Lucas, un joven trans de 21 años, se ha quitado la vida en Alcalá de Guadaira, en la provincia de Sevilla. No han trascendido más detalles sobre lo sucedido y en redes sociales se han difundido informaciones confusas sobre las circunstancias que habrían rodeado su trágica decisión. Desde dosmanzanas optamos por publicar íntegramente el comunicado hecho público por Chrysallis, la asociación de familias de menores trans, y que según la activista y diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha sido consensuado con la familia del joven:

Ha vuelto a suceder. Una vez más y debería ser la última. Una vez más nuestras voces se quiebran desde lo más hondo de nuestro ser. Hoy nos vuelven a invadir la impotencia, el dolor y la incomprensión ante tanto odio sutil.  Desde Chrysallis reivindicamos el derecho de todas las personas trans a una vida libre de violencia. No es suicidio, es asesinato social provocado por la transfobia.

Hay muchos tipos de transfobia, está la que se ejerce detrás del visillo, la que se ejerce a hurtadillas, tirando la piedra y escondiendo la mano. Está la que ni siquiera parece transfobia porque se esconde tras una fachada de comprensión y aceptación falsas. Esta transfobia, también es odio y mata.

Todas las personas merecemos las mismas oportunidades, oportunidades para estudiar, trabajar, para enamorarnos y desenamorarnos. Construir ilusiones y llevarlas a cabo, o no, pero mantener esa ilusión como una posibilidad que nos puede acontecer, que nos puede acompañar, que nos puede hacer felices. Si esas ilusiones encuentran obstáculos a pesar de tener el apoyo y acompañamiento familiar, pueden esfumarse y dar paso a la desesperación.

No nos cansamos de repetir una y otra vez que la transfobia mata.

Denunciamos a esta sociedad, saturada de convencionalismos, estereotipos y creencias absurdas que se reproducen en un ciclo interminable y que debe cesar. Exigimos que se ponga fin a todo tipo de odio y violencia, incluido aquel encubierto de buenismo. Invitamos a la reflexión, a la de todas aquellas personas que escudadas por la intimidad de lo que se cuece en las cocinas de sus hogares, se piensan inocentes y se exculpan y lamentan en la distancia y tras los muros.

Reclamamos protección. Las familias solas no podemos. Es imprescindible una sociedad y unas estructuras públicas y legales que garanticen una vida feliz y plena en derechos para las personas trans*.

Una vez más desde Chrysallis lanzamos el grito: ¡NO ES SUICIDIO, ES ASESINATO SOCIAL!

Una vez más lloramos la pérdida de una vida que debería de haber tenido todas las oportunidades para ser vivida plenamente.

Jóvenes trans, una población especialmente vulnerable

Hace solo unas pocas semanas informábamos de otro suicidio de una joven trans de 18 años en Llíria (Valencia). Y antes hemos recogido los casos de Thalía, otra chica trans de 17 años que se quitó la vida en Móstoles en mayo de 2018, o del joven Ekai, en febrero de 2018, en Ondarroa (Vizcaya). Y en las navidades de 2015 era Alan el que se quitaba la vida en Rubí (Barcelona). De otros muchos seguramente ni trascienda su nombre.

Cómo no traer a colación el demoledor estudio al que hicimos referencia en septiembre de 2018, publicado en Pediatrics, la revista que edita la Academia Americana de Pediatría, y que mostraba que la tasa de intentos de suicidio entre las y los adolescentes trans estadounidenses es considerablemente mayor que entre sus coetáneos cis. El grupo en el que los intentos de suicidio son más numerosos era el de los chicos trans (el 50,8% reportan algún intento de suicidio), seguido de los adolescentes no binarios (41,8%) y de las chicas trans (29,9%).

No era, sin embargo, el primero. Ya otros estudios habían puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad de los menores trans. En 2012, por ejemplo, recogíamos otro, publicado también en Pediatrics, que mostraba que niños y adolescentes trans sufren más síntomas psiquiátricos, tales como depresión e intentos de suicidio, que el resto de niños y adolescentes. Las cifras eran mayores en aquellos casos en los que no se daba un manejo especializado de la situación, bien por carecer de medios económicos o porque los padres no los apoyaban en su proceso.

También es cierto que si se quiere combatir esta sangría, se puede: otro estudio del que dábamos cuenta en abril de 2018 mostraba por ejemplo que solo el hecho de que los jóvenes y adolescentes trans sean tratados en su entorno con el nombre correspondiente a su identidad de género disminuía drásticamente los cuadros depresivos, los pensamientos suicidas e incluso los propios intentos de suicido. Los investigadores sabían de lo que hablaban: fue el mismo equipo que en 2017 estableció que, debido al estigma social, el porcentaje de jóvenes trans con ideas suicidas duplicaba el de la población general y cuadriplicaba la propensión a consumir drogas.

Concentración in memoriam en Sevilla

«Lucas y su familia fueron parte de Chrysallis y de ATA. Por ese motivo, y con la aprobación de su familia, ambas asociaciones convocamos una concentración para honrar su vida, su memoria y mostrar nuestro dolor y consternación. Os invitamos a acompañarnos, el domingo 12 de enero, a las 18 h., en Plaza Nueva de Sevilla. Sin distintivos: solo claveles y velas», ha anunciado Chrysallis en sus redes sociales.

Fuente Dosmanzanas

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José María Castillo: “La política, más que acierto, astucia, saber y firmeza, es sobre todo bondad y ejemplaridad”

Este lunes, 30 de diciembre, el presidente en funciones Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) hacían público el programa del que será primer gobierno de coalición de la historia democrática española, siempre que finalmente el líder del PSOE consiga la confianza del Congreso de los Diputados en la sesión de investidura que tendrá lugar los próximos días 4, 5 y 7, lo que a los diputados derechistas y ultraderechistas les ha parecido fatal porque rompe sus vacaciones y se perderán la Cabalgata (¡¡¡lo que hay que ver!!!)… En dicho acuerdo encontramos compromisos muy importantes acerca del avance de los derechos LGTBI en España.

Las medidas más significativas se enumeran en el apartado 5.12 del documento, que reproducimos literalmente:

5.12.- Un País Orgulloso de su Diversidad.

Impulsaremos la aprobación de un paquete de medidas en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad:

• Aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.
• Aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión.
• Una Ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos.
• Combatiremos la discriminación de las personas LGBTI en el deporte.
• Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la educación y en el empleo de la población gitana.
• Impulsaremos y fortaleceremos un marco integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y con especial atención sobre grupos de especial protección.
• Garantizaremos el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas, así como la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, e impulsaremos la formación de todos los operadores jurídicos, administrativos y sociales que intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos humanos.
• Seguiremos avanzando en la consolidación del Pacto Social por el Sida, puesto en marcha en noviembre de 2018, impulsado desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y consensuado con los agentes sociales e institucionales y que incluye medidas para garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y los plenos derechos de las personas afectadas.

Es importante destacar, además de la intención de aprobar una ley contra la discriminación de las personas LGTBI, que estaba presente en los programas de ambas formaciones y que se daba por descontada, la promesa de aprobar una ley trans específica, incluyendo el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género y la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes que, por supuesto, no deje de lado a los niños y niñas trans.

También nos parece fundamental, en el apartado educativo (el 2.1), la promesa de «potenciar la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad». Confiemos en que dicha promesa se articule en la legislación estatal de forma que retrocesos como el «PIN parental», que los gobiernos regionales de derecha están promoviendo en comunidades como Murcia y Andalucía, queden invalidados.

Esperamos que estas medidas se hagan realidad de la forma más rápida posible. Es urgente recuperar el terreno perdido después de que durante la legislatura 2016-2019, ya sin mayoría absoluta del Partido Popular pero que controlaba la mesa del Congreso con Ciudadanos, éstos bloqueasen dos iniciativas que resultaban fundamentales para aumentar la protección contra la discriminación del colectivo LGTBI, en general, y de las personas trans, en particular. Por un lado, la proposición socialista para reformar la ley 3/2007 de identidad de género, registrada en febrero de 2017, que eliminaba la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» para proceder a la rectificación registral y facilitaba el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). Por otro, la proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI registrada en mayo de 2017 por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB.

Los responsables del fracaso fueron, PP y Ciudadanos, los dos partidos que controlaron durante aquella legislatura la Mesa del Congreso y que dispusieron de una amplia capacidad de condicionar el calendario legislativo. Las sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, triquiñuela que ambos partidos utilizaron para mantener durante meses el bloqueo, retrasaron hasta febrero de 2018 el inicio real de la discusión parlamentaria. La FELGTB llegó a denunciar  la eliminación, en el plazo de prsentación de enmiendas, de buena parte del articulado relativo a los derechos de las personas trans. «No vamos a aplaudir una legislación que no reconozca derechos fundamentales, como el de autodeterminación, para una parte de nuestro colectivo», aseguraba entonces  su presidenta, Uge Sangil.

Tras dos elecciones generales más, sin que haya sido posible salir del bloqueo político, parece que por fin el engranaje se pone de nuevo en marcha. Al no explicitarse en el programa conjunto PSOE-Unidas Podemos que las leyes LGTBI y trans serán acordadas con el activismo, habrá que estar atentos muy especialmente ante los enemigos de los derechos de las personas trans, sean en forma de reacción ultraconservadora, sean en forma de supuestas reivindicaciones «feministas» transexcluyentes.

Fuente Agencias/Dosmanzanas/Religión Digital

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Presidente Edgar Lungo y embajador Daniel Foote

El gobierno de Zambia ha emitido esta semana un comunicado diciendo que el trabajo de Foote “ya no es sostenible,” y que lo declara “persona non grata”,  y forzando su regreso a los EE.UU..

El embajador Daniel Foote había dicho que estaba “personalmente horrorizado” por la dura sentencia contra dos hombres homosexuales, Japhet Chataba y Steven Samba, por una relación consensual “que no perjudicó absolutamente nadie.”

También acusó a las autoridades de tener un doble rasero cuando se trata de perseguir otros delitos, señalando: “Los funcionarios del gobierno pueden robar millones de dólares sin ser procesados”.

Los comentarios provocaron una furiosa reacción del presidente Edgar Lungu, que envió una carta de protesta a Washington declarando su negativa a trabajar con el embajador. Foote no pudo asistir a ciertos eventos, debido a “amenazas contra” él.

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a Reuters: “Estamos consternados por la declaración del gobierno de Zambia acerca de que la posición de embajador Foote ya no es sostenible,lo  que consideramos que es el equivalente de una declaración de que el embajador es persona no grata. A pesar de esta acción, los Estados Unidos siguen comprometidos con nuestra asociación con la población de Zambia“, agregaron.

“Los Estados Unidos se oponen firmemente a los abusos contra las personas LGBTI. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar que todas las personas puedan disfrutar libremente de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales que les corresponden”.

Cuando Foote informó de que había sido criticado por funcionarios de Zambia, respondió que lo único que quiere Zambio son diplomáticos “con bolsillos abiertos y las bocas cerradas.”

El presidente Lungu afirmó que rechazaría los $ 500 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos que el país recibe cada año si se requiere el país para aceptar los derechos LGBT +.

La pareja condenada camino del tribunal

Zambia, LGTBfobia social y de Estado

Zambia heredó la legislación homófoba de la época colonial británica tras su independencia en 1964. Tanto las relaciones homosexuales masculinas como las femeninas son ilegales, con prolongadas penas de cárcel. Se trata, de hecho, de uno de los países africanos en los que la homofobia social es más fuerte: hasta el 98% de la población considera la homosexualidad moralmente inaceptable, según datos de 2010. La fuerte influencia evangélica no sería ajena a este clima de odio homófobo. Ya en 2010 recogíamos cómo múltiples instituciones del país (incluidos dos de los principales partidos políticos y diferentes líderes cristianos) se posicionaban con fuerza en contra de la homosexualidad como reacción al anuncio por parte del Gobierno sueco de que apoyaría a colectivos pro derechos humanos de Zambia, incluidos grupos LGTB.

Buen ejemplo del desprecio con que se tratan los derechos LGTB en Zambia fueron las declaraciones del actual presidente del país Edgar Lungu a principios de 2013, cuando era ministro del Interior. «Los defensores de los derechos de los homosexuales deben ir al infierno. No es un problema que vayamos a tolerar. No habrá discusión alguna sobre los derechos de los homosexuales. Ese asunto es ajeno a este país», afirmaba entonces.

La persecución ha proseguido y la LGTBfobia social, si cabe, ha aumentado. En 2014, el Ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Namulambe afirmaba que despenalizar la homosexualidad sería una afrenta al cristianismo… y ese mismo año, dos hombres eran absueltos por falta de pruebas tras más de un año en prisión preventiva. Pero en noviembre de 2015, una mujer transexual fue condenada a la cárcel por «sodomía» después de que, según el testimonio de la acusada, un taxista la forzara a mantener relaciones sexuales.

En abril de 2018, el gobierno de Zambia rechazó la recomendación de ocho países para reconocer las relaciones sexuales entre personas homosexuales, bisexuales y transexuales, remitida entre otras 203 recomendaciones en favor de los derechos humanos que le fueron sugeridas durante el Examen Periódico Universal de la ONU.

Unas  muestras de la homofobia y la transfobia legal que convierten en un infierno la vida de tantas personas LGTB en África

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Los carteles, de estética infantil e inspiración católica, aunque sin firma reconocible, identifican al movimiento LGTBI con una manzana envenenada y un dragón que ataca hogares formados por familias heteroparentales cristianas. El movimiento feminista o la Memoria Histórica también han sido objetivo de los ultras en estos impresos.

La LGTBIfobia parece haberse instalado en el día a día de los murcianos, reforzada tras la victoria de la ultraderecha en las pasadas elecciones generales en la Región de Murcia. Si justo tras conocerse los resultados aparecían pintadas homófobas y amenazantes contra un alcalde pedáneo, ahora la Navidad se tiñe de odio en algunos centros escolares, como el Instituto de Educación Secundaria Floridablanca o el Colegio concertado Santa María del Carmen, en cuyas inmediaciones se han podido encontrar carteles en los que se ataca al colectivo LGTBI, al movimiento feminista o a la Memoria Histórica.

Los carteles alertan del «peligro» del movimiento LGTBI en dos versiones distintas. En una, la manzana de Blancanieves adquiere los colores de la bandera arcoíris bajo las leyendas «¡cuidado!» y «veneno» bajo la mirada de la bruja del cuento. En otra versión, un dragón escupe llamas arcoíris contra una casa coronada por la imagen de una virgen en la que vive una familia heteroparental con hijos. En esta ocasión las leyendas rezan «firme fe» y «resistencia».

Otros carteles también invitan a «darle la vuelta al feminismo», transformando el símbolo de la lucha por los derechos de la mujer en un hogar copado por la cruz cristiana. En otra versión se reivindica la Memoria Histórica únicamente como los asesinatos de religiosos y quema de iglesias durante la Guerra Civil.

Un acto de odio que no solo supone un ataque a la comunidad LGTBI y a los símbolos que nos representan. Supone sobre todo la creación de un clima hostil al alumnado LGTBI, hacia los que puedan ser percibidos como pertenecientes al colectivo sin serlo, o a los hijos de parejas homoparentales, todos en su mayoría menores de edad en estos centros. También supone el empoderamiento de los integrantes homófobos de dichos centros o comunidades educativas. Hay que recordar que la LGTBIfobia es una de las principales causas de acoso escolar o bullying y se encuentra entre las causas fundamentales de delitos de odio en España.

En el caso de la Región de Murcia, además, La LGTBIfobia condiciona de forma significativa la actividad educativa, especialmente después de que el Gobierno regional haya cedido ante Vox e impuesto lo que la formación de extrema derecha denomina «pin parental» para la asistencia a charlas sobre diversidad sexual y de género.

Fuente Dosmanzanas

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Gabón aprobó a mediados de año un nuevo Código Penal, que establece penas de prisión de hasta seis meses y una fuerte sanción económica para quienes mantengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. No obstante, la criminalización de la homosexualidad recogida en el nuevo texto legal no se ha difundido hasta ahora, cuando activistas que supervisan los derechos LGTB en el continente africano han tenido conocimiento de que se han producido detenciones al amparo de la nueva normativa. Con Gabón, son 73 los países y territorios del mundo que castigan las relaciones homosexuales.

El Parlamento de Gabón aprobó un nuevo Código Penal a principios de este año, que entró en vigor el 5 de julio, sin que se difundieran en ese momento las medidas condenatorias para las relaciones homosexuales recogidas en el nuevo texto legal. El título 14 del Código Penal ahora vigente recoge los delitos relacionados con las agresiones sexuales y los atentados contra la moral. El artículo 402 queda redactado de la siguiente manera:

Art.402

Los siguientes son delitos contra la moral:

1.º la exposición sexual impuesta a la vista de otros en un lugar accesible al público;

2.º las relaciones sexuales, incluso con consentimiento, excepto en el caso de incesto previsto en el subsiguiente artículo 403, entre un hombre y una mujer con un grado de parentesco que impida el matrimonio de conformidad con la legislación vigente;

3.º cualquier comportamiento, actitud o discurso repetido, asiduo o sugerente directamente o indirectamente atribuible a una persona que, abusando de la autoridad o  la influencia que se le confierem sus funciones o su rango social, con el objetivo de obtener favores sexuales de un individuo de cualquier sexo;

4.º cualquier acto indecente o antinatural con un individuo del mismo sexo y menor de dieciocho años;

5.º las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

Todo aquel que sea culpable de los actos indecentes a los que se hace referencia en el apartado pungidos 1, 2, 4 y 5 serán castigados con una pena de prisión no superior a seis meses y una multa no superior a 5.000.000 de francos CFA.

Toda persona culpable de acoso sexual a que se hace referencia en el punto 3 del presente artículo será castigada con una pena de prisión no superior a seis meses y una multa no superior a 2.000.000 de francos CFA.

De esta manera, las relaciones libres y consensuadas entre personas del mismo se castigan con pena de cárcel de hasta seis meses y una sanción económica de 5.000.000 de francos de África Central (alrededor de 7600 euros u 8500 dólares).

Esta criminalización supone una novedad respecto al Código Penal existente, herencia de la colonización francesa, que no castigaba de ninguna forma la homosexualidad, aunque sí establecía una edad diferente de consentimiento para las relaciones sexuales (15 años para las heterosexuales y 21 para las homosexuales). Ni el Gobierno de Gabón ni su ministro de Justicia han querido hacer declaraciones al respecto.

Davis Mac-Iyalla, un activista que supervisa los derechos LGTB en África occidental, afirma que había tenido conocimiento de que dos hombres gaboneses habían sido detenidos por mantener relaciones homosexuales después de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, y que solo habían podido conseguir su puesta en libertad tras sobornar a miembros corruptos de las fuerzas del orden. Mac-Iyalla, que es miembro de la Red Interreligiosa de Diversidad de África Occidental, considera que la reforma «ha causado que la comunidad LGBT pase a la clandestinidad y ha creado hostigamiento. La policía corrupta ahora la utiliza, detiene a personas que se ven obligadas a recurrir al soborno para salir liberadas».

Con esta reforma de su Código Penal, Gabón se suma a la larga lista de países africanos que condenan las relaciones entre personas del mismo sexo. Un lamentable retroceso en los derechos LGTB después de la buena noticia de la despenalización por parte del Alto Tribunal de Bostuana también a mediados de año.

Criminalización de las relaciones homosexuales en el mundo

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. África, Código Penal, Davis Mac-Iyalla, Discriminación, Gabon, Homofobia, LGTBfobia

Por Pilar Salazar

Ilustración: Florencia Capella

Esta semana se presentó en el Congreso de Guatemala un proyecto de ley para sancionar los crímenes por prejuicio. Establece penalizar la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Es el segundo intento de reformar el artículo 202bis del Código Penal en un país donde en el año ya se contabilizan 18 crímenes de odio.

Esta vez la ruta estratégica es distinta y la iniciativa, presentada por les diputades Karina Paz, Sandra Morán y Carlos Barreda, “pretende tipificar la conducta de discriminación en cualquier ámbito de la vida de la comunidad LGBTIQ+, entiéndase lo laboral, educativo, salud, justicia, entre otros”.

Paz expresó que es importante impulsar esta reforma para que la comunidad LGBTIQ+ tenga un respaldo legal, pues aunque en la Constitución Política de la República se establezca el derecho al trabajo, la salud y la educación, en la realidad este sector de la población es discriminado. La diputada concluyó con un mensaje a la sociedad guatemalteca: “Que seamos un país más tolerante, incluyente, donde encontremos paz y podamos soñar con que todos gocemos de los mismos derechos”.

Marisa Batres, abogada feminista parte del colectivo Visibles, explicó a este medio la importancia de esta reforma para los derechos humanos:“esta reforma atiende a compromisos internacionales, porque nuestro Estado en el ejercicio de su soberanía forma parte de un sistema internacional de derechos humanos. Este sistema está conformado por varios comités que se han ido especializando en diferentes temáticas, a los que el Guatemala se ha adherido. Constantemente, Guatemala debe presentar sus avances, sin embargo, según el estudio de los Comités, se ha desprendido la necesidad de plasmar expresamente «la orientación e identidad sexual» como una forma de discriminación, ya que Guatemala ha demostrado que no ha garantizado efectivamente el derecho de igualdad y respeto por toda la población”.

Batres piensa que la población LGBTIQ+ no es protegida por el Estado, por ejemplo por los prejuicios de les funcionaries de las entidades estatales.

Allanamiento ilegal

En la madrugada del jueves fue allanado de manera ilegal el local de la “Asociación Somos”, una organización que tiene en su base comunitaria a hombres gays, representada por Marco Loarca, quien estuvo en la presentación de la iniciativa. Loarca contó a Presentes que le robaron un equipo informático y un portafolio que contenía documentos respaldatorios para el proyecto de ley como denuncias, cartas, recortes de periódicos y documentos legales de la asociación.

Henry España, de la Defensoría de la Diversidad Sexual, dijo que la Policía Nacional Civil, Udefegua (Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala) y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para establecer lo sucedido.

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Artículo 202bis del Código Penal, Asociación Somos, Carlos Barreda, Colectivo Visibles, Defensoría de la Diversidad Sexual, Discriminación, Guatemala, Henry España, Karina Paz, LGTBI, Marcos Loarca, Marisa Batres, Penalización, Policía Nacional Civil, Sandra Morán, Udefegua (Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos vuelve a dar la espalda a la comunidad trans. La última instancia judicial del país, controlada por el sector conservador, ha rechazado admitir a trámite un recurso contra la decisión del estado de Texas de impedir a una reclusa trans someterse a cirugía de reasignación de sexo. Vanessa Lynn Gibson, que lleva en prisión desde 1995 por sendos delitos de agresión y asesinato, ha intentado automutilarse y cometer suicidio en varias ocasiones. El fallo contrasta con otros precedentes favorables.

Gibson, de 41 años, fue condenada en 1995 por una agresión y dos años después, por el asesinato de otra reclusa. Desde los quince años vive de acuerdo a su identidad de género femenina. Los médicos le diagnosticaron disforia de género en 2014, y autorizaron su acceso a un tratamiento hormonal. La legislación de Texas, el estado donde cumple condena, no permite sin embargo las «intervenciones quirúrgicas irreversibles» como sería la cirugía de reasignación de sexo.

La reclusa recurrió a la justicia al considerar que la negativa a autorizar la intervención constituye una forma de castigo cruel e inusual prohibida por la octava enmienda de la Constitución. Gibson ha sufrido una depresión que la ha llevado a intentar tanto automutilarse como cometer suicidio. El Tribunal de Apelaciones del quinto circuito, con sede en Nueva Orleans, rechazó en marzo la demanda de Gibson. El caso llegó hasta el Supremo, cuyos jueces rechazaron este lunes su toma en consideración.

A pesar del revés judicial, existen precedentes en los que los tribunales han dado la razón a personas trans en prisión. En 2015, un juez federal autorizaba la cirugía de reasignación de sexo para Shiloh Quine, meses después que Michelle Norsworthy, otra reclusa trans, obtuviera una orden favorable de un tribunal federal con el mismo objetivo. El estado de California se comprometió además a costear las intervenciones.

Los casos de Quine y Norsworthy contrastan con el de Michelle Kosilek. Aunque un juez de Massachusetts ordenó en 2012 su reasignación de sexo, posteriormente, la Corte de Apelaciones (con sede en Boston) echó marcha atrás alegando «problemas de seguridad», así como una supuesta «fuente de angustia mental» para las reclusas que hubieran sido víctimas de violencia de género, en el momento en el que se le trasladara a un centro penitenciario para mujeres.

Fuente Dosmanzanas

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La Junta de Castilla y León ha suspendido la puesta en marcha en los centros escolares de la comunidad del protocolo de atención al alumnado trans, cuya implementación debía continuar este año tras haber sido puesto en marcha de forma experimental en algunos centros el curso pasado. La decisión, que tiene lugar como reacción a la denuncia interpuesta por la organización «Abogados Cristianos» ha sido fuertemente criticada por la Federación LGTB+ de Castilla y León, para la que el hecho supone el primer retroceso en derechos del colectivo LGTBI en España desde la aprobación del matrimonio igualitario.

Según detalla el diario ABC, la decisión de la Consejería de Educación de Castilla y León, dirigida por la popular Rocío Lucas, fue adoptada después de que el Tribunal Superior de Justicia de la región admitiese a trámite una demanda de Abogados Cristianos contra la propia Consejería, y a pesar de que dicha admisión no suponía su suspensión cautelar, como pedían los demandantes. Se trata, por tanto, de una decisión política, y no de una imposición de la justicia. Según el diario conservador, la Consejería ha optado por paralizar la implantación del protocolo a la espera de que la justicia se pronuncie. Un protocolo que había sido desarrollado en la anterior legislatura, con Fernando Rey como consejero de Educación, y que marcaba una serie de pautas de actuación a los centros públicos y concertados que contasen con alumnado trans en sus aulas.

«La retirada del protocolo es un hecho gravísimo en el avance de los derechos LGTB+ en nuestro país, pues es la primera vez desde 2005, con la aprobación del matrimonio igualitario, que desde las instituciones se recortan derechos o protección al colectivo LGTB+», señala la FECyLGTB+, Federación LGTB+ de Castilla y León, en un comunicado hecho público este sábado. La organización, eso sí, considera que lo sucedido «no es una sorpresa», después de que hace un mes PP y Ciudadanos, los partidos gobernantes en Castilla y León, unieran sus votos a los de Vox para bloquear definitivamente la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos (y que Ciudadanos sí que apoyó durante la anterior legislatura) para impulsar en su lugar un texto propio en el se recorta de forma significativa la protección a las personas trans que contemplaba el anterior proyecto. «Hoy no podemos dudar que esto es un ejemplo de lo que pretenden hacer», se lamentan desde la FECyLGTB+. «Si algo ha demostrado la retirada de este protocolo es que necesitamos leyes que nos protejan, incluso, frente a las decisiones del Gobierno de la Junta. Si hubiésemos logrado la aprobación de la ley, no podrían haber retirado este protocolo», añaden.

«¿Qué podemos esperar de una futura ley de igualdad alternativa a la de los colectivos a instancias de PP y Ciudadanos si antes de empezar a trabajarla siquiera revocan un protocolo fundamental para los menores trans? Nada. Todo apunta a que se trata de una trampa cínica», se lamenta Amanda Azañon, presidenta de Lesgávila y portavoz trans de la FECyLGTB+. «Vivimos un hito que sinceramente, da miedo. Por primera vez desde 2005, se están recortando derechos conseguidos por el colectivo LGTB+ y se hace, precisamente, contra los más débiles y en la comunidad que menos ha avanzado en derechos e igualdad LGTB+. Desde aquí pido a toda la sociedad que tome conciencia de lo que esto significa, que salte la alarma: cuando se empieza a recortar en derechos, tarde o temprano, se recortarán los derechos de todas y todos», ha subrayado por su parte Ignacio Paredero, presidente de la FECyLGTB+.

Fuente Dosmanzanas

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Los dos hombres son retirados después de comparecer en la corte.

Un tribunal de apelación de Zambia ha confirmado la pena de quince años de prisión contra dos hombres por el delito de «actos contra natura». Los acusados, arrestados en 2017, fueron declarados culpables hace un año tras ser sometidos a la tortura de los exámenes anales. El embajador estadounidense en el país africano ha protestado contra la «horrible» sentencia, mientras que el presidente Edgar Lungu ha cargado contra las relaciones homosexuales que según su ignorante opinión «no practican ni los animales». Stephen Sambo, de 30 años, y Japhet Chataba, de 38, fueron el año pasado  acusados del delito de “tener relaciones sexuales contra el orden de la naturaleza” .

Los supuestos hechos se produjeron el 25 de agosto de 2017. Japhet Chataba y Stephen Sambo fueron detenidos después de que la empleada de un hotel los denunciara por haber mantenido relaciones sexuales. Durante el juicio, que tuvo lugar el año pasado, cinco testigos afirmaron que habían presenciado los actos por los que se acusa a los dos hombres, que se declararon no culpables. Los fiscales presentaron “videos y fotografías” de los dos hombres, mientras que un empleado del hotel le dijo a la corte que los vio teniendo sexo a través de una ventana. Los acusados se sometieron a la tortura de los exámenes anales, una práctica tan humillante como inútil para la finalidad que pretende.

A pesar de que los resultados de la infame prueba fueron «inconsistentes con las acusaciones», el juez Ackson Mumba consideró que las declaraciones de los testigos y el hecho de que los acusados se negaran a declarar constituían una prueba suficiente para decretar su culpabilidad. Un año después, un tribunal de apelaciones ha confirmado la sentencia de quince años de prisión por el delito de «conocimiento carnal contra natura».

El embajador estadounidense en Zambia ha expresado su consternación por el fallo, que ha calificado de «horrible». Daniel Foote calificó los hechos de crimen sin víctimas, al que contrapuso la impunidad de la corrupción en la administración zambiana. Según Associated Press, el embajador de los Estados Unidos en Zambia, Daniel Foote, dijo que estaba “horrorizado” por la sentencia. Foote dijo que los funcionarios de Zambia no lo intimidarían y agregó que la relación entre los dos hombres no lastima a nadie mientras que “mientras tanto, los funcionarios del gobierno pueden robar millones de dólares públicos sin enjuiciamiento”.

Unas declaraciones que escocieron al Gobierno del país africano, que envió una nota de protesta a la Casa Blanca. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores de Zambia, Joseph Malanji, dijo que el embajador se estaba entrometiendo en los asuntos internos del país del sur de África, y que el gobierno enviaría una carta de protesta a Washington por los comentarios de Foote.

El presidente Edgar Lungu pidió una rectificación a su homólogo Donald Trump y aprovechó para lanzar una diatriba homófoba. Hablando sobre la sentencia, el presidente del país, Edgar Lungu, dijo a Sky News: “Estamos diciendo que no a la homosexualidad. ¿Por qué deberíamos decir que vamos a ser civilizados si lo permitimos … ¿Estás diciendo que somos muy primitivos ahora porque estamos desaprobando la homosexualidad? Incluso los animales no lo hacen, entonces, ¿por qué deberíamos vernos obligados a hacerlo porque queremos ser vistos como inteligentes, civilizados y avanzados, etc.?” Lungu dijo anteriormente: “Aquellos que defienden los derechos de los homosexuales deberían irse al infierno … Ese tema es extraño para este país”, añadió, sumando a su discurso de odio su profunda ignorancia sobre el tema.

El departamento de Estado norteamericano rehusó contestar si había recibido el requerimiento de Lungu. El mandatario zambiano reconoció que la economía del país depende en parte de la asistencia al desarrollo que envían países como Estados Unidos, pero se reafirmó en su defensa de la legislación homófoba. «Si quieren que la ayuda esté ligada a la homosexualidad, me temo que Occidente nos puede deja

Según Lusaka Times, el presidente de la Iniciativa de Jóvenes Líderes Africanos (YALI, por sus siglas en inglés), Andrew Ntewewe, dijo en una conferencia de prensa que los embajadores de EE. UU. Deberían “contenerse cuando se trata de la gobernanza de este país o el tipo de leyes que decidimos tener”.

Añadió: “De hecho, esos dos inadaptados que fueron encarcelados a 15 años recibieron clemencia por el juez de sentencia que administró la pena mínima de 15 años cuando podría haber optado por la cadena perpetua máxima”.

Las leyes que criminalizan la homosexualidad se derivan del antiguo código penal colonial británico de Rhodesia. Rhodesia del Norte se convirtió en Zambia en 1964.

Zambia, LGTBfobia social y de Estado

Zambia heredó la legislación homófoba de la época colonial británica tras su independencia en 1964. Tanto las relaciones homosexuales masculinas como las femeninas son ilegales, con prolongadas penas de cárcel. Se trata, de hecho, de uno de los países africanos en los que la homofobia social es más fuerte: hasta el 98% de la población considera la homosexualidad moralmente inaceptable, según datos de 2010. La fuerte influencia evangélica no sería ajena a este clima de odio homófobo. Ya en 2010 recogíamos cómo múltiples instituciones del país (incluidos dos de los principales partidos políticos y diferentes líderes cristianos) se posicionaban con fuerza en contra de la homosexualidad como reacción al anuncio por parte del Gobierno sueco de que apoyaría a colectivos pro derechos humanos de Zambia, incluidos grupos LGTB.

Buen ejemplo del desprecio con que se tratan los derechos LGTB en Zambia fueron las declaraciones del actual presidente del país Edgar Lungu a principios de 2013, cuando era ministro del Interior. «Los defensores de los derechos de los homosexuales deben ir al infierno. No es un problema que vayamos a tolerar. No habrá discusión alguna sobre los derechos de los homosexuales. Ese asunto es ajeno a este país», afirmaba entonces.

La persecución ha proseguido y la LGTBfobia social, si cabe, ha aumentado. En 2014, el Ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Namulambe afirmaba que despenalizar la homosexualidad sería una afrenta al cristianismo… y ese mismo año, dos hombres eran absueltos por falta de pruebas tras más de un año en prisión preventiva. Pero en noviembre de 2015, una mujer transexual fue condenada a la cárcel por «sodomía» después de que, según el testimonio de la acusada, un taxista la forzara a mantener relaciones sexuales.

En abril de 2018, el gobierno de Zambia rechazó la recomendación de ocho países para reconocer las relaciones sexuales entre personas homosexuales, bisexuales y transexuales, remitida entre otras 203 recomendaciones en favor de los derechos humanos que le fueron sugeridas durante el Examen Periódico Universal de la ONU.

Unas  muestras de la homofobia y la transfobia legal que convierten en un infierno la vida de tantas personas LGTB en África

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Hace ya un año os contamos la preciosa historia de Luca Trapanese y su hija Alba; una pequeña con Síndrome de Down rechazada por más de 2o familias heterosexuales con tan solo 13 días de vida. Luca era italiano, soltero y gay y tuvo claro cuando sonó el teléfono que Alba era su hija. Luca y Alba han revolucionado Instagram, donde cuenta su vida con la pequeña a sus miles de seguidores.

«Estoy orgulloso de ser su padre»

Y es que cuidar de Alba no le pilló de sorpresa porque trabaja desde que era adolescente con niños discapacitados y 2007 creó su propia organización benéfica, A Ruota Libera Onlus, asociación sin ánimo de lucro para que los más pequeños puedan socializar y desarrollar sus talentos.

Los tribunales le otorgaron la custodia de la niña en julio de 2017, cuando Alba tenía solo 13 días. No deja de sorprendernos que en tan solo 13 días fuese rechazada por 20 familias. No una ni dos sino veinte. ¿No es increíble? A ella no la querían y a él le dijeron que por ser gay solo le darían niños con problemas graves. Seguramente a Luca le da igual el Síndrome de Down de su hija y a Alba le dará igual a quién ame su padre si lo que recibe ella es AMOR.

‘Desde que tenía 14 años fui voluntario y trabajé con personas con discapacidad, así que sentí que tenía el conocimiento y la experiencia para hacerlo.Cuando la abracé por primera vez, me llené de alegría. Sentí que era mi hija de inmediato’.

‘Era la primera vez que sostenía a un bebé recién nacido. Antes de ese momento, siempre tuve miedo. Cuando abracé a Alba por primera vez, sabía que estaba listo para ser su padre.’

Luca tiene más de 187.000 seguidores en Instagram que día a día ven cómo Alba crece y es feliz. 2Ella me trajo felicidad y una sensación de satisfacción. Revolucionó completamente mi vida. Ahora todo gira en torno a ella. Me trajo felicidad y una sensación de plenitud. Nunca fue mi segunda opción. Yo la quería a ella2.

En noviembre de 2018 publicó Nata per te, un libro en el que narra su experiencia como padre. Seguro que merecerá la pena conocer de primera mano cómo llegó a ser padre y las dificultades de serlo en Italia siendo gay y soltero, pero sobre todo merecerá la pena porque seguro que narra con mucho amor cómo es ser padre de Alba, a la que estamos seguras que ama con todo su ser.

Fuente Oveja Rosa

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Buenas noticias para la educación en la diversidad afectivo-sexual y de género en el Reino Unido. Un juez de la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales ha confirmado la prohibición de manifestarse frente al colegio de primaria Anderton Park de Birmingham. El centro, que desarrolla un proyecto piloto para la enseñanza de la realidad LGTBI, ha sido objeto de protestas continuadas que tuvieron lugar frente a sus puertas durante meses. El ayuntamiento de Birmingham prohibió las concentraciones por difundir falsedades y perturbar el funcionamiento de las clases, hasta el punto de que varios docentes han necesitado tratamiento psicológico. Ahora la justicia inglesa ratifica la exclusión.

El colegio de educación primaria Anderton Park fue uno de los escogidos para un programa piloto de implantación de los nuevos contenidos aprobados en el ámbito de la educación sexual y relacional («Relationship and Sex Education»). El nuevo currículo, que entrará en vigor en todos los centros escolares ingleses en el curso escolar 2020-2021, profundiza en la enseñanza de la diversidad afectivo-sexual y de género, añadiendo conceptos como la existencia de diferentes modelos de familia.

Las protestas contra la medida comenzaron a principios de este año. Varios cientos de manifestantes, algunos de ellos padres de alumnos del colegio, se congregaron regularmente a sus puertas para exigir la retirada del nuevo plan de estudios. Basaron su rechazo en sus creencias musulmanas, religión a la que se adhiere la mayoría de los habitantes de la zona. Grupos cristianos apoyaron la lucha contra la reforma educativa con una recogida de firmas en línea que alcanzó los 100.000 apoyos.

Las concentraciones alcanzaron tal magnitud y continuidad que empezaron a perturbar el normal desarrollo de la actividad docente. Las consignas de las pancartas, repetidas por megáfonos («Mi hijo, mi decisión» o «Adán y Eva, no Adán y Esteban»), así como las amenazas, obligaron a los profesores a impartir clase con las ventanas cerradas e impidieron con frecuencia a los alumnos salir al patio. Más de veinte empleados del colegio necesitaron tratamiento por trastornos de ansiedad y del sueño provocados por la situación.

En mayo, el ayuntamiento de Birmingham decidió tomar cartas en el asunto y aprobó un decreto para prohibir de manera provisional las concentraciones junto a la escuela. El pasado martes, el juez de la Alta Corte de Justicia Mark Warby emitió una sentencia en la que declara permanente la prohibición. Warby argumenta que los manifestantes difunden informaciones «falsas y dañinas», como que el centro «sigue una agenda pedófila» o que «enseña a los alumnos a masturbarse». El fallo condena también a los organizadores de las protestas, que han anunciado que recurrirán, a pagar el 80% de las costas judiciales.

De la sección 28 a la educación en la diversidad

La educación en la diversidad afectivo-sexual y de género ha sido desde hace décadas un asunto candente en el Reino Unido, a menudo utilizado como arma arrojadiza. En 1988, el Gobierno de Margaret Thatcher adoptaba la sección 28, que vetaba a las autoridades locales británicas «promover intencionadamente la homosexualidad o publicar material cuya intención sea la promoción de la homosexualidad», así como «promover la enseñanza en los colegios públicos de la aceptación de la homosexualidad como una supuesta relación familiar». En la práctica, la legislación prohibía a los profesores hablar de homosexualidad en clase o combatir el acoso LGTBfobo.

El Gobierno de Tony Blair derogó la ley en 2003 y los conservadores han pedido perdón públicamente por aprobarla. Diez años después, sin embargo, la polémica saltaba de nuevo al conocerse que varios colegios concertados prohibían expresamente en sus currículos la «promoción de la homosexualidad». Las protestas actuales, que probablemente se multiplicarán cuando entre en vigor el nuevo plan de estudios, confirman que la completa normalización de la enseñanza de la realidad LGTBI está aún lejos de alcanzarse.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales, Anderton Park, Birmingham, Discriminación, Educación, Educación Sexual, Homofobia, Inglaterra, Islam, LGTBfobia, Margaret Thatcher, Mark Warby, Reino Unido, Sección 28, Tony Blair

La organización ultraconservadora ha mandado cartas, formularios del documento bautizado por los extremistas como «PIN parental» y un manual «contra el adoctrinamiento de género» a 23.000 colegios de toda España. Los últimos centros en recibir este material han sido los centros de Galicia.

HazteOír protagonizó el pasado mes de septiembre su particular ‘Vuelta al cole’ contra la diversidad afectivo-sexual y de género poniendo nuevamente en el foco de su batalla a los menores. La organización ultraconservadora, a la que el Gobierno retiró el estatus de utilidad pública el pasado mes de febrero, elaboró y envió un kit a 23.000 centros escolares de toda España (públicos y concertados) y a sus Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (Ampas). Este incluye una carta dirigida a la dirección y profesorado del centro en la que se insta a mostrar una actitud combativa ante lo que ellos definen como «adoctrinamiento en ideología de género».

Un «adoctrinamiento» que viene dado, según la organización, por los cursos de Educación sobre Diversidad Afectivo-Sexual y de Género que asociaciones LGTBI imparten a petición de numerosos centros de enseñanza en horario lectivo. Una capacidad reconocida en la LOMCE para que los centros educativos, basados en su propia autonomía, decidan qué formaciones resultan adecuadas para impartir dentro del horario escolar. En este sentido, el kit también incluye un formulario de «PIN parental» para que los padres exijan conocer los contenidos impartidos por cada curso o taller establecido dentro del horario del centro y que sea impartido por personal externo, así como tener la capacidad de que sus hijos e hijas acudan o no a estas formaciones. En la inmensa mayoría de las comunidades autónomas esta exigencia no es válida, pero tras las presiones de Vox para investir un Gobierno autonómico, el Ejecutivo de la Región de Murcia se plegó ante la formación de ultraderecha e implantó la autorización obligatoria de los padres o tutores para que los alumnos puedan acudir a este tipo de actividades. De la misma forma, PP y Ciudadanos han pactado su implantación en Andalucía.

El kit se completa con un extenso manual en el que HazteOír ridiculiza y ataca a la diversidad sexual, a las formaciones que imparten los cursos y a las personas que se sienten sensibilizadas con la causa. En uno de los folletos de la misma campaña, «Mis hijos, mi decisión: Protege a los niños del adoctrinamiento en ideología de género», la organización ultraconservadora llega a asegurar que «existen planes oficiales de adoctrinamiento en las aulas que contemplan iniciar a niños y niñas de 0 a 6 años en juegos eróticos». No es la primera vez que se utiliza esta técnica por parte de HazteOír, que en el logotipo que exhibe en su web se define como «víctima de la ideología de género». Ya en el año 2016 realizó otro envío masivo a centros docentes con material homófobo atacando los progresos de las leyes LGTBI en los parlamentos autonómicos. Acción que ya le costó a la plataforma ultra denuncias y aperturas de diversos expedientes.

Un envío de material que busca apartar al alumnado general del conocimiento y respeto a la diversidad sexual y de género, y que además tendrá consecuencias directas sobre el alumnado LGTBI, al que hará más difícil encontrar el apoyo que necesita en unas etapas de su vida en las que este hecho diferencial les puede llevar a la soledad, a ser víctimas de acoso por sus compañeros y, en múltiples ocasiones, a pensar en el suicidio.

Ante este hecho, la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CC. OO.) interpuso a finales de septiembre una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por difundir materiales que «incitan al odio» en centros escolares. La rama educativa del sindicato pidió a la Fiscalía que impidiese su reparto a los centros escolares.

Llega dos meses después a Galicia

Lamentablemente, la medida adoptada por CC. OO. no impidió que dos meses después el material de HazteOír llegase a la comunidad educativa gallega. Desde el colectivo de Vigo Nós Mesmas han denunciado la llegada «masiva» de este material a todos los centros en los que trabaja la Rede Educativa de Apoyo LGTBIQ+. Nós Mesmas está a la espera de un rechazo público de la Xunta de Galicia y la Consellería de Educación a este material, claramente contrario a la legislación vigente gallega como la Estrategia de Igualdad entre hombres y mujeres vigente hasta 2020 o el Protocolo de Atención a Menores Trans de 2017.

Por eso, Nós Mesmas ha pedido a la Xunta una condena pública más allá del apoyo en privado y una guía de actuación para todos los centros y Ampas que reciban la documentación de HazteOir.

Educación al gusto de la ultraderecha

«Es como si unos padres que creyeran en el creacionismo pidieran el ‘PIN parental’ cuando se va a explicar a Darwin en Ciencias Naturales, o que los que creen que la Tierra es plana pudieran disculpar la ausencia de sus hijos a clase de Geografía», expuso el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC. OO., Francisco García, al interponer la denuncia. La responsable del gabinete jurídico de este organismo, Carmen Perona, también destacó que la recepción de este material ha provocado «tensión» y «miedo» entre algunos directores y directoras de centros y responsables de Ampas.

En cualquiero caso, el éxito de los ultraconservadores, tanto en su vertiente de organización social (HazteOír) como en su vertiente política (Vox), es haber situado en el debate su idea de «PIN parental», contrario a una ley educativa vigente, la LOMCE, en sus apartados de autonomía de los centros educativos, de atención a la diversidad y educación en valores. Un elemento que por el momento solo parece instaurado en la Región de Murcia (y próximamente en Andalucía), pero tras este movimiento de los ultras parece que será el caballo de batalla en todos los territorios de España donde tengan presencia o puedan condicionar un Gobierno.

Desde diversos colectivos LGTBI se critica que, si finalmente los postulados de los ultraconservadores se imponen, solo acudirán a las charlas de diversidad los alumnos pertenecientes a la comunidad LGTBI y los que ya estén concienciados, dejando fuera a los que necesitan aprender que la diversidad sexual y de género es un aspecto que enriquece a nuestra sociedad y que en ningún aspecto debe considerarse como algo negativo. Otra manera de perpetuar la homofobia, bifobia y transfobia en nuestra sociedad, lanzándoles a las personas LGTBIfobas el mensaje de que su odio está justificado y es aceptable.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. AMPA, Andalucía, Carmen Perona, CC OO, Discriminación, Educación, FE-CC OO, Francisco García, Galicia, HazteOir, Homofobia, LGTBfobia, Murcia, Nós Mésmas, Pin parental, Transfobia, VOX

La comunidad LGTBI de la India ha iniciado una movilización para impedir que entre en vigor un proyecto de ley de protección de las personas transgénero aprobado por el Parlamento. Los activistas critican que el texto ignora sus principales reivindicaciones. La norma contempla penas sustancialmente menores para los crímenes cometidos contra una persona trans en comparación con las previstas cuando la víctima es cisgénero, y podría facilitar la violencia contra las personas trans en el seno de sus familias, que es la que sufre con más frecuencia el colectivo. La Corte Suprema de la India ordenó el reconocimiento legal de un tercer sexo en 2014.

El histórico fallo del alto tribunal indio en 2014 reconoció por primera vez el derecho a la autodeterminación de género sin necesidad de que medie una operación de reasignación. Su traslación a la legislación ordinaria, sin embargo, ha sido lenta y decepcionante. En ese mismo año, el legislador Tiruchi Siva introdujo el primer proyecto de ley para dar cumplimiento a la sentencia en el Rajya Sabha, la cámara alta del Parlamento indio, cuyos miembros le dieron su respaldo. Sin embargo, su tramitación entró en vía muerta después de que el Gobierno del primer ministro Narendra Modi presentara en 2016 su propio texto ante la cámara baja o Lok Sabha, donde dispone de mayoría absoluta.

La propuesta del Gobierno suponía un retroceso drástico con respecto a las medidas previstas en el texto original de Siva. El Lok Sabha dio su visto bueno al proyecto de ley en diciembre de 2018, ignorando las recomendaciones aportadas por el comité permanente de la cámara y por la propia comunidad LGTBI. Sin embargo, su tramitación no se completó y la iniciativa expiró con la celebración de las elecciones generales de 2019. En agosto de este año, el Lok Sabha aprobaba una nueva versión del proyecto que mantenía su esencia, aunque suprimía alguno de los aspectos más lesivos como la prohibición de mendigar a las personas trans. La semana pasada, la norma superó su siguiente trámite con su aprobación en el Rajya Sabha.

La comunidad trans se ha movilizado desde entonces para impedir que el texto entre en vigor, lo que sucederá cuando lo firme el presidente de la India. Denuncian que en el proyecto «abunda la retórica y escasea el compromiso real por la justicia» y reclaman una ley integral que tenga en cuenta sus reivindicaciones. En particular, señalan la discriminación palmaria que supone el establecimiento de penas de entre seis meses y dos años de prisión para los delitos de violencia sexual contra una persona trans, frente a los siete años que contempla el código penal para los mismos crímenes cometidos contra una persona cis.

El activismo señala otros dos asuntos críticos del proyecto de ley. El primero, que no reconoce el principio de autodeterminación de género, porque mantiene el requisito de una operación genital para poder registrarse bajo un sexo legal diferente al asignado al nacer. Además, la decisión de otorgar la condición de transgénero dependerá de un juez y no se aclara si el Estado financiará los tratamientos de reasignación. El segundo punto, especialmente preocupante, es el artículo que prevé que las personas trans vivan con sus familias o en «centros de rehabilitación». La comunidad trans recuerda que la violencia en el seno de las familias es que con más frecuencia sufre el colectivo. Esperemos que su movilización sirva para lograr una ley que cumpla con sus necesidades.

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Identidad de género, India, LGTBfobia, Lok Sabha, Narendra Modi, Personas transgénero, Rajya Sabha, Tiruchi Siva, Trans, Transexualidad, Transfobia

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha hecho públicos los datos (actualizados a junio de 2019) sobre vigilancia epidemiológica del VIH/sida, referidos al año 2018 (puedes descargarlos aquí). Se notificaron 3.244 nuevos diagnósticos de VIH, un número muy parecido al de años precedentes. Se estima que la tasa será de 8,65 casos por 100.000 habitantes cuando se haya completado la notificación de todos los diagnósticos. Casi la mitad, el 47,6% de los nuevos diagnósticos, siguen siendo tardíos. 

El 85,3% de los nuevos diagnósticos de infección por VIH en 2018 en España se produjeron en hombres. La mediana de edad fue de 36 años. La transmisión en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH) sigue siendo la más frecuente, con un 56,4% de los casos, seguida de la transmisión por vía sexual heterosexual (26,7%) y de la que se produce en usuarios de drogas inyectadas (un 3,2%). El término «HSH» se utiliza a menudo cuando se habla de prevención, dado que hay hombres que se relacionan sexualmente con otros hombres pero prefieren no identificarse a sí mismos como gais o bisexuales. El 37,6% de los nuevos diagnósticos de infección por el VIH se realizó en personas originarias de otros países.

Por lo que se refiere al momento en que se produjeron, el 47,6% de los nuevos diagnósticos fueron tardíos, es decir, presentaban ya una cifra de linfocitos CD4 inferior a 350 células/µl en el primer análisis tras el diagnóstico. No está de más recordar, una vez más, que el diagnóstico precoz es clave para poder iniciar tratamiento cuando antes con antirretrovirales y combatir así tanto el desarrollo de la enfermedad como las nuevas transmisiones del virus. Es importante insistir, además, en que cuando una persona con VIH se encuentra en tratamiento y tiene una carga viral indetectable ya no transmite el virus, algo que muchas personas aún desconocen.

Sin comparamos los datos de 2018 con los de 2017, apenas se reflejan cambios. Si en lugar de mirar solo un año se examina todo el periodo 2009-2018, la tendencia global es ligeramente descendente, aunque el mayor descenso se produce en los casos atribuidos a uso de drogas inyectadas y a relaciones heterosexuales. Por lo que se refiere a los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres hay que diferenciar entre los españoles y los nacidos fuera de España: en los primeros se se observa una tendencia descendente solo a partir de 2015. En los nacidos fuera de España, porcentualmente se observa un descenso entre 2009 y 2015, pero un aumento a partir de este año.

El porcentaje de casos con diagnóstico tardío descendió levemente entre 2009 y 2016, habiéndose mantenido estable después.

CESIDA: hay que mejorar las estrategias de cribado

«La tasa de diagnóstico tardío en España sigue sin descender, así como tampoco desciende el número de nuevos diagnósticos que alcanzará las casi 4.000 nuevas infecciones, tras el retraso de la notificación», ha advertido Ramón Espacio, presidente de la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA). «Tenemos claro que mejorar las estrategias de cribado es una de las acciones clave, para lo cual hay que contar con los centros comunitarios y organizaciones sociales, que tienen la experiencia y el conocimiento para asesorar sobre salud sexual», ha añadido.

Por lo que se refiere a la cobertura de la profilaxis preexposición (PrEP) en el Sistema Nacional de Salud, vigente desde el pasado 1 de noviembre, Espacio considera que el reto es ahora trasladarla «a las distintas comunidades autónomas con sus distintas realidades» y hacerla «cómoda y accesible para las personas candidatas» para que tenga realmente un impacto positivo en la salud pública. Confiemos en que esta medida contribuya a que en los próximos años se produzca por fin una caída significativa de los nuevos diagnósticos, como ha sucedido, por mencionar solo un ejemplo, en estado australiano de Nueva Gales del Sur.

Desde CESIDA también han hecho un llamamiento, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Sida el pasado 1 de diciembre , a continuar luchando contra la discriminación de las personas con VIH. «Las consecuencias del estigma son graves, por un lado, hay miedo a hacerse la prueba del VIH, las personas desconocen su estado serológico. Por otro, se genera aislamiento social, soledad, baja autoestima, crisis de identidad o depresión en aquellas personas diagnosticadas con el VIH», advierten. Según CESIDA, la serofobia lastra la respuesta ante el VIH y está interseccionada con otros prejuicios asociados al género, la pobreza, la orientación sexual e identidad de género, el origen racial o étnico, la edad o a la sexualidad. «Este año queremos poner especial énfasis en las minorías más invisibilizadas del VIH y en todas esas personas, especialmente mujeres, quienes están más expuestas, debido a la desigualdad de género, a sufrir doble o triple estigma: por ser mujer y tener VIH o ser transexual o migrante o tener problemas de salud mental», han reclamado.

Fuente Dosmanzanas

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El activista LGTBI Charlot Jeudy fue encontrado sin vida el pasado lunes en su domicilio de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Jeudy, de 46 años, era una de las caras más visibles del activismo en el país caribeño, que ejercía desde la presidencia de la asociación Kouraj. Aunque en un principio se especuló con un posible envenenamiento, las causas del fallecimiento aún no han sido aclaradas. Las difíciles condiciones de vida de la comunidad, resultado de la LGTBfobia social que impera en Haití, hacen temer lo peor.

El cuerpo sin vida de Jeudy fue encontrado en su domicilio de Puerto Príncipe el pasado lunes, según han revelado su compañera de la asociación Kouraj Geraldine Clair Museau. Las causas del fallecimiento se desconocen, si bien en un primer momento se especuló con que pudiera haber sido envenenado. La policía no ha revelado por el momento los resultados de sus pesquisas.

Jeudy, de 46 años, era uno de los activistas LGTBI más visibles de Haití. Al frente de la asociación Kouraj luchó contra la discriminación de la comunidad en el país caribeño y  en 2016 organizó un festival para reivindicar la cultura LGTB afrocaribeña, cuya celebración fue suspendida por las amenazas de grupos violentos. «Enfrentados a una estigmatización tan permanente y brutal, violencia e insultos, muchos de nosotros, si no la totalidad, hemos perdido la esperanza de que se respete nuestra dignidad. Eso es por lo que quiero luchar», fue uno de los mensajes que Jeudy transmitió desde la organización.

Aunque las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo nunca han estado prohibidas en Haití, el país sufre desde hace unos años un recrudecimiento de la represión social y legal contra la población LGTBI. Todo comenzó con una manifestación promovida por grupos religiosos contra el matrimonio entre personas del mismo sexo que tuvo lugar el 19 de julio de 2013 y que, según medios locales, concluyó con el asesinato de dos hombres identificados como homosexuales.

Unos meses después ocurrieron violentos ataques que se saldaron con numerosos heridos y en agosto se produjo el ataque a una ceremonia privada de compromiso entre un ciudadano británico y su novio haitiano por parte de una multitud de decenas de personas, armadas con piedras y cócteles molotov. En esta ocasión, las fuerzas del orden intervinieron a tiempo de impedir que alguno de los participantes en la ceremonia fuera asesinado a manos de la horda homófoba, aunque se produjeron graves daños materiales. En noviembre de 2013, la sede de la asociación Kouraj fue asaltada por individuos armados con machetes y pistolas.

En agosto de 2017, el Senado de Haití aprobaba la prohibición del matrimonio igualitario y la «propaganda homosexual», una auténtica mordaza para el trabajo de las asociaciones LGTB, que reaccionaron con preocupación ante la perspectiva de que las medidas represoras vinieran a añadir más gasolina a la violencia contra los miembros del colectivo.

Fuente Dosmanzanas

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La introducción del matrimonio igualitario en Suecia y Dinamarca se acompañó de una caída de los suicidios en personas de orientación homosexual, según recoge un estudio publicado en la revista Journal of Epidemiology & Community Health. Los autores del estudio consideran probable que la reducción del estigma asociado a la condición de gay o lesbiana que supuso la aprobación del matrimonio igualitario, entre otras medidas, esté en la base de dicha reducción.

Siempre hemos sabido que la ley del matrimonio gay o inclusivo, que se aprobó en España en 2005, tenía consecuencias más allá de la simple posibilidad legal de casarse. En España hemos visto como la aceptación a las personas LGBT iba en aumento gracias a la normalización que nos aportó esta ley, y en Suecia y Dinamarca están midiendo los efectos que tiene al ley del matrimonio en el ratio de suicidios de las personas LGBT. Los científicos saben desde hace tiempo, que las personas casadas, sin tener en cuenta su orientación sexual, tienen menos posibilidades de suicidarse que las personas solteras. En el caso de los heterosexuales, el descenso de suicidios entre solteros y casados es del 28%.

El estudio analiza la evolución de la conducta suicida en dos periodos: el comprendido entre 1989 y 2002 y el comprendido entre 2003 y 2016. El número de suicidios cayó tanto en personas que vivían una relación heterosexual como entre las que vivían una relación homosexual, pero la reducción fue significativamente mayor en estas últimas (46% frente a 28%). Para más detalles, puedes acceder a la totalidad del estudio aquí. Cabe señalar que tanto en Suecia como en Dinamarca hay datos fiables sobre el número de suicidios, algo que lamentablemente no sucede en otros países.

Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Estocolmo y del Centro para la Prevención del Suicidio de Dinamarca ha analizado el número relativo de suicidios entre 1989 y 2002 y entre 2003 y 2016 dando como resultado que los suicidios entre personas LGTB cayeron un 42% entre los dos periodos, frente al 28% de bajada en grupos heterosexuales.

Para el estudio del ratio de suicidios entre personas del mismo sexo en Suecia y Dinamarca, siguieron 28.000 parejas del mismo sexo durante un promedio de 11 años. Para empezar dividieron los datos entre 1989 y 2002, y las personas que se casaron entre 2003 y 2016. El resultado fue apabullante, hubo un descenso de nada más y nada menos que del 46% en los suicidios entre los que se casaron en el segundo periodo.

Las fechas no son arbitrarias. Pese a su tardía incorporación al club de los países donde el matrimonio igualitario era legal (2012), Dinamarca aprobó la primera ley que dotaba de cierto amparo legal a las parejas LGBT en 1989. Por su parte, en 2003, Suecia extendió la normativa de parejas de hecho al colectivo LGTB, aunque la Ley de matrimonio llegó en 2009. Tan solo tuvieron que pasar treinta años para que los gobiernos ampliaran la base de derechos LGBT.

A corto plazo, esto tiene consecuencias en la forma en la que el colectivo LGBT se observa a sí mismo, y por tanto en su salud mental. La tasa de suicidios entre personas homosexuales o trans es mucho mayor a la de heterosexuales y cisgénero. Si a esto sumamos el efecto «salvador» del matrimonio, ya que los solteros se suicidan mucho más, el resultado, en Suecia y Dinamarca, es muy simple: menos suicidios.

Obviamente, dadas la naturaleza de la investigación, resulta imposible asegurar que dicha reducción sea consecuencia directa de la aprobación del matrimonio igualitario, y el estudio se cuida muy mucho de afirmarlo así. Hay que tener en cuenta, además, que la evolución del reconocimiento de las parejas del mismo sexo en esos países no ha sido un «todo o nada». Ambos fueron pioneros en el reconocimiento de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (Dinamarca en 1989 y Suecia en 1995). Por lo que se refiere al matrimonio igualitario propiamente dicho, Suecia lo aprobó en 2009 y Dinamarca en 2012. En ambos países, además, es posible el matrimonio religioso entre personas del mismo sexo en el seno de sus respectivas iglesias luteranas.

El estudio advierte, de cualquier modo, que queda trabajo por hacer. La tasa de suicidios dentro de los matrimonios homosexuales sigue superando con mucho a la de las parejas heterosexuales. Un estudio del 2018 basado en 35 investigaciones de diez países diferentes observó que los jóvenes LGTB trataban de suicidarse tres veces más que sus iguales heterosexuales. Ante este problema la solución parece bastante sencilla: educar y legislar.

Sin embargo, la autora principal del estudio, la profesora Annette Erlangsen, del Instituto Danés de Investigación para la Prevención del Suicidio, se muestra convencida en declaraciones a la prensa de que ha tenido mucho que ver. «La legalización del matrimonio igualitario y otras medidas legislativas de apoyo reducen el estigma asociado a las minorías sexuales», argumenta. Algo que por otra parte está en línea con lo que han mostrado otros estudios similares, como el publicado en la revista JAMA Pediatrics en abril de 2017 (ver aquí) que mostraba una reducción en la tasa de suicidios en adolescentes LGTB estadounidenses que vivían en estados que permitían el matrimonio igualitario comparados con los que lo prohibían (los datos correspondían al intervalo entre 1999 y 2015, año en que el matrimonio igualitario se hizo extensivo a todo el país por sentencia de su Tribunal Supremo).

Cabe señalar, en cualquier caso, que las tasas de suicidio siguen siendo más elevadas en personas que inician una relación de pareja homosexual que entre las que inician una relación heterosexual, algo que también está en línea con lo recogido en otros estudios y que es fiel reflejo de la discriminación que todavía viven las personas de orientación homo o bisexual.

No es la primera vez que se hace un estudio de este tipo. En 2017 la Universidad de Hardvard hizo un estudio sobre los suicidios de personas LGBT en la adolescencia y concluyeron que había un 14% menos de suicidios en los estados que tenían una ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De todos modos el estigma sigue ahí. Aunque se haya mejorado mucho en los últimos años, el estudio de daneses y suecos también concluye que las personas en matrimonios con personas del mismo sexo son 2,3 veces más proclives a suicidarse que los heterosexuales. Esto nos da una información muy clara: todavía queda mucho camino por recorrer para conseguir la plena igualdad, aunque en los últimos años hemos dado pasos de gigante en lo que a nuestros derechos y bienestar psicológico se refiere.

Fuente  Queerty, vía Oveja Rosa/AmbienteG/Dosmanzanas

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Los grupos parlamentarios socialista y mixto (compuesto por dos diputadas de IU y Podemos) registraron el pasado miércoles, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, la proposición de ley integral trans que el Parlamento de La Rioja fue incapaz de aprobar durante la pasada legislatura. La Rioja es una de las pocas comunidades autónomas que todavía no dispone de un marco regulatorio propio que proteja a las personas trans contra la discriminación en el ámbito autonómico. El hecho de que por primera vez en 25 años la izquierda disponga de mayoría en el parlamento regional debería garantizar su aprobación, después de que el obstruccionismo del PP (con la calculada complicidad de Ciudadanos) lo impidiese la pasada legislatura.

Tanto el portavoz del grupo socialista en el parlamento regional, Raúl Díaz, como el coordinador del Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida (ALEAS-IU) en La Rioja, Álvaro Villar, mostraron su disposición a que la proposición sea aprobada sin más demora que la obligada por el trámite parlamentario. Díaz adelantó que tras su registro, el Gobierno de La Rioja debe manifestar su criterio sobre la proposición (a favor o en contra) y después celebrarse en el pleno el debate de admisión a trámite. Después comenzará la discusión en comisión o en ponencia para volver finalmente al pleno y ser aprobada. Pasos todos ellos que la proposición debería superar sin problema: el Gobierno de La Rioja está formado por una coalición entre PSOE y Podemos y las tres formaciones de izquierda disponen juntas de mayoría absoluta en el parlamento regional.

La previsible aprobación de la ley integral trans pondrá punto final a un vergonzoso periodo de vaivenes políticos. Hay que recordar que esta misma proposición, que había sido consensuada con los principales colectivos LGTBI de La Rioja, ya fue presentada hace dos años por los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos, que entonces ya contaban con mayoría suficiente para haberla aprobado (los populares habían perdido la mayoría absoluta en el Parlamento de La Rioja en 2015, aunque siguieron gobernando gracias al apoyo de los naranjas). Una mayoría que finalmente no pudo materializarse antes del final de la legislatura debido a las maniobras dilatorias del PP, que contaron con la calculada complicidad de Ciudadanos (los populares solicitaron un informe al Consejo Consultivo de La Rioja. PP y Ciudadanos se negaron a que dicho trámite se realizara por vía de urgencia, lo que finalmente impidió que la proposición pudiese ser aprobada). «El Parlamento de La Rioja y el Gobierno de La Rioja como instituciones quedan en muy mal lugar cuando se airean las incompetencias, la lentitud y el juego sucio. El descrédito de las instituciones es consecuencia de actitudes como estas, en las que el trabajo de toda una legislatura se tira a la basura por 10 días, y encima queriendo», se lamentaba entonces el colectivo Marea Arcoíris.

Confiemos que en en esta ocasión, una vez que PP y Ciudadanos han perdido la capacidad de ejercer en La Rioja el filibusterismo parlamentario, la proposición sea aprobada. En este sentido, conviene recordar que a la espera de que se actualice el anacrónico marco legislativo estatal, ni La Rioja, ni Asturias, ni Cantabria ni ambas Castillas cuentan con leyes que otorguen protección a las personas trans, ya sea en forma de ley específica (como ha sucedido en Navarra, País Vasco, Andalucía, Canarias, Madrid o la Comunidad Valenciana) o en el marco de leyes generales de igualdad LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

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Lo publicamos con sus propias palabras porque, son tan nauseabundas, que hace falta conocerlos a fondo…

El PSOE pide «consenso» para aprobar la ley Lgtbi ante la «amenaza» de la extrema derecha

La ley se quedó sin aprobar en la pasada legislatura «por las excusas y la ausencia de interés real» del resto de grupos

El PSOE de Cantabria ha pedido «consenso» a los grupos parlamentarios para aprobar la Ley Lgtbi y ha hecho un llamamiento para defender los derechos de este colectivo ante la «amenaza» del auge de la extrema derecha y su «histórico desprecio» hacia él.

Así lo ha manifestado este martes en rueda de prensa la portavoz del grupo parlamentario socialista, Noelia Cobo, después de que el Ejecutivo cántabro aprobara en el Consejo de Gobierno de la semana pasada remitir al Parlamento de Cantabria el proyecto de Ley Lgtbi para reiniciar su tramitación, «frustrada en la anterior legislatura».

Cobo ha pedido el apoyo de las fuerzas políticas que «de verdad crean en la diversidad y en los derechos de todos», en un momento en el que, a su juicio, «tiende a imponerse en la derecha española el discurso radical de formaciones políticas como Vox», con «ideas excluyentes» en torno al colectivo Lgtbi.

Por ello, ha dicho que la sociedad espera políticas que «amparen y den cobertura legal ante quienes pretendan sembrar odio y discriminación», y ha considerado que la ley se quedó sin aprobar en la pasada legislatura «por las excusas y la ausencia de interés real» del resto de grupos, que «se oponían a que este colectivo tuviese los mismos derechos» que el resto de ciudadanos mientras a la vez acudían a manifestarse el día del Orgullo Gay, ha dicho.

Tal y como ha recordado, la pasada legislatura se admitieron a trámite 23 comparecencias a la ley Lgtbi con los votos del PP, Ciudadanos y PRC, «alargando los plazos de tramitación y dejándola sin tiempo efectivo para su aprobación».

No obstante, Cobo ha destacado que los socialistas prometieron volver a llevarla al Parlamento y que es la primera ley autonómica que impulsan desde el Ejecutivo, «apenas» superados los 100 días de gobierno. «Los socialistas cumplimos y ahora les toca a otros demostrar qué Cantabria es una tierra de derechos y no de derechas», ha insistido.

En cuanto a la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género’, conocida como Ley ‘Lgtbi’, ha avanzado que promocionará el desarrollo de políticas públicas contra la discriminación, dará amparo a las víctimas de discriminaciones y agresiones por identidad u orientación sexual y recoge sanciones para quienes pretendan «enarbolar el odio» hacia el colectivo.

Entre otras cuestiones, reconoce el derecho de los menores Lgtbi a su propia identidad de género y orientación sexual dentro del proceso de formación de su personalidad, garantizando por parte de la administración la educación inclusiva y el apoyo sanitario en todo el proceso vital.

En el caso de las personas ‘trans’, el marco normativo facilitará el proceso de la progresiva adaptación de la persona, siendo «urgente», además, promover su integración laboral y garantizar protocolos y tratamientos adecuados en la sanidad pública, así como que se respete su identidad en las competiciones deportivas.

Además, la ley prohibiría las llamadas terapias de aversión -que pretenden modificar la identidad y el comportamiento de las personas Lgtbi- y en los colegios obligaría a respetar el nombre que elija cada alumno transexual o sus tutores legales y su indumentaria e imagen física.

Por último, los socialistas reivindican que las administraciones públicas de Cantabria garanticen la libre determinación del género de cada persona como un derecho fundamental.

 Y ante esto, la asociación HazteOir.org ha señalado que va a “hacer todo lo posible”, suponemos  que de la mano de su hermano gemelo VOX, para “frenar” la Ley LGTBI de Cantabria porque, en su opinión, “discrimina a los ciudadanos en función de sus preferencias …

“La asociación HazteOir.org va a trabajar duro para lograr que la ley LGTBI mordaza de Cantabria no salga adelante. El intento de aprobar esa norma liberticida en la legislatura anterior fracasó porque la mayoría de los cántabros la rechazan”, ha dicho la portavoz de esta entidad, Teresa García-Noblejas.

Así lo ha manifestado en un comunicado después de que la portavoz socialista en el Parlamento regional, Noelia Cobo, haya pedido hoy “consenso” a los partidos políticos para aprobar esta ley y defender los derechos de este colectivo, y frente a los que HazteOir ha recordado que esa ley LGTBI “fracasó” en la pasada legislatura porque “la mayoría de los cántabros la rechazan”.

“Los partidos cántabros tendrán ahora ocasión de retratarse y decir públicamente si quieren o no discriminar a los ciudadanos en función de sus preferencias sexuales, si eligen o no otorgar privilegios a determinadas personas sólo porque se acuestan con personas de su mismo sexo o si, por el contrario, prefieren seguir defendiendo la igualdad de todos los cántabros independientemente de sus circunstancias, características y deseos”, ha señalado la portavoz de la asociación.

García-Noblejas ha señalado que desde HazteOir “respetamos los derechos de todas las personas pero no hace falta legislar para defender supuestos derechos de cada minoría”. “Las leyes LGTBI aprobadas en otras comunidades autónomas están vulnerando las libertades de todos”, ha opinado.

Y como ejemplo de su consideración, ha dicho que “esas normas mordaza obligan a los centros educativos y a los profesores a dejar entrar en las aulas a activistas e ideólogos de género que hablan a los niños de cómo obtener placer erótico y proporcionárselo a otros”, como en La Rioja con las charlas del SERISE (Servicio Riojano de Sexología) o el Programa SKOLAE en Navarra.

“Y todo ello sin conocimiento ni autorización de los padres, lo cual vulnera la Constitución Española y los tratados internacionales suscritos por España”, ha dicho la portavoz de HazteOir.org, para quien, con esas leyes, “los profesionales de la Sanidad, los padres, los medios de comunicación, los docentes y en general todos los ciudadanos ven amenazadas sus libertades”.

Algo que, en su opinión, sucede también con los niños “a los que se invita a cuestionar su identidad sexual y dejando aparte los cientos de miles de euros con los que se beneficia a asociaciones y grupúsculos varios para difundir la ideología de género”, ha criticado la portavoz de la asociación.

“Hasta ahora los políticos han impulsado a escondidas estas leyes en los parlamentos regionales y se han salido con la suya, pero eso ya se ha acabado. En Castilla y León más de 22.700 ciudadanos están contribuyendo a paralizar una norma que todos perciben como mordaza y pocos se atreven a decirlo y en Cantabria la gente va a reaccionar y los políticos tendrán que guardar la ley en un cajón”, ha concluido.

Fuente Agencias

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El Tribunal de Apelaciones de las Islas Caimán ha resuelto a favor del Gobierno insular y ha revertido la sentencia que declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. De esta manera, en el territorio británico vuelve a estar vigente la legislación que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. A su vez, el Tribunal de Apelaciones ha ordenado a las autoridades ejecutivas que creen una figura legal que otorgue derechos a las parejas del mismo sexo, aunque no fija un plazo determinado, sino que urge a que se realice con la mayor celeridad posible. De esta manera, las personas LGTB de las Islas Caimán ven cómo pierden un derecho que se les había reconocido.

El pasado mes de marzo, el Alto Tribunal de las Islas Caimán dictaminaba a favor de Chantelle Day y su pareja, la británica Vickie Bodden Bush, que habían presentado una denuncia en abril de 2018 por habérseles denegado en el Registro Civil la posibilidad de contraer matrimonio. El presidente del Alto Tribunal, el juez Anthony Smellie, resolvió que Chantelle y Vickie tenían razón y que la denegación del permiso de matrimonio por ser una pareja del mismo sexo era contraria a la Constitución de las Islas Caimán.

El juez Smellie también ordenó en su sentencia que el Gobierno reformase el artículo de la Ley de Matrimonio que definía la institución como «la unión entre un hombre y una mujer» para que quedase calificado como «la unión de dos personas como cónyuges». Sin embargo, el Gobierno decidió apelar la decisión del Alto Tribunal y presentó el correspondiente recurso en el mes de agosto.

Tras estudiar el recurso y dar audiencia a las partes, el Tribunal de Apelaciones ha resuelto a favor del Gobierno y ha anulado la sentencia del Alto Tribunal, al considerar que la legislación sobre el matrimonio sí se ajustaba a la Constitución de las Islas Caimán. Sin embargo, también ha ordenado al Gobierno que otorgue a Chantelle Day y Vickie Bodden Bush los mismos derechos que a una pareja legalmente casada. Asimismo, insta a que se cree con la mayor celeridad una figura legal que otorgue a las parejas del mismo sexo derechos semejantes a los del matrimonio, como podría ser una ley de uniones civiles.

El Tribunal de Apelaciones también ha solicitado a las autoridades del Reino Unido que vigilen que el Gobierno caimanés articule la citada legislación y, en caso de no hacerlo, que legisle al respecto, al hacer constar que el Gobierno no había cumplido la orden dictada anteriormente por el Alto Tribunal. Sin embargo, no fija un plazo determinado para que intervengan las autoridades británicas.

El abogado de las demandantes, Ben Tonner, ha declarado que ambas están estudiando qué pasos van a seguir desde ahora, aunque «son conscientes de que la sección 26(3) de la Carta de Derechos les da el derecho de apelar ante el Comité Judicial del Consejo Privado sobre el asunto del matrimonio». Se trata de la más alta instancia de apelación para los ciudadanos del Reino Unido y de sus territorios.

El matrimonio igualitario en Reino Unido, sus dependencias y territorios

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto. La situación es la siguiente (entre paréntesis, la entrada en vigor de la correspondiente legislación):

En las tres dependencias de la Corona:

• La isla de Man (2016), Guernsey (2017) y Jersey (pendiente de sanción real) cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
• El Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, dos dependencias: en Alderney las parejas del mismo sexo puede casarse desde el 13 de diciembre de 2017, mientras que en Sark aún no se ha legislado al respecto, pero sus responsables políticos se han comprometido a hacerlo próximamente.

En los 14 territorios de ultramar:

• El matrimonio igualitario está aprobado en las islas Pitcairn (2015); el Territorio Antártico Británico (2016); la base de Acrotiri y Dekhelia (2014); Gibraltar (2016); el Territorio Británico del Océano Índico (2014); las islas Malvinas (2017); Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur (2014); y el territorio que conforman la isla de Santa Elena, la isla Ascensión y Tristán de Acuña (2017) y Bermudas (2018).
• No es legal en Anguila (aunque sí se reconocen los matrimonios celebrados en circunscripciones donde está permitido), las islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Montserrat y el territorio conformado por las islas Turcas y Caicos.

En el propio Reino Unido en sí:

• Existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales (2014) y Escocia (2014).
• En febrero del 2020 entrará en vigor en Irlanda del Norte, después de que la Cámara de los Comunes aprobase una legislación que establecía que, de no formarse Gobierno en Irlanda del Norte antes del 21 de octubre, el ejecutivo británico debería aprobar de inmediato el matrimonio entre personas del mismo sexo en ese territorio.

Fuente Dosmanzanas

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Se da la curiosa circunstancia de que RTVE, Mediaset y Atresmedia han rechazado pujar por la emisión del campeonato celebrado en el país cuyo Gobierno ha calificado recientemente la homosexualidad, el feminismo y el ateísmo como «extremistas». Amnistía Internacional ha realizado un llamamiento para presionar al reino saudí a instaurar reformas aperturistas reales. La asociación Deporte y Diversidad, por su parte, rechaza que la Real Federación Española de Fútbol sitúe los intereses económicos por encima de los derechos humanos.

Los tres partidos en los que se divide por primera vez la Supercopa, dos semifinales y una final, se celebrarán por primera vez fuera del territorio español para seguir internacionalizando la fama de una de las que está considerada una de las mejores ligas de fútbol del mundo. El nuevo formato responde a un interés comercial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ya que antes la Supercopa la disputaban el ganador de la Liga contra el ganador de la Copa del Rey.

Un movimiento que, según recoge Marca, también corresponde a un intento de contribuir a un proceso del reino saudí de limpieza de imagen exterior, «trasladando al mundo un mensaje de apertura y cambio en su sociedad». Algo que no parece ser la realidad del rico país petrolero. Desde el Gobierno saudí se ha lanzado recientemente un vídeo en el que califica la homosexualidad y el feminismo como «extremistas» y los compara con una bomba. Un vídeo que las autoridades se han afanado en retirar tras comprobar la respuesta internacional. Sin embargo, Arabia Saudí ya ha quedado retratada ante el mundo, y no se libra de su imagen retrógrada ni con su última medida referente a este partido: que las mujeres puedan entrar al estadio sin restricciones.

En este sentido, Amnistía Internacional ha alertado que dicho vídeo «contradice claramente la falsa imagen reformista del reino de la que sigue haciendo alarde en el ámbito internacional el príncipe heredero Mohammed bin Salman». Y anima a los aliados del régimen saudí, entre los que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido y los países de la Unión Europea (entre ellos España) a «presionar al reino saudí y subrayar la necesidad urgente de proteger la libertad de expresión en el país, comenzando con la excarcelación de las personas que defienden los derechos humanos y que están en prisión, y de todas las personas privadas de libertad por la expresión pacífica de sus ideas». Algo que choca claramente con el acuerdo de la RFEF.

En el contexto de la polémica, RTVE ha rechazado pujar por la emisión de este partido. Algo que el ente justifica por razones humanitarias, aunque según Europa Press las razones económicas también habrían pesado (no hay que olvidar que RTVE pasa por un delicado estado global, enfrentada a una situación económica que no alcanza el equilibrio y a una importante crisis de audiencia). Los dos grupos generalistas privados, Mediaset y Atresmedia, también han declinado pujar por emitir el evento deportivo.

Con todo esto, la respuesta de la RFEF es que la celebración de este campeonato puede ayudar a crear un espacio para la mejora de la situación de las personas en Arabia Saudí. «Teníamos el reto de ayudar a que los niños y las niñas de Arabia Saudí pudieran mejorar por medio del deporte (…) Creemos en el fútbol como herramienta social y de cambio y aceptamos el reto de transformación que hay en Arabia Saudí con una Supercopa que sin duda va a ser la más emocionante de la historia», ha señalado el presidente de la RFEF, Luis Rubiales. Es necesario también señalar que los equipos llamados a participar en este evento no han mostrado su disconformidad ante la elección del país dictatorial para la celebración del campeonato. Se trata del campeón de liga (F.C. Barcelona), el campeón de la Copa del Rey (Valencia C.F.), y los nuevos añadidos a este sistema, el segundo y tercer clasificados de la liga (Atlético de Madrid y Real Madrid).

Deporte y Diversidad reclama a la RFEF y a los clubes romper el acuerdo

Por su parte, la asociación Deporte y Diversidad, que agrupa a varios clubes deportivos LGTBI de la Comunidad de Madrid, ha expresado su rechazo a la decisión debido a la situación de la comunidad LGTBI en Arabia Saudí. «El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, afirmó en la cadena SER que la posibilidad de que las mujeres accedan a los estadios ‘está en el acuerdo’. En sus declaraciones explicó que podían ‘haberlo hecho en otro país y darle la espalda a las mujeres y hombres que viven allí, o participar activamente para hacer ver que una sociedad puede transformarse’. El señor Rubiales ha olvidado en esta especie de justificación a las personas LGTBI, que son condenadas a muerte en este país solo por ser cómo son», ha denunciado su presidente, David Guerrero. Deporte y Diversidad reclama tanto a la RFEF como a los clubes participantes que rompan el acuerdo. «El deporte no debe utilizarse para blanquear la imagen de un país que no garantiza los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI», expresa en su comunicado.

La asociación de deportistas LGTBI señala que decisiones como esta de la RFEF son las que dan pie a la ausencia de referentes LGTBI en el fútbol profesional masculino. «Además de enfrentarse a los insultos de las gradas o el aislamiento de ciertos patrocinadores, un futbolista gay que quisiera vivir en libertad vería además su vida en peligro al participar en la Supercopa o en el próximo Mundial de Qatar», ha señalado Guerrero. Deporte y Diversidad, además, recuerda que en mayo de 2017 la UEFA, cuya vicepresidencia ostenta actualmente el propio Luis Rubiales, incluyó la obligatoriedad de respetar y proteger los Derechos Humanos en un capítulo específico de los requisitos que deben certificar aquellos países interesados en organizar las finales de competiciones de clubes de la UEFA desde 2020 en adelante.

Una régimen hasta ahora implacable con el colectivo LGTBI

Hay que tener en cuenta que, en Arabia Saudí, una monarquía absoluta y teocrática, no existe un Código Penal propiamente dicho, sino que la justicia se aplica en base a la interpretación que los jueces islámicos hacen de la sharía, que puede variar enormemente (entre otros factores, según la clase social y la nacionalidad del «culpable»: normalmente los castigos son mucho más duros para trabajadores inmigrantes de origen no occidental que para los miembros de las clases altas del país).

Por lo que se refiere a la esfera LGTBI, las penas más elevadas, incluyendo la muerte —pero también la cárcel o castigos físicos, como los latigazos públicos— corresponden al mantenimiento de relaciones homosexuales. En caso de reincidencia la pena de muerte es aún más probable. Otro tipo de «ofensas» son castigadas de modo diverso.

Nos hemos hecho eco de algunos casos: en marzo de 2017, por ejemplo, informábamos de la detención de 35 ciudadanos paquistaníes por participar en una «fiesta para homosexuales». También dimos cuenta de la tortura y asesinado de dos mujeres transexuales por parte de la Policía de la Moral. En noviembre de 2014, recogíamos cómo un hombre era condenado a tres años de cárcel por publicar en redes sociales fotografías de sí mismo desnudo y su ofrecimiento para mantener relaciones con otros hombres. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. En junio de 2013, cinco hombres eran detenidos por participar supuestamente en una boda homosexual. En enero de 2012, en otro caso parecido, un hombre era arrestado por usar Facebook para establecer contacto. En octubre de 2011 eran detenidos 20 hombres durante una celebración. Un año antes era un ciudadano británico el que resultaba agredido y amenazado por la policía religiosa por su condición de gay.

Más allá de las condenas y arrestos, también nos hemos hecho eco de iniciativas que muestran la homofobia de estado en el país saudí: desde la intención de las autoridades de expulsar del sistema educativo a homosexuales y chicas de aspecto masculino hasta la oposición del gobierno al uso del dominio .gay en Internet, o, aún más grave, la iniciativa para castigar con la pena de muerte a quienes hagan pública su orientación sexual en redes sociales y medios.

Fuente Dosmanzanas

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