El pasado sábado publicábamos que Paul Makonda el gobernador de Dar es Salaam (la capital económica de Tanzania y la ciudad más poblada del país) había dado orden de comenzar una “purga” gay con la intención de arrestar a todas las personas homosexuales y “curarlas”. Makonda dio orden a todos los ciudadanos de reportar a la policía a cualquier persona que supieran (o creyeran) que era homosexual, además de haber comenzado ayer mismo la monitorización de todas las comunicaciones vía internet para identificar a los homosexuales.

Aunque el propio gobierno del país está liderado por un señor profundamente homófobo como es John Magufuli, desde el Ministerio de Exteriores han emitido un comunicado desmarcándose de las palabras de Makonda. “Queremos clarificar que el Sr. Makonda solo estaba expresando sus opiniones personales, las cuales no representan la posición oficial de la República Unida de Tanzania“, explica el comunicado, que añade: “La República Unida de Tanzania continuará respetando y defendiendo los derechos humanos tal y como provee la Constitución del país“.

Aunque al gobierno no le gusten las palabras de Makonda (o eso digan de cara a la galería internacional), tampoco parece que vayan a hacer mucho por pararle los pies. Los que sí se han puesto las pilas han sido los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea. Desde la embajada norteamericana en Tanzania emitieron el pasado viernes una alerta de seguridad que recomendaba a todos los ciudadanos americanos revisar sus perfiles en redes sociales para asegurarse de que eliminan o protegen las imágenes que pueden ir en contra de la prohibición de la homosexualidad en el país.

La nota, además, recomienda a todos los ciudadanos que en caso de ser requeridos por las fuerzas de seguridad del país exijan que se avise a la embajada, algo que como la propia embajada reconoce no se hace “de forma habitual“.

Por su parte la Unión Europa ha llamado a consultas a Roeland van de Geer, el embajador del organismo en Dar es Salaam, y además ha emitido un comunicado en el que se lamentan “del deterioro en materia de derechos humanos y aplicación de la ley en Tanzania” y anuncian “una revisión en profundidad de las relaciones con Tanzania“.

Oficialmente la “purga” gay en la región de Dar es Salaam comenzó el lunes 5 de noviembre, aunque según el gobierno de la ciudad ya han recibido más de 10.000 mensajes de ciudadanos preocupados que han hecho circular fotos, nombres, datos y direcciones de los sospechosos de ser homosexuales. “Si conoces a un homosexual, debes denunciarlo a la policía“, dijo Paul Makonda a la prensa, “Nadie puede escapar“.

Se cree que, ahora mismo, el gobierno de Makonda ya tiene en su poder los nombres de 100 personas acusadas de ser homosexuales que podrían ser detenidas en breve.

Como varias organizaciones LGTB+ del país están denunciando, la intención de Makonda no es la de asesinar, encarcelar o expulsar a las personas homosexuales sino torturarlas para “curar” su homosexualidad; algo que el propio gobernante ha reconocido en una entrevista. Para ello Makonda ha formado un grupo de 17 personas (entre las que hay varios “psiquiatras” y “doctores” que realizarán exámenes anales a los sospechosos de ser homosexuales) para llevar a cabo esta “purga”: “Tenemos un equipo de doctores y psicólogos que les ayudarán a cambiar“.

Makonda además está decidido a ignorar completamente las preocupaciones de la comunidad internacional, avisando de que “prefiero enfadar a esos países que a Dios” y asegurando que el sexo gay “socava los valores morales de los tanzanianos y de nuestras religiones cristiana y musulmana“.

Fuente Gay Star News – Pink News, vía HazteQueer

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Aunque ya hemos hablado acerca de esta situación, nos parece interesante el análisis que hace Dosmanzanas:

Jair Bolsonaro ha ganado las elecciones presidenciales en Brasil. Para otros puede haber sido un sorpresa, pero no para esta página, que desde hace años sigue la trayectoria del personaje y que siempre ha alertado de la seria posibilidad de su victoria. Una victoria que abre ahora un escenario terrible para las personas LGTB en Brasil. En el mejor de los casos, habrá una involución en su visibilidad social. Lo más probable es que a ello se le sumen los intentos del poderoso movimiento evangélico, aliado de Bolsonaro, para restringir sus derechos civiles. Todo ello en un clima de profunda hostilidad social por una parte significativa de la población, alimentada por un candidato que para ganar no ha dudado en convertir al colectivo LGTB en uno de sus chivos expiatorios, y que puede ir a más si la situación socioeconómica brasileña se complica.

Una situación de base harto complicada para el colectivo LGTB

La situación social del colectivo LGTB en Brasil es ya de partida complicada, con o sin Bolsonaro. El Grupo Gay de Bahía, colectivo que hace una meritoria labor de monitorización de los delitos de odio en ese país, tuvo conocimiento de 445 muertes violentas de personas LGTB en 2017: 387 asesinatos y 58 suicidios. «Nunca antes en la historia de este país se registraron tantas muertes, en los 38 años que el Grupo Gay de Bahía (GGB) recolecta y difunde estas estadísticas. Un aumento del 30% en relación a 2016, cuando se registraron 343 muertes», comienza su informe 2017. De alguna de estas muertes nos hemos hecho eco en esta misma página, como por ejemplo la de Dandara dos Santos, una mujer trans. Los instantes previos a su brutal asesinato fueron grabados y dieron la vuelta al mundo. Un horror que entonces conocimos gracias a aquellas imágenes (que sirven de portada al último informe anual del GGB), pero que en muchas más ocasiones es solo un número en una estadística.

La tendencia, en este sentido, ha sido creciente a lo largo de los últimos años. De las 130 personas LGTB muertas de forma violenta en el año 2000 (una cifra que se mantuvo prácticamente constante durante la primera década de este siglo) hemos pasado a 445 en 2017, el año con más muertes registradas. Y en contra de lo que podría pensarse desde la distancia, estas muertes no se dan solamente entre los miembros más vulnerables del colectivo, como es el caso de las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. En el año 2017, el grupo con más victimas (194, el 43,6%) fue el de hombres homosexuales, seguido por el de personas trans (192, el 42,9%). Por componente étnico, la mayoría de las víctimas (260, el 66%) fueron blancas, un porcentaje más de 20 puntos superior al de población blanca en Brasil. Vaya por delante nuestra consideración de que todas las víctimas son iguales: simplemente queremos constatar que la violencia por LGTBfobia en Brasil desborda las ideas preconcebidas.

Este año 2018, además, hemos sido testigos de como la LGTBfobia ha escalado hasta alcanzar ámbitos activistas y políticos. El pasado mes de octubre, asesinaron a una mujer trans al grito de “¡Bolsonaro, sí!”. En mayo recogíamos el asesinato en Río de Janeiro de la activista de género no binario Matheusa Passareli. Y en marzo el de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, afrodescendiente, abiertamente bisexual, feminista y activista en favor de los derechos humanos. Aunque en este último caso su condición de mujer bisexual quizá no fuese el factor determinante del asesinato, es imposible desligarla del todo. Una escalada a la que también nos hemos referido al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología (el organismo que regula el ejercicio de esta actividad profesional en Brasil) que prohibía desde hace años las «terapias» reparadoras de la homosexualidad.

Bolsonaro: un currículum homófobo largamente trabajado… 

Pero si algún político encarna a la perfección esa LGTBfobia en su discurso político, ese es el militar en la reserva Jair Bolsonaro, al que ya en 2011 mencionábamos en esta página cuando acusó al Ministerio de Educación de «fomentar la homosexualidad» por promover un proyecto contra la homofobia. El material del programa iba a ser difundido durante unos cursos sobre derechos humanos y minorías que se iban a impartir en los centros públicos de Secundaria. La campaña que se organizó por parte de los diputados homófobos, que calificaron la iniciativa de «kit gay», llevó al Gobierno de Dilma Rousseff a suspender la iniciativa. Por aquel entonces el ministro de Educación era precisamente Fernando Haddad, rival de Bolsonaro en las elecciones presidenciales: no es de extrañar que aquel episodio fuera resucitado en la reciente campaña electoral por los partidarios de Bolsonaro, que volvieron a utilizar el supuesto «kit gay» contra Haddad en su estrategia de difusión de información difamatoria a través de WhatsApp y redes sociales.

En 2014 volvimos a referirnos a Bolsonaro, que optó entonces a ser presidente del Comité de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Finalmente no lo consiguió, pero su carácter homófobo fue ampliamente subrayado. Basta con acudir de nuevo a la entrevista que por entonces concedió a la edición brasileña de El País. «Los homosexuales quieren hacerse pasar por víctimas, quieren superpoderes. Muere un homosexual en Brasil y los medios ya están diciendo que es homofobia. Muchos son asesinados por sus colegas, en locales de prostitución o por sobredosis. Mueren y los activistas ya dicen que es homofobia. En Brasil mueren cada día diez mujeres asesinadas por sus parejas, eso es mucho más grave. Los crímenes por homofobia deben ser tratados como cualquier otro crimen. ¿Cuántos heterosexuales mueren cada día? Muchos más que homosexuales», afirmaba.

Bolsonaro negaba también que educar en la diversidad sirviese para combatir la homofobia, y acusaba explícitamente a los que así lo defienden de querer «llevar la materia a las escuelas para transformar a niños de seis años en homosexuales. Al punto de que así se facilita la pederastia en Brasil». Y es que para el diputado brasileño, «la inmensa mayoría» de los homosexuales lo son por imitación. «Son las amistades, el consumo de drogas. Apenas una minoría nacen con defecto de fábrica. Aquí en Brasil se tiene la idea de que por ser homosexual vas a tener éxito en la vida. Las novelas muestran siempre a gais que tienen éxito, que trabajan poco y ganan mucho dinero», sostenía.

Bolsonaro acababa la entrevista burlándose del intento de aprobar una ley que castigase la violencia homófoba, a la que quitaba importancia. «¿Solo porque a uno le guste tomar por culo se convierte en un semidios al que no se le puede pegar?», remataba. Bolsonaro ha hecho otras declaraciones homófobas en el pasado (posiblemente las que más eco mediático han tenido son aquellas en las que aseguraba preferir que un hijo suyo muriese en un accidente a que apareciese «con un bigotudo»), pero basta con releer aquella entrevista a El País para ser consciente de la monstruosidad del personaje. Una entrevista, por cierto, en la que además de su desprecio hacia el colectivo LGTB, Bolsonaro se manifestaba ya partidario de la pena de muerte, de que las «personas de bien» puedan ir armadas, de reducir la edad penal para que los adolescentes que cometen delitos sean tratados como adultos o de implantar políticas de «planificación familiar» para «reducir el número de hijos de los más pobres», que según él tenían más hijos para beneficiarse de las ayudas sociales. Iniciativas todas ellas muy en línea con los derechos humanos.

… y un manipulador

Dilma Rousseff

En esa misma entrevista, por cierto, Jair Bolsonaro reconocía abiertamente que su candidatura al Comité de Derechos Humanos no era más que una estratagema política para conseguir que el PP, partido en el que entonces militaba (Partido Progresista, que pese a su nombre es un partido de derecha) se hiciese con la presidencia de la Comisión de Minas y Energía. El PP formaba por entonces parte de la «base aliada», el heterogéneo grupo de formaciones que daban apoyo parlamentario a la entonces presidenta, Dilma Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), y entre las cuales se repartían ministerios y comisiones parlamentarias. En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos y Minorías importaba poco al PT, interesado en relegar al PP brasileño a una comisión considerada menor. Pero con un candidato como Bolsonaro, el PT, presionado por el sector más sensible a los derechos humanos, se veía en la obligación de negociar. Así sucedió, de hecho. El PT se quedó la presidencia del Comité de Derechos Humanos, y aunque no cedió al PP Minas y Energía, la joya de la corona, si lo hizo con Trabajo y Transportes, considerado también importante.

Desgraciadamente no se trataba de la primera vez que el PT despreciaba el papel de la Comisión de Derechos Humanos. En su momento accedió a que el diputado evangélico Marco Feliciano (miembro del Partido Social Cristiano de Brasil, otra formación aliada de Rousseff) se hiciera con la presidencia pese a contar entre sus antecedentes con declaraciones abiertamente racistas y homófobas. Ya en ese puesto, Feliciano fue uno de los promotores de una iniciativa para reintroducir en el país las «terapias» reparadoras de la homosexualidad, que fue retirada cuando quedó claro que sería objeto de una contundente derrota en el pleno de la Cámara de Diputados si llegaba a votarse bajo la presión de las movilizaciones sociales que tenían lugar en ese momento (en las que participó de forma muy activa el colectivo LGTB).

Los años han pasado. El PP, una formación plagada de políticos corruptos (es el partido más afectado por la operación «autolavado») acabó formando parte de los partidos que promovieron la destitución de Dilma Rousseff y su sustitución por el conservador Michel Temer. Bolsonaro abandonó el partido (actualmente lidera el Partido Social Liberal, una formación de derecha extrema) y lanzó su candidatura presidencial, muy respaldada desde el principio por los grupos evangélicos, que agrupan a un quinto de la población brasileña (a los que no importa que Bolsonaro sea católico si defiende sus posiciones en materia de moral).

Poco a poco, gracias a un discurso fuertemente populista contra la delincuencia y la corrupción y al uso masivo (y carente de escrúpulos) de las redes sociales y de los grupos de WhatsApp por parte de sus partidarios, Bolsonaro fue ampliando su base electoral. Sus propuestas económicas más recientes le han valido además el apoyo de la clase dirigente y de los poderes económicos, que hace años recelaban de él. Bolsonaro, de hecho, se encargó de sellar su alianza con «los mercados» al fichar como principal asesor al economista ultraliberal Paulo Guedes. El encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva (una maniobra jurídica más que dudosa) redondeó el proceso: según las encuestas, Lula da Silva era un único político con carisma suficiente para disputar la presidencia a Bolsonaro. Por si esto fuera poco, un intento de atentado contra Bolsonaro en campaña acrecentó su popularidad y le permitió eludir el cuerpo a cuerpo con otros aspirantes a la presidencia. Llegado el momento decisivo Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales, consiguiendo el 55% de los votos en la segunda vuelta frente a un bienintencionado pero impotente Fernando Haddad.

Miedo en el colectivo LGTB

¿Qué puede suponer para el colectivo LGTB la presidencia de Bolsonaro? En el mejor de los escenarios, una profunda regresión social. Aunque la LGTBfobia de Bolsonaro se revelase «solo» como una manipulación de los peores instintos del electorado para conseguir el poder, el daño ya está hecho: basta comprobar la indisimulada homofobia de sus partidarios, desde sus cánticos multitudinarios hasta las más preocupantes amenazas a través de grupos de WhatsApp (de las que dosmanzanas ha tenido ya conocimiento). Un odio que conducirá, inevitablemente, a una mayor invisibilidad del colectivo y a una mayor vulnerabilidad de aquellas personas LGTB que pese a la situación tengan la valentía de mantenerse visibles y reivindicativas. Es esperable, en este sentido, un mayor número de agresiones y episodios de discriminación contra las personas LGTB. Quizá no se reflejará en las estadísticas (cuando el miedo de las personas LGTB al Estado se acrecienta, disminuyen las denuncias por LGTBfobia), pero mucho nos tememos que sucederá.

Pero es iluso pensar que los grupos homófobos se van a conformar con eso y no van a redoblar su presión. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que muchos de los avances en derechos LGTB que ha experimentado Brasil se han producido al margen de los poderes legislativo o ejecutivo: el matrimonio igualitario es una realidad posible gracias a resoluciones judiciales, mientras que la prohibición de las «terapias» reparadoras, sobre la que como mencionamos arriba tiene lugar una batalla en los tribunales, fue una decisión profesional del Consejo Federal de Psicología. La presión de los grupos evangélicos para que desde el poder político se ponga coto e incluso se revierta esta situación puede encontrar en Bolsonaro el aliado ideal, especialmente si pasado un tiempo la situación socioeconómica no mejora y el presidente decide seguir utilizando al colectivo LGTB como chivo expiatorio. En este caso, lo sombrío del escenario se extenderá además al ámbito jurídico y de derechos civiles.

Fuente Dosmanzanas

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Preocupantes noticias las que llegan desde Tanzania, donde el comisionado de la ciudad portuaria de Dar es-Salam, la más populosa del país, ha redoblado su ofensiva contra el colectivo LGTB y ha pedido a la población que denuncie a todas aquellas personas sospechosas de ser homosexuales para que sean detenidas e investigadas por un «equipo especial» de las fuerzas de seguridad, en funcionamiento desde el lunes. A fecha del martes se habrían recibido más de 5.000 mensajes de denuncia y las autoridades de Dar es-Salaam contarían ya con más de 100 nombres en la lista.

Lo comentábamos en la última entrada que dedicamos al país africano: «Parece que las autoridades tanzanas, a imagen y semejanza de lo que viene sucediendo en otros países de la región, han decidido estigmatizar a sus ciudadanos LGTB y utilizarlos como cabezas de turco a quienes culpar de los problemas del país. Un escenario que nos hace temor lo peor». Lo peor ha llegado. Miles de tanzanos han comenzado a denunciar a sus conciudadanos homosexuales en lo que recuerda al inicio de un pogromo en toda regla. Todo ello tras el llamamiento del comisionado de Dar es-Salam (cargo equivalente al de gobernador), Paul Makonda: «He sido informado de la presencia de muchos homosexuales en nuestra provincia. Se jactan en redes sociales. Dadme sus nombres. Mi equipo especial comenzará a capturarlos a partir del lunes», ha justificado. «Espero críticas. Pero prefiero la ira de esos países que la de Dios. El comportamiento homosexual pisotea los valores morales de los tanzanos y nuestras dos religiones, la cristiana y la musulmana», ha añadido Makonda, de fe cristiana (aunque no hay datos oficiales, se estima que alrededor del 60% de la población tanzana es cristiana, frente a un 35% de musulmanes).

El llamamiento de Makonda no es más que la última abatida de la ola de homofobia de Estado en Tanzania, que está alcanzando cotas sin predecentes. Hace poco más de un año el entonces ministro de Interior, Mwigulu Nchemba, amenazó abiertamente con detener y juzgar a quienes defendiesen los derechos LGTB en el país africano. «Me gustaría recordar y advertir a todas las organizaciones e instituciones que hacen campaña y pretenden proteger los intereses homosexuales (…) que vamos a detener a cualquiera que esté involucrado y presentar cargos ante los tribunales», aseguraba. Días antes, el presidente John Magufuli se había referido con crudeza al papel de las ONG extranjeras, a quienes prometió combatir aunque eso significara la pérdida de ayudas internacionales.

Pero fue en el verano de 2016 cuando comenzó a tenerse noticia de la deriva LGTBfoba de las autoridades tanzanas, de la mano del mencionado Paul Makonda, que parece decidido a utilizar la homofobia de la población como instrumento para encumbrarse políticamente. El comisionado de Dar es-Salam anunciaba entonces una campaña de represión contra los homosexuales, lo que dio lugar a varias detenciones en locales de ambiente. Makonda también amenazó con detener a quienes siguieran en las redes sociales a hombres abiertamente homosexuales. En octubre de 2017 se tuvo noticia de la detención de doce hombres en un hotel.

Homofobia de Estado

El Código Penal tanzano castiga las relaciones «contra el orden de la naturaleza», entre las que se incluyen la zoofilia o la sodomía, con penas de cárcel que pueden llegar hasta la cadena perpetua. La «grave indecencia» entre varones puede ser penada con cinco años de prisión. Las relaciones lésbicas, en cambio, solo están explícitamente castigadas en la región insular de Zanzíbar, con penas de hasta cinco años de cárcel que pueden sustituirse por una multa de hasta 500.000 chelines (210 euros, 230 dólares). Sin embargo, en diciembre pasado nos llegaba la noticia de la primera detención de una mujer en el interior del país tras hacerse viral un vídeo en el que besaba y regalaba un anillo a otra mujer. Una detención que claramente apuntaba a que las autoridades tanzanas han apostado por hacer una interpretación más extensiva y menos garantista de la legislación homófoba, que apenas se aplicaba hace unos pocos años.

La ofensiva se ha extendido incluso al ámbito sanitario: Un poco antes, el Ministerio de Sanidad comunicaba la prohibición de la importación y venta de lubricantes sexuales argumentando que son productos utilizados habitualmente por homosexuales y que fomentaban las relaciones entre varones y la propagación del VIH.  Sólo cuatro meses después el gobierno suspende tanto los programas de prevención, sino también los tratamientos de los enfermos de VIH y sida, en hasta 40 centros de salud privados, acusándolos de atender a personas homosexuales, según el ministro de salud, Ummy Mwalimu, una medida insólita que pone en riesgo las vidas de personas afectadas por la enfermedad, amenazando su viceministro, Hamisi Kigwangalla, de su intención de publicar una lista negra de personas homosexuales que se dedican a la prostitución online, aunque no llegó a hacerlo.

En septiembre de 2016, el viceministro de Sanidad, Hamisi Kigwangala, emitía un comunicado en el que aseguraba que el Gobierno “protegerá siempre” los valores tradicionales de la sociedad tanzana, argumentando que “no puedo negar la presencia de personas LGTBI en nuestro país y el riesgo que presentan para la propagación del VIH/sida”. Con ese propósito, a principios de 2017, Kigwangala ordenaba la detención de tres ciudadanos tanzanos, acusándoles de “promover la homosexualidad” a través de las redes sociales, y en maro afirmaba que “científicamente” la homosexualidad no existe, sino que se trata de un “constructo social”.

En junio de 2017 las amenazas alcanzan a las personas extranjeras que simplemente defiendan los derechos del colectivo LGBT. Así, el gobierno de Tanzania amenazó con deportar a quienes ayuden y defiendan al colectivo LGBT. El ministro de Interior de Tanzania amenazó con detener y juzgar a quienes defiendan los derechos LGTB. También declaró que expulsará del país, con carácter inmediato, a los miembros de organizaciones extranjeras que defiendan los derechos humanos de la población LGTB tanzana. Un paso más en la escalada represora del gobierno tanzano, que en los últimos tiempos ha arreciado en su empeño de estigmatizar a sus ciudadanos LGTB, utilizándoles como cabeza de turco a quien culpar de los problemas del país.

En definitiva, parece que las autoridades tanzanas, a imagen y semejanza de lo que viene sucediendo en otros países de la región, han decidido estigmatizar a sus ciudadanos LGTB y utilizarlos como cabezas de turco a quienes culpar de los problemas del país. Un escenario que nos hace temor lo peor.

La homosexualidad es ilegal en 38 de los 54 países africanos, castigándose con la muerte en Sudán, Somalia y Mauritania. En 2014, Uganda trata de imponer la pena de muerte a los condenados por ser homosexuales, pero ante la controversia creada la ley fue rectificada. Amnistía Internacional denuncia en julio de este mismo año que las autoridades de Tanzania estaban «arrestando y persiguiendo a la población con cargos relacionados con la homosexualidad, sometiéndoles a exámenes anales forzosos».

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido ha votado mayoritariamente a favor de una enmienda a la ley especial para Irlanda del Norte, que podría abrir la posibilidad de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo en el único territorio británico donde aún no es legal. La ley en tramitación trata de articular medidas que palíen la inactividad legislativa y ejecutiva en Irlanda del Norte, que lleva sin gobierno desde enero de 2017. La enmienda añadida a la ley se refiere a cuestiones de derechos fundamentales que aún se encuentran restringidos para los ciudadanos norirlandeses. La ley aún debe ser aprobada por la Cámara de los Lores.

La situación política en Irlanda del Norte es de completa paralización de su Asamblea y de inexistencia de Gobierno. La ley establece que los diputados norirlandeses deben declarar su afiliación unionista, nacionalista (irlandesa) o neutral al asumir el cargo, y que los principales partidos deben estar representados en el Gobierno. Sin embargo, tras las elecciones celebradas en enero de 2017, no ha habido acuerdo entre las distintas fuerzas políticas e Irlanda del Norte para formar un ejecutivo.

Por ello, en el Parlamento británico se está tramitando una ley especial que permita proseguir con las actividades ejecutiva y legislativa básicas para el funcionamiento del territorio norirlandés durante esta situación de crisis. A esa ley en tramitación, la diputada laborista Stella Creasy propuso añadir una enmienda por la que pudieran implementarse medidas para que algunos derechos fundamentales disfrutados en todos los territorios británicos excepto el norirlandés pudieran ser también efectivos para su población. Entre ellos se encuentran el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y el matrimonio entre personas del mismo sexo, ambos inexistentes en Irlanda del Norte y disfrutados por el resto de ciudadanos de los territorios británicos.

Sometida la enmienda a votación en la Cámara de los Comunes, fue aprobada por 207 votos a favor y 107 en contra. Aunque la enmienda fue formulada por una diputada del Partido Laborista, algunos de los votos favorables provinieron también de las filas del Partido Conservador, puesto que se les había dado libertad de voto. Sin embargo, los cinco representantes del DUP (Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte) votaron en contra. El sentido de su votación no es sorprendente, dado que es el partido que ha paralizado la aprobación del matrimonio igualitario en Irlanda del Norte de manera denodada, pero puede ser significativo si se tiene en cuenta que esos escasos cinco diputados son fundamentales para el sostenimiento del actual Gobierno británico.

La medida aprobaba establece que se darían instrucciones a los funcionarios de Irlanda del Norte para que los derechos fundamentales descritos en la misma no les fueran denegados a sus ciudadanos. La ley en su conjunto y las distintas enmiendas deberán ser sometidas también a la aprobación de la Cámara de los Lores para que puedan tomar efecto. Quizás esta sorprendente fórmula podría ser la que por fin despejase el camino a la igualdad de derechos de las parejas del mismo sexo norirlandesas, que han visto cómo la vía legislativa ordinaria y la vía judicial se les cerraba.

Porque, efectivamente, sus particularidades políticas son una de las causas por las que Irlanda del Norte es el único territorio del Reino Unido en el que las parejas del mismo sexo no pueden casarse legalmente. Y lo es después de que su Asamblea haya votado y rechazado la aprobación del matrimonio igualitario cinco veces consecutivas. En la última votación, que tuvo lugar en noviembre de 2015, los partidarios de la igualdad para las personas LGTB lograron ser por primera vez mayoritarios, pero el DUP (conservador y de filiación unionista protestante) de la entonces primera ministra Arlene Foster invocó el procedimiento agravado conocido como petition of concern para lograr que la proposición de ley fuera finalmente rechazada.

La petition of concern fue concebida durante los acuerdos de paz de 1988, con la idea de que cualquier legislación sobre determinados temas sensibles obtuviera un respaldo suficiente de los dos sectores, el nacionalista irlandés y el unionista. Las propuestas que se tramiten por este método deben alcanzar un 60 % de los votos de toda la Asamblea, y al menos un 40 % en cada uno de los bandos. La petition of concern debe ser solicitada por un mínimo de 30 representantes, una marca que el DUP siempre había superado por sí solo, hasta estas últimas elecciones, en que solo logró 28 representantes.

Esta pérdida de la capacidad de veto había despertado la esperanza de que el matrimonio igualitario pudiera ser finalmente aprobado en esta legislatura, pero la falta de acuerdos para la formación de Gobierno y la paralización efectiva de la Asamblea lo han hecho imposible. Además, la vía judicial quedó cerrada tras el rechazo por parte del Alto Tribunal de Belfast a las demandas de tres parejas del mismo sexo.

Permaneceremos a la expectativa de comprobar si esta vía de urgencia sirve para que se termine con la discriminación de la población LGTB de Irlanda del  Norte.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Arlene Foster, Discriminación, Irlanda del Norte, Matrimonio, Partido Conservador, Partido Laborista, Partido Unionista Democrático, Reino Unido, Stella Creasy

Una pareja gay de Sevilla denuncia que lleva más de dos años siendo acosada por una vecina que constantemente hace gala de su homofobia, y que ha llegado a agredirles físicamente en más de una ocasión. A pesar de la precaria situación de la pareja y de las múltiples denuncias (y sentencias condenatorias) presentadas, ni la administración ni la empresa municipal de la vivienda (que les brindó en su día un alquiler social) les han propuesto aún una solución efectiva que ponga fin a su infierno personal.

En marzo de 2016, Diego y su pareja lograron hacerse con una vivienda protegida en régimen de alquiler a través de la empresa municipal de la vivienda de Sevilla, Emvisesa. La tranquilidad y alegría les duró poco, porque en agosto de ese año comenzaron a ser víctimas de los ataques de una vecina homófoba que residía en el mismo bloque.

En estos dos años, la pareja ha tenido que hacer frente a pintadas homófobas en la entrada de su vivienda, arañazos en su vehículo, insultos, escupitajos y amenazas (casi) diarias. Eso, por no hablar de las múltiples agresiones físicas. «Desde tirarme por las escaleras, rociarme con espray sobre los ojos cuando venía de darme el tratamiento de radio o quimioterapia, liarse a patadas conmigo o mandarme a gente para agredirnos con un arma blanca [agresión por la que necesitó varios puntos de sutura]», explica a dosmanzanas Diego, que es pensionista y desde hace tiempo lucha contra un cáncer. «La señora no hace otra cosa que referirme que si no me mata el cáncer, me mata ella».

La cruel agresora, que además está al cargo de una persona dependiente, nunca atendió a razones. Es más, Diego le llegó a preguntar a qué obedecía esa inquina, pero ella le respondió insultándole y burlándose tanto de él como de su pareja. Las víctimas, que tienen pocos recursos económicos y padecen ansiedad desde que comenzó todo, presentaron varias denuncias ante la policía e informaron de lo ocurrido a Emvisesa, pero eso no sirvió para que la situación de acoso remitiera.

«Tenemos como seis o siete sentencias condenatorias hacia la agresora. Como ella tiene un expediente abierto con la empresa municipal, ahora incita a otro vecino que está mal económicamente para que arremeta contra nosotros», apunta. En efecto, las denuncias se saldaron siempre con la condena de la agresora por lo que el juez vio como un delito leve de daños y amenazas. Así, se obligó a la homófoba agresora a pagar varias multas y a cumplir una orden de alejamiento. Pero esa orden fue retirada poco después, porque víctimas y agresora vivían en el mismo edificio y tan solo quedó en vigor una prohibición de comunicación (algo que tampoco se ha respetado).

Diego, de 50 años, señala que Emvisesa cuenta con un protocolo de actuación para casos de incumplimiento de las normas de convivencia vecinal, pero la lentitud de la burocracia no les está ayudando en absoluto. Efectivamente, la empresa abrió un expediente a la conflictiva vecina en septiembre de 2016, pero no fue hasta septiembre de 2017 cuando procedieron a «interponer una denuncia de expulsión de la señora agresora, con primera vista en noviembre de este año».

La pareja lamenta que, a pesar de haber pedido ayuda a Emvisesa, la empresa no se ha implicado a ningún nivel. Y que no haya tenido en cuenta la ley andaluza de igualdad LGTBI, aprobada el pasado mes de diciembre. «Incluso les hemos solicitado y suplicado que nos faciliten la salida transitoria o permanente de la vivienda, cosa que no ha sido fructífera. En septiembre nos ofertaron una zona para trasladarnos, pero no se nos dio detalles de la supuesta vivienda. Solo nos dijeron que la mensualidad es elevada y que no podremos afrontarla», señala indignado. «Ya no solo tengo que estar luchando contra mi enfermedad, sino también contra la homofobia y las injusticias de la administración». Un caso terrible que demuestra que aún queda mucho por hacer para erradicar la homofobia social y la desprotección de las víctimas de LGTBfobia, que muchas veces se encuentran además en una situación de vulnerabilidad económica.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Andalucía, Delitos de Odio, Discriminación, Emvisesa, Homofobia, LGTBfobia, Sevilla

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), junto a Kiara Bambrilla

El Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó el pasado jueves el anteproyecto de ley de «Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género», una nueva norma autonómica que busca garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas LGTBI, así como el desarrollo de políticas públicas contra su discriminación. El anteproyecto debe todavía hacer su travesía parlamentaria, por lo que aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo, especialmente si se tiene en cuenta lo avanzado de la legislatura.

Junto a Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, Cantabria forma parte del ya reducido grupo de comunidades autónomas que todavía no cuentan con una legislación de este tipo. El anteproyecto (que puedes descargar aquí) sigue, en este sentido, el modelo de las últimas leyes de protección al colectivo LGTB aprobadas en otros lugares de España. Se trata de una regulación transversal que abarca diferentes áreas de actuación, con un texto que contiene principios orientadores de la actuación de los poderes públicos, y medidas de acción positiva a ejecutar, y que reconocer de forma expresa el principio de autodeterminación de género por lo que al ámbito autonómico se refiere (recordemos que, por ejemplo, las competencias sobre modificación registral del sexo y cambio de nombre en DNI y pasaporte dependen del Estado, no de las comunidades).

Así, en el ámbito educativo el anteproyecto propone que los planes y contenidos educativos incluyan el objetivo de conseguir que el ámbito escolar sea un espacio de respeto hacia todas las expresiones de género en el que se proteja al alumnado, personal docente y empleados del centro, evitando cualquier forma de discriminación. Se promueve la educación inclusiva, el respeto a la diversidad y la prevención de acoso por LGTBfobia en los centros educativos, así como un conjunto de actuaciones de especial protección hacia el alumnado trans. En el ámbito sanitario, se regula la atención sanitaria a las personas trans, con especial hincapié en menores, la modificación de la identidad del género en la documentación sanitaria, la atención a las personas intersexuales, así como la formación de los profesionales sanitarios.

En cuanto a la no discriminación en el entorno laboral, el anteproyecto incluye la incorporación de cláusulas sociales en la contratación administrativa, de forma que se valore a las empresas que implantan medidas de igualdad de oportunidades y se prohíba contratar a aquellas sancionadas o condenadas por prácticas laborales discriminatorias. También incluye medidas en el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte, así como en los medios de comunicación y en materia empleo público.

Por último, el anteproyecto recoge un capítulo sancionador para aquellas actuaciones que supongan una infracción administrativa en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Las sanciones, en función del nivel de gravedad de los hechos, podrían llegar hasta los 30.000 euros, y conllevarían igualmente sanciones accesorias como la inhabilitación temporal, por un periodo máximo de hasta 3 años, para ser titular de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos, y el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación hasta 3 años.

Alegría de Alega Cantabria y críticas de Podemos al calendario

El colectivo Alega Cantabria ha expresado su alegría de que por fin inicie su andadura la que fue su principal petición en el Orgullo LGTB, aunque ha recordado que el anteproyecto queda pendiente de la tramitación parlamentaria:

Ha llegado el día

️‍APROBADA LA LEY LGTBI+ DE CANTABRIA ️‍

Aún hace falta que se apruebe en el Parlamento, pero para eso están los currantes de Alega!!

Por si no lo sabéis, esta fue la principal petición en el orgullo pasado, y la verdad es que estamos ORGULLOSOS. (1/4) pic.twitter.com/Vw5akD5StQ

— Alega Cantabria (@AlegaCantabria) 25 de octubre de 2018

También se ha manifestado públicamente Podemos (formación que cuenta con 3 diputados en el Parlamento de Cantabria), que si bien ha expresado su alegría por el contenido del anteproyecto ha denunciado que tal y como funcionan los plazos en el Parlamento cántabro «es prácticamente imposible» que se apruebe la ley en la vigente legislatura, por lo que puede considerarse un «brindis al sol». «Desde la formación morada se recuerda que la proyecto de Ley de Igualdad de Cantabria se llevó a pleno el pasado mes de marzo y aún se encuentra en fase de enmiendas (hasta el mes de enero). En el caso de la Ley de Garantías de Derechos del Colectivo LGTBI el plazo es aún mayor, porque al tratarse de un anteproyecto debe someterse a información pública, lo que demorará aun más su llegada al Parlamento para su debate y aprobación», han expresado. Podemos critica además que el Gobierno cántabro votara en contra de algunas propuestas realizadas en el mes de junio por la formación morada que afectan de manera directa a esta normativa. «Solo puede calificarse de incoherente y oportunista», han criticado.

El Gobierno de Cantabria, recordemos, está formado por una coalición entre El Partido Regionalista de Cantabria (que lidera Miguel Ángel Revilla, el presidente autonómico) y el PSOE, que carece de mayoría absoluta en el Parlamento Regional. Ambas formaciones cuentan con 17 diputados (12 y 5, respectivamente), mientras que el PP tiene 13 diputados, Podemos 3, Ciudadanos 1 y hay además un diputado no adscrito (que fue elegido en las listas de Ciudadanos pero que abandonó este partido por disensiones internas).

Estaremos pendientes de la evolución parlamentaria del anteproyecto y muy vigilantes de si las fuerzas políticas cántabras realmente están por la labor de que la ley sea una realidad sin necesidad de esperar otra legislatura.

Fuente Dosmanzanas

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El vídeo se ha hecho viral, tras difundirlo en redes sociales @yanina_rubia. Un grupo de policías locales de Manacor, en Mallorca, intimida a un menor al grito de «ven aquí, maricón» y «ven aquí, marica». Una escena que por desgracia nos resulta familiar a muchos: la utilización del insulto homófobo desde posiciones de poder. Una prueba de lo que todavía queda por trabajar, especialmente en el ámbito de la formación en diversidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado. Después de ver imágenes como esta no resulta difícil comprender por qué tantas agresiones por LGTBfobia quedan todavía sin denunciar. 

Estas son las imágenes:

Policías locales agrediendo y llamando maricón a un menor de 16 años en Porto Cristo, Mallorca. pic.twitter.com/xhlPYvs7tO

— Yanina Hernández (@yanina_rubia) 22 de octubre de 2018

Según el digital mallorcadiario.com, el concejal de Interior de Manacor ha apelado a la prudencia porque «el vídeo solo refleja un pequeño instante de una actuación». De acuerdo a la versión oficial, los policías pidieron a un grupo de jóvenes que bajaran el volumen de la música que escuchaban en la vía pública. Poco tiempo después les volvieron a requerir lo mismo, momento en el que el grupo se habría resistido a ser ser identificado. Según el informe policial, uno de los jóvenes inició un «intento de agresión» a uno de los agentes, momento en el que estos desenfundaron sus porras. El supuesto agresor fue finalmente trasladado a dependencias policiales, desde donde se avisó a sus padres. El incidente tuvo lugar en Port de Manacor (también conocida con Porto Cristo), localidad enclavada en el término municipal de Manacor.

Es cierto que las imágenes no captan la escena desde su inicio. No ponemos tampoco en duda que los jóvenes actuasen mal, contraviniendo seguramente la normativa municipal y molestando a los residentes con el ruido de la música. Pero lo que muestra el vídeo, además de una actuación que desde luego parece desproporcionada, es un lenguaje chulesco («tócame, tócame») y expresamente homófobo («ven aquí, maricón» y «ven aquí, marica, ven») por parte de unas personas que precisamente por ser agentes del orden de un estado democrático deben estar preparados no solo física, sino también mentalmente, para abordar situaciones conflictivas, desescalándolas en lugar de provocando que se agraven, respetando en todo momento los derechos de las personas.

Somos una página LGTB. Desde este punto de vista, siendo honestos, no creemos que pueda hablarse de una agresión de motivaciones homófobas. El insulto homófobo se utiliza en este caso como una forma de intimidación hacia la parte más débil, percibida como «cobarde». Una situación de la que hemos sido testigos en cientos, miles de ocasiones. Pero esto no le resta gravedad, sobre todo cuando sale de la boca de agentes del orden. ¿Realmente podemos confiar en que quienes deben velar por nuestros derechos lo hagan si a las primeras de cambio utilizan insultos homófobos?

Como bien ha destacado en Twitter el colectivo balear Ben Amics, el incidente pone de manifiesto la «urgente necesidad» de promover acciones formativas y de sensibilización en diversidad de los cuerpos policiales, tal y como por otra parte recoge el artículo 10 de la ley balear de igualdad LGTBI:

És necessària la formació i la sensibilització en diversitat 🏳️‍🌈 als cossos de seguretat👮👮‍♀️ i és reponsabilitat de les administracions públiques garantir-ho (art. 10 #lleiLGTBI).

El cas de Portocristo és una evidència de l’urgent necessitat de promoure accions formatives.

— Ben Amics (@benamics) 24 de octubre de 2018

Fuente Dosmanzanas

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Lo publicábamos hace unos días… El Gobierno de Sebastián Piñera se niega a cumplir el acuerdo alcanzado entre el Estado chileno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el cual Chile se comprometía a promover una ley de matrimonio igualitario. El nuevo Gobierno conservador argumenta que los compromisos alcanzados en ese acuerdo ya están satisfechos con la presentación por el anterior Gobierno de un proyecto de ley de matrimonio igualitario que aunque no ha progresado (ni el Gobierno de Piñera ha demostrado interés alguno en que lo haga) formalmente no ha sido retirado.  

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el Movimiento de Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.

Mientras que la ley de identidad de género ha sido aprobada hace pocas semanas (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades en los últimos meses), el resto de avances permanecen sin embargo congelados. Es más, según se ha filtrado a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera ha manifestado ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva».

Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya ha sido cumplido con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que formalmente no ha sido retirado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».

Para el MOVILH, las argumentaciones del Gobierno Piñera no se sostienen, dado que más allá de que el proyecto de ley deba ser aprobado por el Congreso de Chile, el Estado chileno sí que se comprometió a una serie de medidas de impulso que no han existido. «Es falso que el Gobierno ya hubiese cumplido con el impulso del matrimonio igualitario. Es de conocimiento público que el actual Gobierno no ha hecho ninguna gestión a favor del matrimonio igualitario, por tanto, mal podría cumplir con su impulso. Esta evidente falta a la verdad del Ejecutivo deja en muy mal pie los niveles de confianza y transparencia que se requieren para dialogar sobre cualquier ASA [Acuerdo de Solución Amistosa]», ha expresado el MOVILH. «Para la CIDH es claro que a través del ASA el Estado de Chile se obligó a impulsar el matrimonio igualitario y que, por tanto, el cumplimiento del acuerdo pasa por adoptar medidas al respecto. Que el Gobierno niegue ello, y con publicidad a través de la prensa, es de gravedad extrema, así como un insulto y una falta de respeto a la CIDH y a nosotros/as, en calidad de peticionarios/as», añade.

Para el MOVILH, de hecho, el Gobierno de Piñera es consciente de su propia falsedad, y ha puesto como ejemplo el hecho de que ahora haya repuesto un sitio web oficial sobre el matrimonio igualitario que este colectivo había desarrollado junto al anterior Gobierno y que había retirado en julio (aunque añadiendo, eso sí, la leyenda «Esta información fue publicada durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (período 2014-2018)».

Habrá que ver qué medidas adopta a partir de ahora la CIDH ante este evidente incumplimiento de un acuerdo que en su momento supuso la paralización de la demanda del MOVILH. Estaremos atentos, aunque en cualquier caso la batalla se prevé larga.

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El Ministerio de Justicia lo anunciaba la pasada semana, y ya es una realidad publicada en el Boletín Oficial del Estado (descargar aquí). Los registros civiles tienen instrucción de facilitar el cambio de nombre a los menores transexuales. Una medida transitoria hasta que las Cortes aprueben la reforma de la vigente ley de identidad de género propuesta por el grupo socialista y que lleva más de año y medio de tramitación parlamentaria.

EL Boletín Oficial del Estado unifica el criterio para modificar o cambiar el nombre en el Registro Civil, cuyo único requisito será el de solicitarlo si eres mayor de edad, o que seas una persona emancipada o acudas con tus tutores legales, si eres menor de edad. Esta rectificación ha sido posible gracias a la lucha personal de Gabriel Delgado Suárez, un adolescente de Calatayud al que le denegaron cambiar su nombre porque no era neutro.

Cualquier persona transgénero puede cambiar o modificar su nombre en el Registro Civil reclamándolo en la oficina de su localidad o mediante documento público, según se publica en el Boletín Oficial del Estado este miércoles, 24 de octubre. El único requisito es que sean personas mayores de edad o, si se trata de menores de edad, que estén emancipados o acudan con sus tutores legales «declarando que se siente del sexo correspondiente al nombre solicitado», según aclaran desde la Dirección General de Registros y Notarios en lo que supone una unificación del criterio a nivel nacional y que antes quedaba a juicio del funcionario de turno o de un juez tras presentar un recurso.

De acuerdo a la instrucción publicada en el BOE este 24 de octubre y que firma el director general de los Registros y el Notariado, Pedro Garrido Chamorro (reproducimos literalmente):

Primero

En el supuesto de que un mayor de edad o un menor emancipado solicitara el cambio de nombre, para la asignación de uno correspondiente al sexo diferente del resultante de la inscripción de nacimiento, tal solicitud será atendida, con tal de que ante el encargado del Registro Civil, o bien en documento público, el solicitante declare que se siente del sexo correspondiente al nombre solicitado, y que no le es posible obtener el cambio de la inscripción de su sexo en el Registro Civil, por no cumplir los requisitos del art. 4 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.

Segundo

Los padres de los menores de edad, actuando conjuntamente, o quienes ejerzan la tutela sobre los mismos, podrán  solicitar la inscripción del cambio de nombre, que será atendida en el Registro Civil, con tal de que ante el encargado del Registro Civil, o bien en documento público, los representantes del menor actuando conjuntamente declaren que el mismo siente como propio el sexo correspondiente al nombre solicitado de forma clara e incontestable. La solicitud será también firmada por el menor, si tuviera más de doce años. Si el menor tuviera una edad inferior, deberá en todo caso ser oído por el encargado del Registro Civil, mediante una comunicación comprensible para el mismo y adaptada a su edad y grado de madurez.

Como recogimos tras el anuncio, la medida se hizo pública tras una reunión mantenida entre representantes de Chrysallis (asociación de familias de menores trans), la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el propio Pedro Garrido, en la que Chrysallis recordó al Ministerio que el Gobierno de España no había atendido todavía una Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados el 11 de octubre de 2016, que instaba precisamente al Ejecutivo a dictar una instrucción que facilitara el cambio de nombre en el caso de los menores trans, cuya realidad no contempla la legislación vigente. El resultado es que en muchas ocasiones ese cambio se deniega con el argumento de que el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 1957 prohíbe la imposición de nombres que induzcan a error en cuanto al sexo de la persona.

El último de los casos que ha saltado a la opinión pública ha sido el de Gabriel, un chico trans de 15 años al que el Registro Civil de Calatayud ha denegado el cambio, y ello pese a contar con el respaldo unánime de familia y escuela. El pasado viernes, de hecho,  Gabriel y su familia entregaron en la Dirección General de Registros y Notariado las más de 129.000 firmas de apoyo que han recogido a través de su campaña en Change.org.

«Te preguntas: ¿por qué no me dejan ser quien soy? Es lo único que quiero y no hago daño a nadie (…). Si hubiera puesto Gabi habría servido. Pero quiero llamarme como yo desee. Elegir otro nombre sería corregirme y yo no soy un error. El error está en la ley y en este auto injusto», declara Gabriel cuando en septiembre del año pasado le deniegan cambiar su nombre en el Registro Civil,que solicita con el objetivo de que aparezca el nombre con el que se identifica y que utiliza habitualmente en su título de la ESO, cuyo último curso está terminando. El adolescente zaragozano no solo cuenta con el apoyo de su familia, sino que presenta informes médicos de diferentes especialistas en los que explican que ya se encuentra en proceso de transición hormonal, además de un informe favorable a la rectificación de su nombre por parte del instituto de secundaria en el que está matriculado, acreditando que profesores y alumnos se dirigen a él por el nombre de Gabriel.

«Cada vez que tengo que enseñar mi DNI es una humillación, cada vez que tengo que viajar con mi pasaporte es una humillación, cada vez que tengo que sacar un billete de bus es una humillación (…). No hago daño a nadie llamándome como me llamo. No le tengo que contar a nadie mi vida privada, nadie se tiene que enterar de que soy un menor trans, es una estupidez», explica Gabriel a los medios de comunicación cuando el pasado 19 de octubre entrega entrega en la Dirección General de Registros y Notarios más de 129.000 firmas, recogidas a través de una campaña en Change.org, a favor de que le permitan cambiar su nombre en su documentación legal.

«Aprecio mucho la rapidez que se han dado. Me ha sorprendido porque pensábamos que sería antes de Navidad pero no tan pronto», declara Pilar Suárez, madre de Gabriel, explicando que la modificación del BOE se produce tras una reunión de familias de menores transexuales con Chrysallis en Madrid en la que relataron sus experiencias personales sin saber que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, les estaba escuchando y agradecía que le hubieran abierto «las puertas a una nueva realidad y nos dijo que la política tenía que estar para hacer más felices a las personas».

«Estoy contento. Es un buen paso para lograr la igualdad por la que estamos luchando. Pero solo es un paso. Ahora tenemos que ponernos a caminar. No es para nada el final», afirma Gabriel tras la publicación del BOE a su favor, valorando positivamente que el Gobierno haya mostrado su compromiso por su causa, pero señalando que la verdadera victoria sería un cambio legislativo: «Es muy positivo, pero estas son solo recomendaciones. Lo que necesitamos es una ley que nos defienda». En cualquier caso, dado que Gabriel presentó un recurso contra el auto que le denegaba el cambio de nu nombre en su DNI, todavía debe esperar para poder concluir su proceso, aunque se muestra muy optimista y agradecido por todo el apoyo que ha recibido.

Fuente Universogay/Dosmanzanas

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En Estados Unidos se calcula que hay más de 1,4 millones de personas transgénero, quienes se verían afectadas si la administración del presidente Donald Trump lleva a cabo su política de cambio en materia de reconocimiento de género.

Según lo divulgó el diario The New York Times, en un memorando del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) se propone definir legalmente el género de una persona por su sexo biológico al nacer. Este hecho anularía los derechos conquistados por la población trans desde la presidencia del exmandatario Barack Obama. “Sexo significa el estatus de una persona como hombre o mujer en función de rasgos biológicos inmutables identificables durante o antes del nacimiento”, propone el HHS en la nota, según el diario.

“El sexo que figura en el certificado de nacimiento de una persona, tal como se emitió originalmente, constituirá una prueba definitiva del sexo de una persona, a menos que sea refutado por pruebas genéticas confiables”, añade el texto oficial.

Este hecho motivó a que miles de personas protestarán este lunes en Washington ante lo que consideran una nueva arremetida del Gobierno de Trump, que ya ha venido limitado los derechos de las personas trans en ámbitos como la educación y la salud.

“Lucharemos y seremos fuertes, y estaremos aquí después de que esta administración esté en un montón de basura”, aseguró Mara Keisling, directora ejecutiva del Centro Nacional de Derechos Transgénero, de Estados Unidos.

Los activistas de la comunidad LGBT marcharon hacia la Casa Blanca con pancartas que tenía escrito “#Won’tBeErased” (#NoSeremosEliminados) en apoyó a las persona transgénero. Etiqueta que también posicionaron en las redes sociales.

Entretanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos mencionó que no hablarían de “supuestos documentos filtrados”.

El activismo LGBT se mantiene en alerta en Estados Unidos, y aseguran que habrá impugnaciones legales si dicho rumor se concreta, ya que no permitirán que se vulneren los derechos del colectivo trans.

“Si la administración quiere regresar el tiempo al continuar con su propia definición de sexo frívola y científicamente infundada, estaremos ahí para enfrentar el desafío”, aseveró la directora legal de Lambda, Dianna Flynn.

Por su parte, el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero describió a través de una cadena de tuits los posibles cambios que se plantea el Gobierno de Trump como una “abominación” y “un ataque imprudente” en las vidas de personas transgénero.

“No nos vamos a ninguna parte. Las personas trans no pueden ser borradas con un memo. Publica una selfie. Llama a un amigo. Asiste a nuestro mitin mañana. Todo para mostrarles que #WeWontBeEreased“, dijo la organización en su cuenta de Twitter.

Asimismo, informaron que a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos se están realizando manifestaciones para evitar que esta medida gubernamental se efectúe.

Fuente Universogay

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Pantallazo Instagram @angelaponceofficial | Foto: Uso Permitido

La representante de España en el Miss Universo Ángela Ponce, ha sabido enfrentar con elegancia y contundencia las críticas de los intolerantes que rechazan su participación en el concurso por ser una mujer transexual. 

“Todos hablan de libertad, pero ven a alguien libre y se espantan” escribió esta semana la modelo Ángela Ponce, representante de España en la edición de este año del concurso Miss Universo. El texto estuvo acompañado de unas hermosísimas imágenes de la beldad sevillana.

La participación de Ángela en el renombrado evento de belleza no ha pasado desapercibida, especialmente, por ser una mujer transexual. Desde su elección, muchas han sido las críticas que ha recibido, sin embargo, han sido más numerosas las palabras de aliento por el ejemplo de constancia y determinación que está transmitiendo al mundo.

Recientemente, se suscitó una polémica debido a las declaraciones ofrecidas por la representante de Colombia en el Miss Universo, Valeria Morales, quien afirmó que este tipo de eventos debe ser “exclusivamente para mujeres que nacimos mujeres”. Aunque luego se retractó por lo dicho y deseó suerte a la española, su comentario ya había corrido como pólvora ardiente por las redes sociales. Por su parte, la exMiss Universo mexicana, Lupita Jones, también se mostró en desacuerdo con la participación de Ponce y expulsó su intolerancia en la siguiente frase: “Una mujer, nacida mujer, jamás va a ser igual a un transgénero, biológicamente, no son iguales”.

Sin embargo, Ángela encaró con altura todo el vendaval. Siempre se le ha escuchado un tono conciliador y tolerante. “Mi finalidad (en el concurso) es dar a conocer mi realidad y hablar al mundo un poco sobre la educación en la diversidad que es tan escasa, un factor importante y que sin duda terminarían con tanto bullying, prejuicios y violencia”, fue parte de la respuesta que dio a Miss Colombia tras la polémica. Palabras que envió con amor y pidió respeto, tanto para ella como para su compañera de concurso.

Ella ha sabido utilizar sus redes sociales para dar a conocer la realidad de las personas trans. “El día que entendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar”, fue otro poderoso mensaje que en meses recientes publicó la joven de 27 años.

En una entrevista a la revista Smoda contó que de pequeña no tenía ningún referente, y que por ello pensaba que “a lo que más me parecía era a una persona gay”. También ha dicho que desde chica se ha caracterizado por tener una determinación de hierro para hacer lo que quería hacer con su vida. Ha sido un factor importante para llegar a ser la persona que es hoy el apoyo recibido de sus padres y hermanos.

“Quiero ser un referente tanto para mi colectivo, como para todas las mujeres. Estoy agradecida por oportunidades como estas en las que puedo poner mi granito de arena. Llevar mi mensaje al Senado de España es hacer visible una realidad que muchos desconocen. Hoy, no solo soy Miss España, sino también la voz de una comunidad que no siempre ha sido escuchada”, escribió hace unos días en Instagram como parte de su trabajo de activista a favor de los derechos humanos de las personas trans.

Fuente Universogay

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Esta es una de esas pequeñas historias de valentía contra la LGTBfobia. Una pareja de mujeres de Pensilvania decidió hace unas semanas pintar la fachada lateral de su casa con los colores de la bandera arcoíris, después de haber sido objeto de todo tipo de burlas homofóbicas por parte de sus vecinos:

Home painted with pride flag colors after neighbor allegedly uses gay slurs https://t.co/7YK3hklDC4 pic.twitter.com/8goBA34H7d

— WTAE-TV Pittsburgh (@WTAE) 31 de agosto de 2018

Cuando se mudaron a su casa de Penn Hills, en Pensilvania (Estados Unidos), Lisa Licata, de 43 años, y su pareja Sherry Lau, de 56, contaron a sus vecinos en un primer momento que eran madre e hija. Prefirieron ser cautas, puesto que les habían escuchado hacer un comentario intolerante. Sin embargo, los vecinos acabaron por descubrir la verdad sobre su relación. Desde entonces, la pareja ha tenido que lidiar con la mala baba de Ron Makay y Iolanda Wieczorkowski, unos vecinos que no han parado desde entonces de provocarlas con insultos llenos de odio, llegando incluso a disparar a su perro con un rifle de aire comprimido. El vecino niega esta última acusación, pero lo cierto es que Makay ha sido acusado por la propia policía de crueldad hacia los animales.

A medida que los insultos se intensificaban, Licata y Lau decidieron, primero, pintar la valla divisoria que separa ambas propiedades con los colores de la bandera arcoíris. «Cuando [el vecino] protestó porque la valla fuese de color arcoíris, fue cuando pensamos ‘ahora vamos a pintar la casa‘», comenta Licata. «No quiero que seamos amigos, solo quiero que me dejen tranquila. Solo quiero que paren», añade.

Por fortuna la pareja cuenta también con apoyos. Según asegura la pareja, la reacción de la comunidad local ha sido fantástica: «Casi todos se han mostrado solidarios». Por lo que se refiere a los vecinos homófobos, «han estado bastante tranquilos porque su abogado se lo aconsejó», comentan.

Y avisan: tienen pensado extender la bandera arcoíris al resto de la fachada de la casa. «Estamos en el siglo XXI. Vivimos aquí, no nos vamos a mudar. Mi familia nos acepta, mis amigos nos aceptan… si no te gusta, vive tu vida, déjanos en paz y todos contentos», apostilla Lau.

Fuente Dosmanzanas

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La policía se incauta de condones y vaselina en una fiesta gay celebrada en Cipanas en enero de 2018 (Java Occidental, Indonesia).

La policía indonesia ha arrestado a dos hombres homosexuales solo por dirigir una página de Facebook con temas LGTB. Los agentes allanaban este pasado jueves una casa de Batununggal, Java Occidental, que fue alquilada por un hombre que supuestamente creó la página de Facebook «Gay Bandung» con su compañero. Este es el primer caso de criminalización LGTB en las redes sociales en Indonesia, según medios como The Straits Times. La policía, además de detener a la pareja, se incautó de varios teléfonos móviles y 25 preservativos. Estas víctimas de la LGTBfobia de Estado se enfrentan ahora a un máximo de seis años de prisión, acusados de «transmisión y difusión de información electrónica que contiene inmoralidad».

En apenas unas horas, la página en cuestión de Facebook pasaba de 4.000 seguidoreshasta los más de 31.000 en apoyo a la pareja. Pero lo cierto es que la LGTBfobia, instigada abiertamente por las administraciones, las jerarquías religiosas y ejecutada por las supuestas fuerzas de «seguridad» de Indonesia está creciendo como la espuma. Los hombres acusados por promover la página proLGTB, según el subdirector de «delitos especiales» de la policía, Hari Brata, habrían cometido el «delito» de querer «hacer amistades entre personas del mismo sexo».

Echando un vistazo a la página, sin embargo, también se puede leer información sobre noticias a favor de los derechos del colectivo LGTB, así como cuestiones de utilidad, salud, VIH/sida o entretenimiento. Los «sospechosos» han sido acusados en virtud del Artículo 27, Punto 1, de la Ley de Transacciones Electrónicas e Información (ITE) sobre «la transmisión y difusión de información electrónica que contiene inmoralidad». La citada ley conlleva una sentencia máxima de seis años de prisión y una multa de hasta mil millones de rupias (unos 60.000 euros, aproximadamente).

Lo sucedido se enmarca en el clima de acoso contra las personas LGTB que se vive en Java Occidental, cuyo jefe de policía ya hizo pública hace año y medio su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Hace solo un par de semanas, otra página de Facebook relacionada con el tema generó controversia en la ciudad de Garut. La protesta local provocó que los administradores escolares prohibieran la presencia de estudiantes LGTB en las escuelas. El miércoles 17 de octubre, la administración de la regencia de Cianjur dio instrucciones a las mezquitas de la región pidiéndoles que prediquen sobre los peligros de la comunidad LGTB y el VIH/sida en las oraciones del viernes.

La peor situación, en Aceh

Por desgracia las noticias sobre LGTBfobia de Estado en Indonesia son incesantes. La peor situación, posiblemente, es la que se vive en la provincia de Aceh, donde dos hombres recibían el pasado mes de julio 80 latigazos acusados de practicar la homosexualidad. Un castigo semejante al que recibieron en mayo de 2017 otros dos jóvenes. En aquella ocasión recibieron 83 latigazos, también ante una multitud exaltada. Amnistía Internacional lo calificó de «repugnante espectáculo» y se sucedieron las condenas internacionales.

Debido a ello, el presidente indonesio, Joko Wivodo, presionó al gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, para que finalmente emitiese una orden en la que se establecía que los castigos físicos debían ejecutarse en el interior de las prisiones y se prohibía la grabación o difusión de imágenes de los mismos. No obstante, hubo una gran oposición por parte de los sectores religiosos, que consideraron que si los castigos no eran públicos perderían su carácter de «ejemplarizantes», idea que, al parecer, ha terminado prevaleciendo.

También hace unos meses recogíamos la detención de cuatro personas en Banda Aceh (capital de la provincia), a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentarían a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. Y a principios de año contábamos como la policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como «hombres normales».

En la provincia de Aceh, recordemos, rige la sharía desde 2005. Fue una concesión de Indonesia a los separatistas en el marco del acuerdo de paz que tuvo lugar poco después del tsunami que asoló la región. Aunque no fue hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se aprobó la ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de flagelación (que entró en vigor en octubre de 2015).

La sharía también rige en Sumatra Meridional (en este caso solo para los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría).

La persecución se extiende por el conjunto de Indonesia

Pero la persecución no se limita ya a los territorios donde rige la sharía. Ya en febrero de 2016 hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos indonesios. Desde entonces no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. En diciembre de 2017, por ejemplo, nos hacíamos eco de la condena de diez hombres a dos años de cárcel por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital del país, donde las relaciones homosexuales no son ilegales. Los detenidos fueron entonces condenados por violar la ley contra la pornografía. El que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación.

En mayo de 2017, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país.  Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres.

Esta espantosa situación podría además agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión, si bien el proyecto de ley ha sido aplazado provisionalmente.

Fuente Dosmanzanas

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La administración presidida por Donald Trump continúa en su denodada persecución de las personas trans. Según ha adelantado The New York Times, el Departamento de Salud está elaborando una reforma de las leyes federales en materia de educación que incluiría una definición del sexo o género que negaría la existencia de las personas trans y, por lo tanto, la posibilidad de que ejerzan algún derecho con su identidad de género real. Según esa definición, «el sexo se refiere a la condición de una persona como hombre o mujer en base a rasgos biológicos inmutables identificables por o antes del nacimiento». La pretensión es que esta descripción sea adoptada también por los Departamentos de Justicia, Salud y Trabajo, por lo que afectaría a las personas trans en todos los aspectos de su vida pública.

El Título IX de la Ley de Derechos Civiles establece la prohibición de discriminar en razón del sexo en los programas de educación que reciban financiación federal. La anterior administración estadounidense, presidida por Barack Obama, estimó que esa disposición también acogía a las personas trans y emitió una directiva en la que ordenaba a las instituciones de enseñanza que respetaran la identidad de género de los alumnos trans en cualquier actividad educativa. Eso amparaba a las personas trans en el uso de los baños públicos, las actividades separadas por género o la asignación de dormitorios, que debían adaptarse a la identidad de género expresada por el alumnado. Los centros que no respetasen esa normativa podían perder la financiación federal. Sin embargo, en cuanto se produjo el cambio de gobierno, la nueva Administración, presidida por Donald Trump, derogó esa directiva y dejó sin protección a los alumnos trans. Pero su pretensión es, al parecer, llegar aún más lejos.

Según un memorándum que ha llegado a manos del diario The New York Times, el Departamento de Salud está elaborando una reforma del mencionado Título IX, en la que se incluiría una definición de lo que es el sexo, con el objetivo de evitar que las personas trans puedan ver reconocida oficialmente su identidad de género. Según el Departamento de Salud, las distintas agencias gubernamentales necesitan adoptar una definición del sexo o género explícita y uniforme como algo determinado «sobre una base biológica clara, fundamentada en la ciencia, objetiva y administrable». Sin embargo, desoyendo las evidencias científicas, pretende que esa definición establezca la existencia de únicamente dos sexos, varón y mujer, inmutables y determinados por los genitales que la persona tuviera al nacer. Además, cualquier disputa administrativa en relación al reconocimiento del sexo o género se dilucidaría con pruebas genéticas.

Específicamente, el memorándum propone que «el sexo se refiera a la condición de una persona como hombre o mujer en base a rasgos biológicos inmutables identificables por o antes del nacimiento. El sexo que figure en el certificado de nacimiento de una persona, tal como se emitió originalmente, constituirá una prueba definitiva del sexo de una persona a menos que sea refutado por evidencia genética confiable».

La propuesta es que esta definición no solo afecte al Departamento de Educación, sino que sirva de guía al resto de las agencias gubernamentales. Significaría negar la existencia de casi un millón y medio de ciudadanos estadounidenses, cuya identidad de género no sería reconocida por la Administración en materia de derechos civiles de ámbito federal. Específicamente sería adoptada por el Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, el Departamento de Educación y el Departamento de Trabajo (llamados coloquialmente «los cuatro grandes»), por lo que afectaría a los ciudadanos trans en todos los aspectos de su vida pública.

Según la directora de Human Rights Campaign, Sarah Warbelow, «las personas trans están asustadas. En cada paso en el que la administración ha tenido la opción, han optado por darle la espalda a las personas trans». Por ello, el Centro Nacional por la Igualdad Transgénero ha convocado una manifestación en la ciudad de Washington, que concluirá frente a la Casa Blanca. Su directora, Mara Keisling, describe la propuesta de reforma como «una medida superagresiva, despectiva y peligrosa» que lo que trata es «decir que no existimos».

El empeño en la discriminación de las personas trans

Esta propuesta de reforma es un paso más del actual Gobierno estadounidense en su ensañamiento en socavar los derechos de las personas trans. Conquistada la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2016, Donald Trump y Mike Pence (cuya LGTBfobia era ya bien conocida antes de ser invitado por Trump a ser su candidato a vicepresidente) se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. Hay en marcha, por ejemplo, toda una operación para excluirlas del Ejército, que por el momento permanece en suspenso por decisión judicial pero que Trump y Pence parecen decididos a llevar hasta el final y llegar hasta el Tribunal Supremo, cuya actual composición puede serles desdichadamente favorable.

Una de las últimas disposiciones ha sido la retirada de las normas de protección de las personas trans recluidas en las cárceles federales que en su momento instauró la administración Obama. La administración Trump ordenó que sea el «sexo biológico», y no la identidad de género el que determine las instalaciones a las que las personas trans son asignadas. Una norma especialmente cruel hacia las mujeres trans, que han perdido de esta manera la protección de la que gozaban frente a agresiones sexuales a manos de otros reclusos.

Como hemos señalado anteriormente, la administración Trump también retiró la protección al alumnado trans en las escuelas que reciben fondos federales. Y ha prohibido, por mencionar otro ejemplo más, el uso de la palabra «transgénero» en los informes de su principal agencia sanitaria, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés). Y todo ello por no hablar de las medidas dirigidas de forma global contra el colectivo LGTB en su conjunto, como por ejemplo su intención de que el personal sanitario pueda negarse a atender a una persona homosexual, bisexual o transexual si considera que prestarle la asistencia sanitaria que precisa vulnera sus creencias.

Fuente Dosmanzanas

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Uruguay, de nuevo en vanguardia mundial en derechos LGTBI. El Parlamento de ese país acaba de aprobar la ley integral para personas trans, cuyo proyecto fue presentado hace año y medio por el Gobierno del Frente Amplio, la coalición de fuerzas de izquierda que gobierna Uruguay desde 2004 y que ha convertido a este país en uno de los más avanzados del mundo en materia de igualdad jurídica de las personas LGTBI. 

Uruguay aprobó en 2013 el matrimonio igualitario. Pero ya antes se había adelantado a sus vecinos al elaborar en 2007 una ley de uniones concubinarias, y en 2009 una ley de adopción abierta a todas las parejas con independencia de su orientación sexual y una ley de identidad de género. Esta última sin embargo, tenía como objeto principal los aspectos relacionados con la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales y había quedado ya obsoleta.

De ahí que los colectivos LGTI uruguayos hayan luchado para conseguir la aprobación de un marco legislativo más ambicioso para las personas trans, que actualice el procedimiento para acceder a la modificación de los datos pero que además contemple medidas contra la discriminación de este colectivo a nivel educativo, laboral o sociosanitario. Una demanda escuchada por el Gobierno de Tabaré Vázquez, que en mayo de 2017 presentaba un proyecto de ley integral para personas trans.  «Las personas trans que habitan el territorio nacional han sido históricamente víctimas de estigma, discriminación y violencia social y estatal, lo que ha conllevado importantes dificultades para el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Es por eso que se considera imprescindible aprobar una ley integral que incluya una pluralidad de dimensiones y que permita atender en forma simultánea distintos problemas y exclusiones que interactúan en esta población tan duramente castigada y excluida, que conforman una realidad en sí misma diferente a cualquier otra y que necesita herramientas específicas para su superación», reza la exposición de motivos de la ley.

Por lo que se refiere al procedimiento para solicitar la adecuación del nombre y sexo en documentos oficiales, este se simplifica, desapareciendo la necesidad de acreditar la estabilidad y persistencia de la «disonancia» entre el sexo biológico y la identidad reclamada durante dos años que incluía la ley de 2009. La solicitud ya no se tramitará ante el juzgado de familia, sino directamente a instancia personal ante el Registro Civil, aunque se introduce como requisito una entrevista presencial ante una comisión de tres funcionarios que certificará «la existencia de la solicitud». El Registro Civil deberá emitir una respuesta en el plazo de 30 días hábiles. Además, el procedimiento se hace extensivo a las personas menores de 18 años, aunque en ese caso deberán contar con el acuerdo de los representantes legales (los padres, en la mayoría de los casos). Solo en caso de que estos se opongan entra en juego la vía judicial, que deberá tener en cuenta en cualquier caso «el interés superior del menor». 

También merece la pena destacar que la ley fuerza a incorporar la variable «identidad de género» en todos los sistemas oficiales de información estadística de Uruguay, incluidos los censos, encuestas continuas de hogares, los informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil y otras mediciones públicas.

Importantes medidas contra la discriminación

Por lo que se refiere a las medidas para combatir la discriminación de las personas trans, la nueva ley contempla medidas como la reserva de un porcentaje del 1% de vacantes en la administración pública, así como incentivos fiscales a empresas que contraten a trabajadores trans y cursos de inserción laboral. El colectivo trans pasa a ser además uno de los grupos considerados prioritarios en los pogramas de acceso a la vivienda. Se contempla también la reserva de un cupo del 2% en becas y ayudas estudiantiles, entre otras medidas inclusivas en el ámbito de la educación, y se refuerza el derecho de las personas trans a la cobertura sanitaria sin ningún tipo de discriminación y/o patologización por su identidad de género.

También se garantiza el acceso a los tratamientos hormonales sin necesidad de autorización judicial o administrativa y sin tener que acrediar la voluntad de someterse a cirugía de reasignación. Los menores de edad, y este ha sido uno de los puntos que más debate ha generado durante el proceso de aprobación, podrán también acceder a tratamiento hormonal. Eso sí, para acceder a intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad de género deberán contar forzosamente con la autorización de los representantes legales. de la misma forma que con la adecuación del nombre y sexo en los documentos, en caso de que los padres se opongan deberá mediar una decisión judicial.

Reparación a las víctimas de la dictadura

Otra medida específica que merece la pena destacar es la inclusión de un régimen reparatorio en forma de pensión vitalicia para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido víctimas de violencia institucional, discriminación o privadas de su libertad. Hay que recordar, en este sentido, que Uuruguay sufrió una dictadura militar entre 1973 y 1985 que castigó duramente a las personas trans, especialmente a las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual.

Como bien explica la exposición de motivos de la ley, «durante la última dictadura cívico-militar (1973-1984), y en el período inmediatamente posterior (1985-1989) bajo el amparo tanto de la vigencia del Decreto Nº 680/980 (que permitía la detención para averiguación de antecedentes y la realización de razzias) como del hecho de que todavía era ilegal el comercio sexual callejero, las personas trans sufrieron una dura y sistemática persecución estatal por su identidad de género, que implicó largos y arbitrarios períodos de detención en comisarías (semanas o meses enteros), y un agravamiento importante de las condiciones de detención (tortura, maltrato, violencia sexual, chantaje, etc.). Además, las detenciones no solo se realizaron en los lugares públicos donde se desarrollaba el trabajo sexual: muchas veces la policía irrumpió en los hogares de las personas que tenía identificadas para detenerlas por el hecho de ser trans. Los testimonios de personas trans que vivieron en ese período son ilustrativos de las particularidades y la contundencia con que operó la represión policial sobre sus cuerpos, y confirman su presencia recurrente en los calabozos de las comisarías y de la Jefatura de Policía de Montevideo donde tuvieron que enfrentar durante el tiempo de detención torturas, abuso, maltrato, violencia sexual y trabajos forzosos».

Pese al ruido generado por los opositores a la ley, se estima que las personas receptoras de esta pensión ascenderán solo a unas pocas decenas.

Aprobación mayoritaria

Hablamos de una ley contra la que los sectores conservadores se han movilizado con especial ahínco (organizaciones vinculadas a las iglesias evangélicas reunieron unas 40.000 firmas en contra), utilizando como argumento principal para movilizar a sus filas la supuesta invasión de los derechos de los padres sobre sus hijos menores de edad. De hecho, han sido los artículos que incluían menciones a los menores trans los que más debate político han suscitado en la tramitación parlamentaria.

En cualquier caso, lo cierto es que la ley ha conseguido ser aprobada por una mayoría significativa del Parlamento de Uruguay. El proyecto, ya con las modificaciones incluidas en comisión, recibió el pasado martes el visto bueno del Senado por 17 votos de los 29 senadores presentes (votaron a favor los senadores del Frente Amplio y un senador independiente). Y este jueves recibía el visto bueno de la Cámara de Representantes por 62 votos de 88 presentes, después de una larga discusión de 10 horas en la que intervinieron cerca de 40 diputados. Cabe destacar, además, que el proyecto recibió apoyos no solo de los representantes del Frente Amplio (que cuenta 5o escaños), sino de varios representantes de otras fuerzas políticas.

“Es una ley de avanzada en nuestro país“, ha explicado a Efe la diputada del FA Manuela Mutti, “Es una bandera que es importante que nuestro país la levante en el marco de los derechos en América Latina“. Para Mutti la ley no es solo un avance en “derechos y democracia” sino que servirá también para conseguir “una sociedad más participativa y más justa y que, sobre todo, apunte a su escalón más débil“. Para Rodrigo Goñi, del Partido Nacional en la oposición, la ley no es tan bonita y por eso votó en contra. Según Goñi es importante “atender al sufrimiento” de las personas trans, pero no con una ley que plantea “soluciones que traen cangrejos bajo la tierra“y que “va mucho más allá de favorecer a un grupo de personas transexuales” y que le preocupa de la ley que es que tiene detrás “una ideología de género“ que afectará a las familias y confundirá a los jóvenes haciéndoles creer que ser trans es lo mejor que les puede pasar en la vida. Sin comentarios…

Dejando a un lado las estupideces de Goñi, lo cierto es que la Ley Trans de Uruguay es un ejemplo a seguir no solo para el resto de países de latinoamérica sino para todos los países del mundo. Algunos aspectos de la ley son similares a los de la Ley Trans aprobada en España hace años y en otros está muy por delante de nuestra legislación; aunque hay que recordar que hace unos meses el PSOE ya propuso actualizarla. Propuesta que fue aprobada por el Congreso con el único voto en contra… ¡cómo no! del Partido Popular.

#ESLEY 💛 Hicimos historia. Por primera vez a nivel mundial se aprueba una ley que incluye una batería de medidas de inclusión social, de reparación histórica y de reconocimiento de derechos para las personas trans.

Por 62 votos en 88 @DiputadosUY aprobó finalmente la #LeyTrans. pic.twitter.com/rkF1MHibsw

— 💛 Ovejas Negras 💛 (@ovejasnegras_uy) 20 de octubre de 2018

Fuente El Tiempo, vía Dosmanzanas

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado este 4 de octubre la inadmisión a trámite del recurso presentado por un grupo de alcaldes franceses contra su obligación como servidores públicos de celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Una larga batalla perdida por parte del sector más LGTBfobo de los ediles franceses, que ya vieron derrotadas sus intenciones por el Consejo Constitucional de su país. El dictamen es claro: no hay objeción de conciencia que ampare la homofobia de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

El matrimonio igualitario fue aprobado en Francia en mayo de 2013 tras un largo proceso parlamentario que fue acompañado por un extraordinario despliegue de homofobia social, cuya expresión máxima fueron las manifestaciones organizadas por el grupo LGTBfobo Manif pour tous. Se multiplicaron los discursos de odio, que llegaron a normalizarse socialmente, y se produjeron numerosas agresiones verbales y físicas hacia las asociaciones o particulares que defendían los derechos civiles de las minorías. Desde una parte del espectro político, gran parte de quienes proclamaban consignas discriminatorias se sintió respaldado y apoyado.

Con ese respaldo social, una vez promulgada la reforma del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, algunos alcaldes expresaron su intención de negarse a celebrar este tipo de enlaces, amparándose en el supuesto derecho a la objeción de conciencia debido a sus creencias religiosas. El Ministerio de Justicia difundió entonces una circular en la que recordaba que el incumplimiento de la ley de la República por parte de los servidores públicos podría conllevar sanciones disciplinarias, penas de prisión de hasta cinco años y multas de hasta 75.000 euros.

En respuesta a esta medida, varios de estos alcaldes se agruparon en un colectivo denominado Maires pour l’enfance (Alcaldes por la infancia, una manera muy poco sutil de relacionar una vez más homosexualidad y pederastia, al ligar la defensa de la infancia con la oposición a los derechos de las parejas del mismo sexo). Bajo estas siglas, presentaron un recurso de inconstitucionalidad a la directriz de Ministerio de Justicia, que fue denegado por el Consejo Constitucional francés en octubre de 2013, al dictaminar que la circular del Ministerio de Justicia estaba ajustada a derecho «porque el Estado únicamente está garantizando la aplicación de la ley por parte de los servidores públicos y el buen funcionamiento y la neutralidad del servicio público».

Tras el dictamen desfavorable del Consejo Constitucional, el colectivo decidió interponer demanda contra el mismo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en febrero de 2014, arguyendo que se había violado el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que proclama el derecho a «la libertad de pensamiento, conciencia y religión». Sin embargo, este 4 de octubre un juez único del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha comunicado la inadmisión a trámite del recurso, ya que los demandantes ejercían sus funciones en nombre del Estado francés y, por lo tanto, no actuaban como particulares. Ya no cabe, pues, otra instancia a la que recurrir para eludir sus obligaciones como servidores públicos y tener patente de corso para discriminar a los ciudadanos en función de su orientación sexual. No hay objeción de conciencia que ampare la homofobia de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

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Aviso de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Jamaica por su LGTBfobia de Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad autónoma dentro de la OEA, ha declarado la admisibilidad de una demanda contra la legislación jamaicana que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. La decisión es el resultado de la petición presentada por un ciudadano gay que tuvo que abandonar el país por la persecución sufrida a causa de su orientación sexual. La isla caribeña es la sociedad más hostil a la comunidad LGTB de toda América.

El desafío legal a Jamaica lo planteó en 2012 Gareth Henry, un ciudadano jamaicano que obtuvo asilo político en Canadá debido a la persecución que sufría en su país debido a su orientación sexual. La demanda contó también con el apoyo de Human Dignity Trust (HDT), una organización de lucha a favor de los derechos civiles LGTB con base en el Reino Unido. Las víctimas consignadas son el propio Henry y Simone Carline Edwards, una mujer lesbiana que solicitó asilo en los Países Bajos después de sobrevivir a los disparos de dos hombres, que también intentaron matar a su hermano gay.

Siete años después, la CIDH reconoce en su informe el hostigamiento que sufre la comunidad LGTB y lista los hechos que, de ser probados, acarrearían serias violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:  «las amenazas de muerte y a la integridad física, las afectaciones a la vida privada y familiar, las violaciones del derecho de circulación y residencia, el trato desigual, la falta de acceso a la justicia y la protección judicial, y la privación del acceso a la atención médica». Su decisión de declarar admisible la petición abre un periodo en el que se investigarán las (para la CIDH aún presuntas) violaciones de derechos humanos cometidas por Jamaica.

Los testimonios de las víctimas son estremecedores. Henry asegura que tuvo que huir de Jamaica temiendo por su vida tras ser objeto de violencia policial y de bandas organizadas y espera que la decisión de la Comisión Interamericana sea el primer paso de un cambio en la situación de las personas LGTB. Edwards destaca la sensación de impunidad que ampara a las hordas LGTBfobas como la que casi acaba con su vida y la de su hermano. También se mostró esperanzada de que las leyes que perpetúan esta situación sean derogadas algún día para poder regresar a su país sin miedo a ser atacada de nuevo. Human Dignity Trust, en un comunicado celebrando la decisión de la CIDH, recuerda que la legislación represora no solo criminaliza las relaciones consentidas entre hombres, sino que legitima la violencia contra toda la comunidad LGTB.

Jamaica, un infierno para las personas LGTB

Que Jamaica es posiblemente la sociedad más homófoba de América no es un secreto, y no solo porque las relaciones homosexuales masculinas sigan siendo delito. En el pasado hemos recogido noticias verdaderamente espantosas sobre la situación social en la que viven las personas LGTB en la isla. En diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que, según informó entonces la organización J-FLAG, había sido previamente amenazado, y en junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gais. A finales de ese mismo año, dos jóvenes descubiertos manteniendo relaciones sexuales en los baños de la Universidad Tecnológica de Jamaica caían en manos de una muchedumbre enfurecida y uno de ellos era golpeado brutalmente por los guardas de seguridad.

En septiembre de 2013, conocimos otro caso de un joven que escapó milagrosamente de un linchamiento homófobo. Poco después cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron cómo un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición.

En marzo de 2015 dábamos cuenta del brutal linchamiento a un joven gay, a manos de una turba furiosa, que lo mató a pedradas. En 2016 se producían dos nuevos asesinatos de posible motivación homófoba. Y en septiembre de 2017, el activista Dexter Pottinger era apuñalado hasta la muerte en su domicilio.

Son solo algunos de los casos que trascienden las fronteras de Jamaica. Muchos otros ni siquiera llegamos a conocerlos, entre otras cosas por la falta de confianza y la pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad ante estos casos. La violencia y el miedo, de hecho, no son episodios aislados sino que forman parte de la vida cotidiana de las personas LGTB jamaicanas, bien reflejados en el completo informe de 86 páginas que en 2014 publicó sobre Jamaica la organización Human Rights Watch.

Ello no impide que incluso en un ambiente tan hostil surjan valientes activistas, que de hecho en 2015 celebraron por primera vez varios actos con motivo del Orgullo LGTB, sin convocar, eso sí, una manifestación como tal. Algo que por supuesto sí pueden hacer los homófobos. Una de estas llamativas muestras públicas de homofobia fue la que recogimos en 2014, cuando cientos de personas, convocados por una coalición de líderes religiosos, salieron a las calles de Kingston coincidiendo con el Orgullo para protestar contra lo que denominaron la «creciente amenaza de la homosexualidad».

Fuente Dosmanzanas

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El segundo Orgullo LGTB de Kosovo se ha celebrado con éxito y sin incidentes especialmente reseñables. Eso sí, entre fuertes medidas de seguridad. Este pequeño país balcánico, que hace diez años autoproclamó su independencia de Serbia, ha dado un ejemplo a otras autoridades de la región (e incluso del continente) con mayor recorrido democrático. En la manifestación han participado la ministra de Integración Europea de Kosovo, Dhurata Hoxha, y el alcalde de Pristina, Shpend Ahmeti. Asimismo, también han apoyado la convocatoria la jefa de la oficina de la Unión Europea en Kosovo, Natalia Apostolova y el embajador de los Estados Unidos, Greg Delawie. El mismísimo presidente del país, Hashim Thaçi, se dirigió a los participantes al comienzo de la manifestación.

Lamentablemente, no toda la noticia tiene un tono positivo. Blert Morina, un activista trans de Kosovo ha dicho que las amenazas que afectan a la comunidad LGTB han obligado a muchos de sus miembros a huir a otros países. Además, añade que la policía de Kosovo no responde adecuadamente a los casos denunciados de violencia física contra personas trans. «No tenemos cifras específicas, pero como somos una pequeña comunidad podemos ver a los que faltan», dice Morina.

El primer Orgullo LGTB anunciado con antelación, a diferencia de las pequeñas marchas realizadas durante los años previos, se celebró en octubre del año pasado sin mayores incidentes. En 2016 , coincidiendo con el Día Internacional contra la LGTBfobia, cuando tuvo lugar la que puede considerarse primera manifestación LGTB. También entonces, de hecho, el presidente Thaçi hizo acto de presencia.

Kosovo ocupa el lugar 26 (de un total de 40 países) en la clasificación de ILGA Europa sobre la situación de los derechos LGTB en el continente europeo (de hecho, ha escalado un puesto con respecto al resultado del año anterior).  Dada su realidad social, es un puesto mejor que el que muchos esperarían. Y es que por ejemplo la Constitución de Kosovo, aprobada pocos meses después de la independencia, prohíbe la discriminación por orientación sexual en su artículo 24, algo que pocas constituciones del mundo incluyen de forma expresa.

Existen además leyes que prohíben tanto la discriminación por orientación sexual como por identidad de género en el empleo y en la provisión de bienes y servicios. Sin embargo, pese al reconocimiento de ciertos derechos básicos (que le permiten situarse por delante de muchos otros países europeos en los que la situación jurídica es peor) no existe reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo ni de los derechos de parentalidad. Tampoco existe un procedimiento legal que permita la modificación registral del sexo de las personas trans.

La lacra de la LGTBfobia social

Igual que recogíamos el año pasado, de nuevo este la lucha de los colectivos convocantes de la manifestación se sigue centrando en combatir la fuerte LGTBfobia social y reducir la violencia contra la población LGTB, que obliga a buena parte de esta a permanecer en el armario o a emigrar a países con sociedades más tolerantes. Y es que aunque Kosovo escape de los últimos puestos de la clasificación de ILGA Europa no significa, por desgracia, que la situación social no sea tremendamente complicada. Conviene tener en cuenta que esta clasificación tiene en cuenta las medidas políticas implementadas (en materia de igualdad y no discriminación, derecho de familia, crímenes y discursos de odio, reconocimiento legal de la identidad de género, libertades de reunión, asociación y expresión y asilo), pero no la aceptación social.

Kosovo tiene una población de alrededor de 200.000 habitantes, la mayoría de etnia albanesa y población musulmana. Serbios y bosniacos constituyen las dos minorías étnicas principales, aunque la población serbia ha disminuido drásticamente en los últimos años.

Os dejamos con un vídeo de Radio Free Europe con imágenes de la manifestación:

Fuente Dosmanzanas

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El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Forética (asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social empresarial) y REDI (Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI+) han presentado en España los «Principios de Conducta de Naciones Unidas» para hacer frente a la discriminación contra las personas LGTBI en el ámbito empresarial. La presentación de los Principios ha corrido a cargo de Fabrice Houdart, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estos principios de conducta, basados en la normativa internacional en torno a los derechos humanos y complementarios a los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, buscan ayudar a las empresas a examinar sus políticas y prácticas, así como a establecer nuevas estrategias para respetar y promover los derechos humanos de las personas LGBTI.

Estos estándares se basan en el análisis de buenas prácticas a nivel global y establecen acciones que las empresas pueden llevar a cabo para proteger los derechos de las personas LGBTI. Esto incluye eliminar el trato injusto en el lugar de trabajo, asegurarse de que las operaciones comerciales no contribuyan a la discriminación contra los clientes o proveedores, así como trabajar con los colaboradores para eliminar las prácticas discriminatorias a lo largo de la cadena de suministro. También alientan a las empresas a defender los derechos de las personas LGBTI en los países donde operan, mediante la promoción y el apoyo a las organizaciones locales. Puedes descargar un PDF con información más detallada aquí. Y en este enlace de Naciones Unidas puedes encontrar recursos sobre la materia.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín Valenzuela, ha aprovechado la oportunidad para asegurar que  la lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o características sexuales «es una prioridad de la política exterior española en materia de derechos humanos». «En el ámbito internacional, España defiende la aplicación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos que se rigen por los principios de universalidad y no discriminación», ha añadido.

Ignacio Sola, director general de Igualdad de Trato y Diversidad, ha expresado por su parte la total adhesión de su dirección general a los «Principios de conducta para las empresas» («LGBTI Business Standards»), impulsados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sola ha defendido además la implementación de políticas activas para incorporar la realidad LGBTI en todas las organizaciones. «La mejora del marco legislativo y el establecimiento de alianzas entre el sector público-sector privado son una muestra del compromiso que este Gobierno ha asumido a favor de la promoción de la igualdad de trato y la diversidad», ha asegurado. Sola ha enumerado además diferentes iniciativas que desde la secretaría de Estado de Igualdad se han puesto en marcha en los últimos años con el propósito de propiciar entornos más inclusivos en las empresas: «Un ejemplo de ello ha sido la firma del Chárter Europeo de la Diversidad, la ejecución del proyecto europeo ADIM (‘Avanzando en gestión de la Diversidad LGBT en el sector público y privado’), en partenariado con el gobierno de Portugal así como el apoyo a la realización de estudios y diagnósticos sobre la situación de las personas LGBTI en el empleo y el apoyo a otras actuaciones que se están llevando a cabo con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa y respeto a los derechos de la comunidad LGBTI».

«Cultura corporativa que favorezca la no discriminación, la igualdad y la inclusión»

Por parte de la CEOE, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Val Díez, ha querido destacar el valor simbólico de que la presentación de los Principios en España haya tenido lugar en la sede de su organización, «como prueba del compromiso de la institución con la difusión de estos valores de igualdad y respeto». Germán Granda, director general de Forética, ha asegurado que «la gestión de la diversidad requiere liderazgo en la construcción de una cultura corporativa que favorezca la no discriminación, la igualdad y la inclusión en su estrategia y operaciones. Es un compromiso ético y además un elemento clave para la competitividad de empresas y organizaciones».

El presidente de REDI, Miguel Castro, ha incidido por su parte en que «las compañías inclusivas no solo se benefician del ‘business case’ que acompaña a la diversidad corporativa en áreas como atracción y retención de talento o innovación. Los estándares de las Naciones Unidas para la inclusión del colectivo LGBTI son una muestra más de la gran importancia del papel que juegan las empresas, y como éstas puedan llegar a ser verdaderos agentes sociales en la defensa de los derechos humanos».

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El Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictaminado a favor de los dueños de una pastelería de Irlanda del Norte, que en su día se negaron a elaborar una tarta con un mensaje a favor de matrimonio igualitario. Según la sentencia, la denegación del servicio no fue motivada por la orientación sexual de los clientes, sino por la consigna política que deseaban que incluyera el producto solicitado, por lo que no cabe alegar que haya habido discriminación. Mientras que algunas asociaciones LGTB han lamentado el fallo, por temor a sus posibles implicaciones en la denegación de servicios motivadas por la orientación sexual o identidad de género, otros activistas en defensa de los derechos civiles lo han acogido de manera positiva, por estimar que es una victoria de la libertad de expresión y que también protegerá a los proveedores de servicios que sean LGTB de clientes que pretendan que elaboren productos con mensajes LGTBfobos.

La sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido da fin a un litigio que se ha prolongado durante cuatro años. Gareth Lee, un activista de la asociación LGTB norirlandesa Queer Space, celebró una fiesta reivindicativa para sus amigos en 2014, para conmemorar el Día Internacional Contra la Homofobia. Se daba la circunstancia, además, de que la celebración ocurriría tan solo unos días después de que la Asamblea de Irlanda del Norte rechazara el matrimonio igualitario por tercera vez consecutiva(posteriormente lo ha hecho en dos ocasiones más, siempre por el bloqueo del conservador Partido Unionista democrático).

Para el encuentro, Gareth encargó a la pastelería Ashers de Belfast una tarta, en la que debía aparecer la imagen de los conocidos personajes de Barrio Sésamo Epi y Blas con el mensaje «Apoya el matrimonio gay». El pedido fue inicialmente aceptado y pagado. Pero, tras examinar los detalles, los dueños de Ashers, Daniel y Amy McArthur, se negaron a cumplir con el encargo, con la excusa de que el mensaje entraba en conflicto con sus creencias cristianas evangélicas, y propusieron a Gareth Lee un reembolso.

Pero Gareth consideró que esa negativa suponía una discriminación por razón de su orientación sexual, y decidió demandar a los pasteleros. Ellos arguyeron ante el tribunal que su negativa no estaba motivada por la orientación sexual de su cliente, sino porque el mensaje «estaba en desacuerdo con los preceptos de la Biblia». El juez, sin embargo, falló a favor del demandante, al estimar que había sido discriminado por razón de su orientación sexual y sus convicciones políticas, algo prohibido expresamente por la Ley de Igualdad norirlandesa de 2006, y condenó a los demandados a abonar una multa de 560 euros.

Daniel y Amy McArthur decidieron apelar la sentencia, pues consideraban que elaborar una tarta con ese mensaje significaba que lo apoyaban, y eso vulneraba su libertad religiosa. Para ello contaron con la ayuda legal y financiera del Instituto Cristiano, bien conocido por su actitud LGTBfoba. Gareth Lee, por su parte, consiguió el apoyo legal de la Comisión de Igualdad de Irlanda del Norte, un organismo de financiación pública.

Tras cuatro días de sesiones, el 24 de octubre de 2016 el Tribunal de Apelaciones de Belfast dictaminó a favor de Gareth Lee, confirmando la sentencia del tribunal de primera instancia, que encontró «ajustada a derecho», pues los dueños de Ashers «discriminaron al demandante directamente por motivo de su orientación sexual, lo que contraviene la Ley de Igualdad de 2006».

Los dueños de la pastelería decidieron seguir litigando y recurrir al Tribunal Supremo del Reino Unido, la última instancia posible. Tras dos años de espera, el alto tribunal dio a conocer su dictamen el pasado 10 de octubre. La sentencia, cuya ponente ha sido la jueza Lady Hale, niega el hecho de que la denegación del servicio se produjera por razón de la orientación sexual del cliente, sino por el contenido político del mensaje. Es más, en la argumentación alude a un caso semejante ocurrido en los Estados Unidos en el que los dueños de una pastelería se negaron a elaborar una tarta de bodas para una pareja del mismo sexo. En esa ocasión, estima la jueza Hale, sí que se discriminó a los clientes por razón de su orientación sexual, pues no se les hubiera denegado el servicio si se hubiera tratado de una pareja heterosexual.

En el caso norirlandés, sin embargo, la magistrada estima que los dueños de la pastelería también se hubieran negado a elaborar la tarta con ese mismo mensaje aunque los clientes no pertenecieran al colectivo LGTB, pero que hubieran aceptado realizar el pedido para el mismo cliente si la tarta no incluyera ese tipo de mensaje. En la resolución, la jueza Hale afirma que «es profundamente humillante, y una afrenta a la dignidad humana, negarle un servicio a alguien por su raza, género, discapacidad, orientación sexual o cualquiera de las otras características personales protegidas. Pero eso no es lo que sucedió en este caso». Por tanto, falla a favor de los demandados y resuelve la anulación de las sanciones establecidas anteriormente.

Desde asociaciones de defensa de los derechos LGTB, como la norirlandesa The Rainbow Project, se ha acogido el fallo del Tribunal Supremo con gran preocupación. Su director, John O’Doherty, afirma que «creemos que se trata de una discriminación directa para la cual no puede haber justificación. Sin embargo, nos tomaremos tiempo para estudiar esta sentencia del Tribunal Supremo y entender por completo sus implicaciones para los derechos de las personas LGBT de acceder a bienes, instalaciones y servicios sin discriminación. Sin embargo, lo más dañino de todo ha sido el intento de los políticos de utilizar este caso para justificar la modificación de la ley para permitir que las empresas discriminen a las personas LGBT con la llamada “cláusula de conciencia”».

Por su parte, el activista por los derechos humanos, y especialmente los LGTB, Peter Tatchell, se ha felicitado por el fallo del alto tribunal, por entender que se trata de «una victoria para la libertad de expresión». Según Tatchell, la sentencia «además de significar que los Ashers no pueden ser obligados legalmente a ayudar a promover el matrimonio entre personas del mismo sexo, también significa que los pasteleros homosexuales no pueden ser obligados por ley a decorar pasteles con lemas contra los matrimonios homosexuales. Las empresas ahora pueden rechazar legalmente la solicitud de un cliente de poner un mensaje político si alegan una objeción de conciencia al respecto. Esto incluye el derecho a rechazar mensajes que sean sexistas, xenófobos o antigais, lo cual es bueno. Aunque estoy totalmente en desacuerdo con la oposición de Ashers al matrimonio igualitario, en una sociedad libre, ni ellos ni nadie deberían ser obligados a fomentar una idea política a la que se oponen».

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Amy McArthur, Ashers, Belfast, Daniel McArthur, Discriminación, Gareth Lee, Homofobia, Irlanda del Norte, John O’Doherty, Lady Hale, Peter Tatchell, Queer Space, Rainbow Project, The Rainbow Project, Tribunal de Apelaciones (Belfast), Tribunal Supremo (Reino Unido)