Imagen cedida por la víctima a «Têtu»

Ha sucedido en Lille, al norte de Francia. El pasado 26 de diciembre, alrededor de las ocho de la tarde, una pareja fue víctima de una agresión homófoba en pleno centro de la ciudad, alrededor de las ocho de la tarde. Pero más humillante que la propia agresión (de la que uno de los jóvenes, practicante de boxeo, se defendió activamente) fue la actitud de la policía, que llegó a reprochar a la pareja el ir cogidos del brazo por la calle. 

La noticia de la agresión fue inicialmente difundida sin demasiados detalles por el sitio web LGTB Inverti, pero medios generalistas aportaron posteriormente más detalles tras conseguir declaraciones de Fares Araoudiou, una de las víctimas (identificado como Safir en sus redes sociales). El joven, de 34 años, caminaba por el centro de la ciudad del brazo de su pareja cuando tres individuos se fijaron en ellos y comenzaron a lanzarles insultos homófobos. Se da la circunstancia de que Araoudiou, practicante de boxeo tailandés, se enfrentó abiertamente a los agresores. «Yo no soy de los que se dejan avasallar», ha declarado. De hecho, la actitud del joven acabó por hacer huir a los agresores, no sin antes recibir él mismo numerosos golpes que le provocaron heridas en la cara y contusiones en costillas y clavícula.

Lo que más lamenta Araoudiou, quizá más que la propia agresión, fue la actitud de la policía. Según su testimonio, primero acudió a tres agentes que se encontraban a solo cincuenta metros del lugar en el que ocurrió la agresión, y que simplemente le aconsejaron acudir a comisaría a interponer una denuncia. De hecho, según ha declarado a Têtu en una entrevista que hoy mismo publica este medio LGTB francés, «cuando los agresores salieron corriendo pasaron delante de ellos, y ni siquiera se movieron».

La pareja acudió a la comisaría para denunciar lo sucedido, pero ni siquiera pudieron acceder a las dependencias policiales. La persona que les atendió a través del interfono les dijo que para interponer una denuncia necesitaban un certificado médico. Pero lo que más les enfadó fue que les dijeran que «no tenían que haber ido cogidos del brazo», en lo que suponía, al fin y al cabo, hacerles responsables a ellos de la agresión.

Araoudiou, que ya ha regresado a Montpellier, donde vive, ha querido hacer público lo sucedido para denunciar el retroceso que cree que está viviendo Francia cinco años después de la aprobación del matrimonio igualitario. «Íbamos cogidos del brazo, ni siquiera de la mano», se lamenta el joven, que asegura sentir «disgusto y rabia». «Tengo la impresión de que estamos retrocediendo. Antes yo salía vestido de forma más extravagante, y nunca había sufrido una agresión homófoba», ha declarado a Têtu.

Se abre una investigación

La difusión de lo sucedido, de hecho, ya ha provocado la apertura este viernes de una investigación por parte de la seguridad urbana de Lille. La propia alcaldesa, Martine Aubry, expresaba su «consternación» por la agresión sufrida por la pareja en Twitter, aunque sin hacer mención a la conducta policial:

Consternée d'apprendre l'agression d'un couple homosexuel à Lille cette semaine. Tout mon soutien à Safir et son compagnon #StopHomophobie

— Martine Aubry (@MartineAubry) December 28, 2018

Confiemos en que la investigación llegue a buen puerto. No nos cansaremos de decirlo, sea en España, Francia o cualquier otro país. Si las personas LGTB ni siquiera pueden sentirse tranquilas a la hora de denunciar ante la policía las agresiones que sufren, estas nunca se podrán combatir eficazmente.

Fuente Dosmanzanas

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El gabinete del Gobierno de Tailandia ha aprobado un proyecto de ley de uniones civiles para parejas del mismo sexo. Según afirman medios oficiales, la nueva ley equipará casi por completo los derechos amparados por este tipo de unión a los del matrimonio. Sin embargo, desde sectores del activismo LGTB se cuestiona esta afirmación, puesto que las uniones civiles no podrán establecerse con ciudadanos no tailandeses, la edad en que podrán contraerse es superior a la del matrimonio y además no incluirán el derecho a la adopción conjunta. En todo caso, el proyecto de ley debe ser aún aprobado por la Asamblea Legislativa Nacional y posteriormente promulgado, lo cual puede demorar aún varios meses, más aún teniendo en cuenta que en febrero de 2019 se celebrarán elecciones generales en Tailandia.

El Departamento de Derechos y Libertades de Tailandia ha dado a conocer que, durante los días 12 a 16 del pasado mes de noviembre, el Gobierno tailandés organizó unas audiencias públicas respecto a la elaboración de un proyecto de ley de uniones civiles para las parejas del mismo sexo, una iniciativa que pretende dar una imagen de país tolerante con la población LGTB con vistas al turismo. A las audiencias fueron invitadas distintas organizaciones y también miembros de las comunidades budista, cristiana y musulmana.

Posteriormente, Kerdchoke Kasemwongjit, director del mencionado organismo, informaba que este 25 de diciembre el gabinete gubernamental había aprobado el correspondiente proyecto de ley. Según Kerdchocke, la futura ley de uniones civiles será semejante a las aprobadas en otros países y equipará «casi en un 90 %» los derechos amparados por la institución del matrimonio.

Sin embargo, habrá diferencias sustanciales. Mientras que la edad mínima requerida para contraer matrimonio en Tailandia son los 17 años, los miembros de las parejas del mismo sexo deberán contar con al menos 20 años para unirse civilmente. El proyecto no incluye ninguna medida en cuanto a la adopción, pues, según el representante gubernamental, no se ha considerado necesario dado que la ley tailandesa de adopciones permite hacerlo a las personas no casadas. Pero el hecho es que quienes estén unidos civilmente no podrán adoptar conjuntamente, como sí les está permitido a las personas unidas en matrimonio. Las uniones civiles, además, requerirán que ambos miembros sean de nacionalidad tailandesa, restricción inexistente en la institución matrimonial.

Dadas estas diferencias sustanciales, sectores del colectivo LGTB han expresado su disconformidad. «¿Para qué necesitamos esto?», se pregunta el activista Sulaiporn Chonwilai, «las personas LGTB necesitamos el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo para protegernos, para darnos los mismos derechos que a las parejas heterosexuales. No necesitamos una ley de segunda clase». Por el contrario, para Nareeluc Pairchaiyapoom, jefe del Departamento Internacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, «nuestro objetivo final es el matrimonio, pero nuestra estrategia es primero obtener esta ley».

Al proyecto de ley de uniones civiles aún le queda un largo camino por recorrer. Después de la aprobación por el gabinete gubernamental debe ser sometido al escrutinio de la Asamblea Legislativa Nacional. Si es aprobado por la misma, deberá ser publicado en el Boletín Oficial y esperar 120 días desde esa publicación para su entrada en vigor. Es muy dudoso que el proyecto de ley pueda ser aprobado en esta legislatura, pues la Asamblea Legislativa Nacional dejará de funcionar el próximo 15 de febrero, para constituirse de nuevo tras las elecciones generales que tendrán lugar el día 24 del mismo mes. Hasta esa fecha, hay más de 50 proyectos de ley pendientes de aprobación parlamentaria.

En la actualidad, Israel es el único país asiático que reconoce en su legislación nacional las uniones civiles para las parejas del mismo sexo, si bien prohíbe el matrimonio igualitario (en realidad, todo matrimonio no religioso) aunque reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en países donde es legal. En Taiwán, existe un mandato de la Corte Constitucional que obliga a que el matrimonio sea accesible a las parejas del mismo sexo, para lo que dispuso de un plazo que concluirá en mayo de 2019. Pasado ese plazo, se convertirá en el primer país asiático en gozar del matrimonio igualitario, a pesar del resultado adverso de un referéndum ganado por los opositores a los derechos LGTB, que no invalida la resolución del alto tribunal

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno de Costa Rica ha aprobado un conjunto de medidas legislativas destinadas a favorecer los derechos de las personas LGTB, principalmente al reconocimiento de los derechos de las personas trans y migrantes, de la discriminación de las personas bisexuales y al acceso a distintas prestaciones para las parejas del mismo sexo. Costa Rica, además, se encuentra en un período de espera de 18 meses dado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para que se adecúe la legislación para permitir el matrimonio igualitario, que concluirá en mayo de 2020. Tras esa fecha, aunque no se haya dado cumplimiento al mandato, cualquier medida legal que impida el matrimonio entre personas del mismo sexo quedará automáticamente derogada.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunciaba el pasado día 21 de diciembre la aprobación de cuatro decretos y dos directrices cuyo objetivo era «garantizar a la población LGTBIQ igualdad de derechos, sin discriminación alguna».

Firmamos este viernes cuatro decretos y dos directrices para garantizar a la población LGTBIQ igualdad de derechos, sin discriminación alguna.

Estamos construyendo una Costa Rica más justa e igualitaria para todas las personas.

— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) 21 de diciembre de 2018

Según detallaba el presidente Alvarado, «los decretos reconocen identidad de género en DIMEX [el documento de identidad para extranjeros] para población trans, estatus migratorio a parejas binacionales, inclusión de la bifobia en el día de la homolesbotransfobia y la declaración de interés público del protocolo de hormonización». Por su parte, «las directrices establecen que las parejas del mismo sexo podrán acceder a bonos de vivienda y la eliminación de las sanciones a notarios que realicen matrimonios entre personas del mismo sexo».

El mandatario costarricense afirmaba al respecto que «esto es el resultado del trabajo articulado entre organizaciones y sociedad civil por dar respuestas concretas a la población LGTBI», además de asegurar que «como Estado nuestro compromiso es saldar una deuda histórica y garantizar el respeto de esta población».

Por su parte, el comisionado presidencial para Asuntos de la Población LGBTI, Luis Salazar, declaraba que «estas medidas no solo son acciones afirmativas, sino que son un resguardo para subsanar la violación a los derechos de esta población».

De esta manera, se amplían aún más los avances que se han realizado este mismo año en el país centroamericano. En el mes de mayo, el Tribunal Supremo de Elecciones aprobaba una resolución en la que se establecía el derecho a cambiar sus datos registrales en la cédula de identidad para las personas trans mayores de edad. Un mes después, el Gobierno presidido por Carlos Alvarado, emitía un decreto y una directriz que exigían a todas las instituciones estatales modificar los documentos, trámites y registros internos de las personas trans mayores de edad que deseasen cambiar su nombre, fotografía, sexo o género.

Costa Rica se encuentra además en proceso de aprobación del matrimonio igualitario. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica  estableció un plazo máximo de 18 meses a la Asamblea Legislativa de ese país para que adecúe su legislación al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si no lo hace así, este pasará a estar automáticamente en vigor. El plazo, que comenzó una vez el fallo fue publicado en el Boletín Judicial, concluirá en mayo de 2020.

Con todas estas medidas, Costa Rica se está convirtiendo en el país centroamericano más avanzado en cuanto al respeto a los derechos de las personas LGTB, y un modelo a seguir para las demás naciones de su entorno.

Fuente Dosmanzanas

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Otra terrible historia de soledad, acoso e impotencia. Un joven trabajador filipino de 23 años se quitó la vida en Dubái, en julio de 2017, ahorcándose en los baños de una empresa del emirato. Junto a él, una nota de suicidio en la que acusaba a otro trabajador pakistaní de chantajearlo, al haber descubierto que había mantenido relaciones sexuales con otro compañero de trabajo, también pakistaní, que ya había dejado el país. La imposibilidad de denunciarlo sin autoacusarse el mismo le llevó a tomar la que vio como única salida: su propia muerte.

El joven filipino trabajaba en Dubái, uno de los Emiratos Árabes Unidos. Un lugar que por su actividad económica atrae a numerosos trabajadores extranjeros. Muchos de ellos, los procedentes de países pobres, constituyen la mano de obra más barata y soportan condiciones laborales infames, teniendo incluso restringida su libertad de movimiento. El joven filipino era uno de ellos.

Ya en Dubái, el joven mantuvo una relación con otro trabajador, de origen pakistaní. Este acabó regresando a su país, y sin que esté claro el motivo, envió después por WhatsApp a un compatriota que seguía trabajando en el emirato imágenes comprometedoras del chico filipino, incluyendo fotografías en las que practicaba con él sexo oral. El pakistaní le hizo saber que tenía en su poder dichas imágenes y le amenazó con divulgarlas si no le conseguía un iPhone de última generación. El joven no encontró otra forma de escapar del callejón sin salida que quitarse la vida, dejando, eso sí, una nota en la que acusaba al chantajista.

El colectivo italiano Il Grande Colibrì ha rescatado y difundido la historia en su página web. «No sabemos qué pudo pasar por la mente de Jan [nombre inventado, ya que el nombre verdadero del muchacho no ha trascendido], pero ¿qué podía hacer? Tal vez aceptar el chantaje, pero probablemente no podía pagar el costo del teléfono. ¿Y a quién podía pedir ayuda? No a la policía, ya que las relaciones homosexuales están severamente castigadas en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Y a dónde podía escapar? En Dubái, los trabajadores extranjeros deben entregar sus pasaportes a sus empleadores y no tienen libertad de movimiento. La única vía de escape tenía la forma y el sabor amargo de un nudo corredizo», se lamenta el colectivo italiano. «Jan está muerto, como otros miles de trabajadores asiáticos en los países del Golfo. Ahogado por una cuerda, pero sobre todo por un sistema que no protege a nadie, y menos aún a quien es homosexual. ¿Será otra muerte inútil?», añade.

Finalmente, el trabajador pakistaní ha sido acusado de chantaje. Sin embargo, no se presentó al juicio que debía haberse celebrado hace unos días en Dubái. Es por eso que se ha ordenado su detención y se ha fijado una segunda fecha de juicio, el próximo 13 de enero.

Cuando ser LGTB te deja en situación de absoluta desprotección

Lo que ha sucedido con Jan (utilizaremos el mismo nombre que Il Grande Colibrí) no es más que otro ejemplo de la situación de desprotección en la que te coloca el hecho de ser LGTB, cuando ni siquiera puedes denunciar un delito porque dicha denuncia supone que tu condición se hace pública ante las autoridades.

Por desgracia, no hay que remontarse a casos célebres del pasado, como el de Alan Turing, cuyo procesamiento por homosexualidad fue consecuencia de una denuncia que él mismo presentó por un robo que había sufrido en su propia casa. Es algo que sigue ocurriendo hoy día en numerosos lugares del mundo. Entre ellos en Dubái, ese paraíso de petróleo, finanzas y turismo de alto standing (diversos episodios que hemos recogido en el pasado así lo atestiguan) que sigue criminalizando las relaciones homosexuales, construido además sobre las cenizas del sufrimiento de miles de trabajadores que apenas si cuentan con derechos.

Jan, descansa en paz.

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Una vez más, Los gobiernos de Hungría y Polonia han impedido la aprobación de un documento de la Unión Europea que recoja la protección contra la discriminación de las personas LGTBIQ. En esta ocasión, al menos, otros 19 países han reaccionado de forma clara y han suscrito una declaración conjunta en la que se pide a la Comisión Europea que no dude a la hora de promover políticas efectivas de igualdad en esta materia. 

Ha sucedido este jueves. El Consejo de Ministros de la Unión Europea iba a aprobar un documento de conclusiones sobre la promoción de la igualdad de género en la era digital. El documento incluía una referencia a la necesidad de asegurar la no discriminación de colectivos juveniles vulnerables, mencionando expresamente a los jóvenes de bajo estatus socioeconómico; los jóvenes de minorias étnicas, como la gitana; jóvenes con discapacidades; jóvenes en el mundo rural; jóvenes de origen migrante y jóvenes LGTBIQ. La inclusión expresa de los jóvenes LGTBIQ encontró sin embargo la oposición de Hungría y Polonia. Austria, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, decidió retirarla en aras del «consenso» para así permitir la aprobación del documento, que requería unanimidad.

Por fortuna, el movimiento de la presidencia austriaca despertó en esta ocasión la indignación de varios países, encabezados por Holanda, cuyo ministro de Empleo y Asuntos Sociales, Wouter Koolmes, intervino para afirmar que no incluir al colectivo LGTBI en el texto del documento suponía un paso atrás inaceptable para su país. La firmeza holandesa fue secundada de inmediato por otros países, como Dinamarca, Malta, Portugal o España. Finalmente, La presidencia austriaca decidía volver al texto original. Lamentablemente, al carecer de unanimidad, este no pudo ser aprobado como conclusiones «del Consejo de Ministros», quedándose en «conclusiones de la Presidencia», que tienen un rango menor y carecen del carácter vinculante asociado a las conclusiones del Consejo. De esta forma fue aprobado por todos los países excepto por Hungría y Polonia.

La indignación que flotaba en el ambiente era tal que Malta propuso impulsar una declaración complementaria en la que los países signatarios se comprometían en firme a impulsar todos los esfuerzos necesarios en el seno de la Unión Europea para asegurar una protección completa de los derechos de las personas LGTBI, y el que pedían a la próxima Comisión Europea que implemente de forma coherente una estrategia en ese sentido. Este documento recibió el apoyo de 19 países. Además de Malta, el país impulsor, lo firmaron Alemania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, la República Checa y Suecia. Destaca la ausencia en esta lista de la propia Austria. Otros países del Este de Europa que se mantuvieron en todo momento al margen de la discusión (aunque apoyaron el documento final de conclusiones de la presidencia austriaca) prefirieron quedarse al margen.

ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a numerosos colectivos lGTB de toda Europa, ha expresado su satisfacción por la reacción de los países que decidieron plantar cara a Hungría y Polonia. «Es tranquilizador ver a una mayoría de Estados miembro poniendo límites y pronunciarse de forma clara y rotunda sobre el hecho de que eliminar una referencia a las personas LGTBIQ como grupo protegido es inaceptable», ha expresado su directora ejecutiva, Evelyne Paradise. «Por decepcionante que sea el hecho de que no hayan podido ser adoptadas las Conclusiones del Consejo, la Unión Europea no puede ser rehén de dos países y obligada a desmantelar los estándares de no discriminación ya acordados», ha añadido su directora legal, Katrin Hugendubel.

Hungría y Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTB

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La firma del nuevo tratado de libre comercio norteamericano dejaba el viernes pasado un desagradable cambio de última hora. La versión final rebaja el carácter vinculante de la protección frente a la discriminación laboral basada en la orientación sexual y la identidad de género, presente en el texto inicial. Ni siquiera con la nueva formulación, más laxa, se ha dado por contenta la administración Trump. Ante la amenaza de varios congresistas republicanos de rechazar el tratado si se hacía referencia a la realidad LGTB, Estados Unidos se ha autoexcluido de la medida con una nota al pie en la que especifica que el país no va a tomar nuevas medidas en esa dirección.

El pasado 30 de noviembre, el ya expresidente Enrique Peña Nieto, el presidente Donald Trump y el primer ministro Justin Trudeau firmaban el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituirá al Tratado de Libre Comercio en vigor desde 1994. Era el resultado de dos años de negociaciones y ahora deberá superar la ratificación parlamentaria en cada uno de los Estados signatarios. En el ámbito LGTB, la administración Trump ha conseguido, tras diluir su carácter vinculante, autoexcluirse de una ambiciosa formulación contra la discriminación laboral tras las presiones de los republicanos.

El texto original, en su artículo 23, instaba a los tres países a apoyar «políticas que protejan a los trabajadores contra la discriminación laboral basada en el sexo, inclusive con relación al embarazo, acoso laboral, orientación sexual e identidad de género». Pero ya a mediados de noviembre, un grupo de más de cuarenta congresistas republicanos escribieron una carta al presidente urgiéndolo a no firmar el acuerdo si antes no se borraba esta mención. En el trasfondo, la amenaza de rechazar el tratado durante su ratificación en el Congreso de Estados Unidos.

Para sortear este posible veto, la nueva formulación del artículo 23 anima a los países firmantes a fomentar «políticas que consideren apropiadas para proteger a los trabajadores contra la discriminación laboral basada en el sexo (inclusive con relación al acoso laboral), embarazo, orientación sexual, identidad de género y cuidado de personas allegadas». Una formulación, la de «que consideren apropiadas», que rebaja el carácter vinculante del mandato. Aun así, Estados Unidos se autoexcluye de esta recomendación con una nota al pie en la que asegura que las normas existentes en el país ya «son suficientes para cumplir las obligaciones» que impone el tratado en materia de discriminación laboral y «por tanto, no requieren ninguna acción adicional» por parte de la administración estadounidense.

Sin una ley federal contra la discriminación laboral

La realidad es que, a diferencia de Canadá y México, Estados Unidos carece en la actualidad de una ley federal de protección de las personas LGTB frente a la discriminación en el ámbito laboral. La legislación varía según los estados, e incluso hay normas distintas según el condado o la localidad de residencia, de manera que en muchos lugares sigue siendo legal negar un empleo a un candidato solo por ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Desde 1994, de hecho, diversas variantes de una propuesta de ley de no discriminación en el empleo (ENDA, por sus siglas inglesas) han sido presentada ante el Congreso, sin que ninguna haya prosperado.

Para compensar la no aprobación de la ENDA, Barack Obama dictó en 2014 una orden ejecutiva que de forma explícita prohibía a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a cerrar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. Se trata, en cualquier caso, de una orden ejecutiva, no de una ley. Donald Trump puede revertirla al margen del Congreso, una posibilidad que por ahora no se ha materializado. Ahora bien, ya en varios momentos los medios estadounidenses han recogido su intención de emitir otra orden ejecutiva a favor de la «libertad religiosa» que la convertiría en papel mojado. Los tribunales, por su parte, han dictaminado que la histórica Ley de Derechos Civiles de 1964 cubre la protección frente a la discriminación laboral de las personas LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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¿Cuántas personas LGTBI, cuántas mujeres habrán votado a este partido misógino, xenófobo, homófobo y antiinmigración?

Los que tenemos canas nos acordamos de la soledad del franquista Blas Piñar en el Congreso de los Diputados clamando contra la Ley del Divorcio: “Dios y yo somos mayoría“… Resultaba patético y los nostálgicos del Franquismo iban viendo reducirse sus manifestaciones de la Plaza de Oriente año tras año… Y es que Alianza Popular, madre del Partido Popular les acogió con los brazos abiertos… Pero no los domesticó y ahora reaparecen en sus hijos y nietos alimentados por su odio a todo lo que huela a Diversidad…

Por primera vez en la reciente historia democrática española, un partido de extrema derecha pura y dura consigue un importante éxito electoral. Vox, formación política que nació como una escisión por la derecha del Partido Popular, entra en el Parlamento de Andalucía con 12 diputados y un 10,98% de los votos. Se convierte además en árbitro de la situación política andaluza, dado que sus votos son necesarios para que la suma de las fuerzas de derecha (Vox, PP y Ciudadanos) desbanque de la Junta de Andalucía al PSOE, incapaz de sumar mayoría absoluta con Adelante Andalucía (la marca electoral bajo la que concurrían Podemos e Izquierda Unida).  Y , todo apunta a que el «efecto contagio» al resto de España convertirá en los próximos años a la extrema derecha en protagonista de la política española. Una mala noticia, sin paliativos, que amenaza muy directamente el futuro de los derechos LGTB en nuestro país.

Susana Díaz (PSA-PSOE) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía)

El PSOE de Susana Díaz  ve reducido su porcentaje de voto al 27,95% y consigue solo 33 diputados, frente a los 47 que obtuvo en 2015. El PP también cae con fuerza, quedándose con el 20,75% de los votos y 26 diputados (tenía 33). Ciudadanos, en cambio, obtiene una considerable subida. Se coloca como tercera fuerza política en Andalucía, con el 18,27% de los votos, y pasa de 9 a 21 diputados. Adelante Andalucía, en cambio, queda muy por debajo de lo que en 2015 consiguieron por separado Podemos e IULV-CA: 16,18% de los votos y 17 diputados, frente a los 20 que reunieron entonces. Vox, por último, irrumpe en el Parlamento andaluz, consiguiendo 12 diputados y un 10,97% de voto. La extrema derecha consigue representación en todas las provincias andaluzas, con especial éxito en Almería, la provincia andaluza tradicionalmente más escorada a la derecha, donde se sitúa como tercera fuerza política tras PP y PSOE. Un excelente resultado para una formación que hasta hace pocas semanas era marginal, a la que la esta pasada noche la mismísima Marine Le Pen se apresuraba a felicitar en Twitter.

Los resultados, en definitiva, cierran la puerta a un posible pacto de gobierno entre PSOE y Adelante Andalucía, la opción que hasta este domingo parecía la más probable de acuerdo a las encuestas previas. PSOE y Ciudadanos tampoco suman mayoría, como sí lo hicieron en 2015 . Sobre el papel, PP, Ciudadanos y Vox, que sí reúnen mayoría absoluta, serán los que tendrán que ponerse de acuerdo para de una forma u otra desbancar al PSOE de la Junta. El PP de Pablo Casado y Ciudadanos, de hecho, nunca han manifestado rechazo expreso a pactar con Vox, partido con el que comparten su defensa a ultranza de la unidad de España y su hostilidad al nacionalismo catalán como elementos centrales de su ideario.

Una opción alternativa que algunos comentaristas políticos han puesto encima de la mesa pasaría porque el PSOE ofrezca a Ciudadanos la presidencia de la Junta de Andalucía y que este partido acepte un acuerdo con los socialistas que precisaría, además, de la abstención de Adelante Andalucía. Una operación políticamente complicada, cuya única razón de ser sería el neutralizar a Vox como árbitro político, algo que por el momento Ciudadanos no ha dado muestras de considerar necesario blanqueando a Vox con el único fin de desplazar de la Junta de Andalucía al PSOE, partido que ha gobernado esta comunidad de forma ininterrumpida desde las primeras elecciones autonómicas.

La mala, malísima,  noticia es la irrupción de la extrema derecha. Vox, es una formación no solo contraria al matrimonio igualitario, sino a cualquier reconocimiento jurídico expreso de la realidad familiar LGTB. Propone derogar las leyes de igualdad y no discriminación aprobadas por las comunidades autónomas, y su programa para Andalucía incluye la derogación de la correspondiente norma andaluza. A nivel educativo considera que hay un «evidente adoctrinamiento en ideología de género» y propone la obligatoriedad de que los padres tengan que firmar una autorización expresa «sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad». También propone excluir la atención sanitaria a las personas trans de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y retirar cualquier tipo de subvención a asociaciones LGTB. Y esto por mencionar aspectos relacionados únicamente con los derechos LGTB.  A esto hay que añadir los aspectos relacionados con el estado de las Autonomías que pretenden suprimir, la inmigración o la violencia de género y la igualdad de género.

La Santísima Trinidad
(El Padre Casado, el hijo Rivera y el Espíritu Santo Abascal)

El problema, sin embargo, no es tanto el programa concreto de Vox (que obviamente no tiene aún fuerza para imponer, al menos en su totalidad) como la consolidación de una agenda política marcada por las demandas de la extrema derecha y el desplazamiento general hacia la derecha del discurso del resto de los partidos, al que ya venimos asistiendo desde hace semanas. E incluso de un cierto sector de opinión en la izquierda política, todavía minoritario pero cada vez mas ruidoso, que en los últimos tiempos viene lanzando diatribas contra lo que llaman «políticas de identidad», a las que culpan del ascenso de la extrema derecha. Un sector de opinión que reclama que la izquierda deje de considerar como uno de los elementos centrales de su causa la lucha por los derechos civiles de las minorías (y muy singularmente la LGTB), que según ellos la distancia del electorado obrero, y vuelva a un esquema clásico de «lucha de clases». Argumentación curiosa si se tiene en cuenta que Vox es una formación profundamente neoliberal en lo económico y que a día de hoy carece de respaldo entre los sectores socialmente más desfavorecidos. Entre los que por cierto hay muchas personas LGTB.

Habrá multitud de opiniones sobre los factores que nos han llevado hasta aquí: la crisis catalana y la consecuente exacerbación del sentimiento nacionalista español; la machacona presencia en las últimas semanas de Vox en los medios pese a ser hasta ahora un partido extraparlamentario (alguien debería estudiar muy seriamente el papel que programas de televisión de corte supuestamente progresista están jugado como «caja de resonancia» de la extrema derecha); la amplísima difusión en redes sociales de contenidos relacionados con Vox y con su líder, Santiago Abascal (en muchos casos haciendo burla de su campaña, pero al mismo tiempo contribuyendo a amplificarla); el blanqueamiento de la formación («Vox propulsa al centro derecha», podíamos leer hoy mismo como uno de los titulares en la portada del diario económico Expansión) o el fortísimo abstencionismo (la participación en las elecciones andaluzas ha caído cuatro puntos respecto a 2015, llevando la abstención por encima del 40%). Lo cierto es que la situación es ya difícilmente reversible. Se abre un ciclo político que en materia de derechos para las minorías no augura nada bueno. Y los LGTB, recordemos, llevamos siempre las de perder en estos casos.

Y estos son los 12 “apóstoles” del “evangelio” machista, homófobo, xenófobo…

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Benito Morillo, Rafael Segovia, María José Piñero, Manuel Gavira, Francisco Ocaña, Rodrigo Alonso, Eugenio Moltó, Ana Gil, Ángela Mulas, Luz Rodríguez, Francisco Serrano, Alejandro Hernandez. La mayoría  son abogados

Ojalá estemos aún a tiempo de reaccionar.

Con información de Dosmanzanas/El País

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Isabel Celáa, ministra de Educación y Portavoz del ejecutivo socialista.

CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo aplauden la medida aprobada por el Consejo de Ministros de revisar todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes en la actualidad para el acceso a cualquier empleo público

Madrid, 30 de noviembre de 2018.- Las organizaciones sociales CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo  en un comunicado conjunto han calificado el día de hoy como un momento histórico para el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con VIH en España sin ningún tipo de discriminación. El Gobierno español, mediante acuerdo del Consejo de Ministros celebrado esta mañana, ha acordado la revisión de todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes en la actualidad para el acceso a cualquier empleo público.

Los cuadros actuales, vinculados fundamentalmente con los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, cuentan con una antigüedad entre 10 y 30 años y contemplan la exclusión de personas con VIH y otras enfermedades, a pesar de que existen numerosas evidencias científicas que avalan la capacidad de estos colectivos para realizar las funciones inherentes a estos puestos de trabajo. En el caso concreto de las personas con VIH, el Acuerdo plantea la “eliminación del VIH de cualquier cuadro de exclusión médica vinculada con todo el empleo público, tanto en el ámbito civil como militar”.

CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo señalan que aunque desde las organizaciones sociales reivindicábamos una medida dirigida a garantizar el derecho de las personas con VIH a poder acceder a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, este Acuerdo también interpela a otras ocupaciones sobre las que la opinión pública tiene dudas en cuanto a si una persona con VIH puede desempeñarlas, como las relacionadas con profesiones sanitarias, de manipulación de alimentos o de atención al público. Por tanto, se trata de una declaración rotunda, que no deja lugar a dudas sobre el derecho de las personas con VIH para acceder a cualquier ocupación o función pública de acuerdo a sus competencias profesionales, sin que el VIH sea, por sí solo, un impedimento para ello.

Para el presidente de CESIDA, Ramón Espacio, “Nunca tuvo sentido discriminar a las personas con VIH para desempeñar cualquier tipo de ocupación, pero mucho menos sentido tiene en la actualidad tras los importantes avances médicos que se han producido durante las últimas dos décadas”. Gracias a estos avances, se han producido importantes cambios tanto en la mejora del estado de salud como en la esperanza de vida de las personas con VIH.

“Consideramos que este acuerdo puede suponer el comienzo de una nueva época en la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso y mantenimiento del empleo para los y las trabajadoras con el VIH, después de muchos años en los que podríamos considerar la respuesta al VIH en España como un éxito en el ámbito médico y clínico pero un fracaso en cuanto a la imagen social existente sobre esta enfermedad y sobre las personas afectadas por la misma”, señala Espacio.

Julio Gómez, director de Trabajando en Positivo, comenta que “recibimos este acuerdo con una gran satisfacción por el importante impacto que tiene para el reconocimiento de los derechos laborales de todas las personas con VIH, especialmente para aquellas que quieren desarrollar su trayectoria profesional en el ámbito público y que hasta ahora se encontraban con impedimentos no acordes a la evidencia científica. Además, es una buena noticia que recibimos el día previo a conmemorar el Día Mundial del Sida, como reconocimiento a nuestra labor -y a la de las diversas entidades sociales y sindicales con las que hemos compartido esfuerzos- a la hora de generar cambios sociales, políticos y legislativos con el fin de mejorar la vida de las personas con VIH”

Para Juan Diego Ramos, coordinador del grupo de VIH de FELGTB “se abre nueva época en la que también tendrá un especial protagonismo el reciente Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH, presentado esta misma semana por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social como una iniciativa que incluye medidas para favorecer la igualdad de oportunidades para las personas con VIH en los ámbitos laboral, sanitario, educativo, de servicios sociales o jurídicos, de vivienda o de prestaciones y seguros”.

No obstante, las tres organizaciones sociales quieren hacer hincapié en que el trabajo en este sentido no ha terminado aún, puesto que la aprobación del acuerdo no significará automáticamente que cambien las ideas y actitudes hasta ahora existentes hacia las personas con VIH. Por ello, se deberá continuar trabajando para conseguir que el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con VIH, que se recoge en el acuerdo del Consejo de Ministros de hoy, se traslade con igual rotundidad al resto de partes implicadas en la función pública.

Finalmente las organizaciones de VIH esperan que este Acuerdo sirva como precedente para modificar otras referencias normativas existentes en España que limitan el acceso de las personas con VIH a determinadas ocupaciones, tales como el Real Decreto 2487/1998, que no admite como apta para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad o  los decretos de las comunidades autónomas, que excluye para el ejercicio de la profesión de taxista a aquellas personas que padezcan una enfermedad infecto-contagiosa, entre otros.

El Gobierno acuerda eliminar de las causas de exclusión para el acceso al #empleopúblico enfermedades como: el VIH, la diabetes, la celiaquía y la psoriasis.
⛑😷Acabando así con la discriminación que venían soportando más de 7 millones de personas.#CMin pic.twitter.com/vTCPhRhvCv

— La Moncloa (@desdelamoncloa) 30 de noviembre de 2018

Adecuar la norma al conocimiento científico

Cabe señalar, como hemos hecho en anteriores entradas referidas al tema (la última hace escasas semanas, cuando recogimos la decisión de la Generalitat Valenciana de actualizar su cuadro de exclusiones para acceder a la Policía Local), que acabar con la discriminación de las personas con VIH en el acceso a determinados empleos no es un gesto voluntarista, sino que simple y llanamente supone adecuar una norma anacrónica a la evidencia científica.

Los propios especialistas médicos así lo han venido reclamado desde hace años. Diferentes organizaciones vinculadas al VIH lo reclamaron también de forma repetida a anteriores gobiernos, recordando tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como los estudios científicos e informes de diferentes organizaciones especializadas en el VIH establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH. El propio Ministerio de Sanidad había recomendado revisar los cuadros de exclusiones.

En definitiva, una medida que llega con retraso, pero de la que nos felicitamos. Esperamos ahora que se plasme cuanto antes «negro sobre blanco» y que además, como han pedido también las organizaciones antes mencionadas, que sirva como precedente para modificar otras referencias normativas existentes en España que siguen limitando el acceso de las personas con VIH a determinadas ocupaciones, «tales como el Real Decreto 2487/1998, que no admite como apta para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad, o los decretos de las comunidades autónomas, que excluye para el ejercicio de la profesión de taxista a aquellas personas quepadezcan una enfermedad infecto-contagiosa, entre otros».

Fuente FELGTB/D0smanzanas/Cristianos Gays

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Cruzada sin descanso de la administración Trump contra los derechos de la comunidad trans en Estados Unidos. El procurador general ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo para que tome una decisión sobre su orden para excluir a las personas trans del Ejército. La norma está temporalmente paralizada después de que cuatro tribunales de distrito hayan admitido a trámite otras tantas demandas contra la misma. El Gobierno de Trump pretende acelerar su entrada en vigor, puenteando a los tribunales de apelaciones que debían decidir sobre estos procesos. Acude en su lugar directamente a la más alta instancia judicial, controlada desde octubre por el sector conservador.

La discriminación de las personas trans es, en este momento, el principal objetivo en la agenda anti-LGTB de la administración de Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence. En julio de 2017, el presidente anunciaba en la red social Twitter su decisión de excluirlas del Ejército. El mensaje se hacía efectivo pocas semanas después mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior. El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales por parte de personas trans que sirven o quieren servir en el Ejército y de asociaciones de defensa de los derechos civiles. La primera de ellas, Doe v. Trump, argumenta que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso». Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre del año pasado emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no se consideró competente para paralizar la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación a la vista de los argumentos de la demanda.

Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump). El juez Garbis ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. En diciembre de 2017, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump. En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por obligarlas a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo. Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.

Casi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la presidencia emitía en marzo de este año un nuevo memorándum en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. El Pentágono aclaró, eso sí, que por el momento los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales.

Una situación temporal a la que la administración Trump quiere poner fin cuanto antes. Es por ello que el viernes pasado, el procurador general Noel Francisco recurrió al Tribunal Supremo para pedirle que decida sobre las suspensiones cautelares que están en vigor. La Casa Blanca puentea a las Cortes de Apelaciones, las instancias que deberían resolver los procesos en marcha, y se dirige directamente al máximo órgano judicial de Estados Unidos. Se trata de la cuarta vez que Trump utiliza este atajo, con el que pretende evitar una posible sentencia contraria a la discriminación por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, frecuente objetivo de las críticas del presidente por su presunta tendencia liberal y que debería decidir sobre tres de las demandas.

Los ataques de Trump al Noveno Circuito han motivado incluso una inusual respuesta del presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, reivindicando la independencia del poder judicial. Un Supremo con una mayoría conservadora. después de la designación de Brett Kavanaugh para cubrir la vacante generada por la jubilación de Anthony Kennedy. La nueva mayoría puede extenderse por lustros y podrá modelar a su antojo la jurisprudencia en sentido restrictivo en materias como el acceso al aborto o el fin de la discriminación legal de la comunidad LGTB. En definitiva, un panorama nada halagüeño para la inclusión de las personas trans en el Ejército en el futuro.

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En un referéndum múltiple, los taiwaneses han votado mayoritariamente por que el matrimonio se defina como la unión entre un hombre y una mujer, tratando de impedir que las parejas del mismo sexo puedan acceder a la institución. Asimismo, han votado por mayoría que se cree una figura aparte que legalice la unión de dos hombres o dos mujeres, lo que conduciría a una ley de uniones civiles. Sin embargo, existe un mandato de la Corte Constitucional que obliga a que el matrimonio sea accesible a las parejas del mismo sexo, para lo que dispuso de un plazo que concluirá en mayo de 2019, lo que convertiría a Taiwán en el primer territorio asiático en legalizar el matrimonio igualitario. Por otra parte, los ciudadanos de Taiwán también han votado en contra de que en los centros escolares se ofrezca información sobre la diversidad sexual y de género.

Coincidiendo con las elecciones locales en Taiwán de este 24 de noviembre, se han convocado un total de diez plebiscitos sobre diversos asuntos, cinco de los cuales afectaban directamente a la población LGTB. Tres de ellos fueron promovidos por la Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, nombre eufemístico de un conjunto de grupos religiosos marcadamente anti-LGTB, en respuesta al dictamen favorable al matrimonio igualitario de la Corte Constitucional taiwanesa. Tras ver como su recurso ante ese dictamente fuera denegado, consiguieron las firmas necesarias para que la Comisión Electoral Central admitiera la solicitud de celebración de una consulta popular, en la que han planteado a los ciudadanos taiwaneses las siguientes preguntas:

• ¿Está de acuerdo con proteger los derechos de las parejas del mismo sexo de iniciar una relación duradera de convivencia que se base en leyes que no sean el Código Civil de Taiwán?
• ¿Está de acuerdo con que los centros de educación primaria y secundaria no deben iniciar ‘educación gay y lésbica’ tal como está estipulado por la Ley de Reglas de Cumplimiento Para la Educación en la Igualdad de Género?
• ¿Está de acuerdo con que el Código Civil solo debe autorizar el matrimonio entre personas de distinto sexo?

Paralelamente, los grupos de defensa de los derechos de las personas LGTB recogieron también las firmas suficientes para que se consultara a su vez sobre las mismas cuestiones, pero en sentido afirmativo:

• ¿Está de acuerdo con que el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse debería estar protegido en el capítulo sobre matrimonio del Código Civil?
• ¿Está de acuerdo con que la Ley de Educación en la Igualdad de Género debería requerir que la educación en la igualdad de género incluyera la homosexualidad, las relaciones y la educación sexual y que se enseñara en los centros de educación primaria y secundaria?

Para que el resultado de un referéndum tenga validez en Taiwán, los votos positivos deben superar a los negativos y conseguir el apoyo de al menos un 25 % de los ciudadanos censados (en este caso 19.757.067). Si se consiguen reunir estos requisitos, el Gobierno está obligado a redactar un proyecto de ley que plasme el resultado de la consulta y someterlo a votación en el Parlamento.

Después de una agresiva campaña, en la que los económicamente poderosos grupos anti-LGTB han copado todos los medios de comunicación, la votación ha sido totalmente aciaga para los intereses de las minorías sexuales. En todas las consultas la participación ha superado los diez millones de ciudadanos. Estos han sido los resultados:

• La creación de una figura diferente al matrimonio para las parejas del mismo sexo: 6.168.017 de votos a favor y 3.923.240 en contra.
• No implementación de la Ley de Educación en la Igualdad de Género: 6.830.565 a favor y 3.288.034 en contra.
• Matrimonio permitido únicamente a las parejas de distinto sexo: 7.389.705 a favor y 2.789.847 en contra.
• Apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo: 3.250.165 a favor y 6.701.859 en contra.
• Implementación de la Ley de Educación en la Igualdad de Género: 3.373.776 y 6.560.143 en contra.

Un resultado que quizás refleje los resultados de una encuesta realizada por la Coalición por el Matrimonio Igualitario en el pasado mes de julio, según la cual el 80 % de los taiwaneses menores de 35 años estarían a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que entre los que superan esa edad solo lo estaría el 30 %. Es posible que la campaña de la Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación haya movilizado a la población de mayor edad, sin que los defensores de los derechos LGTB, con muchos menos medios económicos, hayan podido conseguir hacer lo propio con los más jóvenes. Según denuncian estos últimos, los promotores del referéndum LGTBfobo«han utilizado sus recursos financieros para obtener apoyo difundiendo el miedo,  desinformando, esparciendo mentiras y rumores a través de las redes sociales, en anuncios de televisión y en los medios impresos».

Desde el activismo LGTB se considera, en todo caso, que la celebración de estas consultas contrarias a los derechos LGTB ha sido absurda, dado que la Corte Constitucional dejó muy claro en su resolución de mayo de 2017 que la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo era contraria a la Constitución de Taiwán, y dio un mandato para que antes del 24 de mayo de 2019 el Gobierno adaptara las leyes para subsanar esa conculcación de derechos. En caso de que no lo hiciera, la Corte Constitucional dictaminó que las parejas del mismo sexo podrían inscribir sus matrimonios en el registro civil de manera automática. Lo que sí han lamentado los activistas es que los grupos LGTBfobos hayan diseminado «odio, ansiedad, depresión y pánico moral» entre las minorías sexuales a lo largo de los seis meses de campaña.

La activista Victoria Hsu, abogada y cofundadora de la Alianza Taiwanesa para la Promoción de los Derechos Civiles de las Parejas, clarificaba que «nuestra Corte Constitucional dictaminó que el Parlamento debe enmendar el Código Civil o introducir una nueva ley que legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo antes del 24 de mayo de 2019». Según Hsu, el gabinete administrativo del Gobierno de Taiwán ha aclarado recientemente su posición y ha afirmado que el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizará independientemente del resultado de los referéndums. «La única diferencia», señala la activista, «sería enmendar el Código Civil o introducir una ley separada llamada Ley de Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo. Sin embargo, los grupos anti-LGTB han llevado a sus partidarios a creer que pueden detener el matrimonio igualitario, lo cual es ridículo». Hsu estima que el resultado favorable a los LGTBfobos podría ocasionar que el Gobierno tratase de elaborar una Ley de Matrimonio diferenciada para las parejas del mismo sexo con algunas restricciones en derechos, lo cual llevaría probablemente a una nueva disputa legal ante la Corte Constitucional.

Es evidente que el resultado de los referéndums, en realidad su propia celebración, han provocado una colisión entre disposiciones constitucionales y legales que el Gobierno tendrá que resolver en breve. Esperemos que esa resolución se ajuste al mandato de la Corte Constitucional y los derechos de las parejas LGTB taiwanesas no se vean restringidos.

Fuente Dosmanzanas

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La Corte de Apelaciones de Bermudas ha dictaminado en contra del recurso presentado por el Gobierno contra la resolución judicial que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. La posibilidad de un nuevo recurso ha quedado agotada en el ámbito judicial estrictamente bermudeño, pero el Gobierno aún tiene 21 días para apelar al Consejo Privado del Reino Unido, cuyo comité judicial aún funciona como tribunal de apelaciones para los territorios británicos de ultramar. Los activistas LGTB han solicitado al Gobierno que cese en su «insensatez» y dé por concluida su batalla judicial contra los derechos de las minorías sexuales.

Este 23 de noviembre, la Corte de Apelaciones de Bermudas ha ratificado la decisión de la Corte Suprema que declaraba inconstitucionales los artículos de la Ley de Uniones Civiles que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Según aquella sentencia, esos artículos hacían prevalecer unas creencias determinadas sobre otras al establecer qué tipo de pareja puede contraer matrimonio y cuál no, lo que vulneraba la libertad religiosa y de creencias que recoge la Constitución.

Tras la decisión de la Corte de Apelaciones, al Gobierno bermudeño solo le resta una última instancia judicial, el Consejo Privado del Reino Unido, una institución cuyo comité judicial aún continúa ejerciendo como tribunal de apelaciones para los territorios británicos de ultramar. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Bermudas ha denegado la solicitud del Gobierno de dejar en suspenso su resolución durante los 21 días que tiene para decidir si recurre al Consejo Privado.

Los activistas LGTB se han felicitado por la resolución de la Corte de Apelaciones y han pedido al Gobierno que cese en sus intentos de seguir cercenando los derechos de las minorías sexuales. «Deténgase», exigían al Gobierno, «ya es hora de que esta insensatez se detenga y se permita que los bermudeños, todos los bermudeños, incluida la comunidad LGTB, se sientan como parte de una comunidad que los acepta con mucho gusto».

Un derecho reconocido legalmente y obviado políticamente

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era peculiar. En mayo de 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían reclamado ante los tribunales su derecho a casarse. La jueza consideró entonces que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. Por ello, resolvió que los demandantes tenían derecho a contraer matrimonio y declaró que la ley matrimonial debía interpretarse como aplicable a las parejas del mismo sexo. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hiciera referencia a «dos personas» en lugar de a «hombre y mujer».

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que, meses antes, rechazaba en referéndum la posibilidad de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. La decisión del poder legislativo fue, en cambio, el subterfugio de la creación de uniones civiles para las parejas del mismo sexo (como mal menor ante sus votantes), con derechos semejantes al del matrimonio, pero como una institución diferenciada. La ley fue aprobada por el Parlamento en diciembre de 2017 y promulgada por el gobernador en febrero de este 2018. Esta nueva figura legal no tuvo efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo realizados desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la entrada en vigor de la nueva legislación continuaron vigentes. Sin embargo, esta ley fue parcialmente declarada inconstitucional por la Corte Suprema, concretamente los artículos que prohibían el acceso de las parejas del mismo sexo a la institución del matrimonio. El Gobierno, persistió en su actitud y presentó recurso ante la Corte de Apelaciones, que finalmente ha ratificado la decisión de la Corte Suprema y declarado incostitucional la prohibición del matrimonio igualitario.

Del conservadurismo de la sociedad bermudeña da fe que no despenalizó la homosexualidad hasta 1994, y que, por ejemplo, la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales masculinas sigue siendo dos años superior que para las relaciones heterosexuales o lésbicas (18 años frente a 16). Aunque ello no ha evitado que se produzcan avances significativos. En 2013, por ejemplo, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe discriminar por razones de orientación sexual (a finales de 2012 nos hicimos eco de la misma). Y a principios de 2015 la Corte Suprema de Bermudas falló a favor de la adopción homoparental, lo que permite a las parejas del mismo sexo adoptar en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo.

El matrimonio igualitario en Reino Unido, sus dependencias y territorios

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto. La situación es la siguiente (entre paréntesis, la entrada en vigor de la correspondiente legislación):

En las tres dependencias de la Corona:

• La isla de Man (2016), Guernsey (2017) y Jersey (pendiente de sanción real) cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
• El Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, dos dependencias: en Alderney las parejas del mismo sexo puede casarse desde el 13 de diciembre de 2017, mientras que en Sark aún no se ha legislado al respecto, pero sus responsables políticos se han comprometido a hacerlo próximamente.

En los 14 territorios de ultramar:

• El matrimonio igualitario está aprobado en las islas Pitcairn (2015); el Territorio Antártico Británico (2016); la base de Acrotiri y Dekhelia (2014); Gibraltar (2016); el Territorio Británico del Océano Índico (2014); las islas Malvinas (2017); Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur (2014); y el territorio que conforman la isla de Santa Elena, la isla Ascensión y Tristán de Acuña (2017).
• En Bermudas está vigente por decisión judicial desde mayo de 2017, pero podría ser reemplazado por una ley de uniones civiles por decisión de su Asamblea de Representantes, que meses después votó por la derogación. No obstante, este retroceso en los derechos LGTB todavía debe obtener la sanción real, cuestión que aún se está debatiendo en el Gobierno británico.
• No es legal en Anguila (aunque sí se reconocen los matrimonios celebrados en circunscripciones donde está permitido), las islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Montserrat y el territorio conformado por las islas Turcas y Caicos.

En el propio Reino Unido en sí:

• Existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales (2014) y Escocia (2014).
• No está permitido en Irlanda del Norte, donde los conservadores protestantes siguen impidiendo su aprobación, utilizando torticeramente para ello el protocolo acordado en los procesos de paz para ocasiones especiales.

Fuente Dosmanzanas

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Rayo de esperanza en Castilla y León. La presidenta de las Cortes regionales, la popular Silvia Clemente, decidía esta semana unir sus votos a los de la oposición para desbloquear el avance de la de igualdad LGTB de Castilla y León. La «Proposición de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad de Castilla y León», recordemos, fue presentada por todos los grupos de la oposición política castellano-leonesa después de que el Partido Popular incumpliera su compromiso de promover una ley en ese sentido desde el Gobierno regional. El Pleno de las Cortes aprobó en junio su toma en consideración, pero la Mesa mantenía bloqueada su tramitación. 

Hagamos un poco de historia. A finales de 2016 diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaban en las Cortes regionales una primera propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, que había sido promovida en Extremadura por el PP cuando gobernó aquella comunidad, y que fue aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos castellano-leoneses se mostraron incluso dispuestos a hacer algunas concesiones «dolorosas», pero finalmente la Junta de Castilla y León decidía dar carpetazo al proceso con el argumento de que ya se había iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI.

Los colectivos castellano-leoneses consiguieron sin embargo el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El compromiso se materializaba en marzo, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite la proposición de ley (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) presentada por los grupos parlamentarios socialista, de Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto. El pasado 13 de junio el Pleno decidía su toma en consideración por 43 votos a favor y 41 abstenciones. La sorpresa saltó cuando la presidenta de las Cortes, la popular Silvia Clemente, decidía saltarse la disciplina de voto y alinearse con la oposición («el subconsciente a veces toma decisiones», argumentó posteriormente). Quedaba así roto el empate, que de persistir habría resultado en la negativa a tomar en consideración la proposición.

Una vez tomada en consideración la proposición de ley de la oposición, quedaba pendiente toda la tramitación parlamentaria. Y aquí entra el juego la capacidad de bloqueo de la Mesa de las Cortes, que es la que marca el día a día de la actividad parlamentaria y decide los plazos. En este órgano, el PP cuenta con tres procuradores, incluyendo a la propia Silvia Clemente como presidenta. La oposición cuenta con otros tres (un socialista, uno de Podemos y otro de Ciudadanos). Pues bien, esta semana, Silvia Clemente decidía por fin unir sus votos a los de los representantes de la oposición y no prolongar más el plazo de presentación de enmiendas (un truco parlamentario que, por cierto, que está haciendo mucho daño al avance legislativo de los derechos LGTB en toda España). Lo hacía en contra del criterio del grupo popular, como confirmaba su representante, Raúl de la Hoz, que ha calificado de «irresponsable» que las Cortes tramiten esta ley de ámbito autonómico al tiempo que el Congreso tramita otra ley de igualdad LGTB de ámbito estatal. Como si algo así no sucediese en otras materias y como si otras muchas comunidades no hubiesen ya hecho lo mismo (la última, la Comunidad Valenciana, esta misma semana).

FECyLGTB+ felicita a Silvia Clemente

La Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEVyLGTB+, de la que forman parte Iguales, Iguales USAL, Chiguitxs LGTB+, Segoentiende, Lesgávila y AWEN LGTBI+) ha felicitado a SIlvia Clemente por, según asegura en un comunicado, «ser una mujer de palabra, pues ha cumplido el compromiso expresado a los colectivos LGTB+ de facilitar y no bloquear nuestra ley en el trámite parlamentario, incluso en contra de la disciplina de voto de su grupo, el grupo Popular, lo que lo hace particularmente valioso». Para la FECyLGTB+ esta decisión de la mesa es «un rayo de esperanza, de arcoiris que luce más todavía en un momento oscuro de dificultad para nuestros derechos». «Nuestra igualdad no es un asunto ya ni de derechas ni de izquierdas, es un asunto de igualdad, de sentido común y de derechos humanos, donde todas las personas de bien pueden y deben estar», asegura el texto.

La FECyLGTB+ advierte, eso sí, de que el PP aún puede bloquear el avance de la propuesta en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, «posiblemente no convocando la ponencia de la ley». Pese a todo, el presidente de FECyLGTB+, Ignacio Paredero, hace un balance positivo de lo conseguido, y cree que si finalmente el PP tiene éxito en sus maniobras de bloqueo (la legislatura se aproxima a su final) será más fácil conseguir la aprobación con las Cortes que resulten de las elecciones del próximo mes de mayo. «No sabemos si la ley se aprobará al final, pese a toda la lucha y el trabajo que hemos realizado por ella. Pero cuando todos los grupos apoyan nuestra ley y hasta la presidenta de las Cortes vota a favor, rompiendo la disciplina de voto, tenemos claro que hemos ganado el debate donde más importa, en la sociedad. Si esta legislatura el PP insiste en bloquear nuestra ley, en la próxima lo lograremos», ha declarado. Confiemos en que así sea.

Fuente Dosmanzanas

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Ya hace días que explicamos que en la región de Dar es Salaam, en Tanzania, ha empezado una “purga” gay impulsada por su gobernador, Paul Makonda, con la intención de identificar, detener y torturar a las personas gais para que “vuelvan” a ser heterosexuales. También hace días que te explicamos que el Ministro de Exteriores del país, Alphaxard Kangi Ndege Lugola, explicó a la prensa que el gobierno no ve con buenos ojos esa “purga”… para luego ir al Parlamento a decir que Tanzania “no es el lugar” para ser homosexual porque “nunca permitiremos que esas cosas ocurran“.

Es asombrosa la inexistente reacción de los colectivos LGTB+ que se lanzaron en tromba a manifestarse frente a las embajadas rusas cuando ocurrió más o menos lo mismo en Chechenia.

A la que esta vez parece que no tenemos que esperar mucho rato es a la comunidad internacional, que aunque en el caso de Chechenia ni estuvo ni se la esperaba, en el caos de Tanzania sí han empezado a mover ficha.

Primero fue la mismísima Unión Europea la que llamó a consultas a su embajador en Dar es Salaam, Roeland van de Geer, y emitió un comunicado denunciando “el deterioro en materia de derechos humanos” en Tanzania. Por su parte el gobierno de Estados Unidos ordenó a la embajada americana en el país que emitiera una alerta de seguridad recomendando a sus ciudadanos que revisaran sus perfiles en redes sociales, porque Makonda ya anunció que no se iba a amilanar a la hora de monitorizar comunicaciones privadas para “detectar” a los homosexuales.

Ahora Tanzania se acaba de llevar un golpe mucho más duro que una consulta a un embajador o una alerta de seguridad. El gobierno de Dinamarca, el segundo país que más ayudas inyecta en el país (unos 53 millones de dólares solo el año pasado), ha anunciado que no seguirán ayudando económicamente al país. Según Ulla Tørnæs, ministra de desarrollo danesa, el país está muy preocupado por “el desarrollo negativo” del país africano,  ha condenado los comentarios homófobos e “inaceptables” de sus responsables políticos y ha anunciado que retiran una ayuda de 10 millones de dólares. “El respeto a los derechos humanos es de suma importancia para Dinamarca“, aseguró Tørnæs

Pero Tanzania no ha perdido solo 10 millones de dólares. Aunque no ha sido por el caso de la “purga” gay, el Banco Mundial ha decidido cancelar los planes de un préstamo de 300 millones de dólares al país; por un lado porque Tanzania ha decidido prohibir que las jóvenes embarazadas vayan a la escuela o al instituto (y también que vuelvan después de dar a luz) y por otro lado por la ley sobre estadística que el país aprobó en septiembre y que convierte en un crimen que se cuestionen los datos que proporciona el gobierno.

Lo de los gobiernos de los países homófobos que dependen de ayudas internacionales para que su población no se rebele contra ellos es, cuando menos, curioso. En sus discursos siempre acusan a los países occidentales de querer “imponer” sus nuevas costumbres (los derechos LGTB+), y las rechazan de pleno… Pero no tienen ningún problema a la hora de aceptar nuestro dinero occidental. Alguien debería tomar nota de eso.

Fuente  Pink News, vía HazteQueer

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Las Cortes Valencianas han aprobado este miércoles, con el apoyo de todas las formaciones políticas allí representadas salvo el Partido Popular, la ley valenciana de igualdad LGTBI. La Comunidad Valenciana, que ya en 2017 aprobó una ley integral de transexualidad, se suma así al grupo de comunidades que en el ámbito legislativo autonómico protegen a las personas LGTBI contra la discriminación y promueven políticas de igualdad. 

La ley incluye medidas en los ámbitos social, sanitario, educativo, cultural y familiar. Como elementos especialmente destacados, recoge de forma explícita la prohibición de las «terapias» de conversión y la creación de un Consejo Valenciano LGTBI como órgano consultivo y de participación ciudadana, así como de un Espacio de la Memoria LGTBI, un servicio cuyo objetivo sera promover y favorecer el conocimiento, estudio e investigación sobre la historia del colectivo LGTBI.

El texto también recoge medidas de atención a las víctimas de violencia por LGTBIfobia, el desarrollo de un servicio público de información, orientación y asesoramiento a personas LGTBI y sus familias y de un servicio de acogimiento residencial para personas LGTBI en situación de especial vulnerabilidad o exclusión. También recoge en su articulado medidas contra la violencia familiar, así como de atención y ayuda a víctimas de la violencia en parejas formadas por personas del mismo sexo.

La ley incluye un capítulo sancionador, con multas que van desde los 200 hasta los 45.000 euros, en función de la gravedad de las infracciones. Otras posibles sanciones son la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Generalitat Valenciana, así como de contratar con esta, sus organismos autónomos o entes públicos por un período que puede ir desde el año hasta los tres años. También la inhabilitación temporal, por un periodo de hasta tres años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos.

En definitiva, una magnífica ley que sigue la estela de otras ya aprobadas en comunidades como Andalucía, País Vasco, Baleares, Cataluña, Extremadura, la Comunidad de Madrid, Murcia , Canarias, Aragón o Navarra. Leyes frente a las que el PP ha mantenido todas las posiciones posibles: las ha apoyado, por ejemplo, en Andalucía o Madrid, mientras que se ha opuesto en Cataluña (con una especial fiereza) o Navarra. En el caso valenciano ha decidido abstenerse, frente al voto positivo de PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos. De hecho, la única ley de este tipo aprobada en una comunidad gobernada con mayoría absoluta de los populares fue de Galicia, precisamente la más pobre de todas al haberse negado el PP gallego a incluir el capítulo sancionador que sí contempla el resto de leyes y que la oposición gallega planteó en su momento.

En cualquier caso, que la abstención de los populares valencianos supone un avance respecto a lo sucedido el año pasado con la ley integral de transexualidad, a la que se opusieron. El Partido Popular valenciano, pese a ser la fuerza con más parlamentarios, perdió la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2015, arrastrado por una gestión que convirtió la la Comunidad Valenciana en el estandarte de la corrupción y el saqueo de las arcas públicas. De hecho, solo unos pocos meses antes el grupo popular en las Cortes Valencianas había rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada entonces por el grupo socialista.

Esperemos que ahora la ley, recibida con satisfacción por los colectivos LGTB valencianos, se acompañe del necesario desarrollo reglamentario, y que su implementación sea efectiva y no quede únicamente, como a veces da la sensación que esta sucediendo en algunas de las comunidades en las que se han aprobado leyes similares, en una hermosa declaración de intenciones.

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Solo un 7% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años se opone al matrimonio igualitario. Así lo pone de manifiesto una encuesta de Pew Research Center, el prestigioso instituto de investigación social estadounidense, cuyo objetivo era la de comparar las actitudes de la juventud de 34 países europeos en diversos aspectos. Un resultado coherente con lo que muestran estudios previos, que de forma repetida colocan a España como uno de los países con mayor aceptación social de la realidad homosexual.

De todos los países de la encuesta, solo Suecia y Dinamarca, dos países nórdicos cuya tradición de respeto y tolerancia al colectivo LGTB es bien conocida, registran cifras inferiores a las de España (5% y 6%, respectivamente). Justo a continuación de España, se sitúan Bélgica (9%), Holanda (10%), Finlandia (12%), Reino Unido (13%), Austria, Noruega y Portugal (14%), Alemania (15%), Suiza (16%), la República Checa (18%) e Irlanda (20%). Cabe destacar que en casi todos estos países se ha aprobado (mediante diferentes procedimientos) el matrimonio igualitario, con la excepción de República Checa (cuyo parlamento lo está discutiendo) y Suiza (pincha para ampliar la imagen):

A más distancia y a caballo entre las Europas occidental y oriental se sitúa Italia, con un 27%. Hablamos de un país que arrastra una LGTBfobia social mayor que la del resto de Europa occidental, y en el que por ejemplo ninguno de los grandes partidos políticos ha apostado nunca por el matrimonio igualitario. Detrás de Italia se sitúan todos los países de la Europa del este, así como los de tradición ortodoxa. Pese a todo, pueden apreciarse importantes diferencias entre aquellos en los que el porcentaje de jóvenes contrarios al matrimonio igualitario está relativamente equilibrado con el resto, como Eslovaquia (42%), Polonia (50%), Grecia (51%) o Hungría (52%); aquellos en los que ya empieza a ser muy importante, como Estonia y Croacia (61%), Rumanía (66%), Bulgaria (68%) y Letonia (70%), y aquellos en los que la oposición es abrumadora, como Lituania (74%), Bielorrusia y Serbia (75%), Bosnia-Herzegovina (79%) y por supuesto Ucrania (82%), Rusia (86%), Moldavia (89%), Georgia (94%) y Armenia (95%).

No han sido incluidos en la encuesta Islandia, Luxemburgo y Malta (que caerían, casi seguro, en el bloque de países más tolerantes) ni Albania, Chipre, Kosovo, Montenegro, Macedonia y Turquía (en los que creemos que, con distintos porcentajes, la oposición sería importante). Nos hubiera gustado conocer especialmente el porcentaje de Eslovenia, país en el que llegó a aprobarse una ley de matrimonio que fue luego anulada en un referéndum promovido desde sectores afines a la Iglesia católica en el que participó poco más de un tercio del censo, y el pasado marzo aprobó una ley de uniones civiles. Imposible olvidar, por cierto, el papel que desempeñó el papa Francisco, que pocos días antes del referéndum quiso dar su apoyo expreso a los partidarios de prohibir el matrimonio igualitario y contribuir de esta forma a la victoria del bando homófobo.

Más allá de las opiniones sobre el matrimonio igualitario, el estudio de Pew Research Center preguntaba a los jóvenes europeos sobre otras materias como la actitud hacia las personas de religión musulmana, la importancia que conceden a la religión como elemento de su identidad nacional, el aborto o la creencia en que la cultura propia es superior a otras. Sus resultados quedan fuera del ámbito LGTB, pero arrojan dos resultados que de forma general son coherentes con la opinión sobre el matrimonio igualitario: hay un fuerte contraste entre los jóvenes de Europa occidental y oriental, y en todos los casos los jóvenes españoles se sitúan en el lado más tolerante del espectro. Puedes acceder aquí a más información sobre el estudio.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Santiago de Chile ha acogido este fin de semana una multitudinaria marcha por el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, convocada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), bajo el lema «Basta de bla-bla». «Cuando las encuestas dicen que la mayoría los chilenos y chilenas respalda la adopción homoparental y el matrimonio igualitario, las más de 80 mil personas asistentes hoy a la marcha demuestran ello. El país en su mayoría no tolera que existan familias de primera y segunda categoría», ha defendido la portavoz del MOVILH Daniela Andrade. Según un reciente estudio, el 64,5% de los congresistas está a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% de la adopción homoparental, a pesar de que el presidente Piñera se niega a cumplir el acuerdo sobre matrimonio igualitario firmado en 2016 entre el Estado chileno y el MOVILH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con la marcha, argumenta el activista chileno Rolando Jiménez, «también recordamos que el Estado de Chile firmó una acuerdo con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impulsar el matrimonio igualitario. Pese a que el Acuerdo es legal y vinculante, según lo señalado por la propia Contraloría General de la República, el Estado aún no cumple su promesa, lo cual es gravísimo, pues deja a Chile como un país que no cumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos».

Según un reciente estudio del Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, que entrevistó a 183 de los 198 congresistas, es decir al 92,4% del total,  el 64,5% está a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% respalda la adopción homoparental.

«Estas cifras coinciden con cálculos de nuestra organización y demuestran que aquí se debe pasar del discurso a la práctica. Si la mayoría apoya, no hay razón alguna para seguir postergando la adopción homoparental o el matrimonio igualitario. Pese a ello, este último proyecto de ley no se discute desde noviembre del 2017 en el Congreso. Los discursos se deben llevar a la práctica. No más bla-ba», señala el responsable del MOVILH Oscar Rementería.

El conservador Piñera no quiere avances igualitarios

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el Movimiento de Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.

Mientras que la ley de identidad de género era aprobada en septiembre (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades en los últimos meses), el resto de avances permanecen sin embargo congelados. Es más, según se filtró a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera manifestó ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva».

Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya ha sido cumplido con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que formalmente no ha sido retirado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».

Audiencia sobre matrimonio igualitario de la CIDH

Se la la circunstancia de que la CIDH ha convocado su primera audiencia temática sobre matrimonio igualitario. La histórica audiencia tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el marco de su 170 período de sesiones, que se desarrollará en Washington. La petición, a demanda de varios movimientos LGTB latinoamericanos, ha sido  coordinada precisamente por los abogados que representaron al MOVILH en su demanda internacional por el matrimonio igualitario, los juristas Hunter Carter, Ciro Colombara y Branislav Marelic.

Fuente MOVILH/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Buenas noticias. Poco más de tres meses después de tomar la decisión, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica la ha notificado por fin a las partes el fallo sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y ha enviado la sentencia a la Imprenta Nacional para su publicación íntegra en próximos días en el Boletín Judicial. Se activará entonces la cuenta atrás de 18 meses para que el matrimonio igualitario sea una realidad en el país centroamericano si antes la Asamblea Legislativa no adecúa la legislación al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como explicamos en agosto, el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia de Costa Rica prohíbe expresamente que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. La decisión de la Sala Constitucional, en respuesta a una de las acciones de inconstitucionalidad pendientes sobre la materia, reconocía explícitamente que dicha norma contradice la histórica opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hecha pública el pasado 9 de enero precisamente a requerimiento de Costa Rica. Sin embargo, la Sala Constitucional optó por mantener la vigencia de dicho inciso durante de 18 meses, dando tiempo a que la Asamblea Legislativa adecúe la legislación.

Una decisión que muchos consideraron tibia e incluso cobarde, al mantener durante 18 meses más la situación de desigualdad. La Defensoría de los Habitantes, por ejemplo, se mostró «sorprendida por el fallo (…) por cuanto deja en vigencia por 18 meses una norma que la declara inconstitucional por mayoría» y lamentó que el tribunal dejase «escapar la oportunidad para que la resolución fuera contundente y definitiva en aras de la eliminación inmediata de la prohibición del matrimonio igualitario en Costa Rica». Hay que tener en cuenta, en este sentido, que desde hace varios meses el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica empezó a recibir solicitudes de inscripción de matrimonios entre personas del mismo sexo y a realizar una anotación marginal de los mismos, aunque estos no han podido ser inscritos debido a la limitaciones impuestas por el Código de Familia.

En el mismo sentido se manifestaba Marco Castillo, presidente del colectivo Diversidades LGBTIQ+ y uno de los recurrentes ante la Sala Constitucional. « Estoy sorprendido de que la Sala haya tomado un acuerdo tan poco firme porque es absurdo que digan que en 18 meses tengan que derogar la norma, que ya ellos derogaron, si no queda derogada. No tiene sentido», expresaba el histórico activista costarricense.

Es más: aunque la Sala Constitucional anunció el sentido de la sentencia, su notificación oficial a las partes y su publicación oficial se ha demorado durante semanas. El pasado miércoles, sin embargo, el Poder Judicial de Costa Rica anunciaba a través de sus redes sociales que por fin daba el paso, tres meses después:

Medios costarricenses confirmaban que, en efecto, Marco Castillo recibía el miércoles a las 4 de la tarde el documento, que contaría nada más y nada menos que de 550 páginas. Una vez que la sentencia se publique (lo que está previsto que suceda la próxima semana) comenzará la cuenta atrás. Si la Asamblea Legislativa de Costa Rica no lo resuelve antes, en mayo de 2020 deberían poder empezar a celebrarse los primeros matrimonios.

Un avance crucial en América Latina

Costa Rica lleva años discutiendo el posible reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, sin que haya sido posible ni siquiera la aprobación de una ley de uniones civiles debido a las múltiples maniobras de los opositores a la igualdad. Ni siquiera la llegada a la presidencia del anterior presidente, Luis Guillermo Solís, un político abiertamente pro-LGTB, permitió avanzar. Pero lo que sí hizo el Gobierno de Costa Rica fue elevar la cuestión a la Corte Interamericana, que en enero de este año emitió su histórica opinión. El que era todavía presidente aseguró entonces su disposición a acatarla íntegramente, si bien Solís estaba ya a punto de finalizar su mandato. El asunto del matrimonio igualitario, de hecho, ocupó un papel central en la campaña electoral de las recientes elecciones presidenciales y dio un importante empujón al candidato evangélico Fabricio Alvarado, que llegó a disputar la segunda vuelta frente al centroizquierdista Carlos Alvarado. Este último, sin embargo, acabó imponiéndose el pasado 1 de abril con más del 60% de los votos, en lo que supuso un cierto alivio para el colectivo LGTB costarricense.

Parece claro ya que Costa Rica será el primer país centroamericano en abrir el matrimonio a personas del mismo sexo. Sin duda, un hito histórico. Y es que, como en su momento anticipamos, la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha supuesto un antes y un después. hay que recordar, en este sentido, que además de responder al Gobierno de Costa Rica, la opinión servía de llamada de atención para otros once Estados de América Latina: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana (en los que no existe ningún reconocimiento jurídico para las parejas del mismo sexo), además de Ecuador y Chile (que cuentan, de momento, con leyes de unión civil no equiparables al matrimonio).

Fuente Dosmanzanas

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Diez hombres fueron detenidos en el archipiélago tanzano de Zanzíbar pocos días después de que el comisionado de la ciudad portuaria de Dar es-Salam, Paul Makonda, hiciera un llamamiento para que los ciudadanos denunciasen a quienes consideraran sospechosos de ser homosexuales. Las detenciones se produjeron tras una redada policial en una supuesta «boda gay», aunque posteriormente todos los implicados fueron puestos en libertad sin cargos por falta de pruebas. Las autoridades policiales, sin embargo, declaran que continuarán con la investigación y no descartan que vuelvan a ser detenidos. La defensa, por su parte, teme las represalias policiales hacia sus defendidos y el grave estigma social del que serán objeto. No obstante, el Gobierno tanzano ha querido distanciarse del llamamiento y las declaraciones homófobas del comisionado Makonda, al señalar que se trata de «su opinión personal», mientras aboga por el respeto a los derechos constitucionales y humanos de los ciudadanos tanzanos.

El sábado 3 de noviembre tuvo lugar una redada policial en la isla de Unguja, la mayor del archipiélago tanzano de Zanzíbar, en lo que se había denunciado como una supuesta fiesta de celebración de una «boda gay». Diez hombres fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición policial. Permanecieron privados de libertad hasta el 8 de noviembre, día en el que el jefe regional de la Policía de Unguja, Suleiman Hassan, comunicó su liberación, dado que «hemos estado investigando este caso como se nos informó, pero hasta el momento no hemos encontrado evidencia de actos ilegales». Sin embargo, también aseguró que «continuamos con nuestra investigación y, si encontramos evidencia, podrían ser detenidos de nuevo y acusados».

Efectivamente, el abogado de los detenidos expresaba su temor a una nueva detención. «He lidiado con muchos de estos casos y dado el alto nivel de homofobia en el país, no creo que esto sea el final para mis clientes», afirmaba, «es probable que sean acosados y arrestados nuevamente». Precisamente por esa homofobia social que denunciaba, el defensor no quiso facilitar su nombre por temor a las represalias. Sea cual sea el resultado final de la investigación y el proceso, los diez detenidos ya se deben enfrentar al estigma y el oprobio social.

La redada se produjo tan solo unos días después de que el comisionado de la ciudad portuaria de Dar es-Salam, Paul Makonda, pidiera a la población que denunciara a todas aquellas personas sospechosas de ser homosexuales para que fueran detenidas e investigadas por un «equipo especial» de las fuerzas de seguridad. Pocos días después se habrían recibido más de 5.000 mensajes de denuncia y las autoridades de Dar es-Salaam contarían ya con más de 100 nombres en la lista.

La reacción internacional a esta amenaza de «caza de homosexuales» fue inmediata. Por ejemplo, la Unión Europea comunicó que revisaría sus tratados con Tanzania tras esta vulneración de los derechos humanos. Como consecuencia, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tanzania se emitió el siguiente comunicado:

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación con África Oriental, en nombre del Gobierno de la República Unida de Tanzania, desea informar a su pueblo y a la comunidad internacional a través de los medios locales e internacionales acerca del problema de la homosexualidad abordado recientemente por el excelentísimo comisionado regional de Dar es-Salam. En su reunión con los medios de comunicación, el excelentísimo comisionado regional anunció una campaña para hacer frente a los actos homosexuales en la ciudad de Dar es-Salaam. El Gobierno de la República Unida de Tanzania desea aclarar que esa es su opinión y no la posición del Gobierno. Además, el Gobierno de la República Unida de Tanzania desea aprovechar esta oportunidad para recordar e insistir en que continuará respetando todos los acuerdos internacionales sobre derechos humanos que ha firmado y ratificado. Tanzania seguirá respetando y protegiendo los derechos contenidos en la Constitución de la República Unida de Tanzania.

A pesar de este distanciamento forzado del Gobierno tanzano, lo cierto es que el llamamiento de Makonda no ha sido más que la última abatida de la ola de homofobia de Estado en Tanzania, que está alcanzando cotas sin predecentes. Hace poco más de un año el entonces ministro de Interior, Mwigulu Nchemba, amenazó abiertamente con detener y juzgar a quienes defendiesen los derechos LGTB en el país africano. «Me gustaría recordar y advertir a todas las organizaciones e instituciones que hacen campaña y pretenden proteger los intereses homosexuales (…) que vamos a detener a cualquiera que esté involucrado y presentar cargos ante los tribunales», aseguraba. Días antes, el presidente John Magufuli se había referido con crudeza al papel de las ONG extranjeras, a quienes prometió combatir aunque eso significara la pérdida de ayudas internacionales.

Pero fue en el verano de 2016 cuando comenzó a tenerse noticia de la deriva LGTBfoba de las autoridades tanzanas, de la mano del mismo Paul Makonda, que parece decidido a utilizar la homofobia de la población como instrumento para encumbrarse políticamente. El comisionado de Dar es-Salam anunciaba entonces una campaña de represión contra los homosexuales, lo que dio lugar a varias detenciones en locales de ambiente. Makonda también amenazó con detener a quienes siguieran en las redes sociales a hombres abiertamente homosexuales. En octubre de 2017 se tuvo noticia de la detención de doce hombres en un hotel.

Homofobia de Estado

El Código Penal tanzano castiga las relaciones «contra el orden de la naturaleza», entre las que se incluyen la zoofilia o la sodomía, con penas de cárcel que pueden llegar hasta la cadena perpetua. La «grave indecencia» entre varones puede ser penada con cinco años de prisión. Las relaciones lésbicas, en cambio, solo están explícitamente castigadas en la región insular de Zanzíbar, con penas de hasta cinco años de cárcel que pueden sustituirse por una multa de hasta 500.000 chelines (210 euros, 230 dólares). Sin embargo, en diciembre pasado nos llegaba la noticia de la primera detención de una mujer en el interior del país tras hacerse viral un vídeo en el que besaba y regalaba un anillo a otra mujer. Una detención que claramente apuntaba a que las autoridades tanzanas han apostado por hacer una interpretación más extensiva y menos garantista de la legislación homófoba, que apenas se aplicaba hace unos pocos años.

La ofensiva se ha extendido incluso al ámbito sanitario: el Ministerio de Sanidad comunicaba, también en el verano de 2016, la prohibición de la importación y venta de lubricantes sexuales, argumentando que fomentaban las relaciones entre varones y la propagación del VIH. En junio de 2017 las amenazas alcanzan a las personas extranjeras que simplemente defiendan los derechos del colectivo LGBT. Así, el gobierno de Tanzania amenazó con deportar a quienes ayuden y defiendan al colectivo LGBT. Un paso más en la escalada represora del gobierno tanzano, que en los últimos tiempos ha arreciado en su empeño de estigmatizar a sus ciudadanos LGTB, utilizándoles como cabeza de turco a quien culpar de los problemas del país. Y hace dos años el entonces viceministro de Sanidad, Hamisi Kigwangala, emitía un comunicado en el que aseguraba que el Gobierno protegería los valores tradicionales de la sociedad tanzana, argumentando que «no puedo negar la presencia de personas LGTBI en nuestro país y el riesgo que presentan para la propagación del VIH/sida». Con ese propósito, a principios de 2017, Kigwangala ordenaba la detención de varios ciudadanos tanzanos, acusándoles de «promover la homosexualidad» a través de las redes sociales.

En definitiva, parece que las autoridades tanzanas, a imagen y semejanza de lo que viene sucediendo en otros países de la región, han decidido estigmatizar a sus ciudadanos LGTB y utilizarlos como cabezas de turco a quienes culpar de los problemas del país. Un escenario que nos hace temor lo peor.

La homosexualidad es ilegal en 38 de los 54 países africanos, castigándose con la muerte en Sudán, Somalia y Mauritania. En 2014, Uganda trata de imponer la pena de muerte a los condenados por ser homosexuales, pero ante la controversia creada la ley fue rectificada. Amnistía Internacional denuncia en julio de este mismo año que las autoridades de Tanzania estaban «arrestando y persiguiendo a la población con cargos relacionados con la homosexualidad, sometiéndoles a exámenes anales forzosos».

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Las autoridades malasias vuelven a censurar una película por visibilizar la homosexualidad. Se trata de Bohemian Rhapsody, el filme sobre la mítica banda Queen y su vocalista Freddie Mercury. Las escenas borradas en la versión proyectada en el país asiático hacen referencia principalmente a relaciones entre hombres y travestismo. El filme, recomendado para mayores de 13 años en Estados Unidos y Reino Unido, ha recibido en Malasia una calificación para mayores de 18 años para evitar «más cortes» que «habrían afectado a la trama».  

Bohemian Rhapsody, que se ha estrenado recientemente en cines, cuenta la historia de la banda de rock Queen hasta el famoso concierto Live Aid en el estadio de Wembley en 1985. La cinta explora (sin entrar en profundidades) la sexualidad de Freddie Mercury, incluyendo sus relaciones con otros hombres. Un tema tabú para las autoridades malasias, que, como ya hicieran con La Bella y la Bestia, han vuelto a censurar las escenas donde la homosexualidad es más visible. Ya entonces la LPF dejó claro que solo permite tramas que hagan referencia a la homosexualidad si el personaje muere o acaba renunciando a su orientación sexual a lo largo de la película. En el caso de la película de Disney, la productora se negó a permitir la proyección de una versión censurada, cosa que no ha ocurrido por el momento con Bohemian Rhapsody.

Aunque en un principio se informó sobre un supuesto corte de 24 minutos con respecto al metraje original, la censura se ha quedado reducida a un total de tres minutos. En concreto, según el presidente de la LPF Mohd Zamberi Abdul Aziz, se han eliminado palabras malsonantes, así como escenas de «hombres besándose, hombres frotándose unos contra otros y un grupo de hombres con vestidos celebrando  una fiesta en una mansión». También se han borrado referencias a la relación entre Freddie Mercury y Jim Hutton (el que fuera su pareja durante los últimos años de su vida, al que la película presenta en un par de secuencias) y se ha editado la parte en la que Mercury se confiesa bisexual a su entonces pareja Mary Austin.

Zamberi defendió la edición de la película se ha llevado a cabo para que los malasios puedan verla, porque en caso contrario, las autoridades la habrían vetado por completo. «Cualquier cosa relacionada con lo LGTB o que lo promueva no se admitirá, y como sabemos que es una película que la gente quiere ver, solo cortamos muy pocas escenas», afirmó. Además de la censura, la película ha sido calificada para mayores de 18 años, a diferencia de Estados Unidos y Reino Unido, donde está recomendada para mayores de 13. Zamberi argumenta que, de haberla mantenido para mayores de 13 años, el filme habría sufrido la eliminación de escenas con besos o consumo de alcohol, por ejemplo. Unos cortes que «habrían afectado a la trama», a diferencia al parecer de los que sí se han producido.

LGTBfobia y censura pese al cambio político

En entradas anteriores hemos venido hablando de la escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia, y que el nuevo Ejecutivo no ha frenado pese a las esperanzas que había despertado. En agosto de este año una representante del Gobierno afirmó que el colectivo LGTB no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa. Hace un mes, el ministro de Religión calificó los derechos LGTB de «ideas extremas» que «no se pueden permitir».

La LGTBfobia social y política imperante en Malasia ha llevado a situaciones que rozan el absurdo, y que hemos recogido en esta misma página. En febrero del año pasado, en un vídeo promovido por el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia se sugería a los homosexuales que «aprender» a ser hetero es como iniciarse en la equitación. En febrero de este año nos hacíamos eco de un artículo que ejemplificaba la estigmatización de la comunidad LGTB también desde los medios de comunicación. En abril, nos enterábamos de que la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) celebró un concurso de carteles para “convertir”alumnos gays en heterosexuales. Y en mayo que el gobierno de Malasia ha comenzado a bloquear páginas LGTB+, incluido el portal Utopia-Asia que es la principal fuente de información para viajeros gais en la región. Otros ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales; la censura de una escena de La Bella y la Bestia y de una canción de Lady Gaga o la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual.

Otros ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales; la censura de una escena de La Bella y la Bestia, de la que ya hemos hablado, y de una canción de Lady Gaga o la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual.

Una estigmatización social que, en ocasiones, tiene consecuencias criminales. Especialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario. En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que habían reaccionado con horror ni siquiera precisaron que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de  T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT…Aunque el suceso que causó una mayor consternación fue el brutal asesinato homófobo del joven T. Nhaveen en junio del año pasado. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que la aceptación de la diversidad gane posiciones en Malasia.

Fuente Dosmanzanas

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Ya hace semanas que os hablamos de la “purga” gay que el gobernador de la región de Dar es Salaam, Paul Makonda, decidió poner en marcha el pasado 5 de noviembre. Por ahora no parece que haya mucha gente manifestándose frente a los consulados del país como sí se hizo cuando ocurrió lo mismo en Chechenia, pero seguro que es por causas ajenas a la organización y no porque en Tanzania sean negros y en el fondo todos somos un poquito racistas o porque Chechenia tiene relación con Putin y joder, qué mal nos cae Putin a todos.

Makonda pidió a la población que denunciara a cualquiera que sospecharan que era homosexual, y formó un equipo de 17 “expertos” que se encargarían de comprobar si la acusación era cierta (realizando un examen anal, una práctica absurda, discriminatoria e inhumana que muchos países están dejando de utilizar para detectar gais); para luego no matarlos ni torturarlos sino “curarlos”. A base de más torturas, claro.

A pesar de que, según Amnistía Internacional, la policía del país ya ha arrestado (como mínimo) a 10 hombres sospechosos de ser gais; el Ministro del Interior del país, Alphaxard Kangi Ndege Lugola, aseguró a la prensa que en su país todo el mundo está a salvo: “Tanzania es un lugar seguro y nadie puede decir lo contrario sin tener toda la información. Si alguien siente que su vida está amenazada, debería ir a la policía y no he recibido ninguna información por parte de la policía que demostrara la vulnerabilidad de ninguna persona“.

Parece un chiste, pero es real. Y luego que para qué seguimos celebrando el Día del Orgullo LGTB+.

Fíjate si las declaraciones del Ministro son absurdas (y falsas) que él mismo se contradijo un par de días después al dirigirse al Parlamento del país y asegurar que, con respecto a la homosexualidad, Tanzania “no es el lugar adecuado para ese tipo de actos, nunca permitiremos que ocurran esas cosas. Tenemos leyes que prohíben esas cosas.”

Independientemente de las atrocidades que Makonda y el gobierno tanzano (que dijo públicamente que se distanciaba de la “purga” pero no piensa hacer nada para evitarla), el país castiga la homosexualidad con la cadena perpetua. Es a lo que, probablemente, se enfrenten los 10 detenidos de hace unos días cuyo abogado teme que, a pesar de estar en libertad bajo fianza, vuelvan a ser perseguidos y acosados por la policía.

La misma policía que responde ante el ministro de interior del que te hablamos en esta noticia. Luego se extraña de que no le lleguen informes de violencia policial contra personas LGTB+.

Fuente | Pink News, vía HazteQueer

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