El Orgullo LGTB de Beirut ha sido interrumpido un año más. Los organizadores del único evento de este tipo en el mundo árabe han decidido suspender el concierto inaugural ante las amenazas de violencia alimentadas por las protestas de las autoridades religiosas, que acusaron a los convocantes de atacar «las buenas costumbres» y de promover el matrimonio igualitario. Las ediciones de 2017 y 2018 también se enfrentaron a las llamadas al boicot de los LGTBfobos.

El activismo LGTB libanés convocó la tercera semana del Orgullo LGTB de Beirut entre el 28 de septiembre y el 6 de octubre. El programa incluía una «cena de las familias», pensada para crear comunidad entre familias con algún miembro LGTB, así como la presentación de una beca en Brasil para artistas LGTB libaneses y un concierto inaugural en un teatro de la capital. La posibilidad de organizar una marcha no se había cerrado con anterioridad al comienzo previsto de los actos.

Las cosas empezaron a torcerse el lunes de la semana pasada, cuando una página de Facebook con el nombre de «Marriage Equality Lebanon» compartió la convocatoria del concierto. Los organizadores del Orgullo lamentan que se transmitió la impresión de que el acto quería reivindicar el matrimonio igualitario en Líbano. La polémica creció rápidamente por las redes sociales, y esa misma noche, el ex gran muftí de Líbano Mohammad Rachid Kabbani hacía un llamamiento a las autoridades a «impedir la celebración de los pervertidos».

La situación escaló rápidamente. Un día después, el teatro que iba a acoger el concierto recibió amenazas telefónicas de violencia si no se suspendía el evento. Organizaciones conservadoras e islámicas lanzaban diatribas de odio contra la comunidad LGTB. El establecimiento renunció finalmente a albergar el concierto después de que las fuerzas de seguridad avisaran de que arrestarían a los dueños del local y a los organizadores y participantes.

De nada sirvieron los esfuerzos de los responsables de Beirut Pride por explicar que el único objetivo del acto era la concienciación contra el odio y la discriminación. Acosados por varios frentes, los activistas finalmente tuvieron que anunciar la cancelación del evento «hasta nuevo aviso». En las redes sociales de Beirut Pride no hay noticias sobre la celebración o no del resto de actos previstos.

Este era el tercer año en que se organizaba una celebración del Orgullo LGTB en el Líbano, y también ha sido el tercer año consecutivo en que los distintos eventos han tenido que ser cancelados. En 2017, grupos islamistas irrumpieron en diversos actos y amenazaron con atacar con violencia si se celebraba la programada Marcha del Orgullo, que finalmente fue anulada. Debido a ello, el año pasado ni siquiera se había previsto celebrar la Marcha, pero la presión de los grupos LGBTfobos consiguió de nuevo la cancelación de los actos, además de la detención del principal organizador, el activista libanés Hadi Damien.

Sentencias judiciales a favor de los derechos LGTB

Las relaciones homosexuales en el Líbano (una república árabe multiconfesional en la que coexisten musulmanes sunitas, musulmanes chiítas, cristianos de diversas confesiones y drusos) son formalmente ilegales. El artículo 534 del Código Penal establece penas de un año de prisión para quienes realicen «actos sexuales contra natura». Sin embargo, cuatro jueces, además de un tribunal de apelaciones y otro militar, o la de un juez que falló a favor de los derechos de un hombre trans,han fallado en contra de que se aplique a las relaciones homosexuales, de modo que el artículo 534 ha quedado en la práctica invalidado para ese fin. Por ello, al igual que sucede en países como Egipto, las fuerzas del orden utilizan otros ambiguos artículos del Código Penal contra la decencia para reprimir de hecho tanto las relaciones homosexuales como la defensa de los derechos LGTB.

 Hay que recordar, en este sentido, que el artículo 534 del Código Penal libanés sigue criminalizando las relaciones «contra natura», pero existen además otros artículos que basados en la defensa de la «moral pública» y «el pudor» justifican el hostigamiento de cualquier demostración pública de homosexualidad.

Ante este panorama, el apoyo internacional a la comunidad LGTB de Líbano se hace más necesario que nunca. El Ejecutivo libanés no se encuentra respaldado por su sistema judicial y la posición de la comunidad internacional puede ser determinante para que el Gobierno libanés ceje en su acoso. Un ejemplo de cómo esa presión puede beneficiar a las libertades individuales y colectivas del país es el de Brunéi, donde el sultán se ha visto obligado a anunciar una moratoria en la aplicación de la pena de muerte por lapidación para las personas que practiquen relaciones homosexuales. Es reciente, en este sentido, el apoyo de la Embajada Española en el Líbano, que con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia izó el pasado 17 de mayo la bandera arcoíris en su sede.

Fuente Dosmanzanas

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Así lo denunció el Movilh. La Fundación AHF impidió que Movilh siga aplicando test gratuitos de VIH solo por extender al servicio a mujeres y pese a que en los últimos meses dicha organización LGBTI pesquisó 26 resultados positivos, el 3% del total de exámenes aplicados.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy que la sección chilena de AIDS Healthcare Foundation (AHF) “discrimina a las mujeres que desean practicarse el test rápido de VIH e interfiere en la independencia de las organizaciones sociales”

“Habíamos firmado un convenio con AHF que nos iba a permitir aplicar test gratuitos de VIH hasta diciembre del 2020. Sin embargo, la entidad terminó unilateralmente el convenio con nuestra organización, acortándolo hasta septiembre del 2019, solo porque aplicamos el test a mujeres y porque somos independientes y autónomos desde el punto de vista político”, sostuvo el encargado del área de Salud, del Movilh, Diego Ríos.

El dirigente añadió que en una conversación telefónica el representante de AHF.Chile, Leonardo Arenas, “nos dijo que el convenio se terminaba anticipadamente porque estábamos aplicando el test gratuitos a mujeres, señalando que solo era para hombres, además de sostener que no compartían la manera como nos relacionábamos con las autoridades estatales, inmiscuyéndose así en nuestra autonomía política y de alianzas, algo totalmente ajeno al convenio que firmamos y a los fines que esta fundación internacional dice perseguir”

El Movilh añadió que “no aceptaremos, ni toleraremos la discriminación política o por sexo, menos en un tema tan sensible como el VIH. AHF-Chile pretendía que incurriéramos en abusos y en ilegalidades al exigirnos discriminar a mujeres para el acceso a un servicio, lo que rechazamos tajantemente. Las mujeres también necesitan aplicarse el test del VIH, no podíamos bajo ningún punto de vista ofrecer un servicio solo para hombres, eso es ilegal”.

El movimiento LGBTI añadió que “AHF-Chile ha explicitado irresponsabilidad en la prevención del VIH. Esto, porque de de un universo de 837 test que hemos aplicado, 26 resultaron positivos. De estos 3 correspondían a mujeres. Las mismas mujeres a las cuales AHF nos exigió que no atendiéramos y que, de haber aceptado tal ilegal exigencia, no sabrían que son VIH positivas”

“Son cifras altas de VIH positivo altas, muy superiores a las pesquisadas por el propio Estado. Esto solo lo pudimos pesquisar gracias a la confianza que las personas depositaron en nosotros al acudir a nuestra sede a hacerse el test rápido de VIH. Todo este esfuerzo preventivo, se ve ahora dinamitado por una Fundación que paradojalmente dice promover la prevención del VIH, pero que ahora termina un convenio que atiende a más de 150 personas mensuales solo porque no aceptamos la discriminación política, ni menos por sexo”, sostuvo el Movilh.

La organización apuntó que “por ahora suspenderemos los test. Estamos buscando ayuda en el Ministerio de Salud para seguir con éste tan necesario servicio. En paralelo, estamos evaluando que otras acciones cursar contra AHF-Chile”.

Fuente MOVILH

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Dos estudiantes de la ciudad marroquí de Safi han sido detenidos por mantener relaciones homosexuales. Según la Policía Judicial, fueron sorprendidos en «flagrante delito» y han sido acusados de practicar la homosexualidad y de ebriedad en público. Por el primer cargo, se enfrentan a una pena de hasta tres años de cárcel, tal como establece el Código Penal de Marruecos.

Según el diario Assabah, los hechos tuvieron lugar el pasado 13 de septiembre en las proximidades de la localidad de Safi.  Miembros de la Fuerzas Auxiliares vieron una motocicleta aparcada en el campo, cerca de una casa abandonada. Al inspeccionar el lugar, encontraron a dos jóvenes «en una postura que no dejaba lugar a dudas». Convinieron en avisar a la Policía, que procedió a la detención de los jóvenes.

Posteriormente, la Policía Judicial decidió acusarlos bajo el cargo de «delito flagrante de homosexualidad y ebriedad en público». Los detenidos se enfrentan a penas de hasta tres años de prisión por el delito de mantener relaciones homosexuales.

La persecución constante a que son sometidos los homosexuales y bisexuales marroquíes ha ocasionado que las peticiones de asilo en España, sobre todo por parte de jóvenes, haya experimentado un notable incremento en los últimos meses. Destaca el aumento de peticiones de asilo por parte de jóvenes lesbianas, que se calculan en más de 300 desde principios de año.

Marruecos: una vigente y preocupante LGTBfobia de Estado

Como señalábamos, el artículo 489 del Código Penal marroquí castiga los «actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo» con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica. Y el artículo 483 establece penas de hasta dos años de prisión por «obscenidad pública». Venimos recogiendo distintos casos de persecución a personas LGTB en Marruecos: desde víctimas tratadas como culpables hasta detenciones tan absurdas como la de los jóvenes que colgaron un vídeo en el que aparecían besándose.

En agosto de 2017 un joven gay, muy conocido en redes sociales de Marruecos, era agredido después de que un director de cine incitase a «violarlo». El realizador y guionista marroquí Mahmoud Frites publicaba en Facebook el siguiente mensaje: «no puedo entender a aquellos que violan a burros, a personas discapacitadas, a mujeres mayores, a niños, a sus hijos, y que sin embargo son incapaces de hacerlo con los que desean ser violados e incluso estarían dispuestos a pagar por que les violasen». Un texto que acompañó de una fotografía de Adam Lahlou en la que este viste un caftán y se adorna la cabeza con un pañuelo (una imagen que él mismo colgó en Facebook y que utilizó como foto del perfil).

En 2015 nos hacíamos del intento de linchamiento de una mujer transgénero en Fez, ocurrido en junio pasado. Ocurrió lo mismo: solo gracias a que el vídeo se viralizó y desencadenó un escándalo que trascendió las fronteras de Marruecos, acabaron con una dos de los agresores fueron condenados a cuatro meses de prisión, y ello pese a que el propio ministro de Justicia; Mustafá Ramid, llegó a insinuar entonces que las personas LGTB son culpables de las agresiones que reciben.

También en  2015 tuvimos conocimiento de varias condenas en Marruecos, en aplicación de ese artículo. En el mes de junio se produjo la detención de Lahcen y Mohsine, otros dos hombres que se besaron, fotografiaron y dieron muestras de afecto ante la Torre Hasán, uno de los entornos históricos marroquíes más prominentes. A pesar de conseguir más de 71.000 firmas de personas todo el mundo pidiendo su liberación, ambos fueron condenados finalmente a cuatro meses de cárcel y una sanción económica.

Ese mismo mes, se denunció la detención de 20 hombres homosexuales en Agadir, acusados de “difundir la corrupción”. Según el colectivo Aswat, no serían las únicas detenciones por ese motivo llevadas a cabo en ese año, que formarían parte de una campaña de arrestos dirigida por el Gobierno marroquí contra la población homosexual masculina para reafirmar su posición en el debate público sobre la despenalización de la homosexualidad.

Un mes antes, tres hombres más fueron condenados a la pena máxima, tres años de cárcel. Tras recibir una denuncia, la Policía capturó a dos de los hombres mientras mantenían relaciones sexuales en el centro de trabajo de uno de ellos. Al ser interrogados, informaron de que se habían conocido a través de un tercero, que finalmente también fue detenido y condenado.

La situación actual en Marruecos contrasta marcadamente con su posición histórica como refugio para hombres homosexuales, cuando eran perseguidos en Europa, el año pasado era España la que concedía asilo a 77 personas homosexuales. Actualmente, el problema no sólo afecta a la ley, sino a los valores sociales imperantes tan fuertemente conservadores y reaccionarios, que rechazan las relaciones homosexuales y no tienen piedad para denunciar aunque se trate de personas menores de edad y de su propia familia, como es este caso. El Gobierno marroquí, encabezado por el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), exclulía de la actual reforma del Código Penal los artículos más polémicos que tienen que ver con las libertades individuales y sexuales, como los que castigan la homosexualidad, el adulterio y las relaciones extramaritales.

Aunque quizás el caso que más expectación ha causado es el de dos menores de Marrakech, Sanaa y Hajar, denunciadas por un familiar que decía haberlas sorprendido dándose un beso en una azotea que, tras ser encarceladas durante varios días eran puestas en libertad a la espera de juicio quedando finalmente liberadas sin cargos. También en Marrakech era detenido un ciudadano español de 70 años de edad, a quien habían sorprendido en la habitación de su hotel manteniendo relaciones sexuales con un ciudadano marroquí, si bien ponían en libertad al ciudadano español tres días después, nada se ha sabido de su compañero.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El debate sobre la reforma de la legislación sobre reproducción asistida llega por fin a la Asamblea francesa. El proyecto de ley sobre bioética, aprobado por el Gobierno del primer ministro Édouard Philippe el pasado mes de julio, se someterá al escrutinio de los diputados a partir de la semana que viene. La comisión correspondiente ya ha dado su visto bueno a la norma, que incluye el fin de la prohibición del acceso a las técnicas de reproducción asistida para las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja. La derecha política, organizaciones ultraconservadoras y la iglesia católica participarán en una manifestación contra la reforma.

En Francia, la reproducción asistida (PMA por sus siglas en francés) solo está permitida a las parejas de distinto sexo, casadas o no, que además deben acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trata de una prohibición total, que afecta tanto a clínicas públicas como privadas, y que obliga a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que desee ser madre a acudir a centros de países vecinos, como Bélgica o España.

Esta situación podría cambiar durante el transcurso de la actual legislatura. Ya en su campaña electoral de 2017, el presidente Emmanuel Macron defendió que se permita el acceso a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras a las técnicas de reproducción asistida. Lo hizo, eso sí, «a título personal» y expresando su deseo de que en todo caso se aprobara como una decisión técnica, no como fruto de «un combate identitario».

Meses después, con Macron ya en la presidencia y un Gobierno a su medida, la secretaria de Estado de Igualdad Marlène Schiappa anunciaba una modificación de la ley sobre bioética para abrir la PMA a todas las mujeres. La medida contaba ya con el respaldo del Comité Consultivo Nacional de Ética, que se había pronunciado a petición del Gobierno del primer ministro Édouard Philippe. Schiappa calificó la futura propuesta como una «cuestión de justicia social» para acabar con la discriminación de las mujeres que no pueden permitirse viajar al extranjero para someterse a un proceso de reproducción asistida.

El pasado mes de julio, el Gobierno de Philippe aprobaba finalmente el anunciado proyecto de ley sobre bioética. Entre los muchos puntos que contempla, la norma incluye la apertura de la PMA a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja. La ministra de Sanidad Agnès Buzyn anunció que los tratamientos estarán cubiertos por el sistema público de salud. La propuesta mantiene la prohibición de la gestación subrogada, contra la que se había pronunciado el propio Macron.

El proyecto se trasladó entonces al Parlamento, donde el comité correspondiente le dio su visto bueno el pasado fin de semana. La Asamblea debatirá a partir del próximo martes sobre la medida. La mayoría absoluta de la que disfruta el grupo de La República en Marcha, que sostiene al Gobierno, debería facilitar su aprobación. La derecha de Los Republicanos ya ha expresado su oposición y varios de sus cargos electos han anunciado que acudirán a la manifestación del próximo 6 de octubre contra la medida. Se trata de una movilización convocada por una veintena de asociaciones entre la que destaca la Manif pour Tous, el movimiento homófobo de infame recuerdo por su violenta campaña contra el matrimonio igualitario. Junto a políticos de la derecha y la extrema derecha, también ha llamado a la participación la conferencia episcopal francesa.

Una reforma aplazada por largo tiempo

La movilización homófoba fue la principal causa del fracaso del anterior intento de aprobar la apertura de la reproducción asistida. El fin de la prohibición del acceso para las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja había sido durante años una de las banderas del Partido Socialista francés en materia de derechos LGTB, y de hecho la promesa formaba parte de su programa electoral para las elecciones de 2012. El propio expresidente François Hollande se posicionó, siendo aún candidato, a favor del cambio. Tras su elección, sin embargo, pasó a adoptar una posición ambigua, respondiendo cuando se le preguntaba una cosa u otra en función del auditorio que tuviera delante.

Pero no fue hasta 2014, tras la remodelación que convirtió a Manuel Valls en el nuevo primer ministro, cuando se anunció la renuncia a aprobar la modificación legal. Laurence Rossignol, que entró con Valls en el Gobierno francés como secretaria de Estado de Familia, recibió a los representantes de la Manif pour tous, ante los cuales adelantó la renuncia a modificar la reproducción asistida. Una posición que confirmó tras ser ascendida a ministra. Esperemos que, en esta ocasión, los homófobos no consigan doblegar la voluntad de los representantes políticos.

Fuente Dosmanzanas

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Aviso a navegantes… estos son los amigos de Abascal…

La extrema derecha austriaca apunta a la igualdad LGTB para intentar ganar votos en plena campaña electoral para los comicios anticipados del próximo 29 de septiembre. El FPÖ ha presentado una solicitud ante el Parlamento para pedir la derogación del matrimonio igualitario, en vigor desde enero de este año tras una sentencia del Tribunal Constitucional. Aunque la iniciativa, por falta de tiempo y apoyos, no tiene posibilidades de prosperar, la formación ultraderechista intenta despertar un debate ya superado con argumentos de la homofobia más burda.

El 1 de enero de 2019 expiraba el plazo dado por el Tribunal Constitucional austriaco en el fallo que consideraba que la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio es discriminatoria. La inacción del Gobierno de coalición entre la derecha conservadora (ÖVP) y la extrema derecha (FPÖ) obligó a la comunidad LGTB del país a esperar más de un año para que la medida entrara en vigor. Ese mismo día, Nicole Kopaunik y Daniela Paier se convertían en la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio sin necesidad de que mediara una sentencia. Tres meses antes se había casado otra pareja de mujeres tras demandar al Estado austriaco ante los tribunales, caso que culminó en la histórica decisión del Constitucional de diciembre de 2017.

En línea con su ideario, el FPÖ ha hecho lo posible por torpedear la aplicación del fallo. Primero maniobró para impedir que se aprobara un proyecto del ley que habría adelantado su entrada en vigor. Una vez que fue inevitable, utilizó sus competencias en el ministerio del Interior para emitir unas recomendaciones en las que instaba a los registros civiles a rechazar las solicitudes de matrimonio de las parejas del mismo sexo en las que uno de sus miembros fuera nacional de un país que no reconoce el matrimonio igualitario. El Parlamento austriaco tumbó estas directrices por discriminatorias el pasado mes de junio.

Tras la caída del Gobierno ÖVP-FPÖ por el caso Ibiza, se convocaron elecciones anticipadas para el próximo 29 de septiembre. Con las encuestas pronosticando una transferencia de apoyos desde la extrema derecha hacia la derecha conservadora del excanciller y candidato Sebastian Kurz, el FPÖ ha decidido tirar de homofobia para rascar votos. En una propuesta de resolución presentada el pasado jueves, varios diputados del partido ultraderechista, entre ellos su líder Norbert Hofer (en la imagen superior), piden la derogación del matrimonio igualitario con una argumentación cuanto menos cuestionable.

Según los firmantes, el mandato del Tribunal Constitucional de eliminar la expresión «de distinto sexo» en la definición legal del matrimonio no tiene por qué implicar que esta institución quede automáticamente abierta a las parejas del mismo sexo. La formación de extrema derecha apela a la «la disposición a tener hijos» como supuesto requisito fundamental para disfrutar del derecho a contraer matrimonio. Una condición que justificaría la exclusión de las parejas de hombres o de mujeres porque estas «no pueden procrear de ninguna manera». Nada dice sobre si, como se desprendería de su argumento, las parejas de distinto sexo infértiles, de edad avanzada o que simplemente no quieran tener hijos deberían también quedar excluidas.

La iniciativa despierta preocupación por la burda homofobia que destila, más que por sus nulas posibilidades de prosperar a una semana de las elecciones y sin apoyo de ningún otro partido. Los socialdemócratas del SPÖ han ridiculizado al FPÖ por lo que han calificado de «chiste de campaña», aunque el portavoz de Igualdad Mario Lindner avisa: «Nuestra sociedad es diversa y hay las más variadas formas de familia: monoparentales, de padre, madre e hijos, homoparentales y reconstituidas. Y todas merecen nuestro apoyo y nuestro respeto».

Austria: avances impulsados por los tribunales

La disolución del Gobierno de coalición entre la derecha y la extrema derecha abrió la puerta a algunos avances en el reconocimiento de los derechos LGTB, en un país en el que los más importantes se han alcanzado a partir de sentencias judiciales. El Tribunal Constitucional falló en 2014 a favor de permitir a las parejas de mujeres acceder a los tratamientos de reproducción asistida y en enero de 2015, de la adopción conjunta homoparental. Anteriormente,  la ley de uniones civiles aprobada en 2009 ya había sido modificada a instancias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para regular la adopción de los hijos biológicos del compañero del mismo sexo. En septiembre de 2016 se lograba la apertura de los registros civiles (Standesamt) a las parejas del mismo sexo que quieran formalizar su unión, como ya se hace en el caso de las bodas heterosexuales. El anuncio que realizaba el Tribunal Constitucional en octubre de 2017 se materializó en la histórica sentencia de dos meses después: la exclusión de las parejas del mismo sexo del acceso al matrimonio es inconstitucional. La próxima cita con las urnas, el 29 de septiembre, decidirá si los próximos años están marcados por los avances, el estancamiento o los retrocesos.

Fuente Dosmanzanas

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Este sábado se celebró en Madrid la marcha «Orgullo Frente Al Fascismo», una movilización convocada al margen del activismo LGTB más institucional y que busca «denunciar los ataques de la extrema derecha hacia el colectivo LGTBIQ+ y exigir que no se produzca ningún retroceso en nuestros derechos y libertades».

Se trata, según aseguran sus convocantes, de una marcha «puramente reivindicativa, que se organiza de manera autogestionada e inclusiva y abierta a la participación de cualquiera que desee formar parte». «En los últimos meses, el colectivo LGTBIQ+ se ha convertido en objeto de los ataques de la extrema derecha, que ha realizado declaraciones públicas y propuestas políticas concretas que cuestionan y ponen en peligro nuestras conquistas y libertades. Además, ha utilizado estas medidas como moneda de cambio para apoyar la investidura de los gobiernos de diferentes ayuntamientos y comunidades autónomas», añaden los convocantes (a los que puedes seguir en Twitter).

«Ante el riesgo de un retroceso en nuestros derechos y para condenar la actitud de aquellas fuerzas políticas que pactan nuestra discriminación y persecución, este sábado 21 de septiembre el colectivo LGTBIQ+ volverá a tomar las calles de Madrid. La manifestación Orgullo Frente Al Fascismo, que llevará por lema ‘Siempre adelante, nuestros derechos no se pactan’, arrancará a las 19:00 en la Glorieta de Carlos V. El recorrido continuará por el Paseo del Prado, Cibeles y el Paseo de Recoletos, hasta finalizar en la Plaza de Colón», precisan. Se trata, de hecho, del mismo recorrido que el de la Marcha del Orgullo LGTBI del pasado julio:

Los convocantes aseguran que detrás de la convocatoria no hay no hay ningún partido político, asociación o colectivo organizado, «sino personas LGTBIQ+ individuales que queremos recuperar la calle como espacio de protesta y creemos que se puede hacer sin siglas, sin personalismos y sin otras banderas más allá de las que representan la diversidad del colectivo». Piden, asimismo, que las personas asistentes vistan de blanco y no ondeen otras banderas que no sean las del colectivo LGTBIQ+, y subrayan el carácter pacífico y respetuoso con el entorno y el mobiliario urbano.

Algunas críticas y silencios…

La convocatoria, cabe señalar, ha recibido críticas desde algunos sectores del activismo más radical. Así, por ejemplo, el Centro Social Okupado Transfeminista La Pluma explica en Twitter sus reticencias ante una convocatoria que surgió, según explican, de un evento en Facebook, creado desde perfiles individuales, que convocaba a una asamblea en Chueca para preparar una manifestación, pero que ha finalmente ha cristalizado, según ellos, en una convocatoria marcada por «lenguaje institucional, cartelería naif, nada de banderas antifascistas o anticapitalistas» y «ninguna crítica a la mercantilización e instrumentalización de las luchas LGBT+ de las que desde hace años se benefician los organizadores del Orgullo», entre los que incluye a organizaciones como la FELGTB, COGAM, AEGAL o Arcópoli. «¿Querían una manifestación cuir antifascista o que les dejáramos terminar aquel Orgullo interrumpido?», en referencia a las protestas de un grupo de activistas contra la presencia de Ciudadanos en el Orgullo LGTB de Madrid. «O peor, ¿y si lo que querían es aprovechar aquella acción que realizamos, con su respuesta masiva, para convocar algo que lavase la cara al Orgullo?», añaden.

Pese a las críticas, desde La Pluma decidieron en cualquier caso sumarse a la convocatoria, pero llamando a la participación a través de cartelería propia y utilizando simbología explícitamente antifascista. Perfiles afines a los convocantes, por su parte, han expresado su contrariedad por lo que consideran un intento de apropiación unilateral «y sin respetar los consensos a los que se llegó en la asamblea abierta del pasado mes de julio». «Agradecemos a todo el mundo la difusión de la manifestación de este sábado pero debido a la aparición de ciertos carteles queremos recordar: 1. La manifestación es pacífica (no se tolerarán actos violentos) 2. No se lucirán siglas de partidos políticos ni organizaciones», han insistido los convocantes. Los colectivos LGTB de perfil más institucional, por su parte, han optado por ignorar la convocatoria, aunque a título personal sí hay activistas vinculados a ellos que han mostrado su intención de acudir.

Esperamos que la convocatoria  contribuya a dar músculo a un activismo que encuentra dificultades en encontrar su sitio en un escenario sociopolítico profundamente dividido, pero que debería ser capaz de aceptar su propia diversidad como una fortaleza. Dificultades que no parecen tener el activismo LGTBfobo, más vivo que nunca.

Fuente Dosmanzanas

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La ley que prohíbe en Nueva York las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión, que pretenden modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, tiene los días contados. Sus propios promotores han anunciado que la derogarán, en una maniobra para evitar que una demanda acabe por reforzar, si prospera, el estatus de estas peligrosas prácticas. El Gobierno local teme que el Tribunal Supremo, en manos de los conservadores, emita una sentencia que blinde estas intervenciones a nivel federal. La ciudad de Nueva York había sido pionera en vetar su aplicación en todas las personas y no solo en menores.

En noviembre de 2017, el consejo municipal de Nueva York aprobaba por la abrumadora mayoría de 43 votos a 2 la norma que prohibía la oferta comercial de «servicios que pretendan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona». La ciudad fue pionera en vetar las «terapias» de conversión con independencia de la edad, ya que el resto de jurisdicciones que han aprobado leyes similares solo prohíben estas intervenciones en menores.

Sin embargo, la presentación de una demanda federal contra la medida ha hecho que el consejo opte por derogarla para evitar males mayores. Los propios promotores de la norma original son los que han decidido dar marcha atrás, ante el temor de que el Tribunal Supremo falle a favor de los demandantes. Una sentencia así podría anular los vetos que se han aprobado en dieciocho estados, además de los territorios de Washington D.C. y Puerto Rico y numerosos condados y municipios.

Los miembros del Consejo que apoyan ahora la derogación califican este movimiento estratégico como lamentable pero necesario. El portavoz Corey Johnson, que es abiertamente gay, recordó que el Supremo tiene una clara mayoría conservadora después de los dos nombramientos de la administración Trump (Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh). También la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, al que pertenece el estado de Nueva York, está dominada por jueces conservadores.

La ley de derogación se votará a finales de mes. Si sale adelante, como se prevé, en la ciudad de Nueva York volverán a estar permitidas las «terapias» reparadoras en adultos, pero no en menores, que seguirán protegidos por la norma estatal. La ley local permite también que los adultos que se sientan estafados por este tipo de peligrosas prácticas puedan reclamar una indemnización.

No es la primera vez que una administración decide dar marcha atrás en este asunto por miedo a las consecuencias judiciales. Hace un año, en California, el representante demócrata Evan Low retiró un avanzado proyecto de ley de prohibición total (en menores y adultos) de las «terapias» de conversión tras reunirse con representantes de grupos religiosos. Low rechazó enviar la propuesta al gobernador para que la firmara, último trámite para su entrada en vigor después de que fuera aprobada por ambas cámaras del estado.

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La última noticia acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que  ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

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Folha de São Paulo publicó el beso de un cómico de los Vengadores en una reprimenda al alcalde de Río de Janeiro Marcelo Crivella. El periódico más grande de Brasil ha publicado el beso gay de un cómic de los Vengadores en su portada, después de que el alcalde de Río de Janeiro tratara de impedir que se vendiera el cómic.

El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, ha quedado en ridículo después de intentar prohibir la venta de libros con temas LGBT+ en el Río Internacional Book Bienal, citando un cómic de los Vengadores que presenta un beso entre dos superhéroes masculinos, que según él es “inadecuado para menores”.

El intento de Crivella de “proteger a los niños” de la imagen probablemente no ha logrado lo que esperaba, sin embargo, ya que las copias del cómic han dominado los medios de comunicación brasileños y los medios sociales durante días.

El periódico más grande del país, Folha de São Paulo, dedicó la portada de su edición del sábado 7 a una reproducción de la imagen, bajo el título: “Crivella intenta censurar el cómic con un beso gay, pero se le prohíbe”.

Mientras tanto, como ya publicamos, un juez brasileño ha concedido una orden judicial provisional que bloquea a Crivella para que no intente apoderarse de más libros, aunque todas las copias del cómic y de todos los demás libros LGBT+ del festival ya se han agotado. Y además, el mayor YouTuber de Brasil, Felipe Neto, regaló el sábado 14.000 libros de temática LGBT a los aficionados, en una reprimenda pública al alcalde.

El beso que desató la polémica está en Vengadores: The Children’s Crusade, un cómic de Allan Heinberg y Jim Cheung que se publicó por primera vez en 2010. Crivella decidió actuar sobre el tema después de que un concejal de la ciudad afirmara que el beso entre los superhéroes Wiccan y Hulkling “extendería la homosexualidad a los niños”.

El alcalde dijo que“protegerá a nuestros hijos” quitando los “libros con contenido que no es apto para menores”, ordenando a sus funcionarios que pasasen por el festival del libro para confiscar las obras con contenido que se considere “inapropiado”. “Es un error que tengan acceso a temas que son demasiado jóvenes para entender.”

El artista de los Vengadores Jim Chueng afirmó que la comunidad LGBTQ está aquí para quedarse  y  ha agradecido a los aficionados brasileños por la gran cantidad de apoyo en medio de la disputa.

Fuente Cromosomax

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Manifestar públicamente que los gais «apestan» y que si los padres practican sexo anal tendrán hijos homosexuales no merece reproche penal en Chipre. Es lo que se deriva de la decisión de la policía primero y de la fiscalía después, que no apreciaron un delito de odio en las diatribas homófobas de Neófitos, obispo ortodoxo de Morfú y Solos. El caso contrasta con el del prelado que sí fue condenado en la vecina Grecia por animar a escupir a las personas LGTB.

Las declaraciones de Neófitos se produjeron en un discurso el pasado mes de junio. El obispo ortodoxo citó a San Porfirio para sostener su idea de que la homosexualidad se adquiere cuando una mujer embarazada disfruta del sexo anal. La estrambótica afirmación fue muy comentada por redes sociales, principalmente en tono de burla hacia el religioso. Lo terrible es que 38 académicos defendieron a Neophytos (Masouras) . Pero Neófitos, lejos de retractarse, volvió a la carga un mes después con unas declaraciones cargadas de odio homófobo.

El obispo hizo un relato sobre un «joven muy atractivo» al que instó a dejar de mantener relaciones homosexuales: «Tienes una enfermedad, vas a morir joven», le habría dicho el prelado. El joven interpelado le preguntó que por qué pensaba eso de él, a lo que Neófitos le habría contestado: «Conforme pasabas a mi lado, olías mal. Apestas. Esas cosas que haces, compartir cama con hombres, provocan un hedor específico que yo reconozco», según su relato. El delirio no acabó ahí. Según el obispo ortodoxo, el joven habría «superado» su homosexualidad por los rezos de su familia y «ahora huele de maravilla».

La policía chipriota abrió una investigación sobre las afirmaciones de Neófitos. Su conclusiones, que hizo públicas la semana pasada, es que no son constitutivas de un delito de odio. Unos días después, el fiscal general Costas Clerides defendió la misma posición. Clerides se refirió a «expresiones criticables», pero no apreció delito en el discurso homófobo y se limitó a recomendar a los obispos que eviten las declaraciones «imprudentes y poco meditadas».

Los activistas de la organización Accept LGBTI han lamentado la decisión de la justicia, que deja impunes las diatribas de Neófitos, y recuerdan que el código penal chipriota recoge desde 2015 la prohibición de los llamamientos a la violencia contra un colectivo por su orientación sexual o identidad de género. El caso contrasta también con la reacción de las autoridades griegas ante otro episodio de odio homófobo por parte de un jerarca de la iglesia ortodoxa. En enero de este año, la justicia griega condenó al obispo Ambrosio por animar a «escupir» a las personas LGTB por ser «monstruos» que están «mental y espiritualmente enfermos». El prelado abandonó su cargo hace un mes.

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Por Juliana Quintana

El Shopping Mariscal López (Asunción) fue protagonista de un nuevo caso discriminación y homo-odio. El jueves 29 de agosto, Adison Montiel (22) y Mattias Ayala (19) fueron a cenar al patio de comidas del shopping a las 20 horas. Antes, decidieron pasar al baño, y mientras se arreglaban frente al espejo, se dieron un beso. Un guardia de seguridad, que los estaba observando desde una de las cámaras, ingresó al sanitario y les gritó «degenerados, no pueden estar así».

“Ese día nos estábamos arreglando un poco porque fue una jornada laboral super larga y nos teníamos que encontrar con unos amigos. De repente, mi novio me da un pico y yo le digo  ‘ey, acá hay una cámara’ porque yo sabía que era así de complicado estar en el Mariscal. Y ni bien terminé de decir esto, entra un guardia dándole una patada a la puerta, re prepotente, y nos dice: ‘Acá no se pueden coger, son unos enfermos’”, contó Mattias, en diálogo con Presentes.

El guardia les ordenó que abandonaran las instalaciones del shopping con el argumento de que estaban teniendo «conductas que no corresponden en lugares públicos», y delante de la gente que se encontraba en el patio de comidas, pidió refuerzos y comenzó a gritarles “enfermos”, “degenerados”, “se van a ir a la calle». Entre dos guardias, los llevaron hasta la salida y, en el camino, los increparon con comentarios del tipo “¿por qué se besan si son dos hombres?”.

«Ni siquiera vas a llegar a mi edad en tu condición»

Mattias intentó contestar, y uno de los guardias le dijo: «Vos no me hables, ni siquiera vas a llegar a mi edad en tu condición». Fue ahí que Mattias sacó su celular y alcanzó a grabar el rostro de uno de ellos. «Lo que me dijo fue bastante fuerte porque ya nos estaban tratando de locos, de enfermos y muchas cosas, pero esta gente en serio nos odia”, manifestó.

“Todo el mundo se dio vuelta a mirarnos como si fuera que éramos unos delincuentes. Encima, el guardia le prohibió a Mattias que grabe porque, la verdad solo él le contestaba. Yo me quedé helado, nunca viví una situación similar”, siguió Adison.

No puedo resumir lo humillado y dolido que me sentí.
El respeto es para todos, sin importar el genero.
Abro hilo para subir el video.
Esta lucha es de todos, no se queden callados!
Yo aprendi eso hoy. pic.twitter.com/wJ4yCeZdQG

— Adison Montiel (@wrapdehummus) September 4, 2019

¿Pink washing?

El 2 de septiembre, el shopping lanzó una campaña publicitaria titulada Romper las etiquetas, en la que se visibiliza a personas diversas rasgando carteles que llevan inscriptas palabras como “bullying”, “prejuicio”, “maltrato animal”, “racismo”. Y este fue el detonante para que Mattias y Adison se animaran a denunciar en redes lo que vivieron.

“Cuando me enteré, me puse demasiado nervioso, y ahí, de verdad, ya no me importó más nada”, manifestó Adison. Junto con Mattías decidieron denunciar lo ocurrido desde sus cuentas personales de Facebook, Twitter e Instagram. Compartieron el video del guardia de seguridad y exigieron una respuesta por parte del shopping.

“Al principio, nosotros no íbamos a hacer absolutamente nada, nos íbamos a quedar callados pero cuando se lanzó eso dijimos no. Imaginate saber la verdad y tener todos los medios para contarla y quedarte callado para que un shopping o un lugar de encuentro para muchas personas LGBT, les esté mintiendo de esa forma. Yo creo que nadie debería pasar por algo así”, reforzó Matti.

El gerente de guardias del Mariscal López llamó por teléfono a Adison para disculparse por el mal desempeño de sus funcionarios. “Me dijo que todo era culpa de los guardias que se precipitaron. Puede ser, pero ellos deberían capacitar a su gente. Están haciendo una campaña grande contra la discriminación. El gerente me pidió disculpas por el shopping pero a mí no me sirve que me pidan disculpas solo a mí y no a mi novio o que no coordinen con nosotros una reunión”, expresó Adison.

Un historial de discriminación en shoppings

Pero no es la primera vez que un shopping de Asunción echa a personas LGBTIQ+ de sus instalaciones. En junio de este año, a Lola Asunción, una mujer trans, le prohibieron el ingreso al Shopping del Sol. Hizo el descargo desde su cuenta de Facebook y escribió: “Me siento ahora como un animal o una persona indeseada sin valor y mega triste en Paraguay como mujer trans”.

En el 2016, un funcionario del Shopping Villa Morra echó de sus instalaciones a Carol Sotelo y su entonces pareja, Carmen Valdez, por tomarse las manos. El hombre se sentó sin pedir permiso en la mesa exigiéndoles «compostura y buen comportamiento». «Nos dijo que si vamos a seguir así que nos retiremos del lugar», recordó Carol.

En Paraguay, todavía no existe una ley contra forma de discriminación y el gobierno de Mario Abdo Benítez reafirmó su posición en contra de los derechos LGTBIQ+, tanto en espacios internacionales de derechos humanos como en el ámbito nacional por la falta de implementación de políticas públicas.

Fuente Agencia Presentes

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Más allá de los exabruptos, las salidas de tono y las declaraciones en medios y redes sociales, la extrema derecha comienza a imponer su agenda de odio en aquellos territorios en los que sus acuerdos con PP y Ciudadanos fuerzan a estos a asumir sus postulados. La primera parada, Murcia, donde la Consejería de Educación acaba de advertir a los colegios de la región que los alumnos deberán contar con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir a charlas contra la LGTBfobia. 

Colectivos como No Te Prives vienen impartiendo este tipo de charlas desde hace años, siempre después de que los centros lo soliciten, con objeto de prevenir el acoso por orientación sexual o o identidad de género y fomentar el respeto a la diversidad. En abril del año pasado, de hecho, la Consejería de Educación anunciaba que más de 1.300 alumnos recibirían este tipo de formación en el marco de un programa organizado por la propia Consejería en colaboración con No te Prives. «Es importante inculcar a nuestros alumnos principios que favorezcan la no discriminación y el respeto a la diversidad», declaraba entonces la consejera de Educación. Un anuncio que provocó la inmediata movilización del autodenominado «Foro de la Familia», que consiguió de la consejera la promesa de que la asistencia a estas charlas quedarían supeditadas a la autorización paterna (en su momento nos hicimos eco de ello).  La medida, sin embargo, no se llegó a implementar formalmente.

Tras las pasadas elecciones autonómicas, se produjo un vuelco: el PSOE pasó a ser el partido más votado, pero el PP consiguió acordar con Ciudadanos y Vox mantenerse en el poder. La mayoría parlamentaria de los tres partidos dio el gobierno a una coalición de PP con Ciudadanos, partido que prefirió esta opción a la de conformar una mayoría alternativa con el PSOE. Un acuerdo que, al igual que sucedió en la Comunidad de Madrid, se hizo de forma teatralizada y después de que la extrema derecha amagara con no dar su apoyo a PP y Ciudadanos si no se derogaba la ley regional contra la discriminación de las personas LGTBI. Finalmente Vox obtuvo el compromiso del PP de que atendería sus demandas, pese a que no se produjese una derogación formal de la ley. Bastaba con convertirla en papel mojado…

Este 29 de agosto la maniobra se ha, por fin, materializado. En una resolución de la secretaría general de la Consejería de Educación, al frente de la cual se sitúa ahora María Esperanza Moreno, se ordena que todas aquellas actividades complementarias que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria deben ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos deben dar su autorización expresa. Por supuesto, la resolución no menciona en ningún momento las siglas LGTBI, pero a nadie se le oculta, después de la exigencia de Vox, que el objeto de la orden no es otra que desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia.

La decisión del Gobierno murciano ha encontrado rápida respuesta en el diputado socialista en la Asamblea regional Emilio Ivars, que en un hilo de Twitter ha destacado que la resolución contraviene el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de educación primaria en la Región de Murcia, y que establece que las actividades complementarias son obligatorias, salvo aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen de una aportación económica. «No nos quedaremos quietos», ha advertido el diputado socialista:

Hola @RmEsperanza Creo que ayer tu Secretaria General metió la pata con las instrucciones de inicio de curso. (Abro hilo) pic.twitter.com/wWvxTVE1l4

— Emilio Ivars /❤️ (@eivars) 3 de septiembre de 2019

La ley regional contra la LGTBIfobia, papel mojado

La decisión resulta aún más incomprensible si se tiene en cuenta que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Insistimos, como venimos haciendo desde que el pasado mes de diciembre Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz: El problema no es tanto el programa concreto de Vox (que obviamente no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en la formación de extrema derecha para aferrarse al poder en Madrid o en Murcia, han acabado por completar un escenario que no es precisamente halagüeño para los derechos LGTBI. Y ya empezamos a sufrirlo.

Fuente Dosmanzanas

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Un año más, Praga celebró este mes de agosto su Orgullo LGTB. Se da continuidad así a la tradición de la capital checa de estar entre las que lo celebran más tardíamente. Una celebración que además se extiende ya a otras localidades de la República Checa. Sin embargo, los actos reivindicativos han tenido lugar en esta ocasión en un contexto ambivalente. Por un lado, el apoyo oficial se consolida y las encuestas hablan de una sociedad cada vez más favorable a los derechos LGTBI, pero por otro asistimos a la paralización del proyecto de aprobación del matrimonio igualitario así como algunas manifestaciones de homofobia (aunque de entidad menor a la de otros países de su entorno).

Por noveno año Praga celebró el Orgullo LGTBI. Del 5 al 11 de agosto, la capital checa acogió diferentes actos reivindicativos como actividades culturales, conferencias, eventos religiosos o servicios de realización de la prueba del VIH, aunque la actividad principal fue la manifestación del sábado 10 de agosto. Otras ciudades checas han celebrado después sus orgullos locales, como Ostrava (que lo celebró por primera vez el 17 de agosto) o Pilsen (que lo celebró el 19).

Por lo que se refiere al Orgullo praguense, este fue todo un éxito desde el punto de vista de la participación y la organización. Pese a la lluvia, la gran manifestación del 10 de agosto contó con 30.000 asistentes. Hubo además un destacado apoyo oficial, que dio continuidad al ya recibido el año pasado y que se materializó en el izado de la bandera arcoíris en edificios oficiales y en una recepción en la Magistratura de Praga. Sin embargo, el contexto no deja de ofrecer un sabor agridulce, pues el Orgullo se ha celebrado con el proceso de aprobación del matrimonio igualitario estancado.

Como recogimos en su momento, en junio de 2018 se inscribió en el Parlamento checo una propuesta para aprobar el matrimonio igualitario. En ese momento, el primer ministro, Andrej Babiš, y su partido, ANO, se manifestaron a favor de la reforma legislativa. Esta toma de postura, sumada a la actitud claramente favorable del Partido Pirata y el apoyo de diputados de diferentes partidos (salvo los de derecha y extrema derecha) parecía indicar que la aprobación sería poco problemática. Más optimistas aún deberían haber sido las expectativas si se tiene en cuenta el creciente apoyo de la al matrimonio igualitario, alcanzando un 63% de la población y que sube a un 73% entre los menores de 29 años.

Lamentablemente, la tramitación parlamentaria de la propuesta ha enfriado estas expectativas. Solo se le han dedicado dos días a su debate (11 de noviembre de 2018 y 26 de marzo de este año), sin que haya habido voluntad para dar el paso hacia la votación final, que ha quedado pospuesta de manera indefinida. Un estancamiento en el que ha sido determinante no tanto la oposición de los partidos de derecha y ultraderecha, sino sobre todo la falta de compromiso verdadero de los partidos teóricamente favorables, con diputados que incluso se han ausentado de los debates.

Contramanifestaciones minoritarias y controversia en la Iglesia católica

Por otra parte, aunque minoritarios, ha habido también incidentes de odio. En Praga tuvo lugar, al mismo tiempo que el Orgullo, una contramanifestación de ultraderecha con lemas homofóbicos. No obstante, sus dimensiones fueron muy reducidas, de apenas decenas de personas, en absoluto comparables a las movilizaciones del mismo signo que han tenido lugar en países vecinos como Polonia. Además, como nos cuentan los organizadores en su perfil de Facebook, en este año hubo personas ataviadas con alas de ángeles que tapaban a los contramanifestantes, haciendo que los asistentes al Orgullo no tuvieran que verlos. Seguían así el ejemplo de quienes emplean esas alas en Estados Unidos para tapar a los manifestantes homófobos de la Iglesia de Westboro, la secta fundamentalista de Fred Phelps que se presenta en funerales de víctimas de la LGTBIfobia. También en los Orgullos de Ostrava y de Pilsen hicieron acto de presencia pequeños grupos de manifestantes de ultraderecha, aunque los antidisturbios evitaron que tomaran contacto con quienes participaban en el Orgullo.

 Tomás Halík,

Merece la pena destacar también la controversia que ha tenido lugar en la Iglesia católica checa. El arzobispo de Praga, Dominik Duka, se ha alineado con las actitudes más duras de países vecinos, al apoyar de forma expresa unas  declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Polaca en las que comparó la «ideología de género» con el totalitarismo del periodo comunista. Por otra parte, Tomás Halík, un conocido sacerdote checo (más allá incluso de entornos católicos) cuyos libros se han publicado en varios idiomas se ha manifestado públicamente de manera crítica con estas palabras. En un artículo ha señalado que la Iglesia católica debe tener una actitud más dialogante y evitar alinearse con la ultraderecha política. Haciendo un interesante análisis, Halík ha destacado cómo el arzobispo de Praga apoya a su homólogo polaco como parte de un proyecto de formación de una alianza conservadora entre los episcopados checo, eslovaco, húngaro y polaco, correspondientes a los países del llamado «grupo de Visegrado» (que en términos políticos se caracteriza también por sus actitudes de oposición interna a la Unión Europea en materia de inmigración o refugiados). Una alianza que pretendería hacer frente, por ejemplo, a las posiciones más aperturistas que promueve desde Roma el papa Francisco. Halík denuncia esta estrategia, al considerar que en estos países la Iglesia se alía con fuerzas políticas que ven en ella un elemento identitario que les puede servir de apoyo pero sin referencia a los valores evangélicos, en lo que denomina «catolicismo sin cristianismo».

También hay que señalar la posición que ha adoptado otra confesión de relevancia en el país, los protestantes de la Iglesia Evangélica de los Hermanos Checos, que mantiene una posición claramente inclusiva y que envió incluso una delegación de sus juventudes al Orgullo praguense.

En definitiva, Chequia se mantiene como un país con una actitud mucho más abierta hacia la realidad LGTBI que otros países de su entorno. Sin embargo, las presiones de entornos religiosos y el desinterés de los partidos políticos, que no acaban de considerar la igualdad de las personas LGTBI una reivindicación lo suficientemente fuerte, hacen que aún hoy no pueda contarse a este país entre aquellos que reconocen el matrimonio para todas las parejas. Esperemos que en un futuro no muy lejano podamos contar otra cosa.

Fuente Dosmanzanas

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El portavoz de la comisión de asuntos legales del Parlamento de la República Popular China ha asegurado que no habrá ningún reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo porque no se ajusta «a las tradiciones históricas y culturares» del país, y que no se incluirá ninguna enmienda al respecto en la reforma del Código Civil que se está tramitando actualmente. Estas declaraciones sirven de distanciamiento de la aprobación del matrimonio igualitario en Taiwán del pasado mes de mayo, territorio considerado por China como una provincia rebelde.

El Código Civil de la República Popular China está reformándose actualmente por medio de una serie de enmiendas, cuya aprobación se espera que sea efectiva el próximo año 2020. Entre los apartados enmendados se encuentran los relacionados con el matrimonio, en materias como divorcio o planificación familiar, por lo que desde el activismo LGTBI se ha solicitado que la reforma incluya también el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Para tratar de estos asuntos, el portavoz de la comisión de asuntos legales del Parlamento chino, Zang Tiewei, acudió a una rueda de prensa el pasado miércoles 21 de agosto. Cuando se le formularon preguntas respecto a la aprobación del matrimonio igualitario en la República Popular China, Tiewei contestó que únicamente se seguiría reconociendo el matrimonio formado por un hombre y una mujer, porque es el único «coherente con el sistema y las tradiciones históricas y culturales de nuestro país».

El portavoz añadió además que «hasta donde yo sé, la gran mayoría de países no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo». Si bien el dato es absolutamente cierto, también lo es que los países que lo reconocen se encuentran entre los que tienen un mayor índice de democracia y respeto a los derechos humanos.

Con esta respuesta, los legisladores chinos se desmarcan de la aprobación del matrimonio igualitario en Taiwán el pasado mes de mayo, que convirtió a la isla en el primer territorio asiático en legislar la igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo. Como ya es sabido, Taiwán es considerado por China como una provincia rebelde y no es reconocido como estado independiente ni por Naciones Unidas ni por la mayoría de los estados que la componen.

La legislación china no protege contra la discriminación por razón sexual o identidad de género, ni las parejas del mismo sexo tienen ningún reconocimiento legal. Lo que sí existe es un profundo rechazo social y la voluntad deliberada de las autoridades de invisibilizar al colectivo LGTBI en los medios que, en el caso de China, están todos férreamente controlados por el gobierno.

Sobre la censura a los contenidos LGTB en China hemos recogido varios ejemplos en dosmanzanas. En noviembre de 2018, una novelista fue condenada a diez años de prisión por incluir «comportamientos homosexuales masculinos» en su obra Ocupación. En septiembre de ese mismo año, un número indeterminado de fans de la cantante británica Dua Lipa fueron obligados a abandonar un concierto en Shanghái, entre otros motivos, por levantarse de sus asientos y agitar banderas arcoíris. Los vigilantes de seguridad emplearon además una violencia inusitada. Meses antes, en mayo, el canal chino Mango TV no pudo retransmitir la segunda semifinal ni la final de Eurovisión por haber censurado el baile entre dos chicos de Irlanda y por difuminar las banderas arcoíris. La guía de difusión de contenido audiovisual en China, de hecho, recomienda evitar la representación de la homosexualidad, incluida entre el «comportamiento sexual anormal» junto a la violación o el incesto.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. China, Discriminación, Homofobia, LGTBfobia, Matrimonio, Taiwan, Visibilidad LGTBI, Zang Tiewei

¿Dónde están todos aquéllos que defienden la legítima causa palestina contra la ocupación israelí pero dejan los derechos de mujeres y personas LGTBI en segunda fila? ¿Están de acuerdo con esa patraña de “los valores y los ideales de la sociedad palestina”? Recuerda a lo que hacían cuando Cuba reprimía a los homosexuales y confinaba a los enfermos de SIDA en campos de concentración. Antes era el bloqueo, ahora la ocupación, pero mientras, las personas LGTBI tienen que huír hacia Israel si quieren vivir tranquilos.

La policía de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha emitido un comunicado en el que declara prohibida la actividad que desarrolla la asociación LGTB alQaws, la principal del país. El portavoz de las fuerzas de seguridad acusa a la organización de ser un «agente extranjero» que actúa contra los «valores tradicionales palestinos» y anima a la población a denunciar a sus miembros. Los activistas plantan cara a la caza de brujas y aseguran que continuarán con su labor.

El origen de la actuación contra alQaws está en unas charlas que llevó a cabo esta asociación, que desarrolla su actividad en Cisjordania y entre la comunidad árabe de Israel, a principios de este mes en la localidad de Nablus. La elección de esta ciudad, de relevancia religiosa para muchos musulmanes, desató una espiral de odio y amenazas hacia los activistas en redes sociales. La policía de la ANP se quejó de que se había enterado del evento pocos días antes de su realización, a pesar de que alQaws sostiene que su política de comunicación es transparente y que la convocatoria de la actividad estaba accesible en línea.

El pasado sábado, el portavoz de la policía palestina Louai Irzeqat hizo público el comunicado en el que anunciaba el veto a las actividades de alQaws en la zona bajo control de la ANP. El texto tacha a la asociación de «agente extranjero» que pretende «poner en peligro el orden público» y atenta contra «los valores y los ideales de la sociedad palestina». Además, lo que es aún más grave, anima a la ciudadanía a denunciar ante la justicia cualquier actividad o persona «sospechosa» de formar parte de la organización.

alQaws ha respondido al veto de las autoridades anunciando que continuará con su labor. En un mensaje publicado en redes sociales, la asociación «condena el uso de la persecución, la intimidación y las amenazas de arrestos», que han alcanzado niveles nunca vistos en las últimas semanas e insta a la policía a trabajar contra la ocupación israelí en lugar de atacar a activistas que «trabajan sin descanso para acabar con todas las formas de violencia». Critican lo que consideran una pantalla de humo de la ANP, a quien acusan de utilizar a la comunidad LGTB como chivo expiatorio para derivar la atención de otros problemas que afectan a la ciudadanía palestina.

Read alQaws’ official response to the PA police statement (1/2): pic.twitter.com/G1mPCTZOoW

— alQaws (@alQaws) August 18, 2019

La asociación se define como «una organización palestina anticolonial que trabaja en toda la Palestina histórica desde 2001 desafiando la opresión patriarcal, capitalista y colonial» y rechaza la acusación policial de ser un agente al servicio de países extranjeros asegurando que llevan dos décadas «combatiendo la violencia de la ocupación israelí, así como la violencia social contra los palestinos LGTB como parte de nuestra visión de una Palestina liberada». alQaws anuncia por último que continuará con su labor de divulgación de la realidad LGTB a pesar de la prohibición de las autoridades.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento de Montenegro ha rechazado un proyecto de ley, aprobado por el Gobierno, de uniones civiles para las parejas del mismo sexo. La medida recibió el apoyo de los socialdemócratas, mientras que sus socios representantes de las minorías étnicas votaron en contra y la oposición se ausentó de la cámara. El país balcánico, socialmente conservador y con fuerte influencia de la iglesia ortodoxa serbia, seguirá sin reconocer ningún derecho a las parejas del mismo sexo. En la Constitución montenegrina está blindado el matrimonio excluyente.

En noviembre de 2012, el entonces vice primer ministro Duško Marković planteó por primera vez la cuestión del reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. El ministro de Derechos Humanos y de las Minorías redactó un proyecto de ley, que despertó el odio de la iglesia ortodoxa serbia y el opositor Frente Democrático (DF). Tendrían que pasar seis años, con Marković ya como primer ministro, para que el Gobierno aprobara la medida y la llevara al legislativo para continuar su tramitación. La comisión de Derechos Humanos del Parlamento le dio su visto bueno en febrero de este año.

Pero la esperanza de sacar adelante la propuesta duró poco. El miércoles de la semana pasada, el pleno rechazó el proyecto de ley del Gobierno. La iniciativa recibió el apoyo del Partido Democrático de los Socialistas de Montenegro (DPS), que lidera la coalición gubernamental. Sus socios, representantes de las minorías étnicas albanesa, bosnia y croata, votaron en contra, mientras que la oposición se ausentó de la cámara. Para convertirse en ley, la medida requería de la mayoría absoluta de los 81 diputados, que se habría conseguido con solo tres votos más de los que finalmente obtuvo.

Desde el gobernante DPS han lamentado el rechazo al proyecto y han animado a «comprender a la gente que piensa diferente». El ministro de Derechos Humanos, Mehmed Zenka, ha defendido que la medida es necesaria para la adhesión de Montenegro a la Unión Europea (el país balcánico es, desde 2012, candidato a convertirse en Estado miembro). La oposición liderada por el derechista DF ha rechazado la iniciativa porque teme que le siga «una ley de adopción de niños por la población LGTB», mientras que los activistas aseguran que la decepción causada por el rechazo al proyecto de ley los hará «más fuertes».

Bajo la lupa de la Unión Europea en materia de discriminación

Montenegro cuenta con una población que no alcanza los 700.000 habitantes. Alrededor del 43% son montenegrinos, mientras que un 32% son serbios. Hay además diversas minorías, sobre todo bosnios y albaneses. Tras la traumática desmembración de Yugoslavia, la República de Montenegro permaneció unos años federada con Serbia, hasta que en 2006 un referéndum decidió su independencia total, de forma pacífica.

Las relaciones homosexuales en Montenegro fueron despenalizadas en 1977 y la edad de consentimiento es la misma que la de las relaciones heterosexuales. No hay reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, y de hecho su Constitución restringe el derecho a contraer matrimonio a las parejas heterosexuales. En julio de 2010, por exigencia de la Unión Europea (a la que Montenegro, como se mencionó antes, aspira a unirse), el legislativo del país aprobó una normativa antidiscriminatoria que incluye la orientación sexual y la identidad de género como condiciones cuya discriminación queda prohibida. A pesar de ello, en abril de 2012 el Parlamento Europeo reclamaba más esfuerzos a Montenegro en materia de derechos LGTB. El Orgullo de Montenegro se ha celebrado sin incidentes en Podgorica desde 2014, y en 2016 contó incluso con el apoyo de miembros del Gobierno.

Fuente Dosmanzanas

Fotografía Wikipedia

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Siete meses después de la entrada en vigor del matrimonio igualitario, el Parlamento de Austria ha tumbado la principal discriminación que seguían sufriendo las parejas del mismo sexo. En enero, el ministerio del Interior, en manos entonces de la extrema derecha del FPÖ, emitió unas recomendaciones en las que instaban a los registros civiles a que no celebraran bodas entre personas del mismo sexo si alguno de los contrayentes tiene la nacionalidad de un país que no reconoce el matrimonio igualitario. Tras la caída en mayo del Gobierno de coalición entre la derecha conservadora y la extrema derecha, el Parlamento ha aprobado una disposición que anula las directrices que impedían a muchas parejas ejercer su derecho reconocido por el Tribunal Constitucional.

El 1 de enero de 2019 expiraba el plazo dado por el Tribunal Constitucional austriaco en el fallo que consideraba que la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio es discriminatoria. La inacción del Gobierno del canciller conservador Sebastian Kurz (ÖVP) obligó a la comunidad LGTB del país a esperar más de un año para que la sentencia entrara en vigor. Ese mismo día, Nicole Kopaunik y Daniela Paier se convertían en la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio sin necesidad de que mediara una sentencia. Tres meses antes se había casado otra pareja de mujeres tras demandar al Estado austriaco ante los tribunales, caso que culminó en la histórica sentencia del Constitucional de diciembre de 2017.

Pero el Gobierno de coalición entre la derecha conservadora del ÖVP y la extrema derecha del FPÖ, contrarios ambos a la equiparación de derechos de la ciudadanía LGTB, consiguió colar una restricción discriminatoria. Varias parejas del mismo sexo se llevaron la desagradable sorpresa de que la Administración se negaba a tramitar su boda. El motivo, que alguno de los contrayentes tenía la nacionalidad de un país que no reconoce el matrimonio igualitario. El ministerio del Interior, en manos del FPÖ, había emitido unas recomendaciones en las que instaba a los registros civiles a rechazar las solicitudes de matrimonio de estas parejas.

Tras la caída del Gobierno a raíz del caso Ibiza, el Consejo Nacional, la cámara baja del Parlamento austriaco, aprobó en junio la anulación de la cláusula discriminatoria introducida por la extrema derecha. Todos los partidos salvo el propio FPÖ apoyaron la medida, que entró en vigor el pasado jueves 1 de agosto. La votación parlamentaria había tenido lugar junto con la de una resolución para prohibir las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género en menores de edad. La iniciativa del portavoz socialdemócrata de Igualdad, Mario Lindner (SPÖ), también salió adelante con la única oposición de la extrema derecha.

La disolución del Gobierno de coalición entre la derecha y la extrema derecha ha abierto la puerta a algunos avances en el reconocimiento de los derechos LGTB en un país en el que los más importantes se han alcanzado a partir de sentencias judiciales. El Tribunal Constitucional falló en 2014 a favor de permitir a las parejas de mujeres acceder a los tratamientos de reproducción asistida y en enero de 2015, de la adopción conjunta homoparental. Anteriormente,  la ley de uniones civiles aprobada en 2009 ya había sido modificada a instancias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para regular la adopción de los hijos biológicos del compañero del mismo sexo. El último logro ha sido la apertura de los registros civiles (Standesamt) a las parejas del mismo sexo que quieran formalizar su unión, como ya se hace en el caso de las bodas heterosexuales. Con una desfavorable situación parlamentaria frente a estos alentadores precedentes judiciales, la comunidad LGTB se aferró al anuncio que realizaba el Tribunal Constitucional en octubre de 2017 se materializó en la histórica sentencia de dos meses después: la exclusión de las parejas del mismo sexo del acceso al matrimonio es inconstitucional. Un mensaje rotundo, por muchos palos en las ruedas que se empeñen en poner la derecha y la extrema derecha desde el Gobierno.

Fuente Dosmanzanas

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Fracaso mayúsculo de los grupos tránsfobos en Uruguay. El prerreferéndum convocado contra la ley integral trans aprobada el pasado mes de octubre no ha conseguido, ni de lejos, reunir el quorum necesario para llevar la ley a referéndum. Necesitaban contar con un 25% del censo electoral, y han conseguido solo un 9,9%.

El pasado mes de octubre, el Parlamento uruguayo aprobaba la ley integral para personas trans, cuyo proyecto había sido presentado un año y medio antes por el Gobierno del Frente Amplio, la coalición de fuerzas de izquierda que gobierna Uruguay desde 2004 y que ha convertido a este país en uno de los más avanzados del mundo en materia de derechos LGTBI. Aunque Uruguay ya había aprobado en 2009 una primera ley de identidad de género, que tenía como objeto principal los aspectos relacionados con la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales, los colectivos uruguayos lucharon para conseguir un marco legislativo más ambicioso, que desde el pasado 29 de abril, tras la firma por el Gobierno del decreto que desarrolla reglamentariamente la ley, es ya una realidad a la que las personas trans pueden por fin acceder.

Sin embargo, las fuerzas ultraconservadoras hicieron de la ley integral trans un objetivo a batir y reunieron las firmas necesarias para activar un proceso que, aunque complejo, podría haber terminado con su derogación. Hay que recordar, en este sentido, que estos grupos ya se movilizaron con especial ahínco durante la fase de aprobación de la ley. Organizaciones vinculadas a las iglesias evangélicas reunieron, por ejemplo, unas 40.000 firmas en contra, utilizando como argumento principal para movilizar a sus filas la supuesta invasión de los derechos de los padres sobre sus hijos menores de edad. De hecho, fueron los artículos que incluían menciones a los menores trans los que más debate político suscitaron en la tramitación parlamentaria.

Una vez aprobada la ley, los opositores a la misma, encabezados por los diputados del Partido Nacional Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue (este último pastor evangélico) consiguieron reunir 69.260 firmas en contra. Al superar el 2% del censo electoral era preceptivo convocar un primer referéndum no vinculante (o prerreferéndum) sobre la materia, que en caso de arrojar un apoyo de al menos un 25% del censo electoral obligaba a la convocatoria de un segundo referéndum, en esta ocasión ya vinculante, y en el que a los opositores a la ley les bastaba una mayoría simple.

Carlos Iafigliola, de hecho, hizo de la oposición a la ley trans uno de los puntos centrales de su candidatura en las elecciones primarias del Partido Nacional para ser elegido candidato a la presidencia de Uruguay en las elecciones del próximo octubre. Con poco éxito, dicho sea de paso: Iafigliola quedó en quinto lugar, con apenas un 0,37% de los votos. Un fracaso, el de Iafigliola, que anticipaba el fracaso del prerreferéndum, celebrado este domingo 4 de agosto y que solo ha conseguido el apoyo del 9,9% del electorado, muy lejos del 25% necesario para proceder al referéndum vinculante. En total, 2.691.752 votos. Un núcleo importante de electores declaradamente tránsfobos, sin duda, pero incapaces de revertir los derechos ya conseguidos.

«Hoy, la ciudadanía demostró que los Derechos Humanos no se someten a plebiscito. Hemos recorrido el territorio nacional informando y hablando con la gente. Son infinitas las demostraciones de adhesión a nuestra lucha. Desde la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans queremos agradecer el haber comprendido la situación en la que se encuentran la identidades trans por las barreras culturales. Auguramos un cambio profundo hacia una verdadera inclusión que apunta a cambios sustantivos en todos los ámbitos: familiares, educativos y laborales. Infinitamente gracias por comprender y sensibilizarse con nuestra realidad», expresaba en un comunicado la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans, que durante estos últimos meses ha desarrollado un trabajo ímprobo contra la desinformación y las mentiras de los grupos tránsfobos. Desde dosmanzanas les trasladamos nuestra enhorabuena.

Una ley muy avanzada

La ley integral uruguaya es un magnífico ejemplo de hasta qué punto es posible legislar en favor de la población trans, sin duda la más vulnerable del colectivo LGTBI, más allá de la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales. En primer lugar, simplifica el procedimiento para proceder a esta, desapareciendo la necesidad de acreditar la estabilidad y persistencia de la «disonancia» entre el sexo biológico y la identidad reclamada durante dos años que incluía la ley de 2009. El procedimiento se hace además extensivo a las personas menores de 18 años, aunque en ese caso deberán contar con el acuerdo de los representantes legales. Pero el texto incluye también importantes medidas contra la discriminación, como la reserva de un porcentaje del 1% de vacantes en la administración pública, incentivos fiscales a empresas que contraten a trabajadores trans y cursos de inserción laboral.

El colectivo trans pasa a ser además uno de los grupos considerados prioritarios en los programas de acceso a la vivienda. Se contempla también la reserva de un cupo del 2% en becas y ayudas estudiantiles, entre otras medidas inclusivas en el ámbito de la educación, y se refuerza el derecho de las personas trans a la cobertura sanitaria sin discriminación y/o patologización por su identidad de género. También se garantiza el acceso a los tratamientos hormonales sin necesidad de autorización judicial o administrativa y sin tener que acreditar la voluntad de someterse a cirugía de reasignación.

Otra medida que merece la pena destacar es la inclusión de un régimen reparatorio en forma de pensión vitalicia para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido víctimas de violencia institucional, discriminación o privadas de su libertad. Hay que recordar, en este sentido, que Uruguay sufrió una dictadura militar entre 1973 y 1985 que castigó duramente a las personas trans, especialmente a las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual. Aunque se estima que las personas receptoras de esta pensión ascenderán a unas pocas decenas, este punto fue de hecho uno de los que más ruido generó entre los opositores a la ley.

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Ha vuelto a suceder, de la misma forma que en 2018, en 2017 y en ocasiones anteriores. A pesar de los repetidos dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las autoridades de San Petersburgo han impedido una vez más la celebración del Orgullo LGTBI. Once activistas fueron detenidos. 

Varias decenas de activistas se concentraron este sábado, 3 de agosto, en la conocida Plaza del Palacio de San Petersburgo, escenario de importantes episodios de la historia rusa. Portaban banderas arcoíris, de la comunidad trans y alguna bandera de la subcultura bear. Durante breves instantes pudieron desplegar pancartas reivindicativas y hacer declaraciones a la prensa, pero rápidamente hicieron acto de aparición las fuerzas del orden con intención de impedir el evento, que había sido prohibido por orden judicial el pasado jueves. Según The Moscow Times, 11 activistas que intentaron resistirse de forma pasiva fueron detenidos. Tres de ellos fueron evacuados en ambulancia.

El siguiente vídeo de Radio Svoboda muestra imágenes de lo sucedido:

Rusia, la LGTBIfobia que no cesa

Una vez más, a pesar de su fuerte determinación, los activistas rusos han vuelto a ser víctimas de la represión de un Estado que alienta la LGTBIfobia con leyes que prohíben el mero hecho de informar positivamente de la homosexualidad a menores, a la vez que, como se ha comprobado en repetidas ocasiones, permiten que quienes simplemente enarbolan la bandera arcoíris o reivindican la celebración del Orgullo sean detenidos, sancionados o incluso encarcelados.

Por otra parte, además de la violencia institucional, las víctimas de la LGTBIfobia social, por su parte, se encuentran en total indefensión ante la laxitud e inoperancia, cuando no connivencia, de las autoridades, que incluso tratan de invisibilizar las motivaciones de los agresores. Por no hablar de la especial persecución que sufren las personas LGTBI en la república rusa de Chechenia.

En esta ocasión, además, las protestas de San Petersburgo tienen lugar solo un par de semanas después del asesinato en la antigua capital zarista de la activista bisexual Yelena Grigoryeva, cuyo nombre apareció en una lista de personas LGTBI «a cazar» publicada por un medio LGTBIfobo ruso.

Fuente Dosmanzanas

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Homosensual estuvo presente en el Lunes de Colmena 41. Ahí se habló de la comunidad LGBT+ y las personas con una discapacidad.

La diversidad engloba a muchas poblaciones de diversos estratos. Ayer se realizó la tercera edición del Lunes de Colmena 41 en La Teatrería. En este panel se abordó el tema de la comunidad LGBT+ y las discapacidades. Homosensual estuvo presente en dicho evento y habló en exclusiva con los expositores.

En este foro participaron Geraldina González de la Vega, la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de Ciudad de México (Copred); Askur Medina, colaborador de Unilever y psicólogo sordo de nacimiento; y Gustavo Guevara, activista y mercadólogo, quien tiene osteogenia imperfecta, también conocida como la ‘enfermedad de los huesos de cristal’. Estos tres panelistas abordaron los problemas que enfrentan las personas LGBT+ con discapacidad.

Homosensual pudo hablar con los ponentes del evento para ahondar en la situación que viven las personas con discapacidad y que pertenecen a la comunidad LGBT+. La primera cuestión que se dejó clara es que las discapacidades pertenecen a la diversidad.

Las diferencias de la discapacidad ayudan a ser diverso

Gustavo Guevara comentó que las personas deben identificar su discapacidad. Hacer esto ayuda a entenderse como parte de la diversidad. De esta forma se logra comprender que muchas personas pueden englobar el mundo. Y que el significado de ‘diverso’ no solo se refiere a ciertos grupo de persona.

Por su parte, Askur Medina dijo que no se debe tener miedo de la discapacidad. Las personas que forman parte de este segmento de la diversidad no deben sentirse como individuos de segunda categoría e incluso recomienda reírse de estas diferencias. Esto ayudará a que la población en general vea a los discapacitados como lo que son: personas.

«Antes de la discapacidad está la persona».

Geraldina González de la Vega señaló que lo que se debe brindar a las personas con discapacidad es autonomía. De acuerdo a cifras del Copred, solo el 46% de las personas con discapacidad asiste a la escuela. Según la presidenta de este organismo, es esencial que a este sector de la población no se le limite.

Ser LGBT+ y tener una discapacidad

Vivir con alguna discapacidad y pertenecer a esta población es una cuestión compleja. Gustavo Guevara comentó en entrevista exclusiva con Homosensual que sí se sufre una doble discriminación siendo LGBT+ y discapacitado. Esta situación es derivada de un estereotipo estético que se tiene en la comunidad.

«Si eres una persona con discapacidad hay un rechazo casi inmediato (aunque no generalizado) para la formación de lazos afectivos».

Askur Medina comentó que se necesita más información y apertura para comprender que las personas discapacitadas pueden ser LGBT+. Él comenta que existe miedo, puesto que la sociedad impone etiquetas y al formar parte de la comunidad y ser discapacitado se cargan con dos estigmas.

«Hace falta más información y apertura para comprender que sí puede existir una combinación de sexualidad y discapacidad».

Por su parte, Gerladina González mencionó a Homosensual el concepto de interseccionalidad. Esto se refiere a que todos son seres unidimensionales, y que los individuos son una suma de características que hacen a las personas ser quienes son. Asimismo, al entender este concepto, la población podrá comprender que la discriminación puede venir de diferentes frentes.

«Los rasgos de opresión y las brechas de desigualdad se abren cuando se suman estas etiquetas».

¿Cómo se puede concientizar a la población?

Geraldina González de la Vega comentó que se necesita visibilizar de forma masiva a este sector de la población. Aparte de generar sensibilización, la presidenta del Copred dijo a Homosensual que esto crea modelos para todas las personas. En consecuencia, esto provocará que una persona LGBT+ y con discapacidad se sienta motivada y tenga una inspiración para lograr sus metas.

«Tener esos modelos a donde apuntar nos habla de una sociedad incluyente […] La visibilización genera inclusión».

La creación de espacios es fundamental para que haya empatía, y esto es necesario para ser incluyentes, señaló Gustavo Guevara. Hablar con personas que viven diferentes realidades hará que se encuentren puntos de inflexión donde hay similitudes. Con esta perspectiva, la población entenderá que son más cosas las que nos unen que las que nos hacen diferentes. Y que en las diferencias se puede convivir de manera armónica.

«Hay que generar espacios para que se fomente la empatía […] Las personas tenemos que decir ‘aquí estoy’».

Askur Medina agregó que las personas con discapacidad también tienen la responsabilidad de educar a la población. Al hacer esto, se rompen barreras y no solo eso: se crean nuevos aliados. Y esto provoca que los individuos vean a la población discapacitada como partícipe de la sociedad.

«La sensibilización es clave para crear conciencia en la personas».

Finalmente, Geraldina González de la Vega concluyó la entrevista con Homosensual diciendo que no basta con tener políticas de inclusión. La titular del Copred dijo que también se debe capacitar a toda la población para que se cree una sociedad incluyente.

«La diversidad suma».

La diversidad es un mundo enorme y hay que respetar e incluir a cada uno de sus integrantes.

Agradecemos a los entrevistados por su valiosa aportación, así como a Enrique Torre Molina, por todas sus atenciones. Si aún no sabes qué es Colmena 41 y cómo beneficia a los LGBT+, aquí te lo explicamos.

Fuente SoyHomosensual

General Askur Medina, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de Ciudad de México (Copred), Discapacidad, Discriminación, Diversidad, Geraldina González de la Vega, Gustavo Guevara, Homosexualidad, Inclusividad, Interseccionalidad, La Teatrería, Lunes de Colmena 41, Personas LGTBI con discapacidad

El semanario derechista Gazeta Polska ha obsequiado a sus lectores con una pegatina LGTbfoba. La iniciativa, que arrancó el pasado 24 de julio, busca normalizar el discurso del odio contra la diversidad sexual en el ámbito público. El medio es un conocido defensor de las tesis del ultraconservador Ley y Justicia (PiS), el partido que gobierna en Polonia.

Nuevo peldaño en la escalada de LGTBfobia que vive Polonia. El semanario derechista Gazeta Polska ha obsequiado a sus lectores con un adhesivo con un mensaje abiertamente LGTBfobo: una bandera arcoíris tachada con una X negra acompañada del lema «Strefa wolna od LGBT» («Zona libre de LGTB»). Un símbolo que persigue atemorizar a las personas LGTB allí donde se coloque e impedir que estas se sientan libres y seguras, demonizándolas y convirtiéndolas, en el imaginario colectivo, en un perjuicio para la integridad moral del país.

No hablamos, conviene precisar, de un medio de comunicación marginal, sino una de las principales publicaciones periódicas del país (la séptima en difusión). No es de extrañar que muchos hayan establecido paralelismos entre estas pegatinas y carteles como los utilizados en los territorios ocupados por la Alemania nazi en los que se prohibía la entrada «a perros y a judíos» a distintos establecimientos y negocios.

La campaña de odio ha despertado múltiples críticas. Paweł Rabiej, vicealcalde de Varsovia -la capital polaca-, ha anunciado una demanda ante la Fiscalía. «Los nazis crearon zonas libres de judíos.Una tradición que cuenta con fieles seguidores, en esta ocasión en Polonia», señaló en redes sociales, añadiendo que todo esto sucedía «bajo el paraguas» del Gobierno polaco y de los obispos. Rabiej, abiertamente gay, forma parte de una de las escasas administraciones LGTB-friendly del Estado polaco: el alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, firmó hace unos meses una declaración de apoyo a la comunidad LGTB y lucha contra la discriminación (la primera de este tipo que se aprobaba en Polonia).

Una respuesta que ha tenido especial repercusión ha sido la de la embajadora de Estados Unidos en Polonia, Georgette Mosbacher. A través de Twitter, la diplomática publicó un mensaje en el que se mostraba «decepcionada y preocupada» por la difusión de pegatinas que promueven «el odio y la intolerancia». «Respetamos la libertad de expresión, pero debemos estar unidos del lado de valores como la diversidad y la tolerancia», añadía Mosbacher, cuya embajada se implicó de forma destacada en el pasado Orgullo de Varsovia. El director de Gazeta Polska, Tomasz Sakievicz, respondió a la embajadora que las pegatinas eran la respuesta de su periódico a los que querían «imponer sus puntos de vista a la fuerza», en referencia al colectivo LGTB y recordó el apoyo histórico que Polonia ha brindado a los Estados Unidos.

Un tribunal paraliza la difusión de las pegatinas

Habrá que ver el alcance de una iniciativa que para bien o para mal cuenta ya con el éxito de haber tenido gran repercusión internacional, y que se suma a otros pasos atrás que se vienen dando en el país eslavo, como la oposición (junto a Hungría) del Gobierno polaco a la aprobación de un documento de la Unión Europea favorable a los derechos del colectivo LGTBI, la posición favorable de su presidente a prohibir en las aulas la educación en la diversidad afectivo-sexual y de género, la prohibición del Orgullo de Lublin el pasado año o los graves incidentes de hace pocos días contra los participantes en el primer Orgullo de Białystok.

Por lo pronto, un tribunal de Varsovia ha paralizado cautelarmente la distribución de las pegatinas, en respuesta a una demanda del activista Bartosz Staszewski. Además de esta y de la anunciada por el vicealcalde de Varsovia, al menos otra tercera demanda ha sido interpuesta por varias personalidades del país, entre las que se encuentra la conocida directora de cine Agnieszka Holland. Numerosas librerias se han negado a distribuir el semanario con la pegatinas. Es poco probable, sin embargo, que este tipo de protestas hagan mella en el sector más conservador de la sociedad polaca, que continúa apoyando sin fisuras al PiS, ganador de las pasadas elecciones europeas y firme candidato a revalidar su triunfo en las próximas elecciones generales (que deben tener lugar no más allá del mes de noviembre). El PiS, recordemos, es aliado en el Parlamento Europeo de Vox, la formación española de extrema derecha con la que comparte ideario contrario a los derechos LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

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