El 24 de noviembre tendrá lugar un referéndum sobre el matrimonio igualitario en Taiwán (oficialmente, la República de China), promovido por un conjunto de grupos religiosos anti-LGTB que consiguió reunir las firmas necesarias para forzarlo. La consulta, que constará de tres preguntas sobre los derechos de las personas LGTB, coincidirá con las elecciones locales y regionales, por lo que se espera una alta participación. Una eventual victoria de los homófobos chocaría frontalmente con la sentencia del Tribunal Constitucional que fijó mayo de 2019 como la fecha tope para la entrada en vigor de la igualdad matrimonial.

La Comisión Electoral Central de Taiwán ha aceptado la propuesta de que se formalice el referéndum sobre el matrimonio igualitario aprovechando la jornada electoral del próximo 24 de noviembre, en la que se celebrarán elecciones locales y regionales a lo largo del todo el país. La confirmación de la fecha llega dos meses después de que se anunciara por el mismo organismo que los promotores de la consulta popular habían conseguido reunir las firmas necesarias para forzarla.

En mayo de 2017, el Constitucional emitía un fallo en el que instaba al Yuan Legislativo a legalizar el matrimonio igualitario en un plazo de dos años. Si no se produce la reforma por la vía legislativa, la sentencia decreta que a partir de mayo del año que viene las parejas del mismo sexo podrán comenzar a registrar sus matrimonios automáticamente. En febrero de este año, representantes de grupos religiosos relacionados estrechamente con sectores cristianos del partido Kuomintang presentaban una apelación ante el Tribunal Administrativo Superior de Taiwán en contra de la sentencia del Constitucional, así como una petición de celebrar un referéndum ante la Comisión Electoral Central.

El pasado 10 de febrero, la justicia taiwanesa desestimaba su alegación en contra del fallo del Tribunal Constitucional favorable a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, la Comisión Electoral Central de Taiwán se vio obligada legalmente a estudiar la solicitud de celebración de un referéndum. Los contrarios a la igualdad LGTB lograron presentar en abril las firmas necesarias para la toma en consideración de la propuesta, con lo que se abrió un plazo de cuatro meses para la recogida de apoyos en número suficiente para forzar la convocatoria del referéndum.

Para conseguir su propósito, los promotores tenían que presentar 281.745 firmas válidas por cada pregunta de la consulta propuesta. Finalmente consiguieron más de 600.000 en cada una de las cuestiones, por lo que, una vez contrastadas y validadas por la Comisión Electoral Central, obtuvieron la aprobación para la celebración del referéndum. El resultado del plebiscito se considerará válido si supera la mitad de los votos con una participación superior al 50 %. El hecho de que se celebre en coincidencia con elecciones locales y regionales hace más que posible que ese mínimo de participación se supere.

La Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, nombre eufemístico de un conjunto de grupos religiosos anti-LGTB, plantea una consulta con tres preguntas, la primera de ellas de una retorcida formulación: «¿Está de acuerdo con proteger los derechos de las parejas del mismo sexo de iniciar una relación duradera de convivencia que se base en leyes que no sean el Código Civil de Taiwán?». La segunda se refiere a la educación en la diversidad afectivo-sexual: «¿Está de acuerdo con que los centros de educación primaria y secundaria no deben iniciar ‘educación gay y lésbica’ tal como está estipulado por la Ley de Reglas de Cumplimiento Para la Educación en la Igualdad de Género?». Y la tercera directamente plantea: «¿Está de acuerdo con que el Código Civil solo debe autorizar el matrimonio entre personas de distinto sexo?».

Paralelamente a los homófobos, un grupo de activistas y un diputado del Partido Socialdemócrata han iniciado su propia campaña de recogida de firmas para otro referéndum, este planteado de forma favorable a los derechos LGTB. Las preguntas que quieren plantear son: «¿Está de acuerdo con que los derechos de las parejas del mismo sexo a casarse debería estar protegido en el capítulo sobre matrimonio del Código Civil?» y «¿Está de acuerdo con que la Ley de Educación en la Igualdad de Género debería requerir que la educación en la igualdad de género incluyera la homosexualidad, las relaciones y la educación sexual y que se enseñara en los centros de educación primaria y secundaria?». La Comisión Electoral Central aún está estudiando si se han reunido las firmas necesarias para forzar la consulta popular. En caso afirmativo, podrían celebrarse dos plebiscitos distintos sobre la misma materia.

Si el resultado del referéndum es contrario a los derechos LGTB, no está claro cómo se resolverá la colisión con la resolución del Tribunal Constitucional, que no admite dudas en cuanto a su interpretación favorable al matrimonio igualitario. Los activistas LGTB, en cualquier caso, ya han empezado a organizarse para pedir un voto masivo por el triple «no» en la consulta homófoba. Al mismo tiempo, no dejan de pedir a la presidenta Tsai Ing-wen, favorable a la igualdad matrimonial, que promueva la aprobación de la medida por la vía legislativa cuanto antes para terminar con la actual inseguridad jurídica de las parejas del mismo sexo. La mandataria ya había advertido, antes de la sentencia del Constitucional, de que el proceso sería «largo» y «difícil».

Fuente Dosmanzanas

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Datuk Mujahid Yusof Rawa, ministro de asuntos religiosos de Malasia, se ha despachado contra la igualdad, los derechos y la dignidad del colectivo LGTB de su país, cada vez más vulnerable por la exponencial escalada de LGTBfobia de Estado. El responsable de la cartera de Religión (lo que ya en sí dice mucho de la falta de libertades y de calidad democrática de un país, con independencia de qué fe se trate) califica los derechos y la igualdad de las personas LGTB como «ideas extremas», por lo que justifica que «no podemos permitir» que el colectivo dicte la agenda. Es decir, que ni hablar de proponer cambios legislativos porque el Gobierno se siente más cómodo en el rol que ha asumido de perseguir, penalizar y difamar (la clásica LGTBfobia de Estado, en otras palabras). Las declaraciones discriminatorias se suceden solo unas semanas después de que el primer ministro asegurara que «no podemos aceptar» el matrimonio igualitario o los derechos LGTB.

«No podemos permitir el dictado de estas personas a Malasia, damas y caballeros. No se puede permitir que se impongan al ministro encargado de los asuntos religiosos», ha expresado Datuk Mujahid Yusof Rawa en relación a la comunidad LGBTI. «El país estaría en una situación desastrosa si estas ideas extremas nos dictaran, mientras tengamos la autoridad para decir lo correcto y ser valientes para decirlo», proseguía este miembro del Gobierno.

El ministro defendió este discurso en el Instituto Internacional de Estudios Islámicos Avanzados, ante académicos y personalidades. «Esta es la posición que adoptamos, pero nunca cerramos la puerta a que ellos cambien», añadía Yusof Rawa. También se refirió a los comentarios del primer ministro Mahathir Mohamad al organismo de derechos humanos de Malasia (SUHAKAM) de que el país no aceptaría la igualdad LGTB, como recogíamos hace un par de semanas.

Escalada de LGTBfobia pese al cambio político

En entradas anteriores hemos venido hablando de la escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia. Dos mujeres malasias, de 22 y 32 años, respectivamente, recibían a principios de este mes de septiembre seis latigazos por orden de un tribunal, tras ser descubiertas por agentes islámicos en el estado conservador de Terengganu «intentando participar en actos sexuales en un automóvil». El Gobierno, por otra parte, no solo dejaba claro su apoyo a la redada que días antes tenía lugar en un bar de ambiente gay de Kuala Lumpur sino que, en boca del ministro del Territorio Federal, Khalid Samad, expresaba que «esperamos que esta iniciativa pueda mitigar que la cultura LGTB se extienda a nuestra sociedad».

Ya con anterioridad, el nuevo Ejecutivo de Malasia había defraudado las expectativas despertadas cuando insinuó que el colectivo LGTB no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa.

Un entorno difícil para las personas LGTB

Malasia, una de las economías emergentes del sudeste asiático, es un país de variada composición étnico-religiosa, aunque de mayoría musulmana, en el que conviven leyes civiles, de obligado cumplimiento para todos, y leyes islámicas, de aplicación a los ciudadanos musulmanes. Las relaciones homosexuales, en cualquier caso, son ilegales y se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel. De hecho, en 2011 nos hacíamos eco de las intenciones de varios líderes musulmanes malasios de endurecer las medidas contra la homosexualidad y en 2015 el entonces primer ministro, Najib Razak, comparaba a las personas LGTB con el Estado Islámico, alegando que carecen de derechos humanos.

La LGTBfobia social y política imperante en Malasia ha llevado a situaciones que rozan el absurdo, y que hemos recogido en esta misma página. En febrero del año pasado, en un vídeo promovido por el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia se sugería a los homosexuales que «aprender» a ser hetero es como iniciarse en la equitación. En febrero de este año nos hacíamos eco de un artículo que ejemplificaba la estigmatización de la comunidad LGTB también desde los medios de comunicación. En abril, nos enterábamos de que la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) celebró un concurso de carteles para “convertir”alumnos gays en heterosexuales. Y en mayo que el gobierno de Malasia ha comenzado a bloquear páginas LGTB+, incluido el portal Utopia-Asia que es la principal fuente de información para viajeros gais en la región.

Especialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario. En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que habían reaccionado con horror ni siquiera precisaron que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de  T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT…

Fuente Dosmanzanas

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Viorica Dancila, primera ministra de Rumanía, deposita su voto en el referéndum

El referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario en Rumanía no ha alcanzado el mínimo de participación necesario para ser efectivo. Solo un 20,41 % de los censados ha acudido a las urnas, frente al 30 % necesario, lo cual puede calificarse sin duda alguna como de enorme fracaso para los convocantes. Rumanía, pues, no se suma a la lista de países europeos donde el matrimonio entre personas del mismo sexo está expresamente prohibido en su Constitución, si bien la legislación ordinaria sí lo continúa impidiendo. Actualizaremos la noticia cuando se conozcan los datos del escrutinio con la decisión, ya sin relevancia, de los escasos participantes.

Casi diecinueve millones de ciudadanos rumanos habían sido convocados para votar en referéndum la prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo. Para que el resultado fuera vinculante, se necesitaba que participase al menos el 30 % de los censados. Sin embargo, y a pesar de la fuerte presión de los sectores más LGTBfobos —sobre todo la Iglesia ortodoxa— y el apoyo de la mayoría de los partidos políticos, la participación tan solo ha alcanzado el 20,41 %, por lo que, sea cual sea el resultado del escrutinio final, el texto constitucional no puede ser modificado. La legislación ordinaria sigue impidiendo el matrimonio igualitario en Rumanía, pero al menos su Constitución seguirá sin prohibirlo.

El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado mes de septiembre. En la cámara alta también se superó la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracción frente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tuvo vía libre para ser votada en referéndum. El objetivo era cambiar la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Para que el resultado de la consulta popular fuera válido, debía participar al menos el 30 % del censo electoral y los votos favorables superar el 50 %. El plebiscito se ha celebrado en dos jornadas, el 6 y 7 de octubre. El primer día, la participación solo alcanzó el 5,72 %, mientras que en la segunda jornada se ha llegado solamente hasta el 20,41 % de participación definitiva.

Tras el resultado, el líder de la USR, Dan Barna, ha pedido la dimisión del Gobierno por «haber dilapidado cuarenta millones de euros en una fantasía». La promotora Coalición por la Familia ha reconocido el mal resultado, aunque se felicita por haber movilizado a casi cuatro millones de rumanos. Por su parte, las asociaciones en defensa de los derechos LGTB, que habían pedido el boicot al referéndum, se han congratulado de que la población se haya abstenido de manera tan clara, pero aún así reclaman que «la comunidad de gais, lesbianas, bisexuales y personas transgénero es parte de la población del país, y tiene muchas familias, que en este momento carecen totalmente de reconocimiento y protección legales. Es hora de que el estado rumano, a través de las autoridades competentes, garantice la igualdad de derechos y obligaciones para las parejas del mismo sexo».

La situación de las parejas del mismo sexo en Rumanía

Todo este proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario.

Posteriormente, el alto tribunal rumano dio a conocer los considerandos de su decisión. Los jueces se remitían a la sentencia europea y la interpretaban de acuerdo con legislación rumana. Concretamente, establecen que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la protección de la vida privada y familiar que consagra el artículo 26.1 de la Constitución rumana:

Las autoridades públicas respetarán y protegerán la vida íntima, familiar y privada.

El Constitucional consideraba que este artículo debía interpretarse en un sentido inclusivo con las personas LGTB. Aún más, afirmaba que las parejas del mismo sexo «tienen derecho, con el tiempo y de acuerdo con la ley, a disfrutar de un reconocimiento legal y jurídico de sus derechos y obligaciones». Las derivaciones legales de esta formulación no están claras, porque el alto tribunal no ha ordenado el reconocimiento inmediato de las parejas del mismo sexo, sino que deja la regulación en manos del legislativo. La traslación del mandato de igualdad, por tanto, puede durar aún mucho tiempo, si es que se llega a producir.

Expertos legales citados por la web queer.de opinan que el fallo solo obliga a las autoridades a reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y obligaciones que a las parejas de distinto sexo no casadas. Es decir, casi ninguno en la actualidad, ya que Rumanía carece de una ley de uniones civiles. La mención a un «reconocimiento legal y jurídico» de las parejas del mismo sexo podría abrir, sin embargo, el debate legislativo y social sobre esta vía.

El matrimonio igualitario en Europa

Las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio en 16 países europeos (entre paréntesis, el año de entrada en vigor de las respectivas normativas):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania  , Malta (2017) y Austria (2019).

Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017), Alemania (2017), Malta (2017) y Austria (2019).

Por otra parte, existen 13 países europeos cuyas respectivas constituciones prohíben expresamente el matrimonio igualitario (entre paréntesis, el año en que entró en vigor la prohibición constitucional):

Bulgaria (1991), Lituania (1992), Bielorrusia (1994), Moldavia (1994), Ucrania (1996), Polonia (1997), Letonia (2006), Serbia (2006), Montenegro (2007), Hungría (2012), Croacia (2013), Eslovaquia (2014) y Armenia (2015).

Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño:

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Ángela Ponce va a hacer historia en el próximo certamen de Miss Universo, que se celebrará en Tailandia en diciembre. La modelo sevillana será la primera mujer trans en participar desde que se eliminara la discriminación existente contra el colectivo. Ponce ganó el título de Miss Universo España en junio de este año. Su elección para el concurso de belleza ha despertado comentarios tránsfobos por parte de la candidata colombiana, Valeria Morales, y de Lupita Jones, Miss Universo 1991 en representación de México.

Nacida en Pilas (Sevilla), Ángela Ponce fue elegida Miss Cádiz en 2015, aunque entonces no pudo aspirar al título de Miss Mundo por la no admisión de mujeres transgénero. La modelo apadrinó a la Fundación Daniela, una asociación de apoyo a los niños y adolescentes trans. Este año, sin embargo, se presentó y ganó Miss Universo España, ya que el certamen eliminó la discriminación por este motivo en 2012. El desencadenante del cambio de criterio fue el caso de Jenna Talackova, una joven canadiense que consiguió que Miss Universo Canadá la readmitiera a concurso después de haberla excluido por ser una mujer transexual.

Ponce se ha mostrado muy satisfecha de poder llevar un mensaje de inclusión al popular concurso de belleza, que se celebrará en Tailandia el próximo mes de diciembre. Un esfuerzo muy necesario a la vista de algunos de los comentarios de carácter tránsfobo que ha provocado su candidatura. Es el caso del de la representante colombiana, Valeria Morales. Antes de ser elegida Señorita Colombia, la modelo de Cali opinó en una entrevista que «un reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacemos mujeres. Y creo que para ella también sería una desventaja… por eso, hay que respetarla, pero no compartir».

Otra de las voces que ha tintado de transfobia su oposición es la de Lupita Jones, Miss Universo 1991 y actual directora del concurso Mexicana Universal, la selección oficial para Miss Universo en México. Jones afirma acatar las normas que permiten la participación de mujeres trans en el certamen, pero muestra su oposición porque «una mujer nacida mujer jamás será igual que un transgénero [sic], biológicamente no son iguales». La empresaria afirma no estar en contra de los derechos de las personas trans, sino de que se visibilicen en un lugar que, en su opinión, «no está diseñado para ellas».

La flamante Miss Universo España ha reaccionado con elegancia a los ataques por su condición de mujer trans. Ponce ha denunciado en Twitter que se utilicen recortes de entrevistas anteriores para inventarse una respuesta suya a las declaraciones de Morales. Con imágenes suyas y de la representante colombiana, ha pedido respeto para ambas y ha mandado un mensaje claro contra la intolerancia. «Nunca trataré de cambiar su opinión, pues esa no es mi función. Mi finalidad es dar a conocer mi realidad y hablar al mundo un poco sobre la educación en la diversidad que es tan escasa, un factor importante y que sin duda terminaría con tanto bullying, prejuicios y violencia», escribe.

Fuente Dosmanzanas

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El Registro Civil de Calatayud (Zaragoza) ha denegado la solicitud de cambio de nombre de Gabriel, un adolescente trans de 15 años cuya identidad de género es masculina, que cuenta con el respaldo unánime de su familia y amigos, así como de sus compañeros de instituto y profesores, pero al que un auto niega precisamente su derecho a ver reconocido legalmente su nombre por tratarse de un nombre inequívocamente masculino. Lo sucedido con Gabriel pone de manifiesto la cada vez más vergonzosa situación española por lo que al reconocimiento de la identidad de género se refiere, así como la hipocresía de las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados, a las que se les llena la boca a la hora de hablar de derechos LGTB pero que llevan toda la legislatura impidiendo el avance de diferentes proposiciones de ley que de ser aprobadas impedirían esta y otras situaciones absurdas.

«Ni me planteaba que lo iban a rechazar», explicaba a El Heraldo de Aragón Pilar Suárez, madre de Gabriel, que hasta el momento no había encontrado dificultad a la hora de que su hijo pueda vivir la vida a la que tiene derecho. Gabriel ya tiene, por ejemplo, la tarjeta sanitaria a su nombre, gracias a la avanzada ley de identidad de género que hace unos meses aprobaron las Cortes de Aragón. De la misma forma, ha iniciado el tratamiento hormonal con bloqueadores de la pubertad, lo que por el momento impedirá que desarrolle caracteres sexuales femeninos, no deseados. Y pronto empezará tratamiento hormonal, lo que facilitará que desarrolle caracteres sexuales masculinos.

Pero la normativa autonómica de nada sirve cuando se trata de la rectificación registral de la mención al sexo. En este caso entra en juego la anacrónica normativa estatal, que no contempla la realidad de los menores transexuales o de las personas migrantes, y que incluso para los mayores de edad mantiene como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Todo queda a criterio del juez de turno. Y lo mismo sucede con el mero cambio de nombre, pese a que en este caso los jueces son algo más generosos. No ha sido el caso, por desgracia, de la jueza del Registro Civil de Calatayud, que pese a la abundante documentación aportada por la familia (incluyendo un informe del instituto donde estudia Gabriel que acredita que ese es su nombre habitual y así es tratado en clase por compañeros y profesores) ha denegado el cambio.

La razón que da la jueza, según explica la petición que la familia ha lanzado en la plataforma change.org, es que «el nombre solicitado, Gabriel, remite única e inequívocamente al sexo masculino, y no es un nombre neutro», algo que en su opinión viola la normativa actual sobre cambios de nombre en el Registro Civil, que no admite aquellos que hagan confusa la identificación (por ejemplo, un apellido convertido en nombre) ni los que induzcan a error sobre el sexo. Sin tener en cuenta que en este caso nos encontramos con la realidad de que quien solicita el cambio es un chico con identidad masculina, no una chica ni una persona no binaria. «Gabriel se llama Gabriel. Y queremos ese nombre en su titulo de la ESO que obtendrá en junio y en su DNI. Y así creemos que debe entenderlo la juez encargada del Registro Civil que lleva el caso. Cuanta más gente firmemos esta campaña, mayor será la presión y más fácil se lo pondremos a otros niñes como mi hijo», finaliza la petición.

Responsables, los partidos representados en el Congreso

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). La iniciativa  fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso (¡hace ya más de año y medio!), si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos ya en octubre, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró en marzo en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades. Sin embargo, ni siquiera el propio grupo parlamentario que la presentó ha querido llevarla más allá (en teoría hasta tener amarrados suficientes apoyos parlamentarios). Ello ha motivado que un grupo de activistas trans (entre los que se encuentra la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé) hayan iniciado una huelga de hambre exigiendo a Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que proceda a llevarla al pleno.

Por último, otra proposición de ley que permanece atascada es la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, registrada en mayo de 2017 tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español». Aún así, la Mesa del Congreso de los Diputados no desbloqueó su avance hasta febrero de este año, al igual que con la propuesta socialista de reforma de la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Al igual que con esta, estamos en octubre y sigue sin ser aprobada.

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Conmoción en la sociedad y en el activismo de Italia ante la intolerante reacción de unos padres con su hija. Una pareja heterosexual, ambos de unos 50 años, ha mantenido encerrada a su hija de 17 años al descubrir su orientación homosexual. Al parecer, los progenitores accedieron a su cuenta de WhatsApp, a través del teléfono móvil de la adolescente, y descubrieron que su pareja era otra chica. A raíz de este outing forzado, los padres le han impedido salir de casa durante un año, incluso privándola de la oportunidad de ir al instituto. La joven, habiendo escapado de su hogar una primera vez, solicitó la intervención de la policía, pero fue devuelta a la familia. Entonces, la joven decidió llamar a Gay Center, entidad que alertó al Observatorio policial por la Seguridad contra los Actos Discriminatorios. Juntos lograron liberar a la joven, que ahora está a salvo en un hogar de acogida para menores.

«La niña vivía en un clima de violencia continua y fue secuestrada en su propia casa, de donde la familia no la dejó salir. Cuando estaba sola en la casa, los padres cerraban la puerta con ella dentro», ha explicado Fabrizio Marrazzo, de Gay Center, una asociación que promueve servicios e iniciativas para personas LGTB. Esta organización ha denunciado la historia de esta adolescente de 17 años, cuyos padres la habían mantenido encerrada en su hogar en la provincia de Roma desde que descubrieron su orientación sexual. La menor fue liberada gracias al apoyo de Observatorio por la Seguridad contra los Actos Discriminatorios (OSCAD), una entidad policial especializada contra la discriminación, y la Fiscalía del Menor se encargó del caso.

«La chica contó una situación familiar muy grave, ya que los padres, hace un año, descubrieron que era lesbiana», narra Marrazzo. En una primera ocasión la joven logró escapar y llamar a la policía, que al comprobar que era menor simplemente la llevó de vuelta con su familia. Posteriormente, la joven «logró escapar nuevamente y se comunicó con nuestro servicio Gay Help Line 800 713 713, lo que nos permitió movernos para trasladarla a un establecimiento protegido para menores y la estamos ayudando a reconstruir su vida, haciendo que reanude sus estudios, que había abandonado a la fuerza».

Por desgracia no se trata de una noticia aislada. En dosmanzanas hemos recogido a lo largo de los últimos años numerosas historias de LGTBfobia en Italia, un país en el que pese a los avances jurídicos (menores en cualquier caso a los de otros países del entorno europeo occidental) subyace aún una considerable LGTBfobia social. Sin ir más lejos, en septiembre contábamos el infierno que estaba sufriendo en Verona una pareja gay, que tras agredida en agosto encontraba su casa cubierta de pintadas de odio y sufría un intento de atentado con gasolina. Uno de los miembros de la pareja fue rociado con gasolina cuando se asomó al rellano para ver qué sucedía, y las paredes del edificio así como su coche han aparecido cubiertas de pintadas homófobas y simbología de extrema derecha. A finales de julio, por otra parte, también nos hacíamos eco de la brutal paliza que recibió un joven gay de 19 años a la salida del metro de Turín (Italia) ante la indiferencia de los transeúntes: «nadie me ayudó».

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El Consejo Nacional suizo ha aprobado la modificación del Código Penal para incluir entre los delitos de odio aquellos motivados por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas. La reforma deberá ser ahora corroborada por el Consejo de los Estados para que tome efectos. Aunque la aprobación ha contado con el apoyo de una mayoría holgada (118 votos a favor y 60 en contra), los opuestos a la reforma no han dudado en equiparar la homosexualidad o la bisexualidad con la pedofilia y la zoofilia.

La iniciativa de reforma del código penal ha partido del diputado Mathias Reynard, perteneciente al Partido Socialista, que ha conseguido el apoyo de todos los grupos políticos representados en el Consejo Nacional (la cámara baja suiza), excepto el de la derechista Unión Democrática del Centro (grupo mayoritario, con 65 escaños del total de 200) y algunos diputados del centroderechista Partido Liberal Radical. El apoyo a la reforma, sin embargo, ha sido contundente: de los 183 diputados presentes, 118 votaron a favor, 60 en contra y 5 se abstuvieron. Ahora debe tramitarse en el Consejo de los Estados (la cámara alta, de representación territorial), donde la Unión Democrática del Centro tan solo tiene 5 representantes del total de 46, lo que parece que allana el camino para la aprobación de la reforma. La votación tendrá lugar el próximo mes de diciembre.

Hasta 1995, el Código Penal suizo solo castigaba la ofensa a las creencias religiosas, en su artículo 261, aún vigente. En 1993 se aprobó la introducción del artículo 261 bis, en el que se penalizan la incitación al odio o la discriminación causadas por la pertenencia a un grupo étnico, racial o religioso. La reforma tomó efectos el 1 de enero de 1995. Esta es la redacción actual de los dos artículos:

Art. 261

Quien, pública y vilmente, ofenda o ultraje las convicciones de otros en materia de creencias, en particular la creencia en Dios, o profane los objetos de veneración religiosa, quien impida, perturbe maliciosamente o ultraje públicamente un acto religioso garantizado por la Constitución, quien, maliciosamente, profane un lugar u objeto destinado al culto o un acto religioso garantizado por la Constitución, será castigado con una multa de 180 días como máximo.

Art. 261 bis

Quien incite públicamente al odio o a la discriminación hacia una persona o a un grupo de personas debido a su de origen racial, étnico o religioso;

quien, públicamente, propague una ideología destinada a menospreciar o denigrar sistemáticamente a los miembros de una raza, grupo étnico o religión;

quien, con el mismo fin, organice, fomente o participe en actividades de propaganda;

quien públicamente, con palabras, escritos, imágenes, gestos, agresiones o por cualquier otro medio, degrade o discrimine a una persona o grupo de personas por motivo de su raza, etnia o religión, o que, por la misma razón, niegue, minimice gravemente o trate de justificar el genocidio u otros crímenes de lesa humanidad;

quien se niegue a prestar un servicio de uso público a una persona o grupo de personas por razón de su origen racial, étnico o religioso;

será castigado con pena privativa de libertad de una duración máxima de tres años o con una sanción pecuniaria.

La reforma impulsada por el diputado Reynard trata de modificar el artículo 261 bis para incluir en la lista la orientación sexual y la identidad de género, algo que, si bien ha despertado las simpatías de la mayoría de los grupos políticos, también ha provocado un discurso de feroz oposición en la Unión Democrática del Centro. El diputado de esta formación Yves Nidegger criticó en el debate parlamentario que se fuera a incluir una noción que consideraba «jurídicamente problemática e indefinible». Incluso llegó a preguntar a la cámara si «la pedofilia, la bisexualidad, la gerontofilia, la necrofilia, el fetichismo, la zoofilia, etc. —la creatividad en este ámbito es inagotable— son orientaciones sexuales que deben protegerse o no», lo cual provocó la indignación de la mayoría de los presentes.

Lo cierto es que una reforma de este tipo se le ha reclamado a Suiza repetidamente desde la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas o la Comisión Europea con la Intolerancia. ILGA Europa también ha denunciado la falta de una legislación que penalice los crímenes de odio contra la población LGTBI, lo que ha causado que Suiza ocupe el puesto 22 de 40 en el informe sobre los derechis LGTBI en Europa, justo por debajo de Estonia y Hungría, con un exiguo 38,44 % de consecución de objetivos en esta materia.

Mathias Reynard se ha declarado muy satisfecho por el resultado de la votación, que ha calificado de «victoria de los derechos humanos» y se ha mostrado muy esperanzado en la convalidación por el Consejo de los Estados. Estaremos atentos.

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El Tribunal Superior de Justicia de Kenia ha aceptado estudiar los argumentos sobre si la decisión de la India de acabar con la criminalización de la homosexualidad es relevante para Kenia. Hasta el fallo reciente de la Corte Suprema de la India (un país de más de 1.300 millones de habitantes que declaraba inconstitucional la sección 377 del Código Penal), ambos países compartían las mismas leyes que prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo debido al «legado» de la época colonial británica. Los condenados por estos «delitos» tienen que afrontar penas de hasta 14 años de prisión en Kenia. El próximo 25 de octubre el citado tribunal escuchará las alegaciones en este sentido.

El tribunal permitirá a las partes presentar comunicaciones sobre el asunto a raíz de la decisión de la Corte Suprema de la India de rechazar la sección 377 del Código Penal. La ley de la época colonial criminalizó todas las «relaciones carnales contra el orden de la naturaleza». El 25 de octubre, el altos tribunal keniata escuchará las alegaciones sobre si el reciente veredicto de la India tiene alguna relevancia para Kenia.

Los activistas que hacen campaña para despenalizar la homosexualidad constatan que la ley se usa en Kenia para perseguir a las personas LGTB. Asimismo, las medidas contra la discriminación hacen que las personas sexualmente diversas sean vulnerables a situaciones de injusticias y discriminaciones.

A los espectadores keniatas finalmente se les permitió ver Rafiki, la primera película de la historia del país en ser proyectada en el Festival de Cannes. El Tribunal Superior de Justicia de Kenia levantaba temporalmente el veto a su difusión, impuesto por las autoridades en abril del año pasado por «promoción del lesbianismo». La exhibición limitada de la cinta, que narra la historia de amor entre dos mujeres, era un requisito para poder competir en los Premios Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

La situación legal de la homosexualidad en Kenia

Actualmente existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe Homofobia de Estado de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes «tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza» o «quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza».  El artículo 163, por su parte, castiga a «quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años».

Asimismo, el artículo 165 establece que «el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años». Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

No está de más recordar, en cualquier caso, que en estos momentos se encuentra pendiente de resolución un importante proceso judicial, promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés) que busca poner fin a la criminalización de la homosexualidad en Kenia. Si la sentencia es favorable tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso. En febrero nos hacíamos eco, por cierto, de la campaña que CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, promovía contra la posible despenalización.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaba dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% consideraba tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais. Veremos si finalmente lo consiguen lo hacen los tribunales. Kenyatta se reafirmaba en su posición en abril de este año tachando los derechos LGTB de asunto «no aceptable» y «sin importancia para el pueblo de la República de Kenia».

Fuente Dosmanzanas

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La Corte Suprema de Trinidad y Tobago ha confirmado su sentencia del pasado mes de abril en la que declaraba que la penalización de la homosexualidad vulneraba la Constitución y ha emitido el texto que reforma los artículos afectados del Código Penal. Asimismo, ha denegado al Gobierno la solicitud de suspender la sentencia hasta que concluya el proceso de apelación, al que los mandatarios isleños insisten en acogerse. Recordemos que la Iglesia Católica se manifiestó a favor de la despenalización de la homosexualidad en Trinidad y Tobago.

El pasado 20 de septiembre tuvo lugar una nueva audiencia respecto a la penalización de la homosexualidad en Trinidad y Tobago, que fue declarada inconstitucional el pasado mes de abril (aunque tomó efectos en el mes de julio, cuando el dictamen fue publicado en su formato definitivo).

En la audiencia debía decidirse quién se hacía cargo de las costas judiciales del proceso y de qué manera se reformaba el texto de los artículos del Código Penal declarados inconstitucionales. Respecto al primer asunto, la jueza Devindra Rampersad ha dictaminado que las costas deben ser sufragadas por el Gobierno. En cuanto a la reforma de los artículos del Código Penal, estos eran los textos que se han declarado inconstitucionales:

Artículo 13. Sodomía.

(1) Quien cometiere sodomía comete un delito y será penado con prisión:

(a) de cadena perpetua, si lo cometiere un adulto sobre un menor de edad;

(b) de 25 años, si lo cometiere un adulto sobre otro adulto;

(c) de 5 años, si lo cometiere un menor.

(2) En este artículo, «sodomía» significa coito anal entre dos varones o de un varón con una mujer.

Artículo 16. Indecencia grave.

(1) La persona que cometiere actos de indecencia grave sobre o hacia otra persona, comete delito y será penado con prisión:

(a) de 10 años en la primera ocasión y de quince años en caso de reincidencia, si lo comete hacia o sobre un menor de dieciséis años;

(b) de 5 años, si lo comete hacia o sobre una persona de al menos dieciséis años.

(2) El apartado (1) no se aplica a los actos de indecencia grave cometidos en privado entre:

(a) un marido y su esposa; o

(b) un varón y una mujer, contando ambos con al menos 16 años de edad y con mutuo consentimiento.

(3) Un acto «de indecencia grave» es un acto distinto de las relaciones sexuales (ya sean naturales o contra natura) en el que la persona utiliza sus órganos genitales con el objetivo de excitar o satisfacer el deseo sexual.

La juez Rampersad ha comunicado que, tras la sentencia de inconstitucionalidad, la nueva redacción es la siguiente:

El apartado (2) del Artículo 13 ahora reza «En este artículo, “sodomía” significa coito anal sin consentimiento entre dos varones o de un varón con una mujer». El apartado (2) (b) del artículo 16, se refiere ahora a «personas, contando ambos con al menos 16 años de edad y con mutuo consentimiento».

Es decir, ahora las relaciones sexuales entre varones solo son delito si no hay consentimiento de todos los implicados. El Gobierno ha insistido en que recurrirá esta última resolución en la Corte de Apelaciones, pero ha visto cómo se denegaba su solicitud de suspensión de la sentencia durante el período de apelación. Por tanto, en Trinidad y Tobago las relaciones homosexuales siguen sin estar castigadas por la ley.

El largo camino hasta el fin de la penalización

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus exámenes periódicos, había recomendado repetidamente al Gobierno de Trinidad y Tobago la derogación de cualquier ley que penalizara a las minorías sexuales, sin embargo, la respuesta de las autoridades isleñas siempre fue negativa. Además, como miembro de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Trinidad y Tobago suscribió todas las resoluciones sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género adoptadas por este órgano desde 2008, pero desde 2013 exigió que se anotara a pie de página que no podía sumarse al consenso, puesto que contravenía su legislación nacional al respecto.

Dada la renuencia del Gobierno a acabar con la discriminación, el activista Jason Jones decidió presentar en febrero de 2017 una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 13 y 16 la Ley sobre Delitos Sexuales ante la Corte Suprema de Trinidad y Tobago, con sede en Puerto España. Representado por los abogados Richard Drabble, Rishi Dass y Antonio Emmanuel, en la denuncia hacía constar que «la existencia misma de estos artículos afecta continuada y directamente la vida privada del demandante, al obligarlo a respetar la ley y a abstenerse —incluso en privado con parejas masculinas que dan su consentimiento— de participar en actos sexuales prohibidos a los que está inclinado en razón de su orientación homosexual, o a cometer los actos prohibidos y, por lo tanto, ser objeto de enjuiciamiento penal». Tras la presentación de la denuncia, Jason Jones fue objeto de insultos e incluso de amenazas de muerte a través de la redes sociales. El activista, sin embargo, hizo caso omiso y continuó con su empeño.

Finalmente, el 12 abril del presente año la Corte Suprema dictaminó a su favor. Los jueces del alto tribunal opinaron que la sociedad es desafortunada cuando, de una u otra manera, valora a las personas o las identifica en función de su raza, color, sexo, edad u orientación sexual. También consideraron que negar a una minoría su derecho a la humanidad y a la dignidad humana es continuar con el tipo de pensamiento experimentado durante el apartheid en Sudáfrica y el Holocausto en Alemania. La resolución completa fue publicada y tomó efectos el 9 de julio.

Fuente Dosmanzanas

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Importante toma de posición de la justicia rumana sobre los derechos LGTB. El Tribunal Constitucional ha publicado los considerandos de su sentencia del pasado mes de junio en la que reconoció el derecho de residencia a los cónyuges de ciudadanos comunitarios. Según el alto tribunal, las parejas del mismo sexo están amparadas por el derecho constitucional a la protección de la vida privada y familiar. El fallo va en la dirección contraria a la del referéndum del próximo 7 de octubre, en el que se votará una reforma de la ley fundamental para blindar la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. 

A mediados del mes pasado conocíamos que el Senado de Rumanía daba vía libre al referéndum para prohibir el matrimonio igualitario en la Constitución, con lo que Rumanía estaría un paso más cerca de convertirse en el próximo país que eleva a nivel constitucional la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. Más de un año después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado rumano ha dado su visto bueno a la iniciativa para definirlo como la unión de un hombre y una mujer en la norma fundamental. La propuesta de reforma constitucional será sometida a referéndum el próximo 7 de octubre. Si gana el «sí», Rumanía se sumará al grupo de países en los que el matrimonio excluyente está blindado al más alto nivel normativo.

La aprobación por el Senado era el último trámite legislativo que debía superar la iniciativa de la Coalición por la Familia, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, en su batalla para conseguir el referéndum para fijar el matrimonio excluyente en la Constitución. El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado martes día 11 de septiembre. En la cámara alta también se superaron la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracciónfrente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tiene vía libre para ser votada en referéndum. La consulta se celebrará el próximo 7 de octubre y será válida si participa al menos el 30 % del censo electoral y los votos a favor superan el 50 %. En ese caso, se cambiará la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Cabe destacar que, a pesar de que la norma fundamental no haga mención explícita al sexo de los contrayentes, la legislación ordinaria ya impide el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta y la participación supera el mínimo, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder socialdemócrata Liviu Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

Sin embargo,  el Tribunal Constitucional del país acaba de decir que las parejas formadas por dos personas del mismo sexo han de tener los mismos derechos que las parejas formadas por dos personas del sexo opuesto. Según los jueces del Tribunal Constitucional rumano, las parejas homosexuales tienen derecho a llevar una vida privada y familiar exactamente igual que las parejas heterosexuales, pues han de tener “el mismo reconocimiento legal de sus derechos y obligaciones“. Que es, curiosamente, un argumento muy parecido al que terminó por tumbar la sección 377 en India, lo que llevó a la legalización de la homosexualidad allí hace unas semanas. Básicamente: va contra la Constitución cualquier ley que penalice lo que la Constitución protege.

Desde Accept, un grupo de derechos LGTB+ rumano, Teodora Ion-Rotaru ha explicado que la sentencia es “extremadamente importante“: “Lo que dice es que las parejas homosexuales han de tener los mismos derechos que las heterosexuales. El Tribunal ha sentenciado que una familia homosexual vale lo mismo que una familia heterosexual.”

Aunque el referéndum contra el matrimonio igualitario de los próximos días 6 y 7 de octubre sigue adelante, parece que aunque el resultado afiance la homofobia del país el Gobierno no lo tendrá fácil para modificar la Constitución rumana y definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Porque aunque esta sentencia llegue antes de esa reforma (ahora mismo la Constitución define el matrimonio como una union entre dos cónyuges) muchos expertos ya han avisado de que modificar eso podría suponer una violación de la propia carta magna, un ataque a los derechos humanos de la población homosexual y, además, va en contra de lo que la Unión Europea lleva meses diciendo.

El proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. Esta sentencia convertiría en poco más que papel mojado la posible prohibición constitucional del matrimonio igualitario, al menos en lo que se refiere al derecho de residencia de las parejas casadas en los que alguno de los miembros se ciudadano de la Unión.

Fuente | Associated Press, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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Pocos meses después de que el cambio político en Malasia abriese una esperanza de mejora en la situación de las personas LGTB, el primer ministro Mahathir Mohamad despeja —para mal— las dudas y aclara que su gobierno no piensa mover un solo dedo para favorecer políticas igualitarias. Antes al contrario, asegura que «no podemos aceptar» avances en ese sentido. Lo cierto es que estas declaraciones coinciden con la línea profundamente LGTBfóbica de las últimas y preocupantes noticias que hemos venido recogiendo de este país asiático. El primer ministro se pronunciaba en los términos referidos tras su reunión con la Comisión de Derechos Humanos de Malasia (SUHAKAM), que defiende una posición más inclusiva, aunque contraria al matrimonio igualitario.

«SUHAKAM no apoya los matrimonios entre personas del mismo sexo en Malasia», se apresuraban a exponer públicamente desde este organismo, a rebufo de las palabras del primer ministro. «Si bien SUKAHAM suscribe y cree en la universalidad de los derechos humanos, no deja de tener en cuenta nuestros valores específicos del contexto», añadía su portavoz. «Sin embargo, SUKAHAM es firme en su posición de que nadie tiene derecho a discriminar a las personas LGTB o a tratarlas con odio o violencia». La Comisión de Derechos Humanos de Malasia también añadía que «el Gobierno no puede permitir que una situación en la que las creencias religiosas personales junto con la inacción gubernamental y la homofobia política se conviertan en una licencia para la violencia contra las personas LGTB».

«Si bien estamos de acuerdo con las sugerencias de SUHAKAM, tenemos que recordarle que nuestro sistema de valores es diferente al de Occidente», aseguraba sin embargo el primer ministro. «No podemos aceptar, por ejemplo, LGBT [sic], o el matrimonio entre hombres y hombres, mujeres y mujeres». «Nuestro concepto de familia sigue siendo el mismo, que las parejas con niños, con sus propios hijos, son una familia, incluso niños adoptados. Pero dos hombres o dos mujeres no se consideran una familia», alega Mahathir Mohamad. Unas declaraciones que van más allá de la mera oposición al reconocimiento jurídico del matrimonio igualitario (que nunca ha estado verdaderamente sobre la mesa en Malasia).

Este vídeo recoge (en inglés) algunas de las palabras del primer ministro en contra de la igualdad del colectivo LGTB:

Escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia

En entradas anteriores hemos venido hablando de la escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia. Dos mujeres malasias, de 22 y 32 años, respectivamente, recibían a principios de este mes de septiembre seis latigazos por orden de un tribunal, tras ser descubiertas por agentes islámicos en el estado conservador de Terengganu «intentando participar en actos sexuales en un automóvil». El Gobierno, por otra parte, no solo dejaba claro su apoyo a la redada que días antes tenía lugar en un bar de ambiente gay de Kuala Lumpur sino que, en boca del ministro del Territorio Federal, Khalid Samad, expresaba que «esperamos que esta iniciativa pueda mitigar que la cultura LGTB se extienda a nuestra sociedad».

Ya con anterioridad, el nuevo Ejecutivo de Malasia había defraudado las expectativas despertadas cuando insinuó que el colectivo LGTB no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa.

Un entorno difícil para las personas LGTB

Malasia, una de las economías emergentes del sudeste asiático, es un país de variada composición étnico-religiosa, aunque de mayoría musulmana, en el que conviven leyes civiles, de obligado cumplimiento para todos, y leyes islámicas, de aplicación a los ciudadanos musulmanes. Las relaciones homosexuales, en cualquier caso, son ilegales y se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel. De hecho, en 2011 nos hacíamos eco de las intenciones de varios líderes musulmanes malasios de endurecer las medidas contra la homosexualidad y en 2015 el entonces primer ministro, Najib Razak, comparaba a las personas LGTB con el Estado Islámico, alegando que carecen de derechos humanos.

La LGTBfobia social y política imperante en Malasia ha llevado a situaciones que rozan el absurdo, y que hemos recogido en esta misma página. En febrero del año pasado, en un vídeo promovido por el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia se sugería a los homosexuales que «aprender» a ser hetero es como iniciarse en la equitación. En febrero de este año nos hacíamos eco de un artículo que ejemplificaba la estigmatización de la comunidad LGTB también desde los medios de comunicación. En abril, nos enterábamos de que la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) celebró un concurso de carteles para “convertir”alumnos gays en heterosexuales. Y en mayo que el gobierno de Malasia ha comenzado a bloquear páginas LGTB+, incluido el portal Utopia-Asia que es la principal fuente de información para viajeros gais en la región.

Especialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario. En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que habían reaccionado con horror ni siquiera precisaron que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de  T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT…

Fuente Dosmanzanas

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Los espectadores kenianos tienen por fin la oportunidad de ver Rafiki, la primera película de la historia del país en ser proyectada en el Festival de Cannes. El Tribunal Superior de Justicia de Kenia ha levantado temporalmente el veto a su difusión, impuesto por las autoridades en abril del año pasado por «promoción del lesbianismo». Un cine de Nairobi mostrará el filme en siete pases entre el 23 y el 29 de septiembre. La exhibición limitada de la cinta, que narra la historia de amor entre dos mujeres, era un requisito para poder competir en los Premios Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

Rafiki («Amiga», en suahili), dirigida por la cineasta Wanuri Kahiu y protagonizada por las actrices Samantha Mugatsia y Sheila Muniya, narra la historia de dos chicas que se enamoran en Kenia, un país en el que las relaciones homosexuales no solo son incomprendidas por la mayoría social, sino que están castigadas por la ley. «En Nairobi, las estudiantes Kena y Ziki llevan vidas muy diferentes, pero las dos hacen lo posible por alcanzar sus sueños. Sus caminos se cruzan en medio de una campaña electoral que enfrenta a sus padres respectivos. Las chicas se gustan, pero la sociedad keniana es muy conservadora, y tendrán que elegir entre el amor y la seguridad…», reza la sinopsis del filme en la web del Festival de Cannes, donde fue proyectada el pasado mes de abril.

La película está inspirada en el relato Jambula Tree, de la escritora ugandesa Monica Arac. Su selección para participar en Cannes, en concreto en su sección Un certain regard(«Una cierta mirada»), fue un hito histórico para el cine de su país, ya que ninguna película realizada en Kenia y dirigida y protagonizada por mujeres de ese país había logrado ser seleccionada para tan prestigioso certamen. A partir de ese momento comenzaban a sucederse las felicitaciones, incluyendo las de organismos como el Ministerio de Deportes y Patrimonio de Kenia o la Kenya Film Commission.

La alegría quedaba sin embargo empañada al conocerse que Ezekiel Mutua, consejero delegado del Kenya Film Classification Board (KFCB, el órgano gubernamental keniano que regula la programación y la clasificación de los contenidos audiovisuales en los medios) decidía prohibir la exhibición de la película. Según anunciaba Mutua, la razón para prohibir Rafiki era «su temática homosexual y su clara intención de promover en Kenia el lesbianismo, contrario a la ley y a los valores predominantes de los kenianos». El dirigente del KFCB tenía antecedentes de censura homófoba: en noviembre del año pasado contábamos, por ejemplo, que Mutua decidía censurar la serie de Disney Andi Mack, dirigida mayoritariamente al público preadolescente, debido a que uno de sus personajes salía del armario.

Hace solo unos días, la directora de la película presentaba una demanda contra el Gobierno keniano por el veto a su difusión. Kahiu argumentaba que la decisión de la KFCB impedía que la cinta pudiera ser evaluada por el Comité de Selección de los Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa, ya que las normas requieren que  los filmes escogidos para su toma en consideración se hayan proyectado en su país de origen antes del 30 de septiembre. El Tribunal Superior de Justicia le dio la razón y anunció el viernes pasado la suspensión temporal de la prohibición.

El fallo de la jueza Wilfrida Okwany permite la proyección de Rafiki en siete pases, desde este domingo hasta el próximo sábado, en un cine de la capital Nairobi. Okwany expresó su convicción de que Kenia es una sociedad fuerte «cuyos fundamentos morales no se verán sacudidos por ver una película como esta». La película, eso sí, está clasificada para mayores de 18 años. Ezekiel Mutua, que reaccionó airadamente en las redes sociales contra el fallo, insistió en que se exigirá un justificante de mayoría de edad para poder ver el filme.

La directora Wanuri Kahiu ha reaccionado exultante ante la sentencia: «Estoy llorando. En un aeropuerto francés. ¡Con TANTA alegría! ¡Nuestra constitución es FUERTE! ¡¡¡¡¡Dad las gracias a la libertad de expresión!!!!! ¡LO HICIMOS!», escribía en Twitter. En su primera proyección, el Prestige Cinema ha colgado el cartel de «No hay entradas».

I am crying. In a french airport. In SUCH Joy! Our constitution is STRONG! Give thanks to freedom of expression!!!! WE DID IT! We will be posting about Nairobi screening soon. Follow @rafikimovie

— Wanuri (@wanuri) 21 de septiembre de 2018

La situación legal de la homosexualidad en Kenia

Actualmente existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe Homofobia de Estado de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes «tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza» o «quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza».  El artículo 163, por su parte, castiga a «quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años».

Asimismo, el artículo 165 establece que «el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años». Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

No está de más recordar, en cualquier caso, que en estos momentos se encuentra pendiente de resolución un importante proceso judicial, promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés) que busca poner fin a la criminalización de la homosexualidad en Kenia. Si la sentencia es favorable tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso. En febrero nos hacíamos eco, por cierto, de la campaña que CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, promovía contra la posible despenalización.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaba dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% consideraba tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais. Veremos si finalmente lo consiguen lo hacen los tribunales.

Fuente Dosmanzanas

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Ante le confusión que nos hizo no dar la noticia como correspondería haberse hecho, , publicamos la rectificación que hace Dosmanzanas y que hacemos nuestra. Sentimos el error…

Terrible noticia. Eli, objeto de una brutal paliza el pasado mes de agosto en Valladolid a manos de un menor de 15 de años, falleció en la tarde de este sábado en el Hospital Río Hortega de la capital castellana. Con 59 años, Francisco Javier, Javi o la Eli, como le gustaba que la llamaran, se encontraba en estado muy grave ya desde el primer momento.

NOTA IMPORTANTE: esta entrada ha sido actualizada después de que fuentes próximas a la víctima hayan insistido en que se trataba de un hombre cis, homosexual y al que le gustaba travestirse. Rectificamos y procedemos por ello a modificar algunas de las frases, así como el titular. Por coherencia también hemos eliminado la crítica que hacíamos a diversos medios que se referían a Eli en masculino. Habituados a que muchos medios obvien referirse a las personas trans por el género por el que se identifican, nosotros mismos cometimos el error de generalizar y consideramos que este era otro de los casos. Os pedimos perdón por ello. 

En su momento informamos de la terrible agresión. Sucedió alrededor de las seis y media de la mañana del domingo 12 de agosto. Los vigilantes de seguridad del centro comercial Vallsur dieron aviso a la Policía y a los servicios de Emergencias tras encontrar a una persona inconsciente, desnuda de cintura para abajo y que además parecía haber sido víctima de un robo. Aunque en el primer momento no se facilitó su identidad, la Policía Nacional consideró que la agresión podría haber estado vinculada con «la identidad sexual de la víctima». De hecho, ya después de la agresión recogimos la polémica en redes sociales respecto al tratamiento de la noticia. La FELGTB, por ejemplo, pidió a los medios un mayor cuidado a la hora de recoger este tipo de noticias y aprovechó para recordar que, junto a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, en su momento elaboró una Guía de buenas prácticas para el tratamiento de la diversidad sexual y de género en los medios de comunicación, que pretende ser una herramienta para que los medios usen un lenguaje inclusivo y riguroso.

Volviendo a la agresión a la Eli, en la misma tarde del 12 de agosto, un menor de 15 años de edad, sin aparente conexión previa con la víctima, se entregó voluntariamente, acompañado de su madre, y confesó ser el autor. Según informa El Norte de Castilla, el menor permanece desde entonces ingresado en el centro de reclusión Zambrana y pasará ahora a ser investigado por un delito de homicidio. El diario vallisoletano informa también de que el colectivo trans ATC Rainbow tiene intención de convocar una concentración de repulsa en próximos días. «Muchas personas de nuestra asociación están asustadas debido a que esta agresión, aunque es la más grave, no es la única que ha tenido lugar últimamente en Valladolid», ha expresado su portavoz, Lunara Santamaría.

La familia de la víctima ya ha anunciado que ejercerá la acusación particular contra el menor responsable de la paliza a la Eli. «Nosotros no sabemos si fue un delito de odio o qué ocurrió exactamente, pero sí que a Eli le dieron una paliza que le ha costado la vida y que merece justicia», han asegurado. «Fue un icono que supo mostrar su sexualidad sin tabúes y que siempre fue muy respetuosa con todo el mundo y defensora del colectivo en nuestra ciudad», ha declarado por su parte una de sus hermanas.

Hay que tener en cuenta que el sumario permanece bajo secreto y por el momento no han trascendido muchos más datos de los conocidos en un primer momento. No obstante, dada la virulencia de la paliza, desde dosmanzanas seguimos considerando que, al margen de que se cometiera un robo, resulta plausible pensar que se trató de una agresión relacionada con la expresión de género de la víctima, o en la que al menos el odio por LGTBfobia pudo jugar un papel determinante.

Fuente El Norte de Catilla/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Vergonzoso artículo de Arcadi Espada (en la fotografía) en El Mundo. El escritor y periodista, especialmente conocido en estos tiempos por ser uno de los intelectuales de referencia del antiindependentismo catalán, llamaba «mariconazo», en tono abiertamente despectivo, al diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

El diario digital El Español, por su parte, se refería al Observatori contra l’Homofòbia, organización catalana que combate la LGTBfobia (y en la que por cierto conviven activistas de diferentes ideologías políticas), como la «asociación del agita el culo marica», al recoger en un artículo la denuncia de la entidad contra Espada.

En su columna, Espada criticaba a Pablo Iglesias y a Gabriel Rufián por sus interpelaciones a José María Aznar durante la intervención de este ante la Comisión del Congreso que investiga la financiación irregular del PP. «Iglesias se beneficia de actuar después de que lo haga el gamberrete Rufián. Las mentiras son las mismas, pero a Iglesias no le cuesta demasiado aparecer en escena como el ponderado jefe de la banda. Aznar se equivocó con Rufián. A Rufián hay que contestarle en sede parlamentaria diciéndole: ‘La polla, mariconazo, cómo prefieres comérmela: de un golpe o por tiempos?‘, mientras uno va sonriéndose delicadamente en su cara (…)».

El repugnante párrafo de Espada merecía el rechazo absoluto del Observatori contra l’Homofòbia, que anunciaba además su denuncia ante la Generalitat de Catalunya por vulnerar la ley catalana contra la LGTBfobia y solicitaba a Arcadi Espada y a El Mundo la retirada del artículo y disculpas públicas:

Absolut rebuig contingut homòfob d’ #AradiEspasa a diari @elmundoes. Denunciem fets a @govern a l’empara llei contra LGTBIfòbia. EXIGIM retirada article i disculpes públiques a l’autor i diari. Tot el suport @gabrielrufian pic.twitter.com/bPSZc9FaYt

— ObservatoriHomofòbia (@OCL_H) 19 de septiembre de 2018

El artículo, por cierto, merecía también la condena del colectivo madrileño Arcópoli y del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, que también han interpuesto la correspondiente denuncia por considerar que puede haber vulnerado la ley madrileña contra la LGTBfobia. «Para el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia que lidera Arcópoli estas frases son inaceptables y alientan la discriminación hacia el colectivo LGTB al utilizar el insulto ‘mariconazo’ de forma profundamente despectiva y humillante así como trata de vilipendiar y deshonrar las prácticas sexuales entre dos hombres. Creemos que en el espacio de libertad de expresión en España no caben este tipo de exabruptos que dañan nuestra dignidad. Además tiene la agravante de haber sido publicado en un medio de comunicación por lo que además de presentarlo a la Fiscalía, hemos denunciado ante la Consejería de Política Social y Familia por violar la ley 3/2016 de protección al colectivo LGTB», expresa el comunicado de las entidades madrileñas, que al igual que el Observatori catalán han pedido al El Mundo y a Arcadi Espada que retiren el artículo y pidan disculpas.

El Español llama al Observatori «la asociación del agita el culo marica»

El artículo de Arcadi Espada en El Mundo no es sin embargo la única pieza de periodismo basura relacionado con este tema. El diario digital El Españoldedicaba una crónica a la condena del Observatori contra l’Homofòbia, firmada por Cristian Campos, en la que este denigraba a la entidad catalana llamándola, ya en el titular del artículo, la «asociación del agita el culo marica». «Lo primero que llama la atención de la cuenta de Twitter del Observatori Homofòbia [sic] son algunos de los mensajes que ha retuiteado la asociación durante los últimos días. En uno de ellos, la asociación Atzagaia, compuesta según sus propias palabras por ‘un grupo de maricas’, convoca a ‘agitar el culo en el vermut marica’ que se celebró el pasado sábado 15 de septiembre en la playa de la Mar Bella de Barcelona», argumentaba Campos, incapaz de distinguir entre la apropiación de un insulto discriminador por parte de un colectivo discriminado con su uso intencionadamente despectivo.

Al parecer el periodista de El Español «necesitaba» que un portavoz del Observatori le explicase esa diferencia elemental. «Aunque he intentado contactar durante toda la mañana con el Observatori Homofòbia, me ha sido imposible hablar con sus responsables. Mi intención era preguntar por la anunciada denuncia y por la diferencia entre las palabras de Arcadi Espada (calificadas de ‘homófobas’ por la asociación) y los mensajes retuiteados por el Observatori en sus redes sociales y en los que se habla en términos tan explícitos como los de Arcadi Espada sin, al parecer, problema alguno», escribía.

Por cierto que desde el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia han querido también solidarizarse con el Observatori por el titular de El Español. «Tratar de minusvalorar a una entidad referente en el trabajo contra la homofobia en nuestro país por sus campañas dentro del colectivo LGTB es no querer entender nada. El elemento volitivo o intencional es clave, Espada quería humillar en base a la orientación sexual. El Observatori en sus campañas busca eliminar el prejuicio adueñándose de él. Desprestigiar a una ONG porque no te gusta lo que denuncia es sectarismo» ha declarado Rubén López.

Parte de la redacción de El Mundo, avergonzada

Por fortuna, parece que queda algo de vergüenza en la redacción de El Mundo, el periódico que originalmente publicaba la columna de Espada. Según desvela precisamente El Español, medio centenar de redactores de El Mundo, en sus versiones de papel y digital, han entregado a su director una carta en la que expresan su malestar por el hecho de que su periódico haya sido utilizado «para difundir frases homófobas». «Sentimos vergüenza ajena por esas palabras y lamentamos que hayan sido difundidas en nuestra cabecera», expresan los redactores.

En definitiva, una nueva muestra, y por partida doble, del lamentable tratamiento que una parte de la prensa española hace de una cuestión tan grave como es la de la LGTBfobia. Otra vez.

Fuente Dosmanzanas

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Se reaviva el debate sobre la posible despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo en Singapur. El detonante ha sido la histórica sentencia de la Corte Suprema de la India, que hace dos semanas declaró inconstitucional la sección del Código Penal heredada de la época colonial británica que criminaliza la homosexualidad. Mientras que el diplomático Tommy Koh animaba a la comunidad LGTB a presentar demandas contra la norma homófoba, una campaña recogía más de 65.000 firmas por su mantenimiento. Una posición que también defiende el arzobispo católico de la metrópoli asiática, William Goh, que teme que tras el fin de la criminalización, las personas LGTB reclamen igualdad de trato.

La influencia del histórico fallo de la Corte Suprema de la India se extiende más allá de las fronteras del país. En Singapur, potencia económica y financiera del sudeste asiático con un 9 % de la población de origen indio, se ha instalado el debate sobre la sección 377A. El artículo del Código Penal, como en el caso indio, es una herencia de la época colonial británica y castiga con hasta dos años de cárcel los actos de «gross indecency» (conducta obscena o inmoral) cometidos entre hombres en público o en privado. Aunque en la práctica apenas se aplica, la persecución legal es el principal signo de la estigmatización de las personas LGTB.

Uno de los primeros personajes públicos en posicionarse fue el diplomático Tommy Koh, que animó a la comunidad LGTB, en una entrada en Facebook, a presentar un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra la sección 377A, después de que otros intentos hayan fracasado en el pasado. Su post fue ampliamente compartido, contribuyendo a difundir el debate. Campañas de recogidas de firmas por Internet a favor y en contra de la derogación de la norma homófoba han recogido miles de adhesiones en pocos días.

Al movimiento contra la despenalización se ha sumado el arzobispo católico de Singapur, William Goh. El prelado publicó una carta pastoral en la que previene contra la posibilidad de que a la reforma siguieran nuevas reivindicaciones de la comunidad LGTB, como el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. Un argumento manido, el de la «pendiente resbaladiza», que Goh estira hasta el punto de alertar sobre una futura criminalización de las opiniones contrarias a la igualdad LGTB. El arzobispo, eso sí, siente «compasión» cuando los católicos LGTB «son excluidos o marginados por la sociedad».

No se trata, en cualquier caso, de la primera vez que representantes de la Iglesia católica se manifiestan en contra de la despenalización de la homosexualidad en el ámbito asiático. Ya sucedió, por ejemplo, en la India, donde en su momento el presidente de la Conferencia Episcopal local consideró que dicha medida confundiría a la población sobre la moralidad de las relaciones homosexuales. «Aunque despenalizar la homosexualidad no la hace moral, la gente sí puede pensar que es moralmente permisible. El Gobierno no debería dar la impresión de que la homosexualidad está permitida», manifestó en 2009 el cardenal Varkey Vithayathil, hoy fallecido.

Una sociedad muy conservadora

Singapur es una ciudad-estado del sudeste asiático, con una economía capitalista fuertemente desarrollada. Poblada por diferentes grupos étnicos y religiosos, la mayor parte de su población es de origen chino, aunque hay una elevada proporción de malayos e indios. La religión más practicada es el budismo, si bien existen importantes minorías musulmana y cristiana. Es, en cualquier caso, una sociedad globalmente muy conservadora.

Singapur no despenalizó hasta 2007 tanto el sexo oral como el sexo anal, pero sólo para heterosexuales. Las relaciones homosexuales masculinas siguen penalizadas como “conductas obscenas” de acuerdo a la ya mencionada sección 377A del Código Penal, aunque en la práctica no se persiguen, siempre y cuando se practiquen en privado. En 2015, el Gobierno seguía defendiendo el mantenimiento de este statu quo, mientras que en la actualidad se limita a constatar que, si bien la mayoría es contraria a la despenalización, la sociedad está «fuertemente dividida» sobre el asunto. Por otra parte, la comunidad LGTB es cada vez más visible y el Orgullo de Singapur crece año tras año. En 2013 salía del armario el primer político abiertamente gay del país.

Fuente Dosmanzanas

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se ha mostrado partidario de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en la nueva Constitución que se debate en el país caribeño. Este posicionamiento era recogido en la entrevista que el jefe de Estado cubano concedía este domingo a TeleSUR. Díaz-Canel, en relación al matrimonio igualitario, alegaba que este y otros temas que antes se asumían desde otra posición, y podían ser tabús, hoy están siendo tratados con otro enfoque. «Por lo tanto es necesaria la reforma constitucional», decía. «Yo defiendo de que no haya ningún tipo de discriminación». Sin embargo, el mandatario dejó claro que esta es su postura personal ya que, según explicó «la última palabra la dará el mandato popular y la soberanía del pueblo».

A finales de agosto en dosmanzanas nos hacíamos eco de que la Asamblea Nacional de Cuba tramitaba una reforma constitucional que podría abrir las puertas al matrimonio igualitario. Como publicábamos entonces, a falta de que culmine el proceso, de aprobarse la reforma en su estado actual, Cuba daría un paso de gigante en el reconocimiento de los derechos LGTB, que en los últimos años han experimentado una evolución positiva de la mano de Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro y presidenta del CENESEX (Centro Nacional de Educación Sexual).

En este sentido, aunque las recientes declaraciones del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, son un espaldarazo de cara la aprobación efectiva del matrimonio igualitario (en el contexto del paquete de reformas constitucionales), asegura que la suya no es «la última palabra». Esta previsto que el proyecto se debata hasta el 15 de noviembre y, posteriormente, se se elevará a la Asamblea Nacional un compendio de las distintas sugerencias y aportaciones. El proyecto final se someterá a referéndum el próximo 24 de febrero.

La actual Constitución de Cuba define en su artículo 36 el matrimonio como «la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que deben atender al mantenimiento del hogar y a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que este resulte compatible con el desarrollo de las actividades sociales de ambos». En la propuesta de reforma de la Constitución aprobado por la Asamblea, la definición se actualiza y el matrimonio pasa a ser la unión concertada «entre dos personas», sin mención expresa al sexo de los contrayentes.

Los activistas LGTB cubanos temen que durante este proceso la fuerza de los grupos de presión homófobos se haga valer y acabe con la retirada de la reforma del artículo referido al matrimonio. De hecho, los obispos católicos cubanos ya han apelado a la ideología para oponerse al matrimonio igualitario, asegurando que es «colonialismo ideológico» por parte de países ricos. Por su parte, la Liga Evangélica de Cuba, la Convención Bautista de Occidente, la Convención Bautista de Oriente, la Iglesia Metodista en Cuba y la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios acordaron una declaración conjunta contra el matrimonio igualitario en la que argumentan que la «ideología de género» no tiene relación alguna con la cultura cubana, «ni con los líderes históricos de la Revolución», ni con otros países comunistas como «la antigua Unión Soviética, China, Vietnam y menos aún Corea del Norte».

Fuente Dosmanzanas

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Nike está lanzando varios spots con deportistas de élite, dentro de su campaña publicitaria por el 30 aniversario del famoso Just Do It. Una de las figuras elegidas es la atleta sudafricana Caster Semenya. La compañía deportiva, con anterioridad, ya ha elegido a competidores LGTBI como protagonistas de sus anuncios. Es el caso de Chris Mosier, el primer atleta trans en competir bajo el nuevo reglamento del COI (en 2016) o la futbolista abiertamente lesbiana Megan Rapinoe. La visibilización ahora de Semenya a través de una de las grandes compañías de ropa deportiva es una buena noticia para la comunidad LGTBI y un reconocimiento a su propia trayectoria en la alta competición. Y es que pocos atletas de los Juegos Olímpicos han tenido que soportar el escrutinio que Semenya ha experimentado en los últimos años.

«¿Sería más fácil para tí si yo no fuera tan rápida? ¿Sería más sencillo si dejase de ganar? ¿Te sentirías más cómodo si me msotrase menos orgullosa? ¿Preferirías que no hubiese trabajado tan duro? ¿O simplemente si no corriese? ¿O si hubiese elegido otro deporte? ¿O si no hubiese dado mis primeros pasos? Pues lo siento, porque nací para hacer esto», es el mensaje con múltiples lecturas que contiene el vídeo que la atleta Caster Semenya protagoniza para Nike, después de que lo hiciera dos años antes el deportista trans Chris Mosier (quien, por cierto, debutó en España). El nuevo spot se ha interpretado como un tributo a Semenya, especialmente en respuesta a las continuas críticas en torno a su hiperandrogenismo y al nuevo reglamento sospechosamente selectivo de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, que parecía ideado para acabar con su exitosa carrera deportiva.

Este es el vídeo del spot:

Cuando publicamos el balance de resultados de los deportistas abiertamente LGTBI en los Juegos de Río de 2016 (el 47% de ellos logró colgarse una medalla), nos hicimos eco de la enésima polémica en la que se vio envuelta la atleta sudafricana Caster Semenya, abiertamente lesbiana. La carrera de Semenya, que en Río obtuvo el oro como corredora de 800 metros, siempre ha sido discutida por algunos debido a una supuesta intersexualidad, realidad con la que ella no se siente identificada. Semenya, a

la que al nacer le fue asignado el sexo femenino, siempre ha tenido una identidad femenina, más allá de sus circunstancias físicas. «Dios me hizo como soy y me acepto así», aseguraba la deportista en una entrevista gracias a la que fue portada de la revista sudafricana You en 2009. En ella apareció luciendo un clásico look femenino. Su oro y su tesón deportivo la convirtieron en una magnífica abanderada de Sudáfrica durante la ceremonia de clausura en Río 2016.

La lucha de Caster Semenya contra la discriminación

La de Caster Semenya es una historia de lucha en el alto nivel competitivo (hasta aquí, común a cualquier deportista de élite), pero también de lucha contra la discriminación por cuestionamiento de su identidad. Semenya volvía a la competición en verano de 2010, después de que la Asociación Internacional de Federaciones Internacionales de Atletismo pusiera fin a la investigación sobre su supuesta intersexualidad y decidiera que no había razón para impedirle participar en la competición como mujer. Algo que no gustó a sus competidoras.

Una de las intervenciones más desafortunadas en la polémica fue, por cierto, la de la atleta española Mayte Martínez, contrincante de Semenya en la final de los 800 metros. «Si me ponen a Semenya y diez hombres delante no sabría decir que ella es la mujer», llegó a manifestar la española, que acabó la carrera en séptima posición. Por una avalancha de declaraciones LGTBIfóbicas como esta, Caster Semenya se planteó rechazar la medalla mundial de 800 metros, aunque las autoridades deportivas de su país la convencieron de que no lo hiciera.

También en España, en 2009 destacados medios generalistas se sumaron a cuestionar la feminidad de Semenya. «¿Ganó ella o él?» titulaba El Mundo. «Pendiente de un control para determinar su verdadero sexo», subtitulaba. Peor aún era el inicio de su crónica: «A la chica, o lo que sea, hay algo que le motiva más que el atletismo…». Algo más serio era el tratamiento que daba El País a la noticia, aunque el redactor no resistía caer en la tentación de referirse a Semenya como «la adolescente surafricana que parece un chico y corre como un hombre con toda la barba». ABC hacía una crónica neutra de la victoria de Semenya pero cargaba las tintas en el titular, que ya desde el principio predispone al lector: «Semenya redobla las sospechas con una abusiva victoria en 800». Tampoco La Razón se quedaba atrás. «Semenya, un oro muy sospechoso», titulaba. Algo más neutros fueron entonces los tratamientos en El Periódico o en La Vanguardia.

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Un número indeterminado de fans de Dua Lipa fueron obligados a abandonar un concierto de la cantante en Shanghái, entre otros motivos, por levantarse de sus asientos y agitar banderas arcoíris. Los vigilantes de seguridad emplearon además una violencia inusitada, según puede verse en las imágenes que han circulado en redes sociales y que según denuncia South China Morning Post (diario online en inglés editado en Hong Kong) están desapareciendo del ciberespacio chino en lo que parece un evidente acto de censura. La propia cantante ha lamentado lo sucedido y se ha mostrado esperanzada de volver a China y poder actuar ante un auditorio «lleno de arcoíris».

Contrastando diferentes medios, así como las imágenes que han circulado pese al intento de censura china (y que ha difundido por ejemplo la BBC), no parece que la violencia de los vigilantes de seguridad se dirigiese de forma específica contra las banderas arcoíris (que no se identifican con claridad), sino más bien contra todos aquellos fans que se levantaban de sus asientos, bailaban o agitaban banderas o pancartas. Insertamos uno de esos vídeos, difundido en Twitter, que muestra lo absolutamente desproporcionado de la violencia utilizada:

I just CANT believe it. This is the show of Dua Lipa in Shanghai. All the fans are forbidden to stand out and could only sit on to see the show?!? If you don’t, the guard would use violence to kick u out. It’s unbelievable… #dualipa pic.twitter.com/quITZNLVxU

— Ｎｅｏ (@imneo_) 12 de septiembre de 2018

Parece verosímil, en cualquier caso, que muchos de ellos fueran en efecto fans LGTB. Sea como sea, ha sido la propia cantante, Dua Lipa, que ya desde el escenario dio muestras de sentirse muy afectada por lo que estaba sucediendo y tuvo unas palabras de ánimo hacia sus seguidores, la que se pronunciaba después en redes sociales de forma más clara y enviaba un indisimulado mensaje de cariño a sus fans LGTB:

Shanghai ❤️ pic.twitter.com/mxLHxj2Y3y

— DUA LIPA (@DUALIPA) 13 de septiembre de 2018

«Anoche lo hice por mis fans. Se lo había prometido. Estuve junto a ellos, canté con ellos, bailé con ellos. Os apoyaré a todos por vuestro amor y vuestras creencias, y estoy orgullosa y agradecida de que os sintieráis lo suficientemente seguros para demostrar vuestro orgullo en mi espectáculo. Lo que hicisteis demuestra un gran valor. Siempre quiero que mi música nos aporte fuerza, esperanza y unidad. Estoy horrorizada por lo que pasó, y os envío todo mi amor a mis fans que os vistéis afectados. Me encantará volver junto a mis fans cuando sea posible y espero ver entonces un auditorio lleno de arcoíris. Os quiero, Shanghái», fue el mensaje que difundió la cantante británica de origen albano-kosovar a través de sus redes.

Fuente Dosmanzanas

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Demoledor estudio el que publica el último número de la revista Pediatrics, que edita la Academia Americana de Pediatría, y que muestra que la tasa de intentos de suicidio entre las y los adolescentes trans es considerablemente mayor que entre sus coetáneos cis. El grupo en el que los intentos de suicidio son más numerosos es el de los chicos trans (el 50,8% reportan algún intento de suicidio), seguido de los adolescentes no binarios (41,8%) y de las chicas trans (29,9%). 

El estudio (enlace al abstract) analiza datos provenientes de la encuesta Profiles of Student Life: Attitudes and Behaviors, correspondientes a 120.617 adolescentes de edades comprendidas entre los 11 y los 19 años durante un periodo de tres años (desde junio de 2012 a mayo de 2015). Se trata de una macroencuesta de carácter general sobre las actitudes y la conducta de los adolescentes estadounidenses que entre otras muchas cuestiones recogía si los jóvenes habían cometido alguna vez un intento de suicidio (la respuesta era dicotómica y solo admitía «alguna vez» y «nunca» como respuesta, por lo que no hay datos sobre el número de «reincidentes»).

De forma global, un 14% de adolescentes reportaron haber intentado quitarse la vida alguna vez (la cifra puede parecer alta para alguien no familiarizado con la problemática, pero si se tiene en cuenta que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes estadounidenses, solo por detrás de los accidentes, no lo parece tanto). Y aunque menos del 1% se identificaron cono trans, el alto número de encuestados permite que el análisis en este grupo tenga valor. El grupo de chicos trans (para que no haya dudas: chicos a los que en el nacimiento se les asignó el sexo femenino) es el que admitió una mayor proporción de intentos de suicidio: mas de la mitad (el 50,8%) lo habían intentado. El siguiente grupo fue el de los adolescentes no binarios, es decir, aquellos que no se identifican exclusivamente como chico o como chica (el 41,8% lo había intentado). Le seguían las chicas trans (29,9%), aquellos adolescentes que en ese momento se preguntaban por su identidad («questioning», un 27,9%), y finalmente las chicas cis (17,6%) y los chicos cis (9,8%).

El estudio también tiene en cuenta el factor orientación sexual. En este sentido, identificarse además como no heterosexual aumentaba el riesgo para todos los grupos analizados, excepto el de adolescentes no binarios. El estudio no ha evaluado otras características sociodemográficas secundarias que seguramente hubieran arrojado datos igualmente interesantes.

Datos drámaticos… que si se quiere pueden combatirse

El estudio arroja, en cualquier caso, datos dramáticos. Hay que tener en cuenta, además, que el trabajo de campo corresponde a la era pre-Trump, en la que la transfobia estaba menos instalada en el debate social y político estadounidense: mucho nos tememos que los datos pueden haber empeorado.

Es cierto que no es una sorpresa, y que ya otros estudios habían puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad de los menores trans. En 2012, por ejemplo, recogíamos uno de ellos, publicado también en Pediatrics, que mostraba que niños y adolescentes trans sufren más síntomas psiquiátricos, tales como depresión e intentos de suicidio, que niños y adolescentes de su misma edad no transexuales. Las cifras eran mayores en aquellos casos en los que no se daba un manejo especializado de la situación, bien por carecer de medios económicos o porque los padres no los apoyaban en su proceso transexualizador. También es cierto que si se quiere combatir esta sangría, se puede: otro estudio del que dábamos cuenta en abril mostraba por ejemplo que solo el hecho de que los jóvenes y adolescentes trans sean tratados en su entorno con el nombre correspondiente a su identidad de género disminuía drásticamente los cuadros depresivos, los pensamientos suicidas e incluso los propios intentos de suicido. Los investigadores sabían de lo que hablaban: fue el mismo equipo que en 2017 estableció que, debido al estigma social, el porcentaje de jóvenes transgénero con ideas suicidas duplicaba el de la población general y cuadriplicaba la propensión a consumir drogas.

Fuente Dosmanzanas

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De auténtico intento de atentado puede calificarse la agresión sufrida por una pareja gay en Verona (Italia). La pareja, que ya fue víctima de una primera agresión en agosto que desencadenó cierta polémica en la ciudad, ha sido ahora atacada en su propia casa. Uno de los miembros de la pareja fue rociado con gasolina cuando se asomó al rellano para ver qué sucedía, y las paredes del edificio así como su coche han aparecido cubiertas de pintadas homófobas y simbología de extrema derecha. 

Angelo Amato, de 59 años, y Andrea Gardoni, de 23, son una pareja gay. Italianos aunque casados hace tres años en España, viven en Stallavena, un pueblo cercano a Verona. El pasado jueves, alrededor de las dos de la madrugada, escucharon ruidos que provenían del rellano de su apartamento. Andrea pensó que eran sus gatos que querían entrar, por lo que se levantó de la cama y abrió confiado la puerta. En ese momento un individuo le arrojó gasolina sobre la cara y el cuerpo. «Ne me di cuenta en ese momento que era gasolina, solo sentía que me quemaba la piel de la cara, los ojos e incluso la garganta», ha declarado a Il Post. Angelo lo escuchó gritar y corrió a auxiliarlo. Lo encontró tirado en el suelo a la puerta de la casa, en medio de un gran charco y con fuerte olor a gasolina. El agresor o agresores habían huído. Avisó a urgencias, y en poco tiempo se personaron los bomberos, los carabinieri y la asistencia sanitaria.

Lo que encontraron, además de a la pareja y de varios recipientes de gasolina y un  bote de pintura que agresor o agresores abandonaron precipitadamente, fue que los exteriores de su edificio (un apartamento a cuyo rellano de entrada se accede por una escalera directamente desde una pequeña zona ajardinada adyacente a la calle y fácilmente accesible) habían sido «decorados» con cruces gamadas y pintadas de odio. «Os llevaremos a todos a las cámaras de gas» podía leerse en la pared exterior. «Maricones quemados», habían escrito en la acera. El cristal trasero de su coche también lucía una cruz gamada. Todo apunta a que el agresor y agresores ya llevaba días observando a la pareja. Un vecinó observó hace unos diez días una presencia sospechosa en el jardín, alrededor de la medianoche. Y el 6 de septiembre la pareja encontró en buzón un anónimo escrito a ordenador con insultos homófobos y racistas y alabanzas a Hitler y a Mussolini, aunque plagado de faltas de ortografía.

Andrea y Angelo no tienen duda de que la persecución de la que son objeto está relacionada con la agresión que ya sufrieron en agosto y con los hechos posteriores. Esa primera agresión ocurrió el 11 de agosto por la noche, mientras la pareja caminaba cogida de la mano por Piazza Bra, en pleno casco histórico de Verona. En ese momento fueron agredidos por un grupo de jóvenes sin que nadie en la abarrotada plaza les ayudase. Lo sucedido ese día tuvo cierto eco en los medios, y dio lugar a una concentración de protesta convocada por grupos LGTB, antifascistas y feministas que denunciaban la desprotección que sufren las minorías en Italia. El alcalde de Verona, Federico Sboarina, destacó por su parte el hecho de que el único de los agresores identificado y detenido fuese un joven rumano de 21 años que al parecer ya era conocido por la policía, negó que Verona fuese una ciudad homófoba y acusó a los movimientos de protesta de dar mala imagen a la ciudad.

Volviendo a esta segunda agresión, por fortuna no parece que Andrea vaya a sufrir secuelas permantenes en la visión, sin duda lo que más preocupaba en un primer momento. La pareja, sin embargo, está aterrada por lo sucedido. La tragedia podría haber sido mucho mayor si el ruido no les hubieran despertado. Se trata, además, de una pareja especialmente golpeada por la homofobia. Andrea, por ejemplo, no tiene ya relación con su familia. «Mejor muerto que maricón», le espetaron en su momento.

Esperamos que la investigación progrese. Lo sucedido es de extrema gravedad, y sucede además en un país en el que la realidad social a la que se enfrentan las personas LGTB no es siempre la mejor (hace pocas semanas nos hacíamos eco de otra agresión homófoba en Turín que tuvo lugar también ante la indiferencia de los transeúntes) y que cuenta en estos momentos con un Gobierno coparticipado por la Liga Norte, hostil a los derechos de las personas LGTB. Es imperativo que el responsable o los responsables sean llevados ante la justicia para devolver cierta tranquilidad tanto a Andrea y Angelo, a los que trasladamos todo nuestro cariño, como al resto del colectivo.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Andrea Gardoni, Angelo Amato, Delitos de Odio, Discriminación, Federico Sboarina, Homofobia, Il Post, Italia, LGTBfobia, Piazza Bra, Stallavena, Verona