal, el caso llegó a manos del Tribunal Supremo, que falló a su favor en una histórica sentencia fechada el 26 de junio de 2013, por una diferencia de 5 votos a favor y 4 en contra. El fallo, de nuevo con el juez Kennedy como redactor, dictaminaba que la sección 3 de la DOMA violaba las garantías de igualdad contenidas en la 5ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, lo que suponía que los matrimonios entre personas del mismo sexo pasasen a ser inmediatamente reconocidos por la administración federal, independientemente del lugar en el que se hubieran celebrado, en ámbitos como el fiscal, el migratorio o las pensiones.

US vs. Windsor allanó así el camino para la que sería la sentencia definitiva que reconocía la igualdad de las parejas del mismo sexo, que llegaría dos años después.

Obergefell vs. Hodges o la legalización del matrimonio igualitario

Los nueve jueces del Tribunal Supremo tuvieron que discernir en esta ocasión si las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito se ajustaban a la Constitución de los Estados Unidos. Las cuatro parejas recurrentes reclamaban el derecho a contraer matrimonio en su estado de residencia, o a ver reconocido el contraído en otro estado donde fuera legal. Las sentencias afectaban a los estados de Tennessee, Michigan, Kentucky y Ohio y se trataban de las únicas por parte de una Corte de Apelaciones que habían dictaminado en contra del derecho al matrimonio igualitario.

Todas ellas se aunaron en el caso Obergefell v. Hodges, que hacía referencia al recurrente de Ohio, a quien se había denegado el reconocimiento de su matrimonio celebrado en Maryland, un estado que sí permitía casarse a las parejas del mismo sexo. Aunque la pareja consiguió una sentencia favorable de un tribunal federal, la Fiscalía de Ohio recurrió ante la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito, que anuló tanto esa sentencia como las que habían tenido lugar en los otros estados de su jurisdicción. Lamentablemente, el marido de Jim Obergefell, John Arthur, murió de una enfermedad terminal en plena lucha por sus derechos constitucionales.

El 26 de junio de 2015, de nuevo por una mayoría de 5 votos contra 4, el Tribunal Supremo declaraba inconstitucionales todas las leyes que prohibían el matrimonio igualitario. El argumento y fallo final del dictamen, firmado por el juez Kennedy, rezaba así:

Ninguna unión es más profunda que el matrimonio, ya que encarna los más altos ideales de amor, fidelidad, dedicación, sacrificio y familia. En la formación de una unión matrimonial, dos personas se convierten en algo más grande de lo que eran. Como algunos de los demandantes de estos casos han demostrado, el matrimonio representa un amor que puede incluso perdurar más allá de la muerte. Sería malinterpretar a estos hombres y mujeres afirmar que faltan al respeto a la idea del matrimonio. Su demanda se produce porque la respetan, la respetan tan profundamente que tratan de poder llevarla a cabo ellos mismos. Su esperanza es no estar condenados a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Piden igual dignidad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho.

La sentencia de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito queda invalidada.

Con esta última sentencia no solo se legalizaba el matrimonio igualitario en todo el territorio estadounidense, sino que además se reconocía la discriminación histórica sufrida por gais, lesbianas y bisexuales con estas palabras del juez Kennedy:

Durante gran parte del siglo XX la homosexualidad fue tratada como una enfermedad. Mientras tanto, la intimidad entre personas del mismo sexo había sido largamente condenada como inmoral por el propio Estado en la mayoría de las naciones occidentales, una creencia que a menudo se encarnaba en la ley penal. El sexo entre dos hombres o dos mujeres sigue siendo un crimen en muchos Estados, y a los gais y lesbianas se les ha prohibido el acceso a la mayor parte del empleo público, se les ha excluido del servicio militar, de las leyes de inmigración, han sido objetivos de la policía y se les ha impedido el derecho de asociación.

La futura composición del Tribunal Supremo

Con el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo queda, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump).

Ese equilibrio lo romperá quien ocupe el cargo que ha dejado vacante el juez Kennedy. El nombramiento del nuevo miembro del Tribunal Supremo es una atribución del presidente Trump, aunque su decisión debe ser convalidada posteriormente por el Senado. Al estar este en manos de la mayoría republicana, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno.

Donald Trump ya ha anunciado que anunciará su candidato el próximo 9 de julio, semanas antes de que sea efectivo el retiro del juez Kennedy. Según sus declaraciones, está barajando entre un grupo de quince posibles opciones, entre las que se contaría a dos mujeres.

Desde el Partido Demócrata se ha solicitado al presidente del Senado que aplace cualquier votación al respecto hasta que se celebren las próximas elecciones legislativas en el mes de noviembre, que, según las encuestas, devolverían el control de la cámara a los liberales. Piden que sea coherente con lo que él mismo defendió cuando el anterior presidente, Barack Obama, propuso a un candidato al Tribunal Supremo tras el fallecimiento del juez Antonin Scalia. El presidente del Senado aplazó la decisión hasta que se celebraron las elecciones presidenciales, con el argumento de que así el nuevo candidato tendría el respaldo de los votantes. Sin embargo, la petición ha sido desestimada de inmediato, ante el temor de que los demócratas hagan la propio si obtienen la mayoría en la cámara y aplacen la decisión del nombramiento hasta unas nuevas elecciones presidenciales. Según Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, la votación sobre el candidato del presidente Trump al Tribunal Supremo tendrá lugar en el próximo mes de octubre.

Ciertamente, la mayoría republicana no se ha detenido ante nada para lograr sus objetivos. Cuando Donald Trump se presentó su candidato, Neil Gorsuch, tras ganar las elecciones, se rompió la regla de que la convalidación por el Senado fuera por una mayoría de tres cuartas partes, y se aprobó su nombramiento con mayoría simple, pues ocupan 51 de los 100 escaños del Senado. La única esperanza para los liberales es, por una parte, el delicado estado de salud del senador republicano John McCain, que le impediría acudir a la votación, y, por otro, la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido recientemente una reunión con Donald Trump para dialogar sobre este asunto.

El cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio, por lo que el candidato que apruebe finalmente el Senado permanecerá previsiblemente en su cargo durante un largo período, pues, según los rumores, la media de edad de los candidatos valorados por el presidente ronda los 50 años. Por otra parte, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace temer que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto. Existe pues, el temor fundado a que Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.

La amenaza para los derechos LGTB

Este nuevo escenario en el más alto tribunal de los Estados Unidos, cuyas decisiones son de altísima relevancia, ha causado entusiasmo entre los sectores de la sociedad más opuestos a los derechos de las minorías sexuales. Así, desde la asociación ultraconservadora Liberty Counsel se emitía un comunicado en el que se afirmaba que «con la jubilación del juez Kennedy habrá una nueva justicia que tendrá un gran impacto en el futuro de los Estados Unidos. Si el juez Kennedy es reemplazado por una persona que sea fiel al texto original y al significado de la Constitución, entonces solo será cuestión de tiempo que cambien varias decisiones horribles, incluidas el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo».

Por su parte, Brian Brown, presidente de la altamente LGTBfoba National Organization for Marriage (NOM) ha solicitado donaciones para financiar una campaña que lleve de nuevo hasta el Tribunal Supremo la cuestión del matrimonio igualitario. Su propósito es que la nueva mayoría conformada tras el nombramiento del candidato del presidente Trump revierta la sentencia favorable al matrimonio igualitario, y se vuelva a la situación anterior, en la que serían los estados quienes legislarían respecto al matrimonio de manera independiente.

La amenaza para los derechos civiles que supone la nueva composición del Tribunal Supremo estadounidense puede tener consecuencias drásticas. Quedan pendientes de resolver conflictos que afectan a colectivos tan sensibles como el de las personas trans, que se enfrentan a leyes estatales y locales que tratan de impedir que puedan vivir de acuerdo con su identidad de género. También pueden llegar al alto tribunal recursos contra las sanciones a establecimientos y negocios que discriminen a las personas LGTBI escudándose en las convicciones religiosas de sus dueños (la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un asunto semejante se limitaba exclusivamente a ese caso).

Tampoco hay que olvidar que, a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones, las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos son reversibles. Como hemos visto en el caso de Lawrence vs. Texas, la sentencia que declaró inconstitucionales las leyes estatales contra la sodomía revirtió una anterior que las había declarado conformes a la Constitución. El peligro de pérdida de derechos conquistados, como el mismo matrimonio igualitario, la protección contra la discriminación o, incluso, la no injerencia del Estado en las prácticas sexuales consensuadas entre adultos, está sobre la mesa.

Fuente Dosmanzanas

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Bonita iniciativa la que  ha promovido la FELGTB en Rusia, donde en estos momentos se celebra el Campeonato Mundial de Fútbol. Seis activistas de diferentes países, cada uno de ellos vistiendo la camiseta de su selección nacional, se pasearon el pasado 28 de junio por las calles de Moscú formando la bandera del arcoíris a la vista de todo el mundo. El objetivo no es otro que el de denunciar de una forma original la situación del colectivo LGTB en Rusia, cuya legislación prohíbe, en la práctica, cualquier acto público de visibilidad. 

En 2013 entró en vigor en la Federación Rusa a ley contra la «propaganda homosexual», una norma que sanciona con fuertes multas cualquier información positiva sobre la realidad LGTB que pueda alcanzar a menores, y que en la práctica hace imposible la lucha contra el acoso por LGTBfobia y los crímenes de odio y dificulta sobremanera la celebración de cualquier evento LGTB, permitiendo por ejemplo que quienes simplemente enarbolan la bandera arcoíris o reivindican la celebración del Orgullo sean detenidos, sancionados o incluso temporalmente encarcelados. Una situación sobre la que la FELGTB ha querido llamar la atención. «Mientras todo el mundo tiene puesta su atención en Rusia por el Mundial, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales ha encontrado la oportunidad para protestar contra la situación y visibilizar la causa con una protesta sutil y original: infiltrar la bandera arcoíris desafiando a la legislación rusa actual», explican desde la organización.

Desde la FELGTB recuerdan que los crímenes de odio contra la comunidad LGTB rusa se han duplicado desde la entrada en vigor de la ley. También destacan las denuncias de Human Rights Watch y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos sobre la persecución a las personas LGTB en la república rusa de Chechenia, así como la pasividad de las autoridades rusas a la hora de investigar lo sucedido. Es por eso que a pesar de las dudas sobre la seguridad de los turistas e hinchas LGTB que acudieran al Mundial de Rusia y las recomendaciones de no visibilizarse en público, seis activistas de todo el mundo decidieron personarse en el país para formar con sus cuerpos la bandera del arcoíris. «Hacerse visible siempre es un riesgo, pero hacerlo con miles de aficionados y aficionadas del Mundial y la prensa delante es lo que nos motivó a llevar a cabo la original protesta», ha declarado Uge Sangil, presidenta de FELGTB.

La iniciativa, cuyo hashtag a la hora de ser difundida en redes sociales es #HiddenFlag, ha sido llevada a cabo por activistas de Argentina (Vanesa Paola Ferrario), Brasil (Eloi Pierozan), Colombia (Mateo Fernández), España (Marta Márquez), Holanda (Eric Houter) y México (Guillermo Aguilar) vistiendo sus respectivas camisetas (en el caso de Argentina y Colombia, las segundas equipaciones). Todos ellos personas LGTB, salvo el holandés Eric Houter, que es heterosexual pero ha tenido que lidiar con la discriminación que ha sufrido su hermano (que es bisexual) y que quiso sumarse al proyecto para defender la causa en nombre de su hermano y de su cuñado marroquí, que no ha podido hacer pública su sexualidad a su familia. Puedes saber más de cada uno de ellos en la web de la campaña, www.thehiddenflag.org.

Insertamos a continuación el vídeo de la campaña:

Fuente FELGTB, vía Dosmanzanas

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La Corte Suprema del Reino Unido ha fallado de forma unánime a favor de  la pareja formada por Charles Keidan, de 41 años, y Rebecca Steinfeld, de 37, reconociendo su derecho a contraer una unión civil. La institución del civil partnership, recordemos, esta vetada a las parejas de distinto sexo del Reino Unido. Se trata de una figura jurídica que fue creada en 2004 para conceder a las parejas del mismo sexo derechos equivalentes a los del matrimonio pero negándoles el nombre.

Por vía legislativa, en 2004 solo había sido aprobado el matrimonio igualitario en Holanda y en Bélgica, aunque decisiones judiciales lo habían legalizado también en varias provincias de Canadá y en el estado de Massachussetts, en Estados Unidos. El Gobierno de Tony Blair no quiso por entonces dar el paso y optó por promover la aprobación de una institución que si bien concedía a las parejas del mismo sexo derechos similares al matrimonio bajo la ley británica, les negaba el nombre y el reconocimiento simbólico como matrimonio. Una institución a la que, por otra parte, solo tenían derecho las parejas del mismo sexo. Una verisón británica del segregador separate, but equal: mismos derechos, pero distintas instituciones.

Los años posteriores han acabado por derrumbar este esquema de pensamiento. Apenas unos meses después de que fuese aprobada la ley de uniones civiles (pero incluso antes de que entrase en vigor) España y Canadá aprobaban el matrimonio igualitario. Sería el comienzo de una ya amplia lista de países que han ido sumándose después… Incluyendo tres de los cuatro países constituyentes del Reino Unido: Inglaterra y Gales en julio de 2013, Escocia en febrero de 2014. Solo Irlanda del Norte permanece sin matrimonio igualitario. Sin embargo, el civil partnership ha permanecido vetado a las parejas del mismo sexo. Solo la isla de Man, una dependencia de la Corona que no formalmente no forma parte del Reino Unido, permitía a las parejas del mismo sexo unirse civilmente. En esta misma página recogíamos en 2016 como Charles Keidan y Rebecca Steinfeld acudieron a la isla, situada entre Gran Bretaña e Irlanda, para contraer su unión civil como parte de su batalla jurídica por la igualdad, en este caso en beneficio de las parejas de distinto sexo.

Una batalla jurídica que parece por fin llega a su fin, y que de hehco Keidan y Steinfeld no han sido los primeros en dar (ya en 2010 nos hacíamos eco de la negativa a contrar unión civil a varias parejas de distinto sexo). Su caso sí que ha sido el primero en ser decidido por la Corte Suprema, que de forma contraria a lo que hasta entonces han hecho otros tribunales de rango inferior ha fallado que negar a las parejas de distinto sexo el acceso a la unión civil atenta contra la Convención Europea de Derechos Humanos, que potege el derecho a la vida privada y familiar y prohíbe la discriminación.

Todo un triunfo para Keidan y Steinfeld, pareja desde 2010 y padres de dos hijos, que se negaban a formalizar su unión bajo la institución del matrimonio al considerar que esta lleva implícita una carga histórica de discriminación de la mujer. «Queremos educar a nuestros hijos como iguales, y creemos que una unión civil, una institución moderna y simétrica, es el mejor ejemplo para ellos», argumenta la pareja, que por cierto ha contado en su lucha con el apoyo explícito de activistas LGTB como Peter Tatchell, que se ha mostrado encantado con el fallo.

La ley no cambia, al menos por el momento

El fallo de la Corte Suprema respecto a Keidan y Steinfeld no implica que la ley cambie de forma automática para todos los ciudadanos, pero coloca al Gobierno británico en una situación incómoda si opta por no modificarla y permite que nuevos casos de parejas de distinto sexo inunden los tribunales. Una reforma de la ley que ha reclamado por ejemplo el colectivo Stonewall, que ha advertido además contra la posible tentación del Gobierno de aprovechar la situación para suprimir totalmente el civil partnership donde exista ya matrimonio igualitario, una posibilidad que se ha llegado a barajar en tiempos recientes.

Rebecca Steinfeld, en este sentido, ha anunciado que su campaña en favor de que todas las parejas de distinto sexo que quieran contraer unión civil puedan hacerlo continúa plenamente activa:

We WON!!! But the fight for civil partnerships doesn’t end here. It must go on until civil partnerships are extended to all couples. So please continue to back our campaign: https://t.co/p94gqnce6W https://t.co/07IlW57w5Y @EqualCPs pic.twitter.com/wjLR03Yjtf

— Dr Rebecca Steinfeld (@beccasteinfeld) 27 de junio de 2018

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Charles Keidan, Convención Europea de Derechos Humanos, Corte Suprema (Reino Unido), Discriminación, Matrimonio, Peter Tatchell, Rebecca Steinfeld, Reino Unido, Stonewall (Reino Unido), Uniones Civiles

Foto del juicio de M. Mielniezuk

La Sección 2ª de la Audiencia de Palma de Mallorca ha condenado a penas de cárcel a dos policías locales por su conducta hacía una compañera contra la que «movidos por su odio y desprecio» a su condición de lesbiana emprendieron toda una campaña de desprestigio. La condena, de hecho, podría haber sido mayor de no haber prescrito algunos de los delitos de los que se les acusaba.

Los hechos iniciales se remontan al periodo comprendido entre agosto de 2007 y diciembre de 2008. La víctima, Sonia Vivas, formaba parte entonces de la unidad motorizada nocturna de la Policía Local de Palma, en la que tenía como compañeros a Rafael Puigrós y a Alberto Juan Llaneras. Ambos agentes (aunque en mayor medida el primero) comenzaron a incomodarla mediante apodos lesbófobos («tijeritas»), gestos obscenos, chistes y comentarios despectivos… Una situación que derivó en problemas de tipo psicológico para Sonia Vivas. Estos hechos, aunque descritos en la sentencia, no han recibido sin embargo castigo penal por considerarse prescritos (la Fiscalía les imputaba por ellos un delito contra la integridad moral). Tampoco ha habido pena para el entonces subinspector Rafael Estarellas, que había sido también acusado, ya que el tribunal no considera suficientemente probado que conociera lo que estaba sucediendo y no actuara en consecuencia.

Los dos agentes sí que han sido condenados por hechos posteriores: en septiembre de 2016 la agente fue entrevistada en una emisora de radio en el que detalló las vejaciones y menosprecios sufridos, aunque sin mencionar el nombre de los policías. Estos, sin embargo, se sintieron aludidos y decidieron llevar a cabo una campaña de desprestigio. Se pusieron en contacto con una expareja de la víctima a la que intentaron coaccionar para que declarara contra ella. Rafael Puigrós, «con ánimo vengativo», pidió de hecho a dos policías que mintieran en una declaración y dijeran que habían visto a Vivas maltratando a un detenido, circunstancia que no podía ser cierta porque ese día ella no trabajó, y llegó a presentar una denuncia falsa contra Sonia Vivas.

La Audiencia de Palma ha dado total credibilidad a la versión de Sonia Vivas y, a la vista de los hechos probados, han condenado a Rafael Puigrós a la pena de cuatro años y dos meses de cárcel como autor de un delito de coacciones y otro de denuncia falsa, mientras que Alberto Juan Llaneras es condenado a dos años por el delito de coacciones.

Sonia Vivas, satisfecha

Una sentencia que nos deja un cierto sabor agridulce: es cierto que los agentes reciben un castigo por los hechos más recientes, pero lo que fue el acoso lesbófobo propiamente dicho queda impune por haber prescrito. Y las acusaciones al entonces subinspector Estarellas quedan sin probar, pese a que Vivas insistió durante el juicio en que tenía conocimiento de todo lo que le había ocurrido y no quiso hacer nada debido a la amistad que le unía a los dos agentes.

En cualquier caso, Sonia Vivas se ha mostrado razonablemente satisfecha. «Es un triunfo que se reconozca en la sentencia que todo lo que he contado es cierto, que es verdad, que me trataton como si fuese basura por ser lesbiana», ha expresado públicamente. Vivas también ha hecho un llamamiento a revisar el tratamiento de las víctimas de delitos de odio: «No todas tienen la fuerza para emprender un camino así ni tampoco el privilegio que tengo yo de haber sido una igual, también una policía».

Vivas habla con conocimiento de causa. Pedagoga y educadora, se define como policía vocacional y ha liderado la puesta en marcha del servicio de delitos de odio de la Policía Local de Palma (escribe además artículos de opinión en Diario 16).

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alberto Juan Llaneras, Baleares, Delitos de Odio, Diario 16, Diario de Mallorca, Discriminación, Homofobia, Lesbianas, Lesbofobia, LGTBfobia, Palma de Mallorca, Rafael Estarellas, Rafael Puigrós, Sonia Vivas