Cantabria no tendrá una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, al menos por el momento. El Partido Regionalista de Cantabria y Ciudadanos han rechazado la petición que les había hecho el colectivo Alega y no han retirado la solicitud de comparecencias de expertos previa a la discusión de la que hubiera sido ley de «Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género», cuyo anteproyecto aprobó el pasado octubre el Gobierno de Cantabria. Por una cuestión de plazos ello hace imposible su aprobación antes del final de la legislatura. 

Junto a Castilla y León, Castilla-La Mancha o La Rioja, Cantabria forma parte del ya reducido grupo de comunidades autónomas que todavía no cuentan con una legislación de este tipo. El anteproyecto (que puedes descargar aquí) seguía, en este sentido, el modelo de las últimas leyes de protección al colectivo LGTBI aprobadas en otros lugares de España: una regulación transversal que abarcaba diferentes áreas de actuación, con un texto que contenía tanto principios orientadores de la actuación de los poderes públicos como medidas concretas de acción positiva a ejecutar, y que además reconocía de forma expresa el principio de autodeterminación de género (por lo que al ámbito autonómico se refiere, ya que las competencias sobre modificación registral del sexo y cambio de nombre en DNI y pasaporte dependen del Estado, no de las comunidades). El texto incluía, en este sentido, medidas en los ámbitos educativo, sanitario y laboral, así como de la cultura, el ocio y el deporte. Contaba, además, con un capítulo sancionador para aquellas actuaciones que supusiesen una infracción administrativa en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

No era fácil, sin embargo, dada la tardanza del Gobierno cántabro a la hora de lanzar la iniciativa. Ya el pasado octubre, cuando el anteproyecto fue aprobado, hacíamos alusión a lo apretado del calendario, lo que había generado críticas por parte de Podemos (formación que en su momento consiguió 3 diputados electos en el Parlamento de Cantabria, si bien su grupo parlamentario ha sido formalmente disuelto como resultado de sus divisiones internas). El Gobierno cántabro, recordemos, está formado por una coalición entre el Partido Regionalista de Cantabria (PRC, que lidera Miguel Ángel Revilla, el presidente autonómico) y el PSOE, que carece sin embargo de mayoría absoluta. Ambas formaciones cuentan con 17 diputados (12 y 5, respectivamente), mientras que el PP tiene 13 diputados, Podemos (o mejor dicho, sus restos, ya sin formar grupo parlamentario) 3, Ciudadanos 1, y hay además un diputado no adscrito (que fue elegido en las listas de Ciudadanos pero que abandonó este partido, también por disensiones internas).

Críticas que han resultado ser fundadas, como cuenta de forma detallada El Faradio. Curiosamente, la falta de voluntad política de acelerar el proceso ha encontrado un excelente caldo de cultivo en la propia crisis de grupo parlamentario de Podemos, cuya disolución ha llevado a que la comisión que debía valorar las comparecencias solicitadas (la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social) no se celebrase hasta hoy. La presidenta de la comisión era Veronica Ordóñez, diputada de Podemos que ha pasado a ser no adscrita, lo que forzó a la elección de un nuevo presidente. Algo que no ha ocurrido hasta esta semana, a pesar de que Ordoñez pasó a ser no adscrita hace más de un mes.

Aun así hubiera sido posible cumplir con los plazos, si los grupos políticos que habían solicitado comparencias de expertos (PRC y Ciudadanos) hubieran renunciado a ellas. No solo no lo han hecho, sino que el PP se ha sumado a la solicitud, lo que hace ya imposible apurar los plazos: hasta que no finalicen las 21 comparecencias aprobadas por PP, PRC y Ciudadanos no se iniciará el trámite de enmiendas. El propio Víctor Casal, diputado socialista y nuevo presidente de la citada comisión, reconocía que ya «no hay tiempo». 

Desde el colectivo Alega Cantabria lanzaban ayer miércoles un llamamiento desesperado a regionalistas y a Ciudadanos. «Desde Alega nos ponemos en contacto por última vez con su partido, en un intento desesperado por conseguir derechos, algo que es triste tener que estar pidiendo por favor, pero que a día de hoy en nuestra sociedad aún no tenemos, y que penden de sus manos. Entendemos que este jueves para ustedes será un día laboral más, en el que sumergirse en papeles, informes y trámites. Sin embargo, seremos muchas y muchos quienes, durante toda la mañana, estaremos expectantes, con una mezcla de miedo a la par que esperanza aun cuando sabes que no tienes a lo que aferrarte. Volvemos a solicitarles, por justicia social, que retiren sus comparecencias y permitan el trámite de la ley LGTBI. Compartimos la idea de democracia y lo positivo que siempre es el debate, y siempre estamos y estaremos dispuestas a ello. Pero no cuando no queda tiempo, no cuanto la LGTBIfobia campa a sus anchas en las calles de Cantabria, sin tener una ley específica que otorgue derechos para remediarlo», expresaba el texto.

«A día de hoy en Cantabria se sigue prohibiendo a niños y niñas trans que usen el baño y el vestuario que les corresponde. Se les sigue llamando por el nombre que ya no tienen en vez de usar su nombre sentido. Imaginen el dolor y la desesperación que se siente cuando te persiguen 20 personas para agredirte solo por ser una chica trans. Cuando por darle un beso a tu novio te pegan a la vez que gritan ‘maricón’. Cuando por ir de la mano con tu novia te señalan, te insultan y se ríen. Cuando te echan de casa y pierdes el contacto con tu familia por decir que eres bisexual. Desde ALEGA nos desgarramos cada vez que tenemos que atender un caso así y no les podemos otorgar la atención y la protección necesaria. Como decía Desmond Tutu, ‘si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el bando del opresor’. Nuestros derechos penden de sus manos. Ojalá el jueves demuestren que están ahí para combatir injusticias, para mejorar el mundo, y no para colaborar con la opresión hacia nuestro colectivo», finalizaba la petición:

⚠️🏳️‍🌈COMUNICADO🏳️‍🌈⚠️
Mañana jueves es el último día que tienen @prcantabria y @CsCantabria para retirar sus comparecencias y que dé tiempo por fin a aprobar la #LeyLGTBI de Cantabria, una de las cinco comunidades que aún no la tienen.
Este es el correo que les hemos mandado👇 pic.twitter.com/Ia35nNo80J

— Alega Cantabria (@AlegaCantabria) 20 de febrero de 2019

Ni el Partido Regionalista de Cantabria, ni Ciudadanos, ni tampoco el PP (que ha acabado sumandose a las peticiones de comparecencia) la han escuchado. «Ley LGBTI de Cantabria bloqueada. No saldrá adelante. ¡Gracias políticos y políticas del Parlamento de Cantabria! ¡Nos sentimos súper protegidas y representadas gracias a vosotros!», se lamentaba en Twitter el colectivo cántabro:

El Partido Regionalista de Cantabria ha acusado al PSOE de ser el responsable del retraso en la tramitación y ha justificado la necesidad de hacer comparecer a representantes de muy diversos colectivos y organizaciones para «que se conozca la opinión de todos y todas sobre los problemas del colectivo LGTBI en Cantabria». Entre los invitados a opinar, por mencionar un ejemplo llamativo, se encuentra el secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEDERE). La portavoz regionalista en la materia, Matilde Ruiz, ha incidido en que los tiempos en la presentación de los proyectos de ley, que tienen un media de tramitación de seis meses, «no los fija» su partido, y ha recordado que el anteproyecto llegó al Parlamento a finales de octubre, coincidiendo con la tramitación de los Presupuestos de Cantabria para 2019. Ruiz también ha querido responsabilizar a la crisis interna de Podemos del hecho de que la comisión que debía aprobar las comparecencias solicitadas no se haya celebrado hasta hoy. Según Ruiz, «es un derecho y una obligación de los diputados» estudiar y analizar el texto remitido por el Gobierno, para «mejorarlo» con las opiniones de expertos y presentar las correspondientes enmiendas.

Desde Ciudadanos, por su parte, se insiste en descargar la responsabilidad de lo sucedido sobre el Gobierno cántabro. «¿Por qué se ha retrasado la tramitación de esta ley? El Gobierno la anuncia en mayo del 17 pero no es hasta noviembre de 2018 cuando la traslada al Parlamento. Se une a otra docena de leyes que tramitar todas a final de legislatura y en mitad del debate de presupuestos», ha justificado en un hilo de Twitter su portavoz parlamentario, Rubén Gómez. «Ante el volumen de leyes remitido por el Parlamento los portavoces acordamos un calendario con el objetivo de tramitar todas las posibles antes del parón en navidades. Aun cuando las tramitaciones coinciden con los presupuestos. Dentro del acuerdo se habilita enero para tramitación parlamentaria previendo poder tramitar la ley LGTBI a continuación de la de Igualdad y la de Emergencias y 112. El grupo parlamentario Podemos se disuelve y paraliza el Parlamento. La presidenta de la comisión es la diputada de Podemos que pasa a ser no adscrita. Al perder la comisión a su presidenta todas las tramitaciones quedan paralizadas hasta la elección de un nuevo miembro. Desde Ciudadanos pedimos un total de 6 comparecencias, todas ellas debidamente justificadas como detallamos en el comunicado publicado el 30 de enero. No es hasta el viernes cuando la presidenta del Parlamento convoca la comisión para elegir a un nuevo presidente. Paso imprescindible para retomar la actividad. La ley de Igualdad se encuentra igualmente bloqueada por la misma razón. La responsabilidad de los grupos parlamentarios es trabajar adecuadamente las leyes y esto supone, en la mayoría de las ocasiones, escuchar a expertos para poder mejorarlas en la medida de lo posible. Mañana se propondrá un calendario con el objetivo de poder realizar las comparecencias de manera que sea posible tramitar la ley antes de finalizar la legislatura, como siempre ha sido voluntad de Ciudadanos Cantabria. La responsabilidad del retraso en la ley es en primer lugar del Gobierno, que la trajo tarde y junto con otra docena de leyes y posteriormente de quienes bloquearon la cámara por la desaparición de su grupo (Podemos)», concluye.

También Izquierda Unida de Cantabria se ha pronunciado, arremetiendo en un duro comunicado contra lo que ha calificado de «alianza conservadora de PP, Ciudadanos y PRC». «Los tres partidos están pensando en las elecciones y la futura e hipotética configuración del Parlamento y no en proteger a la sociedad cántabra, en este caso, a un colectivo históricamente oprimido y discriminado y que ve todo su trabajo hecho durante años en el texto ninguneado por sus representantes», ha expresado Israel Ruiz Salmón, el ya candidato de IU a la presidencia del Gobierno cántabro en las próximas elecciones regionales, y que ha prometido que su formación retomará la propuesta «de inmediato» tras las elecciones de mayo.

Fuente Dosmanzanas

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En el marco de un Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado de Chile y el Movilh firmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reformar la ley 20.609.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentó hoy al ministro secretario general de Gobierno (s), Emardo Hantelmann, un proyecto de ley que reforma la Ley 20.609, más conocida como Ley Zamudio, cuyo compromiso de reformar asumió el Estado de Chile en un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la ocasión, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que desde la entrada en vigencia de la ley en 2012 y hasta julio del 2018, “solo 319 personas han presentado denuncias por la Ley Zamudio y apenas en 90 ocasiones hubo sentencias. Más aún, solo en dos ocasiones se ha podido aplicar la agravante contemplada para los delitos motivados por discriminación. Esta bajas cifras demuestran que la ley no es usada por las personas y, más lamentable aún, cuando se utiliza en pocas ocasiones se alcanza justicia o sanciones contra los responsables”.

El vocero del Movilh, Óscar Rementería, añadió que el “proyecto de ley que hoy hemos presentado al Gobierno; en el marco del ASA firmado por el Estado de Chile con el Movilh y en el contexto del ataque contra la joven Carolina Torres Urbina; pretende por un lado motivar que las personas denuncien y por otro ampliar las penas contra los responsables de los abusos, sancionar la incitación al odio y generar una institucionalidad estatal que prevenga las discriminaciones arbitrarias, ayude a las víctimas y genere políticas públicas y estadísticas”.

El ministro (s) se comprometió a revisar las propuestas del Movimiento con miras a la iniciativa que el Gobierno está trabajando y que será alimentada con una consulta ciudadana sobre discriminación que el Ejecutivo aplicará durante el 2019

De igual manera se aclaró que de parte del Ejecutivo la coordinación de la reforma será asumida por el Ministerio Secretaría General de Gobierno “lo cual es una buena noticia, pues es una repartición con cercanía a los derechos LGBTI”, finalizó la vocera del Movilh, Daniela Andrade.

REFORMA A LEY ZAMUDIO

El proyecto de reforma a la Ley Zamudio elaborado por el Movilh con el apoyo técnico del abogado, académico, investigador y doctor en ciencia jurídica, Fernando Muñoz, contempla, entre otros puntos, los siguientes:

1.- Crea una institucionalidad antidiscriminatoria cuyos objetivos son ayudar legal y psicológicamente a las víctimas,  generar políticas públicas preventivas de la discriminación y supervigilar la aplicación de la ley, entre otras.

2.- Elimina del artículo 6 de la Ley la imposibilidad de impugnar leyes o sentencias discriminatorias.

3.- Elimina el artículo 12, el cual multa al denunciante de la discriminación si es que el tribunal resuelve que no hubo un acto de exclusión. Esta sanción solo desmotiva las denuncias.

4.- Incorpora un artículo que obliga a indemnizar el daño moral y material causado a las personas afectadas por discriminación. En la actualidad, las multas van con cargo al fisco, lo que también desmotiva las denuncias.

5.-  Elimina del artículo 2 un inciso que permite siempre la discriminación arbitraria cuando “se encuentre justificada en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental” establecido en la Constitución.  Esta disposición debe eliminarse porque implica literalmente considerar a unos derechos humanos como más importantes que otros, ubicando al de no la discriminación en una categoría inferior. Si bien es posible que se produzcan colisiones de derechos, éstos debieran resolverse caso a caso en sede judicial, y no generando categorías establecidas por la ley.

6.- Invierte la carga de la prueba. Es decir, se propone que sea el denunciado quien compruebe que no discriminó y no la víctima la encargada de demostrar que sufrió algún tipo de discriminación arbitraria.

7.- Para aplicar la agravante, el proyecto del Movilh cambia de la ley la frase “delitos motivado” por discriminación, por el de “delitos con presencia de elementos discriminatorios”. Esto, porque la motivación del agresor es casi imposible probarla, a tal nivel que solo en dos ocasiones se ha aplicado la agravante. En cambio, si se indica con “presencia de elementos discriminatorios”, basta con demostrar que durante una agresión a alguien lo ofendieron en razón de algunas de las categorías protegidas por la ley.

8.- Creación de un reglamento sobre la ley

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), Carolina Torres Urbina, Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Discriminación, Homofobia/Transfobia, Ley Zamudio, MOVILH, Óscar Rementería, Rolando Jiménez

Trece parejas del mismo sexo de diferentes ciudades de Japón presentaron el pasado jueves sendas demandas al Estado por la imposibilidad de contraer matrimonio legalmente. Cada una reclama un millón de yenes (unos 8.000 euros) como reparación del daño psicológico que les supone la situación de discriminación en la que se encuentran. El objetivo final de esta acción conjunta, sin embargo, es conseguir la apertura del matrimonio para todas las parejas al amparo de la Constitución japonesa, que consagra la igualdad de todas las personas ante la ley y prohíbe la discriminación.

El proceso comenzó a gestarse en noviembre del año pasado, cuando varias parejas se pusieron de acuerdo para demandar al Estado por impedirles el derecho a casarse legalmente. Argumentan que el artículo 24 de la Constitución japonesa, por el que se regula el matrimonio, no excluye a las parejas del mismo sexo cuando hace referencia al «consentimiento mutuo entre los dos sexos». El primer ministro Shinzō Abe se había escudado en esta redacción para rechazar la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los demandantes, sin embargo, aluden a un fallo del Tribunal Supremo del año 2015, que interpretó el artículo en el sentido de que el matrimonio se debe basar en una decisión libre entre iguales, sin aludir al sexo de los contrayentes. Defienden, por tanto, que la Constitución no prohíbe casarse a las parejas del mismo sexo, sino que consagra la libertad en el acceso al matrimonio. De hecho, opinan que la propia Carta Magna los ampara al consagrar la igualdad de todas las personas ante la ley en su artículo 14. La apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo en la mayoría de los países desarrollados es otro de los argumentos del que pretenden hacer uso.

Las trece parejas, ocho de hombres y cinco de mujeres, aprovecharon el pasado 14 de febrero, día de San Valentín, para presentar sus demandas ante sendos juzgados de Tokio, Osaka, Sapporo y Nagoya. Se trata de la primera acción conjunta sobre el asunto en Japón. Reclaman una compensación por el sufrimiento psicológico que les produce la situación de inseguridad legal que supone carecer del acceso a herencias, decisiones médicas, visitas hospitalarias o visados de matrimonio. Este último derecho es especialmente relevante para la pareja formada por una ciudadana japonesa y una alemana legalmente casadas en Alemania y cuyo matrimonio no reconoce la Administración nipona.

Cada uno de los demandantes reclama al Estado japonés la suma de un millón de yenes (unos 8.000 euros) en concepto de daños y perjuicios. Pero la reparación económica no es la última meta de las demandas. Como explica uno de los abogados que asesora a las parejas, el objetivo final es una sentencia judicial que reconozca la inconstitucionalidad de la situación actual.

Pequeños avances a nivel local

Aunque Japón carece de matrimonio igualitario, varias ciudades han aprobado la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho. La primera administración japonesa lo hizo fue el distrito tokiota de Shibuya, seguido del de Setagaya. Posteriormente se les unieron las ciudades de Iga, en la prefectura de Mie, y Takarazuka, en Hyogo. En febrero de 2017 y en abril de 2018, respectivamente, Sapporo y Fukuoka se convertían en las primeras grandes ciudades en aprobar las uniones de hecho para las parejas del mismo sexo.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el ministerio de Trabajo incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual. Estaremos pendientes sobre cualquier movimiento que suponga un avance hacia la igualdad en el acceso al matrimonio.

Fuente Dosmanzanas

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Un joven tunecino ha sido condenado a ocho meses de prisión por haber mantenido relaciones homosexuales tras haber denunciado la violación y robo que sufrió por parte de dos agresores. Estos últimos también han sido castigados con penas semejantes por cargos de sodomía, agresión y robo. El denunciante, además, fue sometido a un examen anal, considerado una forma de tortura, durante el proceso de investigación. Las asociaciones de defensa de los derechos LGTB de Túnez denuncian el extraordinario incremento de sentencias por delitos relacionados con la homosexualidad en los últimos años, que atribuyen a la «creciente influencia» del partido islamista Ennadha en los tribunales.

Durante el proceso, que tuvo lugar el pasado día 12 de febrero, el joven de 26 años Anas pudo dar su versión de los hechos, que habían sido adelantados por miembros de la asociación LGTB Shams, encargada de su defensa. Según su declaración, había concertado una cita con otro joven a través de la red social Facebook, sin embargo, cuando acudió al lugar del encuentro halló a dos personas, por lo que supo que le habían tendido una trampa. Ambos lo redujeron, lo violaron y le robaron algunos efectos, como el teléfono móvil y la chaqueta.

El joven procedió a dirigirse a comisaría de Sfax, la localidad donde ocurrieron los hechos, donde quiso interponer una denuncia por violación y robo. Sin embargo, el fiscal ordenó que se le practica un examen anal para determinar si había mantenido relaciones homosexuales con anterioridad. Posteriormente, se procedió a su detención al amparo del artículo 230 del Código Penal tunecino, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta tres años de prisión.

Tras más de un mes en prisión preventiva, donde, debido a los cargos a los a que se enfrentaba, ha sido objeto de amenazas y agresiones por parte de los otros presos, ha tenido lugar el juicio. El juez no ha creído la versión del joven y ha estimado que no había tenido lugar una violación, sino una disputa tras haber mantenido relaciones sexuales. Por ello, ha condenado al joven Anas a seis meses de prisión por practicar la sodomía y a dos meses más por denuncia calumniosa. Sus dos agresores han sido condenados también a seis meses de cárcel por mantener relaciones homosexuales, a quince días por agresión y a un mes y medio más por robo.

Las asociaciones de defensa de los derechos LGTB de Túnez han expresado su repulsa por la condena. Desde la asociación Damj la califican de «violación flagrante de los derechos humanos y de la dignidad moral», e instan al cese inmediato de todos los procesos abiertos en aplicación del mencionado artículo 230 del Código Penal, así como al abandono definitivo de la práctica de los exámenes anales.

El abogado de Anas y presidente de la asociación Shams, Mounir Baâtour, denuncia que las condenas por delitos relacionados con la homosexualidad se han incrementado extraordinariamente en los últimos años. Si en 2016 se produjeron 56 condenas, en 2017 sumaron 79 y en el pasado 2018 ascendieron a un total de 127. Según Baâtour, «los jueces se están volviendo cada vez más estrictos con respecto a la moralidad», lo que atribuye a la «creciente influencia» del partido de inspiración islamista Ennahdha, miembro de la coalición de Gobierno actual, en los tribunales.

La hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos

Efectivamente, la persecución social y de Estado hacia los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos es incesante. Las detenciones por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, son constantes y las condenas a prisión habituales, lo que ha sido calificado por la asociación Shams como una auténtica «cacería».

Además, los defensores de los derechos LGTB —que luchan por la derogación del citado artículo 230 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta 3 años de prisión— sufren constantes agresiones, hasta el punto de que algunos de ellos han tenido que exiliarse ante las repetidas amenazas de muerte. Un reportaje de la red de noticias Konbibi reflejaba esta situación hace unos meses. En marzo de pasado año 2018 recogíamos una de las pocas noticias positivas que nos llegaba del país. Rached Ghannouchi, líder del partido Ennahdha que forma parte de la coalición de Gobierno actual, declaraba en una entrevista que «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente». Esperemos que poco a poco se vaya imponiendo su visión.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Damj, Discriminación, exámenes anales, Homofobia, Islam, LGTBfobia, Mounir Baâtour, Sfax, Túnez

El reconocimiento legal de las personas de género no binario en Alemania abre un nuevo debate sobre la legislación de igualdad de género. El parlamento del estado federado de Brandeburgo, en la parte oriental del país, aprobó la semana pasada una ley de paridad que obliga a los partidos a presentar listas electorales con el mismo número de mujeres y de hombres. El Partido Pirata ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la norma por ignorar la existencia de personas de género no binario. A ellos se han unido las juventudes liberales (FDP). Una sentencia del Tribunal Constitucional de Karlsruhe, trasladada a ley en diciembre del año pasado, introdujo «diverso» como tercera opción de sexo legal.

En noviembre de 2017, el Constitucional federal emitía una sentencia histórica al fallar a favor de Vanja, una persona que solicitaba la inscripción de su sexo legal como «inter/diverso». Según los jueces del alto tribunal, el derecho al libre desarrollo de la personalidad recogido en el artículo 2 de la norma fundamental alemana incluye la protección de la propia identidad y expresión de género, que es una condición indispensable para poder ejercer dicho derecho. Además, negarles el reconocimiento a las personas que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino constituye una discriminación por razón de género prohibida por la Constitución.

El Constitucional dio de plazo hasta el 31 de diciembre de 2018 al Bundestag para que regulara el derecho a la identidad de género de todos los ciudadanos. El Gobierno federal presentó un proyecto de ley en agosto del año pasado. El término para designar la nueva opción de sexo legal fue «diverso», que se añadió a los existentes de «masculino» y «femenino». Sigue estando disponible la posibilidad de dejar en blanco el registro del sexo. Cuatro meses después de su aprobación en el Consejo de Ministros y apenas dos semanas antes de que expirara el plazo fijado por el Constitucional, ambas cámaras del Parlamento alemán daban su visto bueno a la medida y entraba en funcionamiento la nueva opción de sexo legal.

La entrada en vigor de la ley federal ha abierto el debate sobre los efectos de algunas normas de igualdad de género. En concreto, sobre una ley de paridad en el estado federado de Brandeburgo, aprobada la semana pasada, que obliga a las formaciones políticas a presentar listas con el mismo número de hombres que de mujeres. El texto recibió los votos favorables de SPD y Linke, en el Gobierno regional, y de Los Verdes desde la oposición. El Partido Pirata, que carece de representación en el Parlamento, ha anunciado la presentación de un recurso contra la norma ante el Tribunal Constitucional de Brandeburgo.

La formación, a la que se han unido los Jóvenes Liberales del FDP, considera que la nueva ley vulnera la libertad de organización de los partidos y el derecho al sufragio pasivo y es discriminatoria contra las personas de género no binario. Según el portavoz de los Piratas para políticas queer, Zoey Matthies, el texto aprobado por el Parlamento de Brandeburgo ignora la sentencia del Tribunal Constitucional federal sobre el reconocimiento de un tercer sexo legal y podría forzarles a manifestar su género a personas que preferirían no revelarlo.

Se abre un interesante debate sobre los efectos y la extensión de las leyes de igualdad de género, en particular las de paridad, en los países que reconocen un tercer sexo legal. Se trata de medidas que han adoptado países como Australia en 2011 o Canadá y Malta el año pasado. En   California, ya han introducido medidas de ese tipo.  El Tribunal Constitucional de Austria y Holanda han abierto la puerta al derecho a registrarse bajo una tercera opción de género en 2018 . La posibilidad de registrarse bajo un tercer género o de dejar en blanco el género también ha sido regulada de diferentes formas en países como Pakistán, India, Nepal,  y Nueva Zelanda. Siendo normas relativamente recientes, probablemente surjan debates parecidos en otros países.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alemania, Die Grü, Die Linke, Discriminación, FDP, Género no binario, Identidad de género, Intersexualidad, Partido Pirata Alemán, SPD, Zoey Matthies

Un joven tunecino se enfrenta a cargos por mantener relaciones homosexuales después de denunciar haber sido víctima de violación y robo con violencia. Además, ha sido sometido a la infame práctica de un examen anal, considerada como una forma de tortura. Se enfrenta a penas de hasta 3 años de prisión, en un juicio que tendrá lugar este 11 de febrero. Desde las asociaciones de defensa de los derechos LGTB se reclama la retirada de los cargos y su liberación inmediata.

Los hechos tuvieron lugar en la ciudad portuaria de Sfax, según relata Mounir Baâtour, abogado y presidente de la asociación Shams. El joven Anas, de 23 años, se había citado con otros dos jóvenes, que le habían tendido una trampa a través de la red social Facebook. La supuesta cita concluyó con la violación de Anas por parte de los dos agresores y del robo de su teléfono móvil y su chaqueta.

Cuando Anas procedió a denunciar ante la policía la violación y el robo, fue inmediatamente detenido, acusado de haber mantenido relaciones homosexuales, condenadas en Túnez con hasta 3 años de prisión en aplicación del artículo 230 de su Código Penal. Además, fue sometido a un examen anal para comprobar si había «signos de práctica habitual de la sodomía». Esta infamia, considerada como una forma de tortura, ha sido denunciada ampliamente por los defensores de los derechos humanos y de las personas LGTB, pero las autoridades tunecinas se excusan en que no es obligatorio someterse a ella. Sin embargo, la negativa es habitualmente considerada por los jueces como una prueba de culpabilidad.

Al joven se le ha negado además la libertad provisional en espera de juicio, por lo que lleva más de un mes en prisión. Según Mounir Baâtour, su estado psicológico es preocupante, pues se enfrenta a diario al acoso y los ataques de los otros presos. Por ello, han dirigido al jefe de Gobierno tunecino, Youssed Chahed, una carta en la que le exhortan a que intervenga para que la Fiscalía levante los cargos contra Anas, así como para que cumpla con su promesa de ordenar poner fin a la práctica de los exámenes anales, y, finalmente, a la despenalización de la homosexualidad con la derogación del mencionado artículo 230.

La hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos

La persecución social y de Estado hacia los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos es incesante. Las detenciones por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, son constantes y las condenas a prisión habituales, lo que ha sido calificado por la asociación Shams como una auténtica «cacería».

Además, los defensores de los derechos LGTB —que luchan por la derogación del citado artículo 230 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta 3 años de prisión— sufren constantes agresiones, hasta el punto de que algunos de ellos han tenido que exiliarse ante las repetidas amenazas de muerte. Un reportaje de la red de noticias Konbibi reflejaba esta situación hace unos meses. En marzo de pasado año 2018 recogíamos una de las pocas noticias positivas que nos llegaba del país. Rached Ghannouchi, líder del partido Ennahdha que forma parte de la coalición de Gobierno actual, declaraba en una entrevista que «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente». Esperemos que poco a poco se vaya imponiendo su visión.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Discriminación, exámenes anales, Homofobia, Islam, LGTBfobia, Mounir Baâtour, Sfax, Túnez, Youssed Chahed

¿Existe la bifobia dentro de la comunidad LGTB? Lo cierto es que, en mayor o menor grado, así es.

El otro día una amiga bisexual me hablaba de que en una aplicación para ligar algunas chicas lesbianas la habían dejado de hablar al decirles que era bisexual. Sin despedirse, sin explicaciones. Es más, alguna le había dicho que este no era su sitio e incluso le habían insultado en alguna ocasión.

Me incitó a buscar información sobre el tema y me encontré con un informe de la Universidad Abierta de Inglaterra que explica que hay mayor tasa de depresión, ansiedad e intentos de suicidios entre la gente bisexual que entre heterosexuales u homosexuales. Esto no pinta bien.

Recientemente, en Reino Unido, la organización pro derechos LGTB Stonewall ha querido señalar y denunciar la bifobia que existe dentro de la comunidad. Para su directora, Ruth Hunts, “es un problema muy real. El 27% de las bisexuales y el 18 de los bisexuales han experimentado bifobia. Muchos bisexuales vienen a contarnos que les preocupa la hostilidad que experimentan. Tal vez hay una cierta ansiedad entre los gays y lesbianas bífobos que les hace ver a los bisexuales como si realmente no lo fueran y como si no pertenecieran a la comunidad. Y esa es una narrativa profundamente ofensiva, estereotipada, estigmatizada, pero es algo que resulta ser muy popular y que se sigue perpetuando”.  Tal vez por ello más del 30% de los bisexuales no salen del armario con su familia, frente al menos del 10% homosexual.

La BBC News nos contaba la historia de Katie Salmon, partícipe del reality ingles Love Island, donde se enamoró de Sophie Graydon. Salió temerosa de la reacción de su familia, o del público en general, pero acabó contándole a este medio que lo que más de impactó y lo que más le dolió fue la bifobia recibida por parte de la propia comunidad gay. La acusaban de usar esta relación para publicitarse, la acusaban de hetero mentirosa, o de lesbiana cobarde. “Sentí como que todos dudaban (de que fuera bi). Honestamente estaba muy molesta porque no me apoyaron, era mi propia comunidad. Qué habrían sentido los bisexuales que en ese momento se estuvieran planteando salir del armario”. Para algunos hombres, mi bisexualidad es solo “algo sexual. Piensan que es un entretenimiento para ellos (…) Su actitud es como: ‘Oh, te gustan las mujeres también, entonces te gustan los tríos”. Katie se pregunta “¿Cómo es posible que no me dejen ser lo que soy?”. (Foto inferior: Katie y su chica en el reality).

BBC News nos trae otra interesante historia. Esta vez la de un hombre, Lewis Oakley, quien tuvo un novio a los 19 años, tras mudarse a Londres, donde se hizo muchos amigos gays. Su sorpresa llegó cuando se echó una novia. Muchos de sus amigos se lo tomaron fatal, y varios amigos de su chica le dijeron a esta que le dejara porque era gay. “Te lo acabarás encontrando en la cama con un hombre, tú no podrás satisfacerle -le dicen a mi chica- No lo entiendo. si fuese gay, simplemente me declararía gay”. “Una vez mis amigos gays me vieron en un bar besándome por una chica y empezaron a mofarse en nuestro grupo de wassap diciendo que qué desagradable” (Foto inferior: Lewis Oakley).

“En el caso de los hombres, se presume que están en camino de ser gays. Y en el de las mujeres, se presume que solo están fingiéndolo” afirma Katie. El machismo sin duda influye en este enorme prejuicio: Una vez más la sexualidad femenina como mera prolongación de un deseo masculino. Resulta que para el grueso de los bífobos, según explica Stonewall, a un hombre bisexual realmente le gustan los hombres, a una mujer bisexual, también.  El machismo está evidenciándose demasiado en este tema.

Fuente Oveja Rosa

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El juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Totana ha dictado un auto con el sobreseimiento y archivo provisional de las diligencias por la querella interpuesta por la autodenominada Asociación Libertas contra el alcalde y la concejala de Igualdad  de Totana por el repintado de varios pasos de peatones con los colores de la bandera arcoíris con motivo de la celebración del pasado Orgullo LGTB. Una iniciativa que en su momento despertó las iras del Partido Popular y de La Falange. La formación de extrema derecha promovió de hecho una sonora campaña en la localidad murciana.

El Ayuntamiento de Totana, en el contexto de la «Semana por el Respeto y la Igualdad del Colectivo LGTBI»  que se celebró en la localidad murciana del 18 al 29 de junio pasado, repintó varios pasos de cebra con los colores de la bandera arcoíris. Una iniciativa que por cierto se lleva a cabo en diversas ciudades del mundo con motivo de las celebraciones del Orgullo. La iniciativa desencadenó las iras del Partido Popular de la localidad, que la consideró ilegal y argumentó «no se pueden modificar ni alterar las señales y marcas viales de forma arbitraria y caprichosa, máxime cuando están poniendo en peligro la seguridad de los vecinos de Totana», así como de La Falange, que colocó pancartas junto a los pasos de cebra con el lema «No a la imposición ideológica de género. Totana adoctrina». Los pasos, además, fueron emborronados con pintura. El Ayuntamiento de Totana, conviene precisar, está gobernado por una coalición entre el PSOE y Ganar Totana IU.

Sin embargo, la polémica no se quedó ahí. La Asociación Libertas (organización constituida precisamente en respuesta a la aprobación de una ley de igualdad LGTBI en la Región de Murcia) presentó una querella criminal contra el alcalde, Andrés García, y la concejala de Igualdad, Eulalia Moreno, a los que acusaba de un delito de prevaricación, y que fue admitida a trámite el 12 de septiembre. Ahora la justicia, en primera instancia, ha dictado un auto con el sobreseimiento provisional de las diligencias, argumentando que «no ha quedado suficientemente justificada la concurrencia de ningún delito de prevaricación, al desprenderse de las mismas la ausencia del elemento subjetivo configurador del mismo».

Una querella «ideológica, política y sectaria»

Una vez conocida la noticia, el alcalde de Totana y la concejala de Igualdad comparecieron públicamente para manifestar sus impresiones. Andrés García no dudó el calificar la querella de «ideológica, política y sectaria» y señaló a las personas que la interpusieron como «próximas» hoy día a Vox, la formación de extrema derecha que recientemente irrumpió en el Parlamento andaluz. El alcalde tuvo también palabras de reproche hacia el Partido Popular de Totana y hacia el único concejal no adscrito de la localidad, elegido en su momento en las listas de Ciudadanos, a quienes acusó de haber fomentado la polémica, junto a la Falange y a la Asociación Libertas.

Os dejamos con el vídeo de su comparecencia, publicado por Totana Noticias:

Fuente Dosmanzanas

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La película Carmen y Lola, de la directora y guionista bilbaína Arantxa Echevarría, obtuvo dos premios Goya —de los ocho a los que optaba— a la mejor dirección novel y a la mejor actriz de reparto para la actriz Carolina Yuste, en una gala celebrada en Sevilla el pasado sábado. Ahora, y gracias a esos galardones, esta historia de amor lésbico entre dos adolescentes gitanas de la periferia madrileña se proyectará en cinco cines más de toda España —en la semana previa a la gala se exhibía en 25 salas de todo el país—. «No sé si una película es capaz de cambiar mentalidades en un país. Me parece, quizá, pretencioso, sobre todo con una peli tan pequeñita. Pero sí que ha cambiado a personas», señaló Echevarría en declaraciones a Dosmanzanas.

Aunque ya había rodado varios cortos y documentales, Carmen y Lola  era la primera película de la directora, guionista y productora Arantxa Echevarría. Rodada en los barrios de Hortaleza y Vallecas y estrenada el pasado mes de septiembre, la cinta está protagonizada por un grupo de intérpretes gitanos y mercheros sin experiencia capitaneados por Zaira Morales, Rosy Rodríguez y Carolina Yuste.

La cinta cuenta la historia de amor de dos adolescentes gitanas que un día se cruzan en un mercadillo y que deciden vivir su romance, pese a los inconvenientes y discriminaciones sociales a las que tienen que verse sometidas por su familia. Echevarría, que lleva en el mundo del cine desde los diecinueve años, cuenta que pensó en rodarla justo después de leer la noticia de una boda gitana entre lesbianas sin ningún invitado.

Con el filme, la cineasta quiso romper el tabú de la homosexualidad en el mundo gitano. «Al principio, al ver el tráiler, había muchísimo recelo por parte de la comunidad gitana. Si os metéis en el vídeo que hay en YouTube, veréis que me llaman demonio, me insultan, hablan mal de las chicas… Me sorprendí mucho. Sí que durante el rodaje, y en la preparación, vi ese lado conservador de muchos gitanos antiguos. Pero, curiosamente, después de que se estrenara la peli y la vieran, creo que ha cambiado un poco su forma de pensar. La gente que ha ido a verla ha sentido cierta cercanía. Es muy difícil sentir odio o desprecio hacia estas dos chicas. Es un amor puro», explica Echevarría, que últimamente ha recibido mensajes de muchos jóvenes gitanos que le dicen que Carmen y Lola «era una película necesaria y que les podía incluso servir de visualización y herramienta para hablar con sus padres».

A medida que avanzaba el rodaje, ya fue percibiendo que algo cambiaba en la mentalidad de los implicados: «Zaira y Rosy, siendo gitanas, no querían saber nada de los homosexuales. Rosy, incluso, me comentó en el casting que tenía un primo gay al que no le hablaba, porque para ella no era gitano, ni una persona normal. Pensé ‘si consigo el arco dramático del personaje, que también piensa lo mismo (como siempre, por desconocimiento), y que acabe siendo una mujer enamorada de otra mujer, sería brutal».

Para sorpresa de la bilbaína, Rosy se le acercó un día, allá por la cuarta semana de rodaje, y le pidió que fuese a cenar a su casa esa noche. «Me dijo ‘Es que he invitado a mi primo gay y a su marido, y me encantaría que vinieras tú para que veas cómo le pido perdón y le digo que he sido una inmadura’. De los 150 gitanos que han participado en la película, no todos estaban de acuerdo al principio. Pero al final, había una especie de comunión y comprensión del tema», comenta.

No oculta el orgullo que le produce el hecho de que tantas personas se hayan puesto en contacto con ella desde que el proyecto se puso en marcha: «Adolescentes, mujeres mayores, hombres… Me ha escrito muchísima gente gracias a las redes sociales. Ahora hay una democratización de la información que mola muchísimo. Y me han dicho cosas que me han emocionado mucho».

Después de escribir el guion, la cineasta hizo un casting en varios barrios madrileños hasta que —1.250 entrevistas después— dio con las dos protagonistas y su familia. Y no le salió mal lo de rodar con intérpretes debutantes, porque tanto Rodríguez (de 21 años) como Romero (de 18) y Moreno Borja acabaron siendo nominados al Goya a mejor actriz y actor revelación, respectivamente (aunque finalmente los tres se quedasen sin el premio).

Hablando del Goya, la película logró ocho nominaciones al prestigioso cabezón, aunque finalmente se ha tenido que ‘conformar’ con solo dos galardones. Uno de ellos, el de mejor actriz de reparto, fue a parar a manos de Carolina Yuste, la única actriz profesional de la película. «Estoy feliz de estar en un proyecto en el que el 70% del equipo son mujeres. Cuando se nos da la voz, salen películas como esta que pueden cambiar conciencias y hacer de este un mundo un lugar más sanito», comentó emocionada en su discurso de agradecimiento.

Asimismo, Echevarría se llevó el galardón a la mejor dirección novel. «El que la Academia haya apoyado y nos hayan dado el Goya a Carol y a mí es un subidón. Significa que algo está cambiando. Y que todo se transforma, que las academias también se renuevan. Hemos entrado unos cuantos académicos, yo incluida, en la época de Yvonne Blake, y sé que Mariano [Barroso] también quiere sangre nueva. Está la experiencia de la gente antigua, y también estamos la gente nueva. Creo que eso va a crear una Academia mucho más demócrata y más plural», explica ahora.

De momento, la distribuidora de la película, Super8, ha señalado que sigue negociando la incorporación de la cinta a más salas españolas durante los próximos días.

Fuente Dosmanzanas

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Hace unos días anunciábamos que el Gobierno de Canadá quiere conmemorar el 50º aniversario de la despenalización de la homosexualidad con la emisión de una moneda especial de un dólar de curso legal. Se desconoce todavía cuál será el diseño de la moneda, contra la que grupos ultraconservadores ya han empezado a hacer campaña. Entre ellos CitizenGO, la marca internacional de la organización HazteOír.

Las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo fueron despenalizadas en Canadá en 1969, siendo primer ministro Pierre Trudeau. El propio Trudeau había introducido la propuesta de reforma del Código Penal un par de años antes, cuando ocupaba la cartera de Justicia. «No hay lugar para el estado en los dormitorios de la nación», argumentó entonces, una frase que ya ocupa un lugar en la historia de los derechos LGTB en Canadá:

50 años después, el Gobierno que precisamente preside Justin Trudeau, hijo de Pierre Trudeau, ha decidido commemorar aquel momento con la acuñación de una moneda de dólar canadiense (un «loonie», como es conocida popularmente esta moneda) que será de curso legal, si bien se desconoce todavía cuál será su diseño. Una decisión que confirmaba el propio ministro de Economía de Canadá en Twitter el pasado 22 de diciembre:

Stay tuned Canada! Incredibly proud to have approved this new loonie to commemorate the 50th anniversary of the decriminalization of homosexuality in Canada – an important milestone, and strong reminder of the work still to do. https://t.co/I2nTJZzzKR

— Bill Morneau (@Bill_Morneau) 21 de diciembre de 2018

Un anuncio coherente con la trayectoria de Justin Trudeau como primer ministro, caracterizada por la defensa de los derechos LGTB sobre todo a nivel de gestos (lo que no deja de tener su importancia) pero también de algunas decisiones concretas, como la emisión de pasaportes que reconocen las identidades no binarias con una tercera opción de género o el acogimiento de refugiados LGTB víctimas de persecución en Chechenia.

La conmemoración del 50 aniversario de la despenalización de la homosexualidad en Canadá, sin embargo, no gusta a los grupos ultraconservadores. Es el caso, por ejemplo, de Campaign Life Coalition, un colectivo de los autodenominados «provida», cuyo portavoz considera la decisión «algo que uno esperaría de la China comunista, de la antigua Unión Soviética o del todopoderoso estado alemán de los años treinta y cuarenta, que usaron el aparato del gobierno para asegurarse de que ningún ciudadano escapaba al adoctrinamiento». Así, tal cual.

En este contexto, CitizenGo, que no es otra cosa que la marca internacional de la organización HazteOír, ha iniciado una campaña de protesta contra la decisión, que en estos momentos ha conseguido unas 30.000 adhesiones. «’Legal’ no significa ‘moral’. No todo lo que es ‘legal’ debe ser conmemorado. Hay muchas cosas que son perfectamente legales en Canadá que no solo son cuestionables, sino que son profundamente inmorales», argumenta la petición. «¿Por qué debería esta práctica sexual divergente e impopular ser subrayada en nuestras monedad circulantes?», añade en otro párrafo. «Es más, muchos canadienses consideran la homosexualidad pecaminosa, de acuerdo a las enseñanzas del judaísmo y el cristianismo», continúa. La petición llega a asegurar que la homosexualidad supone un riesgo para la salud. «Los homosexuales activos no viven tanto como los no homosexuales y son propensos a más enfermedades. Debemos conmemorar un estilo de vida que coloca a las personas en un mayor riesgo de daño?», añade.

Una petición cargada de odio, en definitiva, en la misma línea que las que pone en marcha CitizenGo en otros países. Por ejemplo en Kenia, donde directamente han llegado a promover una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

En España siguen siendo de utilidad pública

Como bien sabemos, CitizenGo es la marca internacional de HazteOír, una organización a la que en 2013 el Gobierno del Partido Popular decidió conceder el estatus de utilidad pública. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza». Una definición que a nuestro juicio no casa con HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, como hemos visto arriba.

Es cierto que en agosto de 2018, después de que se divulgara una noticia según la cual el Gobierno de Pedro Sánchez descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas», el Ministerio de Interior anunció la apertura de un expediente «para ver si persiste la utilidad pública». Ha pasado casi medio año y HazteOír sigue manteniendo dicho estatus.

Importantes ventajas fiscales

Según informó en su momento infoLibre, ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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En Bolivia, el matrimonio o la unión entre homosexuales está prohibido.

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Como excepción, traemos esta noticia de un programa realmente prescindible y muy alejado de los más mínimos valores sociales pero que, debido a la última astracanada, ha dado rienda suelta a los tópicos más deleznables de la homofobia…

El programa de citas de Cuatro Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV), presentado por Toñi Moreno desde el pasado año, contará próximamente con su primer tronista homosexual. Eso sí, parece que la productora del espacio —Bulldog TV— está buscando candidatos que no tengan pluma. Hombres ‘masculinos’ y chicas ‘femeninas’. Muchos seguidores del programa no han tardado en cargar las tintas contra la productora a través de las redes sociales, criticando sus requisitos de selección.

Todo empezó cuando Claudia —una de las pretendientas del tronista Santanta— comentó que le gustaría tener una cita con la tronista chica, una joven llamada Jenni. «Este es un programa para encontrar el amor, y yo siempre he venido aquí sincera. A mí hay otra persona que me encaja, que es tronista, y que es Jenni», comentó, para sorpresa de los allí presentes. «Se lo diremos a Jenni, y ella contestará. ¡Yo vivo para ese programa! ¡Ya no puedo dormir en toda la noche!», le respondía la presentadora, visiblemente contenta.

Resulta curioso que, a pesar de llevar más de diez años en antena y de haber contado con infinidad de tronistas y pretendientes hasta la fecha, el programa no haya contado hasta ahora con un trono protagonizado por un hombre homosexual. Todos sus tronistas y pretendientes han sido heterosexuales (al menos públicamente…), a pesar de que otros programas del estilo ya hubiesen dado el paso y de que Emma García —su antigua presentadora— llevase tiempo pidiendo, tanto a los productores como a los directores del espacio, que hubiese un «trono gay». En 2016, de hecho, ya se anunció de manera informal que este sería realidad ese mismo año, sería, aunque al final no se materializó.

Eso sí, según señalaba el diario 20minutos hace pocos días, la productora del conocido espacio está buscando ya a sus primeros tronistas homosexuales —después de años de rumores—. «No se buscan estereotipos ni perfiles demasiado marcados. Las primeras llamadas ya se han producido, e incluso los primeros candidatos al trono podrían hacer sus castings la próxima semana», señalaba la bloguera Rosy Runrún hace unos días.

¿Plumofobia en Mediaset?

Lo curioso del asunto es que, en el caso de las chicas, buscan a una mujer  «joven, femenina, clara, con carácter y guapa». Y, en el de los chicos, quieren «un hombre guapo, masculino, sin pluma y con cuerpazo de tronista». Heteronormatividad al poder. ¿Plumofobia a la vista? «La plumofobia lleva años pululando por todas partes, desde los inicios de la historia y del propio movimiento», señala a dosmanzanas el psicólogo Gabriel J. Martín. «Probablemente, los requisitos para el casting no hayan sido acertados. No deberían haber planteado la pluma como un criterio de exclusión, sino permitir que cualquiera se presentase».

«Pero te hago otra reflexión: si el tronista fuera un chico claramente con pluma, ¿no crees que habría salido otro montón de gente quejándose de que siempre se proyecta ‘una imagen estereotipada del colectivo’? Hicieran lo que hicieran, la iban a cagar… así que supongo que han decidido cagarla apostando por un estereotipo corporal que sea acorde a lo que suelen presentar en su programa», apostilla Martín que, aun así, considera que «han hecho mal en convertir la pluma en un criterio de exclusión, aunque también es un programa que excluye a los gordos, a los feos… y a los inteligentes».

Conviene recordar, en este aspecto, que ya desde sus comienzos MYHYV ha recibido numerosas críticas por su superficialidad, la banalización de las relaciones de pareja y el permanente culto a la belleza física normativa que promueve. Tampoco han faltado las acusaciones de machismo. En 2015, desde la plataforma change.org se promovió incluso una campaña para que Mediaset lo retirase, que llegó a a superar las 167.000 firmas.

Fuente Dosmanzanas

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Paul Faith/AFP/Getty Images

Encuestas recientes muestran que la mayoría de las personas en Irlanda del Norte apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Lord Robert Hayward, un conservador, ha renovado sus esfuerzos para lograr la igualdad matrimonial en Irlanda del Norte.

Lord Hayward ha propuesto una enmienda al proyecto de ley de uniones civiles, matrimonios y defunciones, que se debatirá en la Cámara de los Lores el viernes (1 de febrero), y que extendería el matrimonio entre personas del mismo sexo a Irlanda del Norte.

Irlanda del Norte no ha tenido una administración descentralizada en funcionamiento desde enero de 2017, cuando se rompieron las relaciones entre el Partido Unionista Democrático y el Sinn Féin.

La enmienda de Lord Hayward permite el escenario en el que el gobierno descentralizado vuelve al poder. Una cláusula incluida en la enmienda daría a la Asamblea de Irlanda del Norte seis meses para revocar la disposición sobre la igualdad en el matrimonio después de que el proyecto de ley se convierta en ley.

“Esta enmienda respeta el papel de Stormont, pero también reconoce la realidad de que esas instituciones descentralizadas no están funcionando actualmente”, dijo Lord Hayward.

El año pasado, la Cámara de los Lores, en colaboración con el diputado laborista Conor McGinn, que hizo lo mismo en la Cámara de los Comunes, presentó un proyecto de ley de los diputados privados sobre el tema de la igualdad en el matrimonio en Irlanda del Norte.

“Las parejas del mismo sexo en Irlanda del Norte no deben esperar indefinidamente por la igualdad con el resto del Reino Unido. Es hora de que Westminster corrija ese error”, añadió Lord Hayward.

Los activistas LGBT+ en Irlanda del Norte expresaron su apoyo a la enmienda de Lord Hayward

“Este es un movimiento bienvenido de Lord Hayward. Más de dos años después del colapso del gobierno descentralizado de Irlanda del Norte, necesitamos legisladores en Westminster para asegurar un matrimonio igualitario para todos”, ha manifestado Patrick Corrigan, director del programa de Irlanda del Norte de Amnistía Internacional y miembro de la campaña Love Equality for equal marriage en Irlanda del Norte. Añadió: “Si Stormont regresa, estamos contentos de continuar nuestro trabajo con MLAs a través de los partidos para cambiar la ley, pero mientras tanto, la igualdad no puede esperar”.

Irlanda del Norte es la única parte del Reino Unido o Irlanda donde las parejas del mismo sexo no pueden casarse, sólo pueden tener una relación de pareja civil.

Estudios recientes indican que existe un amplio apoyo a la igualdad en el matrimonio tanto entre los ciudadanos como en la Asamblea de Irlanda del Norte, que, sin embargo, no puede funcionar sin un acuerdo para compartir el poder.

El 9 de enero, fecha que marca los dos años del colapso del gobierno de Irlanda del Norte que comparte el poder, la directora ejecutiva de Stonewall, Ruth Hunt, y Frances O’Grady, del Congreso de Sindicatos, firmaron una carta conjunta el pasado mes de mayo, instándola a extender los derechos matrimoniales a las parejas del mismo sexo en la región en ausencia de un gobierno.

Una petición de Amnistía Internacional en apoyo de una pareja de lesbianas que quiere casarse en Belfast el Día de San Valentín ha reunido más de 35.000 firmas.

Fuente Cromosomax

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Sebastian Kurz, canciller de Austria

Apenas unas semanas después de la entrada en vigor de la igualdad matrimonial en Austria, muchas parejas del mismo sexo se han encontrado con problemas para formalizar su unión. El ministerio del Interior, en manos de la extrema derecha del FPÖ, ha emitido unas recomendaciones en las que instan a los registros civiles a que no celebren bodas entre personas del mismo sexo si alguno de los contrayentes tiene la nacionalidad de un país que no reconoce el matrimonio igualitario. En Viena, se está impidiendo el reconocimiento de los enlaces celebrados en el extranjero. Son intentos del Gobierno de coalición entre la derecha conservadora y la extrema derecha por torpedear la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que decretó el fin del matrimonio excluyente.

El 1 de enero de 2019 expiraba el plazo dado por el Tribunal Constitucional austriaco en el fallo que consideraba que la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio es discriminatoria. La inacción del Gobierno del canciller Sebastian Kurz obligó a la comunidad LGTB del país a esperar más de un año para que la sentencia entrara en vigor. Ese mismo día, Nicole Kopaunik y Daniela Paier se convertían en la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio sin necesidad de que mediara una sentencia. Tres meses antes se había casado otra pareja de mujeres tras demandar al Estado austriaco ante los tribunales, caso que culminó en la histórica sentencia del Constitucional de diciembre de 2017.

Pero el Gobierno de coalición entre la derecha conservadora del ÖVP y la extrema derecha del FPÖ, contrarios ambos a la equiparación de derechos de la ciudadanía LGTB, se las ha ingeniado para poner alguna traba. Varias parejas del mismo sexo se han llevado la desagradable sorpresa de que la administración se negaba a tramitar su boda. El motivo, que alguno de los contrayentes tenía la nacionalidad de un país que no reconoce el matrimonio igualitario. El ministerio del Interior, en manos del FPÖ, ha emitido unas recomendaciones en las que insta a los registros civiles a rechazar las solicitudes de matrimonio de estas parejas.

Ha sido el presidente de la asociación LGTB Rechtskomitee Lambda, Helmut Graupner, el que ha avisado de esta injusta situación. En su organización han recibido numerosas llamadas de parejas del mismo sexo cuyos enlaces han sido rechazados a causa de la nacionalidad de uno o los dos contrayentes. Según Graupner, muchos de estos casos se han dado en la ciudad de Viena, cuyas autoridades impiden incluso el reconocimiento de matrimonios del mismo sexo celebrados en el extranjero, con independencia de la nacionalidad de los cónyuges. El activista lamenta que, a pesar de la sentencia inequívoca del Constitucional, la comunidad LGTB tenga que «luchar duramente en los tribunales por cada milímetro de eliminación de discriminaciones».

La trayectoria del reconocimiento de los derechos LGTB en Austria le da la razón a Graupner: los más importantes se han alcanzado a partir de sentencias judiciales. El Tribunal Constitucional falló en 2014 a favor de permitir a las parejas de mujeres acceder a los tratamientos de reproducción asistida y en enero de 2015, de la adopción conjunta homoparental. Anteriormente,  la ley de uniones civiles aprobada en 2009 ya había sido modificada a instancias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para regular la adopción de los hijos biológicos del compañero del mismo sexo. El último logro ha sido la apertura de los registros civiles (Standesamt) a las parejas del mismo sexo que quieran formalizar su unión, como ya se hace en el caso de las bodas heterosexuales. Con una desfavorable situación parlamentaria frente a estos alentadores precedentes judiciales, la comunidad LGTB se aferró al anuncio que realizaba el Tribunal Constitucional en octubre de 2017 se materializó en la histórica sentencia de dos meses después: la exclusión de las parejas del mismo sexo del acceso al matrimonio es inconstitucional. Un mensaje rotundo, por muchos palos en las ruedas que se empeñen en poner la derecha y la extrema derecha desde el Gobierno.

Fuente Dosmanzanas

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La mayoría conservadora en el Supremo levanta la suspensión cautelar de la orden de Trump: las personas trans, de nuevo vetadas en el Ejército estadounidense.

Corren malos tiempos para las libertades. En el mundo en general, y en Estados Unidos en particular. Estados Unidos ha dado un nuevo paso atrás en materia de derechos LGBTI tras la alineación del Tribunal Supremo con las tesis tránsfobas de Donald Trump.

Victoria de la administración Trump en su cruzada contra la comunidad trans en Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha decidido levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre la orden para excluir a las personas trans del Ejército, con lo que a partir de ahora está prohibida su contratación, como ya ocurría antes de 2016. El fallo, que es provisional hasta que se resuelvan las demandas presentadas, refleja la nueva mayoría conservadora del alto tribunal. La entrada en vigor de la norma discriminatoria supondrá también la interrupción de la financiación de los tratamientos de reasignación, salvo los del personal que se encuentre en pleno proceso.

La agenda anti-LGTB de la administración de Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence ha puesto desde el primer momento a las personas trans en su punto de mira. En julio de 2017, el presidente anunciaba en la red social Twitter su decisión de excluirlas del Ejército. El mensaje se hacía efectivo pocas semanas después mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior. El documento, al que puedes acceder aquí, vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso. La administración Trump retomaba la situación previa a junio de 2016, cuando el expresidente Barack Obama abrió las fuerzas armadas a las personas trans, dando inicio a un proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria que debía culminar el mes de enero de 2018.

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales por parte de personas trans que sirven o quieren servir en el Ejército y de asociaciones de defensa de los derechos civiles. En respuesta a sendas demandas, tres jueces federales decretaron suspensiones cautelares de la orden presidencial, al considerar que la norma atenta contra el derecho a un trato igualitario y a la libertad de expresión. Mientras tanto, la presidencia emitía en marzo de este año un nuevo memorándum en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. El Pentágono aclaraba, eso sí, que por el momento los hombres y mujeres trans podían seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales.

Una situación temporal a la que la administración Trump quiso poner fin cuanto antes. Es por ello que el pasado noviembre, el procurador general Noel Francisco recurría al Tribunal Supremo para pedirle que decida sobre las suspensiones cautelares que están en vigor. La Casa Blanca puenteó a las Cortes de Apelaciones, las instancias que deberían resolver los procesos en marcha, y se dirigió directamente al máximo órgano judicial de Estados Unidos. Con este atajo, Trump pretendía evitar una posible sentencia contraria a la discriminación por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, frecuente objetivo de las críticas del presidente por su presunta tendencia liberal y que debería decidir sobre dos de las demandas.

Un Supremo con una mayoría conservadora, después de la polémica designación de Brett Kavanaugh, decidía este martes por cinco votos a cuatro levantar la paralización de la norma. La petición de puentear a las Cortes de Apelaciones, sin embargo, no fue atendida, y la del Noveno Circuito se pronunciará antes de que el asunto regrese previsiblemente al Supremo para su resolución final. Los activistas se han felicitado por que el caso siga su curso por los tribunales intermedios, pero lamentan que con el fin de la suspensión de la norma tránsfoba, se les complica la vida a los militares trans que sirven en la actualidad. Se enfrentan al despido o a la imposibilidad de acceder a un tratamiento de reasignación, salvo que se encuentren ya en pleno proceso.

Está por ver qué ocurrirá a continuación. Si la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirma las suspensiones cautelares sobre las que tiene que pronunciarse aún, la norma tránsfoba podría volver a quedar paralizada. La sentencia final, en cualquier caso, la tomará con toda probabilidad de nuevo el Tribunal Supremo.

Con noticias como estas, todas las conquistas que hemos ido realizando en los últimos años están en serio peligro con la fuerza que los populismos de derecha y ultraderecha están adquiriendo en Estados Unidos, Brasil, o en varios países europeos.

Fuente AmbienteG/Dosmanzanas

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Importante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Macedonia por no disponer de un procedimiento que permita que la mención al sexo de las personas trans en los documentos oficiales se corresponda con su identidad de género. El fallo supone un espaldarazo a los derechos de las personas trans en aquellos países de Europa en los que estos no están todavía reconocidos.

El demandante, «X», es un hombre trans nacido en 1987. Ciudadano de Macedonia, vive en Skopje, la capital de la exrepública yugoslava. Desde muy temprana edad su identidad de género ha sido masculina, aunque no fue hasta 2010 cuando comenzó tratamiento hormonal en un centro especializado de Belgrado, en la vecina Serbia. En 2011 solicitó ante las autoridades de su país el cambio de nombre, que sí le fue concedido, pasando de tener un nombre claramente femenino a uno claramente masculino. Sin embargo, la mención al sexo en su documento de identidad permaneció invariable. El Ministerio de Justicia macedonio argumentó que no disponía de ninguna prueba de que X hubiera «cambiado de sexo». Se da la circunstancia de que X no se había sometido a cirugía de reasignación. X apeló la decisión, contraargumentando que en su país no existía ningún tipo de regulación sobre la materia y que exigirle una cirugía genital para ver reconocida legalmente su identidad masculina suponía obligarlo a un tratamiento al que él no quería someterse y que supone, de hecho, su esterilización forzada. El Ministerio de Justicia, sin embargo, rechazó la petición.

En 2013, X se sometió a una doble mastectomía, también en Belgrado, y X reactivó su demanda. De hecho consiguió un dictamen forense oficial que recomendaba que se procediese a la modificación de la mención al sexo, pese a lo cual el Ministerio de Justicia de Macedonia continuó negándose.

Ahora, tras examinar el caso y los diferentes informes presentados, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la ausencia de reconocimiento legal de su identidad masculina sin necesidad de someterse a cirugía genital ha supuesto para X consecuencias negativas en su salud mental y en su vida, dictaminando que la ausencia de un procedimiento que se lo permita en Macedonia supone una violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza el derecho al respeto a la vida privada y familiar. El alto tribunal condena a Macedonia a pagar una compensación económica de 9.000 euros al demandante.

Satisfacción de los colectivos LGTB

Diferentes colectivos LGTB han expresado su satisfacción por la sentencia. Antonio Mihajlov, presidente de la organización macedonia Subversive Front, organización macedonia que también se había personado en el proceso, considera que supone un mensaje muy claro a las autoridades de Macedonia, «no solo para introducir el reconocimiento legal de la identidad de género, sino también para aprobar la nueva ley de protección y prevención contra la discriminación que se encuentra en trámite parlamentario desde mayo de 2008». Conviene recordar, en este punto, que Macedonia ocupa el puesto 41 de 49 en la última clasificación de ILGA Europa sobre los derechos LGTB  en el continente.

Precisamente, además de Subversive Front, ILGA Europa (organización paraguas que agrupa a cerca de 600 colectivos LGTB del continente) junto a Transgender Europe y Trans Network Balkan, se había personado también en el proceso como tercera parte.

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La legislatura del estado de Nueva York ha aprobado la prohibición de las «terapias» reparadoras o de conversión de la orientación sexual o la identidad de género en menores de edad. Se convierte así en el 15º territorio de los Estados Unidos (14º estado, además de Washington D.C.) en poner coto a una práctica que no solo se ha demostrado inútil, sino peligrosa. 

La prohibición de este tipo de intervenciones en menores de edad fue aprobada por 57 votos a favor y 4 en contra (en el Senado) y por 134 votos a favor y 3 en contra (en la Asamblea). Ambas cámaras están controladas desde este mes de enero por los demócratas, después de que en las elecciones de noviembre los republicanos perdieran el control del Senado estatal. Una circunstancia que ha favorecido la rápida tramitación de un proyecto al que la Asamblea ya había dado luz verde en ocasiones anteriores, pero cuya tramitación los republicanos habían bloqueado. Finalmente, ya con los demócratas controlando el Senado, el proyecto llegaba al pleno y recibía también el apoyo de varios senadores republicanos. El gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, expresaba de inmediato su apoyo a la ley y su intención de rubricarla.

La nueva ley forma parte, de hecho, de un paquete de medidas en favor de las personas LGTB que Andrew Cuomo (reelegido también el pasado noviembre) había anunciado el pasado año. De hecho, junto a la prohibición de las «terapias» de conversión en menores, la legislatura de Nueva York también ha aprobado una ley de no discriminación por identidad o expresión de género, que entre otras cosas incluye la identidad de género en el listado de condiciones protegidas por las leyes del estado.

#BREAKING: The New York State Senate just passed the Gender Expression Non-Discrimination Act, prohibiting discrimination based on gender identity or expression and adding protections for transgender NYers to the state’s Hate Crimes Law.

Recognition, at long last. #GENDA pic.twitter.com/Irmht2L4KW

— Senator Brad Hoylman (@bradhoylman) 15 de enero de 2019

El uso de “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad ha sido ya prohibido en catorce estados norteamericanos, además de en la capital federal. California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares.

En Europa, Malta fue pionera

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, en discusión en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que en cualquier caso permanece encallado por el desacuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que en teoría lo apoyan y cuya aprobación a día de hoy no está asegurada.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras. “Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Dosmanzanas

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Triunfo de la igualdad en Lituania, un país del que no recibimos habitualmente buenas noticias en materia LGTB. El Tribunal Constitucional de ese país ha fallado que el Estado lituano debe conceder permisos de residencia a todos los esposos del mismo sexo o a las parejas unidas mediante una unión civil entre personas del mismo sexo de aquellos ciudadanos de la Unión Europea que se establezcan en su territorio. Y ello a pesar de que Lituania no reconoce internamente el matrimonio igualitario ni dispone de una ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo.

El Tribunal Constitucional de Lituania, en este sentido, niega la razón al demandante, el Ministerio del Interior lituano, y en concreto su Departamento de Migración. El alto tribunal lituano considera que negar la residencia a las parejas extranjeras del mismo sexo de nacionales de la Unión Europea vulnera el derecho de reunión las familias, es discriminatorio y atenta contra la dignidad humana. La sentencia es de especial importancia para todas aquellas parejas del mismo sexo en las que uno de los miembros no es ciudadano de un país de la Unión Europea. En ese caso, si el país en el que la pareja desea residir no les reconoce como pareja, esa persona no tiene reconocido el derecho a residir en su territorio al no ser ciudadano comunitario.

Cabe destacar que con esta decisión el Tribunal Constitucional de Lituania no hace otra cosa que acomodarse a la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dada a conocer el pasado mes de junio, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a las parejas del mismo sexo, con independencia de que los Estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. «Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando a su cónyuge del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, la concesión un derecho de residencia derivado en su territorio», expresaba entonces el alto tribunal europeo.

Y aunque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea admitía que los Estados miembros disponen de la libertad de institucionalizar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, también señalaba que «la negativa de un Estado miembro a reconocer, únicamente a efectos de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, el matrimonio de éste con un ciudadano de la Unión del mismo sexo, contraído legalmente en otro Estado miembro, puede obstaculizar el ejercicio del derecho de ese ciudadano a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Esto supondría que la libertad de circulación variaría de un Estado miembro a otro en función de las disposiciones de Derecho nacional que regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo». También precisaba, en alusión a los frenos que algunos Estados miembros pueden interponer a la circulación de las parejas del mismo sexo legalmente reconocidas en otros Estados, que «una medida nacional que pueda obstaculizar el ejercicio de la libre circulación de las personas sólo puede justificarse si es conforme con los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Al estar garantizado el derecho al respeto de la vida privada y familiar en el artículo 7 de la Carta, el Tribunal de Justicia señala que también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resulta que la relación que mantiene una pareja homosexual puede estar comprendida en el concepto de ‘vida privada’ y en el de ‘vida familiar’ del mismo modo que la de una pareja heterosexual que se encuentre en la misma situación».

De hecho, gracias al fallo del alto tribunal europeo, la justicia búlgara reconocía a principios de julio los derechos de residencia derivados del matrimonio de la australiana-chilena Cristina Palma y la francesa Mariama Diallo, celebrado en Francia. Y en Rumanía el Tribunal Constitucional sentenciaba en julio, de la misma forma que ahora ha hecho su homólogo lituano, que que los cónyuges del mismo sexo de ciudadanos de la Unión Europea tienen el derecho a obtener el permiso de residencia en Rumanía.

El fallo del Tribunal Constitucional de Lituania ha sido recibido con satisfacción por el colectivos LGTB lituano. «Se trata de una sentencia progresista, que envía un mensaje importante a la comunidad LGTB y a los políticos. Ojalá que propicie actitudes más positivas hacia las familias homosexuales», ha declarado Vladimir Simonko, representante de LGL, la principal organización LGTB del país. Por el contrario, la Conferencia Episcopal de Lituania (un país mayoritariamente católico) ha expresado su malestar por el hecho de que la sentencia reconozca la realidad familiar de las parejas del mismo sexo.

Fuente Dosmanzanas

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Buena noticia la que nos llega desde los tribunales. El juzgado de lo penal número 27 de Barcelona ha condenado a un año de inhabilitación a un portero de discoteca por impedir el acceso a una mujer trans. Deberá abonar además una indemnización de 350 euros a la denunciante por daños morales.

El episodio de discriminación sucedió en abril de 2017, en una discoteca del Passeig Marítim de la capital catalana. El portero denegó el acceso a la mujer argumentando que su apariencia femenina no concordaba con la imagen que figuraba en su Documento Nacional de Identidad. Cuando un poco más tarde se personó su marido y este insistió, el portero, trabajador de una empresa subcontratada por el local, continuó con su negativa. La pareja, además de cumplimentar la correspondiente hoja de reclamaciones, acudió a una comisaría de los Mossos d’Esquadra a denunciar los hechos.

Ahora el juez ha dado la razón a la denunciante, al considerar probado que la razón por la que se le denegó el acceso fue su condición de mujer transexual. En este sentido, la sentencia no otorga ningún peso al argumento de la defensa, según el cual el portero sospechaba que la mujer era una ladrona.

La sentencia, ante la que cabe recurso, condena al portero a un año de inhabilitación profesional y al pago de una indemnización de 350 euros a la demandante, así como al pago de las costas. La discoteca ha sido declarada responsable civil subsidiaria.

Desde el Observatori contra l’Homofòbia, que desde un principió acompañó y prestó asesoramiento a la mujer, se muestran satisfechos con el hecho de que el portero haya sido condenado por la vía penal pero al mismo tiempo reclaman una mayor contundencia por la vía administrativa, así como la imposición de sanciones más elevadas. Cabe recordar, en este punto, que la ley catalana contra la LGTBfobia contempla un amplio repertorio de sanciones que apenas se están aplicando (al menos hasta hace un año solo se habían impuesto tres sanciones pese a haber sido comunicadas hasta entonces 110 incidencias presuntamente LGTBfobas).

En cualquier caso, nos felicitamos por esta condena. Confiemos en que sea una muestra de que poco a poco la justicia española está dejando de ser ciega ante todos los episodios de discriminación por LGTBfobia, y no solo ante las agresiones físicas más llamativas o mediáticas.

Fuente Dosmanzanas

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Con solo 13 días Alba conoció la brutalidad del rechazo. Fue abandonada por sus padres biológicos, así que rápidamente entró en la lista de adopción. ¿Qué saldría mal? Era una recién nacida preciosa, con hermosos ojos azules y suaves cabellos rubios.

Pero Alba fue rechazada por 20 familias. ¡20! ¿Por qué? Porque la pequeña nació con síndrome de down.

Pero alguien la quiso sin siquiera conocerla. El que se convertiría en su amado papá, Luca Trapanese, un hombre soltero y gay, dos características que hasta antes de 2017 lo vetaban para formar una familia en Italia, país del que proceden Luca y Alba.

Luca Trapanese, que actualmente tiene 41 años, perdió a su mejor amigo a los 14, después de que el chico sufriera un cáncer terminal. Ese momento fue muy decisivo en su vida porque al acompañar a su amigo en la enfermedad desarrolló una sensibilidad especial y decidió que quería dedicar su vida a ayudar a personas con capacidades diferentes o víctimas de alguna enfermedad.

Luca quería ser padre, pero hasta 2017, año que se aprobaron las uniones civiles para parejas homosexuales y que cambió la ley de familias monoparentales, no pudo.

“En el momento que inicié el proceso de adopción, con el cambio de las leyes (familias monoparentales) me dijeron que sólo sería candidato para adoptar a un niño con problemas, con discapacidad severa o con problemas de comportamiento; un niño que hubiesen rechazado todas las familias tradicionales”, contó en el registro.

Recuerda que lo llamaron por teléfono para contarle de la pequeña Alba y de cómo había sido rechazada por esas 20 familias “tradicionales”.

Según detalló Trapanese, corrió al hospital a buscar a su hija de sólo 13 días de nacida: Alba. “Cuando fui al hospital a recogerla y la vi allí, tan pequeña y sola, no pude evitar cogerla en mis brazos. Sentí que era mi hija desde ese momento”, expresó.

Ya ha pasado un año y medio desde que Alba conoció a su padre, desde entonces son inseparables y a través de las redes sociales podemos ver cómo la preciosa pequeña ha ido creciendo, siempre muy unida a su padre.

¿Qué gays y lesbianas no podemos ser padres y madres dicen algunos? Pues no hace falta más que conocer esta historia, que ha emocionado en Italia y el mundo. “Mi historia y la de Alba aplasta varios estereotipos en términos de paternidad, religión, familia y muchas otras cosas. Pero al final del día, esto es sólo otra historia de vida”, dijo.

Fuente Oveja Rosa

General Discriminación, Homosexualidad, Luca Trapanese, Padre, Síndrome de Down