El espectáculo en el que se ha convertido la política española desde la irrupción de la extrema derecha en el Parlamento andaluz el pasado noviembre sería cómico… si no fuera por sus terribles consecuencias para los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas LGTBI. Hoy asistimos a un nuevo episodio del vodevil: el abandono de una recién elegida concejal de Vox en Torremolinos de la formación de extrema derecha tras las críticas internas recibidas por asistir al despliegue de una bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento. Lucía Cuín, que así se llama la lumbrera, ha descubierto que la formación con la que se presentó a las elecciones es homófoba. Debe ser que no se preocupó de informarse con anterioridad de donde se metía.

La historia es seguramente conocida por nuestros lectores, especialmente aquellos más activos en redes sociales. Lucía Cuín sorprendía hace unos días apareciendo junto a otros concejales en el balcón del Ayuntamiento de Torremolinos celebrando el despliegue de la bandera arcoíris que daba paso al mes del Orgullo LGTBI. Hay que tener en cuenta, para los que no lo sepan, que Torremolinos, localidad de la Costa del Sol, es un lugar que antaño desempeñó un papel clave en la historia del movimiento LGTBI español y sigue siendo hoy día un destino turístico preferente para este colectivo. La corporación municipal saliente, de hecho, ha hecho un esfuerzo importante de promoción de este tipo de turismo, que dio lugar incluso a una polémica de la que nos hicimos eco en enero de 2018 cuando el Partido Popular acusó al PSOE, entonces gobernante, de «promocionar solo un turismo gay de baja estopa que ahuyenta el turismo familiar y rechazan los propios gais serios y formales que siempre se han sentido a gusto en Torremolinos».

Lucía Cuín, cuarta comenzando por la izquierda

La participación de la concejala de Vox en el evento desencadenó, como era de esperar, reacciones indignadas entre los seguidores de la formación de extrema derecha en redes sociales, así como en medios cercanos. «Seguro que buena parte de los votantes y la base de militancia de Vox, sorprendidos ante la presencia de su candidata en el aquelarre anual de los homosexuales, su fiesta por antonomasia, se habrán quedado interpérritos [sic], completamente fuera de juego (…) Precisamente viniendo desde una formación que se ha desmarcado desde el principio del resto de siglas del arco parlamentario por criticar con dureza y sin complejos, los totalitarismos ideológicos y los chiringuitos subvencionados del lobby LGTBI o el negocio del feminismo en España», podía leerse en Mediterráneo Digital, un panfleto de extrema derecha. Alerta Digital, otro medio ultraderechista, recogía la noticia asegurando que «Vox en Málaga se podemiza ante la indiferencia de la dirección nacional» y alabando la postura homófoba del que fuera alcalde popular de Torremolinos, Pedro Fernández Montes. «La ‘derechita cobarde’ al menos mantuvo los principios de los que la ‘derechita valiente’ carece», aseguraba. Conviene recordar, en este punto, que en 2014 el Ayuntamiento presidido por Fernández Montes prohibió la celebración del «Orgullo Solidario», un evento que pretendía servir de colofón a una campaña de recogida de alimentos emprendida por activistas y empresarios de los principales locales de ocio gay de la localidad, por incluir actuaciones de transformistas, al considerar que no daban «buena imagen». Una prohibición que acabó desembocando en la celebración, a modo de protesta, del «Día Internacional del Transformismo» con la participación de numerosos transformistas que quisieron expresar su rechazo a la posición del entonces alcalde.

Volviendo a Vox, el partido de extrema derecha decidía por fin reaccionar exigiendo el acta de concejal a Cuín por su participación en el mencionado evento, según recoge eldiario.es, así como pedirle que escribiera una carta pública mostrando su arrepentimiento. «Les dije que no porque considero que es fundamental la lucha por los derechos de las personas y creo que debía estar allí», ha declarado Cuín a este medio digital.

Finamente, Lucía Cuín ha optado por abandonar Vox (y de hecho ya ha comunicado su baja al partido) pero mantener su acta de concejal. Cuín, en realidad, lleva solo unos meses en Vox. Antes militaba en el PP, aunque acabó por abandonar este partido tras el cisma que tuvo lugar entre los partidarios del antes mencionado Pedro Fernández Montes (como ella misma) y los de la nueva candidata popular a la alcaldía, Margarita del Cid. La carámbola podría ser completa, de hecho: hasta el pasado jueves todo apuntaba a que el PP se haría con la alcaldía tras un paréntesis de 4 años, sumando los dos concejales de Ciudadanos y los dos de Vox. Si Cuín decide llevar ahora su disidencia de Vox más lejos y desmarcarse de un posible acuerdo entre las tres formaciones derechistas para elegir alcaldesa a del Cid (precisamente la rival de Fernández Montes…) quizá la situación sea otra muy distinta.

En cualquier caso, no deja de resultar sorprendente que a Cuín le extrañe la bien conocida posición de Vox en contra de los derechos de las personas LGTBI y del Orgullo.«Les dije [a los dirigentes locales del partido] que estas presiones no las iba a consentir y la carta no la iba a enviar. Porque al final la que sale de homófoba soy yo, y yo no soy así», ha declarado a eldiario.es. «No sabía que estaba cruzando una línea roja infranqueable. Este es un pueblo muy diverso en culturas, religión, orientación sexual… No creo que sea nadie para juzgar eso. Toda la campaña manteniendo que en Vox hay homosexuales y un chico negro, y a las primeras de cambio…». Cómo si un partido no pudiera tener el apoyo de personas homosexuales y defender políticas homófobas, por cierto.

En definitiva, no parece que Lucía Cuín se informase mucho del tipo de partido por el cual decidió presentarse a las elecciones municipales. Y eso que Vox, en su programa para las pasadas elecciones autonómica andaluzas, incluía la derogación de las leyes de protección al colectivo LGTBI y proponía, a nivel educativo, la obligatoriedad de que los padres tengan que firmar una autorización expresa «sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad», así como excluir la atención sanitaria a las personas trans de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y retirar cualquier tipo de subvención a asociaciones LGTB. Y en su programa para las pasadas elecciones generales proponía, de forma expresa, «suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de género, aborto…)».

Pistas que al parecer Cuín no pilló.

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Hace unos días se presentaba públicamente la plataforma ‘Exterior es Diverso’, creada por un grupo de funcionarios LGTBI del Servicio Exterior español —así como sus familias y amigos— con el objetivo de impedir que este colectivo sufra trabas burocráticas y discriminación en muchos de los países a los que se ven obligados a trasladarse por motivos de trabajo.

Todo comenzó cuando un pequeño grupo de empleados públicos del Ministerio de Asuntos Exteriores —diplomáticos, cancilleres, trabajadores de oficinas técnicas de cooperación y centros culturales, etc.— se puso en contacto con el resto de la plantilla del departamento que dirige el ministro Josep Borrell para darse a conocer como la «plataforma LGTBI del Servicio Exterior español». Esos miembros informaron de la creación de la plataforma ‘Exterior es Diverso’, que fue presentada en la Escuela Diplomática coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

«Nuestras gestiones han encontrado buena acogida e interlocución por parte del ministerio, como prueba el hecho de que en el lanzamiento de la plataforma el pasado 17 de mayo estuvieron presentes la Subsecretaria del MAUC y la Embajadora en Misión Especial para el Fomento de las Políticas de Igualdad de Género y Conciliación», asegura a Dosmanzanas Laura García Alfaya, miembro del comité de pilotaje.

Los impulsores de esta iniciativa aseguran que la plataforma nace para tratar de dar respuesta a las dificultades a las que se enfrentan desde hace tiempo en muchos países. García Alfaya comenta que, «en términos prácticos», la plataforma —que en breve se constituirá como asociación— «ha empezado su trabajo promoviendo, apoyando y complementando las acciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC) tendentes a informar y dar apoyo en relación con la acreditación de parejas e hijos en su salida al Exterior, la conciliación familiar y personal, la situación de las personas LGTBI en los diferentes países de destino, la igualdad de trato en los convenios de trabajo de cónyuges, etc».

Pero además, apunta, «Exterior es Diverso tiene también como objetivo la promoción y protección de los derechos y la dignidad de las personas LGTBI en nuestra acción exterior, apoyando las acciones del MAUC que promuevan el debate, la formación y la concienciación pública al respecto de la diversidad en el servicio exterior español, y que defiendan la dignidad y los derechos de las personas LGTBI y su incorporación activa en nuestra política exterior».

Así pues, ‘Exterior es Diverso’ podría sumarse a la aparente voluntad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de Pedro Sánchez de relanzar las políticas LGTB. Tal y como asegura el Ministerio en su página web, el Ministerio «reitera su pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero e intersexuales».

Cabe recordar que, tal y como señalaba el PSOE en la sección de su último programa electoral dedicada a la política exterior, este partido promete luchar a nivel europeo e internacional para que «el reconocimiento de los derechos humanos del colectivo LGTBI sea una realidad» y crear la figura del «embajador o embajadora en misión especial para los Derechos Humanos y la Diversidad».

Por desgracia, la defensa de los derechos LGTBI en el extranjero no ha sido nunca un aspecto prioritario para los anteriores gobiernos del PP. Cómo no recordar en este punto la lamentable polémica que tuvo lugar en 2009, cuando el PP (todavía en la oposición) y algunos de sus apoyos mediáticos criticaron de forma inmisericorde la concesión de una subvención de 28.810 euros por el Gobierno español a Gays and Lesbians of Zimbabwe, entidad que lucha a favor de los derechos LGTBI en Zimbabue. U otro episodio acaecido en abril de 2014, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, dirigido por José Manuel García-Margallo, eliminaba de su página web —aunque luego rectificó y aseguró que todo había sido fruto de un malentendido— la referencia a la lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual como parte de sus prioridades en el ámbito de los derechos humanos.

Una actitud que parece haber comenzado a cambiar, a tenor de noticias como la que hoy presentamos, o del reciente izado de la bandera arcoíris en la Embajada de España en Líbano, también con ocasión del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Confiemos en que esta política se desarrolle y profundice mucho más, de forma que España pueda al menos acercarse a países como Holanda o Canadá (por mencionar solo dos ejemplos), con una significativa actividad diplomática en favor de los derechos LGTBI y de las organizaciones que los defienden en terceros países.

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El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Extremadura, organismo administrativo integrado en el Ministerio de Hacienda, ha concedido a una mujer, madre no gestante, el derecho a la deducción por maternidad que la Tesorería General de la Seguridad Social le había denegado previamente. El fallo ha sido dado a conocer este viernes por Fundación Triángulo Extremadura, entidad que está tramitando otras dos denuncias por la misma negativa, todas ellas en Mérida.

La deducción por maternidad puede ser solicitada por mujeres trabajadoras (por cuenta propia o ajena) con hijos menores de 3 años, y asciende hasta los 1.200 euros anuales por cada hijo nacido o adoptado. Puede solicitarse también su abono anticipado. En el caso de que el hijo tenga dos madres, solo una de ellas tiene derecho a la prestación. En el caso que nos ocupa, la pareja (María Moruno e Inmaculada García) decidió que fuera María la beneficiaria. Sin embargo, cuando esta la solicitó en 2016, el funcionario consideró que no tenía derecho a ella, por no haber sido la madre gestante de su hijo Miguel (gestado por Inmaculada y concebido a partir de un óvulo aportado por María).

Después de tres intentos fallidos, la pareja denunció el caso, y ahora el Tribunal Económico-Administrativo de Extremadura les da la razón. María Moruno podrá cobrar la ayuda que legalmente le corresponde, intereses de demora incluidos, si bien lo importante para la pareja, más que la cuantía económica concreta, es el reconocimiento del derecho. «Basta ya de hablar de madres biológicas, gestantes o adoptivas porque se está metiendo en las cabezas de los hijos que en nuestras familias hay roles diferentes», ha argumentando Silvia Tostado, de Fundación Triángulo Extremadura, organización que les ha dado soporte.

Pese a ello, el abogado de la pareja está valorando si acudir además a los tribunales de justicia por si con la negativa se hubiese incurrido en alguna irregularidad, y también para hacer valer en los tribunales el daño moral que han sufrido. Curiosamente, todos los problemas de este tipo que se están produciendo en Extremadura han tenido lugar en Mérida, lo que sugiere que la negativa puede ser consecuencia de criterios personales. Según Tostado, el fallo del Tribunal Económico-Administrativo es el primero de este tipo en la región, pero ha ha habido otros similares en Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Silvia Tostado confía en que los sucedido sirva para marcar de forma definitiva el criterio a seguir. Se da la circunstancia de que en otro de los casos a los que está dando soporte Fundación Triángulo Extremadura a la mujer se le concedió inicialmente la prestación, María Calle, posteriormente se le obligó a devolver las cantidades recibidas. «Que la pida su madre, la de verdad», cuenta Calle que le dijeron.

Nuestra felicitación a la pareja y también a Fundación Triángulo, entidad que está haciendo una labor magnífica en favor de los derechos LGTB en Extremadura.

Fuente Dosmanzanas

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Una encuesta realizada en Rusia muestra una mejora en la percepción social de los ciudadanos de ese país hacia las personas homosexuales, que había alcanzado su punto más bajo en 2013, coincidiendo con la discusión y aprobación de la ley contra la «propaganda homosexual». Un 47% de los encuestados se muestra de acuerdo con que gais y lesbianas deben disfrutar de los mismos derechos, frente a un 43% que piensa lo contrario. El resto se muestran indecisos. En 2013, esos porcentajes ascendieron al 39 y al 47%, respectivamente.

Cuando se desciende al terreno personal, la opinión de los rusos empeora. Solo un 3% de los encuestados reconoce relacionarse con gais y lesbianas de forma positiva, frente a un 56% que lo hace de forma negativa y un 39% que asegura ser neutral o indiferente. Eso sí, se aprecia una diferencia significativa (y esperanzadora) por grupos de edad. Entre los menores de 25 años, la proporción de personas que se relacionan de forma positiva o neutral asciende al 60%. También es mayor entre la población urbana (51%) que entre la rural (34%) y entre las personas de educación superior (48% frente al 36%). Y como era de esperar, la aceptación (entendida como opinión positiva o neutral) se dispara hasta el 80% entre los rusos que conocen personalmente a una persona gay o lesbiana.

La encuesta, promovida por Levada-Center, un instituto ruso independiente, se realizó entre el 18 y el 23 de abril mediante entrevista personal a una muestra representativa de 1.625 personas de 18 años o más en diversos puntos de la geografía rusa.

Cabe señalar que la mejora ocurre respecto a 2013, año en la que la aceptación de las personas homosexuales alcanzó su punto más bajo en la misma encuesta. En años anteriores había sido mayor. En 2005, hace 14 años, el porcentaje de rusos que pensaban que gais y lesbianas debían tener los mismos derechos ascendía al 51%, frente al 35% que se oponían. Las cifras cayeron después, hasta alcanzar su punto más bajo, como hemos dicho, en 2013. Las cifras actuales son, de hecho, las mejores desde 2005.

Según recoge The Moscow Times, diversos analistas consideran que la mejora en la percepción social de la homosexualidad es paralela a una disminución de la retórica homófoba de las autoridades rusas, que por el contrario inundó los medios en 2013, año en el que se aprobó la ley que prohíbe el mero hecho de informar positivamente de la homosexualidad a menores y en el cual las actividades de Occupy Pedofilyaj, la infame de red de grupúsculos rusos responsable de múltiples torturas contra personas LGTB, alcanzó su máxima expresión. Y ello a pesar de que, como hemos informado en numerosas ocasiones, la represion contra el activismo LGTB sigue viva, incluso contra quienes simplemente intentan celebrar el Orgullo LGTB o simplemente enarbolan la bandera arcoíris. Por no hablar de la persecución que sufren las personas LGTB en la república rusa de Chechenia.

Sea como sea, bienvenida sea esta mejora de la percepción social, que ojalá se traduzca también en mejores condiciones de vida para las personas LGTB en Rusia y, en un plazo de tiempo lo más corto posible, en una situación jurídica más favorable.

Fuente Dosmanzanas

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Joan López, un joven de 30 años de La Vall d’Uixó (en la provincia de Castellón), ha denunciado públicamente haber sido objeto de discriminación laboral por su condición de hombre trans. El diario El Mundo recogía este sábado la historia. 

El joven solicitó trabajo en una gasolinera de la zona. Pasó un periodo de prueba de unos 15 días, durante los cuales, según asegura, no hubo problema alguno y la sintonía con el gerente del establecimiento fue buena. De hecho, tras el periodo de prueba, le solicitaron la documentación para contratarlo de forma definitiva. Fue entonces cuando descubrieron que el chico es trans, ya que todavía no había podido completar el proceso de rectificación de sus datos registrales y en su Documento Nacional de Identidad aparece un nombre femenino.

A partir de ese momento, Joan notó que el tono de la relación cambió. Aunque fue contratado, tardaron poco en despedirlo: el joven debía acudir a la gasolinera los fines de semana, pero solo acudió dos. Al tercero ya no trabajó, después de recibir una llamada telefónica en la que le comunicaban el despido sin darle razón alguna más que «ya no hacía falta». Es más, según detalla El Mundo, cuando Joan reclamó 300 euros que la gasolinera le adeudaba, el gerente le exigió, de malos modos, que antes devolviera el uniforme. «Me habló muy mal, amenazándome con no pagarme», ha relatado. De hecho, a Joan no le abonaron lo que le debían hasta después de un tira y afloja con el gerente que no se resolvió hasta que intervino la esposa de este, a la que Joan conocía.

El joven ha decidido hacer público el caso, aunque según El Mundo su denuncia social no se ha acompañado, al menos de momento, de denuncia legal, al considerar que carece de pruebas suficientes para ello. Tampoco ha querido hacer pública la gasolinera en la que han sucedido los hechos. Y ello a pesar de que, según cuenta, no es la primera vez que esta circunstancia afecta a su vida laboral, ya que en mas de una entrevista de trabajo ha acabado recibiendo largas por parte del empleador al conocer este su condición.

Discriminación laboral contra las personas trans: es necesaria mayor protección

Conviene recordar, en este punto, que la legislación laboral española prohíbe la discriminación de los trabajadores por «razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español» (Estatuto de los Trabajadores). De igual forma, el Estatuto Básico del Empleado Público establece como derecho individual del mismo «la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Además, la Comunidad Valenciana, en su legislación autonómica, prohíbe cualquier forma de discriminación por identidad y expresión de género (Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana).

Sin embargo, como denunciaba en 2016 la FELGTB y Comisiones Obreras en su documento Personas trans en el ámbito laboral. Guía para el proceso de transición, que puedes descargar aquí, «no hay ninguna ley estatal que reconozca y proteja de manera específica a las personas trans en el centro de trabajo mientras realizan su proceso de transición. Además a pesar de que es uno de los colectivos más discriminados e, incluso, excluidos del mercado laboral, no se ha puesto en marcha ningún plan de inserción laboral a nivel estatal y muy pocos a nivel local o autonómico». Se hace imprescindible una legislación estatal que proteja de forma sólida a las personas trans contra la discriminación. Esperemos que después de que la anterior legislatura se cerrara sin conseguirlo los partidos políticos se pongan a trabajar de inmediato para que las Cortes salidas de las pasadas elecciones generales la aprueben sin más dilación.

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Las autoridades austriacas han emitido los primeros documentos que recogen un sexo legal diferente a hombre y mujer. Alex Jürgen se han convertido en la primera persona a la que el Estado austriaco reconoce su identidad de género no binaria con la categoría «X» en su pasaporte y «diverso» en su partida de nacimiento. Ha pasado un año desde la sentencia del Tribunal Constitucional que abrió la puerta al derecho a registrarse bajo una tercera opción de sexo legal.

En marzo del año pasado, el Tribunal Constitucional de Austria emitía un fallo preliminar a favor de Alex Jürgen, una persona intersexual que no se identifica ni como varón (sexo que le fue asignado) ni como mujer, y que pide que el dato que figura en el registro civil sea modificado y se incluye una tercera opción de género o, en su defecto, que dicho dato sea eliminado. El alto tribunal considera que los ciudadanos no tienen obligación de aceptar asignaciones de sexo que no se corresponden con su identidad de género, incluyendo aquellas personas cuya identidad de género no se acomoda al binarismo, tal y como sucede por ejemplo (aunque no solo) con muchas personas intersexuales.

Tres meses después, el Constitucional emitía la sentencia firme en la que confirmaba los puntos expuestos en el fallo preliminar. El texto aseguraba que no era necesaria la redacción de una nueva ley, sino que bastaba con una «interpretación acorde a la Constitución» de la legislación existente. Los jueces del alto tribunal basaron también su fallo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera que el derecho a la propia identidad de género está englobada en el derecho a la autodeterminación personal, y decretaron que el registro del sexo de una persona en su certificado de nacimiento interfiere con ese derecho.

Casi un año más tarde, Alex Jürgen ha podido recoger por fin los documentos conformes a su identidad de género no binaria. En su nuevo pasaporte, su sexo está registrado como «X», y en la partida de nacimiento, como «diverso». Los activistas denuncian, sin embargo, que el Gobierno de coalición entre los conservadores del ÖVP y la extrema derecha del FPÖ pone trabas a la inscripción de recién nacidos con la tercera opción de género. Celebran, en cualquier caso, la «histórica» primera expedición de un documento de identidad con un tercer sexo legal.

Además de Austria, varios estados norteamericanos y países como Australia en 2011, Canadá y Malta en 2017 o Alemania el año pasado han dado pasos en el reconocimiento legal de las personas intersexuales y de género no binario. En el caso alemán, a diferencia del austriaco, sí fue necesaria una reforma de la ley para adaptarla a la nueva situación. La posibilidad de registrarse bajo un tercer sexo legal o de dejar en blanco el campo correspondiente ha sido regulada de diferentes formas en países como Pakistán, India, Nepal,  Nueva Zelanda. Un tribunal de Holanda también abrió la puerta al derecho a registrarse bajo una tercera opción de género el año pasado.

El reconocimiento y las necesidades específicas de las personas intersexuales, de hecho, es un asunto sobre el que se han posicionado tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Europa, a favor de la prohibición de las cirugías de “asignación” en menores como principal objetivo.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado la Ley de Igualdad, que pretende reformar la vigente Ley de Derechos Civiles para que también proteja a las personas LGTBI contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. La ley ha sido votada favorablemente por la inmensa mayoría de los representantes del Partido Demócrata, pero con la oposición de la práctica totalidad de los representantes del Partido Republicano. Esto último advierte de la poca probabilidad de que sea convalidada por el Senado, donde los republicanos son mayoría, paso necesario para su entrada en vigor. El presidente Donald Trump, por su parte, ya anunció su oposición a la Ley de Igualdad debido a que contiene «píldoras envenenadas», refiriéndose a los artículos que protegen los derechos de las personas trans.

El pasado viernes 17 de mayo, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó el proyecto de Ley de Igualdad que había sido presentada por el Partido Demócrata el pasado mes de marzo. La prontitud en la votación se debía a la voluntad de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, quien, en palabras de la directora ejecutiva de GLAAD, «ha convertido a los derechos LGTBI en la piedra angular de su carrera».

La votación se saldó con 273 votos favorables y 173 en contra, una mayoría amplia que refleja la composición de la cámara baja, en estos momentos en manos del Partido Demócrata. Un total de 228 representantes demócratas votaron a favor y 7 se abstuvieron. En el bando republicano, votaron a favor 8 representantes, 173 lo hicieron en contra y 16 se abstuvieron.

Se trataba de la segunda ocasión en que se presentaba este proyecto de ley de reforma de la Ley de Derechos Civiles, vigente desde 1964, que fue introducido por primera vez en 2015, sin éxito, debido al rechazo de la mayoría republicana.

Actualmente, la Ley de Derechos Civiles prohíbe la discriminación por razón de sexo, raza, color, origen nacional y religión en el derecho al voto, el acceso a la educación, la vivienda, el empleo y los establecimientos y servicios públicos. El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, una versión del presentado infructuosamente en 1974, añade a estas categorías protegidas la orientación sexual y la identidad de género.

Tan solo veinte de los cincuenta estados que conforman los Estados Unidos cuentan con leyes o normativas que impidan, en mayor o menor medida, la discriminación de las personas LGTB. La Ley de Igualdad pretende que esa protección sea de ámbito federal.

Sin embargo, la dificultad para que la Ley de Igualdad tome vigencia está en el Senado, de mayoría republicana y donde se presentó en la misma fecha que en la Cámara de Representantes. Se necesitaría que, además del voto favorable de todos los senadores demócratas e independientes, se sumaran los de al menos cuatro senadores republicanos, algo altamente improbable. Incluso la primera dificultad estribaría en que el líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, acepte presentarla en comisión para su debate y su posterior votación en un plazo razonable.

La reforma de la Ley de Derechos Civiles tampoco obtendría la aprobación presidencial, según declaraba un alto funcionario de su equipo en el siguiente comunicado: «La Administración Trump se opone absolutamente a la discriminación de cualquier tipo y apoya la igualdad de trato para todos. Sin embargo, este proyecto de ley en su forma actual está lleno de píldoras envenenadas que amenazan con socavar los derechos de los padres y de conciencia». Estas afirmaciones contrastan con las que sostenía anteriormente Donald Trump, quien, en unas declaraciones efectuadas en el año 2000 a la revista The Advocate, afirmaba que le gustaba «la idea de enmendar la Ley de Derechos Civiles de 1964 para incluir la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual. Sería simple. Sería sencillo. Una enmienda a la Ley de Derechos Civiles otorgaría la misma protección a los homosexuales que a lo demás estadounidenses, es lo justo».

A pesar de las pocas probabilidades de que la Ley de Igualdad tome finalmente efecto, su aprobación por parte de la Cámara de Representantes ha sido vista por los defensores de los derechos LGTBI como un avance de gran fuerza simbólica. Human Rights Campaign lo expresaba de esta manera en las redes sociales: «Es la primera vez que una cámara del Congreso ha aprobado un proyecto de ley integral de derechos civiles LGTBI que finalmente proporcionaría protecciones claras y a nivel nacional para las personas LGBTQ en su vida cotidiana».

Las fuerzas conservadoras en contra de los derechos de las personas trans

Como hacen sospechar las declaraciones del equipo presidencial y han manifestado claramente los representantes del Partido Republicano opuestos a la aprobación de la Ley de Igualdad, son los derechos de las personas trans los que provocan un mayor rechazo entre las filas conservadoras.

La defensa del proyecto de ley por parte del Partido Demócrata se podía resumir con las palabras de Jerrold Nadler, representante por Nueva York y presidente del Comité Judicial: «La cuestión que tenemos ante nosotros no es si la comunidad de LGTBI se enfrenta una discriminación escandalosa e inmoral, puesto que los hechos demuestran claramente que sí lo hace. La pregunta es si nosotros, como Congreso, estamos dispuestos a tomar medidas para hacer algo al respecto. La respuesta va directamente al corazón de lo que queremos ser como país, y hoy, esa respuesta debe ser un resonante ‘sí’».

Mientras tanto, los representantes republicanos defendían su rechazo a la igualdad de derechos para las personas LGTBI con referencias a la «seguridad de las mujeres y los niños en los espacios privados», en alusión al derecho de las personas trans a utilizar los baños públicos que se corresponden a su identidad de género. También mencionaban los «problemas de conciencia» para el personal sanitario involucrado en las cirugías y tratamientos para la reasignación de género, o que «se obligaría a los centros escolares a que enseñasen educación sexual en la que se afirmaría que la identidad de género es por propia identificación».

Para dar una idea del fanatismo que destilan las fuerzas conservadoras, el grupo extremista Liberty Counsel emitía un comunicado tras la votación en la Cámara de Representantes en el que señalaba con nombres y apellidos a los ocho representantes republicanos que habían votado favorablemente a la Ley de Igualdad. Según Liberty Counsel, «nadie que haya votado por la mal llamada «Ley de Igualdad» merece servir en el Congreso. Este proyecto de ley destruye la libertad religiosa fundamental sobre la que se fundó América. Este proyecto de ley es antipatriótico y peligroso. La mal llamada «Ley de Igualdad» no tiene nada que ver con la igualdad y es la amenaza más seria a la vida y la libertad jamás propuesta por el Congreso. Este proyecto de ley debe ser detenido en el Senado. Si este proyecto de ley se convierte en ley, las consecuencias serán sobrecogedoras». En anteriores oportunidades, Liberty Counsel había afirmado que el proyecto de ley «abriría la puerta a la pedofilia, a la prohibición de la Biblia y al incremento de las agresiones sexuales».

La mayoría de la población a favor de la no discriminación de las personas LGTBI

Estas presiones de las fuerzas ultraconservadoras hacen mella en el Partido Republicano. Sin embargo, su oposición a la reforma de la Ley de Derechos Civiles para incluir a las personas LGTBI entre quienes estén protegidas contra la discriminación choca con la realidad social, que muestra que la mayoría de la población estadounidense es favorable a esa protección. Según una reciente encuesta de Public Religion Research Institute (PRRI), un 69 % de los ciudadanos estadounidenses se mostraría favorables a una ley contra la discriminación de las personas LGTB, mientras que tan solo se opondría el 24 %. Esta mayoría se alcanza en todas las edades y entre quienes profesan las distintas ideologías o creencias religiosas. Si bien el apoyo es mayor entre los ciudadanos de menor edad, los demócratas o quienes profesan religiones como el judaísmo o el budismo, también es mayoritario entre los mayores de 65 años, los republicanos (incluso los más conservadores) o quienes se declaran mormones, musulmanes o testigos de Jehová. Así se comprueba en la siguiente tabla (podéis pinchar en ella para verla a mayor tamaño):

También se extiende a cada uno de los cincuenta estados. El apoyo es mayor en los estados que componen Nueva Inglaterra o la Costa Oeste, pero también hay un fuerte respaldo en muchos de los estados del Medio Oeste. Es menor en los estados del Sur, pero aun así en todos ellos la mayor parte de la población se declara a favor de las leyes antidiscriminatorias. Se puede comprobar en la siguiente tabla (podéis pinchar en ella para verla a mayor tamaño):

Fuente Dosmanzanas

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Ya hemos hablado algunas veces de esta escuela, pero conviene recordar que hay soluciones frente al bullying…

Esta escuela de Chile ofrece un lugar seguro para que les menores trans puedan estudiar sin sufrir bullying ni discriminación

Aunque en los últimos años Chile ha comenzado a dar pasos bastante importantes hacia la igualdad del colectivo LGTBI+, lo cierto es que el país es profundamente católico y conservador (no legalizó el divorcio hasta 2004) y la realidad de las personas trans es especialmente complicada. El triunfo de la película Una Mujer Fantástica en los Oscar provocó una reacción en el país y se acabó aprobando una Ley Integral Trans (para que luego digan que para qué sirve financiar el cine) que garantiza la autodeterminación de género a partir de los 14 años (con el consentimiento de los padres o tutores).

Pero la aprobación de una ley no transforma un país de la noche a la mañana y Ángela, por ejemplo, llegó a sufrir tal nivel de acoso por su identidad de género en el instituto que se planteó el suicidio: «Solo quería morir«, explica a AP esta joven trans de 16 años, «No quería existir, porque lo que me hicieron me hacía sentir muy mal«.

Ángela, alumna de la Escuela Amaranta Gómez, recogiendo la medalla al Mayor Esfuerzo en la ceremonia de graduación (Foto: AP/Esteban Felix)

Ángela es alumna de la Escuela Amaranta Gómez de Chile, que recibe su nombre de la política trans mexicana  Amaranta Gómez Regalado muxe, término que significa mujer en la cultura zapoteca y es aludido como “tercer género” para referirse a las mujeres trans. Ella ha estado trabajando junto al profesorado chileno para crear esta institución como una alternativa que se articule al sistema escolar binario y se considera como el primer centro escolar con une alumna de predominantemente transgénero en latinoamérica. El centro, que abrió en 2017 con solo cinco alumnes, cuenta ahora con 38 menores escolarizados de edades que van de los 6 a los 17 años. Entre elles, 23 se identifican como transgénero y el resto suelen ser hermanes o amigues de los y las menores trans.

El centro fue fundado por la Fundación Selena con la intención de ayudar a las familias de menores trans a que éstes no bajaran su rendimiento escolar o abandonaran los estudios por el bullying que sufren en los colegios e institutos de Chile. Evelyn Silva, directora de la escuela y presidenta de la Fundación Selenna, utilizó sus ahorros y los de su co-directora, Ximena Maturana, para financiar el primer año de material y gastos. Las clases (de matemáticas, ciencia, historia e inglés -además de talleres de arte y fotografía-) las imparten profesores voluntarios.

Alumnes de la escuela Amaranta de Chile abrazando a su profesora Teani Cortés (Foto: AP/Esteban Felix)

Para poder mantener el centro abierto, a partir de marzo las familias tendrán que pagar unos 7 dólares al mes por niñe. «Intentamos reducir los costes al mínimo para las familias para que no puedan decir que les niñes no vienen porque no tienen lápices y que eso se convierta en una excusa para dejar la escuela.» A pesar de la falta de recursos la Fundación Selenna abrirá un centro de verano que ofrecerá talleres creativos para unos 20 menores, incluides algunes que no van a la escuela.

Los problemas de espacio o recursos no han impedido, eso sí, que les estudiantes recuperen su confianza y ahora se muestren más felices, más relajades y más dispuestes a participar en clase: «Me siento libre y feliz aquí«, explica Felipe, de 15 años, «El entorno es muy bueno. Todo el que llega se le acepta sin más.«

Fuente AP, vía HazteQueer

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Una semana antes de que terminara el plazo dado por el Constitucional en 2017, el Parlamento de Taiwán legaliza el matrimonio igualitario

Taiwán ya es definitivamente el primer país asiático en legalizar el matrimonio igualitario. Y es que aunque en 2017 se legalizó «de facto», no ha sido hasta ahora que se ha aprobado la ley.

El 17 de mayo de 2019, fecha en la que se conmemoraba el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, pasará a la historia de la lucha en favor de los derechos LGTB como el día en el que por primera vez un país asiático, Taiwán, aprobó el matrimonio igualitario. Una aprobación que cuenta con algunas limitaciones, pero que ha sido recibida por satisfacción por el activismo taiwanés, que ve como se gana una importante batalla jurídica que comenzó en los tribunales hace varios años y en la que los grupos cristianos de la isla han ofrecido gran resistencia.

Ya explicamos en su momento que el Tribunal Constitucional de Taiwán había sentenciado que el Código Civil del país (que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer) era discriminatorio porque violaba “las garantías constitucionales de libertad de matrimonio en igualdad“. En mayo de 2017, la Corte Constitucional de Taiwán emitía un fallo en el que instaba al Yuan Legislativo (el parlamento taiwanés) a legalizar el matrimonio igualitario en un plazo de dos años.  Si no se producía la reforma por la vía legislativa tras un periodo de dos años, la sentencia decretaba que a partir de mayo de 2019 las parejas del mismo sexo podrían comenzar a registrar sus matrimonios automáticamente. La sentencia  otorgaba al Parlamento dos años que se cumplían dentro de una semana para modificar el Código Civil y legislar el matrimonio igualitario; aunque ya entonces se podía decir que se había legalizado puesto que el Tribunal dejaba claro que si en ese periodo de tiempo el gobierno no había presentado una ley, ese artículo del Código Civil se consideraba erróneo y las parejas homosexuales podrían empezar a casarse en los Ayuntamientos.

Comenzaba entonces la movilización de los grupos anti-LGTB, articulados en torno a la la denominada «Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación», un conjunto de grupos religiosos que reunieron las firmas suficientes para promover la celebración de un referéndum sobre la materia. El referéndum, que constaba de varias preguntas, tuvo lugar el pasado mes de noviembre, y los grupos LGTBfobos, que llevaron a cabo una muy agresiva campaña y que contaron con importantes apoyos económicos, consiguieron más votos (ello a pesar de que las encuestas muestran que el matrimonio igualitario cuenta con el apoyo de una mayoría de los taiwaneses). Así, por ejemplo la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo recibió 3.250.165 votos a favor y 6.701.859 en contra (el censo electoral era de 19.757.067 votantes). Un resultado que entraba en colisión con las disposiciones constitucionales y legales que el Gobierno estaba obligado a resolver.

Finalmente, el Gobierno de Taiwán optó por evitar que se agotase el plazo concedido por la Corte Constitucional y presentó ante el Yuan Legislativo un proyecto de ley muy medido en su lenguaje. Por ejemplo, el lugar de llamarlo proyecto de ley de matrimonio, la norma se presentó bajo el aséptico título de «Ley parlamentaria de ejecución de la interpretación judicial nº 748». Era, además, no un proyecto de ley de simple reforma de las leyes de matrimonio vigentes para abrirlas por defecto a todas las parejas, sino un texto legal específico. Pues ayer 17 de mayo, justo una semana antes de que se cumpla ese plazo, en el Parlamento de Taiwán se han debatido tres propuestas. Una de ellas quería llamar al matrimonio igualitario «relación familiar homosexual» (con cada miembro llamado «miembros de familia homosexual«) y la otra propuesta proponía llamarlo «unión homosexual» y a cada miembro «compañero doméstico».

En la propuesta presentada por el Gobierno y respaldada por el Partido Democrático Progresista (que ya llevaba el reconocimiento de este derecho en su programa electoral hace años aunque no se puso manos a la obra hasta recibir una intensa presión popular a raíz del caso del activista Chi Chia-Wei) sí hablaba de matrimonio, incluía además derechos de adopción limitados y era la única que los activistas LGTB+ del país apoyaban.

Finalmente ésa ha sido la propuesta aprobada en el Parlamento por una amplia mayoría: 66 votos a favor y 27 en contra.

Un proyecto que ha sido finalmente aprobado en tercera lectura este 17 de mayo, por 66 votos a favor (varios de ellos procedentes del Partido Nacionalista Chino o Kuomintang, principal fuerza opositora) y 27 en contra. Un resultado que ha provocado alivio entre el activismo LGTB, que veía con temor la posibilidad de que el Yuan Legislativo optase por dar su apoyo a cualquiera de los otros dos proyectos de ley alternativos presentados en la cámara con objeto de regular las uniones entre personas del mismo sexo de forma explícitamente diferente al matrimonio y con menos derechos de los que conceden el proyecto finalmente aprobado.

El proyecto autoriza a las parejas del mismo sexo a registrarse como matrimonios y les concede el estatus legal de esposos, aunque limita algunas cuestiones. Los taiwaneses no podrán contraer matrimonio con extranjeros de su mismo sexo a menos que sus países de origen reconozcan también el matrimonio igualitario, y los derechos de homoparentalidad continuan muy limitados: las parejas del mismo sexo seguirán sin poder adoptar conjuntamente hijos con los que no tengan relación biológica ni se habilitarán como «parejas infértiles» a efectos de acceso a los procedimientos de reproducción asistida.

El colectivo LGTB+ había convocado manifestaciones y marchas hacia el Parlamento para seguir la votación y, una vez se han conocido los resultados, han celebrado la victoria. Y es que la decisión también ha sido mayoritariamente celebrada por los grupos LGTB, que pese a las limitaciones de la ley (por cuya corrección en el futuro seguirán trabajando) han conseguido una importante victoria simbólica y moral, que además ha colocado a Taiwán en las primeras páginas de todos los periódicos del mundo como primer país asiático en aprobar el matrimonio igualitario. Hay que recordar, en este sentido, que aunque el estatus de Taiwán como sujeto político internacional permanece en un limbo diplomático desde el final de la guerra civil china y numerosos países no lo reconocen oficialmente como estado, en la práctica y a nivel comercial, turístico o cultural es considerado un país más.

Por otra parte, no está de más recordar que también en occidente la aprobación del matrimonio igualitario ha contado con limitaciones iniciales en varios países. La aprobación mediante un texto legislativo específico plagado de particularidades, por ejemplo, ya sucedió en Inglaterra y Gales. Y Bélgica, segundo país del mundo en aprobarlo en 2003, no permitió la adopción homoparental conjunta hasta 2006. Lo mismo sucedió en Portugal, que aprobó el matrimonio igualitario en 2010 pero la adopción homoparental tuvo que esperar hasta 2016.

Partidarios de los derechos humanos celebrando la legalización del matrimonio igualitario (Foto: AFP/Getty/Sam Yeh)

La propia presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, del Partido Progresista Democrático y que siempre se ha mostrado favorable a las reivindicaciones del colectivo LGTB, expresaba en redes sociales su confianza en que el proyecto recibiese finalmente el apoyo de la mayoría. «Hoy tenemos la posibilidad de hacer historia y mostrar al mundo que los valores progresistas pueden echar raíces en una sociedad del Asia oriental», tuiteaba:«El 17 de mayo de 2019 en Taiwan, #LoveWon. Hemos tomado un gran paso hacia la igualdad y hemos hecho de Taiwán un país mejor«, publicaba la presidenta del país, Tsai Ing-wen, en su cuenta de Twitter.

On May 17th, 2019 in #Taiwan, #LoveWon. We took a big step towards true equality, and made Taiwan a better country. 🏳️‍🌈

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 17 de mayo de 2019

La ley aprobada entrará en vigor el próximo viernes, 24 de mayo, fecha a partir de la cual comenzarán a celebrarse los primeros matrimonios. Veremos si ello tiene efecto arrastre en otros países del área en los que ya desde hace varios años ha comenzado a plantearse la posibilidad de aprobar el matrimonio igualitario, como Vietnam, o por el contrario refuerza las posiciones de los cada vez más influyentes grupos cristianos anti-LGTB, que ya han conseguido tumbar iniciativas en favor de la igualdad, por ejemplo, en Corea del Sur. O ambas cosas. Estaremos atentos.

Como no podía ser de otra manera los homófobos han protestado mucho y han pataleado más y han asegurado que el gobierno está legislando en contra del pueblo porque ellos celebraron un referéndum que decía que el 72% de la población de Taiwán está en contra. Alguien tiene que explicarles que los derechos de las minorías no deben someterse a referéndum (porque la minoría jamás será más numerosa que la mayoría que no concede ese derecho, aunque no le afecte en absoluto), aunque tampoco es necesario porque el Gobierno ya aclaró que ni referéndum ni referéndam: la sentencia del Constitucional es la que es y los derechos humanos son los que son.

Fuente El Diario.es, vía HazteQueer/Dosmanzanas

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El aparato estatal cubano optó este año por cancelar su desfile del Orgullo LGTBI impulsado por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Una decisión que se encontró con la respuesta popular, que articuló una Conga Alternativa que fue reprimida por las fuerzas de seguridad del Estado cubano.

La ya tradicional Conga contra la Homofobia y la Transfobia de Cuba, como se denomina en la isla a la marcha del Orgullo LGTBI, ha contado este año con un apellido: «Alternativa». Un apellido no poco controvertido en un sistema como el cubano, ya que al no contar con el apoyo explícito del partido único (el Partido Comunista de Cuba), este movimiento ha sido entendido como un desafío al poder. Un hecho que ha acabado con amenazas a los organizadores y una marcha corta y que ha derivado en encontronazos con la policía y tres activistas detenidos.

Pero ¿por qué se ha dado este cambio de criterio con respecto a la Conga? De ser un elemento que ponía a Cuba en el mapa de países de América Central y Caribe con mínimos gestos positivos hacia la comunidad LGTBI, se ha pasado a una nueva manera de escenificar la represión a cualquier manifestación al margen del poder. En los últimos años, de hecho, la marcha había recibido el impulso del oficialismo cubano a través del CENESEX, dirigido por Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro y sobrina de Fidel Castro, líder de la Revolución cubana y presidente durante 32 años. La apertura social e institucional que lideró la sobrina del comandante le valieron tanto a ella como al régimen cubano elogios a nivel internacional. Una apertura que suponía también una renovación del Partido Comunista de Cuba, una fuerza política que previamente había perseguido la diversidad sexual y de género. Se impulsó, por ejemplo, la cirugía de reasignación de sexo a cargo del estado, y derechos como el matrimonio igualitario han estado muy cerca de aprobarse. Sin embargo, las ilusiones de los movimientos sociales y las personas LGTBI de la isla se han truncado hasta límites difícilmente sospechables en tan poco tiempo.

Todo comenzó con la ilusionante propuesta de incluir el matrimonio igualitario en la redacción de la nueva Constitución cubana. Un texto que fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional de Cuba, pero que solo supuso un borrador que fue modificándose con el tiempo. El texto fue sometido a un proceso de «consulta popular» y la presión de los grupos religiosos consiguió que finalmente se excluyera este derecho en la nueva Constitución. Estos grupos religiosos, cada vez más influyentes entre la sociedad cubana, amenazaron con llamar a la desmovilización de sus fieles en la votación que refrendaría el texto constitucional. Un riesgo que el Partido Comunista de Cuba no estuvo dispuesto a correr, ya que una baja participación en esta votación comprometería su imagen y podría ser usado por otras potencias como un símbolo de la desafección del pueblo cubano al régimen después de 60 años del inicio de la Revolución. Finalmente, la nueva Constitución fue aprobada sin referencias explícitas al colectivo LGTB.

Este triunfo de las iglesias católica y evangélicas de la isla (entendido también como un triunfo del catolicismo y el evangelismo a nivel global) ha supuesto un indudable giro en los gestos y decisiones políticas que se están dando en Cuba. Uno de esos gestos se ha producido con la cancelación por parte del CENSEX de la Conga contra la Homofobia y la Transfobia de este año. La directora del organismo alegó que este año existían «circunstancias que no ayudan a su desarrollo exitoso» por la «actual coyuntura» del país. Tras la oposición encontrada desde grupos de activistas LGTBI, las razones por la cancelación del evento aumentaron de nivel hasta que desde el CENESEX se indicó que la marcha podría ser «utilizada por fuerzas extranjeras» en contra del régimen cubano. Una posición, en definitiva, que recuerda a la de gobiernos teóricamente en las antípodas ideológicas del cubano, como el de Donald Trump en Estados Unidos o el de Jair Bolsonaro en Brasil, que atacan a los derechos LGTBI para satisfacer a sus soportes evangelistas y católicos.

Y es que es un gesto que ni siquiera muchos dentro de las filas del oficialismo entienden, según indica la web diariodecuba.com. De hecho, Mariela Castro ha cambiado su discurso de manera radical al definir la marcha de este año como «un show convocado desde Miami y Matanzas, respaldado por funcionarios de la embajada de Estados Unidos y cubierto por la prensa extranjera». A la directora del CENESEX no parece haberle bastado con que algunos manifestantes de la Conga Alternativa portaran banderas antiimperialistas (la bandera estadounidense invertida) mezcladas con los colores del arcoíris, ya que finalmente los ha incluido a todos en una estrategia del ejecutivo de Trump, entre otros.

Un ejemplo más del giro en las relaciones del estado cubano con sus movimientos LGTBI que habrá que seguir vigilando y que no augura nada bueno para el futuro del colectivo tras unos años de tregua y casi idilio.

Fuente Dosmanzanas

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Los derechos LGBT se han estancado y en algunos países incluso han retrocedido, esta es la preocupante conclusión a la que ha llegado la ILGA-Europe -la asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e intersexuales- en su reunión anual que ha tenido lugar hoy en Oslo. Asimismo, también han lanzado el 10º mapa sobre los derechos LGTB+ en Europa, una herramienta para monitorizar y clasificar los 49 países del continente en aspectos como legislación contra la discriminación y derechos, reconocimiento legal de género, integridad, protección contra delitos de odio, derechos familiares y espacios en la sociedad civil. Como se puede ver, no solo no avanzamos sino que estamos retrocediendo en algunos lugares:

Como es costumbre por estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2019 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2018. Malta encabeza de nuevo la clasificación, a bastante distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Pero ILGA Europa advierte que este año, por primera vez desde que realiza el informe, se ha experimentado un retroceso en las legislaciones de algunos de los países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGTBI, como en Polonia, Bulgaria, Serbia y Kosovo. Por ello, ILGA Europa da la voz de alarma para que se redoblen los esfuerzos para asegurar la igualdad de derechos de los europeos LGTBI. España desciende a la undécima posición, situándose por primera vez fuera de los diez primeros puestos, todo ello debido al inmovilismo legislativo de los últimos años, con la recomendación una vez más por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año ha variado la valoración de cada apartado. Se mantiene el de las medidas respecto a la igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), baja la puntuación del derecho de familia (20 %), no experimenta cambios el de los crímenes y discursos de odio (20 %), sube la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (20 %), se mantiene la de las libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y se incrementa la del asilo (7 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. Es de reseñar también el ascenso en la lista de Luxemburgo, que el pasado año aprobó importantes medidas respecto al reconocimiento de la identidad de género y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en todos los ámbitos sociales. Eso le ha permitido ascender del decimoctavo puesto al tercero.

 Pero la gran preocupación de ILGA Europa en el presente año es la pérdida de derechos de las personas LGTBI en algunos de los países europeos por primera vez en los diez años de existencia de este informe, que se teme que sea la avanzadilla de las políticas populistas que amenazan tanto lo ya conseguido como el avance en la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Según señala ILGA Europa, Polonia ya no brinda acceso a la reproducción asistida para mujeres solteras; Bulgaria ha eliminado todos los procedimientos administrativos para el cambio legal del nombre o del género en los documentos oficiales de las personas trans; Serbia y Kosovo no han renovado sus planes de acción para la igualdad; por último, Bulgaria, Hungría y Turquía no han respetado derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de reunión, la libertad de asociación y la protección de los defensores de los derechos humanos durante el año pasado. El resultado es un entorno cada vez más inseguro e insostenible para las organizaciones LGTBI y los defensores de los derechos humanos en un número creciente de países.

Por ello, la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, declaraba que «si alguna vez hubo un momento para dar prioridad política a la igualdad LGBTI, ¡es ahora! El año pasado, advertimos sobre los peligros de pensar que el trabajo estaba hecho. Lamentablemente, este año vemos pruebas concretas de retroceso a nivel político y legislativo en un número creciente de países. No hay más tiempo que perder. En el actual clima social y político cada vez más polarizado, las leyes y las políticas son a menudo las últimas líneas de defensa de las comunidades LGBTI. Por eso necesitamos que los responsables de la toma de decisiones nacionales y europeos redoblen sus esfuerzos para garantizar la igualdad en la ley y en la práctica para las personas LGBTI».

La situación en España

Un año más, la falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además, el hecho de que la valoración respecto al reconocimiento legal de la identidad de género se haya incrementado en este año, hace que la puntuación en este apartado por primera vez sea inferior al 50 %. Así, España ha pasado de un cumplimiento del 67,03 % el año pasado a un ya escaso 59,98 % en el presente.

ILGA Europa vuelve a hacer estas dos recomendaciones al Gobierno español:

• Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
• Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

A pesar de ello, ILGA Europa reconoce los avances legislativos producidos en Andalucía, Murcia, Castilla y León o Aragón. También señala que la ley de igualdad LGTBI y la reforma de la ley de identidad de género iniciaron su trámite parlamentario. Sin embargo, su aprobación quedó cancelada definitivamente con la convocatoria de las elecciones generales. El informe también destaca la salida del armario como bisexual del senador de Ciudadanos Tomás Marcos y la entrada en el parlamento andaluz de VOX, de quien resalta su intención de prohibir el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017 y 2018. Este año se consolida en lo más alto de la lista a considerable distancia de los demás. España, hasta este año, se había situado siempre entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandone ese grupo y baje hasta la undécima posición.

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Informe, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBfobia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tomás Marcos, Turquía, Ucrania, VOX

Las personas trans ya pueden comenzar a realizar los trámites contemplados en la avanzada ley integral trans aprobada en Uruguay el pasado mes de octubre, después de que el Gobierno de ese país haya aprobado el reglamento que la desarrolla. La buena noticia no es completa, sin embargo. Las fuerzas ultraconservadoras han logrado reunir las firmas necesarias para iniciar un proceso que podría concluir con la derogación de la ley mediante referéndum. Una vez más la población trans, sin duda la más vulnerable del colectivo LGTBI, se enfrenta al odio de los reaccionarios.

El pasado mes de octubre, el Parlamento uruguayo aprobaba la ley integral para personas trans, cuyo proyecto había sido presentado un año y medio antes por el Gobierno del Frente Amplio, la coalición de fuerzas de izquierda que gobierna Uruguay desde 2004 y que ha convertido a este país en uno de los más avanzados del mundo en materia de derechos LGTBI. En 2009, por ejemplo, Uruguay aprobaba una primera ley de identidad de género, que tenía como objeto principal los aspectos relacionados con la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales, pero que había quedado obsoleta. De ahí que los colectivos uruguayos luchasen para conseguir un marco legislativo más ambicioso, que desde el pasado 29 de abril, tras la firma por el Gobierno del decreto que desarrolla reglamentariamente la ley, es ya una realidad a la que las personas trans pueden por fin acceder. Para más información práctica sobre trámites y requisitos, ver la web del Ministerio de Desarrollo Social aquí. 

La nueva ley, por ejemplo simplifica el procedimiento para solicitar la adecuación del nombre y sexo en documentos oficiales, desapareciendo la necesidad de acreditar la estabilidad y persistencia de la «disonancia» entre el sexo biológico y la identidad reclamada durante dos años que incluía la ley de 2009. La solicitud, además, ya no se tramitará ante el juzgado de familia, sino directamente a instancia personal ante el Registro Civil. Además, el procedimiento se hace extensivo a las personas menores de 18 años, aunque en ese caso deberán contar con el acuerdo de los representantes legales.

El texto, además, incluye importantes medidas contra la discriminación, como la reserva de un porcentaje del 1% de vacantes en la administración pública, incentivos fiscales a empresas que contraten a trabajadores trans y cursos de inserción laboral. El colectivo trans pasa a ser además uno de los grupos considerados prioritarios en los programas de acceso a la vivienda. Se contempla también la reserva de un cupo del 2% en becas y ayudas estudiantiles, entre otras medidas inclusivas en el ámbito de la educación, y se refuerza el derecho de las personas trans a la cobertura sanitaria sin discriminación y/o patologización por su identidad de género. También se garantiza el acceso a los tratamientos hormonales sin necesidad de autorización judicial o administrativa y sin tener que acreditar la voluntad de someterse a cirugía de reasignación.

Otra medida que merece la pena destacar es la inclusión de un régimen reparatorio en forma de pensión vitalicia para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido víctimas de violencia institucional, discriminación o privadas de su libertad. Hay que recordar, en este sentido, que Uruguay sufrió una dictadura militar entre 1973 y 1985 que castigó duramente a las personas trans, especialmente a las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual. Aunque se estima que las personas receptoras de esta pensión ascenderán a unas pocas decenas, este punto fue de hecho uno de los que más ruido generó entre los opositores a la ley.

Los opositores logran activar un mecanismo de derogación

La alegría por la entrada en vigor de la nueva ley, ya en sus aspectos prácticos, no es completa. Fuerzas ultraconservadoras han conseguido reunir las firmas necesarias para activar un proceso que, aunque complejo, podría acabar con su derogación. Hay que recordar, en este sentido, que estos grupos ya se movilizaron con especial ahínco durante la fase de aprobación de la ley. Organizaciones vinculadas a las iglesias evangélicas reunieron, por ejemplo, unas 40.000 firmas en contra, utilizando como argumento principal para movilizar a sus filas la supuesta invasión de los derechos de los padres sobre sus hijos menores de edad. De hecho, fueron los artículos que incluían menciones a los menores trans los que más debate político suscitaron en la tramitación parlamentaria.

Una vez aprobada la ley, los opositores a la misma, encabezados en esta ocasión por Carlos Iafigliola (uno de los precandidatos del Partido Nacional a la presidencia) y por el diputado de ese mismo partido y pastor evangélico Álvaro Dastugue, han conseguido reunir 69.260 firmas en contra. Se trata de una cifra que al superar el 2% del censo electoral obliga a convocar un primer referéndum sobre la materia, no vinculante, pero que en caso de arrojar un apoyo de al menos un 25% del censo electoral a la derogación de la ley obliga a la convocatoria de un segundo referendum, en esta ocasión ya vinculante, y en el que a los opositores a la ley les basta una mayoría simple.

Los colectivos en defensa de los derechos LGTBI y de las personas trans han condenado la iniciativa, que consideran que atenta contra las obligaciones que Uruguay ha ratificado en tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, repudiando muy especialmente «el uso de la distorsión y la mentira como medios hacia la recolección de las firmas presentadas». En un comunicado secundado por varias decenas de organizaciones, de hecho, la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans desmiente uno por uno los principales argumentos de las que se han valido los promotores del referéndum. «No estamos dispuestxs a que se invite a la distorsión, el miedo y la mentira para sostener discursos y prácticas de odio en contra de los avances logrados. A los ataques conservadores antiderechos responderemos con resistencia siempre. Nuestro derecho a SER es urgente», finaliza el texto. De hecho, algunos colectivos han promovido ya una denuncia penal contra Iafigliola y Dastugue por incitación al odio, un delito que el Código Penal de Uruguay reconoce expresamente que puede estar motivado por la orientación sexual o la identidad sexual de las víctimas.

Estaremos atentos a la evolución de los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Álvaro Dastugue, Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans, Carlos Iafigliola, Discriminación, Frente Amplio, Iglesias Evangélicas, LGTBfobia, Partido Nacional (Uruguay), Personas transgénero, Transexualidad, Transfobia, Uruguay

Acusada de profanar el icono de Nuestra Señora de Czestochowa Podlesna negó que fueran un ataque contra la religión o la fe

En Polonia, de mayoría católica, dañar los sentimientos religiosos puede conllevar hasta dos años de prisión

Continúa la persecución de la realidad LGTB en Polonia. La policía detuvo el pasado lunes a una activista contraria al Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS), bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. El ministro del Interior ha anunciado la interposición de una demanda contra Elzbieta Podlesna, que se enfrenta a una pena que puede llegar a los dos años de cárcel.

Manifestantes convocaron una protesta en Polonia el martes después de que la policía detuviera unas horas a una activista de derechos humanos acusada de profanar el icono católico más venerado del país al añadir los colores de la bandera arcoíris LGBT a sus halos. La mujer fue detenida el lunes en la ciudad de Plock, en el centro del país, y estaba citada para escuchar los cargos en su contra por profanar el icono de Nuestra Señora de Czestochowa, indicó el ministro del Interior, Joachim Brudzinski. Elzbieta Podlesna, de 51 años, colocó el mes pasado carteles con el icono modificado en muros, papeleras y retretes portátiles cerca de la iglesia de San Dominico en Plock.

La iniciativa de Podlesna surgió como reacción al episodio de LGTBfobia que tuvo lugar en al menos tres iglesias del país. Durante la celebración de la Pascua es una tradición escribir el nombre de los pecados en torno a una cruz. En varios templos, junto a las palabras «avaricia» o «soberbia» aparecieron también los términos «LGBT» y «género». En una iglesia de la localidad de Płock, en el centro del país, añadieron la frase «líbranos del fuego de la falta de fe» sobre las referencias a la comunidad LGTB. Cuando dos activistas colocaron una bandera arcoíris bajo la cruz, se produjo un altercado con el sacerdote, que los tachó de «perversos».

En respuesta, los activistas difundieron una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa, el icono católico más venerado del país, en forma de carteles y flyers. Sustituyeron los halos dorados de la imagen de la virgen y el niño por otros coloreados de arcoíris. El cartel reivindicativo comenzó a difundirse como un gesto de lucha contra la «estigmatización de las personas no heteronormativas por parte del clero», según Podlesna.

La imagen despertó pronto la indignación de los sectores reaccionarios. La candidata a eurodiputada Kaja Godek hacía un llamamiento a la detención de la autora del afiche, como acabó ocurriendo poco después. El lunes, seis agentes registraron el domicilio de Podlesna, la arrestaron y se incautaron de varias copias de la imagen, así como de aparatos electrónicos. La activista está acusada de ofender a los sentimientos de los creyentes y «abusar» de un objeto religioso. Unos delitos que conllevan multas y penas de hasta dos años de prisión.

Podlesna reconoció las acusaciones y fue puesta de nuevo en libertad. Posteriormente, el ministro del Interior Joachim Brudziński (PiS) anunciaba la presentación de una demanda contra la activista. «Ninguna fantasía de libertad y tolerancia le da a nadie el derecho de ofender los sentimientos de los creyentes», afirmaba Brudziński en toda una declaración de intenciones. Se trata del mismo miembro del Gobierno que en julio del año pasado amenazaba a participantes del Orgullo LGTB de Częstochowa por mostrar banderas con el escudo nacional superpuesto a los colores del arco iris. El martes, cientos de personas se manifestaban en Varsovia en apoyo de Podlesna con el lema «El arcoíris no es ofensivo» y por «una Polonia democrática».

En Polonia, un país de mayoría católica, dañar los sentimientos religiosos puede conllevar hasta dos años de prisión.

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación porque la activista de derechos humanos fue detenida poco después de viajar a Bélgica y Holanda con la organización, y tachó los cargos de “falsos”.

En declaraciones el martes a la televisora TVN24, Podlesna negó que sus acciones fueran un ataque contra la religión o la fe.

Trwają ataki na kościół katolicki w Polsce. W Płocku profanacja i szydzenie z Najświętszej Maryi Panny. Takimi plakatami został oklejony kościół. Potrzebna jest ustawa delegalizujaca organizacje LGBTQ. #stopdewiacji pic.twitter.com/K6HSgHbJ2z

— Krzysztof Kasprzak (@KrzyKasprzak) 27 de abril de 2019

Fuente Agencias, vía Religión Digital/Dosmanzanas

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La legislación suiza no protege a las personas LGTB frente a la discriminación en el ámbito laboral. Es la conclusión a la que ha llegado el Tribunal Federal, la máxima instancia judicial del país, tras examinar el caso de un soldado profesional que denunció que el Ejército no le renovó su contrato por ser gay. El alto tribunal considera que la ley de igualdad de trato vigente prohíbe la discriminación basada en el género, pero no en la orientación sexual.

El demandante firmó en 2015 un contrato temporal como soldado profesional, que solicitó renovar al expirar después de un año. El Ejército suizo rechazó su candidatura, alegando que la plaza ofertada había sido retirada. El aspirante sospechó que la verdadera causa de la negativa era su homosexualidad y presentó una demanda. El año pasado, el Tribunal Administrativo Federal la rechazó en primera instancia y el afectado recurrió ante el Tribunal Federal, la corte suprema de la Confederación Helvética.

El pasado martes, el alto tribunal desestimaba el recurso y confirmaba la sentencia original. En su motivación, los jueces interpretan que la ley de igualdad de trato, aprobada en 1995 y modificada por última vez en 2017, contempla el género pero no la orientación sexual entre las características merecedoras de protección frente a la discriminación en el ámbito laboral. En otras palabras, que las empresas suizas tienen carta blanca para rechazar a un candidato por ser una persona LGTB. La sentencia pone de relieve la necesidad de actualizar la normativa antidiscriminatoria para alinearla con la de los países de la Unión Europea.

Suiza también ha quedado rezagada en otros ámbitos legislativos que afectan a la comunidad LGTB. En septiembre del año pasado, el Consejo Nacional aprobaba un proyecto de ley para ampliar la legislación sobre crímenes de odio a los de carácter homófobo y tránsfobo. El Consejo de los Estados (la cámara alta del Parlamento) aprobaba en noviembre una versión revisada de la propuesta que excluye a las personas trans al eliminar la mención a la identidad de género. No contentos con esta restricción, los sectores opuestos a la igualdad LGTB forzaron hace un mes la convocatoria de un referéndum sobre el proyecto, que se celebrará en las próximas semanas.

Fuente Dosmanzanas

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Lo decíamos anteayer, con motivo de la propuesta de Vox de clausurar el Centro LGTBI de Barcelona: el recorte de los derechos del colectivo LGTBI ocupa ya un papel central en el discurso político de la extrema derecha española. Hoy ha sido su candidato a la alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, el que ha propuesto invisibilizar el Orgullo LGTB de Madrid, expulsándolo del centro de la ciudad y llevándolo a la Casa de Campo. 

«Lo mantendremos, cambiando de sitio las fiestas del Orgullo, sacándolos de Madrid porque causan verdaderos problemas y atascos, y los mandaríamos, para que pudieran desarrollar la fiesta del Orgullo Gay [sic] y todo lo que quieran, pero dentro de la Casa de Campo, y por supuesto con un contrato de responsabilidad para que toda la limpieza que luego hay que hacer, que es un esfuerzo económico muy importante, lo paguen los organizadores», ha respondido Ortega Smith al ser preguntado si un Ayuntamiento gobernado por Vox mantendrían las fiestas del Orgullo LGTB en un debate entre los principales candidatos a la alcaldía organizado por El País y la cadena SER:

En definitiva, la extrema derecha española propone expulsar de las calles de la capital española un evento que, conviene recordar, antes que una fiesta es una manifestación política y un ejercicio de visibilidad. Llevar el Orgullo LGTB a la Casa de Campo, un gran parque situado fuera de la trama urbana de Madrid, no es más que silenciar y hacer invisible al colectivo.

Sobre las molestias que genera el Orgullo y la basura generada, asistimos a un debate que de forma recurrente los sectores conservadores de la sociedad madrileña, y muy singularmente sus medios de comunicación, ya han agitado en el pasado. El Orgullo, como bien sabemos, se ha convertido con el paso de los años en la fiesta más importante de la capital de España. Genera molestias similares a las de la Fallas en Valencia o los Sanfermines en Pamplona, por mencionar dos eventos que nadie propone invisibilizar.

Sobre la basura, ya en 2015 hicimos un ejercicio y comparamos el Orgullo con la la Semana Santa, otro evento que nadie propone desterrar del centro de las ciudades. Nos fijamos en concreto en tres ciudades andaluzas en las cuales esta celebración tiene gran relevancia social y de cuyos residuos también la prensa se había hecho eco en un tono mucho más neutro. ¿El resultado? Pues teniendo en cuenta la población de cada una de las ciudades, el resultado es que la Semana Santa generaba más basura que el Orgullo.

No nos engañemos. No se trata de las molestias a los ciudadanos ni la basura. Si fuera por eso Vox propondría medidas similares para los eventos mencionados. Se trata de invisibilizarnos, de devolvernos al armario colectivo. Con una diferencia importante en el caso de Madrid sobre Barcelona: en la capital catalana Vox carece de cualquier posibilidad de determinar el gobierno municipal. En Madrid esa posibilidad es muy alta: basta que las formaciones progresistas no obtengan mayoría absoluta y Vox sume mayoría junto a PP y Ciudadanos para que el partido de Ortega Smith se convierta en determinante.

Fuente Dosmanzanas

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El autor de un proyecto de ley discriminatorio con las familias homoparentales en Tennessee ha decidido retirarlo en el último momento sin explicar las causas de su decisión. El texto, a punto de ser debatido en el Senado estatal, daba luz verde a las agencias de adopción para rechazar a las parejas del mismo sexo alegando motivos religiosos. Normas similares han sido aprobadas en varios estados de mayoría republicana. La medida era una de las iniciativas discriminatorias en el estado sureño a las que se han opuesto celebridades como Taylor Swift.

El Senado de Tennessee había programado el debate del proyecto de ley del republicano Joey Hensley para el pasado martes, pero el legislador retiró el texto en el último momento sin aclarar sus razones. La medida, cuyo resumen puedes leer aquí, queda así aplazada al menos durante un año. De haber proseguido su tramitación, su aprobación era muy probable, ya que los republicanos controlan ambas cámaras del estado y la gobernación.

La iniciativa se tramitaba en paralelo a otras dos medidas contrarias a la igualdad LGTB. La primera de ellas pretende obligar al Gobierno estatal a ignorar la política antidiscriminatoria de las empresas que contraten con la Administración. La segunda, aunque ya enmendada en sus aspectos más claramente tránsfobos, reforma la ley sobre «escándalo público» de manera que podría afectar a las personas trans que utilicen baños o vestuarios acordes a su identidad de género. Ha sido aprobada por 21 votos a 5 y enviada al gobernador Bill Lee para que la ratifique con su firma.

La deriva LGTBfoba de las instituciones de Tennessee ha generado una importante reacción en su contra. La cantante Taylor Swift, que reside en la capital Nashville, ha donado 113.000 dólares (unos 101.000 euros) a la asociación Tennessee Equality Project, que lucha contra la discriminación. La actriz Megan Fox, originaria del estado, también se ha posicionado en contra de estos proyectos de ley, como lo han hecho el equipo de fútbol americano Tennessee Titans y empresas como Amazon o Dell.

Adopción homoparental: aunque es legal en todo el país…

En Estados Unidos, como sucede en tantas otras esferas, las normativas de acogida y adopción difieren entre cada estado, por lo que existe una gran variabilidad. Hasta hace no demasiados años, por ejemplo, convivían estados que permitían la adopción homoparental con otros que la prohibían, en todo o en parte. Diversas sentencias de la justicia federal han acabado, sin embargo, por hacer extensiva la adopción homoparental a todo el territorio estadounidenses. La más importante, la sentencia de junio de 2015 del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, que provocó toda una cascada de reconocimientos jurídicos de la igualdad ante la ley de las parejas del mismo y de distinto sexo.

Por si quedaban dudas, un juez federal de Mississippi declaró en abril de 2016 inconstitucional la ley que prohibía la adopción por parejas del mismo sexo en ese estado, aprobada en el año 2000, y que era la última de su tipo en ser desafiada ante los tribunales. Y en junio de 2017 el Supremo arrojó otro jarro de agua fría a los contrarios a la homoparentalidad al obligar al estado de Arkansas a inscribir los nombres de las dos madres en los certificados de nacimiento en aquellos casos en los que estas hubieran recurrido a un donante de esperma anónimo. En ambos casos (Mississippi y Arkansas) la argumentación dejaba claro que la sentencia de junio de 2015 sobre el matrimonio igualitario suponía también el reconocimiento de la igualdad por lo que se refiere al reconocimiento de los derechos de parentalidad.

… la derecha religiosa apuesta por poner trabas en los estados 

Sin embargo, pese a la derrota por lo que a la prohibición genérica de la adopción homoparental se refiere, la derecha religiosa no se da por vencida, y redirige sus baterías hacia un objetivo más asequible: el sistema de acogida y adopción, en manos en buena parte (sobre todo por lo que a la adopción se refiere) de agencias de titularidad privada. Muchas de ellas, vinculadas a organizaciones religiosas. Permitir a estas que puedan rechazar a candidatos a ser padres adoptivos por razones religiosas legaliza la discriminación de las parejas del mismo sexo. Son ya varios los estados que contaban con normas de este tipo antes de la sentencia del Tribunal Supremo, como Dakota del Norte, Virginia o Michigan (aunque en este último estado la norma ha sido desafiada ante la justicia federal), pero más recientemente han comenzado a sumarse otros. Alabama, Dakota del Sur y Texas, tres estados con mayoría republicana en sus legislaturas y gobernadores de ese mismo partido, aprobaron las leyes que lo hacen posible en 2017. El año pasado se les unió Oklahoma y Kansas, mientras que la Cámara de Representantes de Georgia decidió no tramitar un proyecto de ley en el mismo sentido aprobado previamente por el Senado.

La aprobación de las leyes de Oklahoma y Kansas fue saludada por grupos evangélicos y por representantes la Iglesia católica. Por el contrario, ha sido condenada como discriminatoria por grupos de defensa de los derechos LGTB. No es descartable que a medio o largo plazo la cuestión acabe siendo dirimida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por lo pronto, supone un nuevo ensanchamiento de la brecha que separa a los estados más profundamente «rojos» (en el lenguaje político estadounidense, aquellos que tradicionalmente votan republicano) de los estados «azules» (aquellos que tradicionalmente votan demócrata) por lo que a los derechos de las personas LGTB se refiere. Seguiremos atentos.

Fuente Dosmanzanas

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Ignacio Garriga

El candidato a la alcaldía de Barcelona por Vox, la formación ultraderechista que sostiene al gobierno autonómico andaluz y que en las elecciones generales del pasado 28 de abril consiguió 24 diputados en el Congreso ha hecho pública su intención de cerrar el Centro LGTBI de la capital catalana. A diferencia de lo que sucede en otras ciudades españolas (como Madrid), Vox no parece contar con ninguna posibilidad de ser determinante en la formación del gobierno municipal barcelonés, pero el mero anuncio de sus intenciones pone de manifiesto el papel central que el recorte de los derechos LGTBI juega en el discurso político ultraderechista.

«Hay que cerrarlo. El primer día que entremos en el ayuntamiento propondremos su supresión, no tiene ningún sentido», ha declarado Ignacio Garriga, candidato a alcalde de Barcelona por Vox, en referencia al Centro LGTBI de Barcelona. Su argumento es que hay que retirar subvenciones a «organizaciones superfluas, carentes de impacto e ideologizadas».

El Centro LGTBI de Barcelona, como los seguidores de dosmanzanas conocen, es una instalación financiada por el Ayuntamiento de la capital catalana, que fue inaugurada el pasado 19 de enero por la alcaldesa Ada Colau y de cuya gestión se encarga la Plataforma de Entidades LGTBI de Cataluña. Cuenta con un servicio de acogida,  información y orientación atendido por especialistas en psicología, trabajo social, derecho, salud y gestión comunitaria, entre otras áreas, además de un protocolo propio para abordar las agresiones por LGTBIfobia. El espacio dispone además con una zona de exposiciones con programación regular, un auditorio con capacidad para cien personas, un espacio de salud y un área familiar y cinco salas equipadas para reuniones, asesorías, formación y talleres. Una magnífica instalación que por cierto ya sufrió un primer ataque fascista pocos días después de ser inaugurado.

La respuesta de la Plataforma de Entidades LGTBI de Cataluña no se ha hecho esperar. En un comunicado de prensa hecho público este domingo, la entidad que agrupa a las principales organizaciones LGTBI catalanas defiende que estas no son precisamente organizaciones superfluas y carentes de impacto. «Consiguieron, entre otras medidas, la aprobación de la ley contra la LGTBIfobia de Cataluña en el año 2014», argumenta. Eso sí, la plataforma reconoce abiertamente que en efecto tiene ideología: «la que combate el odio, el fascismo y la LGTBIfobia».

En palabras de Joaquim Roqueta, presidente de la plataforma, el Centro LGTBI de Barcelona «es un derecho conseguido por el movimiento LGTBI de la ciudad tras décadas de lucha y reivindicación». «Con la apertura del Centro, Barcelona se ha situado como una de las ciudades más abiertas y democráticas del mundo, siguiendo el modelo de grandes capitales como Nueva York o Ámsterdam, que cuentan con espacios similares», ha añadido. «Tres meses después de su apertura, el Centro LGTBI se ha convertido en un punto de encuentro y reflexión sobre diversidad sexual y de género para toda la ciudadanía. Desde el pasado 19 de enero, miles de personas lo han visitado, han participado de sus actividades y realizado consultas al Servicio de Información y Dinamización. Además, el Servicio de Acogida ha asistido a un centenar de casos, tanto a nivel individual como grupal o familiar», ha detallado Roqueta.

Vox, receptor de cuantiosas subvenciones

Se da la paradoja de que la misma organización política que quiere acabar con la financiación pública del Centro LGTBI de Barcelona se ha convertido, tras las elecciones del pasado 28 de abril, en un receptor de cuantiosas subvenciones: según informa eldiario.es, al haber obtenido representación parlamentaria, Vox recibirá 2,6 millones de euros por sus gastos electorales y 68.088 euros al mes del Congreso de los Diputados (además, por supuesto, del sueldo de sus diputados). Una cantidad que se suma a los 3 millones de euros percibidos gracias a su entrada en el Parlamento andaluz.

Dinero público al que Vox no parece intención de renunciar, en lo que sería la consecuencia lógica de su supuesta aversión a las «subvenciones». Nada sorprendente, por otra parte, si se tiene en cuenta que el líder de la formación, Santiago Abascal, fue durante años receptor de un cuantioso sueldo público gracias a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, primero como director de una agencia de protección de datos (que finalmente fue disuelta) y luego como gerente de la denominada «Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social», entidad que se extinguió sin dejar rastro de su último año de actividad.

Fuente Dosmanzanas

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Vergonzosa decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (también conocido como TAS, sus siglas en francés), el órgano que dirime las disputas deportivas, que da la razón a la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) en su disputa con la atleta Caster Semenya. La IAAF, recordemos, ha implementado un nuevo reglamento que tiene como fin impedir que la sudafricana pueda competir a no ser que se medique para rebajar sus niveles de andrógenos, que de forma natural ella sintetiza en mayor cantidad que la mayoría de las mujeres. Semenya, una luchadora nata, se niega a medicarse y anuncia que dará la batalla ante la justicia.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha fallado en contra de la medallista de oro Caster Semenya, quien cuestionó la implementación de reglas que limitarían los niveles de testosterona de las atletas femeninas.

El histórico fallo del 1 de mayo, presentado por la tricampeona mundial sudafricana, se produce tras una larga y amarga disputa sobre las normas propuestas por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) el año pasado.

Según el reglamento, la IAAF establece que las atletas femeninas con una supuesta diferencia de desarrollo sexual (DSD), tendrán que someterse a restricciones de testosterona. La ONU condenó ese trato como un “procedimiento médico innecesario, humillante y perjudicial”.

En reacción a la decisión, la atleta simplemente tuiteó un gráfico que decía: “a veces es mejor reaccionar sin reacción”.

‍♂️ pic.twitter.com/FHmm10npfx

— Caster Semenya (@caster800m) 1 de mayo de 2019

La sentencia del TAD establece: “Las normas del DSD son discriminatorias, pero la mayoría de los miembros del Panel consideraron que… dicha discriminación es un medio necesario, razonable y proporcionado para lograr el objetivo de la IAAF de preservar la integridad del atletismo femenino en las pruebas restringidas”.

En respuesta a la decisión, la IAAF se mostró “agradecida al Tribunal de Arbitraje Deportivo por su detallada y rápida respuesta” y “satisfecha de que el reglamento se considerara un medio necesario, razonable y proporcionado para lograr el objetivo legítimo de la IAAF de preservar la integridad del atletismo femenino”.

Semenya, de 28 años, que tiene naturalmente altos niveles de testosterona, ahora tendrá que someterse a terapia hormonal durante al menos seis meses antes de competir en cualquier competición. Las reglas estipulan que las corredoras con el llamado DSD que compiten en pruebas entre los 400 metros y una milla tendrán que someterse al procedimiento.

Una declaración de la IAAF en febrero explicaba las propuestas: “Si un atleta del DSD tiene testículos y niveles masculinos de testosterona, obtiene los mismos aumentos en tamaño y fuerza ósea y muscular y en hemoglobina que un hombre cuando atraviesa la pubertad, que es lo que da a los hombres tal ventaja de rendimiento sobre las mujeres. Por lo tanto, para preservar la competencia justa en la categoría femenina, es necesario exigir a los atletas del DSD que reduzcan su testosterona a niveles femeninos antes de competir a nivel internacional”.

¿Y si gana?

Se sugirió que, si el veredicto iba en contra de la IAAF, el atletismo podría haber introducido una categoría “abierta” en la que los hombres y las mujeres podrían, en teoría, competir uno al lado del otro, y una categoría “protegida” basada en los niveles hormonales, en lugar del género.

Su equipo legal argumentó que sus ventajas no son diferentes de otras variaciones genéticas que se celebran en el deporte, y que “su don genético debe ser celebrado, no discriminado”. También mantuvieron: “Su caso trata de los derechos de las mujeres que nacen como mujeres, son criadas y socializadas como mujeres, a las que se les permite competir en la categoría femenina sin discriminación”.

Finalmente, dijeron que el requisito de la IAAF de que los DSD tomen supresores hormonales para reducir la testosterona es éticamente incorrecto y plantea potencialmente un riesgo para la salud.

Una amarga disputa por los atletas de DSD. El caso Semenya dividió las opiniones en todo el mundo del atletismo. Una de las personas con las opiniones más abiertas en contra del caso fue la corredora de maratón Paula Radcliffe. Radcliffe dijo que el fallo podría dar a los atletas intersexuales y transgéneros una ventaja injusta y, en última instancia, poner fin al deporte femenino. El ex corredor de maratón afirmó que si la apelación de Semenya tuviera éxito, los entrenadores podrían comenzar a buscar mujeres con niveles de testosterona igualmente altos. “Sería ingenuo pensar que si esta regla no se aprobara, no habría algunas personas, gerentes o federaciones, que buscarían activamente a chicas con esta condición y dirían:’Bien, van a hacer este deporte y este evento para que podamos ganar'”, dijo a Sky News el jueves (18 de abril).

Mientras que el presidente de la IAAF, Lord Sebastian Coe, explicó la decisión de presentar las propuestas: “Ningún atleta individual ha sido el objetivo de la creación del reglamento. Necesitamos crear categorías de competición dentro de nuestro deporte que aseguren que el éxito esté determinado por el talento, la dedicación y el trabajo duro, en lugar de por otros factores que no se consideran justos o significativos, como las enormes ventajas físicas que un adulto tiene sobre un niño, o que un atleta masculino tiene sobre una atleta femenina”, dijo.

Los críticos del desafío legal de Semenya, como Radcliffe, argumentan que “abriría la puerta a los casos de los atletas trans”, que actualmente tienen que bajar sus niveles de testosterona para completar. Radcliffe ha defendido anteriormente la prohibición de que los atletas trans compitan en deportes de élite.

Joanna Harper, que asesora al Comité Olímpico Internacional (COI) sobre regulaciones para atletas trans, ha dicho a The Guardian que “el COI está esperando a ver qué pasa en el caso Semenya” antes de anunciar los límites de testosterona para los atletas trans en los juegos de Tokio 2020.

A lo largo del caso, Semenya ha dicho:“Sólo quiero correr naturalmente, como nací”. Llevamos siguiendo la carrera de Caster Semenya desde hace años y muy especialmente los numerosos episodios de discriminación a los que se ha tenido que enfrentar. La atleta sudafricana, abiertamente lesbiana, fue la ganadora de los 800 metros lisos en los campeonatos mundiales de 2009 y 2017, así como el oro en la misma categoría en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Sin embargo, ya desde sus inicios sus logros han sido discutidos. Primero fue debido a una supuesta intersexualidad que llegó a ser investigada por la IAAF (la cuestión, por cierto, fue tratada en su momento con una evidente falta de respeto por parte de cierta prensa). Finalmente, Semenya volvía a la competición, después de que la IAAF concluyera que no había razón para impedirle participar en la competición como la mujer que era. Y ello pese a las críticas irrespetuosas de algunas de sus rivales. Críticas que la sudafricana siempre ha rechazado. «Dios me hizo como soy y me acepto así», aseguraba en una entrevista gracias a la que fue portada de la revista sudafricana You en 2009.

Sin embargo, su hiperandrogenismo natural la ha mantenido en el punto de mira de la organización que gobierna el atletismo mundial, hasta el punto de promover una nueva normativa para mujeres con «desarrollo sexual diferente» sospechosamente ajustada a sus circunstancias personales, obviando el hecho de que tanto hombres como mujeres sintetizan de forma natural tanto estrógenos como testosterona, y que la obliga a medicarse si quiere seguir compitiendo. Nuevas normas que ahora el TAS ve adecuadas pese a reconocerlas como discriminatorias al considerarla «necesarias, razonables y proporcionadas» para preservar la integridad del atletismo femenino. Algo que ella rechaza y que combatirá en los tribunales de justicia, lo que seguramente la impedirá participar en los próximos Mundiales de Atletismo, que se celebrarán en Doha (Catar) a finales de septiembre.

Es cierto que el caso de Caster Semenya ha puesto sobre la mesa la problemática que supone casar la diversidad de género existente en la vida real con la concepción binaria de las competiciones tradicionales. Pero no es menos cierto el tufillo discriminatorio hacia una deportista privilegiada por su físico. Son muchos los que estos días se preguntan por qué a nadie se le ha ocurrido poner límites, por ejemplo, al nadador Michael Phelps, cuyo organismo genera menos ácido láctico de lo habitual, y de hecho se le considera un «prodigio genético» mientras que a Semenya se le veta.

¿Será que Semenya es mujer, africana, negra y lesbiana, nos atrevemos a sugerir?

Fuente Cromosomax

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Nuevo avance en el reconocimiento de las identidades de género no binarias. La Administración del estado norteamericano de Nevada aprobó este lunes la emisión de documentos de identidad y permisos de conducción con una tercera opción de sexo legal. La categoría «X» se añadirá a las existentes de «M» y «F» y estará a disposición de quien la solicite, sin que se requiera una autorización judicial. Nevada se convierte en el décimo estado de Estados Unidos, además de Washington D. C., en implementar esta medida.

Según el departamento de Vehículos de Motor, el cambio viene precedido de años de preparación. La iniciativa surgió en junio del año pasado, cuando se decidió eliminar el requisito de una orden judicial, certificado médico o partida de nacimiento para el cambio del sexo legal en los documentos de identidad que emite el estado. Posteriormente se acordó añadir la categoría «X» como alternativa a las binarias de «M» y «F».

Nevada es un estado pionero en el reconocimiento de la diversidad de género. En 2016 se aprobó una ley para la modificación registral del género en las partidas de nacimiento sin tutela judicial ni intervención quirúrgica, solo con una declaración jurada. Con la medida introducida esta semana, el activista Ray Mcfarlane espera sentar un precedente para el resto del país y que las personas trans o de género no binario puedan obtener sus nuevos documentos sin necesidad de invertir tiempo y dinero en procesos judiciales. Jane Heenan, de Gender Justice Nevada, abogó por eliminar por completo la mención al género en estos papeles, pero desde la Administración del estado se escudaron en las normas de nivel federal, que exigen el registro del sexo legal.

El estado se une a Arkansas, California, Colorado, Indiana, Maine, Minnesota, Oregon, Utah y Vermont, además de Washington D. C., en introducir una tercera opción de género en los carnés de identidad y permisos de conducción. Sin embargo, tan solo Oregón y la capital federal han consagrado, como ha hecho ahora Nevada, el principio de autodeterminación de género. En el resto del mundo, países como Australia en 2011,  Canadá en 2017,  California, y Malta en 2017 o Alemania el año pasado han dado pasos en el reconocimiento legal de las personas intersexuales y de género no binario. La posibilidad de registrarse bajo un tercer sexo legal o de dejar en blanco el campo correspondiente ha sido regulada de diferentes formas en países como Pakistán, India, Nepal . Tribunales de Austria y Holanda también han abierto la puerta al derecho a registrarse bajo una tercera opción de género este mismo año.

Fuente Dosmanzanas

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