La esposa del atacante de una comisaría de los Mossos d’Esquadra en Cornellà (Barcelona), muerto por los disparos de una agente, ha declarado que su marido era homosexual y que dicha razón podría haberle llevado a perpetrar el ataque con intención de quitarse la vida. A falta de que se conozcan mejor sus circunstancias personales, no podemos sino manejar con prudencia una información que bien puede tener como objetivo convertir al colectivo LGTB, una vez más, en el perfecto chivo expiatorio. En cualquier caso, el daño que la homofobia internalizada causa a las personas que la sufren es bien conocido: no sería la primera vez que se encuentra detrás de un intento suicida.

Este lunes nos despertábamos con la noticia del asalto, poco antes de las seis de la mañana, a una comisaría de los Mossos en Cornellà. El autor, Abdelouahab Taib, un ciudadano argelino de 29 años, que según la versión policial caía abatido por los disparos de una agente a la que habría atacado armado con un cuchillo y profiriendo gritos en árabe, de los que la agente solo pudo identificar «Alá». En las primeras horas del día la hipótesis más probable parecía la de un ataque islamista a manos de un «lobo solitario», pero la noticia daba un giro sorprendente tras la declaración de la esposa de Taib, una mujer española con la que convivía a solo 150 metros de la comisaría y que de hecho se convirtió al islam después de conocerlo.

Según ha declarado la esposa de Taib, hace un año supo que este era homosexual, lo que la llevó a tomar la decisión de separarse. A partir de entonces Taib habría comenzado a verbalizar ideas de suicidio, ante el temor de que la comunidad musulmana local se enterase de su condición. Hace pocos días, de hecho, habían iniciado los trámites legales para divorciarse, lo que podría haber precipitado un ataque cuyo objetivo principal no era otro que el de quitarse la vida.

Por el momento poco más podemos decir. No creemos prudente, a estas alturas, hacer juicios de valor muy elaborados. Por un lado, la información procede de una persona que, según las informaciones publicadas, es ahora devota del islam. No sería del todo inverosímil pensar que pueda tratarse de un intento de desviar la atención desde la religión hacia el colectivo homosexual y convertirlo, una vez más, en chivo expiatorio. O de vejar su memoria ante su comunidad, o de levantar una cortina de humo para ocultar una actividad terrorista… Es pronto para descartarlo. En cualquier caso, la historia bien puede ser cierta: el daño que la homofobia internalizada causa a las personas que la sufren, especialmente cuando tiene un transfondo religioso, es incalculable. No sería la primera persona que se quita la vida incapaz de reconciliarse con su propia orientación.

Seguiremos pendientes de la historia.

Fuente Dosmanzanas

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Siguen llegándonos preocupantes avisos de la LGTBfobia de Estado auspiciada por el nuevo Gobierno de Malasia (constituido tras las elecciones federales del pasado mes de mayo). No solo han dejado claro su apoyo a la redada que el sábado de madrugada se realizaba en un bar de ambiente gay de Kuala Lumpur sino que, en boca del ministro del Territorio Federal, Khalid Samad, expresan que «esperamos que esta iniciativa pueda mitigar que la cultura LGTB se extienda a nuestra sociedad». Al parecer, es la primera vez en sus 30 años de existencia que este local sufre un registro de estas características en el que, por cierto, intervinieron la Real Policía de Malasia, las autoridades municipales de Kuala Lumpur, el Departamento de Religiones Islámicas de los Territorios Federales y la Agencia Nacional Antidrogas. Con la escalada de declaraciones LGTBfóbicas en el país se va evidenciado que, salvo sorpresa, el ansiado cambio de signo gubernamental de Malasia no supondrá avances para el colectivo.

Crecen la preocupación y la decepción con respecto al nuevo Gobierno de Malasia conforme se van sucediendo las semanas. Hace solo unos días recogíamos, precisamente que el ejecutivo alentaba la LGTBfobia al insinuar que el colectivo no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa. Ahora, tras la redada al bar de ambiente gay Blue Boy de Kuala Lumpur, siguen sucediéndose las alocuciones públicas de intolerancia por parte de cargos nacionales, regionales y locales.

«En esta división de operaciones, varias agencias diferentes de aplicación están llevando a cabo controles en las instalaciones y los visitantes, para detectar varios tipos de delitos», explicaba el secretario general del Ministerio Regional, Datuk Seri Adnan Md Ikshan. El mismo cargo regional ha añadido que «la inspección preliminar determina que el centro de entretenimiento tiene una licencia comercial válida, pero si detectamos una ofensa, revisaremos la licencia y tomaremos medidas».

A pesar del recorrido de LGTBfobia social y de Estado en Malasia, este local de ambiente lleva funcionando tres décadas sin que, hasta el pasado sábado, haya recibido ningún tipo de presión ni ninguna inspección extraordinaria. En el momento de la redada había más de 100 personas en el club, tanto malasios como turistas. Aunque no ha trascendido si se ha realizado alguna detención, lo preocupante es que parece un intento de amedrentar a la comunidad LGTB de cara a cualquier tipo de visibilización. Un objetivo que queda patente con las declaraciones del ministro del Territorio Federal, Khalid Samad, expresando que «esperamos que esta iniciativa pueda mitigar que la cultura LGTB se extienda a nuestra sociedad».

Malasia: LGTBfobia política y social

Malasia, una de las economías emergentes del sudeste asiático, es un país de variada composición étnico-religiosa, aunque de mayoría musulmana, en el que conviven leyes civiles, de obligado cumplimiento para todos, y leyes islámicas, de aplicación a los ciudadanos musulmanes. Las relaciones homosexuales, en cualquier caso, son ilegales y se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel. De hecho, en 2011 nos hacíamos eco de las intenciones de varios líderes musulmanes malasios de endurecer las medidas contra la homosexualidad y en 2015 el entonces primer ministro, Najib Razak, comparaba a las personas LGTB con el Estado Islámico, alegando que carecen de derechos humanos.

La LGTBfobia social y política imperante en Malasia ha llevado, de hecho, a situaciones que rozan el absurdo, y que hemos recogido en esta misma página. El pasado mes de febrero, en un vídeo promovido por el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia, se sugería a los homosexuales que “aprender” a ser hetero es igual que iniciarse en la equitación. Otros ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales; la censura de una escena de La Bella y la Bestia y de una canción de Lady Gaga o la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual. Especialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario.

En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que han reaccionado con horror ni siquiera precisan que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de  T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT…

En febrero de este año nos hacíamos eco de un artículo que ejemplificaba la estigmatización de la comunidad LGTB también desde los medios de comunicación. En abril, nos enterábamos de que la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) celebró un concurso de carteles para “convertir”alumnos gays en heterosexuales. Y en mayo que el gobierno de Malasia ha comenzado a bloquear páginas LGTB+, incluido el portal Utopia-Asia que es la principal fuente de información para viajeros gais en la región.

Este mismo mes de agosto, dos noticias nos preocupaban: El Gobierno de Malasia alienta la LGTBfobia al insinuar que el colectivo no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país y la más desagradable, que el próximo día 18, dos mujeres serán azotadas por tener sexo lésbico.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Enrique Doleschy, alemán de 30 años, ha sido elegido Míster Gay Europa 2018 en la final del certamen, celebrada el pasado sábado en la ciudad de Poznań (Polonia). La organización del concurso desafió así al conservadurismo polaco, organizando el evento en un país en el que la tradición católica aún retiene una fuerte influencia y donde el nivel de homofobia social es aún elevado. «Espero que esto nos ayude en nuestra lucha por lograr los mismos derechos de los que se disfruta en el resto de Europa», comentó el organizador del evento, Pawel Zabilski. 

Justo antes de celebrar el evento, se llevó a cabo una marcha del Orgullo en la misma ciudad; un evento que atrajo a varios cientos de manifestantes, y también a detractores. «No es correcto dar privilegios (a las personas LGTB) o elevarlos al nivel de las familias. Darles el derecho de adoptar, cuando estos son frikis, es absurdo y no debería pasar», declaró a AFP uno de los contramanifestantes homófobos. El ministro de Defensa polaco, Mariusz Błaszczak, calificó por su parte la marcha como «desfile de sodomitas».

El nuevo Míster Gay Europa, Enrique Doleschy, que logró vencer a otros seis finalistas para hacerse con el título, aseguró que este tipo de eventos deben seguir celebrandose mientras que los homosexuales sigan sin ser respetados y no puedan ser ellos mismos. «Mientras haya una persona que se sienta así, necesitamos competiciones como esta para sacar lo mejor de las personas y conseguir que seamos mejores los unos con los otros», señaló.

Cabe recordar que las parejas del mismo sexo no disponen de reconocimiento jurídico en Polonia, un país que había dado prometedores pasos adelante en materia LGTB que quedaron congelados en 2015, tras recuperar el poder los ultraconservadores de Ley y Justicia (conocido todavía por muchos como «el partido de los gemelos Kaczyński»), primero haciéndose con la presidencia del país y luego conquistando la mayoría absoluta en las legislativas. Un giro que también impidió que entrase en vigor la ley de identidad de género que había sido ya aprobada, y que definitivamente quedó en vía muerta, y que hoy día hace inviable cualquier avance.

El actual Gobierno polaco, de hecho, ha dado muestras de ser fuertemente LGTBfobo. Además de las mencionadas declaraciones del ministro de Defensa, hace pocas semanas el ministro del Interior, Joachim Brudziński, hizo pública su intención de llevar ante la Fiscalía de su país a varios activistas LGTB solo por el hecho de utilizar en el Orgullo de Częstochowa una bandera arcoíris que llevaba incrustada el águila blanca, uno de los símbolos nacionales de Polonia.

Un hombre trans, finalista

Asimismo, y por primera vez en la historia del certamen, un hombre trans quedó finalista en el concurso. Se trata del danés Niels Jansen —de 44 años y que había sido coronado Mr. Gay Dinamarca el pasado mes de mayo—, que logró desempeñar un gran papel (algo sumado al hecho de convertirse en el primer ganador trans del certamen de su país).

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Una nueva agresión homófoba se ha producido este sábado por la noche en la localidad madrileña de Alcorcón. Según relata la víctima, la agresión tuvo lugar cuando besó a su pareja frente a la puerta de la discoteca Jowke, entonces un guarda de seguridad del recinto lo atacó, dándole un fuerte golpe en la mejilla, que le causó cortes en la cara y una luxación de hombro. Tras ello, el agresor los persiguió mientras gritaba «aquí no queremos maricones». Cuando intentaron recibir los servicios de la Oficina contra los Delitos de Odio, dependiente del Ayuntamiento, se encontraron con que estaba inoperativa, a pesar de que el alcalde del municipio la había publicitado como «activa las 24 horas los 365 días del año».

Los hechos fueron relatados por la víctima, Daniel Duque, a través de su cuenta de Facebook, con el siguiente mensaje: «Acabo de salir de la discoteca Jowke de Alcorcón. Por darme un beso con mi pareja un puertas de la discoteca me ha pegado un guantazo en la mejilla y me ha sacado el hombro. Tengo una luxación fuerte de hombro, un corte en la ceja y en la mejilla. Pedimos máxima difusión. Salió detrás nuestra al grito de ¡¡Aquí no queremos maricones!!».

La agresión también era denunciada en las redes sociales por la actriz Andrea Duro, prima de la víctima, que mostraba su indignación por que «en España y a estas alturas puedan seguir ocurriendo cosas así».

Tras recibir la debida asistencia sanitaria, la pareja quiso interponer la correspondiente denuncia. Para ello, supuestamente, debían recibir los servicios de la Oficina contra los Delitos de Odio, dependiente de la Policía Municipal. Sin embargo, según ha señalado el portavoz del grupo Ganar Alcorcón, Jesús Santos, que acompañó a la pareja, se encontraron con que la oficina estaba inoperativa. En teoría, dicha oficina, conducida por profesionales especialmente formados, debería encargarse de valorar los hechos y, en coordinación con la Policía Nacional, ponerlos en conocimiento de la Fiscalía de Delitos de Odio de la Comunidad de Madrid.

Esta indefensión por parte del ayuntamiento contrasta con la publicidad institucional, en la que se informa de que la oficina está activa «las 24 horas del día los 365 días del año».

El regidor municipal, el popular David Pérez, alardeaba de que se trataba de una medida pionera y se felicitaba de su buen funcionamiento. Recordemos que Pérez ha dado muestras repetidas de su LGBTfobia, hasta el punto de ser reprobado por ello reprobado por el pleno del Ayuntamiento. También desde su escaño como diputado de la Comunidad de Madrid, donde fue uno de los dos únicos representantes en ausentarse del pleno en el que se aprobó la Ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid, que fue respaldada por la unanimidad de todos los presentes.

Por su parte, desde las redes sociales, la gerencia de la discoteca afirma que «sentimos mucho lo ocurrido y estamos analizando las circunstancias para tomar las medidas oportunas». Esperamos que así sea y se depuren las correspondientes responsabilidades.

Comunidad de Madrid: casi 200 incidentes por LGTBfobia en lo que va de año

A principios de agosto el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia había registrado ya 186 incidentes LGTBfóbicos en la Comunidad de Madrid. Esta entidad, recordemos, ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados. Aquí puedes acceder a información sobre su último informe anual.

Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org

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Jack Phillips, el tristemente conocido pastelero de Denver que, tras un largo periplo judicial por negarse a hacer la tarta de boda de una pareja gay, obtuvo el fallo favorable del Tribunal Supremo de Estados Unidos, regresa a la justicia federal por otro episodio de discriminación. En este caso, la afectada es la abogada Autumn Scardina, una mujer trans a la que Masterpiece Cakeshop negó un pastel para la doble celebración de su cumpleaños y de los cambios de género con la excusa «de sus creencias religiosas». Scardina explica que «la mujer del teléfono me dijo que no hacían pasteles para celebrar los cambios de género». Ante la tránsfoba negativa, añade la mujer denunciante, «me quedé atónita». Por su parte, Alliance Defending Freedom (una organización cristiana ultra), ha argumentado, en apoyo al pastelero, que las protecciones de Colorado para las personas trans son «abierta y descaradamente hostiles hacia la religión».

El nuevo episodio de LGTBfobia que salpica a Jack Phillips se remonta al 26 de junio de 2017. La abogada Autumn Scardina llamó por teléfono a Masterpiece Cakeshop para realizar el pedido personalizado de una tarta. «Me preguntaron cómo quería que se viera el pastel y expliqué que celebraba mi cumpleaños el 6 de julio de 2017 y que también sería el séptimo año de mi transición de hombre a mujer». Así figura en la denuncia de Scardina a la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. «Cuando les expliqué que soy tran y que quería mi pastel de cumpleaños para celebrar mi transición con un exterior azul y un interior rosado, me dijeron que no harían el pastel de acuerdo a sus creencias religiosas», agrega la denunciante.

Autumn Scardina no ha aclarado si en el momento de realizar el encargo conocía que esa misma pastelería y su regente era la protagonista del caso de discriminación homófoba que llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Según alega Kristen Waggoner, del grupo de odio Alliance Defending Freedom, «el Estado de Colorado ignora el mensaje del Tribunal Supremo de Estados Unidos al seguir señalando a Jack para castigarlo y mostrar hostilidad hacia sus creencias religiosas». Con este último argumento como epicentro, y de forma rocambolesca, Phillips se negó a la conciliación amistosa con Scardina, tal y como proponía la Comisión de Derechos Civiles de Colorado y decidió adelantarse en esta ocasión, convirtiéndose él en demandante ante la justicia federal (arrogándose el falso rol de «víctima» a su libertad religiosa).

En la demanda del pastelero figura, literalmente, la siguiente acusación contra el gobierno demócrata de Colorado: «durante más de seis años, Colorado ha estado en una cruzada para aplastar al demandante Jack Phillips … porque sus funcionarios desprecian lo que él cree y cómo practica su fe». En la misma línea victimista y victimizante, el texto de la denuncia incluye que «la Constitución se erige como un baluarte contra los funcionarios del Estado que atacan a las personas y tratan de arruinar sus vidas debido a la animadversión antirreligiosa del gobierno». La Ley Contra la Discriminación de Colorado prohíbe que los lugares públicos discriminen a las personas por su género o por su orientación sexual.

El caso del pastel nupcial de una pareja gay

Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado, ya que en este estado la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Como explicamos en diciembre, la línea de defensa del pastelero ante el Supremo no se basó propiamente en que su «libertad religiosa» hubiera resultado sido violada (hay pronunciamientos anteriores del Supremo que consideran que la libertad religiosa no justifica la discriminación en el ámbito de la prestación de servicios no religiosos) sino en el derecho a su libertad de expresión. Phillips argumentaba que diseñar un pastel de boda es un proceso «creativo», y que hacerlo para una pareja del mismo sexo suponía forzarlo a expresar ideas con las que no está de acuerdo. Como también explicamos en diciembre, tras conocerse las preguntas y solicitudes de aclaración que los jueces del Supremo dirigieron entonces a las partes, las posiciones parecían divididas al 50%. Los analistas daban entonces por seguro que los cuatro conservadores (Samuel Alito, Neil Gorsuch, John Roberts y Clarence Thomas) se inclinarían por dar la razón al pastelero, mientras que los cuatro considerados de sensibilidad progresista (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) lo harían a favor de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. El voto que todo el mundo esperaba que deshiciese el empate era el de Anthony Kennedy, un juez «bisagra» cuyo posicionamiento en favor del matrimonio igualitario resultó clave en el pasado. En diciembre, Kennedy se mostró ambivalente y dio muestras de empatizar con los argumentos de las dos partes.

Sin embargo, el resultado final era de 7 a 2: solamente Ruth Bader Ginsburg (considerada a sus 85 años la miembro más progresista del Supremo) y Sonia Sotomayor se inclinaban de parte de la Comisión de Derechos Civiles del estado de Colorado. Los otro siete miembros, incluyendo Breyer y Kagan, se alineaban con el pastelero. ¿Qué pasó para que se produjera una mayoría tan clara? La clave está en la letra pequeña de la sentencia, que señala de forma expresa que la opinión del alto tribunal se refiere única y exclusivamente al caso juzgado. El texto, cuyo ponente fue precisamente Kennedy, señala que la Comisión no dio a Phillips un trato objetivo y actuó con hostilidad frente a las «sinceras creencias religiosas» del pastelero. Según la interpretación de la mayoría, los miembros del organismo encargado de discernir si se había violado la normativa antidiscriminatoria del Estado no evaluaron con la objetividad a la que estaban obligados los argumentos del pastelero, sino que desde el primer momento consideraron que estos eran una mera excusa para discriminar a la pareja.

Fuente Dosmanzanas

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Mal dato el que arroja la última encuesta de la organización Public Religion Research Institute, que muestra un repunte en las posiciones a favor de la discriminación de las parejas del mismo sexo por razones religiosas respecto a hace un año. Aunque los partidarios de la no discriminación siguen siendo mayoría (por muy poco) y el apoyo al matrimonio igualitario se mantiene constante, parece que la era Trump está comenzando a dejarse su huella en el sentimiento de los estadounidenses respecto a los derechos LGTB. Habrá que ver si la tendencia se confirma en el próximo futuro.

Public Religion Research Institute (PRRI) es una organización estadounidense sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación de las relaciones entre religión, cultura y política, a cuyos estudios y encuestas hemos hecho referencia en diversas ocasiones. La última en mayo de este mismo año, a raíz de la publicación del «Atlas de los valores americanos», un estudio realizado a lo largo de 2017 en el que se detallaban las opiniones de la población estadounidense sobre diversos asuntos y que revelaba un aumento significativo en quienes apoyan los derechos LGTB en cuestiones como el matrimonio igualitario o las leyes de protección de las minorías sexuales.

Ahora, una nueva encuesta realizada entre el 27 de junio y el 8 de julio de este año arroja una sombra de preocupación sobre este panorama optimista. En concreto, al preguntar sobre si las empresas y negocios deberían tener derecho a negar sus servicios a parejas del mismo sexo que quieran contratarlas para algún asunto relacionado con su boda alegando motivos religiosos, el 48% responde que no, frente a un 46% que responde que sí: solo dos puntos porcentuales de diferencia. De acuerdo con la encuesta, la sociedad estadounidense está hoy día dividida en dos mitades casi iguales. Hace solo un año, la diferencia entre los que creían que no debería permitirse que este tipo de empresas de servicios puedan rechazar a parejas del mismo sexo y los que creían que sí era de doce puntos porcentuales (53% frente al 41%).

Por grupos de votantes, el crecimiento de la postura discriminatoria es más acentuada entre los que se identifican como republicanos (73% ahora frente a 67% hace un año) y entre los que se identifican como independientes (45% ahora frente al 40% hace un año). Pero incluso entre los que se identifican como votantes demócratas se aprecia un crecimiento, del 24% hace un año al 27% ahora. Por sexo, las mujeres siguen siendo más contrarias a la discriminación que los hombres, pero en ambos grupos crecen las posturas discriminatorias (40% de las mujeres, frente al 35% hace un año; 52% de los hombres, frente al 48% hace un año):

Si en lugar de preguntarse por empresas de servicios específicos para bodas se pregunta por empresas de servicios en general, la brecha se ensancha un poco: 49% es partidario de que no puedan discriminar a gais y lesbianas alegando razones religiosas, frente a un 42% partidario de que sí puedan hacerlo. Pero también en este aspecto se aprecia el crecimiento de las posturas discriminatorias: hace solo un año, un 56% de los estadounidenses se oponía a que las empresas de servicios pudieran discriminar a gais y lesbianas por razones religiosas, mientras que el 39% era favorable (hablamos específicamente de gais y lesbianas porque así es como se preguntó en la encuesta).

Curiosamente, el apoyo al matrimonio igualitario se mantiene estable respecto a hace un año: el 64% de los estadounidenses defiende el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio, frente a un 28% que lo rechaza. Los porcentajes, en este caso, coinciden con los del año pasado. Un dato que muestra que no necesariamente las personas que apoyan el matrimonio igualitario apoyan la ausencia de discriminación contra gais y lesbianas, al menos en una sociedad como la estadounidense, en el que el peso de la religión es mayor que por ejemplo en Europa occidental.

La influencia del Tribunal Supremo, indudable 

Hay que tener en cuenta que en junio de este año, justo antes de llevarse a cabo la encuesta, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló en favor de Jack Phillips, el pastelero de Denver que se negó a elaborar una tarta de boda para una pareja gay, por 7 votos contra 2. La literalidad de la sentencia limitaba sus efectos a las circunstancias específicas de lo sucedido con Phillips, advirtiendo expresamente que no podía considerarse un aval para que los prestadores de bienes y servicios puedan discriminar a las parejas del mismo sexo por razones religiosas (de forma que la próxima vez que un caso de este tipo llegue a la justicia, esta deberá juzgarlo en su contexto y de forma independiente), lo cierto es que la decisión supuso un importante revés para los derechos LGTB en los Estados Unidos en un momento en el que los grupos conservadores, apoyados en una administración federal favorable a sus intereses, arrecian su ofensiva.

Cuesta pensar que el clima de opinión creado alrededor de la decisión del Supremo, así como la «lluvia fina» en favor de la discriminación de las personas LGTB tanto a nivel de los estados gobernados por los republicanos como a nivel federal de la mano de la administración Trump, no tienen nada que ver con el resultado de esta última encuesta del PRRI. Habrá que esperar para saber si es un mero contratiempo o el inicio de una tendencia negativa. En cualquier caso, resulta preocupante.

Fuente Dosmanzanas

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Navid, un joven gay iraní, ha conseguido finalmente asilo en Austria gracias a los tribunales después de que la Oficina Federal de Asilo denegase su petición al no creer que fuese gay, dado que era por ejemplo incapaz de decir qué significaban cada uno de los colores de la bandera arcoíris. La noticia, en este caso con final feliz, pone una vez más de manifiesto la falta de voluntad de los Estados europeos a la hora de dar asilo a personas LGTB en busca de protección. Hace solo unos días, por ejemplo, recogíamos como la Audiencia Nacional española ha rechazado dar asilo a un homosexual argelino amenazado por su familia al considerar que en Argelia los homosexuales no sufren persecución.

Navid escapó en 2014 de Irán, uno de los países en los que todavía es posible ser  condenado a muerte por ser homosexual. Se instaló en Viena, donde ha vivido desde entonces. Sin embargo, su solicitud de asilo fue rechazada en junio por la Oficina Federal de Asilo de Austria. Según denuncia la organización austriaca Queer Base, que da apoyo a refugiados LGTB, su solicitud fue rechazada sin ser adecuadamente investigada. Una de las razones que sirvieron para desestimar la petición fue que Navid no pudo identificar cuál es el significado de cada uno de los colores de la bandera arcoíris. La bandera arcoíris, recordemos, fue creada por Gilbert Baker a finales de los años setenta como símbolo del movimiento en favor de los derechos LGTB, e inicialmente contaba con ocho colores a los que se dio un significado (sexo, vida, salud, sol, naturaleza, magia/arte, serenidad y espíritu), aunque poco después se simplificó a seis colores (perdimos el sexo y la magia…). Un dato desconocido por la inmensa mayoría de las personas LGTB del planeta.

Queer Base denuncia que la Oficina Federal de Asilo despachara con tal superficialidad la petición de asilo de Navid y ni siquiera se preocupara, por ejemplo, de tomar declaración a su pareja. Por fortuna, Navid y Queer Base recurrieron la decisión y ahora un tribunal federal ha fallado en su favor. El pasado 13 de agosto, el joven iraní vio por fin aceptada su petición de asilo:

Wir freuen uns sehr gemeinsam mit Navid und danken allen Unterstützer_innen! pic.twitter.com/d5zl1JX00n

— Queer Base (@Queer_Base) 13 de agosto de 2018

Pese al final feliz de este caso, lo sucedido con Navid es buena muestra de la falta de voluntad real de los Estados europeos a la hora de dar asilo a las personas LGTB en busca de la protección de la que carecen en sus países. Las noticias de denegación de asilo son frecuentes, y aunque en muchos casos el asilo se acaba concediendo tras la movilización de las organizaciones LGTB y el salto a los medios de comunicación, lo cierto es que la situación de estas personas de de gran vulnerabilidad e indefensión.

Al mismo tiempo que Queer Base se congratula del asilo a Navid, por ejemplo, denuncia en sus redes sociales que la Oficina Federal de Asilo ha denegado la petición de otro chico gay afgano con el argumento de que el chico no parece gay ni por sus gestos ni por su forma de vestir, de que tiene un historial de peleas con otros compañeros de centro (algo que supuestamente no cabe esperar de los gais) y de que tiene pocos amigos (algo que tampoco cabe esperar de los gais, que según el informe del funcionario que ha rechazado la solicitud son sociables). Según Julia Valenta, asesora legal de Queer Base, la presión de los políticos austriacos para denegar la mayor cantidad de peticiones de asilo posible es un factor determinante en lo que está sucediendo en su país (recordemos que tras las elecciones de octubre de 2017, Austria está gobernada por una coalición entre la derecha y la extrema derecha que ha hecho del discurso contra la inmigración pobre su bandera).

Historia como estas, sin embargo, también suceden en nuestro país. Hace pocos días, sin ir más lejos, nos hacíamos eco del rechazo de la Audiencia Nacional española a conceder el asilo a un ciudadano homosexual argelino amenazado de muerte por su propia familia al considerar que no está perseguido por las autoridades de su país. «No se puede considerar que una persona sea objeto de persecución por el mero hecho de ser homosexual», expresa la sentencia de la Audiencia Nacional, y ello  a pesar de que, si bien es cierto que en años recientes no han trascendido a la luz pública procesamientos, el Código Penal argelino castiga los actos de homosexualidad con pena de prisión de 2 meses a 2 años, que pueden llegar a tres años si se cometen en público.

Fuente Dosmanzanas

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Esta gentuza retrógrada y homófoba ni tienen cabida en la Iglesia católica romana,  ni en el espíritu de Jesús de Nazaret…

Fieles ultraconservadores recogen firmas para que se cancele su asistencia

El jesuita rechaza la presión de sus críticos y les advierte: “Están en el lado equivocado del Evangelio”

(Cameron Doody).- El sacerdote James Martin ha denunciado el “océano de odio y amenazas” que ha recibido después de que se recogieran más de diez mil firmas pidiendo que se cancele su participación en el Encuentro Mundial de las Familias de Dublín. El grupo ha estado reuniendo firmas para expresar a su oposición diciendo que están “decepcionados y muy preocupados porque el Padre James Martin, S.J. hablará en el evento”. También enviaron una carta al arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, pidiéndole que evite que el clérigo hable en el evento, mientras que la petición también se enviará a los obispos auxiliares de Dublín, el obispo Raymond Field y el obispo Éamonn Walsh.

El jesuita ha afirmado, sin embargo, que no se dejará amedrentar por la presión, opinando que “estos manifestantes no solo están en el lado equivocado de la historia, están en el lado equivocado del Evangelio”.

“¿Qué tipo de jesuita sería si dejo que el odio me impida amar?”, ha preguntado Martin en comentarios recogidos por el Catholic Herald después de que la petición organizada por la rama irlandesa de Tradición, Familia y Prosperidad le acusara de “apoyar el transexualismo de los niños” y “estar a favor de que los homosexuales se besen durante la misa”.

“El Padre Martin no hace distinción entre las personas que luchan valientemente con la atracción del mismo sexo (que por lo tanto no pueden ser consideradas LGBT) y aquellos que han cedido a un estilo de vida inmoral y antinatural condenado por el mismo Apóstol a quien cita arriba.

“El padre Martin es partidario de New Ways Ministry, una organización religiosa pro homosexual y lésbica que ha sido declarada gravemente inaceptable por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Ha aceptado públicamente un premio de este grupo, pronunció una charla en su evento y posteriormente desarrolló esta charla en un libro.”

“El Padre Martin también está en desacuerdo con la calificación del Catecismo de la Iglesia Católica de la inclinación homosexual como ‘gravemente desordenada'”, prosigue la reclamación de sus críticos, que también le culpa por impedir que los homosexuales “lleguen a una verdadera comprensión de su condición a la luz de la enseñanza de la Iglesia y la misericordia de Dios”, lo cual califica como un “gran perjuicio”. “Creemos que el error y la confusión que siembra no deberían tener lugar en el Encuentro Mundial de las Familias”, sentencian los censores en potencia, por lo que piden “encarecidamente” que los organizadores del Encuentro retiren su invitación a hablar.

La petición de amordazar al padre Martin no ha surtido, hasta el momento, ningún efecto, y los organizadores del evento señalan que no está previsto ningún cambio al programa de intervenciones. Las críticas tampoco han molestado para nada al jesuita, quien ha minimizado la homofobia de este porcentaje “muy pequeño” de católicos.

“Los organizadores me han pedido que hable sobre cómo las parroquias pueden dar la bienvenida a los católicos LGBT, sus padres y sus familias. Espero compartir las mejores prácticas de las parroquias que se han comunicado con la comunidad católica LGBT”, dijo Martin .

“Tengo el apoyo de mis superiores jesuitas, varios cardenales, arzobispos y obispos, y también de la mayoría de los fieles, muchos de los cuales tienen personas LGBT en sus familias”, ha recalcado.

A pesar de las presiones que constantemente recibe, el jesuita Martin sigue siendo un defensor feroz de la dignidad de los católicos LGBTI. En el encuentro de Dublín, sacará provecho de su reciente libro “Construyendo un puente” –respaldado por los cardenales Joseph Tobin y Kevin Farrell– para dar una charla sobre cómo dar una mejor bienvenida en la Iglesia a los fieles de otras orientaciones afectivas. Así mismo, el Cardenal de Chicago Blase Cupich salió en defensa de James Martin, y le invitó a impartir las reflexiones cuaresmales en su diócesis.

El Encuentro Mundial de las Familias de Dublín finalmente no permitirá la participación activa del colectivo LGTB

Nos hicimos eco hace unos meses de los gestos inclusivos que se vislumbraron en un primer momento con la publicación de los materiales preparatorios del Encuentro Mundial de las Familias de Dublín (en el que participará el papa Francisco el próximo 25 de agosto) y aun cuando comentarios recientes del Arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, y otros líderes de la iglesia Irlandesa declararon que esperabann que parejas del mismo sexo y familias LGBTI fueran bienvenidas en el encuentro, el folleto promocional, sobre el evento auspiciado por el Vaticano, eliminó imágenes de su versión original al considerar que incluían a parejas del mismo sexo y sus familias. Un video oficial también borró menciones del Obispo Auxiliar de Los Ángeles y nativo de Cork, David O´Connell refiriéndose a que los modelos de familia incluían a “… parejas gais criando niños, personas en segundas nupcias…”. Mientras tanto, expositores que son considerados como homofóbicos y otros a favor de la comunidad homosexual son ahora parte de la agenda del evento. Las presiones de los sectores de la línea dura y ultraconservadora de la Iglesia Católica se han logrado imponer para que en el mencionado encuentro no haya ningún reconocimiento ni ningún espacio de visibilidad abiertamente LGTB que pueda interpretarse como un relajamiento de la vigente doctrina social de la iglesia, por la que el activismo LGTB y su lucha por los derechos igualitarios se suelen reducir a una supuesta «ideología de género». The Global Network of Rainbow Catholics (GNRC), que agrupa a 32 organizaciones católicas inclusivas de todo el mundo, ha sido finalmente vetada y no se le permitirá la participación activa. La excusa oficial se basa en «consideraciones logísticas».

The Global Network of Rainbow Catholics solicitó en tiempo y forma ser una de las plataformas presentes en la zona de exposiciones del Encuentro Mundial de las Familias de Dublín. No obstante, parece que las «consideraciones logísticas» impedirán que un sector que defiende la inclusividad del colectivo LGTB en la Iglesia Católica tenga presencia en dicho encuentro. En realidad, la excusa es poco creíble, teniendo en cuenta que han sido públicas y notorias las presiones del ala dura y ultraconservadora de la jerarquía (y de los sectores sociales afines) para evitar cualquier nuevo gesto que haga parecer un cambio de postura oficial con respecto a la heteronormatividad tradicional de la doctrina social vigente de la iglesia.

Ruby Almeida, codirectora de GNRC, se ha lamentado de que «la iglesia públicamente dice que es acogedora [para las personas y organizaciones LGTB] pero se ejerce presión sobre los organizadores. Queríamos poder ir y decir que esto es lo que somos». Según esta misma representante de la red de entidades católicas pro LGTB, aunque el papa estaba «tratando de crear un espacio para nosotros», había fuerzas conservadoras en el Vaticano que dominaban.  En opinión de Almeida, «hay una gran lucha de poder en el Vaticano, pero la gente quiere ver el cambio».

Las primeras referencias al colectivo LGTB en los materiales preparatorios de este Encuentro Mundial de las Familias abrieron una puerta a lo desconocido hasta la fecha, teniendo en cuenta que en todas las ediciones anteriores no se movió ni un milímetro la doctrina social de la iglesia. Hace meses nos preguntábamos hasta dónde llegarían esos gestos inclusivos y la respuesta empieza a hacerse ahora evidente.

El pasado mes de julio, el portavoz de We Are Church (WAC) en Irlanda, Brendan Butler, ya denunció que «el 25 de mayo enviamos una carta certificada al padre Tim Bartlett, secretario general de Encuentro Mundial de las Familias y la copiamos al Dr. Diarmuid Martin, arzobispo de Dublín y presidente del Encuentro Mundial de las Familias, solicitando la cortesía de una decisión sobre nuestra solicitud. Ambas cartas también fueron ignoradas», decía entonces. Asimismo, Butler añadía que la jerarquía eclesiástica dominante continúa «con sus tácticas de sigilo, ya utilizadas contra los homosexuales, borrando fotos de parejas LGTBQI de su folleto oficial a principios de este año y eliminando un minuto incluido del vídeo del obispo David O’Connell».

El codirector de The Global Network of Rainbow Catholics, Christopher Vella, también se quejaba de la exclusión. «La realidad es que las personas LGTBI y sus familias son parte de la Iglesia. Hay millones de católicos LGTBI y cientos de millones que tienen miembros LGTBI en sus familias. Ellos merecen ministerio y cuidado pastoral efectivo, al igual que cualquiera en nuestra Iglesia. Los gestores de la Iglesia no tienen todas las respuestas; muchos de ellos tienen sus propias interrogantes. Estamos dispuestos a ser una fuente para esas familias y para esos líderes de la Iglesia. Es una lástima que nuestra asistencia y experiencia no sea recibida con entusiasmo».

Fuente Religión Digital/Dosmanzanas

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El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia ha denunciado un repunte de las agresiones registradas contra personas LGTB en la Comunidad Valenciana a lo largo de las últimas semanas. Episodios como el ocurrido en Santa Pola, o las más recientes agresiones en Villajoyosa y en Festival Arenal Sound en Burriana, ponen de manifiesto lo vulnerable que siguen siendo las personas LGTB, especialmente cuando se visibilizan abiertamente como tales.

«Durante el mes de julio, se ha producido un repunte de las agresiones LGTBI, registrándose 11 incidencias graves en un solo mes», ha declarado Toño Abad, director del Observatorio. Según el comunicado emitido por la entidad valenciana, las víctimas de este repunte son básicamente hombres jóvenes, gais o bisexuales, de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, mientras que el perfil del agresor es sobre todo el de varones, solos o en grupo, de mediana edad.

Por lo que se refiere al total acumulado en lo que llevamos de 2018, «hasta la fecha han aumentado las agresiones a personas LGTBI en un 20% con respecto a las registradas en el mismo periodo de 2017», explican desde el Observatorio. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que la actividad del Observatorio Valenciano, que nació el año pasado impulsado por el colectivo alicantino Diversitat, es más reciente que la de sus homólogos madrileño o catalán. El pasado mes de abril publicó su primer informe anual, referido al año 2017. Según dicho informe, elaborado a partir de las denuncias y consultas recibidas por parte de Diversitat y de varias entidades colaboradoras, en el territorio valenciano se contabilizaron durante el año pasado 79 delitos e incidentes motivados en el odio y la discriminación.

No obstante, más que el aumento en el número de incidentes registrados (que en parte podría justificarse por el mejor conocimiento de los mismos) lo que ha despertado las alarmas es la virulencia de algunos de los ataques más recientes. Es lo que sucedió, por ejemplo, en Santa Pola, donde una pareja gay fue salvajemente agredida en la piscina de una urbanización por un vecino, en Villajoyosa, donde el Observatorio Valenciano ha prestado asistencia jurídica a un hombre gay que fue agredido al grito de «maricón, te voy a matar» y que sufrió lesiones en boca, cuello y brazos, o en el Festival Arenal Sound en Burriana, donde un joven ha denunciado que dos individuos que ha identificado como de origen marroquí le golpearon (provocándole entre otras lesiones un hematoma en la región ocular) y le dirigieron insultos homófobos.

Como explica Toño Abad, estas agresiones suponen solo «la punta del iceberg, porque las víctimas tienen miedo a denunciar y tan solo nos llega entre el 10 y el 20% de las agresiones e incidentes que ocurren». Es por ello que el director del Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia ha exigido que se apruebe ya la ley autonómica contra la discriminación de las personas LGTBI «y se generen, se impulsen y se activen los mecanismos necesarios para frenar la creciente tendencia de odio y discriminación», así como que se articule un régimen sancionador «para terminar de una vez con todas con la gratuidad hacia la LGTBIfobia». Abad considera en este sentido imprescindible que la ley autonómica contemple aspectos como la formación de las policías locales en la atención a las víctimas y la aprobación de planes municipales de atención a la diversidad, ya que «la administración más cercana a la ciudadanía es la local y tiene un importante papel en la prevención de la LGTBIfobia, a través de campañas o de acciones específicas así como en la atención a la víctima».

Toño Abad también reclama que se incorpore a la ley el deber de intervención para que los funcionarios y empleados públicos de la Generalitat Valenciana tengan herramientas para la denuncia de todos aquellos casos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, haciendo así posible que se visibilice una discriminación que sucede «de forma oculta».

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Brutal agresión de posible carácter tránsfobo en Valladolid. El agresor de 15 años ha confesado la autoría de la brutal paliza. Los hechos se produjeron este domingo pasado.

Alrededor de las seis y media de la mañana del domingo, los vigilantes de seguridad del centro comercial Vallsur dieron aviso a la Policía y a los servicios de Emergencias tras encontrar a una persona inconsciente, desnuda de cintura para abajo y que posiblemente había sido víctima además del robo de un bolso. No ha trascendido su identidad, pero podría tratarse, de acuerdo a la prensa local, de una persona transgénero o percibida como tal. El autor de la agresión, menor de edad, se ha entregado voluntariamente.

La persona agredida, de alrededor de 55 años, fue trasladada inmediatamente, por Emergencias Sanitarias-Sacyl, con pronóstico muy grave al Hospital Río Hortega de Valladolid, donde permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la gravedad de sus heridas.

En la misma tarde del domingo, un menor de 15 años de edad, acompañado de su madre, se entregó voluntariamente a la Policía Nacional en la Comisaría que la Polícia Nacional tiene en la calle Gerona, en el barrio de las Delicias, y declaró ser el autor de la brutal paliza. Se le acusa de los delitos de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia.

A la espera de que avance la investigación, no parece que existiera relación previa entre agresor y víctima, no habría conexión entre la víctima y el agresor, a la espera de la declaración de ambos. Por el momento, solo cuentan con la declaración de una de las dos partes, debido a la incapacidad de la agredida, que permanece ingresada en el hospital, de dar testimonio como consecuencia de la gravedad de sus heridas.  La Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, que investiga el caso, no excluía a priori que la agresión pueda tipificarse como delito de odio «vinculado con la identidad sexual de la víctima», sin embargo, la Policía Nacional de Valladolid, tras interrogarlo, parece que por el momento opta por no considerarlo delito de odio.

La Fiscalía de Menores ha decretado este martes el ingreso en el Centro de Menores de Zambrana del joven que confesó haber agredido a una mujer transexual, de 55 años, a la que le robó un bolso a las puertas del centro comercial Vallsur de Valladolid.

Por el momento no han trascendido más datos de lo sucedido, lo que nos obliga a ser cautos. Sin embargo, al margen de que se cometiera además un robo, con lo poco que se conoce resulta plausible pensar que se ha tratado de una agresión de carácter tránsfobo, sea porque la víctima fuera una persona trans o porque fuese percibida como tal.

Lo que sí es indiscutible (una vez más) es el tratamiento irrespetuoso de lo sucedido por parte de diversos medios generalistas, como bien señalaba en Twitter el activista David Jiménez, que hacía una recopilación de algunos de los titulares iniciales (que hablaban directamente de «un hombre vestido con ropas de mujer»):

Mandan a quien posiblemente sea una persona trans a la UCI muy grave en Valladolid y la @policia investigando si es delito de odio. No sé, lo mismo la agredieron por ser fan del Atleti ‍♀#LGTBIfobiaCriminal https://t.co/ZxIZoAKVl3

— David Jiménez (@DavidJimenezU) 13 de agosto de 2018

La prensa, cómo no, aportando su granito de arena para que el caso dé más asco aún. Ni vestido ni disfrazado de mujer, puede ser que fuese una mujer trans o incluso simplemente alguien vestido como le da la gana. #Transfobia pic.twitter.com/0zxMuowXR4

— David Jiménez (@DavidJimenezU) 13 de agosto de 2018

La FELGTB denuncia los titulares tránsfobos sobre la agresión de Valladolid y recuerda la importancia del lenguaje al tratar la diversidad sexual y de género

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha denunciado públicamente la transfobia de numerosos medios de comunicación en su modo de recoger la noticia de la agresión del pasado domingo en Valladolid. La FELGTB recuerda en su comunicado la importancia del lenguaje al tratar la diversidad sexual y de género en los medios de comunicación.

El tratamiento de lo sucedido por parte de diversos medios generalistas ha sido irrespetuoso, ya que en su titulares se hablaba directamente de «un hombre vestido con ropas de mujer», y que ahora la FELGTB denuncia. «Estamos hartas de que no se nos respete y se nos trate con una identidad que no es la nuestra», asegura Victoria Agud, activista trans de la organización. «Los medios de comunicación son tan culpables como el agresor, al incitar la transfobia y la discriminación» añade, con dureza.

La FELGTB ha aprovechado para recordar que, junto a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, en su momento elaboró una Guía de buenas prácticas para el tratamiento de la diversidad sexual y de género en los medios de comunicación, que pretende ser una herramienta para que los medios usen un lenguaje inclusivo y riguroso. «Los delitos de odio, ya sean de violencia machista, LGTBIfóbicos o de cualquier otra índole, aumentan en número cuando son respaldados por un discurso de odio y más aún si ese discurso parte de los medios de comunicación, responsables de informar desde el respeto y la diversidad», explica la FELGTB, que exige a los medios que han publicado esta noticia con lenguaje tránsfobo (entre los que incluye a medios tan conocidos como El Mundo, Antena 3, 20 Minutos, Diario de Sevilla o la agencia Europa Press) que la rectifiquen y la publiquen con un lenguaje inclusivo.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara Amarga/FELGTB

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Un año más ha tenido lugar la celebración del Orgullo LGTB de Praga, uno de los más tardíos de Europa, y cuyos actos se han extendido del 6 al 12 de agosto. Entre los protagonistas de este 2018 han destacado las familias LGTB, un gesto con el que los activistas checos buscan marcar terreno en un momento en el que la República Checa puede ver legalizado el matrimonio igualitario.

Como cada agosto desde 2011 se ha celebrado en Praga la semana del Orgullo LGTB. En esta ocasión, los organizadores han querido dar un especial protagonismo a las familias, una elección muy vinculada al debate sobre la posible aprobación del matrimonio igualitario en la República Checa. Como ya hemos informado, el proyecto de ley fue registrado el pasado 22 de junio. De ser aprobado, las parejas del mismo sexo tendrían acceso al matrimonio en igualdad de condiciones en derechos y obligaciones que las de distinto sexo. No va a resultar sencillo: el principal elemento a favor es el respaldo del propio Gobierno checo y de buena parte del partido gobernante, ANO. En contra, el hecho de que solo el Partido Pirata lo respalda de forma clara y públicamente unánime. Además, un grupo de diputados ha presentado un proyecto de enmienda a la Constitución para hacer imposible su aprobación, si bien requeriría del apoyo de dos tercios de la Cámara, algo improbable con la actual correlación de fuerzas (la aprobación del matrimonio igualitario requeriría «solo» de una mayoría absoluta).

En este contexto, los organizadores del Orgullo y los colectivos LGTB checos han decidido dar protagonismo a la igualdad de las familias LGTB, especialmente en el acceso al matrimonio y los derechos familiares. Buen ejemplo ha sido la exposición de fotografías del artista eslovaco Robert Vano, titulada «Jedna láska, jedno manželství» («Un solo amor, un solo matrimonio») y exhibida en la Estación central de ferrocarriles. Allí se han podido ver imágenes de gran formato de varias familias homoparentales del país, con el objetivo de visibilizar su realidad en uno de los lugares más transitados de la capital checa.

Pero también se han abordado otros temas, como la prevención del VIH/sida. En este sentido, se ha reservado un espacio para la prueba del VIH y otras ITS en el corazón del festival, el «Pride Village» en Střelecký Ostrov (La «Isla de los Cazadores»). El día 8 de agosto, el «duhová tramvaj» («tranvía del arco iris») recorrió las calles de la ciudad con una intervención de arte destinada a concienciar sobre la necesidad de hacerse la prueba. Igualmente, destaca como nota llamativa el que una parada de tranvía, cercana al Pride Village, haya cambiado su nombre por el de «Duhová» («arco iris»).

El Orgullo de Praga también destaca por la presencia notable de colectivos de creyentes LGTB, especialmente la asociación Logos, que engloba varios grupos en todo el país. Sus actividades están contempladas en el programa oficial y disponen de una caseta propia en la Isla de los Cazadores como punto de información permanente y lugar de la mayor parte de sus actividades (cada día celebran una oración o meditación a las 18 horas en torno a el tema de la identidad, así como dos oficios religiosos, al comienzo y el final del festival respectivamente). Este año, en especial, han contado con la presencia del británico Philip Baldwin, quien el pasado 8 de agosto habló sobre cómo pasó de abogado a activista LGTB y en favor de las personas con VIH y de ahí a hacerse cristiano sin que ello lo viviera como una contradicción.

Como es habitual en las celebraciones del Orgullo, la actividad principal fue la celebración, ayer sábado 11 de agosto, de la gran manifestación desde la Plaza de San Venceslao hasta el parque de Letná. Se estima que unas 40.000 personas participaron activamente (el año pasado fueron 35.000), una cifra que no ha parado de crecer desde 2011, tal y como se muestra en las gráficas de los propios organizadores. Una cifra especialmente significativa si se compara con otros países del antiguo bloque soviético, respecto de los que el Orgullo praguense destaca también por el apoyo institucional y la ausencia de incidentes o contramanifestaciones homófobas. En este sentido, merece la pena señalar que, según estimaciones de los organizadores, cerca de un cuarto de los asistentes procede de estos países, especialmente de Eslovaquia, Polonia y Ucrania. Parece claro que el Orgullo de Praga constituye para muchos la ocasión más cercana y accesible para encontrar una ocasión de libertad que en sus lugares de origen aún resulta muy difícil.

Desde el punto de vista político, ha destacado muy especialmente la implicación del Partido Pirata, tercera formación más votada en las elecciones de 2017, como el más claramente comprometido con la realidad LGTB. Aunque ya habían participado en años anteriores en la manifestación, en esta ocasión lo han hecho con su propia carroza, que, en obvia referencia al partido, ha adoptado la forma de barco pirata. «Como en otras ciudades del mundo, la semana del Orgullo se ha convertido en parte del calendario anual de actividades. El Prague Pride pertenece a nuestra ciudad: habla de libertad, tolerancia mutua y respeto a las diferencias, pero también de divertirse. Para mí, personalmente, es una semana para cargar energías, cuando la ciudad cobra vida y me alegra poder formar parte de ello», ha declarado Zdeněk Hřib, candidato pirata a la alcaldía de Praga.

Fuente Dosmanzanas

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Foto de la marcha del Orgullo de este año en París (Twitter de Alex)

Según informa El Faro de Ceuta, la Audiencia Nacional ha rechazado dar protección a un ciudadano argelino, amenazado de muerte por su familia por ser homosexual, al considerar que no está perseguido por las autoridades de su país. «No se puede considerar que una persona sea objeto de persecución por el mero hecho de ser homosexual», expresa la sentencia. Aunque es cierto que en años recientes no han trascendido procesamientos, el Código Penal argelino castiga los actos de homosexualidad con pena de prisión de 2 meses a 2 años.  

Según relata el diario ceutí, que ha tenido acceso a la sentencia, el ciudadano argelino llegó a Ceuta en abril de 2017, huyendo se su familia. Un hermano suyo, que pronto iba a salir de prisión, le había amenazado de muerte por ser homosexual. Según la sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, sin embargo, «los únicos actos de persecución o amenaza» que explica el ciudadano argelino «los expone de forma vaga y sin ninguna acreditación», sin que procedan de las autoridades argelinas sino de su propio entorno familiar. Siempre según El Faro de Ceuta, la Audiencia Nacional solicitó un informe a ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados), según el cual el solicitante «no parecía encontrarse en necesidad de una protección» y al abogado de Estado, que se mostró desfavorable a la concesión de una protección internacional.

La Audiencia Nacional va más allá y se permite, de hecho, valorar la situación de las personas homosexuales en Argelia como propia «de una sociedad en transición, donde en principio rigen unos principios ancestrales frente a una realidad mucho más tolerante» y asegura que «No se puede considerar que una persona sea objeto de persecución por el mero hecho de ser homosexual». 

La decisión de la Audiencia Nacional, a la que la defensa del ciudadano argelino había recurrido, agota la vía para conseguir el asilo por parte del solicitante, que a partir de este momento puede ser deportado.

ILGA: Argelia sí se encuentra entre los países con homofobia de Estado 

Basta con acudir al informe anual sobre Homofobia de Estado que publica ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex) para saber que el Código Penal argelino castiga los actos de homosexualidad con pena de prisión de 2 meses a 2 años y con multa de 500 a 2.000 dinares argelinos. Cuando alguno de los autores fuera menor de 18 años de edad, la pena impuesta se agrava hasta los 3 años de prisión y los 10.000 dinares de multa. Por otra parte, también se castiga con prisión de 2 meses a 2 años y multa de 500 a 2.000 dinares a «quien cometiere atentado al pudor en público» y en el caso de que «el atentado al pudor consistiere en un acto contra natura con una persona del mismo sexo», la pena será prisión de 6 meses a 3 años y la multa de 1.000 a 10.000 dinares.

No solo eso: el Código Penal también castiga a quien difunda cualquier tipo de material «que atente contra la decencia» con penas de 2 meses a 2 años y multa de 500 a 2.000 dinares. Según el informe de ILGA, «esto va más allá del alcance de la regulación típica basada en el comportamiento, y sigue una línea que se acerca más a las normas sobre ‘propaganda’ de identidades no heterosexuales como las de Medio Oriente o el Norte de África».

El informe de ILGA recoge como ya en 2016 Reino Unido rechazó una solicitud de asilo interpuesta por un hombre gay argelino, basándose en parte en la falta de procesamientos o arrestos en los últimos años. «Sin embargo, la decisión no tuvo debida cuenta de la humillación familiar y social extrema, las amenazas y la violencia que impera en la Argelia rural y urbana respecto de las orientaciones sexuales diversas, tanto en hombres como en mujeres», deja claro la organización LGTB.

Es más, ILGA recuerda que Argelia ha rechazado las recomendaciones para despenalizar las relaciones sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que por ejemplo el entramado legal sobre entidades sin ánimo de lucro, información y derecho de reunión, junto con el hecho de que los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo están criminalizadas, «produce un ambiente en el que es no es posible registrar una organización que trabaje temas relacionados con la orientación sexual».

La historia de Anouar Rahmani

Hace pocos meses contábamos en esta misma página la historia de Anouar Rahmani, un escritor y activista argelino que había denunciado la agresión que sufrió un amigo suyo por ser homosexual. Tres personas le redujeron y le torturaron dándole latigazos que le dejaron grandes marcas en la espalda, según se puede comprobar en la fotografía que acompañaba al mensaje de Rahmani. «La imagen (de las heridas en la espalda, que hizo públicas) ilustra la justicia popular argelina que se permite atacar e insultar, incluso instaurar su propia ley sobre el resto de la comunidad con total impunidad», escribió. Tras la denuncia, el propio Rahmani recibió graves mensajes de odio e incluso amenazas de muerte.

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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha dado un plazo máximo de 18 meses a la Asamblea Legislativa de ese país para que adecúe su legislación al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si no lo hace así, este pasará a estar automáticamente en vigor. Defensoría de los Habitantes y activistas LGTB han criticado este plazo, al considerar que la decisión debería ser de efecto inmediato. 

El inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia de Costa Rica prohíbe expresamente que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. La sentencia de la Sala Constitucional, emitida en respuesta a una de las acciones de inconstitucionalidad pendientes sobre la materia, reconoce explícitamente que dicha norma contradice la histórica opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecha pública pasado 9 de enero precisamente a requerimiento de Costa Rica.

Sin embargo, la Sala Constitucional ha optado por mantener la vigencia de dicho inciso durante de 18 meses, dando tiempo a que sea la Asamblea Legislativa la que adecúe la legislación: «Vista la potestad que ostenta la Sala de graduar y dimensionar los efectos de sus sentencias de constitucionalidad (…), se insta a la Asamblea Legislativa, en el uso de su función legislativa constitucionalmente asignada, a que en el plazo de 18 meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, adecue el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo, en los términos expuestos en esta sentencia», expresa la Sala Constitucional en el comunicado leído por su presidente, Fernando Castillo.

Costa Rica lleva años discutiendo el posible reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, sin que haya sido posible ni siquiera la aprobación de una ley de uniones civiles debido a las múltiples maniobras de los opositores a la igualdad. Ni siquiera la llegada a la presidencia del anterior presidente, Luis Guillermo Solís, un político abiertamente pro-LGTB, permitió avanzar. Pero lo que sí hizo el Gobierno de Costa Rica fue elevar la cuestión a la Corte Interamericana, que en enero de este año emitió su histórica opinión. El que era todavía presidente aseguró entonces su disposición a acatarla íntegramente, si bien Solís estaba ya a punto de finalizar su mandato. El asunto del matrimonio igualitario, de hecho, ocupó un papel central en la campaña electoral de las recientes elecciones presidenciales y dio un importante empujón al candidato evangélico Fabricio Alvarado, que llegó a disputar la segunda vuelta frente al centroizquierdista Carlos Alvarado. Este último, sin embargo, acabó imponiéndose el pasado 1 de abril con más del 60% de los votos, en lo que supuso un cierto alivio para el colectivo LGTB costarricense.

Críticas a la Sala por mantener 18 meses una situación de desigualdad

Ahora, la decisión de la Sala Constitucional, en lo que al parecer ha sido su sesión más larga en casi 29 años, pone plazo a la aprobación del matrimonio igualitario, aunque no faltan los que consideran tibia e incluso cobarde la resolución, al mantener durante 18 meses más la situación de desigualdad. La Defensoría de los Habitantes, por ejemplo, se ha mostrado «sorprendida por el fallo (…) por cuanto deja en vigencia por 18 meses una norma que la declara inconstitucional por mayoría» y lamenta que el tribunal haya dejado «escapar la oportunidad para que la resolución fuera contundente y definitiva en aras de la eliminación inmediata de la prohibición del matrimonio igualitario en Costa Rica». Hay que tener en cuenta, en este sentido, que desde hace varios meses el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica empezó a recibir solicitudes de inscripción de matrimonios entre personas del mismo sexo y a realizar una anotación marginal de los mismos, aunque estos no han podido ser inscritos debido a la limitaciones impuestas por el Código de Familia.

En el mismo sentido se ha manifestado, por ejemplo, Marco Castillo, presidente del colectivo Diversidades LGBTIQ+. «El fallo no tiene sentido. Es una salida que toman y que en el fondo lo que hace es dilatar el cumplimiento de nuestros derechos. Yo tenía muchas dudas sobre la actuación de la Sala; este fallo me confirma que no había una voluntad de respeto hacia lo que son los derechos humanos. Estoy sorprendido de que la Sala haya tomado un acuerdo tan poco firme porque es absurdo que digan que en 18 meses tengan que derogar la norma, que ya ellos derogaron, si no queda derogada. No tiene sentido», ha expresado el histórico activista costarricense.

Estaremos muy atentos a los acontecimientos, pero la noticia es sin duda importante. Costa Rica puede convertirse en el primer país centroamericano en abrir el matrimonio a personas del mismo sexo. Como en su momento anticipamos, la opinión de la Corte Interamericana ha supuesto un antes y un después en la evolución de los derechos LGTB en América. hay que recordar, en este sentido, que además de responder al Gobierno de Costa Rica, la opinión servía de llamada de atención para otros once Estados de América Latina: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana (en los que no existe ningún reconocimiento jurídico para las parejas del mismo sexo), además de Ecuador y Chile (que cuentan, de momento, con leyes de unión civil no equiparables al matrimonio).

Fuente Dosmanzanas

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Los dos hombres son retirados después de comparecer en la corte.

Un año después de su arresto en agosto de 2017, el tribunal de distrito de Kapiri Mposhi, en el centro del país, ha declarado culpables de «actos contra natura» a Japhet Chataba y Stephen Sambo. Los acusados fueron sometidos a la infame práctica de los exámenes anales, considerados por las asociaciones de defensa de los derechos humanos como una forma de tortura. De acuerdo con el Código Penal zambiano, se enfrentan a una pena que puede llegar a los 14 años de cárcel.

Los supuestos hechos se produjeron el 25 de agosto del año pasado. Japhet Chataba y Stephen Sambo fueron detenidos después de que la empleada de un hotel los denunciara por haber mantenido relaciones sexuales. Durante el juicio, cinco testigos afirmaron que habían presenciado los actos por los que se acusa a los dos hombres, que se declararon no culpables. Los acusados se sometieron a la tortura de los exámenes anales, una práctica tan humillante como inútil para la finalidad que pretende.

A pesar de que los resultados de la infame prueba fueron «inconsistentes con las acusaciones», el juez Ackson Mumba consideró que las declaraciones de los testigos y el hecho de que los acusados se negaran a declarar constituían una prueba suficiente para decretar su culpabilidad. El Código Penal de Zambia prevé una pena de 14 años de cárcel por el «conocimiento carnal de cualquier persona contra natura». Ahora será el tribunal el que fije la pena para Chataba y Sambo.

Zambia, LGTBfobia social y de Estado

Zambia heredó la legislación homófoba de la época colonial británica tras su independencia en 1964. Tanto las relaciones homosexuales masculinas como las femeninas son ilegales, con prolongadas penas de cárcel. Se trata, de hecho, de uno de los países africanos en los que la homofobia social es más fuerte: hasta el 98% de la población considera la homosexualidad moralmente inaceptable, según datos de 2010. La fuerte influencia evangélica no sería ajena a este clima de odio homófobo. Ya en 2010 recogíamos cómo múltiples instituciones del país (incluidos dos de los principales partidos políticos y diferentes líderes cristianos) se posicionaban con fuerza en contra de la homosexualidad como reacción al anuncio por parte del Gobierno sueco de que apoyaría a colectivos pro derechos humanos de Zambia, incluidos grupos LGTB.

Buen ejemplo del desprecio con que se tratan los derechos LGTB en Zambia fueron las declaraciones del actual presidente del país Edgar Lungu a principios de 2013, cuando era ministro del Interior. «Los defensores de los derechos de los homosexuales deben ir al infierno. No es un problema que vayamos a tolerar. No habrá discusión alguna sobre los derechos de los homosexuales. Ese asunto es ajeno a este país», afirmaba entonces.

La persecución ha proseguido y la LGTBfobia social, si cabe, ha aumentado. En 2014, el Ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Namulambe afirmaba que despenalizar la homosexualidad sería una afrenta al cristianismo… y ese mismo año, dos hombres eran absueltos por falta de pruebas tras más de un año en prisión preventiva. Pero en noviembre de 2015, una mujer transexual fue condenada a la cárcel por «sodomía» después de que, según el testimonio de la acusada, un taxista la forzara a mantener relaciones sexuales.

El pasado mes de abril, el gobierno de Zambia rechazó la recomendación de ocho países para reconocer las relaciones sexuales entre personas homosexuales, bisexuales y transexuales, remitida entre otras 203 recomendaciones en favor de los derechos humanos que le fueron sugeridas durante el Examen Periódico Universal de la ONU.

Unas  muestras de la homofobia y la transfobia legal que convierten en un infierno la vida de tantas personas LGTB en África

Fuente Dosmanzanas

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La periodista Yevgenia Litvinova ha denunciado la detención de 30 activistas LGTBI en San Petersburgo por protestar contra la prohibición de la celebración del Orgullo. Entre los detenidos se encuentra incluso alguna persona menor de edad. Un año más, los valientes activistas LGTBI rusos se han enfrentado a la represión y a las leyes que impiden su derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación, propios de cualquier estado democrático.

Como ocurrió el pasado año y en ocasiones anteriores, y pesar de los repetidos dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las autoridades de San Petersburgo denegaron el permiso para celebrar en las calles de la ciudad la Marcha del Orgullo LGTBI, que trataba de reivindicar los derechos de un colectivo que vive la amenaza constante de las leyes que castigan la supuesta difusión de «propaganda homosexual», pero que en realidad tratan de invisibilizar socialmente a gais, lesbianas, bisexuales y personas trans.

Según el relato de la periodista Yevgenia Litvinova, una profesional fuertemente comprometida con la defensa de los derechos humanos en Rusia que publica en The Russian Reader, los activistas LGTBI habían decidido utilizar los mecanismos legales para poder expresar su protesta contra la prohibición. Así, en vez de celebrar una manifestación conjunta, lo harían cada uno individualmente, pues las leyes rusas permiten que sus ciudadanos puedan protestar de esta manera sin necesidad de ningún permiso o autorización administrativa. Son remarcables las palabras con que Alexei Sergeyev convenció a Yevgenia Litvinova para que se uniera a la protesta por los derechos LGTBI y diera testimonio:

Así, decenas de activistas se dirigieron a la Plaza del Palacio el pasado 4 de agosto, con la intención de desplegar individualmente pancartas reivindicativas. Sin embargo, se encontraron que la plaza estaba acordonada por un fuerte contingente policial y que también se hallaban militantes de ultraderecha nacionalista, conocidos por su LGTBIfobia en traje de camuflaje. En cuanto llegaron y se dispersaron para iniciar la protesta individual, la periodista constató la detención inmediata de Alexei Sergeyev y de Alexei Nazarov, que simplemente ondeaba una bandera arcoíris. Después, fueron detenidos otros 28 activistas, quienes, arrastrados a la fuerza, fueron conducidos a los furgones policiales y posteriormente a diversas comisarías.

Litvinova puedo averiguar que entre los detenidos también se encontraban Yuri Gavrikov y Tanya Sichkaryova, así como una menor de edad. Todos ellos se habían negado a que les tomaran las huellas y las fotografías policiales. Se enfrentan a fuertes sanciones económicas y a penas de hasta quince días de prisión por intentar el simple ejercicio de sus libertades y derechos civiles.

Una vez más, a pesar de su fuerte determinación, los activistas LGTBI rusos han vuelto a ser víctimas de la represión policial y de las autoridades, que alientan la homofobia con leyes que prohíben el mero hecho de informar positivamente de la homosexualidad a menores, a la vez que, como hemos comprobado, permiten que quienes simplemente enarbolan la bandera arcoíris o reivindican la celebración del Orgullo sean detenidos, sancionados o incluso encarcelados.

Fuente Dosmanzanas

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La diputada japonesa Mio Sugita, perteneciente al gubernamental Partido Liberal Democrático, ha realizado unas declaraciones de contenido fuertemente LGTBfobo que han causado gran indignación. Según la representante política, las parejas del mismo sexo son «improductivas»al no tener la capacidad de procrear, por lo que cualquier gasto público en programas contra la discriminación es un dispendio. Asimismo, afirma que la aceptación social de las relaciones entre personas del mismo sexo «incrementará el número de personas infelices» en el conjunto de la población. Miles de manifestantes se han congregado en Osaka y Tokio para reclamar la dimisión de la diputada, mientras que la directiva de su partido elude cualquier crítica y defiende su derecho a expresar sus propias opiniones.

Mio Sugita, de 51 años, es una diputada de la cámara baja del Parlamento japonés, en representación del conservador Partido Liberal Democrático, actualmente en el Gobierno. El pasado 18 de julio se publicó un artículo firmado por ella en la revista Shincho 45, en el que criticaba la reciente actitud de la prensa japonesa de apoyo a los derechos de los ciudadanos LGBTI.

Según Sugita, este respaldo de los medios al respeto a la diversidad «podría hacer que personas capaces de disfrutar de un enamoramiento normal y casarse se crean que tienen la opción de volverse homosexuales, y como resultado, aumentará el riesgo de que haya más personas infelices». También criticaba cualquier gasto público en programas contra la discriminación de las personas LGTBI, porque «estos hombres y mujeres no tienen hijos, es decir, son improductivos».

La diputada concluía su artículo afirmando que «una sociedad privada de ‘sentido común’ y ‘normalidad’ está destinada a perder ‘orden’ y finalmente a colapsar. No quiero que Japón sea una sociedad así». Las críticas arreciaron en las redes sociales nada más publicarse la revista, pero Sugita se defendió de las críticas, asegurando que incluso un alto cargo de su partido le había enviado un mensaje en el que le indicaba que «debía mantener la cabeza muy alta porque no había dicho nada que estuviera mal».

La persistencia de Sugita en sus declaraciones provocó que se convocaran manifestaciones en Osaka y Tokio, en las que miles de ciudadanos japoneses exigieron la dimisión de la diputada. También hubo reacciones entre el resto de las formaciones políticas, e incluso dentro de su mismo partido.

Taiga Ishikawa, uno de los primeros políticos japoneses abiertamente gay, replicaba a la diputada sosteniendo que «la homosexualidad no es sinónimo de infelicidad. Son los comentarios discriminatorios como los de Sugita los que nos hacen infelices». Ishikawa también consideraba que, dado que la diputada es miembro del partido gobernante, sus declaraciones «dañan significativamente la reputación de Japón de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020».

El diputado Shunsuke Takei, antiguo miembro del Ministerio de Exteriores, afirmaba en las redes sociales que el artículo de Sugita «no es política, sino que se trata simplemente de un discurso de odio». Por su parte, la activista lesbiana Hiroko Masuhara ligaba las palabras de la representante con la idea de eugenesia, comparándolas con las proposiciones que condujeron al asesinato de homosexuales en la Alemania nazi.

Desde su propio partido, el diputado Gaku Hashimoto, que encabeza la comisión de Salud, Trabajo y Bienestar, opinaba que las ideas de Sagita «se puede decir que contravienen toda la política gubernamental sobre bienestar social». Sin embargo, el secretario general de Partido Liberal Democrático, Toshihiro Nikai, prefería mantenerse al margen y eludía cualquier crítica, declarando al respecto que «diferentes personas tienen diferentes puntos de vista, y, por supuesto sus propias posiciones políticas».

Fuente Dosmanzanas

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La declaración negacionista de Val Kalende, hasta ahora abiertamente lesbiana y activista LGTB ugandesa, es un jarro de agua fría para la comunidad sexualmente diversa de este país africano, atenazado por una fuerte LGTBfobia social y de Estado. «Lo único que aprendí de ser lesbiana fue a ser una chica rebelde», dice entre otras cosas Kalende en su confesión televisiva (que tiene tintes religiosos, según ella misma reconoce y como también puede apreciarse claramente en la grabación). Todavía no se han pronunciado muchas organizaciones igualitarias en Uganda al respecto. Sin embargo, las entidades y los activistas que lo han hecho no ha sido para cargar contra ella, a la que en todo caso le han agradecido el esfuerzo realizado hasta ahora, sino para poner el foco en la moral religiosa LGTBfóbica. «La religión es un veneno», ha declarado la activista Stella Nyanzi. Con toda probabilidad, el caso de la supuesta «conversión» de Kalende será utilizado contra el colectivo LGTB por los grupos fundamentalistas cristianos.

«Yo era la oveja negra de la familia. Mi familia estaba enojada conmigo por ser lesbiana. Mis tíos, tías, primos, sobrinos y muchos amigos me rechazaron y me repudiaron», narraba en su aparición televisiva la hasta ahora activista Val Kalende. «Me quedé huérfana entre los 16 y los 17 años. Mis padres fallecieron a causa del VIH/Sida antes de que se descubrieran los antiretrovirales. Mi madre falleció más tarde, después de mi padre. Fui a otra casa. Es en esta casa donde me introdujeron a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo», continúa el discurso de esta mujer.

Kalende cuenta que «me fue muy bien en la escuela y fui admitida en uno de los mejores colegios femeninos de Uganda. Me uní a St. Joseph Nsambya y allí conocí a muchas chicas que mantenían relaciones sexuales del mismo sexo». A raíz de ahí «conocí e hice muchas amigas y sabía o era parte de los entornos lésbicos. Pero, estoy sorprendida de que casi todas estén casadas y de que tengan familias felices y crecidas. Sin embargo, aquí todavía estoy yo con la carga de ser lesbiana. La chica a la que podría llamar mi primera relación a los 17 años está felizmente casada y tiene una familia. Lo único que aprendí de ser lesbiana fue a ser una chica rebelde». En este sentido, remata preguntándose «por qué el mundo nos obligó a convertirnos en chicas que no aman a los hombres».

A pesar de estas sorprendentes declaraciones, que se pueden resumir en su frase de «ya no soy lesbiana», Val Kalende lleva más de una década trabajando para organizaciones LGTB como Freedom y Roam Uganda o Sexual Minorities Uganda, entre otras. También estableció lazos con el activismo de otros países como los Estados Unidos, impartió conferencias en distintos países y publicó artículos en medios de masas reclamando la igualdad y los derechos humanos. Llegó a ser arrestada en alguna ocasión. Ahora, Kalende se aleja de todo este pasado, construido con esfuerzo y sacrificio, para dedicarse a construir su moral cristiana.

Ya en 2009, al visibilizarse mediáticamente como lesbiana, uno de esos medios recogió los intentos de su pastor de que realizara otra entrevista en la que admitiera haberse «convertido» en heterosexual por «un milagro». Algo que no hizo entonces, pero que ha acabado haciendo casi una década después.

Todavía no se han pronunciado muchas organizaciones igualitarias en Uganda al respecto. Sin embargo, las entidades y los activistas que lo han hecho no ha sido para cargar contra ella, a la que en todo caso le han agradecido el esfuerzo realizado hasta ahora, sino para poner el foco en la moral religiosa LGTBfóbica. «La religión es un veneno», ha declarado la activista Stella Nyanzi.

«Tal vez tenemos que averiguar qué causó esto en lugar de culparla. Permitámonos también abordar el odio dentro de la comunidad misma», defiende Mirakel Rakkaus Hossy (otra activista ugandesa que tuvo oportunidad de trabajar con Kalende), que agrega que «no podemos decir que ella fue un fraude».

Este es el vídeo completo en el que se registra la intervención de Kalende:

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales del año pasado, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

Fuente Dosmanzanas

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Los activistas de Russian LGBT Network han denunciado el intento de secuestro de un joven homosexual checheno en San Petersburgo, con el objetivo de llevarlo de nuevo a su región de origen. Según los denunciantes, en la captura del joven participó activamente su propio padre, quien parece ser el principal inductor, y al menos un agente policial checheno. Russian LGBT Network afirma que este sería el quinto caso de secuestro de homosexuales para ser conducidos hasta Chechenia, una región donde se han denunciado detenciones por «sospecha de homosexualidad» e, incluso, la existencia de campos de concentración para homosexuales.

Desde la web activista Russian LGBT Network se ha denunciado el intento de secuestro el pasado 13 de julio del joven de origen checheo Zelimkhan Akhmadov, que actualmente reside en San Petersburgo. Cinco personas atacaron a Zelimkhan cuando se encontraba cerca del lugar donde vivía refugiado y le obligaron a introducirse en un coche. Un amigo del joven, que presenció el ataque, envió un mensaje a un miembro de Russian LGBT Network, que inmediatamente lo puso en conocimiento de la policía.

Agentes policiales acudieron al lugar de los hechos e interrogaron a diversos testigos. Entre ellos se encontraban los miembros de seguridad del refugio donde se alojaba Zelimkhan, quienes, como medida de precaución, anotan las matrículas de los vehículos que estacionan en las inmediaciones. Debido a ello, pudieron facilitar a la policía la del coche donde introdujeron al joven secuestrado, que, según su información, había permanecido aparcado en los alrededores los dos últimos días.

Con este dato pudieron localizar con prontitud el vehículo, donde en ese momento solo se encontraban Zelimkhan y un hombre que se identificó como su padre. También se halló un documento de identificación de un agente policial checheno. Conducidos a comisaría, el padre del joven Zelimkhan siguió amenazando a su hijo, acusándole de ser la vergüenza de la familia y culpándole de que toda ella se encuentre amenazada de muerte debido a su homosexualidad. Allí se esclareció también que el padre había intentado convencer a su hijo de que grabase un vídeo en el que afirmara que no sufría persecución alguna y que no era homosexual, algo a lo que Zelimkhan se negó taxativamente.

Ya por la tarde, Zelimkhan abandonó la comisaría y los miembros de Russian LGTB Network le condujeron a un lugar seguro, donde ahora ha encontrado nuevo refugio. También se ha presentado la correspondiente denuncia y se ha iniciado el procedimiento legal. Según el artículo 126 del Código Penal ruso, el secuestro cometido por un grupo de personas previo concierto es castigado con penas de 5 a 20 años de cárcel.

Para el activista de Russian LGTB Networl Igor Kochetkov, estos casos evidencian la falsedad del discurso oficial de que no existe ningún problema de discriminación o persecución de homosexuales en Chechenia. No solo existe, sino que los ciudadanos homosexuales chechenos son perseguidos incluso fuera de su región.

Recordemos que, hace poco más de un año, las estremecedoras noticias sobre detenciones, torturas y asesinatos de personas homosexuales en la república rusa de Chechenia sacudían a la comunidad internacional. Según reportaba el diario Novaya Gazeta, al menos 100 personas habían sido detenidas y encarceladas por ser «sospechosas de homosexualidad». Más adelante, salía a la luz la posible existencia de auténticos campos de concentración para personas homosexuales cerca de Grozny, la capital chechena. En este tiempo, La homofobia del líder checheno, Ramzán Kadýrov, ha quedado sobradamente demostrada. Sofocada la crisis separatista, el Gobierno checheno ha encontrado en el colectivo LGTB un chivo expiatorio que encaja perfectamente con sus ideales retrógrados. Un año después, sin embargo, las autoridades rusas siguen demostrando una ausencia total de voluntad política para investigar los posibles crímenes y llevar a los responsables ante la justicia. A fecha de hoy, nadie ha sido detenido ni imputado.

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#NoEstoyEnfermx es la campaña mexicana lanzada en Twitter por los activistas LGTB contra las terapias de conversión sexual.

Los grupos de activistas a favor de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género iniciaron dicha campaña debido a su preocupación ante la cobertura mediática del caso recientemente difundido por los medios sobre la “curación de la homosexualidad” del presentador de televisión Mauricio Clarck.

Especialmente por el mensaje que es enviado a la población en general sobre la posibilidad de modificar la orientación sexual, mensaje, que aseguraron los activistas, estigmatiza y pone en peligro a las generaciones más jóvenes de personas LGTB.

Es por ello, que un grupo de jóvenes activistas, comenzaron una campaña en las redes sociales con el fin de contrarrestar el mensaje enviado a raíz del caso del presentador de televisión.

La asociación civil Yaaj, encargada de empoderar y defiender a los jóvenes LGTB, lanzó una convocatoria en su cuenta de Twitter para que las personas LGTB escribieran un Tweet en el que colocaran su nombre, una cualidad suya, su profesión, su orientación sexual o su identidad de género y el hashtag #NoEstoyEnfermo.

La campaña busca despejar las ideas erróneas sobre la supuesta “curación” de la homosexualidad y enviar un mensaje positivo a las personas LGTB que sienten conflicto de frente a su sexualidad; así como a las heterosexuales para que sepan que la sexualidad no se puede modificar.

El proyecto ha recibido una gran acogida por parte de los usuarios de Twitter y el hashtag #NoEstoyEnfermo se convirtió en trending topic. En su mayoría fueron personas jóvenes las que participaron en la dinámica e inundaron con videos y textos mensajes positivos sobre ser LGTB.

Fuente Oveja Rosa

General, Homofobia/ Transfobia. #NoEstoyEnfermx, Derechos LGTBI, Discriminación, Gay, Homofobia/Transfobia, Homosexualidad, LGTI, Mauricio Clarck, México, Normalización, Visibilidad LGTBI, “Terapias de conversión”

La Cámara de Diputados, el parlamento unicameral de Luxemburgo, aprobó el miércoles pasado un proyecto de ley que simplifica los trámites para modificar el nombre y el sexo legales. La norma, adoptada por abrumadora mayoría, permitirá la inscripción de los nuevos datos personales mediante una solicitud al Ministerio de Justicia y elimina el requisito de presentar informes psiquiátricos o someterse a tratamientos hormonales, intervenciones médicas y esterilización. En el caso de menores de edad, será necesario el consentimiento parental.

El texto aprobado coloca a Luxemburgo en el cada vez más numeroso grupo de países que incorporan a sus legislaciones el principio de autodeterminación de género. La nueva ley elimina de forma explícita la necesidad de haberse sometido a tratamientos médicos, operaciones quirúrgicas o esterilización. La persona interesada solo tendrá que enviar una solicitud motivada al ministerio de Justicia para reclamar la modificación del nombre y el sexo legal. Deberá justificar, eso sí, que utiliza la identidad de género especificada en su vida privada y laboral.

Para el cambio del nombre y el sexo legal de un menor de edad, sin embargo, será necesario el consentimiento de sus progenitores. Si hay desacuerdo decidirá un tribunal, salvo si se trata de un menor de cinco años, en cuyo caso siempre se tendrá que pronunciar la justicia. La norma también será aplicable a los extranjeros que hayan residido al menos un año en el país.

La tramitación del proyecto de ley, que presentó el Gobierno luxemburgués en mayo de 2017, se ha prolongado durante más de un año. Finalmente, la Cámara de Diputados le ha dado luz verde por 57 votos a favor frente a tres en contra, los de los representantes del derechista Partido Reformista de Alternativa Democrática (ADR). Las formaciones de la coalición de Gobierno entre liberales, socialistas y verdes han sumado también el apoyo de los democristianos y la izquierda anticapitalista.

Por delante de España

La nueva normativa coloca a Luxemburgo por delante de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura, como antes ya suciedese con  Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica, Noruega, o Portugal,  en Europa. En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

En España sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En el Congreso se presentó una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos en agosto, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registró en pasado marzo, también en el Congreso, una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta de los «morados» contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

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