23 han sido asesinadas. El Movilh exigió hoy la plena igualdad de derechos para las mujeres diversas, así como la visibilidad de las mismas en una nueva Constitución.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) informó hoy que desde el año 2002 a la fecha 1.370 mujeres han denunciado discriminación y violencia en razón de su orientación sexual o identidad de género de Chile, al tiempo que llamó a incluir la realidad del sector en una nueva Constitución.

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, precisó que de los 1370 atropellos contra mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales y trans, 23 corresponden a asesinatos, lo cual “refleja una doble vulnerabilidad que poco y nada es abordada y enfrentada por el Estado, pese a que Chile firmó ante la Comisión Interamericana de DDHH (INDH) un Acuerdo de Solución Amistosa para erradicar y prevenir este tipo de violencia”.

“Uno de los aspectos más graves es que solo el 8% de las mujeres diversas se atreve a denunciar los abusos, por tanto, los 1.370 casos conocidos solo dan cuenta de un pequeña parte de esta realidad. El temor para reportar los atropellos, demuestra la necesidad de implementar políticas públicas focalizadas para las mujeres diversas”, añadió Andrade.

El Movilh consideró además que “estando nuestro país a pasos de un plebiscito donde sin duda ganará la opción favorable a nueva Constitución, resulta del todo pertinente que todas las fuerzas sociales y políticas se comprometan para que la Carta Magna visibilice e incorpore de manera explícita la plena igualdad de derechos para las  mujeres con orientaciones sexuales,  identidades o expresiones  de género diversas”.

“Por todos estos motivos llamamos a hoy a las mujeres a marchas unidas por la dignidad de todas y todes, sin discriminación d ningún tipo”, finalizó Andrade

De acuerdo a la Encuesta Visibles, aplicada por el Movilh a fines 2019 a 2.146 mujeres lesbianas, bi, trans y pansexuales, el 77% de este grupo humano ha sido discriminado, mientras que el 47% se dañó a sí misma producto de la lesbofobia. Además el 67% oculta siempre o veces su orientación sexual por temor a ser agredida, el 4% fue violada y el 12% intentó suicidarse a raíz de la presión social. De quienes se infligieron algún tipo de daño, el 45% lo hizo antes de los 14 años.

Fuente MOVILH

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Ona, nombre ficticio,

Ona, una niña trans de ocho años, podrá competir junto a sus compañeras después de que la Federación Catalana de Natación le haya habilitado su ficha federativa en la categoría que corresponde a su identidad sentida. Cinco meses después que su familia lo solicitase, ha tenido que ser la Generalitat de Cataluña la que, dando cumplimiento a lo que recoge el artículo 14 de la ley catalana contra la LGTBIfobia, haya conseguido que Ona (nombre ficticio) pueda competir como la niña que es. Un ejemplo más de la necesidad de un marco legislativo que blinde los derechos de las personas trans (y muy singularmente las menores de edad) en todos los ámbitos de la vida y no permita, como sucede en este caso, que se vean sometidas a decisiones arbitrarias. 

Ona (nombre ficticio) tiene ocho años, y todavía no ha podido ver reconocida legalmente su identidad de género. La ley española ha quedado atrasada en esta materia, al no permitir a los menores acogerse a este derecho a no ser que lo peleen en los tribunales y tengan suerte con el juez que les toque. Una circunstancia que hasta el propio Tribunal Constitucional ha declarado ya inconstitucional (con matices) pero que sigue sin actualizarse debido a la parálisis legislativa estatal en materia LGTBI de la última década. Es por eso que la Federación Catalana de Natación se negaba a emitir su fecha federativa como niña, a pesar de la ilusión de Ona por ese deporte y el apoyo incondicional de su familia. En la actualidad, como han denunciado colectivos como la FELGTB, la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI o Deporte y Diversidad con motivo de la reciente celebración del Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte, «el derecho de la infancia y adolescencia trans a acceder libremente a la práctica deportiva depende de la voluntad de las federaciones deportivas que deciden arbitrariamente si una persona puede competir o no en la categoría correspondiente a su género».

Finalmente, y después de que la Secretaría de Igualdad de la Generalitat de Cataluña mediase, Ona ha visto cumplidos sus deseos. La solución adoptada implica que la Federación Catalana de Natación tomará los datos de la tarjeta sanitaria de la niña, que de acuerdo a la legislación autonómica catalana sí contempla el cambio de nombre, y no de su DNI. La Generalitat da así cumplimiento a lo que recoge el artículo 14 de la ley catalana contra la LGTBIfobia, que entre otros puntos obliga a las administraciones públicas catalanas a garantizar «junto con las federaciones deportivas, la libre participación de las personas LGBTI en las competiciones y el trato correcto de estas personas en las instalaciones deportivas».

Una decisión que ha sido bienvenida por los colectivos LGTBI, si bien la presidenta de Chrysallis Catalunya, Ana Valenzuela, ha insistido en que no solo se trata «de que se aprueben medidas excepcionales para casos concretos como este», sino que se respete el derecho de todas las personas trans que participan en competiciones deportivas. «Para ello, es importante que el gobierno de España apruebe de forma urgente una ley estatal contra la discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género. Esa ley debe contener el derecho de deportistas trans a participar libremente en la categoría según su identidad sentida y sin aportar ninguna documentación médica», han expresado en una nota de prensa conjunta Chrysallis Cataluña, la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI y Deporte y Diversidad. Mientras llega esa ley estatal, el presidente de Deporte y Diversidad, David Guerrero, ha asegurado que «seguiremos exigiendo a los gobiernos autonómicos con leyes específicas LGTBI que aprueben reglamentos y normativas que garanticen los derechos de las personas trans».

Estas organizaciones han recordado además que ya existe un precedente en Castilla y León, comunidad en la que paradójicamente no hay vigente una ley trans, y en la cual el Tribunal Administrativo del Deporte (dependiente del Consejo Superior de Deportes) ha ordenado a una federación la expedición de una ficha federativa en categoría de sexo sentido a una persona trans.

Fuente Dosmanzanas

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El Partido Popular Europeo (PPE) ha abandonado el modelo de familia tradicional y «ha caído en los brazos de la ideología de género». Es lo que ha expresado en una carta Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría desde 2010 al frente de Fidesz. La formación, a la que el mandatario ha empujado a la extrema derecha, sigue vinculada al PPE, aunque su afiliación se encuentra parcialmente suspendida desde hace un año. Una situación que podría terminar si el Fidesz se desmarca de los populares y cambia de grupo político, como ha amagado con hacer. La Hungría de Orbán ha experimentado un auge del discurso de odio LGTBfobo, en el marco de graves agresiones a los principios básicos de la democracia liberal que han sido condenadas por la Unión Europea.

El pasado 3 de febrero, los populares europeos decidieron prolongar indefinidamente la suspensión de Fidesz. El partido húngaro, que bajo el mandato de Viktor Orbán ha transitado desde el centroderecha hasta la extrema derecha, estaba parcialmente suspendido parcialmente desde marzo de 2019. La medida se traduce en que los miembros de Fidesz no pueden participar en las asambleas del PPE ni postularse para sus cargos, aunque siguen formando parte del grupo popular en el Parlamento Europeo.

La prolongación de la suspensión ha provocado la reacción de Orbán. El primer ministro ha enviado un memorándum en el que ataca duramente lo que él percibe como tibieza ideológica de sus correligionarios. El líder de Fidesz pide un claro giro a la derecha y a los «valores cristianos» en varios asuntos, entre los que la equiparación de derechos de la comunidad LGTBI ocupa un lugar destacado.

En su carta, Orbán reclama un regreso del PPE a los valores «de inspiración cristiana» y en particular al «modelo cristiano de familia y el matrimonio de un hombre y una mujer». El primer ministro húngaro achaca la pérdida de poder de los populares europeos en los últimos años a una supuesta claudicación ante «teorías sociales socialistas e igualitarias». «Renunciamos al modelo de familia basado en el matrimonio de una mujer y un hombre y caímos en los brazos de la ideología de género», se lamenta Orbán.

La contundencia de la carta contra sus aún compañeros son un indicio de una posible salida del PPE, con la que el propio líder del Fidesz ha amagado varias veces. La formación, más cercana a la extrema derecha polaca de Ley y Justicia (PiS), podría unirse a ellos en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). En materia LGTBI, ambos partidos defienden un discurso hostil muy similar.

Hungría, junto a Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTBI

Hungría fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista de Fidesz conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El primer ministro Orbán, en el pasado considerado un «paria» político, representa hoy en día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

El discurso de Fidesz en materia LGTBI no es menos hostil. En mayo del año pasado, el presidente del Parlamento László Kövér equiparaba el «comportamiento de un pedófilo» con quienes reivindican el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ya que en su opinión, «el niño es en ambos casos un objeto». El amparo político a estos discursos de odio animaba pocos meses después a la marca internacional de HazteOír a movilizarse contra una campaña pro-LGTB de Coca-Cola. La multinacional finalmente fue multada por violar la ley sobre publicidad que prohíbe la exhibición de contenidos que perjudiquen el desarrollo físico, mental, emocional o moral de niños o adolescentes.

Tanto Hungría como Polonia se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTBI en Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez: en diciembre del año 2018, se aliaron de nuevo para impedir la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la UE favorable a los derechos LGTB. Entonces, al menos, hubo por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia (el partido gobernante en Polonia) ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Dosmanzanas

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Más de cien municipios, además de varios condados y regiones que cubren en conjunto una tercera parte de la superficie de Polonia, han sido declarados «zonas libres de ideología LGTB». La iniciativa se ha extendido principalmente por el sudeste del país con el apoyo de la extrema derecha de Ley y Justicia (PiS), en el Gobierno desde 2015. El Parlamento Europeo ha condenado rotundamente la medida, de carácter principalmente simbólico pero con una profunda carga de odio LGTBfobo y estigmatización.

Hace ahora un año, el alcalde de Varsovia Rafał Trzaskowski firmaba una declaración de apoyo a la comunidad LGTBI y de lucha contra la discriminación. Fue de la primera de este tipo que se aprueba en Polonia y preveía medidas para proteger a la población LGTBI frente a las agresiones y fomentar su inclusión, también mediante la introducción de contenidos sobre diversidad afectivo-sexual y de género en las escuelas. Este fue, precisamente, el punto que provocó una reacción más furibunda de la derecha reaccionaria, que acabó cristalizando en la proliferación de las infames «zonas libres de ideología LGTB».

El líder del gobernante PiS y ex primer ministro Jarosław Kaczyński fue uno de los primeros en aprovechar la iniciativa de Trzaskowski para echar gasolina a la LGTBfobia. El político de extrema derecha calificó los derechos LGTBI de un «ataque a la familia y a los niños» que amenaza los valores tradicionales polacos. Sus palabras encendieron una mecha que se extendió entre los medios y el establishment ultraconservador. Una de las primeras consecuencias de este repunte de la hostilidad LGTBfoba fue la detención de la activista Elżbieta Podleśna bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado.

Otro de los efectos de esta oleada de odio ha sido la declaración de las «zonas libres de ideología LGTB» desde marzo de 2019. La iniciativa LGTBfoba tiene un carácter principalmente simbólico, pero conlleva una indudable carga de hostilidad y estigmatización de la comunidad. La activista Olga Kaczorek califica las mociones como «una declaración que dice que un tipo específico de personas no son bienvenidas». Para agosto de 2019, se habían aprobado unas 30 zonas, incluyendo las regiones de Pequeña Polonia, Subcarpacia, Świętokrzyskie y Lublin, en el sudeste del país.

Poco antes, el semanario ultraderechista Gazeta Polska obsequiaba a sus lectores con una pegatina de promoción de la iniciativa LGTBfoba. Se trataba de un adhesivo con una bandera arcoíris tachada con una X negra acompañada de la denominación en polaco «Strefa wolna od LGBT» («Zona libre de LGTB»). Gazeta Polska, además, es una de las principales publicaciones periódicas del país. La iniciativa provocó una cascada de críticas y un tribunal acabó paralizando cautelarmente la distribución de las pegatinas, aunque el semanario volvió a distribuirlas cambiando el mensaje a «zona libre de ideología LGTB».

La medida de odio LGTBfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena de las «zonas libres de ideología LGTB». En enero, el activista Bart Staszewski inició una campaña para visualizar el estigma de esta iniciativa posando con signos en varios idiomas junto a las señales de entrada a las localidades adheridas a la iniciativa LGTBfoba (ver imagen, a la izquierda). A fecha de hoy, las jurisdicciones declaradas «zonas libres de ideología LGTB» abarcan un tercio de la superficie total de Polonia e incluyen cerca de cien municipios, al menos dieciocho condados y cinco regiones (a las cuatro iniciales se les unió Łódź).

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El Tribunal Constitucional de Croacia ha sentenciado que excluir a las parejas del mismo sexo de la acogida de menores es «inaceptable». El fallo es la respuesta a la demanda de una pareja de hombres que llevan desde 2017 intentando ser padres de acogida. La legislación no hace referencia a las parejas unidas civilmente, una omisión en la que se basaba la administración para negarles esta posibilidad. Croacia sigue sin reconocer el matrimonio igualitario (prohibido a nivel constitucional) ni la adopción conjunta homoparental.

La lucha legal y administrativa de Ivo Šegota y Mladen Kožić por convertirse en padres de acogida comenzó en 2017. La pareja, unida civilmente, consiguió su certificado de idoneidad para acoger tras una completa evaluación de su historial. El Centro de Bienestar Social, sin embargo, rechazó su solicitud bajo el pretexto de que la legislación sobre acogida limita esta posibilidad a matrimonios (heterosexuales), parejas no casadas o personas solteras, pero no menciona expresamente a las parejas unidas civilmente.

Šegota y Kožić recurrieron entonces a la justicia, y el pasado diciembre consiguieron su primera victoria. El Tribunal Administrativo de Zagreb anuló, en una sentencia firme, las decisiones administrativas contrarias a la acogida por parte de la pareja. Se basó para ello en la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe implícitamente la discriminación basada en la orientación sexual. Sorprendentemente, el Centro de Bienestar Social ignoró el fallo y denegó una vez más la concesión de la acogida.

El caso pasó al Tribunal Constitucional, la máxima instancia judicial del país. En una sentencia emitida el pasado 7 de febrero, los jueces del alto tribunal dictaminaron que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la igualdad de trato en el acceso a la acogida de menores. El fallo establece que la legislación vigente «produce consecuencias discriminatorias contra las personas del mismo sexo que viven en pareja de manera registrada o informal, lo cual es constitucionalmente inaceptable».

La sentencia no deroga la ley en vigor, pero fija que su aplicación no puede excluir a las parejas del mismo sexo. El fallo fue suscrito por nueve magistrados, frente a cuatro que se opusieron. De ellos, dos abogaban por ir más lejos y reformar la norma sobre acogida, mientras que los otros dos negaban la mayor al no admitir que la legislación discrimine a las parejas del mismo sexo.

Croacia: pasos adelante, pasos atrás

De los países balcánicos, Croacia es uno de los que más pasos ha dado en favor de los derechos LGTB, pero no sin traumas. En el año 2014 el Parlamento croata aprobaba una ley de uniones entre personas del mismo sexo después, eso sí, de que mediante la celebración de un referéndum se oficializase la discriminación de estas parejas en la Constitución en su acceso al matrimonio.

Un referéndum al que en su momento se opuso tanto el entonces presidente del país, Ivo Josipović, un importante aliado del colectivo LGTB, como el Gobierno croata, entonces en manos socialdemócratas. Pero no conviene olvidar que Croacia es un país en el que la Iglesia católica, que hizo campaña activa en favor de la discriminación, conserva todavía una importante influencia social. Así lo ha demostrado, por ejemplo, apoyando manifestaciones contra el Convenio de Estambul contra la violencia de género por temor a que sirva para favorecer derechos LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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El 53,1 por ciento de los trabajadores madrileños afirma haber sido testigo de discriminaciones a personas LGTBI en su entorno laboral y el 89,9 por ciento no conoce denuncias por esta causa, según una encuesta que ha llevado a cabo UGT y que ha presentado este viernes.

La secretaria de Igualdad y Movimientos Ciudadanos de UGT, Ana Sánchez de la Coba, ha explicado en rueda de prensa que los resultados han sido extraídos de una muestra de 750 delegados de distintos centros de trabajo y áreas de actividad de la Comunidad de Madrid.

Así, ha aclarado que las conclusiones se han extraído teniendo en cuenta las garantías legales que existen en el país en materia de igualdad y con el objetivo de “obtener una radiografía de cuál es la realidad que vive este colectivo”.

En cuanto al tipo de discriminación, el estudio desprende que la forma más común viene siempre dada por el chiste y por la burla. En este sentido, De la Coba ha deslizado que esta se trata de una “constante muy normalizada en nuestro país”. En segundo lugar, con un 17 por ciento de las respuestas, se recoge el insulto al que le sigue el acoso moral con el 11,6 por ciento.

Sobre los sujetos responsables de estos “delitos”, según ha subrayado la secretaria de Igualdad del sindicato, en un 70 por ciento de los casos se encuentran los propios compañeros de trabajo, mientras que en un 10,4 por ciento el insulto lo reciben los jefes o personas que se encuentran por encima de la escala jerárquica y el 6 por ciento lo llevan a cabo clientes y proveedores.

A estos datos habría que sumarles las denuncias que se han hecho efectivas, punto “alarmante” para UGT. Un 48 por ciento de los delegados expresa que no ha habido ninguna denuncias; un 3,2 afirma conocer de 1 a 5 denuncias y un 0,1 más de cinco denuncias. Asimismo, casi el 89,9 por ciento asegura que jamás les ha llegado ningún compañero para hacer una denuncia efectiva.

Por otra parte, la encuesta también revela que un 14 por ciento de los encuestados han recibido consultas sobre los derechos de estas personas en la legislación laboral. En concreto, el 24 por ciento han sido preguntados por derechos de privacidad e identidad, “teniendo en cuenta que muchos de ellos ocultan su identidad sexual para evitar el rechazo”.

De la Coba ha remarcado que, en primer lugar, debe darse cumplimiento a la normativa, pero reconociendo previamente que existe una problemática. Para ello, ha aseverado que en este punto deben llevarse a cabo campañas de “sensibilización y normalización” que “garanticen el derecho a tener que tener una vida digna sin tener que dar explicaciones de ningún motivo”.

Además, ha remarcado la necesidad de que las empresas implanten una declaración firmada que garantice que se va a trabajar para conseguir la tolerancia e incluir dentro de los convenios colectivos protocolos con “sanciones a acometer” porque “cuanto menos se visibiliza un problema, más se estigmatiza”.

“En este país somos expertos en incumplir leyes“, ha subrayado. Además, ha señalado que los protocolos son “obligatorios por la ley de igualdad” y que el 49 por ciento de los delegados no sabe si su empresa cuenta o no con un protocolo.

Una vez reconocido el problema, el sindicato ha señalado que, “con toda la intimidad del mundo”, se debe convocar al propio comité para que sea consciente, “llamar al agresor” y ver qué se puede hacer de manera informal. Si esta vía no fuera efectiva, el sindicato señala la denuncia en la Inspección de Trabajo como la solución.

Por último, se ha referido a las personas trans para poner sobre la mesa que el 90 por ciento de este colectivo se encuentra en paro y que, en muchas ocasiones, “tienen que dedicarse a otras acciones, incluso la prostitución”.

En esta clave, ha avanzado que este viernes UGT se va a reunir con la oficina de empleo para personas transexuales de la Comunidad de Madrid y ha insistido que “hay que trabajar en la inclusión al diferente”.

Fuente Agencias

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La formación ultraconservadora fue expulsada por la Policía Local de las inmediaciones de un colegio en Leganés donde pretendía asustar a los padres con informaciones erróneas sobre los contenidos de diversidad sexual y de género que pueden ser impartidos a sus hijos.

La ultraderecha crecida en el terreno político redobla sus esfuerzos por trasladar su batalla ideológica a los centros escolares con el foco puesto en los menores. Si Vox hace valer su poder nacional y autonómico para imponer sus exigencias a los gobiernos que se mantienen gracias a sus votos (o abstenciones), HazteOír se encarga de caldear el ambiente en los centros educativos y redes sociales.

Tras un inicio de curso en el que HazteOír llevó a cabo un envío masivo de material homófobo y con ataques y mentiras sobre la diversidad sexual y de género, acompañado de formularios del mal llamado «PIN parental» dirigido a centros educativos y AMPAS, ahora la estrategia de la asociación se traslada a la calle y a las redes sociales. En una agenda perfectamente orquestada, HazteOír publicita sus ataques a la libertad de cátedra de los centros escolares en medios impresos conservadores exigiendo que los padres puedan vetar que sus hijos participen en actividades educativas de los mismos y poniendo a su disposición un servicio de WhatsApp para asesorar contra lo que ellos llaman el «adoctrinamiento de género». Una batalla que también han comenzado a llevar a las puertas de los centros educativos. Este ha sido el caso de la concentración a las puertas del colegio público Miguel Hernández de Leganés. Un acto en el que los ultraconservadores pretendían montar una mesa y repartir entre los padres formularios para aplicar el veto parental.

El acto, sin embargo, no fue permitido por la Policía Local, ya que la ordenanza municipal impide el reparto de publicidad en la vía pública sin una autorización previa que nunca recibieron en la formación ultra. Las siete personas que formaban la comitiva tuvieron que conformarse con exhibir carteles a favor del veto y repartir algún formulario aislado. Un formulario que algunos padres rompieron frente a ellos y que, de momento, carece de legalidad alguna en la Comunidad de Madrid, ya que por el momento la medida estrella de la ultraderecha solo está implantada en la Región de Murcia y vagamente planteada en el acuerdo presupuestario entre PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía. Medida que contradice a las leyes LGTBI de ambas comunidades, a lo expresado en los apartados de las actividades complementarias en la LOMCE y a las instancias europeas de educación en valores.

Una polémica, la del veto parental, que no más que otro intento de colocar en el centro del debate político y mediático un conflicto que las cifras se encargan de calificar como inexistente. Las denuncias y quejas presentadas pertenecen a miembros de HazteOír y un número residual de padres. De hecho, en la Región de Murcia, única comunidad autónoma en la que está vigente el veto parental, no existía hasta enero ni un solo caso de denuncia o queja por parte de los progenitores. Sin embargo HazteOír ya se encargó de felicitar al Gobierno regional por la implantación de la censura parental que desde hce años venía siendo demandada por los sectores más reaccionarios de la sociedad murciana, representados por ejemplo por el presidente de la Universidad Católica San Antonio, José Luis Mendoza.

Es conveniente recordar que la plataforma de ultraderecha HazteOír es una institución a la que el Ministerio del Interior retiró recientemente su estatus de utilidad pública tras su discurso de odio contra menores trans. Un estatus que, a su vez, había sido concedido por el Gobierno del Partido Popular en 2013.

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[Noticia en progresión]

Por Mariana Leder Kremer

 Hospital Santojanni.

Un joven VIH+ que debía ser operado como consecuencia de un accidente denunció públicamente que personal médico del Hospital Santojanni de la Ciudad de Buenos Aires le negó atención el jueves 6 de febrero. El joven -cuya identidad es resguardada para respetar su confidencialidad- relató que al entrar al quirófano, los anestesistas y el médico de traumatología se negaron a atenderlo, cuando ya se había realizado los exámenes prequirúrgicos y había informado su serología. Desde la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (Rajap) repudiaron el acto de discriminación mediante un comunicado. Esta tarde habrá una reunión de la Rajap con el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI) para abordar el tema.  Hasta el momento, el Hospital Santojanni no brindó una respuesta oficial ni respondió reiterados llamados de Presentes para conocer la situación.

“Desde la red ya nos comunicamos con el Frente Nacional por la salud de las personas con VIH, donde hay más de 60 organizaciones. Estamos pendientes de lo que diga la familia de nuestro par y de su propia voluntad. Nuestra idea es movilizar al hospital para exigir una respuesta”, cuenta Emir Franco, coordinador nacional de la Rajap.

«El paciente tiene fecha de cirugía. Y se han activado los mecanismos para revisar la totalidad de las acciones que llevaron al reclamo», informaron esta tarde fuentes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Discriminación y violación de confidencialidad

“Que ya ingresando al quirófano y cuando estaban por anestesiarlo, le digan que no iban a continuar con el procedimiento, cuando él ya había informado su serología previamente, y que además de haberlo criticado y juzgado, hayan expuesto públicamente su privacidad, diciendo no lo vamos a operar porque tiene VIH, en una sala de espera donde estaban sus familiares y otros pacientes, fue una violación del derecho a la confidencialidad de su diagnóstico», dice el coordinador de Rajap.

Franco agrega que se trata del primer caso de discriminación del Hospital Santojanni del que tengan conocimiento desde la red. Quieren contactarse con el establecimiento de salud para saber qué medidas van a tomar, pero hasta el momento no lograron comunicarse. Franco cuenta que la madre del joven pudo hablar con Sergio Maulen, actual director de la Dirección Nacional de Sida, ETS, Hepatitis y TBC, quien le informó que el protocolo que los profesionales del Santojanni alegaron tener que utilizar ante una persona que vive con el virus, se encuentra obsoleto.

“No contamos con los trajes especiales para atender a personas con VIH”, fue -según la denuncia- el argumento de Guido Flores Flores, el traumatólogo que se negó a cumplir con sus obligaciones, junto a los anestesistas. La madre del paciente les explicó que hay un montón de personas que no conocen su estado serológico o que no lo dicen, y que las medidas de seguridad deben ser iguales para todos. “No obstante los profesionales decidieron cancelar la cirugía”, cuenta Franco. Y agrega que desde la dirección del hospital se acercaron a la familia para decirles que el protocolo de la vestimenta estaba vigente y que el hospital no contaba con los recursos necesarios. Tampoco importó la intervención del jefe de Infectología, quien se acercó para explicar que el paciente contaba con un sistema inmunológico fuerte, que además es indetectable (y por ende intransmisible) y que había que realizar la operación.

“La bioseguridad es la misma” 

Ante lo sucedido, el Presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), José María Di Bello, expresó: “La situación es realmente inaceptable, la bioseguridad es la misma tanto para personas con VIH como para cualquier persona, en un quirófano o en cualquier atención médica. Estamos hablando de cuestiones básicas que datan de mucho tiempo atrás. Es absolutamente inaceptable y merece todo el repudio. Además habla de la falta de formación de estos profesionales, que si no saben no pueden seguir atendiendo, al menos momentáneamente”.

Admitió que este tipo de situaciones ocurren con frecuencia tanto en la salud pública como en la privada. “Desde la política pública debemos profundizar en formación, capacitación y sensibilización a todos los profesionales de la salud y a las personas que trabajan a nivel administrativo en los hospitales, porque ahí también se producen situaciones de discriminación”.

La barrera fundamentalista que falta romper

Respecto a las formaciones y capacitaciones, Mariana Iácono, Referente nacional de la Comunidad Argentina de mujeres con VIH (ICW Argentina) y co-fundadora de Rajap, opinó: “Hay algo que tiene más que ver con la moral de la cabeza de la gente y sus pre conceptos que no se soluciona sólo con educación o mayor información y cursos de capacitación. Hay un montón de guías sobre VIH de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Organización Panamericana de la Salud de las Naciones Unidas, guías actualizadas del Ministerio de Salud, pero llega un cirujano y dice que no va a operar porque no tiene un traje, siendo que la persona está indetectable, sin riesgos, entonces me parece que pasa más por una barrera fundamentalista que no se logra romper”.

“Las personas con VIH sufrimos discriminación en salud”

Matías Muñoz, abogado y presidente de la Asociación Ciclo Positivo, reflexionó: “Lo que sucedió no es algo nuevo ni es un hecho aislado, las personas con VIH sufrimos constantemente la discriminación de los distintos servicios de salud: odontología, ginecología, en este caso traumatología. Creemos que el foco se tiene que poner en las normas de bioseguridad que son para todos y todas por igual. Instamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que derogue toda normativa anticuada y obsoleta que lo único que hace es favorecer o facilitar estos hechos discriminatorios”, expresó. Resaltó la importancia de la unión entre organizaciones para estos casos y que desde la asociación están acompañando a la familia del compañero.

Esta semana la Rajap denunció otro caso de discriminación: la denuncia de una madre que llevó a su hijo de 11 años al hospital Vicente López y Planes, de General Rodríguez (provincia de Buenos Aires). Después de sufrir maltrato en la sala de guardia, la mujer decidió ir al Hospital Garrahan donde le brindaron a su hijo la atención adecuada.

Emir Franco dice que a raíz de la difusión del comunicado sobre el hospital Santojanni ya recibieron varios mensajes y denuncias por otros casos de discriminación en el sistema de salud: “Como organización esperamos que nuestros reclamos sean escuchados, que le pidan perdón a nuestro par y que tanto el hospital como los profesionales que estaban por realizar el procedimiento se capaciten sobre cómo deben manejarse ante estos casos. Somos personas que vivimos con el virus y nuestra condición serológica no va a afectar la salud de ningún profesional, deben tomar las precauciones sanitarias que toman con cualquier paciente”. Además, explicó que mucha gente se calla o deja de acudir a los servicios de salud por estas situaciones: “Así que vamos a seguir adelante con los reclamos, porque si nos callamos, van a seguir pasando”.

Mientras tanto, la cirugía del joven fue reprogramada para esta semana y la jefa de cirugía del Hospital Santojanni se comprometió a estar presente y a que el médico Flores Flores no esté involucrado.

Fuente Agencia Presentes

General Asociación Ciclo Positivo, Ciudad de Buenos Aires, Comunidad Argentina de mujeres con VIH (ICW Argentina), Discriminación, Emir Franco, Guido Flores Flores, Hospital Santojanni, Hospital Vicente López y Planes, Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI), Mariana Iácono, Matías Muñoz, Organización Mundial de la Salud (OMS), Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), Salud, Sergio Maulen, VIH/SIDA

La 10ª edición de su informe anual, que analiza la situación del colectivo en los 49 países europeos

Con adelanto respecto a otros años, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. Como es habitual, el estudio incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2020 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2019. La clasificación la encabeza de nuevo Malta, a considerable distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. ILGA Europa se muestra especialmente preocupada por el avance de los discursos y delitos de odio en gran parte del continente europeo, así como el aumento de quienes se ven obligados a abandonar sus países por otros más seguros. España desciende un puesto más en esta ocasión, hasta situarse en el duodécimo puesto, debido a la continuidad del inmovilismo legislativo de los últimos años, si bien se ha incrementado el porcentaje de consecución de objetivos por la aprobación de algunas normas de ámbito autonómico.

La entidad internacional referente en materia de derechos LGTBI, ILGA-Europa, de la que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) forma parte, ha instado este martes a los estados a adoptar leyes que protejan a las personas LGTBI ante el auge generalizado de los discursos de odio que la ONG ha identificado tras el análisis de la situación de la realidad del colectivo en los 49 países europeos y los cinco países del Asia central.

Así, la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, ha asegurado que “los gobiernos todavía tienen mucho que hacer. Es necesario actuar y adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y den a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores. Deben dar ejemplo adoptando un discurso que promueva el respeto y la inclusión social”.

Y es que, la 10ª edición de un informe que recoge las conclusiones de este análisis, revela que, actualmente, existe en Europa “un fuerte aumento de los discursos de odio en toda la región, a menudo llevados a cabo por figuras públicas”.

La investigación revela el auge de los discursos de odio por parte de dirigentes políticos y religiosos en Albania, Andorra, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Kosovo, Portugal, la República Checa y Turquía. En la mayoría de estos países, este discurso LGTBIfóbico se difunde con total impunidad.

Además, alerta de que, en muchos de los países analizados, y no sólo en los que se ha documentado un aumento de los discursos LGTBIfóbicos en la esfera pública, se ha producido un incremento igualmente significativo de la incitación al odio contra el colectivo a través de las redes sociales y de las agresiones físicas contra personas LGBTI.

En muchos países de las regiones de Europa y Asia central, y no sólo en aquellos en los que se ha documentado un crecimiento del discurso oficial motivado por el prejuicio, también se ha producido un aumento igualmente pronunciado de las expresiones de odio en línea y de las agresiones físicas contra las personas LGBTI, muchas de ellas premeditadas y brutales.

En el examen se señala que se trata de un fenómeno paneuropeo, desde el Reino Unido, donde la narrativa populista que rodea a Brexit puede vincularse a un aumento de los delitos e incidentes de odio contra las personas LGBTI, hasta la prohibición de actos en muchos pueblos y ciudades del continente, el enjuiciamiento de les participantes en las marchas del Orgullo  en Turquía y la creciente presencia de manifestantes anti-LGBTI y neonazis en los espacios públicos durante los actos LGBTI en toda la región.

Junto con el aumento del odio, hay un mayor movimiento de personas de la región hacia países considerados menos duros. Un mayor número de personas LGBTI abandonaron países como Albania, Bosnia y Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán para ir a países vecinos en los que la situación podría percibirse como relativamente más segura. También hay un aumento anecdótico de personas que dicen que quieren dejar países como Polonia para ir a otros países de la UE.

Los obstáculos comunicados en el acceso a la atención de la salud, el acoso en las escuelas y en el lugar de trabajo y la denegación de servicios a las personas LGBTI, a menudo por falta de intervención gubernamental, son factores que influyen en el panorama general de una Europa en la que las experiencias vividas en gran medida no coinciden con el mensaje superficial de que los derechos y la igualdad de las personas LGBTI están plenamente garantizados.

Según ILGA-Europa, Alemania, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza ya han adoptado medidas para hacer frente a la incitación al odio o han fortalecido la legislación existente. Sin embargo, dado el contexto actual y las repercusiones que estas actuaciones LGTBIfóbicas tienen para la sociedad en general, asegura que “es sorprendente que un mayor número de gobiernos no estén adoptando de manera proactiva medidas como la aprobación de legislaciones eficaces, planes de acción y formación de las autoridades públicas”. Además, denuncia que “en los países en los que existe legislación, no hay suficiente compromiso político para garantizar la aplicación efectiva y la dotación de recursos”.

Así, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, recuerda la importancia de que España apruebe una Ley Estatal LGTBI para blindar los derechos de las personas LGTBI de todo el territorio y no quedarse atrás con respecto a otros países en materia de avances sociales. En este sentido, la presidenta denuncia que “en España, aún hay cinco Comunidades Autónomas donde las personas LGTBI están totalmente desprotegidas pues que no existe ningún tipo de legislación que garantice sus derechos”. “Además, tal y como alerta ILGA-Europa, en aquellos territorios donde sí existe legislación autonómica, como puede ser Murcia, ésta está siendo incumplida por la LGTBIfobia institucionalizada de la ultraderecha”.

En este sentido, la presidenta recuerda que, en 2019, España dejó de estar por primera vez entre los 10 países europeos más respetuosos con los derechos del colectivo LGTBI. Este descenso, según apuntó ILGA-Europa en el informe en el que realizó la comparativa entre países se debió precisamente a la falta de legislación estatal.

“Y es que, pese a las recomendaciones de Europa, en España, algunos aspectos fundamentales como la prohibición de las terapias de reconversión, la creación de políticas para el fomento del empleo de las personas trans o el establecimiento de medidas para erradicar la discriminación contra el colectivo en los ámbitos sanitarios o educativos sólo están aprobados en determinadas autonomías”, alerta Sangil.

Según Evelyne Paradis, Directora Ejecutiva de ILGA-Europe: “No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoiris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.”

“Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA-Europe. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social.”

“Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA-Europe tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor”.

La 10ª edición de ILGA-Europa ‘Annual Review of the Human Rights Situation of LGBTI people in Europe and Central Asia, 2020’ fué  lanzada en el Parlamento Europeo el pasado martes 4 de febrero en presencia de activistas de Bulgaria, Bosnia y Herzegovina y de la Organización Intersex Internacional (OII) Europa, y de una representante de la Comisaria de la UE para la Igualdad, Helena Dalli.

Preocupación del Parlamento Europeo 

Asimismo, ILGA-Europa recuerda en su informe que, el pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre “Discriminación pública y expresiones de odio contra las personas LGBTI, incluidas “zonas sin LGBTI. En dicha resolución se expresa “una profunda preocupación por el creciente número de ataques contra la comunidad LGBTI por parte del Estado, los funcionarios estatales, los gobiernos a nivel nacional, regional y local y los políticos de la Unión Europea (UE)”.

La resolución reconoce que estos ataques han generado un aumento de la violencia contra las personas LGTBI y que los delitos de odio por LGTBIfobia van en aumento en toda la Unión Europea, mientras que las respuestas de las autoridades siguen siendo con demasiada frecuencia inadecuadas. Así, reitera un llamamiento a la Comisión para que adopte una estrategia de la Unión Europea en materia de derechos LGBTI.

Más detalladamente:

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Las correspondientes a la igualdad y no discriminación suponen el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia el 20 %, los crímenes y discursos de odio el 20 %, la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el derecho a asilo el 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. Hay que remarcar que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea, entre los que ya no está incluido el Reino Unido, alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Una vez más, Malta encabeza la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. El mayor ascenso en la lista es el de Montenegro, que sube desde el puesto 22 al 13, inmediatamente detrás de España, debido a la implementación de medidas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género en abril de 2019.

ILGA Europa advierte este año en su informe del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de figuras públicas, debido al auge de los partidos populistas de extrema derecha. Así se ha detectado en Bulgaria, Polonia y Turquía, Chipre, Finlandia, Grecia, Portugal o España. También se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países, como en el Reino Unido, consecuencia de los discursos populistas que rodean al Brexit. En países como Turquía se enjuicia a los participantes en las marchas del Orgullo y en otros países es creciente la presencia de manifestantes LGTBIfobos durante estos actos.

Se ha comprobado que hay un aumento de la migración hacia países con menor LGTBIfobia social desde Albania, Bosnia-Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán. Dentro de la Unión Europea también ha aumentado el número de personas que abandonan países como Polonia para ir a otros de la eurozona.

A pesar de todo, Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, quiere hacer una lectura positiva del informe: «No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoíris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.

«Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA Europa. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social».

«Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA Europa tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor».

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Sin embargo, se ha producido un pequeño incremento desde el 59,98 % de cumplimiento en el informe del año pasado hasta el 61,20 % en el presente, debido a la aprobación de leyes contra la discriminación o creación de consejerías específicas en Canarias, Murcia o la Comunidad Valenciana. También ha puntuado favorablemente la sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la exclusión de los menores trans del derecho al reconocimiento de género. A pesar de ello, España pierde otro puesto respecto al año anterior y se sitúa en la 12.ª posición, debido a la escalada de Holanda, que ha pasado del 12.º puesto al 10.º, por delante de Suecia.

ILGA Europa señala que se ha producido en España un aumento de los discursos de odio por parte de líderes políticos. Como ejemplo, destaca que Vox, el tercer partido en representación parlamentaria, comparase la homosexualidad con el bestialismo durante su campaña electoral o que propusiera la prohibición de las marchas del Orgullo. También incluye a Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista (formación integrada en Izquierda Unida), quien desde la cuenta oficial del partido ha difundido mensajes homófobos que atacaban al «lobby gay» a cuyos miembros acusaba de «proxenetas y compradores de niños». Sus críticas más feroces se dirigían a las mujeres trans, a quienes niega su identidad de género, acusándolas de haber impuesto el reconocimiento legal del género en España.

También se muestra preocupación por el aumento de las agresiones por motivo de orientación sexual e identidad de género. Hace evidente la discrepancia entre los datos oficiales del Ministerio del Interior, que hablaban de un descenso de estos delitos del 4 % respecto al año anterior, con los que ofrecen los distintos Observatorios contra la LGTBfobia. El madrileño señalaba un aumento del 7 %, mientras que el catalán apuntaba a un incremento del 30 % de los delitos de odio en Cataluña durante los primeros seis meses de 2019.

En el apartado referido a la libertad de reunión, el informe únicamente incluye la obstrucción a los miembros de Ciudadanos en las marchas del Orgullo de Madrid y Barcelona por parte de otros manifestantes, debido a sus alianzas con el partido LGTBIfobo Vox.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que ha repetido en 2017, 2018 y 2019. España siempre se había situado entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandonase ese grupo en 2018 y este año pierda incluso otro puesto.

Fuente FELGTB/ ILGA-Europa/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Ciudadanos, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Evelyne Paradis, FELGTB, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBfobia, Lidia Falcón, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Partido Feminista, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tomás Marcos, Turquía, Ucrania, Uge Sangil, VOX

Según la primera encuesta sobre la realidad sexual y amorosa de hombres adultos (30 a 49 años) de la Región Metropolitana que tienen sexo hombres. El 26% jamás usó condón en el último año. El 26% ha tenido sifílis al menos una vez en zu vida y el 22% se infligió daño producto de la discriminación. El estudio arrojó además altos niveles de consumo de drogas.

La Seremi de Salud, Rosa Oyarce, y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) dieron hoy a conocer los resultados de la Primera Encuesta sobre el Comportamiento Amoroso, Sexual y Erótico de Hombres Adultos de la Región Metropolitana que Tienen Sexo con Hombres.

La investigación, aplicada por el Movilh a 358 personas, se suma a una previa que indagó sobre la misma realidad, pero en menores de 29 años. “Ambos estudios permiten hacer comparaciones y conocer brechas generacionales en materia de conocimientos, prejuicios, discriminación y apertura”, sostuvo el vocero del Movilh, Óscar Rementería.

La encuesta tiene un margen de error del 3% y un nivel de confianza del 95%.

“Los resultados de este sondeo son preocupantes, en tanto explicitan relajamiento en los mecanismos preventivos del VIH y otras ITS, así como una conducta de riesgo muy extendida: tener sexo bajo los efectos de alguna droga. Todo se cruza con altos niveles de discriminación en razón de su orientación sexual y con mayores libertades para experimentar aventuras, en tanto se trata de un grupo etario ya independiente. Estos factores debiesen ser considerados por las políticas de prevención de VIH y las ITS, las cuales a todas luces requieren enfoques etarios”, apuntó Rementería.

De acuerdo al sondeo, el 74,9% señala que ha sido discriminado por su orientación sexual y el 2.8% experimentó abuso sexual, sin embargo, solo el 14,5% denunció los atropellos.

El 22% indica además que alguna vez se hizo daño producto de la discriminación. De estos, y a raíz de la homofobia, el 42% pensó en el suicidio, el 37% dañó zonas de su cuerpo y el 29% consumió drogas de manera abusiva.

Tan fuerte aún es el estigma y el miedo, que el 70.3% evita siempre o a veces expresar su afecto en público hacia otros hombres por temor a ser agredido, amenazado o acosado y el 52% esquiva algunos lugares por la misma razón.

En el campo de la sexualidad, el 70,3% ha tenido sexo bajo el efecto de las drogas, cuyo consumo es alto. En los últimos 12 meses, el 57,1% consumió marihuana; el 30.5% popper; el 19.5%, cocaína; el 15%, tranquilizantes o somníferos; el 13,6%, éxtasis; el 5,1%, hongos; el 4.5%, LSD y el 0.3% drogas inyectables. El 34,5% no consumió drogas.

Además, el 78% tuvo una o más relaciones sexuales sin condón en el último año y el 26% nunca lo usó. A esto se suma que el 26,3% ha tenido al menos una vez sífilis a lo largo de su vida; el 20,6%, gonorrea; el 15.3%, condiloma, el 5,9% candidiasis, el 5.4%, clamidia. El 52,5% nunca ha tenido una ITS. El 12,5% declara vivir con VIH.

A continuación se exponen todos los resultados de la encuesta:

Características generales

Del total de encuestados, el 95,2% se declara homosexual, el 4.8% bisexual, el 0.3% trans y el 99.7% cisgénero.

En cuanto a la nacionalidad, el 88,4% es chileno, el 8.8%, venezolano y el 2,8% peruano.

El 37,4% tiene educación universitaria completa, el 12,2% incompleta, mientras el 19.8% cuenta con post-grado completo y el 4,3% incompleto. El 11.9% terminó la enseñanza técnica y el 3.7% no, mientras que el 9.3% finalizó la enseñanza media y el 1.4% no Leer más…

General Chile, Discriminación, MOVILH, Óscar Rementería, Primera Encuesta sobre el Comportamiento Amoroso Sexual y Erótico de Hombres Adultos de la Región Metropolitana que Tienen Sexo con Hombres, Rosa Oyarce, VIH/SIDA

El debate sobre la reforma de la legislación sobre reproducción asistida continúa su tramitación por el Parlamento francés. Tras su aprobación en primera lectura por la Asamblea Nacional el pasado mes de octubre, el proyecto de ley sobre bioética del Gobierno de Édouard Philippe se ha sometido al escrutinio del Senado. La mayoría de centroderecha de la cámara alta ha impuesto que la sanidad pública solo financie los tratamientos de reproducción asistida en los casos de infertilidad acreditada médicamente. Una provisión que excluye a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja, que con el texto actual tendrían que costearse el proceso. La medida regresará en las próximas semanas a la Asamblea, que tendrá la última palabra.

En Francia, la reproducción asistida (PMA por sus siglas en francés) solo está permitida a las parejas de distinto sexo, casadas o no, que además deben acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trata de una prohibición total, que afecta tanto a clínicas públicas como privadas, y que obliga a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que desee ser madre a acudir a centros de países vecinos, como Bélgica o España.

Esta situación cambiará previsiblemente durante el transcurso de la actual legislatura. Ya en su campaña electoral de 2017, el presidente Emmanuel Macron defendió que se permita el acceso a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras a las técnicas de reproducción asistida. Lo hizo, eso sí, «a título personal» y expresando su deseo de que en todo caso se aprobara como una decisión técnica, no como fruto de «un combate identitario».

Meses después, con Macron ya en la presidencia y un Gobierno a su medida, la secretaria de Estado de Igualdad Marlène Schiappa anunciaba una modificación de la ley sobre bioética para abrir la PMA a todas las mujeres. La medida contaba ya con el respaldo del Comité Consultivo Nacional de Ética, que se había pronunciado a petición del Gobierno del primer ministro Édouard Philippe. Schiappa calificó la futura propuesta como una «cuestión de justicia social» para acabar con la discriminación de las mujeres que no pueden permitirse viajar al extranjero para someterse a un proceso de reproducción asistida.

El pasado mes de julio, y tras un largo y tortuoso proceso, el Gobierno de Philippe aprobaba finalmente el anunciado proyecto de ley sobre bioética. Entre los muchos puntos que contempla, la norma incluye la apertura de la PMA a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja. La ministra de Sanidad Agnès Buzyn anunció que los tratamientos estarán cubiertos por el sistema público de salud. La propuesta mantiene la prohibición de la gestación subrogada, contra la que se había pronunciado el propio Macron.

El proyecto se trasladó entonces al Parlamento, donde el comité correspondiente le dio su visto bueno en septiembre. El pleno de la Asamblea, donde la «mayoría presidencial» de La República en Marcha es absoluta, aprobó la medida por 359 votos a favor frente a 114 en contra y 72 abstenciones. El apoyo cruzó líneas partidistas: hasta un tercio de los diputados de Los Republicanos, el principal partido de la derecha, emitió un voto favorable a pesar de la postura contraria de la formación.

La tramitación continuó en el Senado, que votó la medida el pasado miércoles. Con una importante salvedad: la mayoría de derecha y centroderecha de la cámara alta impuso que haya que acreditar la infertilidad para que la Seguridad Social asuma los gastos de los tratamientos. Las parejas de mujeres y las mujeres solteras quedarían, por tanto, excluidas de nuevo de los mismos, a no ser que se los puedan costear. El texto modificado ha obtenido 160 votos a favor y 116 en contra. Tras la votación del resto de artículos del proyecto de ley sobre bioética, la norma volverá a la Asamblea Nacional, que tendrá la última palabra.

Una reforma aplazada por largo tiempo

La movilización homófoba fue la principal causa del fracaso del anterior intento de aprobar la apertura de la reproducción asistida. El fin de la prohibición del acceso para las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja había sido durante años una de las banderas del Partido Socialista francés en materia de derechos LGTB, y de hecho la promesa formaba parte de su programa electoral para las elecciones de 2012. El propio expresidente François Hollande se posicionó, siendo aún candidato, a favor del cambio. Tras su elección, sin embargo, pasó a adoptar una posición ambigua, respondiendo cuando se le preguntaba una cosa u otra en función del auditorio que tuviera delante.

Pero no fue hasta 2014, tras la remodelación que convirtió a Manuel Valls en el nuevo primer ministro, cuando se anunció la marcha atrás en la modificación legal. Laurence Rossignol, que entró con Valls en el Gobierno francés como secretaria de Estado de Familia, recibió a los representantes de la Manif pour tous, ante los cuales adelantó la renuncia a modificar la reproducción asistida. Una posición que confirmó tras ser ascendida a ministra. Esperemos que en esta ocasión los homófobos, que también se están movilizando, no consigan doblegar la voluntad de los representantes políticos.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Agnès Buzyn, Asamblea Nacional, Discriminación, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, Francia, François Hollande, Gestación subrogada, Homofobia, La République en Marche !, Laurence Rossignol, Lesbianas, Lesbofobia, LGTBfobia, Los Republicanos, Manif pour tous, Manuel Valls, Marléne Schiappa, Partido Socialista francés, Reproducción asistida, Senado (Francia)

Gobernador Gary Herbert

La lista de estados y territorios estadounidenses que prohíben las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión en menores de edad suma un nuevo miembro. El gobernador de Utah, bastión del mormonismo, firmó el martes pasado una orden ejecutiva para prohibir estas peligrosas prácticas que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género. La medida sale adelante por el empeño del mandatario republicano, después de que las cámaras legislativas la rechazaran. Utah se convierte en el 19º estado de los Estados Unidos (además de Washington D.C. y de Puerto Rico) en vetar estos infames procedimientos, si bien la prohibición solo se aplicará a profesionales médicos. El siguiente podría ser Virginia.

Ya en febrero del año pasado se presentó un proyecto de ley en el legislativo estatal que acabó fracasando por falta de apoyos. En noviembre, el gobernador republicano Gary Herbert propuso un texto alternativo que usaría la vía administrativa, en lugar de la penal, para perseguir estas pseudoterapias. Herbert consiguió el apoyo de la iglesia mormona, que ejerce una gran influencia en Utah y a la que él mismo pertenece, a cambio de que la norma solo se aplicara a profesionales de la salud mental.

El texto, aprobado el pasado martes como orden ejecutiva, clasifica las «terapias» de conversión como «conductas antiprofesionales» y prevé la suspensión o revocación de la licencia médica para los especialistas que las pongan en práctica en menores de edad. Los sacerdotes y terapeutas religiosos están expresamente exentos del veto, siempre que no estén en posesión de una licencia profesional. A pesar de esta importante limitación, los activistas LGTBI han saludado la medida y esperan que sirva de acicate para que se aprueben otras similares en estados conservadores como Utah.

California fue el primer estado de Estados Unidos en prohibir el uso de las «terapias» reparadoras o de conversión en menores de edad en 2012, no sin gran controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después) y Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014). Más tarde se sumaron Oregón, Illinois, Vermont, Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington, Hawái, Maryland, Delaware, New Hampshire, Nueva York, Colorado y Massachusetts. El próximo estado podría ser Virginia, cuyo Senado aprobó el pasado martes un proyecto de ley que ahora pasará a la Cámara de Delegados.

En abril del año pasado se les unió Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares.

Las últimas noticias acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que la asociación española Abogados Cristianos se querella contra Ignacio Aguado por hacer pública la multa a la coach de terapias para personas LGTBI, y que, ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., gran aliado de Israel, California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El uso de bloqueadores de la pubertad disminuye de forma significativa el riesgo de suicidio en la población trans adolescente. Así lo pone de manifiesto un estudio recién publicado en la revista Pediatrics, que edita la Academia Americana de Pediatría.

El bloqueo de la pubertad facilita el no tener que pasar por la desagradable experiencia de ver cómo tu cuerpo se desarrolla en una dirección contraria a la de tu identidad de género. Es un tratamiento reversible, que permite detener el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios (vello, barba, pechos…) durante unos pocos años hasta que la persona está legalmente capacitada para afrontar cómo y hasta dónde desee su proceso de reasignación mediante estrategias como hormonación y/o cirugía.

Los investigadores han examinado la relación entre el uso de bloqueadores de la pubertad durante la adolescencia y una serie de parámetros relacionados con la salud mental, entre ellos diferentes medidas relacionadas con la ideación suicida, mediante el análisis de los datos de 20.619 personas trans de entre 18 y 36 años recogidos en la U.S. Transgender Survey, una gigantesca encuesta que se llevó a cabo en 2015 en Estados Unidos. De ellos, solo el 2,5% tuvieron acceso a este tratamiento, pese a que un 16,9% lo hubiera deseado. Los resultados son indiscutibles. Incluso tras hacer los correspondientes ajustes tanto por variables demográficas como por el nivel de apoyo familiar que recibieron, aquellos que recibieron tratamiento presentaron de forma significativa mejores indicadores de salud mental y menores índices de suicidio que los que se lo plantearon pero no lo recibieron.

«Sabemos históricamente que los bloqueadores de la pubertad son seguros y efectivos y que son totalmente reversibles, por lo que los beneficios superan con creces cualquier riesgo. Es una obviedad el que estén disponibles en estas circunstancias», ha declarado a CNN Michelle Forcier, profesora asociada de Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Brown (Rhode Island), uno de los centros universitarios más prestigiosos de Estados Unidos, al ser preguntada por este estudio. Aunque no ha participado en él, Forcier trabaja habitualmente con menores trans. Para la pediatra, negar este tratamiento a los menores que lo deseen es equivalente a negar a un niño con asma su inhalador o rechazar tratarlo de cáncer, ya que se trata de una intervención que «salva vidas», como este estudio demuestra una vez más. «No permitir a estos niños usar estos tratamientos no es una posición neutral», ha remarcado.

Un estudio sin duda importante, en un momento en el que diversos estados norteamericanos gobernados por republicanos están valorando aprobar leyes que impedirían a los menores de edad acceder a este tipo de tratamientos, pese a que gozan de respaldo científico (aquí se puede acceder, por ejemplo, a las pautas recomendadas por la Endocrine Society). Un movimiento que se enmarca en la ola de transfobia que en estos momentos agitan en ese país tanto movimientos ultraconservadores como un sector minoritario del feminismo.

Suicidio adolescente en menores trans, una lacra evitable en buena medida

Como es bien conocido, el riesgo de suicidio en adolescentes trans es elevado. En septiembre de 2018 hacíamos referencia, por ejemplo, a un demoledor estudio, publicado también en Pediatrics, que mostraba que la tasa de intentos de suicidio entre adolescentes trans estadounidenses es considerablemente mayor que entre sus coetáneos cis. El grupo en el que los intentos de suicidio son más numerosos era el de los chicos trans (el 50,8% reportan algún intento de suicidio), seguido de los adolescentes no binarios (41,8%) y de las chicas trans (29,9%). Pero no era ni mucho menos el primero: ya otros estudios habían puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad de los menores trans. En 2012, por ejemplo, recogíamos otro de ellos, que mostraba que niños y adolescentes trans sufren más síntomas psiquiátricos, tales como depresión e intentos de suicidio, que el resto de niños y adolescentes de su misma edad. Las cifras eran mayores en aquellos casos en los que no se daba un manejo especializado de la situación, bien por carecer de medios económicos o porque los padres no los apoyaban en su proceso.

Es importante destacar que el uso de bloqueadores de la pubertad no es la única estrategia que se ha demostrado útil para reducir el sucidio adolescente en menores trans. Alguna de ellas es bien sencilla: otro estudio del que dábamos cuenta en abril de 2018 mostraba que simplemente el hecho de que los jóvenes y adolescentes trans sean tratados en su entorno con el nombre correspondiente a su identidad de género disminuía drásticamente los cuadros depresivos, los pensamientos suicidas e incluso los propios intentos de suicidio. Los investigadores sabían de lo que hablaban: fue el mismo equipo que en 2017 estableció que, debido al estigma social, el porcentaje de jóvenes transgénero con ideas suicidas duplicaba el de la población general y cuadriplicaba la propensión a consumir drogas.

Fuente Dosmanzanas

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Christine Lambrecht (SPD)

El ministerio de Justicia y Protección al Consumidor alemán está preparando un proyecto de ley para prohibir las cirugías mal llamadas de «normalización» genital en menores intersexuales. La medida es una de las pocas promesas concretas en materia LGTBI del acuerdo de gran coalición entre los democristianos de la CDU/CSU y los socialdemócratas del SPD firmado en febrero de 2018. La ministra Christine Lambrecht (SPD) ha enviado un texto preliminar a los colectivos para que se pronuncien sobre su contenido. La oposición democrática saluda la reforma pero sigue reclamando la reforma de la ley de identidad de género.

La organización Aktion Transsexualität und Menschenrecht («Acción Transexualidad y Derechos Humanos») hizo público el texto que el ministerio de Justicia les había remitido el jueves pasado, junto a otros colectivos LGTBI, para que expresen su opinión sobre su contenido. La propuesta contempla la prohibición en el Código Civil alemán de la esterilización de menores de 14 años, a no ser que esté en riesgo la vida. A partir de esa edad, será la propia persona la que podrá autorizar una operación de ese tipo.

La medida es una de los pocos compromisos concretos, en materia LGTBI, que asumió el acuerdo que renovó la gran coalición tras las elecciones de septiembre de 2017. Los tres partidos de la oposición democrática han saludado la reforma pero critican el retraso en su tramitación. Los Verdes también reclaman un fondo para indemnizar a las víctimas de intervenciones de «normalización» no deseadas y ejecutadas sin su consentimiento. FDP, Die Linke y Verdes recuerdan también la necesidad de reformar la ley sobre transexualidad para incorporar los principios de despatologización y autodeterminación de género.

La prohibición de las cirugías de modificación genital en menores intersexuales es una reivindicación de los colectivos LGTBI que recogió el Parlamento Europeo en su informe sobre derechos fundamentales en la Unión aprobado en marzo de 2018. Concretamente, en su punto 68, la cámara «pide a la Comisión que recopile datos sobre, y que oriente a los Estados miembros sobre las mejores prácticas para proteger los derechos fundamentales de estas personas; lamenta que siga practicándose la cirugía de ‘normalización’ genital en niños intersexuales en los Estados miembros de la Unión Europea pese a no ser necesaria desde el punto de vista médico y a que los procedimientos médicos en niños les causan un trauma psicológico a largo plazo».

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido una sentencia a favor de una pareja de hombres que denunciaron la pasividad del Estado lituano ante los delitos de odio LGTBfobo. Los demandantes publicaron en Facebook una foto besándose que desató una cascada de insultos y amenazas de muerte. La justicia lituana desestimó sus demandas y los llegó a acusar de «provocar» por difundir «comportamientos excéntricos». El fallo recuerda la obligación de los Estados miembros del Consejo de Europa de proteger a la comunidad LGTBI frente a los delitos de odio y fija una indemnización de 5.000 euros para la pareja denunciante.

El caso se remonta a diciembre de 2014, cuando Pijus Beizaras y Mingirdas Levickas, una pareja de activistas, publicaron una foto de un beso en Facebook para celebrar su relación y como reivindicación de la visibilidad LGTBI. La publicación recibió más de ochocientos comentarios, la mayoría de ellos insultantes y algunos directamente amenazas, como «habría que matar a los maricones», «tendrían que meteros en la cámara de gas», «os deberían exterminar» o directamente «que los maten».

La pareja recurrió a la justicia con la ayuda de la Liga Gay Lituana (LGL) y denunció 31 comentarios de 27 personas por delitos de odio basado en la orientación sexual, una de las categorías protegidas por la legislación lituana. Un fiscal de la ciudad de Klaipėda rehusó siquiera investigar los hechos por no apreciar una intencionalidad probada ni un proceder sistemático, condiciones necesarias en su opinión para que exista delito de odio.

La LGL recurrió, pero un tribunal local rechazó la demanda en una sentencia en la que calificó los comentarios denunciados de «elección inadecuada de palabras» y «obscenidades», que en cualquier caso no serían constitutivas de un delito de odio. Como recogimos en su momento, los jueces llegaron incluso a culpabilizar a las víctimas por no contribuir a «la cohesión social y la promoción de la tolerancia» con su «comportamiento excéntrico». Los demandantes apelaron ante un tribunal superior, que confirmó el fallo negativo y les recriminó lo que consideró un «intento deliberado de provocar a las personas con visiones diferentes».

Agotada la vía nacional, Beizaras y Levickas llevaron su caso ante la justicia europea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tomó el tema en consideración y anunció este martes su veredicto. que da finalmente la razón a la pareja frente al Estado lituano. Las juezas de Estrasburgo consideran, de manera unánime, que los demandantes han sufrido discriminación basada en su orientación sexual y fijan para cada uno de ellos una indemnización de 5.000 euros más otros 5.000 euros para cubrir los costes del proceso. La sentencia insta a los Estados europeos a tomarse más en serio la persecución de los delitos de odio, que en casos como el actual constituyen un «indisimulado llamamiento a la violencia» contra las minorías.

Fuentes Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Delitos de Odio, Discriminación, Facebook, Homofobia/Transfobia, Klaipeda, LGTBIfobia, Liga Gay Lituana (LGL), Lituania, Mingirdas Levickas, Pijus Beizaras, Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Un estudio efectuado en 23 países revela cuál es la actitud hacia los hombres y mujeres homosexuales en esas sociedades. Es mucho más benévola en los países del área occidental, con España como el país con una actitud más positiva hacia la homosexualidad, tanto masculina como femenina, mientras que Rusia sería el país con una actitud más negativa, sobre todo respecto a la homosexualidad masculina. El estudio también concluye que en todos los países existe una mayor aversión hacia la homosexualidad masculina que hacia la femenina, y que en muchos de ellos la actitud hostil hacia las lesbianas proviene sobre todo de otras mujeres. La causa de la aversión hacia gais y lesbianas se debe, en parte, a que violan las normas establecidas tradicionalmente para cada género.

La investigación ha sido llevada a cabo por un equipo dirigido por Maria Laura Bettensoli, de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi, y ha sido publicado por Social Psychology and Personality Science. Se ha analizado la actitud hacia los hombres y mujeres homosexuales entre ciudadanos de 23 países: Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, India, Italia, Japón, México, Perú, Polonia, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia y Turquía.

La primera conclusión es que la actitud hacia las personas homosexuales es más positiva entre los ciudadanos de los países occidentales que en el resto de sociedades. Encabeza esa positividad España, seguida de Bélgica, Reino Unido, Suecia y Canadá. Rusia es el país con una actitud más negativa, junto con Hungría, Turquía, Perú y Corea del Sur. Los países occidentales ocupan las primeras posiciones en cuanto a actitud positiva, el primer país fuera de esa órbita es la India, que ocupa el lugar número 14.

En todos los países, la actitud hacia las lesbianas es más positiva que hacia los gais. La disparidad es más aguda en países como Rusia o Hungría, en los que la intolerancia hacia la homosexualidad masculina es mucho más remarcada. Los dos países en los que hay una actitud menos discrepante (positiva o negativa) ante lesbianas y gais son España y la India.

En conjunto, la aversión hacia gais y lesbianas es mayor entre los hombres que entre las mujeres. Pero también es remarcable que el estudio encuentre que en tan solo tres países (China, Francia e Italia) sean los hombres quienes tengan una actitud más negativa ante la homosexualidad femenina. En el resto, son las mujeres quienes tienen más prejuicios contra las lesbianas, sobre todo en México y en Estados Unidos. La actitud ante los varones homosexuales no difiere entre los hombres y las mujeres de los países occidentales. Sin embargo, en los países no occidentales, los hombres muestran una mayor aversión hacia los varones homosexuales.

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Gayfobia, Homofobia, Lesbofobia, Maria Laura Bettensoli, Social Psychology and Personality Science

La organización ultraconservadora HazteOír se ha felicitado públicamente por el acuerdo alcanzado por PP, Ciudadanos y Vox en la Región de Murcia para consolidar lo que Vox y HazteOír denominan «PIN parental» y que no es otra cosa que la necesidad de que los alumnos nos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir, por ejemplo, a charlas contra la LGTBIfobia que formen parte de las actividades complementarias del centro educativo. Una medida que el Gobierno murciano ya implementó el pasado mes de agosto a través de una instrucción de la Consejería de Educación. Es más, HazteOír amenaza con acudir a los tribunales contra los centros en los que se impartan este tipo de actividades y contra los activistas que participen en las mismas.

A través de un comunicado, HazteOír asegura que «va a apoyar a los padres que quieran acudir a los tribunales para defender su derecho a educar a sus hijos frente a los activistas LGTBI, las feministas supremacistas y los ideólogos de género. Y los niños tienen el derecho fundamental de no ser manipulados ni sometidos a experimentos ideológicos [sic]».

«El ejecutivo murciano ya ha anunciado que va a introducir el PIN Parental en los centros escolares. Es una excelente noticia que esperamos se traduzca en un decreto legislativo en los próximos meses. Esto es imparable: los padres ya no están dispuestos a aguantar ni un minuto más a los adoctrinadores que se cuelan en las aulas para explicar a los niños feminismo radical, ideología de género y educación afectivo- sexual a medida de la izquierda», añade la portavoz de la organización, Teresa García-Noblejas.

Pero además de defender la medida y felicitar al Gobierno de Murcia, HazteOír da un paso más y anuncia su intención tanto de seguir publicando los datos de los colegios «en los que se adoctrina» como de acudir a los tribunales si estos no ceden a su chantaje y suspenden las charlas o talleres contra la LGTBIfobia. «Ahora, cada vez que nos llega la denuncia de un caso de adoctrinamiento de género en un colegio o instituto, enviamos una carta al director del centro advirtiéndole de que han vulnerado un derecho fundamental de los padres. Si el adoctrinamiento persiste nuestra intención es invitar a los padres a acudir a los tribunales y, por supuesto, apoyarles para que puedan llevar a cabo las actuaciones jurídicas que procedan. Por ejemplo, denunciar al activista que ha impartido el taller, al director del centro educativo y al consejero de educación como responsable último», expresa el comunicado.

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El matrimonio igualitario ha entrado en vigor en Irlanda del Norte este 13 de enero de 2020, una vez que se han efectuado las reformas legales necesarias desde que comenzó el proceso de aprobación el pasado 21 de octubre. De esta manera, finalmente todos los territorios que componen el Reino Unido han establecido la igualdad legal para las parejas del mismo sexo, tras recorrer un largo y tortuoso camino lleno de obstáculos y utilización torticera de los acuerdos de paz por parte del LGTBfobo Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte.

Desde el lunes 13 de enero, las parejas del mismo sexo norirlandesas podrán registrarse para contraer matrimonio. Según establece la ley, pasado un periodo de 28 días desde ese registro se podrá oficiar la ceremonia. Así se cumple el calendario adelantado por el secretario de Estado para Irlanda del Norte, Julian Smith, quien aseguró el pasado mes de octubre que «a más tardar, los primeros matrimonios civiles entre personas del mismo sexo tendrán lugar en la semana del Día de San Valentín de 2020».

Tras las reformas legales efectuadas, los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados en los otros territorios y dependencias del Reino Unido serán reconocidos en Irlanda del Norte. Hasta este momento, solo eran considerados legalmente como uniones civiles. Sin embargo, como ocurrió en Inglaterra, Gales o Escocia, las uniones civiles vigentes en Irlanda del Norte no se convertirán automáticamente en matrimonios, sino que se procederá también en este caso a un proceso de consulta al respecto. Asimismo, se establecerá en el futuro cuál será la función de las iglesias anglicanas en este tipo de matrimonios.

Esta entrada en vigor del matrimonio igualitario en Irlanda del Norte ha sido posible gracias a la iniciativa del diputado laborista abiertamente gay Conor McGuin, quien aprovechó la situación de falta de gobierno para incluir su aprobación a través de una enmienda a las leyes de «Ejercicio de funciones» que dotaban de cierta gobernabilidad al territorio. Satisfecho por la vigencia final de su enmienda, McGuin ha declarado que «todos los que valoran la igualdad, el amor y el respeto pueden congratularse hoy. Es un buen día para Irlanda del Norte, un día importante para los derechos de los ciudadanos en estas islas y un día emocionante para las parejas del mismo sexo que ahora pueden registrarse para casarse».

No obstante, la enmienda aprobada también establecía que un futuro Gobierno de Irlanda del Norte podría revocar o reformar esta legislación. Sin embargo, para revertirla se necesitaría una mayoría absoluta en la Asamblea de Irlanda del Norte, algo bastante improbable si tenemos en cuenta que la última votación al respecto se saldó en favor de la igualdad matrimonial, aunque el Partido Unionista interpusiera finalmente su veto.

El largo proceso del matrimonio igualitario en Irlanda del Norte

Hasta este 13 de enero de 2020, Irlanda del Norte era el único territorio del Reino Unido en el que las parejas del mismo sexo no podían casarse legalmente. Y además lo era después de que su Asamblea hubiera votado y rechazado la aprobación del matrimonio igualitario cinco veces consecutivas. En la última votación, que tuvo lugar en noviembre de 2015, los partidarios de la igualdad para las personas LGTB lograron ser por primera vez mayoritarios, pero el DUP (conservador y de filiación unionista protestante) de la entonces primera ministra Arlene Foster invocó el procedimiento agravado conocido como petition of concern para lograr que la proposición de ley fuera finalmente rechazada.

La petition of concern fue concebida durante los acuerdos de paz de 1988, con la idea de que cualquier legislación sobre determinados temas sensibles obtuviera un respaldo suficiente de los dos sectores, el nacionalista irlandés y el unionista. Las propuestas que se tramiten por este método deben alcanzar un 60 % de los votos de toda la Asamblea, y al menos un 40 % en cada uno de los bandos. La petition of concern debe ser solicitada por un mínimo de 30 representantes, una marca que el DUP siempre había superado por sí solo, hasta las últimas elecciones, celebradas en enero de 2017, en que solo logró 28 representantes.

Esta pérdida de la capacidad de veto había despertado la esperanza de que el matrimonio igualitario pudiera ser finalmente aprobado en la nueva legislatura, pero la falta de acuerdos para la formación de Gobierno y la paralización efectiva de la Asamblea lo habían hecho imposible. Además, la vía judicial quedó cerrada tras el rechazo por parte del Alto Tribunal de Belfast a las demandas de tres parejas del mismo sexo.

Hubo un primer intento de que fuera el Parlamento británico quien finalmente deshiciera el bloqueo a la igualdad de derechos de la parejas del mismo sexo, con la aprobación por la Cámara de los Comunes en el pasado mes de octubre de 2018, de una enmienda que consideraba el matrimonio igualitario como un derecho fundamental para que fuera tenido en cuenta por los funcionarios de Irlanda del Norte. Sin embargo, a efectos prácticos no tuvo alcance alguno.

Dada la situación de falta de acuerdos para formar gobierno, el Parlamento británico creó el pasado 2019 una serie de leyes de «Ejercicio de funciones» para dotar de cierta gobernabilidad al territorio. Aprovechando la situación, el diputado laborista Connor McGuin presentó una enmienda a ese conjunto de leyes para obligar al Gobierno británico a aprobar el matrimonio igualitario en el caso de que persistiese esa falta de poder ejecutivo en Irlanda del Norte.

Así, el pasado 9 de julio, la Cámara de los Comunes aprobó por una amplia mayoría la legislación que establecía que, de no formarse Gobierno en Irlanda del Norte antes del 21 de octubre, el ejecutivo británico debería aprobar de inmediato el matrimonio entre personas del mismo sexo en ese territorio. Pasada la medianoche de esa fecha, comenzó el plazo para que se legislara al respecto, que ha concluido este 13 de enero de 2020 con su entrada en vigor definitiva.

El matrimonio igualitario en el Reino Unido, sus dependencias y territorios

En las tres dependencias de la Corona:

• La isla de Man (2016), Guernsey (2017) y Jersey (pendiente de sanción real) cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
• El Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, dos dependencias: en Alderney las parejas del mismo sexo puede casarse desde el 13 de diciembre de 2017, mientras que en Sark aún no se ha legislado al respecto, pero sus responsables políticos se han comprometido a hacerlo próximamente.

En los 14 territorios de ultramar:

• El matrimonio igualitario está aprobado en las islas Pitcairn (2015); el Territorio Antártico Británico (2016); la base de Acrotiri y Dekhelia (2014); Gibraltar (2016); el Territorio Británico del Océano Índico (2014); las islas Malvinas (2017); Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur (2014); y el territorio que conforman la isla de Santa Elena, la isla Ascensión y Tristán de Acuña (2017) y Bermudas (2018).
• No es legal en Anguila (aunque sí se reconocen los matrimonios celebrados en circunscripciones donde está permitido), las islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Montserrat y el territorio conformado por las islas Turcas y Caicos.

En el propio Reino Unido en sí:

• Existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales (2014) y Escocia (2014) e Irlanda del Norte (2020).

Fuente Dosmanzanas

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Los dos partidos del Gobierno (Ciudadanos y PP)  acercan posturas con Vox para cerrar los presupuestos EFE

La traición, sobre todo, de Ciudadanos, es escandalosa. Se han entregado a VOX y los ultracatólicos… Y luego se extrañan de ser mal recibidos en la manifestación del Orgullo. Defienden los vientres de alquiler pero se despreocupan luego de los niños/as… ¡Cuánta hipocresía!

Malas noticias las que nos llegan desde la Región de Murcia.  PP, Ciudadanos y Vox han llegado a un acuerdo para reforzar a nivel normativo lo que el partido de extrema derecha denomina «PIN parental», es decir, la obligatoriedad de que los alumnos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir a charlas contra la LGTBIfobia. Una medida que lleva meses en vigor, pero a la que ahora se dará mayor cobertura normativa.

Colectivos como No Te Prives vienen impartiendo este tipo de charlas desde hace años, siempre después de que los centros lo soliciten, con objeto de prevenir el acoso por orientación sexual o o identidad de género y fomentar el respeto a la diversidad. En abril de 2018, de hecho, la Consejería de Educación anunciaba que más de 1.300 alumnos recibirían este tipo de formación en el marco de un programa organizado por la propia Consejería en colaboración con No te Prives. Un anuncio que provocó la inmediata movilización del «Foro de la Familia», que consiguió de la consejera la promesa de que la asistencia a estas charlas quedarían supeditadas a la autorización paterna (en su momento nos hicimos eco de ello). La medida no se llegó a implementar formalmente, pero tras las pasadas elecciones autonómicas, en las que el PP, Ciudadanos y Vox conformaron una mayoría parlamentaria que dio el gobierno a una coalición de los dos primeros (Ciudadanos rechazó la opción de conformar una mayoría alternativa con el PSOE) por fin se materializó. En una resolución del pasado mes de agosto de la secretaría general de la Consejería de Educación se ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que fuesen a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria debían ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos tenían que dar su autorización expresa.

La decisión del Gobierno murciano fue muy contestada en su momento por la oposición, que destacó que la resolución contravenía el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de educación primaria en la Región de Murcia, y que establece que las actividades complementarias son obligatorias, salvo aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen de una aportación económica. El sindicato Comisiones Obreras, por su parte, interpuso recurso de alzada contra la resolución. Es por eso que ahora PP, Ciudadanos y Vox han acordado, en el contexto de la negociación de los presupuestos de la región, reforzar la medida a nivel normativo, tal y como ha confirmado el consejero murciano de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán. Todo apunta, según recoge el diario La Verdad, a que la trampa dialéctica que en esta ocasión usarán PP y Ciudadanos para teatralizar su «distancia» con Vox será huir de la expresión «PIN parental», tan del agrado de la extrema derecha y de colectivos ultraconservadores como HazteOír. «Más allá de como lo llamemos, sea ‘pin parental’ o formulario de autorización expresa para actividades complementarias, en lo que sí hay un consenso entre los tres partidos es en que haya libertad por parte de los padres de poder autorizar o no a sus hijos cuando imparte una charla alguien que es ajeno al centro, con independencia de los que se dé», ha declarado Celdrán.

La ley regional contra la LGTBIfobia, papel mojado

Por supuesto, ni la resolución del pasado agosto ni lo que se ha adelantado del acuerdo sobre este punto entre los tres partidos de la derecha murciana menciona en ningún momento las siglas LGTBI, pero a nadie se le oculta que su objeto no es otro que el de desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia, dando así cumplimiento a las exigencias de Vox.

Se da la curiosa circunstancia de que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia  (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Volvemos a insistir, como venimos haciendo desde que en diciembre de 2018 Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz y se convirtiera, apenas un año más tarde, en la tercera fuerza política de España: el problema no es tanto el programa concreto de la formación de extrema derecha (que por el momento no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en ellos en diversas comunidades y numerosos ayuntamientos, colocan al colectivo LGTBI, y especialmente a sus grupos más vulnerables (como los menores, en este caso) en una situación complicada. Medidas como el «PIN parental» contribuyen a crear un clima hostil al alumnado LGTBI, hacia los que puedan ser percibidos como pertenecientes al colectivo sin serlo, o a los hijos de parejas homoparentales. También supone el empoderamiento de los elementos más reaccionarios de la comunidad educativa. Confiemos en que desde el Gobierno de España y desde el Congreso de los Diputados se ejerza suficiente contrapeso.

Fuente Dosmanzanas

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