El colegio solo le ofreció usar el baño para personas con discapacidad porque, según el director, “yo no sé lo que puede hacer ella en el baño con las demás niñas”, reportó la apoderada.  El Movilh envió un reclamo al colegio y orientó a la madre en su denuncia ante la Superintendencia de Educación.

La apoderada de una alumna de 14 años del Saint Mary School de  La Calera, Región de Valparaíso, denunció al director del colegio por impedirle a su hija usar un baño acorde a su identidad de género, una discriminación que de diversas formas venía arrastrándose desde el 2021, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

La madre relató que  “en 2021 comenzó la discriminación por identidad de género, cuando el director del establecimiento;  que en ese entonces era inspector de patio, se opuso constantemente a que mi hija utilizara uniforme femenino. En ese momento, además muchos estudiantes comenzaron a realizar burlas en torno a la identidad de género y transición de mi hija”, quien es atendida por el Programa de Acompañamiento Crece con Orgullo del  Hospital Biprovincial Quillota-Petorca

“El colegio no tomó las acciones preventivas, pese a que lo solicité. Y si bien fue posible que mi hija de vistiera el uniforme de mujeres, no le permitieron usar el baño acorde a su identidad. Solo ofrecieron que mi hija ocupara el baño para personas con discapacidad. Durante todos estos años, mi hija sintió incomodidad en ese baño porque estaba lejos y además entraba gente adulta”, indicó la madre.

Luego de saber que la circular 812 de la Superintendencia de Educación obliga a los colegios a respetar la identidad de género de estudiantes trans, el 9 de julio pasado “conversé con el director para plantear el derecho de mi hija a utilizar el baño de niñas y la respuesta fue que no se podía porque tenían que tomarle el parecer a todos los estudiantes del colegio y porque debían realizar una reunión con el Centro de Apoderados para que aprobaran ello”, señaló la apoderada.

En medio de esta conversación, apuntó la madre, “el director me dijo “yo no sé lo que puede hace ella en el baño con las demás niñas. Le pregunté qué me estaba tratando de decir. “Pasan muchas cosas en el baño”, me respondió. Le señalé que me estaba diciendo que mi hija podría ser un peligro por ser una chica trans”.

Debido a estos hechos, la madre finalmente optó por retirar a su hija  del establecimiento, y solo tras ello le informaron por Whatsapp que la niña podía usar el baño de mujeres, pero sin pedirle disculpas por lo ocurrido, ni por las transfóbicas afirmaciones del director.

En carta enviada al director del colegio, el Movilh señaló que “los hechos descritos vulneran el derecho a la no discriminación por identidad de género garantizados en la Ley 20.609 que establece Medidas contra la discriminación, en la Ley 21.120 sobre identidad de género, en la Ley 20.845 de inclusión escolar, en la Ley 21.369  que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación y en la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. A mayor abundancia, el accionar denunciado es abiertamente contrario a la circular 812 de la Superintendencia  de Educación”

En virtud de ello el Movilh demandó al colegio “prevenir que los hechos denunciados vuelvan a ocurrir”, “ofrecer disculpas por escrito a la apoderada y a  su hija por prohibirle usar el baño de niñas y por los discursos de odio emitidos por el director”, “adecuar todos los reglamentos y prácticas del establecimiento a la legislación vigente  y a la circular 812” y “capacitar a todos los funcionarios y estudiantes en temáticas de la diversidad sexual y de género, no discriminación y derechos humanos”.

En paralelo, la madre reportó los hechos a la Superintendencia de Educación, la cual se espera que sancione al colegio.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Chile, Discriminación, Homofobia/Transfobia, Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, La Calera, Menores trans, MOVILH, Personas LGTBIQ, Personas trans, Programa de Acompañamiento Crece con Orgullo, Región de Valparaíso, Saint Mary School

Los activistas trans que hablaron en la manifestación dicen que la comunidad trans se ha visto afectada por el fracaso de la ciudad en cumplir el acuerdo.

En 2021, los activistas LGBTQ+ llegaron a un acuerdo histórico con las autoridades de la ciudad de Nueva York para construir refugios para personas sin hogar, transgénero y personas que no se ajustan a los principios de género. Pero tres años después, la ciudad no ha avanzado en su construcción.

El viernes, la Strategic Trans Alliance for Radical Reform (S.T.A.R.R.)-Alianza Trans Estratégica para la Reforma Radical (STARR) se reunió en Foley Square, en el Bajo Manhattan, para exigir a las autoridades de la ciudad de Nueva York que cumplieran con su acuerdo. La ciudad acordó construir cuatro refugios específicamente designados para personas trans y no conformes con su género sin hogar, así como capacitar al personal en políticas de no discriminación y competencia cultural trans/no binaria.

Los refugios deberían haber sido terminados hace dos años, pero el alcalde Eric Adams no está cumpliendo con el acuerdo. La directora ejecutiva de STARR, Mariah López, dijo a News 12 New York que “desde que asumió el cargo, la administración del alcalde Adams ha ignorado todos los compromisos asumidos por la administración anterior en blanco y negro”.

Un portavoz del Departamento de Servicios Sociales le dijo a la estación de noticias antes mencionada: “Estamos comprometidos a crear un entorno seguro y acogedor para cada neoyorquino LGBTQIA+ que acuda a nosotros en busca de refugio. Durante los últimos años, hemos tomado medidas deliberadas y proactivas para crear un sistema de refugio más inclusivo y seguimos trabajando diligentemente para fortalecer las protecciones para las personas LGBTQIA+ y brindar apoyo y servicios integrales y con conocimiento sobre el trauma a esta población”.

“Además, el DSS-DHS (el Departamento de Servicios Sociales y el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de la Ciudad de Nueva York) ha reservado unidades especiales en los refugios existentes en toda la ciudad para proporcionar refugio seguro y afirmativo para clientes transgénero y no conformes con su género, en cumplimiento de este acuerdo”, dijo el portavoz.

Numerosos estudios han demostrado que las personas trans y LGBTQ+ tienen un riesgo mucho mayor de sufrir falta de vivienda e inestabilidad habitacional que sus contrapartes cisgénero y heterosexuales. Covenant House New York, el mayor proveedor de servicios para jóvenes fugitivos y sin hogar de la ciudad de Nueva York, afirma que el 29 % de los jóvenes a los que atiende se identifican como LGBTQ+.

Las investigaciones han demostrado que las personas trans sin hogar se enfrentan a más barreras a la hora de acceder a los servicios sociales y de vivienda, como la discriminación, las barreras para solicitarlos con éxito y la falta de acceso a los servicios. Mientras viven en la calle, las personas trans también se han enfrentado a un aumento de los problemas de salud mental debido a la “exposición constante a la violencia sexual y de género resultante de la privación de vivienda”, según un estudio de 2020.

Los activistas trans que hablaron en la manifestación dicen que la comunidad trans se ha visto afectada por el fracaso de la ciudad en cumplir el acuerdo.

“Hubo muchas noches en las que volvimos al Departamento de Servicios Sociales y nos dijeron que no podían hacer nada, así que tuvimos que dormir afuera en nuestro vehículo”, dijo la persona trans Somayah Haskins. “El DHS me falló. La agencia de alojamiento y el especialista en vivienda me discriminaron por quién y qué era”, compartió otra oradora trans, Shauna Brooks.

Fuente LGBTQNation

General, Homofobia/ Transfobia. Ciudad de Nueva York, Covenant House New York, Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, Departamento de Servicios Sociales, Department of Homeless Services, Discriminación, Eric Adams, New York City Department of Social Services, Personas sin hogar, Personas trans, Shauna Brooks, Somayah Haskins, Strategic Trans Alliance for Radical Reform (S.T.A.R.R.)

Debido a la discriminación el 38,9% se autolesionó al menos una vez en su vida, algunos dañando su cuerpo y aislándose y otros intentando suicidarse. Pese a ello, la mayoría reconoce que la discriminación ha disminuido y que Chile se encuentra mejor que otros países de la región. La Segunda Encuesta Nacional sobre Diversidades, contestada por más de 4 mil personas LGBTIQ+, aportó datos inéditos: el 9,6%  declara pertenecer a un pueblo originario y 16,1% reporta algún tipo de discapacidad o dificultad física o mental.

A 11 años del primer sondeo el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) aplicó este año la Segunda Encuesta Nacional sobre Diversidades y Discriminación, la cual al ser contestada por 4.442 personas LGBTIQ+ se convirtió en el  sondeo más masivo y representativo del sector.

La encuesta, aplicada de manera presencial y remota entre marzo y junio del 2024, arrojó datos alarmantes sobre la discriminación que afecta a las personas LGBTIQ+, sin embargo al mismo tiempo se aprecia que cada vez hay menos miedo para visibilizar la orientación sexual o la identidad de género, así como la percepción de que Chile es menos segregador que sus pares de Sudamérica.

El sondeo innovó al consultar por primera vez a nivel nacional sobre las posiciones ideológicas, políticas y religiosas que identifican a las personas LGBTIQ+, además de indagar en los alcances de la discriminación interseccional, toda vez que aportó datos inéditos sobre el porcentaje de este grupo humano que  tiene alguna discapacidad o dificultad física o mental y se identifica con algún pueblo originario. Del mismo modo, se indagó por primera vez sobre los porcentajes de personas LGBTIQ+  que han sido discriminadas por redes sociales y ejercen labor de cuidadores.

“Desde la primera encuesta nacional el país ha cambiado radicalmente, en muchos casos para mejor. A la generación de leyes y políticas públicas, se suma la expresión de la diversidad LGBTIQ+. Por ejemplo, a diferencia de hace 11 años, ahora hay personas que se identifican como no binarias, pansexuales o asexuales, conceptos que antes eran poco y nada usados o conocidos”, señaló el Movillh

Sin embargo, añadió “en los últimos dos años se aprecia un recrudecimiento de la discriminación que erosiona los avances y mantiene vulnerables a las personas LGBTIQ+, en especial a niños, niñas y adolescentes, pues la mayoría, un 67%, sufre los primeros abusos en razón de su orientación sexual o identidad de género antes de los 18 años. Además de quienes se autolesionaron debido a la presión social, el 78,6% lo hizo en su infancia o adolescencia, con intentos  de suicidio en el 17,7% de los casos. Sin duda usaremos los resultados del sondeo para sensibilizar a la ciudadanía y seguir incidiendo en la creación o perfeccionamiento de leyes y políticas públicas anti-discriminatorias”, añadió.

Diversidad LGBTIQ+ y discriminación

El 80,9% reporta que ha vivido al menos una vez en su vida discriminación en razón de su orientación sexual o identidad de género versus el 19,1% que jamás ha experimentado ese problema.

En tanto, el 56,7% señala haber sufrido discriminación en el último año. Del total, en el último año el 32,4% vivió la discriminación solo una vez; el 16,9% “mensualmente”, el 4,6% “semanalmente” y el 2,8% “ a diario”.

El 70,2% de quienes han sido víctimas de discriminación señalan que esta se expresó como “burlas o insultos”; seguido por “obstáculos para mi libertad de expresión” (46,9%), “agresiones psicológicas” (42,9%), amenazas (18,8%),  “obstáculos para acceder a servicios o productos ofrecidos por instituciones públicas” (11%), “agresiones físicas”  (10,7%), “obstáculos para acceder a servicios o productos ofrecidos por instituciones privadas” (10,1%) y abuso sexual (10,1%).

A su vez, el 39% reporta que ha sido discriminado a través de internet o redes sociales: el 30,3% con “burlas o insultos”; el 8,1% con “burlas, insultos y amenazas” y el 0,6%  solo con “amenazas”.

El 56,6% identifica como responsables de la discriminación a desconocidos, seguidos por  familiares (43,4%), compañeros/as de estudios (35,7%), compañeros/as de trabajo (19%), “vecinos o personas cercanas a mi barrio” (16,8%), docentes o directivos de establecimientos educacionales (15,8%),  jefes o superiores del trabajo (10,9%), personal de salud (8,6%), carabineros (8,4%), trabajadores de instituciones privadas (7.9%), funcionarios de instituciones públicas (6,4%), PDI (2,4%), defensores públicos (1,1%) y  fiscales (0,8%).

Diversidad LGBTIQ+ y grados de libertad

El 37,3% comentó por primera vez a terceros sobre su orientación sexual o identidad de género entre los 18 y 29 años; el 28,2%  entre los 15 y 17 años; el 25,4% entre los 11 y 14 años; el 4,2% entre los 6 y 10 años; el 3,5% entre los 30 y 39 años; el 0,4% antes de los 5 años;  el 0,3% entre los 40 y 49 años y el 0,1% entre los 50 y 59 años. El 0,6% nunca lo ha contado.

En relación con lo anterior, solo el 2,8% declara que vive su orientación sexual o identidad de género sin ninguna libertad; el 60,4% “con alguna libertad, pero no total” y el 36,8% “de manera totalmente libre”.

Como consecuencia, el 38,6% dice que no se abstiene de expresar en público su orientación sexual o identidad de género (el 11,8% nunca lo ha evitado y el 26,8% antes lo evitaba, pero ya no), mientras el 48% “a veces” evita expresarse y el 13,4% “siempre” lo hace por temor a agresiones, acosos o amenazas. Muy vinculado a ello, el 49,1 % no se abstiene de visitar lugares por temor  a agresiones (el 28,9% nunca se abstuvo y el 20,2% antes lo hacía, pero ya no), mientras el 41,2% solo “a veces” lo hace y el 9,7% “siempre”.

Entre quienes han evitado expresar su orientación sexual o identidad de género, el 36,4% lo ha hecho en “calles, plazas o parques”, el 33,7% en “reuniones familiares”, el 30,9% en el transporte público,  el 21,5% en su lugar de trabajo,  el 19,4% en bares o discotecas, el 16% en instituciones públicas, el 15,4% en instituciones privadas, el 12,4% en una cafetería o restaurante, el 9,8% en marchas o eventos masivos, el 9,5% en reuniones con amigos o vecinos y el 9,6% en su lugar de estudios

 Experiencia personal de la discriminación y denuncias

El 28,2% de quienes han sufrido discriminación vivieron su primer episodio de exclusión entre los 11 y 14 años, seguido por quienes tienen entre 18 y 29 años (25%), entre 15 y 17 años (23%),  entre 6 y 10 años (14%), entre 30 y 39 años (4,1%), antes de los 5 años (1,8%), entre los 40 y 59 años (0,4%) y entre los 50 y 59 años (0,2%). El 3,3% no recuerda a qué edad vivió su primer episodio de discriminación.                                    

Debido a la discriminación y presión social en razón de su orientación sexual o identidad género, un 38,9% reporta que se autolesionó. De quienes se infligieron daño, el 32,2% lo hizo aislándose del resto de las personas, el 25,7% lesionando zonas de su cuerpo, el 18,1% dejando de comer, el 17,7% intentó suicidarse, el 8,1% consumió abusivamente de drogas y el 4,9% se propinó “otras” agresiones.

Resulta alarmante que del total de personas que se autolesionó, el 78,6% lo hizo en su infancia o adolescencia: el 37,6% entre los 11 y 14 años; el 34,5% entre los 15 y 17 años, el 6,3% entre los 6 y 10 años  y el 0,2% antes de los 5 años.  El 19% lo hizo entre los 18 y 29 años; el 2% entre los 30 y 39 años y el 0,4% entre los 40 y 49 años.

Pese a los nocivos efectos de la discriminación, del total de personas que la han vivido solo el 9% denunció el último abuso que sufrió.

El 25,6% descartó denunciar “porque simplemente no quise”, seguido “porque no vale la pena denunciarlo” (22,8%), “porque solucioné el problema yo mismx” (14,6%), “por temor a represalias” (13,7%), “porque no sabía donde ir o como hacerlo” (13,7%), “porque no quería dar a conocer mi orientación sexual o identidad de género” (7%), y “porque no tuve tiempo” (2,6%).

Personas LGBTIQ+, nacionalidad, pueblos autóctonos y discapacidad

La encuesta aportó importantes datos para hacer frente a la discriminación interseccional, en tanto explicitó el porcentaje de personas LGBTIQ+ que además de su orientación sexual o identidad de género podrían ser segregadas por su nacionalidad, discapacidad o pertenencia a pueblos originarios

El 95,1% es de nacionalidad chilena; el 2,8%, venezolana; el 0,5%, colombiana y el 0,4%, peruana. Las nacionalidades argentina, boliviana, brasileña, ecuatoriana Y española son reportadas en cada caso por el 0,1%, mientras que el  0,7%  es de otros países.

El 9,6% declara pertenecer a un pueblo originario. Del total de personas encuestadas, el 7,5% es mapuche; el 0,9% diaguita; el 0,5%, aymara; el 0,3%, atacameño; el 0,2% quechua y el 0,2% “otros”.

El 16,1% dice tener algún tipo de discapacidad o dificultad física o mental. Del total de encuestados, el 8,4% declara “dificultad psiquiátrica”; el 3,2% “dificultad mental o intelectual”, el 2,1% “ceguera o dificultad para ver aún usando lentes”, el 1,7% “dificultad física o de movilidad”, el 0,6% “sordera o dificultad para oír aún usando audífonos”; el 0,4% “mudez o dificultad de habla” y el 3,8% “otras”

 Parejas , familias y cuidadores      

En lo referente al estado de hecho, el 44,3% dice no tener pareja; el 23,7% solo pololea; el 23,1% convive sin vínculo legal; el 5% está unido en matrimonio; el 3,8% es conviviente civil y el 0,1% viudo.                                                                                          

El 6,9% tiene hijos/as. Del total de encuestados, el 4,3% tiene un solo hijo; el 1,9%, dos y el 0,7% tres o más.                                                                                               

El 16,6% tiene bajo su cuidado personal a otras personas. Del total de encuestados/as, el 5,4% tiene bajo su cuidado a su padre o madre; el  5,3% a sus hijos/as, el 2,8% a “otros familiares”; el 2,4% a su pareja; el 1,9% a uno o más hermanos y el 0,5% a amigos o conocidos.

 Política, religión y actualidad

El 64,3% dice no tener ninguna religión o credo, el 21% se declara católico; el 3,8% evangélico o protestante; el 1,4% budista; el 0,8% mormón; el 0,2% judío y el 8,5% “otra”.

En cuanto a la tendencia política-ideológica el 48,7% no adhiere a ninguna. En tanto, 35,2% se declara de Izquierda (el 19,9% de izquierda; el 14,1% de centro-izquierda y el 1,2% de extrema izquierda), el 9,8% de Derecha (5,3% de derecha; 4,3% de centro derecha y 0,2% de extrema derecha) y el 6,3% de Centro .

En otro ángulo, el 79,2% piensa que la realidad de las personas LGBTIQ+ en Chile es mejor que hace 10 años, el 10,5% cree que es igual, el 1,8% que es peor y el 8,5% no sabe.

Más aún, el 42,4% piensa que en Chile la “mayoría” de las personas respeta los derechos LGBTIQ+, el 53,4% cree que solo una minoría y el 0,5% que todas las personas. Un 1,2% considera que nadie respeta y un 2,5% dice no saberlo.

Muy vinculado con ello, el 54,8% considera que solo una minoría de personas discriminan a quienes son LGBTIQ+ v/s un 41% cree  que lo hace la mayoría. En tanto, un 2% estima que todas las personas discriminan, un 0,4% que nadie discrimina y un 1,8% no sabe.

En una escala de 1 a 7, donde 1 es nula y 7 es mucha discriminación, el 51,6% cree que en Chile la exclusión es “alta” (5, 6 y 7), el 31,6% “media” (4) y el 16,8% “baja” (1,2,3).

A su vez, el 70,2% dice que la discriminación en su entorno cercano (familia, amigos o compañeros) es baja, el 11,5% la califica de media y el 18,3% de alta.

Además, el 61,5% cree que el respeto a la diversidad sexual y de género en Chile va por “regular camino”, el 33,2% por “buen camino” y el 5,3% por “mal camino”

En comparación con los últimos 5 años, el 56,3% cree que la discriminación ha disminuido,  el 29,8% que está igual y el 13,9% que ha aumentado.

Con todo, el 57,4% reconoce que la situación de los derechos LGBTIQ+ en Chile es mejor que en otros países de Sudamérica, el 8,3% cree que es peor, el 14,5%, igual y el 19,8%  no sabe.

Lamentablemente se aprecia un alto desconocimiento sobre las leyes que protegen a la orientación sexual y la identidad de género. Frente a la consulta abierta  “¿Cuál es a tu juicio la ley más relevante para la conquista de los derechos LGBTIQ+?” el 23% no sabe o no responde y el resto de las respuestas hacen referencia solo a las normas que han sido más mediáticas.

De todas formas, se aprecia que a juicio de las personas encuestadas la norma más relevante para los derechos LGBTIQ+ es la  Ley Zamudio (35%), seguida por el matrimonio igualitario (21%), la identidad de género (11%), el Acuerdo de Unión Civil (9) y otras (1%), en específico la Ley de Salud Mental, la reforma al Código Laboral y la despenalización de la homosexualidad.

Comparaciones encuesta del 2013 y el 2024        

En la primera encuesta nacional aplicada en 2013 ninguna persona  se identificó como no binaria, solo como hombres o mujeres. En el segundo sondeo el 11,4% dice ser no binarie.

Del mismo modo, en cuanto orientaciones sexuales el 10,6% se identifica como pansexual, el 1,6% como asexual y el 3% en otra; mientras que hace 11 años esas categorías no eran usadas; y el 16,6% como trans, mientras que en 2013 solo el 0,7% reportaba esa identidad de género.

En lo referente a credos y religiones mientras en 2013 el 57,8% decía no tener ninguno, en 2024 la cifra se eleva al 64,3%, con una baja de cuatro puntos en quienes se declaran católicos; de -1,1 puntos, evangélicos y de -0,1 puntos, judíos.

Mientras en 2013 el 74,5% señalaba haber vivido al menos una vez en su vida discriminación por orientación sexual o identidad de género, al 2024 la cifra se eleva en 6,4%  puntos porcentuales más. En el aumento, podría incidir el hecho de que antes menos personas denunciaban las exclusiones o daban a conocer su orientación sexual o identidad de género, a lo que se sumaba una naturalización o poca comprensión de la discriminación

A su vez, en 2013 del total de personas discriminadas el 43,7% identificaba como responsables a desconocidos y el 16,1% a familiares, mientras en 2024 las cifras son del 56,6% y del 43,4%, con alzas de 12,9 y de 27,3 puntos porcentuales  en forma respectiva.

En estos cambios también incidiría una mayor visibilidad de las personas LGBTIQ+ y la desnaturalización de la discriminación.

En 2013 el 8% denunciaba la discriminación, solo un punto menos que el 2024. Sin embargo, lo interesante es que en 2013 un 12,2% no denunciaba por temor a dar a conocer su orientación sexual o identidad de género en circunstancias que al 2024 solo el 7% no reporta los abusos por esa razón.

Si 11 años atrás el 84% pensaba que en Chile había “altos” índices de discriminación, en 2024 el 51,6% cree aquello. En 2013 para el 12,8% había índices “medios” de discriminación y para el 3,2% “bajos”, cifras que al 2024 son de 31,6% y 16,8% en forma respectiva.

Una situación similar ocurre con el entorno cercano (familia, amigos o compañeros). En 2013 el 52,8% pensaba que la discriminación en su entorno era baja, el 15,1% media y el 32,1% alta.  En 2024, el 70,2%, el 11,5% y el 18,3% piensa lo mismo, en forma respectiva.

Mientras en 2013 solo un 17,4% consideraba que el respeto a la diversidad sexual y de género iba por buen camino,  en 2024 el 33,2% piensa aquello.

Con todo, al comparar el pasado con el presente, la percepción de cambios era más positiva en 2013 que en 2024. En 2013 el 59,1% creía que la discriminación había disminuido en los últimos 5 años y en 2024 el 53,3% cree eso, es decir 5,8 puntos porcentuales menos.

Perfil de personas encuestadas en 2024

El sondeo fue aplicado de manera presencial, remota y electrónica a 4.442 personas mayores de 14 años se todas las regiones del país entre 14 de marzo y el 14 de junio del 2024.

El 49,7% tiene entre 15 y 29 años; el 34,5% entre 30 y 39 años; el 9,4% entre 40 y 49 años; el 3,2% entre 50 y 59 años, el 1,3% entre 60 y 69 años; el 1,1% 14 años y el 0,8% más de 70 años.

En cuanto a la distribución geográfica el 50,6% es de la Región Metropolitana; el 10,1% de Valparaíso; el 6,9% de Biobío; el 4,6% de Los Lagos; el 4,3% de Coquimbo; el 4% del Maule; el 3,5% de O`Higgins; el 3% de La Araucanía; el 2,8% de Antofagasta; el 2,1% de Los Ríos; el 2% de Tarapacá; el 1,7% de Atacama; el 1,5% de Ñuble; el 1,2% de Magallanes, el 0,9% de Aysén y el 0,8% de Arica.

De total, el 46,2% se declara  de género masculino; el 42,4% femenino y el 11,4% no binario.                                                                                                                       

El 37% tiene orientación sexual gay; el 24,3%, lésbica; el 21,3% bisexual; el 10,6%, pansexual; el 2,2% heterosexual; el 1,6%, asexual y el 3%, otra.                                              

En relación a la identidad de género, el 83,4% es cisgénero y el 16,6% es trans, de quienes el 8,1% se declara transmasculino, el 5,8% trans no binarie y el 2,7% transfemenina. Además el 2,2% se declara intersex, de quienes el 0,9% es de género femenino; el 0,8%, masculino y el 0,5% no binarie.

El 37,8% declara tener educación superior completa; el 23,1% superior incompleta; el 15,5% media completa; el 11,6% post grado completo;  el 6,9 medio incompleto; el 3,3% post grado incompleto; el 1,3% básica completa y el 0,5% básica incompleta.

En cuanto a su ocupación,  48,4% solo trabaja; el 21,5% solo estudia; el 16,9% trabaja y estudia; el 9,3% está cesante y no estudia y el 3,9% es cesante y estudia.

Finalmente, el 51,3% califica de “regular” su situación económica actual; el 32,9% de buena y el 15,8% de mala.

Encuesta completa aquí

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Discriminación, Homofobia/Transfobia, Segunda Encuesta Nacional sobre Diversidades y Discriminación

El ex director de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de una universidad católica de Rhode Island presentó una denuncia por discriminación contra la escuela en medio de la actual controversia en el campus sobre la inclusión LGBTQ+.

E. Corry Kole (ellos/ellos), quien se desempeñó como director de educación y desarrollo profesional DEI de Providence College hasta principios de marzo, presentó la denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, alegando que “[Kole] experimentó conductas directas, repetidas, pautadas y discriminación sistémica por motivos de orientación sexual e identidad de género”, informó el Providence Journal..

Kole renunció tras alegar que la administración de la escuela les impedía cumplir con las funciones de su cargo. Cientos de profesores, personal y estudiantes respondieron a la renuncia enviando una carta abierta a la administración de la universidad. Los firmantes pidieron el fin de la supresión de los esfuerzos de inclusión LGBTQ+ en el campus.

Kole fue director de DEI durante tres años y medio y ahora dice que enfrentaron acoso continuo, falta de apoyo a su trabajo (particularmente en lo que respecta al desarrollo de iniciativas para la inclusión LGBTQ+) y falta de rendición de cuentas en respuesta a sus quejas. Kole afirma que miembros de la administración les dijeron que no podían identificarse como queer y les disuadieron de usar los pronombres ellos/ellos en público. Según el Providence Journal, el cargo también afirmaba:

“. . . la universidad obstaculizó repetidamente el trabajo de Kole, escaneó su página de Facebook en busca de pruebas que justificaran su despido, permitió que la seguridad del campus los confundiera intencionalmente con el género, amenazó con medidas disciplinarias contra ellos por organizar eventos durante la Semana de Concientización LGBTQ+ y causó una ansiedad tan intensa que Kole finalmente tomó una licencia médica. .”

Según el abogado de Kole, Joseph Daigle, la escuela no respondió a múltiples oportunidades para abordar las quejas de discriminación de Kole, por lo que presentar un cargo por discriminación es la única vía que le queda a Kole para lograr justicia.

Un portavoz de Providence College, Steven Mauranon, respondió a la noticia afirmando:

“El papel de E., como miembro de la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión Institucional de la universidad, implicaba trabajar y colaborar con nuestra Oficina de Misión y Ministerio para brindar una serie de servicios y una variedad de atención a nuestra comunidad… No “Tuvimos tiempo de revisar en detalle la acusación formal, pero esperamos abordar las denuncias de discriminación sin fundamento”.

Tras la dimisión de Kole y la carta abierta, el presidente del colegio, el p. Kenneth Sicard, emitió un comunicado afirmando el apoyo a los estudiantes LGBTQ+ y el compromiso de la universidad con las enseñanzas católicas. Sin embargo, Sicard dijo en una entrevista posterior que el campus de la universidad “no es un lugar de total libertad de expresión”. Es lamentable que sea necesaria la dimisión de miembros del personal y una demanda para que se realicen tales cambios. La identidad católica de la institución debería ser suficiente para fomentar un ambiente donde verdaderamente todos sean bienvenidos.

—Phoebe Carstens (ellos/ellos), Ministerio New Ways, 2 de mayo de 2024

Fuente New Ways Ministry

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Iglesia Católica, Personas LGTBIQ

De su blog Fe y Vida:

“Si más mujeres fueran conscientes de su dignidad bautismal, se podría erradicar el clericalismo”

”Comienza a ser políticamente “correcto” que haya mujeres en todos los lugares. Sin embargo, afirmar tanto que a la iglesia le falta la participación de las mujeres puede esconder una afirmación más necesaria: a las mujeres les falta más conciencia de su dignidad personal y bautismal. Y, me parece que aquí, también hay mucho por trabajar”

“¿Qué pasa entonces con las mujeres en la iglesia que consideran “normal”, “mejor”, “voluntad divina”, “no necesario” o no sé que otra razón, ser excluidas en razón del sexo de algunas instancias eclesiales?”

“Algunas responderán que Jesús se encarnó en un varón. Eso es innegable. Pero ¿eso hace que el sexo masculino pueda tener privilegios? Si así fuera, no parecería que Dios respaldara la igualdad fundamental de todos los seres humanos, creados a su imagen y semejanza”

15.04.2024 Consuelo Vélez

Continuamente escuchamos que a la Iglesia le hace falta la presencia de las mujeres. Pero, al mismo tiempo se dice, que son ellas las que más acuden a la Iglesia, las que realizan muchas actividades pastorales e, incluso, las que más cultivan la espiritualidad y el compromiso social. Se preguntaría uno, entonces, si en verdad a la iglesia le falta la participación de las mujeres.

La respuesta que se da es que falta en los niveles de liderazgo y dirección. Es verdad que, en esos niveles, no solo falta, sino que está ausente casi absolutamente. Por eso el papa Francisco está nombrando a más mujeres en puestos de cierta relevancia en la curia romana y, en otras instancias, se está comenzando a buscar que haya más mujeres en todos los eventos, reuniones, comités, etc., que se propongan.

Comienza a ser políticamente “correcto” que haya mujeres en todos los lugares. Sin embargo, afirmar tanto que a la iglesia le falta la participación de las mujeres puede esconder una afirmación más necesaria: a las mujeres les falta más conciencia de su dignidad personal y bautismal. Y, me parece que aquí, también hay mucho por trabajar. Veamos qué quiere decir lo que acabo de afirmar.

A nivel social, los derechos humanos ponen a mujeres y varones en igualdad de condiciones y la lucha es constante porque eso se reconozca y se cumpla. ¿Qué pasa entonces con las mujeres en la iglesia que consideran “normal”, “mejor”, “voluntad divina”, “no necesario” o no sé que otra razón, ser excluidas en razón del sexo de algunas instancias eclesiales?¿qué pasa con tantas mujeres en la iglesia que sabiendo que por el bautismo tienen la dignidad fundamental de su ser cristiano, no les inquieta, no les molesta, no les duele, el no poder ser mediación de la presencia de Cristo en el servicio sacramental?

Las preguntas podrían multiplicarse: ¿qué pasa con tantas mujeres que defienden el seguir hablando en masculino aduciendo que ellas se sienten incluidas? ¿no se dan cuenta que, si solo se privilegia lo masculino en el lenguaje, lo femenino es invisibilizado? ¿qué pasa con tantas mujeres en la Iglesia que siguen fomentando el clericalismo porque consideran que lo masculino si es mediación divina para orientarlas en su espiritualidad? ¿qué pasa con tantas religiosas que consideran que no hace falta estudiar teología porque creen que eso es para los llamados al presbiterado sin darse cuenta que la labor evangelizadora supone un desarrollo intelectual adecuado a la tarea que llevan entre manos? ¿qué pasa con tantas mujeres en la iglesia que huyen de cualquier pensamiento feminista y les parece que luchar por los derechos de las mujeres les hace perder la aceptación en los círculos eclesiales que frecuentan? ¿qué pasa con tantas mujeres que no se preguntan porque solo tenemos imágenes masculinas de Dios, si varón y mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios?

Algunas responderán que Jesús se encarnó en un varón. Eso es innegable. Pero ¿eso hace que el sexo masculino pueda tener privilegios? Si así fuera, no parecería que Dios respaldara la igualdad fundamental de todos los seres humanos, creados a su imagen y semejanza. Por supuesto la encarnación supuso limitarse a un sexo, a una cultura, a un tiempo, a una lengua, a unas costumbres, a un momento histórico. Pero nada de todas las otras características de la encarnación las aducimos como imprescindibles para hoy ser mediación de Dios. Solamente el sexo masculino perdura en las mentes, imaginarios y decisiones.

Es más urgente trabajar por transformar la conciencia de las propias mujeres para que se valoren como imagen de Dios y no acepten ninguna discriminación en razón del sexo

En definitiva, en la medida que haya más participación de las mujeres en la Iglesia, se irá cambiando el rostro masculino y clerical y los valores e imaginarios se irán transformando poco a poco. Pero es más urgente trabajar por transformar la conciencia de las propias mujeres para que se valoren como imagen de Dios y no acepten ninguna discriminación en razón del sexo. Por supuesto ni todas podemos hacer todo, ni todas se sienten llamadas a todo, pero lo que no se puede aceptar es que sigan existiendo discriminaciones en razón del sexo que pongan un límite al ser mujer en la realización de su ser personal, de su ser bautismal, de su protagonismo y compromiso con la misión evangelizadora de la Iglesia, desde todos los lugares y responsabilidades que todos los miembros de la iglesia están llamados a realizar y, a las que muchas mujeres se sienten llamadas.

Lo que acabo de decir puede parecer obvio para algunos, innecesario para otros, demasiado reivindicativo para unos cuantos, desconcertante para quienes tienen la convicción profunda que las mujeres aportamos aquello que los hombres no tienen y viceversa, pero, en la medida que se desvanece la organización patriarcal y clerical, más claridad tenemos sobre nuestro propio ser y más nos urge que las cosas sean como siempre debieron ser. Si más mujeres fueran conscientes de su propia dignidad bautismal, sería más fácil erradicar el clericalismo y, posiblemente, más rápido la iglesia de Jesús podría dar testimonio de este texto tan conocido de Pablo en la carta a los Gálatas: “no hay judío, ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer porque todos somos uno en Cristo Jesús” (3, 28).

Cristianismo (Iglesias), Iglesia Adventista del Séptimo Día, Iglesia Católica Discriminación, Iglesia, Inclusiva, Mujer

El Tribunal Constitucional de Uganda, ha confirmado el draconiano proyecto de ley contra la homosexualidad del país.

Cómo la ultraderecha cristiana occidental ejerce influencia en la cruzada anti-LGTBI en Ghana

Grupos como el Congreso Mundial de las Familias o CitizenGO azuzan desde hace años la homofobia en el país africano, cuyo Parlamento aprobó en febrero una ley que criminaliza la homosexualidad. La estrategia pasa por persuadir a la población local de que son los guardianes de la ortodoxia religiosa

El proyecto de ley aprobacdo por el parlamento de Uganda en marzo, que conlleva la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, estaba siendo impugnado ante los tribunales por activistas que argumentaban que viola los derechos constitucionales de los ciudadanos a la igualdad y la dignidad.

“Nos negamos a anular la ley contra la homosexualidad de 2023 en su totalidad, ni otorgaremos una orden judicial permanente contra su aplicación”, dijo sobre la decisión el vicepresidente del Tribunal Supremo y presidente del tribunal de Uganda, Richard Buteera.

Sin embargo, el tribunal sí encontró que ciertas partes de la ley violan el derecho de los ciudadanos a la salud y que es “incompatible con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

En reacción a la noticia, el abogado de derechos humanos Nicholas Opiyo dijo que el tribunal base “la decisión en sentimientos públicos, supuestos valores culturales y acusaciones infundadas/sin fundamento de reclutamiento en la homosexualidad es, por decir lo menos, extraño”.

El tribunal dictó sentencia sumaria y se negó a anular la ley contra la homosexualidad de Uganda.

 “No estamos de acuerdo con los hallazgos, pero esperamos recibir su razonamiento detallado y consultarnos sobre nuestros próximos pasos”, dijo. Añadiendo: “Uno viene a la corte esperando que supere la intolerancia y los sentimientos públicos. En ese sentido, es una decepción, pero veremos qué próximos pasos se pueden tomar”.

El activista Steven Kabuye,  que recientemente fue apuñalado y abandonado frente a su casa al tomarlo por muerto, dijo que la decisión significa que la comunidad LGBTQ+ en el país ha sido “empujada aún más en la oscuridad” y que el precio de la libertad para un ugandés LGBTQI+ común y corriente es la muerte”.

¿Cuál es la factura?

El proyecto de ley contra la homosexualidad recibió la aprobación del presidente del país,  Yoweri Museveni, en mayo de 2023 y se basó en leyes ya duras que criminalizan el sexo gay, convirtiéndose en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo.

El Parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas simplemente por identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero esta cláusula fue eliminada posteriormente por los legisladores en mayo, después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

La Ley Antihomosexualidad de 2023: Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte. También ha intensificado el sentimiento homofóbico en todo el país con un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.  Activistas de derechos LGBTQ+ dijeron que el proyecto de ley ha provocado un aumento de los abusos, incluidas torturas, violaciones y desalojos, contra ugandeses LGBTQ+ por parte de ciudadanos privados.

En respuesta, grupos de derechos humanos y activistas LGBTQ+ criticaron el proyecto de ley como “una legislación vil y mortal” que no hará “nada para mejorar Uganda o las vidas de los ugandeses”.

Estados Unidos también dijo que el país tiene la intención de cortar los lazos económicos con Uganda tras la implementación del proyecto de ley contra la homosexualidad, y el presidente Joe Biden escribió que planeaba poner fin a las relaciones económicas por las “graves violaciones” de los derechos humanos. Después de que Uganda aprobara su ley, el presidente Joe Biden pidió su derogación inmediata y amenazó con recortar la ayuda estadounidense a Uganda en respuesta. El Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje a los ciudadanos estadounidenses, instándolos a reconsiderar sus viajes al país debido a la legislación y otros delitos locales y actos terroristas. En junio, Estados Unidos emitió una primera ronda de restricciones de visas para funcionarios ugandeses. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”.

Uganda presentó su primer procesamiento importante en virtud de la ley en septiembre, acusando a un activista “ex-gay” que promovió la ley de mantener relaciones sexuales homosexuales consensuadas. Si es declarado culpable, el activista podría enfrentarse a cadena perpetua.

Desde que se aprobó la legislación, ha habido  aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos. en Uganda, según un informe de un comité de la coalición Convención por la Igualdad (CFE).

El informe, visto por Reuters, denuncia 306 violaciones de derechos en Uganda basadas en la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023.

En particular, el informe afirma que la lista no puede considerarse exhaustiva debido a las dificultades que enfrentan las personas LGBTQ+ para denunciar abusos anti-LGBTQ+.

La Casa Blanca condena al Tribunal Constitucional de Uganda por defender la ley de “matar a los gays”

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, denunció la decisión del Tribunal Constitucional de Uganda de ratificar la Ley Antihomosexualidad de la nación de África Oriental.

La ley, que se aprobó en 2023, enfrentó un desafío constitucional a fines del año pasado por parte de dos profesores de derecho de la Universidad Makerere en Kampala, quienes argumentaron que viola los derechos fundamentales garantizados en la constitución de Uganda, incluida la libertad de discriminación y el derecho a la privacidad.

El tribunal superior del país confirmó la ley, que castiga las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo con cadena perpetua y la “homosexualidad agravada” con la muerte. Partes de la ley –incluida una disposición que tipifica como delito no denunciar actos homosexuales a las autoridades– fueron anuladas por el tribunal por ser “incompatibles con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

“El anuncio de que el Tribunal Constitucional ha eliminado algunas disposiciones de la Ley contra la Homosexualidad de Uganda es un paso pequeño e insuficiente para salvaguardar los derechos humanos”, dijo Jean-Pierre en la rueda de prensa de ayer en la Casa Blanca. “Como ha dicho el presidente una y otra vez, nadie debería vivir con miedo constante ni ser sometido a violencia o discriminación. Está mal. Seguiremos trabajando para promover el respeto de los derechos humanos para todos en Uganda y también en todo el mundo”.

El presidente Joe Biden pidió que la ley fuera inmediatamente derogada cuando fue aprobada en mayo pasado y también eliminó a Uganda de un pacto comercial de 2000 conocido como Ley de Oportunidades y Crecimiento Africano (AGOA). La administración de Biden dice que contribuye a la persecución anti-LGBTQ+, pero el Ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, Henry Okello Oryem, acusó a las naciones occidentales de intentar “coaccionarnos para que aceptemos relaciones entre personas del mismo sexo utilizando ayuda y préstamos”.

Las Naciones Unidas y los grupos de ayuda internacionales también condenaron la ley, preocupados de que pudiera revertir décadas de progreso contra el SIDA en África. Después de que Uganda aprobara la ley, el Banco Mundial comenzó a suspender todos los préstamos a Uganda.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, también denunció la decisión del tribunal.  “Estados Unidos sigue estando profundamente preocupado por los informes de abusos a los derechos humanos en Uganda, incluso contra la comunidad LGBTQI+”, dijo Blinken en un comunicado. “Las disposiciones restantes de la AHA plantean graves amenazas al pueblo ugandés, especialmente a los ugandeses LGBTQI+ y sus aliados, socavan la salud pública, reprimen el espacio cívico, dañan la reputación internacional de Uganda y perjudican los esfuerzos para aumentar la inversión extranjera”.

El representante Mark Takano (D-CA) dijo en un comunicado que estaba “indignado” por la decisión del tribunal y elogió a la administración Biden por “enviar un mensaje claro, tanto a través de la retórica como de la política, de que esta ley es fundamentalmente inhumana. Estoy indignado por el fallo del Tribunal Constitucional de Uganda que confirma una ley que despoja a los ugandeses LGBTQ de su dignidad, libertad y, en algunos casos, de sus vidas”, dice el comunicado. “Es una vergüenza y un retroceso profundamente inquietante para los derechos humanos en la región. Esta ley draconiana añade una capa completamente nueva de discriminación sistemática patrocinada por el Estado además de lo que los ugandeses LGBTQ ya enfrentan: marginación social, violencia policial, desalojos, pérdida de empleo, acoso, agresión e incluso asesinato”.

 La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente PinkNews/LGBTQNation/Cristianos Gays

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Se trata del primer caso penal con este cargo desde que el movimiento LGTBI fuera declarado extremista en el país el pasado noviembre

La Justicia rusa ha dictado prisión preventiva para dos personas que trabajan en un bar para homosexuales –encargadas de la dirección artística y la administración– tras acusarlas de extremismo, el primer caso penal con este cargo desde que el movimiento LGTBI fuera declarado extremista en este país.

Según el portal EAN News, la vista judicial en un tribunal de la ciudad de Oremburgo se llevó a cabo este miércoles a puertas cerradas y los periodistas pudieron acceder a la sala solo durante la lectura del fallo. Podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión si son declarados culpables, según apuntan varias informaciones.

“El tribunal adoptó una medida preventiva para el director artístico y el gerente del bar Pose”, dice el tribunal en un comunicado, en el que detalla que permanecerán bajo custodia hasta el 18 de mayo. Según informa el Moscow Times, el director de arte está acusado de seleccionar artistas drag para sus actuaciones y el gerente del bar de grabar dichas actuaciones. Los medios rusos identifican a los detenidos como un hombre y una mujer, Alexander Klimov y Diana Kamilyanova.

The manager Diana Kamilyanova & art manager Alexander Klimov of gay bar Pose were arrested & sent to pre-trial detention today for “organising an LGBT movement cell”. They might get up to ten years imprisonment under the law on extremist organisations pic.twitter.com/6BYdSoMeO8

— OVD-Info English (@ovdinfo_en) March 20, 2024

Este mes, la policía efectuó una redada en un bar, donde se celebraban espectáculos drag. Más tarde el Ministerio del Interior informó de haber “frustrado la actividad de un club nocturno, donde se reunían representantes de un movimiento prohibido en Rusia”. Las autoridades afirman que en el establecimiento “se hacía propaganda del movimiento LGTB, prohibido en Rusia”.

Durante la redada, la policía y miembros de un grupo nacionalista local, que habían informado sobre el club, obligaron a los clientes e invitados a tumbarse boca abajo en el suelo y a las drag queens que actuaban las mantuvieron semidesnudas mientras les confiscaban sus trajes y pelucas, explica Amnistía Internacional.

Ofensiva anti-LGTBI

El Tribunal Supremo de Rusia ilegalizó en noviembre de 2023 al “movimiento LGTBI internacional”, que describe de manera vaga, al considerarlo una “organización extremista” a petición del Ministerio de Justicia. La medida prohíbe la propaganda, la publicidad, el generar interés y animar a integrar las filas del movimiento LGTB, recoge la Agencia EFE. Según denuncia Amnistía Internacional, las redadas policiales en establecimientos de ambiente LGBTI, incluidos bares, clubes y saunas, han aumentado en Rusia después de esta sentencia.

“Lo que las personas LGBTI y los activistas de derechos humanos temían desde finales del año pasado se ha hecho realidad. Las fuerzas del orden rusas, envalentonadas por la vergonzosa sentencia del Tribunal Supremo que declaró ‘extremista’ a un inexistente ‘movimiento internacional LGTBI’, han abierto su primer caso de ‘extremismo’ relacionado con lo LGBTI”, denuncia Natalia Zviagina, directora de Amnistía Internacional Rusia.

“La comunidad internacional debe pedir a las autoridades rusas que revisen la homófoba sentencia del Tribunal Supremo y pongan fin de inmediato a la persecución de las personas LGTBI. Es imperativo garantizar que todos los derechos humanos sean disfrutados por todos sin excepción”, dice.

En noviembre de 2022, la Duma (cámara de diputados) aprobó una ley que prohibía totalmente lo que denomina la propaganda LGTB y el cambio de sexo. Además, en junio prohibió las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo, lo que provocó una gran alarma entre la comunidad trans.

Como telón de fondo, el Kremlin ha intensificado aún más la retórica ultraconservadora desde que lanzó su invasión de Ucrania, presentando el conflicto como una batalla contra Occidente y sus valores liberales.

Las autoridades rusas alegan que no hay discriminación ni persecución de la comunidad homosexual en el país y que la prohibición de las manifestaciones públicas de dicho colectivo responde a los valores morales de Rusia.

La situación legal del colectivo LGTBI en Rusia

Con el inestimable apoyo de la Iglesia ortodoxa, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó por primera vez una ley que prohíbe la llamada “propaganda gay” en Rusia en junio de 2013: la llamada ley contra la «propaganda homosexual ante menores». La ley buscaba aparentemente “proteger a los niños” de cualquier “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales”, como se establece en el texto de la ley. La nueva ley extiende las restricciones no solo a los niños sino también a los rusos de todas las edades. Desde entonces, la legislación rusa ha seguido empeorando respecto a la situación de las personas LGTBI. La ley se ha utilizado principalmente para silenciar a organizaciones activistas, eventos, sitios web y medios de comunicaciónLGBTQ+, así como para separar familias y acosar a maestros. También ha sido rotundamente condenado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, los grupos de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como activistas de derechos civiles en todo el mundo.

El objetivo siempre ha sido invisibilizar la lucha por los derechos LGTBI y la mera existencia del colectivo. Cualquier información positiva sobre las orientaciones sexuales “no tradicionales” o de las distintas identidades de género quedaron marcadas como ilegales, se reprimieron y se castigaron con fuertes multas económicas. La marcha  del Orgullo quedó prohibida, las banderas arcoíris o trans fueron vedadas en público y sus portadores fueron detenidos, sancionados e incluso temporalmente encarcelados.

Los observadores de derechos humanos dicen que la ley, que también prohíbe que las personas compartan “ideas distorsionadas sobre el valor social igual de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales”, se ha utilizado para reprimir la libertad de expresión de las personas LGBT +, y alimentó un aumento en retórica homofóbica en el país.

En 2017, Putin afirmó que es su “deber” evitar que las personas homosexuales se casen para que las personas normales tengan más bebés. En ese mismo 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que la ley es discriminatoria. Los jueces escribieron: “Al adoptar tales leyes, las autoridades reforzaron el estigma y los prejuicios y alentaron la homofobia, que era incompatible con los valores de una sociedad democrática”.

El mismo tribunal también determinó que Rusia estaba violando los derechos humanos de las personas LGBT + por la prohibición de los eventos de Orgullo en 2018 y por las acciones para bloquear el registro de grupos LGBT + en 2019.

En 2018, un informe de la Human Rights Watch confirmaba que la ley contra la “propaganda gay” de Rusia es un peligro.

Pero todo empeoró en diciembre de 2022, cuando Putin firmó una ley que amplía la prohibición del país de la “propaganda” LGBTQ+. La ley recién firmada prohíbe efectivamente cualquier expresión pública de la vida LGBTQ+ en Rusia al prohibir “cualquier acción o difusión de cualquier información que se considere un intento de promover la homosexualidad en público, en línea o en películas, libros o publicidad”, informó Reuters.

La ley fue  aprobada por unanimidad en las dos cámaras del Parlamento ruso. Se eliminaba el requisito de que la “propaganda” fuera realizada ante menores y, de ese modo, se prohibió cualquier manifestación, información o creación que mostrase “relaciones no tradicionales” de manera no derogatoria, así como la información sobre las identidades de género a menores. Cualquier libro, película, espectáculo, canción, obra de arte, muestra de afecto, afirmación de la propia orientación sexual ante testigos, información positiva de la homosexualidad, bisexualidad o condición trans fueron castigados con fuertes sanciones. De hecho, la reforma de la ley supuso la total invisibilización y el enmudecimiento social de las personas LGTBI, a quienes desde medios o instituciones gubernamentales se consideraron “agentes extranjeros” o traidores a la patria, en una situación de guerra tras la brutal invasión de Ucrania.

El siguiente ataque a los derechos LGTBI fue dirigido específicamente y con absoluta crueldad contra el colectivo más vulnerable: las personas trans. El 31 de mayo de 2023, fue presentado un proyecto de ley en la Duma (la cámara baja del Parlamento ruso) en el que se establecía la prohibición de cualquier tratamiento médico, tanto farmacológico como quirúrgico, para la reasignación de género. El proyecto de ley fue aprobado en la cámara el 19 de julio, tras las tres lecturas pertinentes, por unanimidad de los representantes, dejando patente una vez más que el supuesto pluripartidismo del régimen autocrático ruso es una mera pantomima. Ese mismo día, se sometió a votación en el Consejo de la Federación (la cámara alta del Parlamento). Se habían introducido varias enmiendas al texto inicial, que incluían la anulación de los matrimonios en los que uno de los cónyuges hubiera cambiado su sexo registral, así como la prohibición de que estas personas pudieran adoptar o acoger a niños. Tan solo unos días después, el 24 de julio, la ley era promulgada por el presidente Vladimir Putin. Desde esa fecha, las personas trans rusas dejaban de existir legalmente.

Finalmente, el 30 de noviembre de 2023, en una sesión a puerta cerrada, el Tribunal Supremo ruso falló a favor de la demanda del Ministerio de Justicia que acusaba al “movimiento LGTBI” de incitar a la discordia social y religiosa. La sentencia del alto tribunal calificaba al “movimiento LGTBI internacional” como “organización extremista”, poniendo en peligro cualquier forma de activismo o visibilidad de las personas LGTBI rusas. La legislación penal rusa castiga con hasta 12 años de cárcel el hecho de participar en una organización declarada como extremista, así como su financiación. Cualquier persona que exhiba símbolos de tales grupos se enfrenta a hasta 15 días de detención en la primera ocasión y hasta cuatro años de prisión si es reincidente. Existe una «lista de extremistas» en la que las autoridades incluyen a las personas sospechosas de estar implicadas en ese tipo de organización. Sus cuentas bancarias pueden ser congeladas y se les prohíbe presentarse a cargos públicos.

Como el supuesto “movimiento LGTBI internacional” no existe en realidad como organización, las corruptas autoridades judiciales podrán procesar arbitrariamente a cualquier persona por cualquier actividad relacionada con los derechos LGTBI. Si la ley contra la “propaganda homosexual” establecía fuertes sanciones administrativas a la visibilidad LGTBI, la sentencia del Tribunal Supremo la convirtió en un delito grave penado con dureza.

En esta coyuntura, no podemos olvidar el papel fundamental que está ejerciendo la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y ponemos dos ejemplos:

Recientemente, el patriarca Kirill llamaba a Rusia a luchar contra Occidente, al que calificaba como  el “Anticristo”: la ideología de género, la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo y la “propaganda a favor del cambio de sexo”,

El patriarca Moscú, Kirill I, ha llamado a Rusia a luchar contra el “mal” de Occidente. “Es muy importante que nuestro país sea capaz de liderar la resistencia contra -diré ahora una palabra increíble- el Anticristo“, afirmó el líder de la Iglesia ortodoxa rusa en la cámara alta del Parlamento, el Consejo de la Federación. Hay que defenderse de la llegada del “mal”, aseveró quien se ha convertido en uno de los principales aliados del presidente Vladimir Putin.

Según Kirill, las élites de los países occidentales se basan en valores anticristianos y están embarcados en lo que considera un proceso para disolver la herencia cristiana. “Hoy en día, las élites occidentales están librando una guerra contra la institución de la familia tradicional, por supuesto con el pretexto del respeto a los derechos humanos y la libre elección”, afirmó el jerarca, criticando, como ya ha hecho en otras ocasiones, la ideología de género, la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo y la “propaganda a favor del cambio de sexo”, según informa Katholisch.

“La casa europea, para decirlo con palabras del Evangelio, se parece cada vez más a un ataúd pintado, que se ve hermoso por fuera, pero por dentro está lleno de huesos de un hombre muerto y todo tipo de suciedad“, abundó en su descripción del declive de Occidente, en su opinión. El edificio impresiona por su lujo, “pero los cimientos son irremediablemente débiles y los muros de carga están al borde del colapso”.

En febrero de 2023 la Iglesia Ortodoxa Rusa rompía con las «iglesias» que aceptan el matrimonio o la bendición de parejas homosexuales. La Iglesia Ortodoxa Rusa ha cortado los lazos con las iglesias occidentales que han aprobado el matrimonio o la bendición de parejas homosexuales. Entre ellas figura la Iglesia de Inglaterra, de donde nació la comunión anglicana. comunidades de las iglesias luteranas de Suecia, Noruega y la Iglesia Episcopal de EE.UU., de base anglicana.

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David Begnaud (dcha) y su pareja Jeremy

Un periodista pide a los líderes educativos que tengan “valor” para apoyar a las personas LGBTQ+ después de hacer pública la discriminación que enfrentó en una escuela católica.

David Begnaud, corresponsal principal de CBS Mornings, detalló recientemente en NOLA.com cómo regresó a Luisiana para entrevistar a una de sus mentoras de la escuela secundaria, Josette Surratt. Abrió su ensayo escribiendo: “Recientemente regresé al estado de Bayou para contar nuestra historia muy personal de Luisiana a nuestra audiencia de CBS. Pero la historia dio un giro inesperado y doloroso.

“Surratt era profesora de inglés de Begnaud en la escuela secundaria católica Teurlings, Lafayette, a finales de los años 1990. Al acercarse a la jubilación, Surratt iba a ser el tema de un segmento de CBS News que Begnaud estaba produciendo, ya que ella lo había ayudado a atravesar un momento solitario y difícil de su vida. En su artículo de opinión, Begnaud explicó:

“La trayectoria de mi vida cambió un día cuando la Sra. Surratt, como todavía la llamo con cariño y respeto, me miró directamente a los ojos y me hizo una pregunta que me detuvo en seco. ‘¿De qué estás huyendo?’

“La respuesta estaba en lo más profundo de mi infancia. Estaba huyendo de mí mismo: un niño gay con síndrome de Tourette que soportó un acoso indescriptible. Me escondía dentro de una fortaleza invisible que había construido para tratar de protegerme. Ese día, con esa pregunta, la Sra. Surratt comenzó lentamente a derribar los muros y a dejarme salir para convertirme en la persona que debía ser y que soy hoy”.

David Begnaud, derecha, y su profesora de inglés y entrenadora de habla Josette Surratt cuando Begnaud era estudiante en Teurlings Catholic High. Begnaud le da crédito a Surratt por creer en él y cambiar su vida.
Cortesía de David Begnaud

Surratt estaba emocionado de ser el tema de la historia de Begnaud, y se decidió que Begnaud regresaría a su antigua escuela secundaria para tomar fotografías de Surratt. Originalmente, la escuela dio permiso a Begnaud para grabar después del horario escolar, ya que no querían que los estudiantes se distrajeran con la filmación. Begnaud luego contó cómo cambió ese plan:

“. . .[C]uando llegó el momento de ultimar los detalles sobre mi entrevista con la Sra. Surratt, ella dijo que tal vez sería mejor hacerlo fuera del campus. Eso me pareció extraño, pero en ese momento no pensé en insistir en el tema. Encontré un lugar para la entrevista. La historia salió al aire. Y seguimos adelante”.

Meses después, Begnaud recibió una llamada explicando por qué la escuela no le permitía grabar en el campus: la escuela desaprobaba su sexualidad. El escribio:

“La persona que llamó me dijo que la verdadera razón por la que la escuela restringió mi grabación de video fue que al rector de la escuela, el reverendo Kyle White, le preocupaba que permitirme ingresar al campus pudiera afectar negativamente la imagen de la escuela católica y sugerir que aprobaba mi sexualidad. . White, dijo la persona que llamó, no quería que los estudiantes tuvieran la impresión de que ser gay está bien”.

“La persona que llamó dijo que a White también le preocupaba que la entrevista con la Sra. Surratt se centrara en mi sexualidad, lo que podría causar problemas a la escuela. Hablé sobre crecer siendo gay y cómo la Sra. Surratt había creado un espacio seguro para que yo fuera yo mismo mientras equilibraba mi fe, mis estudios y mis actividades extracurriculares. Pero la historia trataba tanto de este extraordinario maestro y ser humano como de mí”.

Begnaud intentó reunirse con White, pero el sacerdote nunca respondió a la solicitud del periodista. Más allá de su propia experiencia con la discriminación, Begnaud está más preocupado por los estudiantes actuales de la Escuela Secundaria Católica Teurlings:

“Mi preocupación, como exalumno orgulloso, no es por mí mismo. Es para los estudiantes de la escuela secundaria católica de Teurlings (heterosexuales, homosexuales o cualquier otra cosa) si la escuela está creando un ambiente en el que los estudiantes homosexuales sean tratados como forasteros y se les haga creer a los estudiantes heterosexuales que así es como la iglesia lo haría.

“No lo es”.

Una captura de pantalla del informe de David Begnaud.

Begnaud ahora espera que su experiencia de discriminación inspire cambios en su antigua escuela secundaria, y se apoya en el Papa Francisco como modelo para ser inclusivo LGBTQ, señalando: “Me siento profundamente alentado por lo que el Papa ha hecho tanto en palabras como en hechos…” El periodista concluye su ensayo:

“Hace siete años, la Sra. Surratt me dijo que la escuela quería iniciar la Beca David Begnaud. Se otorgaría cada año a un estudiante que fuera un ejemplo de valentía durante su estancia en Teurlings. Me sentí profundamente conmovido. Dono dinero cada año para ser entregado al estudiante elegido, junto con el reconocimiento. Se ha convertido en una tradición.

“Ya es hora de que la escuela aborde la discriminación contra los homosexuales.

“Pido a los líderes escolares que tengan coraje”.

—Sarah Cassidy (ella/ella), Ministerio New Ways, 12 de febrero de 2024

Fuente New Ways Ministry

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Dos tribunales rusos ya han sentenciado sendos casos en los que han aplicado la reciente resolución del Tribunal Supremo que declaraba al «movimiento LGTBI internacional» como organización extremista. Como la exhibición de símbolos de este tipo de organizaciones está penalizada, la publicación online de fotografías de la bandera LGTBI o unos accesorios con un arcoíris han sido suficientes para condenar a dos personas en los tribunales. Un tercer caso se espera que quede resuelto en pocos días.

Una vez que el pasado 30 de noviembre de 2023 el Tribunal Supremo ruso incluyese al inexistente “movimiento LGTBI internacional” dentro de las organizaciones extremistas, comienzan a sucederse las detenciones y sentencias por la exhibición de símbolos de ese movimiento ficticio.

El martes 30 de enero, Artyom P. fue condenado a una multa de 1000 rublos (10 euros) por un tribunal de Volgogrado. Su delito fue publicar en la red una fotografía de la bandera LGTBI, que el tribunal consideró «un símbolo de una organización extremista». El castigo fue leve por la aceptación del delito por parte del acusado y las muestras de arrepentimiento.

En el otro caso, sentenciado el lunes 29 del mismo mes por un tribunal de Nizhni Nóvgorod, al este de Moscú, una mujer fue condenada a 5 días de detención administrativa tras la delación de un ciudadano. Según la organización de defensa de los derechos LGTBI Aegis, un hombre había exigido a la acusada, que se encontraba en una cafetería, que se quitase unos pendientes en forma de rana con la imagen de un arcoíris. Tras que el delator publicase en Internet un vídeo con imágenes de lo sucedido, la mujer fue llamada por la policía y tuvo que presentarse en comisaría.

El caso pendiente de sentencia afecta a la fotógrafa de 33 años Irina Mossina, cuyo juicio comenzó el 30 de enero en la región de Saratov. Según la ONG Pervy Otdel, la fotógrafa está acusada de publicar en sus redes sociales varias fotografías de la bandera LGTBI, lo que, de nuevo, es considerado como difusión de símbolos de una organización extremista. La investigación comenzó por parte un agente del departamento de lucha contra el extremismo, que pudo ver las fotografías del emblema LGTBI en la cuenta de Instagram de Mossina. A pesar de que esta red social está prohibida en Rusia, se puede acceder a través de VPN.

La ONG arguye que la citada sentencia del Tribunal Supremo no debe aplicarse en este caso, puesta que la investigación comenzó antes de que se publicase. También estima que el trabajo de Mossina en redes sociales es «una exposición digital de su obra, y la representación de la bandera arcoíris es una elección artística». La artista se enfrenta a una pena de hasta 15 días de detención administrativa.

La situación legal del colectivo LGTBI en Rusia

Con el inestimable apoyo de la Iglesia ortodoxa, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó por primera vez una ley que prohíbe la llamada “propaganda gay” en Rusia en junio de 2013: la llamada ley contra la «propaganda homosexual ante menores». La ley buscaba aparentemente “proteger a los niños” de cualquier “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales”, como se establece en el texto de la ley. La nueva ley extiende las restricciones no solo a los niños sino también a los rusos de todas las edades. Desde entonces, la legislación rusa ha seguido empeorando respecto a la situación de las personas LGTBI. La ley se ha utilizado principalmente para silenciar a organizaciones activistas, eventos, sitios web y medios de comunicación LGBTQ+, así como para separar familias y acosar a maestros. También ha sido rotundamente condenado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, los grupos de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como activistas de derechos civiles en todo el mundo.

El objetivo siempre ha sido invisibilizar la lucha por los derechos LGTBI y la mera existencia del colectivo. Cualquier información positiva sobre las orientaciones sexuales “no tradicionales” o de las distintas identidades de género quedaron marcadas como ilegales, se reprimieron y se castigaron con fuertes multas económicas. La marcha  del Orgullo quedó prohibida, las banderas arcoíris o trans fueron vedadas en público y sus portadores fueron detenidos, sancionados e incluso temporalmente encarcelados.

Los observadores de derechos humanos dicen que la ley, que también prohíbe que las personas compartan “ideas distorsionadas sobre el valor social igual de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales”, se ha utilizado para reprimir la libertad de expresión de las personas LGBT +, y alimentó un aumento en retórica homofóbica en el país.

En 2017, Putin afirmó que es su “deber” evitar que las personas homosexuales se casen para que las personas normales tengan más bebés. En ese mismo 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que la ley es discriminatoria. Los jueces escribieron: “Al adoptar tales leyes, las autoridades reforzaron el estigma y los prejuicios y alentaron la homofobia, que era incompatible con los valores de una sociedad democrática”.

El mismo tribunal también determinó que Rusia estaba violando los derechos humanos de las personas LGBT + por la prohibición de los eventos de Orgullo en 2018 y por las acciones para bloquear el registro de grupos LGBT + en 2019.

En 2018, un informe de la Human Rights Watch confirmaba que la ley contra la “propaganda gay” de Rusia es un peligro.

Pero todo empeoró en diciembre de 2022, cuando Putin firmó una ley que amplía la prohibición del país de la “propaganda” LGBTQ+. La ley recién firmada prohíbe efectivamente cualquier expresión pública de la vida LGBTQ+ en Rusia al prohibir “cualquier acción o difusión de cualquier información que se considere un intento de promover la homosexualidad en público, en línea o en películas, libros o publicidad”, informó Reuters.

La ley fue  aprobada por unanimidad en las dos cámaras del Parlamento ruso. Se eliminaba el requisito de que la “propaganda” fuera realizada ante menores y, de ese modo, se prohibió cualquier manifestación, información o creación que mostrase “relaciones no tradicionales” de manera no derogatoria, así como la información sobre las identidades de género a menores. Cualquier libro, película, espectáculo, canción, obra de arte, muestra de afecto, afirmación de la propia orientación sexual ante testigos, información positiva de la homosexualidad, bisexualidad o condición trans fueron castigados con fuertes sanciones. De hecho, la reforma de la ley supuso la total invisibilización y el enmudecimiento social de las personas LGTBI, a quienes desde medios o instituciones gubernamentales se consideraron “agentes extranjeros” o traidores a la patria, en una situación de guerra tras la brutal invasión de Ucrania.

El siguiente ataque a los derechos LGTBI fue dirigido específicamente y con absoluta crueldad contra el colectivo más vulnerable: las personas trans. El 31 de mayo de 2023, fue presentado un proyecto de ley en la Duma (la cámara baja del Parlamento ruso) en el que se establecía la prohibición de cualquier tratamiento médico, tanto farmacológico como quirúrgico, para la reasignación de género. El proyecto de ley fue aprobado en la cámara el 19 de julio, tras las tres lecturas pertinentes, por unanimidad de los representantes, dejando patente una vez más que el supuesto pluripartidismo del régimen autocrático ruso es una mera pantomima. Ese mismo día, se sometió a votación en el Consejo de la Federación (la cámara alta del Parlamento). Se habían introducido varias enmiendas al texto inicial, que incluían la anulación de los matrimonios en los que uno de los cónyuges hubiera cambiado su sexo registral, así como la prohibición de que estas personas pudieran adoptar o acoger a niños. Tan solo unos días después, el 24 de julio, la ley era promulgada por el presidente Vladimir Putin. Desde esa fecha, las personas trans rusas dejaban de existir legalmente.

Finalmente, el 30 de noviembre de 2023, en una sesión a puerta cerrada, el Tribunal Supremo ruso falló a favor de la demanda del Ministerio de Justicia que acusaba al “movimiento LGTBI” de incitar a la discordia social y religiosa. La sentencia del alto tribunal calificaba al “movimiento LGTBI internacional” como “organización extremista”, poniendo en peligro cualquier forma de activismo o visibilidad de las personas LGTBI rusas. La legislación penal rusa castiga con hasta 12 años de cárcel el hecho de participar en una organización declarada como extremista, así como su financiación. Cualquier persona que exhiba símbolos de tales grupos se enfrenta a hasta 15 días de detención en la primera ocasión y hasta cuatro años de prisión si es reincidente. Existe una «lista de extremistas» en la que las autoridades incluyen a las personas sospechosas de estar implicadas en ese tipo de organización. Sus cuentas bancarias pueden ser congeladas y se les prohíbe presentarse a cargos públicos.

Como el supuesto “movimiento LGTBI internacional” no existe en realidad como organización, las corruptas autoridades judiciales podrán procesar arbitrariamente a cualquier persona por cualquier actividad relacionada con los derechos LGTBI. Si la ley contra la “propaganda homosexual” establecía fuertes sanciones administrativas a la visibilidad LGTBI, la sentencia del Tribunal Supremo la convirtió en un delito grave penado con dureza.

En esta coyuntura, no podemos olvidar el papel fundamental que está ejerciendo la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y ponemos dos ejemplos:

Recientemente, el patriarca Kirill llamaba a Rusia a luchar contra Occidente, al que calificaba como  el “Anticristo”: la ideología de género, la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo y la “propaganda a favor del cambio de sexo”,

El patriarca Moscú, Kirill I, ha llamado a Rusia a luchar contra el “mal” de Occidente. “Es muy importante que nuestro país sea capaz de liderar la resistencia contra -diré ahora una palabra increíble- el Anticristo“, afirmó el líder de la Iglesia ortodoxa rusa en la cámara alta del Parlamento, el Consejo de la Federación. Hay que defenderse de la llegada del “mal”, aseveró quien se ha convertido en uno de los principales aliados del presidente Vladimir Putin.

Según Kirill, las élites de los países occidentales se basan en valores anticristianos y están embarcados en lo que considera un proceso para disolver la herencia cristiana. “Hoy en día, las élites occidentales están librando una guerra contra la institución de la familia tradicional, por supuesto con el pretexto del respeto a los derechos humanos y la libre elección”, afirmó el jerarca, criticando, como ya ha hecho en otras ocasiones, la ideología de género, la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo y la “propaganda a favor del cambio de sexo”, según informa Katholisch.

“La casa europea, para decirlo con palabras del Evangelio, se parece cada vez más a un ataúd pintado, que se ve hermoso por fuera, pero por dentro está lleno de huesos de un hombre muerto y todo tipo de suciedad“, abundó en su descripción del declive de Occidente, en su opinión. El edificio impresiona por su lujo, “pero los cimientos son irremediablemente débiles y los muros de carga están al borde del colapso”.

En febrero de 2023 la Iglesia Ortodoxa Rusa rompía con las «iglesias» que aceptan el matrimonio o la bendición de parejas homosexuales. La Iglesia Ortodoxa Rusa ha cortado los lazos con las iglesias occidentales que han aprobado el matrimonio o la bendición de parejas homosexuales. Entre ellas figura la Iglesia de Inglaterra, de donde nació la comunión anglicana. comunidades de las iglesias luteranas de Suecia, Noruega y la Iglesia Episcopal de EE.UU., de base anglicana.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Recapitulando con más información:

Tras la promulgación de una de las leyes contra la diversidad sexual y de género más duras del mundo en primavera de 2023, la comunidad LGTBI de Uganda, se enfrenta a las difíciles consecuencias de la persecución de Estado. La legislación discriminatoria castiga con cadena perpetua las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, condena «la promoción de la homosexualidad» con hasta 20 años de cárcel y la «homosexualidad agravada» con la pena de muerte. Esta situación pone en grave riesgo la estrategia de control del VIH en este país africano. Activistas, personas que viven con el VIH y otras en situación de riesgo ya están sufriendo los efectos de la represión LGTBIfóbica y de la sinrazón de la criminalización del colectivo.

El pasado 29 de mayo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó la «Ley contra la Homosexualidad 2023». Solo tres meses después, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada», un «delito» que se castiga con la pena de muerte. Se le acusó de «relaciones sexuales ilegales con un hombre de 41 años» y está en prisión preventiva, aunque en su orden de detención no se especificaban los motivos por los que se considera «agravamiento» en su caso. La abogada del joven ha valorado que se trata de una «ley inconstitucional» en su conjunto. De hecho, distintas organizaciones a favor de los derechos humanos la recurrieron en diciembre.

Steven Kabuye, director ejecutivo del grupo de defensa Colored Voice Truth to LGBTQ, que ha sufrido amenazas de muerte desde marzo debido a su sexualidad, se grabó en el suelo, aferrándose a la vida, tras ser apuñalado repetidamente por asaltantes desconocidos en el exterior de su casa. Ahora está recibiendo atención fuera de Uganda. Pero Kabuye dice que la policía parecía más centrada en que era gay que en el ataque.

Violación de los derechos humanos

Para Amnistía Internacional, «La Ley contra la Homosexualidad viola las obligaciones a las que está sujeta Uganda en virtud de su propia legislación y del derecho internacional, como las obligaciones derivadas del capítulo 4 de la Constitución ugandesa, que protege los derechos a la igualdad, a no sufrir discriminación, a la protección de la libertad personal, a la protección frente a los tratos crueles o degradantes, y a la intimidad. Además, la Ley viola disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que prohíben la discriminación, los tratos crueles o degradantes y las detenciones arbitrarias».

Según recoge esta organización, además, esta ley «viola varias disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Declaración Universal protege el derecho de toda persona a expresarse libremente, así como el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación. Al igual que la Carta Africana, la Declaración Universal prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la detención, la reclusión o el exilio arbitrarios, y las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia de una persona. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene disposiciones similares en sus artículos 2, 7, 9 y 17».

Por su parte, un grupo de expertos de la ONU describió la ley como una «violación de los derechos humanos». Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el proyecto de ley como «discriminatorio, probablemente el peor de este tipo en el mundo».

En una encuesta realizada en 2022 por Afrobarómetro, una red apartidista de investigación, se puso de manifiesto que el pueblo ugandés es muy tolerante con las personas de diferentes etnias y religiones, pero muy intolerante con la diversidad sexual y de género. Cerca del 97% se declaraba a favor de leyes que penalizaran la homosexualidad y el 94% afirmaba que denunciaría a un familiar o amigo gay a la policía. Más de la mitad de los 54 países del continente africano tienen leyes anti LGTBI. Quienes promueven estas medidas las consideran una manera de «deshacerse de un vestigio de la dominación colonial». Sin embargo, la realidad ugandesa es que ley contra la sodomía de 1950 fue aprobada durante el dominio colonial de Reino Unido (recordemos que Uganda obtuvo la independencia de este país en 1962).

En grave riesgo la estrategia de control del VIH

A raíz de la legislación discriminatoria contra las personas LGTBI, las organizaciones que trabajan para controlar el VIH en Uganda se están viendo sometidas a innumerables problemas y desafíos, que ponen en riesgo incluso la continuidad de muchas de ellas. Es por ejemplo el caso de la Fundación Foaster para la Salud de Uganda (FFHCU): «Actualmente, la Fundación Foaster se enfrenta a la pérdida de su oficina y espacio de refugio, y estamos recaudando fondos urgentemente para ayudar a pagar su alquiler y asegurarnos de que los miembros de Foaster no pierdan su casa y seguridad». Mientras el director  de la fundación se encontraba en el hospital visitando a un compañero que había sido golpeado, el espacio del refugio fue allanado por la policía y 10 miembros fueron arrestados bajo cargos de homosexualidad.

Escalada de represión al colectivo LGTBI en Uganda

La situación de las personas LGTBI en Uganda, como hemos visto, se ha deteriorado todavía más de lo que ya estaba los últimos años. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

La durísima normativa vigente se remonta a 2016, cuando la presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, perofinalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, ya vigente, recupera muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Con todo, conviene tener en cuenta que además del marco jurídico desfavorable, la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques discriminatorios arbitrarios. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre de 2019  recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo, como ha acabado ocurriendo.

La Ley contra la homosexualidad de 2023

En febrero de 2023, el Parlamento de Uganda autorizó la presentación de un proyecto de ley que pretendía actualizar la penalización de las relaciones homosexuales. En el memorándum de la presentación del proyecto, se establecía que su pretensión era:

prohibir las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y su «promoción o reconocimiento»,

reforzar las medidas para «hacer frente a las nuevas amenazas a la familia tradicional heterosexual»,

proteger a la cultura ugandesa de los activistas de los derechos sexuales que pretenden imponer sus valores de promiscuidad sexual, y

proteger a los niños y jóvenes vulnerables ante los abusos sexuales derivados de la homosexualidad y actos afines.

Es decir, como es habitual en este tipo de textos represores de la libertad sexual, se ligaba la homosexualidad a la pederastia o abuso de menores, se la declaraba como una amenaza a la familia tradicional e incluso se la consideraba como algo ajeno a la cultura africana.

El primer borrador presentado y llevado a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios ya establecía penas de 10 años de prisión por el «delito de homosexualidad», en el que incurrían no solo quienes mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo, sino también quienes simplemente se declarasen «lesbiana, gay, transexual, queer o cualquier otra identidad sexual o de género contraria a las categorías binarias de masculino y femenino».  También castigaba con la pena de muerte los casos de «homosexualidad agravada», en los que se incluían las relaciones homosexuales de personas que conviven con el VIH.

En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios, una mayoría de 30 miembros apoyó el proyecto de ley tal como se había presentado. Tan solo dos miembros disintieron. Expertos en derechos humanos y juristas de prestigio declararon que muchos de los artículos del proyecto eran inconstitucionales. Fue inútil, la mayoría de los miembros de la Comisión estimaron que «la prohibición de la homosexualidad está arraigada en las leyes de Uganda y en nuestras normas y valores culturales más preciados y compartidos». También afirmaron, a pesar de las pruebas en contra, que los medios de comunicación «se han visto inundados recientemente de noticias sobre sodomía y lesbianismo en las escuelas ugandesas» y que «la seducción y el reclutamiento de escolares para la homosexualidad han tomado forma en Uganda».

De esta manera, no solamente dieron su apoyo al proyecto de ley, sino que introdujeron enmiendas que lo endurecían. Mantener relaciones homosexuales se castigaría con la cadena perpetua y con 14 años de cárcel en el grado de tentativa. Aunque desaparecía la mención al VIH en el delito de «homosexualidad agravada», se incluyó el hecho de contraer una «enfermedad terminal» por una de las partes para castigarla con la pena de muerte. También se incluyó la pena de prisión de 10 años para quienes participasen en una ceremonia de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Se modificaron las normas del Parlamento para poder apoyar el proyecto de ley sin demora. El 21 de marzo se votaron las dos últimas lecturas, por una mayoría de 387 votos a favor y tan solo 2 en contra.

La nueva norma fue remitida al presidente Yoweri Museveni para su promulgación. Sin embargo, aconsejado por los funcionarios del Ministerio de Justicia y por miembros de su propio partido, Museveni devolvió el texto al Parlamento para que introdujera modificaciones. El presidente requería que no se castigara el mero hecho de identificarse como una persona LGTBI ni tampoco el hecho de no denunciar los actos homosexuales. El Parlamento introdujo las enmiendas necesarias, aunque la no denuncia de los actos homosexuales siguió siendo castigada si una las personas implicadas era vulnerable. El texto final fue aprobado por 348 votos a favor y tan solo 1 en contra.

El 29 de mayo de 2023, el presidente Yoweri Museveni promulgó finalmente la Ley contra la homosexualidad. Destacamos a continuación los artículos que vulneran los derechos humanos de las personas LGTBI, dejando sin citar las penas establecidas para los delitos de violación o el abuso de menores:

• Artículo 2. Delito de homosexualidad
  1. Una persona comete el delito de homosexualidad si realiza un acto sexual o permite que una persona de su mismo sexo realice un acto sexual con ella.
  2. Toda persona que cometa un delito de homosexualidad podrá ser condenada a cadena perpetua.
  3. Toda persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta diez años.
• Artículo 3. Homosexualidad agravada
  1. Una persona que cometa el delito de homosexualidad en cualquiera de las circunstancias especificadas en el apartado (2), comete el delito de homosexualidad con agravantes y puede ser condenada a muerte.
  2. Las circunstancias a las que se hace referencia en el apartado (1) son cuando
     • la persona contra la que se comete el delito contrae una enfermedad terminal como resultado del acto sexual;
     • el delincuente es reincidente;
     • la persona contra la que se comete el delito es de edad avanzada;
  3. Una persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta catorce años.
• Artículo 6. El consentimiento para cometer un acto sexual no constituye defensa
  • El consentimiento de una persona para cometer un acto sexual no constituirá una defensa frente a una acusación formulada en virtud de la presente Ley.
• Artículo 10. Prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo
  1. Toda persona que
     • pretenda contraer matrimonio con una persona del mismo sexo;
     • presida, conduzca, presencie o dirija una ceremonia que pretenda ser un matrimonio entre personas del mismo sexo; o
     • asista o participe a sabiendas en la preparación de un pretendido matrimonio entre personas del mismo sexo, comete un delito y podrá ser condenado a una pena de prisión de hasta diez años.
  2. En esta sección, «matrimonio» significa la unión, formal o informal, entre personas del mismo sexo.
• Artículo 11. Promoción de la homosexualidad
  1. Toda persona que promueva la homosexualidad comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta veinte años.
  2. Una persona promueve la homosexualidad cuando
     • anima o persuade a otra persona a realizar un acto sexual o cualquier otro acto que constituya un delito en virtud de la presente Ley;
     • a sabiendas anuncia, publica, imprime, emite, distribuye o hace que se anuncie, publique, imprima, emita o distribuya por cualquier medio, incluido el uso de un ordenador, sistema de información o internet, cualquier material que promueva o fomente la homosexualidad o la comisión de un delito tipificado en esta Ley;
     • proporcione apoyo financiero, ya sea en especie o en efectivo, para facilitar actividades que fomenten la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley;
     • a sabiendas alquile o subarriende, utilice o permita que otra persona utilice cualquier casa, edificio o establecimiento con el fin de llevar a cabo actividades que fomenten la homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley; o
     • dirija una organización que promueva o fomente la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley.
  3. Cuando una persona jurídica cometa un delito tipificado en este artículo, el tribunal podrá
     • imponer una multa no superior a cincuenta mil puntos monetarios por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este artículo;
     • suspender la licencia de la entidad por un período de diez años; o
     • cancelar la licencia concedida a la entidad.
• Artículo 14. Obligación de denunciar actos de homosexualidad
  1. Toda persona que sepa o tenga sospechas razonables de que una persona ha cometido o tiene intención de cometer un delito de homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley, informará del asunto a la policía para que adopte las medidas oportunas.
  2. Una persona a la que el privilegio le impida realizar una denuncia en virtud del apartado (1) será inmune a cualquier acción derivada de la divulgación de la información sin que se haya obtenido o tenido previamente el consentimiento o la renuncia al privilegio.
  3. Una persona que haga una denuncia a la que se hace referencia en esta sección será tratada como denunciante de conformidad con la Ley de Protección de Denunciantes de 2010 y estará protegida contra la victimización.
  4. Esta sección no se aplicará a un abogado en virtud de la Ley de la Abogacía.

Como hemos señalado anteriormente, tan solo tres meses después de la promulgación de la ley, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada»,

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. África, Afrobarómetro, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Colored Voice Truth to LGBTQ, Discriminación, Fundación Foaster para la Salud de Uganda, Homofobia, Lesbofobia, Ley contra la homosexualidad de 2023 (Uganda), LGTBIfobia, ONUSIDA, Steven Kabuye, Transfobia, Uganda, VIH, Violencia LGTBIfoba, Volker Türk, Yoweri Museveni

Eden Rogers y Brandy Welch con sus hijas.

Más del 40% de los adultosLGBTQ+ creen que la adopción no es accesible.

  Un estudio estadounidense ha revelado que las parejas LGBTQ+ tienen muchas más probabilidades de acoger o adoptar que las heterosexuales, pero a muchas les preocupa la discriminación que puedan sufrir durante el proceso.

La investigación, publicada el miércoles 24 de enero, reveló que el 37% de los adultos LGBTQ+ se ha planteado acoger a un niño, mientras que el 32% ha considerado seriamente la adopción.

Mientras tanto, sólo el 23% de los adultos no LGBTQ+ se ha planteado acoger a un niño, mientras que el 15% ha pensado en la adopción.

Encargada como parte de un proyecto de investigación sobre la opinión de los estadounidenses acerca del acogimiento familiar en Estados Unidos, por la empresa de análisis Gallup y Kidsave, organización que busca familias para niños mayores, los resultados se recogieron entre marzo y abril del año pasado.

Sarah Fioroni, investigadora principal de Gallup, declaró que los resultados estaban “en consonancia con nuestra hipótesis general” de que “muchos estadounidenses interesados en la acogida y la adopción pueden sentirse intimidados a la hora de participar por miedo a la discriminación que puedan sufrir en el proceso”.

Más de un tercio de los estadounidenses LGBTQ+ afirmaron que el miedo era un obstáculo importante para intentar acoger o adoptar, mientras que sólo el 10% de los adultos no LGBTQ+ compartían una opinión similar.

Según la encuesta, la preocupación por la discriminación era más frecuente entre los hombres LGBTQ+, ya que alrededor del 46% afirmaba que era un obstáculo importante, frente al 22% de las mujeres.

Como resultado, el 44% de las mujeres LGBTQ+ encuestadas afirmaron haber pensado mucho o haber dado pasos hacia la adopción o la acogida, frente al 29% de los hombres.

Más del 40% de los adultos LGBTQ+ creen que la adopción no es accesible en igualdad de condiciones

Gallup señaló que, en 2021, se cree que hay casi 400.000 niños en el sistema de acogida de Estados Unidos, de los cuales unos 100.000 necesitan urgentemente familias permanentes.

Las barreras a las que se enfrentan los adultos homosexuales que desean adoptar están “frenando potencialmente a millones de familias y personas [LGBTQ+] que desean seriamente cuidar de niños que necesitan un hogar“, concluye el informe.

Una de esas familias, Eden Rogers y Brandy Welch, demandaron al estado de Carolina del Sur tras ser rechazadas por una agencia de acogida financiada por el gobierno por ser LGBTQ+.

Al parecer, Miracle Hill Ministries, la mayor agencia de acogida contratada por el Estado de Carolina del Sur, rechazó la solicitud debido a una “declaración doctrinal” que incluye un apartado que afirma: “El diseño de Dios para el matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer”.

Apoyada por Lambda Legal y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la pareja demandó en 2019, alegando que el gobierno había aprobado prácticas discriminatorias al permitir que criterios religiosos dictaran si una pareja podía adoptar.

A finales del año pasado, un tribunal denegó una petición de juicio sumario, permitiendo básicamente a Carolina del Sur seguir trabajando con la agencia de adopción.

La investigación de Gallup mostró que el 41% de los adultos LGBTQ+ estaban de acuerdo en que la adopción no es igualmente accesible para todos los adultos adoptivos interesados, independientemente de su orientación sexual.

El 21% de los adultos que no son LGBTQ+ coincidieron en que la adopción no es igualmente accesible, mientras que el 26% afirmó que cree que sí lo es.

Shantay Armstrong, directora del proyecto Embrace, una iniciativa de diversidad y equidad impulsada por Kidsave que trabaja para mejorar los resultados de los jóvenes negros y marginados en régimen de acogida, afirmó que empezar en un régimen de acogida puede ser “intimidante” para los adultos LGBTQ+.

“En Kidsave hemos trabajado con adultos LGBTQ+ que habían sufrido discriminación en su camino hacia la creación de una familia. En Estados Unidos, nos anima que se esté trabajando en una legislación federal para prevenir la discriminación contra las personas LGBTQ+, pero también sabemos que el cambio cultural puede ir por detrás del cambio político y lleva su tiempo.“

Como parte de un paquete de protecciones para los adultos interesados en adoptar y acoger, la administración Biden anunció en septiembre que ampliaría el acceso a los servicios jurídicos para los niños y las familias en riesgo de entrar en el sistema de bienestar infantil e impondría más protecciones para los jóvenes LGBTQ+ en acogida.

En un comunicado, la Casa Blanca dijo que daría instrucciones al Departamento de Salud y Servicios Humanos para que “proteja a los jóvenes LGBTQI+ en el sistema de acogida”, proponiendo una norma que impida “el maltrato relacionado con su orientación sexual o identidad de género”.

Sin embargo, el gobierno debe “eliminar los estereotipos negativos” sobre las familias LGBTQ+ y otros grupos marginados, dijo Armstrong.

“También ayudaría a proporcionar formación contra los prejuicios y planes de estudios a los informadores obligatorios y a los asistentes sociales, y contribuiría a reducir las barreras para las familias proporcionando recursos de salud mental y formación sobre elegibilidad.”

Fuente Cromosomax

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Un grupo de estudiantes de la Universidad de Oxford ha expuesto las enseñanzas secretas, abusivas y profundamente homofóbicas y transfóbicas empleadas por algunas iglesias de la ciudad.

El equipo de estudiantes detrás de Oxford Faith Action, que publicó un informe en profundidad sobre la teología de las iglesias el viernes (22 de septiembre), trabajó en el proyecto para brindar a los miembros de la comunidad, así como a los estudiantes actuales y futuros, información clara sobre los puntos de vista. las iglesias mantienen y así previenen experiencias “traumatizantes”.

“Es preocupante que, durante tanto tiempo, los estudiantes de Oxford hayan entrado sin saberlo en la vida de las iglesias donde inicialmente son bienvenidos, sólo para descubrir que su identidad LGBTQ+ no lo es”, dijo el grupo. “Observamos cómo los estudiantes LGBTQ+ son atraídos a estas iglesias, sólo para encontrar teología, políticas y prácticas que se oponen a sus identidades queer y piden arrepentimiento de su identidad de género o sexualidad”.

En declaraciones a PinkNews sobre el proyecto, el equipo, que no da su nombre por su propia seguridad y bienestar, dijo que el informe ha estado en proceso desde 2020, después de que los miembros del equipo se dieron cuenta de que las listas actuales de iglesias inclusivas “no eran suficientes para mantener segura a la gente”. ”. También era necesaria una lista de iglesias que “hacían daño”.

“No sabrían si una iglesia era peligrosa para ellos a menos que realmente asistieran”, dijo Alex (no es su nombre real) a PinkNews. “Solo sabrían, si usaran la información que les proporcionamos, qué iglesias estaban afirmando abiertamente las identidades y relaciones LGBTQ+. Decidimos señalizar las iglesias donde existe un mayor riesgo de daño para las personas que se identifican como LGBTQ+. Eso puede venir en forma de terapia de conversión o de ser bienvenido a una comunidad donde se alienta activamente a las personas LGBTQ+ a hacer amistades cercanas, conexiones cercanas y realmente integrarse en la vida de la iglesia, solo para luego descubrir que esta iglesia activamente predica contra una parte de su identidad o de sus relaciones, y cree de todo corazón –o detrás de escena– que la persona LGBTQ+ será condenada al infierno”.

Los estudiantes de Oxford han publicado una guía de iglesia segura para la comunidad. (Unsplash)

Los estudiantes trabajaron durante el verano para crear un perfil completo de cada iglesia de Oxford que luego se clasificó en un sistema de semáforo de uno a cinco, donde el uno es considerado el menos inclusivo de las personas LGBTQ + “Probablemente una iglesia donde hay una enseñanza pública que llama a la homosexualidad pecaminosa”, dice el informe – siendo cinco el mejor.

Dentro de estos perfiles se investigó las creencias y enseñanzas de cada iglesia. Las respuestas –o la falta de ellas– se incluyeron a partir de una encuesta de autoinforme sobre la teología de la iglesia, que enviaron los estudiantes, y de testimonios anónimos de primera mano.

Los perfiles son una mezcla de información pública, junto con experiencias personales y enseñanzas y prácticas más secretas. “Conocemos a muchas personas LGBTQ+ que están destrozadas, profundamente heridas, cuyas vidas han sido destrozadas por la teología y las prácticas pastorales de algunas iglesias de la ciudad”, se lee en el informe. “Es necesario que se rindan cuentas para que esas iglesias y líderes se arrepientan”.

En el informe, se nombra y avergüenza a varias iglesias por mantener actitudes activamente hostiles hacia la comunidad LGBTQ+, con evidencia histórica de sus campañas contra la igualdad de derechos y el intento de alterar la sexualidad de las personas.

De las 29 iglesias clasificadas, 13 recibieron la calificación más baja y entre ellas se incluyen la histórica iglesia de San Aldates y la iglesia de San Ebbe en el centro de la ciudad.

St Aldates no respondió a la encuesta, pero su perfil contiene una gran cantidad de testimonios negativos y evidencia histórica de campañas contra las relaciones e identidades LGBTQ+.

Esto incluye el podcast del ministro asociado Simon Ponsonby, sin guiónlo que implica que el sexo fuera de un “(matrimonio de por vida entre un) marido y una esposa (es una) impureza”, testimonio anónimo de la iglesia que organizó una conferencia “orar para alejar a los homosexuales” en 2006, y de la congregante trans, Chrissie Chevasutt. , alegando que sufrió “marginación y discriminación psicológica” por parte del equipo de liderazgo de la iglesia.

SentidoG se puso en contacto con St Aldates para obtener una respuesta a las acusaciones, pero no respondieron.

Iglesias de St Aldates (L) y St Ebbe en Oxford. (Mapas de Google)

St Ebbe’s tampoco respondió la encuesta, pero se disculpó por no hacerlo. Sin embargo, Oxford Faith Action ha descrito a la iglesia y sus líderes como “francos en sus creencias sobre la impureza del matrimonio entre personas del mismo sexo, las relaciones y la identidad LGBTQ+”.

Los ejemplos citados en el informe incluyen que el año pasado, seis de los 18 firmantes de Oxford de una carta en respuesta a las propuestas del gobierno para prohibir la terapia de conversión eran líderes de la iglesia y, en 2003, el actual rector, el canónigo Vaughan Roberts, intentó bloquear el nombramiento. del canónigo Jeffrey John, que se describió a sí mismo como un “homosexual célibe”, como obispo de Reading. Roberts afirmó que el nombramiento iría en contra de las enseñanzas bíblicas.

Un portavoz de la iglesia dijo a PinkNews: “Lamentamos mucho saber de alguien que no haya tenido una experiencia positiva en St Ebbe. Damos la bienvenida a nuestra iglesia a una amplia gama de personas, incluidos aquellos que son LGBTQ+, y no deseamos nada más que verlos crecer en su conocimiento de Dios en Cristo”.

Otras iglesias, sin embargo, respondieron a la encuesta y tienen una marcada historia de afirmación LGBTQ+.

La Iglesia Reformada Unida de San Columba, también en el centro de la ciudad, se describe en el informe como “una iglesia acogedora e inclusiva con un fuerte enfoque en hacer que los miembros LGBTQIA+ se sientan aceptados y respetados”.

Oxford Faith Action ‘conmocionada’ por las enseñanzas de algunas iglesias

Hablando de la investigación que llevaron a cabo los estudiantes para darle vida al proyecto, Morgan (nombre ficticio) dijo que ellos y otros miembros del equipo estaban “sorprendidos” por el contenido “gráfico” de algunas de las enseñanzas que descubrieron.

Describieron un sermón en una iglesia, que fue encontrado “enterrado en línea”, como “tan vil” que creen que podría extraviarse “en territorio de delitos de odio” y violaría varios códigos de conducta si “la diócesis lo examinara”.

Morgan continuó diciendo: “Incluso las iglesias que conocíamos que eran malas, no esperaba que algunas fueran tan gráficamente malas como lo han sido”.

Alex dijo: “De todas las iglesias que estaban clasificadas como uno y dos, ninguna respondió a nuestra encuesta. Ninguna de esas iglesias comercializa abiertamente que no afirma identidades queer.  Lo que comercializan es que “todos son bienvenidos”, “damos la bienvenida a todos” y “todos pueden venir”. Entonces, lo que se obtiene es una afluencia masiva a estas iglesias, donde la gente no tiene idea de lo que piensa”.

Refiriéndose a lo que esperan que logre el proyecto, Oxford Faith Action dijo que quieren ver “más honestidad”, para que todos, estudiantes o no, puedan tomar decisiones informadas sobre si asistir a los servicios religiosos allí.

Varias iglesias se consideran lejos de lugares adecuados para el culto de las personas LGBTQ+. (Unsplash)

Muchas iglesias ni siquiera parecen ver a las personas queer como un grupo vulnerable, que corre el riesgo de sufrir daños.

“Hay una larga lista de personas cuyas vidas han sido impactadas por las iglesias debido a la salvaguardia”, señaló Alex, “y si eso va a seguir sucediendo, entonces necesitamos cambiar algo en la forma en que funciona la salvaguardia en las iglesias. .”

Si se ha visto afectado por alguno de los problemas discutidos en esta historia y necesita apoyo social, puede comunicarse con Oxford Faith Action, quien lo pondrá en contacto con un capellán que afirma queer. Envíe un correo electrónico (correo electrónico protegido) o envíe un mensaje al equipo en sus páginas de redes sociales @oxfordstudentfaithaction.

Para obtener apoyo en caso de crisis, llame a Samaritans al 116 123. Para conocer la línea de ayuda de Galop que apoya a personas LGBTQ+ que enfrentan abuso de cualquier tipo, llame al 0800 999 5428.

Fuente PinkNews

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La Federación Internacional de Atletismo le prohibía competir por tener altos valores de testosterona.

CIUDAD DE MÉXICO, México. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó el 11 de julio que la World Athletics violó los derechos de Caster Semenya. El órgano le había prohibido a la doble campeona competir a nivel internacional dentro de la categoría femenina, a menos que, por medio de intervenciones médicas innecesarias, redujera los niveles de testosterona que naturalmente expresa su cuerpo.

Especialistas de Human Rights Watch advierten que este fallo es “técnico” pues dicen que Semenya “ganó su caso pero no el derecho a competir”.

Caster Semenya es una atleta sudafricana. Fue dos veces campeona olímpica y tres veces campeona mundial en los 800 metros planos, considerada una prueba de élite. De 2009 a 2017 acumuló, de manera consecutiva, 30 victorias en esa misma prueba, su prueba. Sin embargo, desde 2018 las autoridades de atletismo le han negado competir a nivel internacional en la categoría femenina.

“Estoy eufórica por el resultado de la sentencia. Ha tardado mucho en llegar. He luchado y seguiré luchando para que no exista discriminación en el deporte. He sufrido mucho a manos de los poderes fácticos que me han tratado mal. Han cuestionado el trabajo que he hecho para ser la atleta que soy. Mis derechos han sido violados. Mi carrera ha sido afectada. Todo ha sido tan perjudicial. Mental, emocional, física y económicamente”, expresó Caster Semenya en un comunicado.

Un caso para revisar

El fallo se da luego que en 2019 Semenya impugnara esa regulación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) pero perdió. El TAS argumentó que las reglas de la World Athletics “son una medida necesaria y razonable para garantizar una competencia justa en la categoría femenina”.

Dado que el TAS es un órgano suizo, Semenya llevó su demanda ante el Tribunal Federal Suizo pero éste la desestimó porque la World Athletics es una asociación de derecho privado de Mónaco. Pero sí concluyó que las normas violaban los derechos humanos de Semenya.

Semenya finalmente solicitó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos revisar su caso.

La sentencia Semenya c. Suiza – 10934/214-3 emitida este 11 de julio por el Tribunal Europeo de DDHH determinó que las “regulaciones de elegibilidad femenina” de la World Athletics —que le impidió competir desde 2018 y vivir bajo escrutinio por al menos quince años—, violaron su derecho a la no discriminación, la prohibición al trato inhumano, el derecho al respeto a la vida privada y el derecho al recurso efectivo (estos recursos incluyen el derecho a la justicia, la verdad y a una reparación adecuada).

El fallo determinó que el Tribunal Federal Suizo ‘fracasó’ en defender las normas de derechos humanos aunque éste haya dicho que Semenya ha vivido discriminación. Sin embargo, la sentencia no cambia las regulaciones que, a Semenya y otras atletas como ella, les impide competir en el nivel más alto de competencia. 

Cuando Semenya tenía 18 años ganó el primer lugar de los 800 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo 2009. Después de una carrera posterior a su victoria la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (ahora llamada World Athletics) le informó que debía reducir sus niveles de testosterona si deseaba continuar corriendo esa prueba en la categoría femenina en competencias internacionales.

La condición que puso World Athletics sobre Semenya en 2009 se debió a que Semenya mejoró sus propios tiempos —8 segundos menos en los 800 metros—. Entonces la WA pensó que era dopaje pero las pruebas fueron negativas. Después vino el prejuicio de que Semenya tuviera una «rara condición médica» que podría garantizar una «ventaja injusta». 

Semenya que no quería dejar de competir comenzó a tomar tratamiento hormonal para reducir sus niveles de testosterona. Pero también fue obligada por la WA a someterse a una “verificación de sexo”. Allí se reportó que fue sometida a fotografías invasivas de su cuerpo y pruebas degradantes de endocrinología, ginecología, genética y psicología.

Tras esa prueba la World Athletics y el Comité Olímpico Internacional (COI) determinaron que Semenya es “hiperandrogénica”. Es decir, que su cuerpo expresa naturalmente niveles elevados de testosterona.

También vulnerada la privacidad

La WA filtró el resultado de la “prueba de verificación de sexo” a la que fue sometida y el medio The DailyTelegraph lo publicó en una nota sin perspectiva de derechos humanos en relación a las personas intersexuales. 

La filtración de esa información vulneró la privacidad de Semenya y devino en el escrutinio público, mediático y científico sobre su cuerpo, su identidad de género y su rendimiento deportivo.

Semenya se rehusó a seguir tomando medicinas para reducir su nivel de testosterona. En 2018 llevó su lucha a los tribunales para lograr que los cuerpos de las mujeres con físicos poderosos, con apariencia y expresión de género que no se apega a los estándares occidentales de feminidad, dejen de ser vigiladas, perseguidas y sometidas a pruebas de género invasivas —violatorias de derechos humanos— y obligadas a medicarse para reducir su testosterona natural.

Tribunal reconoce que las “reglas de elegibilidad” no tienen certeza científica

El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos solo determinó que World Athletics violó los derechos humanos de Semenya, mas no anuló las normativas del “Reglamento de Elegibilidad para la Clasificación Femenina de deportistas con diferencias de desarrollo sexual”, conocidas como “Regulaciones DSD”.

Esta norma, actualizada en marzo pasado, regula la participación de las atletas intersex y aquellas que sus cuerpos expresan altos niveles de testosterona de manera natural. Para competir les piden que se sometan a tratamiento hormonal para que reduzcan sus niveles de esta hormona por debajo de los 2.5 nano moles por litro de sangre.

En ese sentido, lograr cambios sustanciales en las Regulaciones DSD podría tomar más tiempo. Pero Semenya dice tener esperanza.

“La justicia ha hablado pero esto es solo el principio (…) Esta decisión seguirá siendo importante para todas las deportistas al establecer dudas sobre el futuro de todas las normas similares. Mi esperanza es que World Athletics, y, de hecho, todos los organismos deportivos, reflexionen sobre las declaraciones realizadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se aseguren de que respetan la dignidad y los derechos humanos de las atletas con las que tratan”, concluyó en su comunicado.

Por una resolución final

Aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no anuló las Regulaciones DSD, determinó que en éstas “hay incertidumbre científica en cuanto a su justificación”. Y agregó que “es escasa la evidencia de que las atletas con diferencias de desarrollo sexual tengan alguna ‘ventaja atlética real significativa en las carreras’”.

Por su parte, World Athletics respondió al fallo que buscarán apelar el caso ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos “para una decisión final y definitiva”, y siguen sosteniendo que sus regulaciones de elegibilidad femenina se mantienen pues afirman “son un medio necesario, razonable y proporcionado para proteger la competencia leal en la categoría femenina”

Desde 2019 la World Athletics se ha deslindado de una responsabilidad frente a la protección de derechos humanos. Alude que es un organismo privado que no está sujeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos.

En 2020, la ONU calificó estas regulaciones como “mecanismos de exclusión innecesarios, humillantes y dañinos”. Reconoce que en ellas hay una forma particular de discriminación en el deporte hacia las mujeres y niñas negras, incluidas las mujeres y niñas interexuales, originarias del sur global.

“Soy una mujer y soy rápida”

Semenya no ha verbalizado de manera pública si se identifica como una mujer intersexual. Pero sí ha dicho: “Soy una mujer y soy rápida”.

En entrevistas y campañas que hablan de su poderío atlético frente a la exclusión de la World Athletics ha comentado también: “No es justo que me digan que debo cambiar. No es justo que la gente cuestione quién soy”.

Sin embargo, frente a la ola de desinformación y morbo por las características sexuales y la identidad de género de Semenya, es importante aclarar que la intersexualidad es una variación natural en el ser humano y hay muchas formas distintas de ser intersex. Por lo tanto, la intersexualidad no es una patología, no es una identidad de género, no es una orientación sexual y tampoco un “tercer género”.

Una regulación racista y sexista

Las regulaciones de elegibilidad femenina no solo han afectado a Semenya. La restricción de mujeres atletas a través de la vigilancia de sus cuerpos se remonta a la década de 1940. Desde entonces, la World Athletics y en su momento también el Comité Olímpico Internacional (COI), han determinado qué mujeres pueden competir a partir de someterlas a “pruebas de verificación de género”.

Esto está documentado en la investigación “Nos están ahuyentando del deporte”: violaciones de los derechos humanos en las pruebas de sexo de las mujeres deportistas de élite” publicada por Human Rights Watch (HRW). En ella se menciona que estas prácticas implican daños físicos, psicológicos y dificultades económicas para las atletas. Muchas veces el éxito en el atletismo significa mejorar sus condiciones de vida y en ocasiones una salida de los entornos de pobreza donde crecieron ellas y sus familias.

“Identificar a las atletas mediante la observación y la sospecha es una forma de controlar los cuerpos de las mujeres en función de definiciones arbitrarias de la feminidad y los estereotipos raciales”, señala HRW.

Derecho para todxs

Desde que Semenya comenzó su lucha por el derecho de todas las mujeres a correr libremente, las Regulaciones DSD se han ejercido de manera sistemática en al menos 10 atletas racializadas y originarias del sur global.

Además, desde marzo de este año las regulaciones de elegibilidad femenina de World Athletics prohíbe la participación de atletas trans.

Para la World Athletics la reglamentación que permite la exclusión de las atletas que no quepan en sus estándares de lo que es “ser mujer”, “son legales y un medio necesario, razonable y proporcionado” para lograr su objetivo: “una competencia justa y significativa en el atletismo femenino”.

Geo González@georginagon

Fuente Agencia Presentes

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El Parlamento de Estonia ha aprobado una reforma de la Ley de Derecho de Familia que permite el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. El proyecto de reforma fue incluido en el acuerdo de coalición para formar Gobierno tras las elecciones de abril de este año, firmado por el Partido Socialdemócrata, el Partido de la Reforma y Estonia 200. En contra, se ha enfrentado a la fuerte oposición del liberal-conservador Partido del Centro, el conservador Isamaa (traducible como Patria) y el ultraderechista Partido Popular Conservador (EKRE), que incluso promovieron una infructuosa moción para impedir el proceso parlamentario del proyecto de ley. Sin embargo, en la tercera y definitiva lectura el texto legal reformado fue aprobado por 55 votos a favor y 34 en contra. Estonia se ha convertido así en el primer país de la antigua Unión Soviética en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con la adicción del país báltico, ya existen 34 países en todo el mundo en los que está permitido el matrimonio igualitario, 20 de ellos en Europa y 15 pertenecientes a la Unión Europea.

Este 20 de junio, el Parlamento unicameral de Estonia (el Riigikogu) ha aprobado por una clara mayoría de 55 votos a favor y 34 en contra la reforma de la Ley de Derecho de Familia vigente desde 2010, que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. El nuevo texto legal aprobado, sin embargo, lo define como la unión entre dos personas adultas, sin especificar su género, por lo que permite la unión entre personas del mismo sexo. Asimismo, se estipula que las parejas del mismo sexo pueden adoptar en las mismas condiciones que las heterosexuales.

Los partidos que conforman el nuevo Gobierno surgido tras las elecciones de abril de este año, incluyeron en su acuerdo de coalición la reforma de la Ley de Derecho de Familia. La nueva primera ministra, Kaja Kallas, expresó la intención del Gobierno de presentar la reforma «lo más rápido posible». Por su parte, el pasado mes de abril la ministra de Protección Social, Signe Riisalo, declaró que esperaba que el Riigikogu debatiera el nuevo proyecto de ley antes de las vacaciones legislativas de verano.

El Gobierno aprobó en consejo de ministros el texto de la reforma en el mes de mayo y lo envió al Parlamento para su debate el día 15 de ese mes. Fue aprobado en primera lectura el 22 de mayo, con una moción presentada por los partidos conservadores para eliminarlo que fracasó por 27 votos a favor y 53 en contra. Finalmente, fue convalidado en tercera lectura este 20 de junio, por 55 votos favorables frente a 34 contrarios. Votaron a favor los diputados del Partido Socialdemócrata, el actualmente mayoritario Partido de la Reforma (liberal) y los de Estonia 200 (también liberal). En contra lo hicieron los representantes del Partido Popular Conservador (extrema derecha populista), el conservador Isamaa y los del liberal-conservador Partido del Centro.

Tan solo resta el protocolario trámite de su promulgación por el presidente Alar Karis y la entrada en vigor está fijada para el 1 de enero de 2024.

El nuevo presidente de Estonia se había comprometido a legalizar las uniones y los matrimonios entre personas del mismo sexo, con un posible cambio en la ley en unas semanas, con lo que convertiría a Estonia en el primer país báltico en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lauri Hussar asumió la presidencia en abril después de que su partido Estonia 200 firmara un acuerdo de coalición con el Partido Reformista -el socio mayoritario- y los socialdemócratas.

En una entrevista con la Radio y Televisión Nacional de Lituania (LRT), Hussar dijo que creía que las leyes que permiten las uniones y matrimonios entre personas del mismo sexo podrían adoptarse en unas cuatro semanas. Destacó que la encuesta más reciente mostró que más del 50 por ciento de los estonios apoyaban el matrimonio entre personas del mismo sexo. “No es un problema como lo era hace seis o siete años, el estado de ánimo ha cambiado”, dijo.

Hussar admitió que la legalización de las uniones y los matrimonios entre personas del mismo sexo seguía siendo un tema de división entre algunas instituciones, diciendo que “la Iglesia y los conservadores están en contra”, y habló sobre las manifestaciones realizadas con “1.000 a 2.000 personas que protestan contra el cambio progresista”.

También planteó lo que describió como “una cosa muy interesante”: en países donde se había legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo “la sociedad avanzó”.

Ese progreso fue en parte la razón por la cual la coalición buscaba adoptar uniones y matrimonios entre personas del mismo sexo al mismo tiempo, dijo. “Esto es lo que tenemos que hacer, porque si tuviéramos que tomar la decisión de unión civil, entonces aún queda otra decisión por delante, la decisión del matrimonio entre personas del mismo sexo, y tendrás que tomarla de todos modos. Entonces, ¿por qué dar dos pasos?

En términos del apoyo del público al matrimonio entre personas del mismo sexo, Hussar dijo que creía que parte del cambio de opinión había sido fomentado por personas que observaban la guerra en Ucrania. “Nos llevó a pensar en lo que es importante para nosotros como sociedad”, explicó.

El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en gran parte de Europa Occidental, pero no en los países centroeuropeos, antaño bajo dominio comunista y miembros de la alianza del Pacto de Varsovia dirigida por Moscú, pero ahora miembros de la OTAN y, en gran medida, de la UE.

 “Es como si el Estado me aceptara por fin”, dijo Annely Lepamaa, lesbiana de 46 años. “Hasta ahora, tenía que luchar por todo. Tuve que ir a los tribunales para adoptar a mis propios hijos, que es como, ¿por qué?”, añadió. “Ahora, soy una humana con derechos”.

El proyecto de ley recibió 55 votos en el Parlamento de 101 escaños, de la coalición de partidos liberales y socialdemócratas que Kallas ha reunido tras su fuerte victoria en las elecciones de 2023.

“Mi mensaje (a Europa Central) es que es una lucha difícil, pero el matrimonio y el amor es algo que hay que promover“, declaró a Reuters la Primera Ministra, Kaja Kallas, tras la votación. “Nos hemos desarrollado mucho en estos 30 años, desde que nos liberamos de la ocupación (soviética). Somos iguales entre los países del mismo valor”, añadió.

El presidente de Estonia, Lauri Hussar (tercero desde la izquierda) en Baltic Pride 2023, que se celebró en la capital, Tallin. (Facebook)

La ley entrará en vigor a partir de 2024.

Estonia se convirtió en 2014 en la primera ex república soviética y único paíos báltico en aprobar una ley de uniones civiles abierta a todas las parejas. (Letonia solo lo permite por decisión de los tribunales de justicia).  La aplicación de la ley, sin embargo, es problemática, porque los distintos gobiernos conservadores han impedido que realmente fructificase, al impedir las reformas pertinentes para su articulación. El partido democristiano Unión Pro Patria y Res Publica (que luego se renombró como Isamaa) vetó la aprobación de las regulaciones complementarias necesarias para dotar de contenido a la ley original, que entró en vigor el 1 de enero de 2016. El resultado es que las parejas que intentan registrar su unión se encuentran, por ejemplo, con que el proceso para llevar a cabo dicha inscripción no ha sido aún descrito en la legislación. Una situación de inseguridad jurídica y arbitrariedad que pretende solventar la iniciativa de los centristas y socialdemócratas presentada la semana pasada. Por otra parte, en enero de 2017, un tribunal obligaba por primera vez a registrar un matrimonio del mismo sexo contraído en el extranjero (concretamente en Suecia).. La presente reforma de la Ley de Derecho de Familia subsana esos impedimentos para que las uniones civiles tengan plena vigencia.

Hasta este 20 de junio, Estonia era uno de los pocos países de la antigua Unión Soviética que no prohibía constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora es el único país exsoviético que ha aprobado el matrimonio igualitario. (Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño).

Sin embargo, el camino no ha sido fácil, puesto que las fuerzas conservadoras y de extrema derecha populista, que han ocupado puesto de poder en pasados años, se han opuesto con beligerancia a cualquier avance respecto a los derechos de las personas LGTBI. En el año 2021, el ultraderechista Partido Popular Conservador, que entonces formaba parte del Gobierno, propuso un referéndum para modificar la Constitución respecto a la definición del matrimonio y fijarla como la unión entre un hombre y una mujer. Las desavenencias con los otros socios de la coalición conservadora gobernante hicieron que fracasase la iniciativa, lo que, unido a un escándalo de corrupción, provocó la caída del Gobierno.

En este país báltico de 1,3 millones de habitantes, mayoritariamente laico, el 53% de la población apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo en una encuesta realizada en 2023 por el Centro de Derechos Humanos. Hace una década, la cifra era del 34%.

Sin embargo, el 38% de los estonios sigue considerando inaceptable la homosexualidad. La minoría étnica rusa, que constituye una cuarta parte del país, se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo, y solo el 40% lo apoya.

Los homosexuales de Estonia suelen ser discretos sobre su identidad, y la mitad han sufrido acoso recientemente, según el gobierno. “Ha sido una buena oportunidad para el gobierno, porque la opinión pública sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo se ha vuelto positiva, y tras las elecciones de este año tiene los números para superar a la oposición conservadora”, declaró Tomas Jermalavicius, Jefe de Estudios del Centro Internacional para la Defensa y la Seguridad.

En declaraciones a Reuters tras la votación, Eeva Koplimets, pareja de Annely desde hace seis años y de 36 años, propuso que se casaran. “¡Sí, nos vamos a cambiar (al matrimonio)! Tomamos nuestra decisión en la tele!”, dijo.

Letonia y Lituania, los otros dos países bálticos anexionados anteriormente por la Unión Soviética, tienen proyectos de ley sobre parejas del mismo sexo atascados en sus parlamentos.  Lituania, de hecho, está considerando las uniones entre personas del mismo sexo, pero no los matrimonios.

El matrimonio igualitario en Europa y el mundo

Tras la aprobación del matrimonio igualitario en Estonia, aun a la espera de su entrada en vigor, son 20 los países europeos donde existe el matrimonio igualitario (entre paréntesis, la entrada en vigor de la ley):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal(2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014en Inglaterra, Gales y Escocia, 2020 en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda(2015), Finlandia (2017) y Alemania (2017), Malta (2017), Austria (2019), Suiza (2021) y Eslovenia (2022), Andorra y Estonia (2024). (Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño).

Dentro de la Unión Europea, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en 15 de los 27 países que la componen.

En todo el mundo, ya son 34 los países donde existe la igualdad para las parejas del mismo sexo, al añadir los siguientes al grupo europeo:

Canadá (2005), Sudáfrica (2006), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010) , Nueva Zelanda (2013), Brasil(2013), Uruguay (2013), Estados Unidos (2015), Colombia (2016), Australia (2017),      Taiwán (2019), Ecuador (2019), Costa Rica (2020) , Chile (2021)  y Cuba (2022). (Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño).

Fuente PinkNews/Cristianos Gays

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ILGA-Europe publica su índice anual en el que reconoce la autodeterminación de género, las prohibición de las terapias de aversión y la mutilación genital de menores intersex que recoge la ley trans

La ley trans eleva a España al cuarto puesto del ranking de países con más derechos LGTBI

La Federación Estatal LGTBI+ ha colaborado en la elaboración de este informe

ILGA Europa ha publicado sus acostumbrados mapa interactivo y clasificación de los países del continente europeo y Asia central correspondientes al año 2022, en los que se refleja el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI en los distintos países. De nuevo, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. España es el país que experimenta un mayor ascenso en la clasificación, debido a la aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI iniciada el año pasado, alcanzando el cuarto lugar. Suben también los otros países que han legislado a favor de la autodeterminación de la identidad de género o la identidad corporal intersexual. 

España, que llegó a ocupar en 2011 el segundo puesto de este mapa, que elabora cada año ILGA-Europe, había ido perdiendo posiciones en los últimos años. Tras una exhaustiva clasificación de 49 países, en base a sus respectivas legislaciones en materia LGTBI, la organización reconoce a nuestro país (con un 74% de los puntos) como uno de los que han experimentado “el mayor salto en las puntuaciones”, junto a Islandia, Finlandia, Moldavia, Suiza y Croacia. Como puede verse en el mapa, el podio lo ocupan Malta (89), que repite en primera posición; Bélgica (76%), que ha incluido la identidad de género y las características sexuales como agravantes en su código penal; y Dinamarca (76%), gracias a un nuevo plan de igualdad.

ILGA Europa publicó el pasado mes de febrero su informe anual sobre los derechos humanos de la población LGTBI del continente europeo y Asia Central en el año 2022, en el que concluía que había sido el año más violento para las personas LGTBI en toda la región en la última década, tanto por los ataques feroces y planificados como por los suicidios causados por los discursos de odio crecientes y generalizados por parte de políticos, líderes religiosos, organizaciones de derechas y expertos de los medios de comunicación 

España asciende siete puestos y ocupa la cuarta posición en el ránking de países más respetuosos con los derechos LGTBI+ elaborado por la entidad de derechos humanos ILGA Europa. Según esta entidad internacional, la reciente aprobación de la Ley Trans y LGTBI+, que reconoce la autodeterminación de género para las personas trans, entre otras medidas contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, ha hecho que España suba siete puestos con respecto a su posición anterior en este índice internacional.

Se trata del Índice Arco iris que elabora anualmente la principal organización europea de defensa de los derechos de las personas LGBTI+, ILGA Europa, y analiza la situación legal y política de las personas LGBTI+ en 49 países.

Según esta entidad, “aunque el discurso público es cada vez más polarizado y violento, en particular contra las personas trans, la determinación política de promover los derechos de las personas LGBTI+ está dando sus frutos”. “Los mayores avances en el mapa corresponden a los países que introdujeron el reconocimiento legal de género siguiendo un modelo de autodeterminación”, describen a través de su informe.

“España vuelva a situarse a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+”

Por su parte, Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, organización que ha colaborado en la elaboración de este informe, ha celebrado este ascenso, “fruto del trabajo de incidencia del asociacionismo LGTBI+ con el apoyo de la sociedad civil.” y ha aplaudido que España vuelva a situarse “a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+ como ya sucedió con la aprobación del matrimonio igualitario, cuando España ocupó el segundo puesto en el ránking”.

“Nuestra posición de liderazgo en materia de derechos LGTBI+ debe de ser un motivo de celebración y de orgullo, pero no nos puede hacer caer en la autocomplacencia. Desde la Federación Estatal LGTBI+ trabajaremos para garantizar que los derechos logrados se apliquen en todo el territorio nacional, instando a las autoridades competentes a que destinen recursos específicos. También para frenar el discurso de odio, cada vez más presente en la esfera pública, que legitima la violencia en las calles. Solo de esta manera podremos seguir avanzando.”, manifiesta.

Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo

Por encima de España, Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo. Asimismo, Bélgica ha ascendido hasta el segundo puesto, con una subida de cuatro puntos con respecto a su posición anterior, gracias a la inclusión de la identidad de género y las características sexuales como factores agravantes en el código penal del país. Dinamarca ocupa el tercer lugar, con una subida de dos puntos debida a su nuevo plan de acción para la igualdad, que incluye medidas específicas sobre orientación sexual e identidad de género.

Además, otros países, como Islandia o Moldavia, que ha incluido la identidad de género y las características sexuales en su legislación contra la discriminación y/o los delitos de odio también han tenido un ascenso significativo en la tabla, al igual que España.

NOTA. Mapa de ILGA-FELGTBI+

***

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente en el año pasado. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Continuando con el criterio establecido el año pasado, las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 23 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 17,5 %, los crímenes y discursos de odio el 19 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 17,5 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 9 %, el asilo un 9 % y la integridad corporal intersexual el 5 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa. 

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados: 

(Pincha en las imágenes para agrandarlas)

La clasificación de los países europeos 

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente: 

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.Con un 89,29 % de consecución de objetivos, se sitúa muy por encima del resto de países. 

Como comentábamos anteriormente, el mayor ascenso en la clasificación de este año es el de España, que el año anterior había descendido hasta la undécima posición debido a su inmovilismo legislativo. La aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI del pasado mes de diciembre por el Congreso de los Diputados, si bien solo era una primera lectura, ha sido la causante de la subida. La aprobación de la autodeterminación de género en Finlandia y el respeto legislativo a la integridad corporal intersexual en Grecia también han hecho que ambos países experimenten un estimable ascenso. A su vez, Moldavia ha modificado su ley de igualdad y su código penal para incluir la orientación sexual y la identidad de género, lo que la ha hecho ascender 14 posiciones. 

Bielorrusia, Rusia, Armenia, Turquía y Azerbaiyán cierran la clasificación, no solo por falta de políticas de protección de la población LGTBI, sino por legislaciones y actuaciones gubernamentales específicamente LGTBIfobas. 

La situación en España 

Si en los años 2020 y 2021 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI, el 2022 ha sido completamente diferente. La aprobación en primera lectura de la tan esperada Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI (Ley 4/2003) ha causado que el porcentaje de consecución de objetivos haya pasado de un exiguo 61,79 % hasta un 74,10 %. Así, España sube de la undécima posición hasta la cuarta, regresando a su habitual posición entre los diez primeros países de la clasificación. 

ILGA Europa destaca que con la Ley 4/2003 España ha regulado el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación, ha prohibido las mutilaciones genitales en menores intersexuales, ha prohibido también las llamadas prácticas de «conversión» y ha proscrito la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales. 

En el informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI publicado hace unos meses, ILGA Europa destacaba respecto a España el incremento sostenido de la retórica de odio contra las personas trans. Señalaba como dato significativo el hecho de que en la celebración del 8 de mayo por el Día de la Mujer hubo dos manifestaciones separadas en más de 20 ciudades, dada la no aceptación de la autodeterminación de género por parte de un sector del movimiento feminista. 

También destacaba la comunicación del Ministerio del Interior de un incremento del 68 % en el año 2021 de los delitos de odio basados en la orientación sexual e identidad de género. 

En esta ocasión, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español: 

• Incluir específicamente la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales en las políticas diseñadas para abordar los delitos de odio y la incitación al odio. 
• Actualizar el marco legal de reconocimiento de género existente para que incluya una opción no binaria o de tercer género, y garantizar que sea accesible sin restricciones de edad. 
• Introducir leyes sobre asilo que contengan una mención expresa a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales. 

Clasificación en años anteriores 

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Este año vuelve a situarse en esa posición a considerable distancia de los demás. España ha ascendido hasta el cuarto puesto por la aprobación de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esperemos que este importante avance legislativo en el respeto a los derechos LGTBI no solo se consolide sino que se amplíe. 

 Fuente FELGTBI+/Dosmanzanas

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En las escuelas católicas de Kentucky, los estudiantes LGBTQ+ no siempre lo tienen fácil. Una estudiante describió recientemente algunos de esos desafíos en detalle para un sitio web creado por jóvenes y estudiantes de todo el estado.

Anna Sugg, estudiante de la Academia del Sagrado Corazón, condado de Jefferson, escribió una publicación de blog sobre las luchas que tienen los estudiantes LGBTQ+ en “escuelas… que tienen un historial de supresión de sus identidades”. Sugg, quien es editora en jefe del periódico de su escuela y miembro del club de diversidad, escribió su ensayo para KSVT, un sitio web de Kentucky que se describe a sí mismo como un sitio para “jóvenes que co-crean escuelas de Kentucky más justas y democráticas”. y las comunidades como socios de investigación, políticas y defensa”.

En su artículo, Sugg contó las historias de dos estudiantes homosexuales en las escuelas secundarias católicas de Louisville, quienes compartieron sus experiencias usando seudónimos: Charlie y Ben. Un estudiante es transgénero y el otro es gay y no binario. Sugg escribió que a medida que estos estudiantes se volvieron más conscientes de sus identidades, se encontraron con entornos difíciles en la escuela y puntos de tensión con la iglesia católica. Ella escribió:

“Tanto para Charlie como para Ben, volverse más abiertos sobre sus identidades resultó en un intenso acoso por parte de sus compañeros. Ben recuerda cuando era joven y sus compañeros lo llamaban gay a sus espaldas porque en su mayoría se rodeaba de compañeras y se comportaba de una “manera femenina”. La intimidación continuó en la escuela secundaria, donde ambos estudiantes dicen que actualmente enfrentan el uso de lenguaje despectivo como así como insultos expresados directamente en su rostro, y donde sienten que nunca podrán escapar del todo de sus agresores. Charlie me dijo que “nunca sabe en quién confiar en la escuela”, y Ben agregó que están inseguros acerca de su existencia allí: “A veces siento que todos me miran. Estoy constantemente incómodo’”.

Sugg explicó que Charlie y Ben no están solos en sus experiencias de acoso en la escuela. Más del 70% de los estudiantes queer en los EE. UU. han sido acosados verbalmente en la escuela debido a su sexualidad, y más de la mitad de los estudiantes transgénero en Kentucky no pueden usar el baño de la escuela que se alinea con su identidad. A muchos estudiantes queer y trans también se les impide usar sus nombres y pronombres elegidos.

Sugg señaló que los desafíos que enfrentan los jóvenes queer y trans en las escuelas católicas se han visto exacerbados por la ola de legislación dirigida a los estudiantes LGBTQ+ en todo el país. El gobierno del estado de Kentucky ha presentado proyectos de ley que abordan temas LGBTQ+ en los planes de estudios escolares, la educación sexual y la atención médica que afirma el género para los jóvenes trans.

“Estos proyectos de ley amenazan la seguridad y la autonomía de los estudiantes, más notablemente vistos en el Proyecto de Ley 150 del Senado [de Kentucky], que, entre otros aspectos, permitiría a los maestros decidir si usar los pronombres de un estudiante si ‘no se ajustan al sexo biológico de ese estudiante, ‘”, escribió Sugg.

Los estudiantes le dijeron a Sugg que se sentían perturbados por la legislación. “Saber que hay alguien que está en contra de que me sienta seguro y cómodo en mi escuela es realmente dañino para mi identidad queer”, dijo un estudiante de secundaria.

Sugg recordó a sus lectores que la escuela secundaria está destinada a ser un lugar para que los estudiantes descubran sus identidades y exploren nuevas ideas. Cualquier cosa que impida que los estudiantes LGBTQ+ prosperen va en contra de ese objetivo, ya sean homilías dañinas en la misa de una escuela católica o legislación que afecte lo que está en el plan de estudios.

“Porque, después de todo”, escribió Sugg, “la escuela secundaria debería tratarse de encontrarte a ti mismo, no de esconderte”.

–Grace Doerfler (ella/ella), New Ways Ministry, 8 de mayo de 2023

Fuente New Ways Ministry

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La joven, habitual clienta del lugar, denunció el hecho en sus redes sociales. El shopping negó que se haya tratado de un caso de discriminación.

ASUNCIÓN, Paraguay. La influencer trans, Shirley Boom, compartió en Instagram un video en el que denuncia que funcionarios del shopping Pinedo, un centro comercial ubicado en la ciudad de San Lorenzo, la discriminaron a ella y a su amiga por ingresar al baño de mujeres. Los guardias de seguridad les negaron el uso de las instalaciones por su identidad de género.

El jueves 6 de abril Shirley Boom fue con su amiga al shopping a pasar el día. A las cinco de la tarde fueron a merendar y a comprar entradas para el cine. Una vez terminada la función, cerca de las once de la noche, fueron al baño que se encuentra al costado de un local de McDonald’s. Shirley entró a uno de los cubículos, pero pronto escuchó ruidos. Le preguntó a su amiga qué pasaba y le contestó que las estaban echando.

Inmediatamente, Shirley salió del baño y una funcionaria a cargo de la limpieza le dijo: “Ustedes no pueden estar acá. Tienen que ir al baño que les corresponde”. En medio de discusiones, la limpiadora advirtió al guardia de seguridad que se encontraba fuera del baño y llamaron a otra guardia para que las expulsara del sanitario.

“Yo ahí saqué mi celular y les comienzo a grabar. ‘¿Quién te mandó?’, le pregunté. Yo, hasta ese momento, pensaba que era una broma, no podía creer. Vino una guardia y me dijo: ‘Ustedes no pueden estar acá porque tienen lo que tienen ahí abajo’. ¿Ves cuando ya estás acostumbrada a pasarla bien? Yo no me sentí una persona en ese momento, me sentí un perro por cómo me echaron”, contó Shirley a Agencia Presentes.

Según explicó la influencer, el staff del shopping la conoce porque pasa por allí todos los días para ir al gimnasio. Al día siguiente del evento, Shirley subió el video a Instagram y en cuestión de minutos se hizo viral. En descargo público expresó que tanto a ella como a su amiga las trataron despectivamente en todo momento.

Discriminación y reacciones de antiderechos

Presentes se comunicó con Cecilia Figueredo, gerente de Marketing del Shopping Pinedo quien sostuvo que “no fue discriminación”. “Ella entró en el shopping, estuvo en el cine, en el patio de comidas. Nadie le prohibió la entrada al shopping. Lo único que se le pidió fue que vaya al sanitario de caballeros porque varios clientes con niños reclamaron a la guardia. Entonces se le invitó, si podría ir al baño de caballeros”, refirió.

Pastor Emilio Agüero Esgaib

De acuerdo a Figueredo, al sanitario de mujeres “entran niñas”, y que ese día recibieron quejas de “clientes” a las once de la noche. “Más adelante habría que evaluar si se les hace un baño adicional, pero eso no parte de nosotros, o sea nosotros. El shopping es una propiedad privada para clientes. La limpiadora y también la guardia de seguridad le invitaron a salir. No se le tocó, no se le empujó, pero sí que vaya al baño de caballeros. Y fue en Semana Santa. Entiendo que es influencer, no sé si para agarrarse de esa situación hizo esto para ganar mayores seguidores”, dijo.

El pastor Emilio Agüero Esgaib opinó en sus redes sobre lo ocurrido. “¿Entraron ya a las redes sociales de los dos involucrados? Son grotescos. Jamás permitiré que mi esposa e hija compartan baño con hombres, no me importa que en su imaginación se sientan mujeres. Y no vengan con esas tonterías de “homofobia” o “retrógrado”. Falacias. En todo caso que tengan un espacio para ellos donde nadie se sienta invadido”, expresó.

La publicación tuvo 7,3 mil reacciones en Facebook y casi mil comentarios de antiderechos que apoyaron los dichos del pastor. “El Shopping eligió y los felicito. Eligió la familia, eligió el sentido común, eligió el cuidado de sus clientes, eligió la dignidad. Espero siga así. PD: hay que hablar y apoyar sino esto irá avanzando hasta que no quede un lugar donde poder entrar seguro las mujeres”, añadió desde el mismo perfil en el que realiza oraciones y ofrece mensajes de “paz y solidaridad”.

Los infaltables discursos de odio

Agüero fue cómplice de haber instalado “la ideología de género” durante la gestión del ex ministro de Educación, Enrique Riera. Además, es reconocido por sus comentarios LGBTI-odiantes y por su cercanía al ex presidente Horacio Cartes y al pastor antiderechos Miguel Ortigoza, también afín al cartismo. En la misma línea, los panelistas del programa Duro de Callar, del canal cartista Gen arrojaron comentarios transodiantes y discriminatorios.

“Ahora me da miedo salir”, expresó Shirley Boom. “Siento que toda la gente me odia. La ciudadanía de mal en peor luego. La gente no tiene empatía y no se pone en el lugar de la otra persona. A mí me afectó demasiado emocionalmente. Mi ansiedad se subió al mil. Yo soy una persona muy ansiosa y claro que me perjudica”, dijo y exigió que el centro comercial le pida disculpas.

Juliana Quintana

Fuente Agencia Presentes

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Por primera vez en su historia, la justicia de Corea del Sur ha reconocido de forma expresa los derechos de una pareja del mismo sexo, en concreto el derecho a la cobertura de uno de los miembros de la pareja por el seguro médico de su compañero. Un avance de especial importancia en un país en el que la comunidad LGTBI encuentra grandes dificultades para ver reconocidos sus derechos más elementales.

El Tribunal Superior de Seúl, instancia judicial por encima de la cual solo se sitúa el Tribunal Supremo, ha dictaminado que una pareja formada por dos hombres tiene derecho a disfrutar de los beneficios que el Servicio Nacional de Seguro de Salud coreano (NHIS) concede a las parejas de diferente sexo. El alto tribunal considera que al negarle a la pareja dichos beneficios el NHIS incurre en discriminación por orientación sexual.

En febrero de 2020, So Seong-wook incluyó en su seguro a su pareja, Kim Yong-min, como persona a su cargo. Ambos forman una pareja consolidada y conviven maritalmente (en 2019 celebraron incluso una ceremonia nupcial, pese a que Corea del Sur no reconoce el matrimonio igualitario). Meses después, cuando la noticia se hizo pública, el NHIS canceló su cobertura. So Seong-wook recurrió la decisión ante el Tribunal Administrativo de Seúl, que desestimó su demanda en enero de 2022. Poco más de un año después, sin embargo, el Tribunal Superior de Seúl ha revocado la decisión del tribunal inferior y ha reconocido el derecho de la pareja a recibir por parte del NHIS el mismo tratamiento que las parejas de distinto sexo. El fallo argumenta, en este sentido, que el NHIS sí reconoce esta cobertura a parejas heterosexuales que conviven en una unión de hecho sin necesidad de estar casadas.

La decisión del alto tribunal de Seúl supone un hito histórico para los derechos LGTBI en Corea del Sur, ya que es la primera vez que la justicia de ese país falla a favor del reconocimiento de derechos para una pareja del mismo sexo. «Es una decisión importante que coloca a Corea más cerca de alcanzar el matrimonio igualitario. Aún queda un largo camino para acabar con la discriminación de la comunidad LGBTI, pero esta sentencia permite abrigar la esperanza de que es posible superar los prejuicios», ha declarado al respecto Boram Jang, investigadora de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental.

Corea del Sur no es un país especialmente amable con la comunidad LGTBI, una situación a la que contribuye la creciente influencia social de las iglesias evangélicas. No obstante, parece que poco a poco los tribunales avanzan en la dirección adecuada. Hace un año recogíamos como el Tribunal Supremo del país anulaba la condena a dos militares por mantener relaciones sexuales entre ellos (las relaciones entre personas del mismo sexo en el seno del Ejército coreano están penadas con hasta dos años de cárcel, y de hecho en 2017 se desató una caza de brujas contra soldados sospechosos de ser gais). Veremos si en este caso la resolución definitiva es también favorable, dado que el NHIS ha anunciado que apelará la decisión del Tribunal Superior de Seúl al Tribunal Supremo.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Amnistía Internacional, Boram Jang, Corea del Sur, Discriminación, Homofobia/Transfobia, Kim Yong-min, LGTBIfobia, Matrimonio, Seúl, So Seong-wook, Tribunal Superior de Justicia de Seúl, Tribunal Supremo (Corea del Sur), Uniones Civiles

Cómo publicábamos el pasado mes de febrero, el tribunal supremo de Hong Kong dictó un fallo histórico que permitirá a las personas trans cambiar su género en los documentos de identidad sin someterse a una cirugía.

El Alto Tribunal de Hong Kong ha dictaminado que las personas trans que deseen modificar su sexo en los documentos de identidad no pueden ser forzadas a someterse a cirugía de reasignación genital, como sucedía hasta ahora. El fallo del alto tribunal hongkonés supone un gran paso adelante en los derechos de la comunidad trans de la ciudad, constituida hoy en una región administrativa de China pero que mantiene una personalidad jurídica propia.

El proceso legal fue iniciado en 2019 por dos hombres tránsgenero de Hong Kong, Henry Edward Tse y otro ciudadano identificado como Q, a los que las autoridades de Hong Kong denegaron la corrección de la mención al sexo en sus documentos de identidad pese a que esta sí estaba ya corregida en sus pasaportes británicos (los hongkoneses que eran ciudadanos británicos antes de 1997, fecha en que el enclave pasó a soberanía china, mantienen un pasaporte británico especial).

Pese a las dos derrotas sucesivas en tribunales inferiores, ahora el Alto Tribunal de Hong Kong les ha dado la razón y ha dictaminado que la exigencia de cirugía de reasignación genital completa que se les exigía (extirpación de útero y ovarios y reconstrucción de genitales externos masculinos) es abusiva y viola sus derechos constitucionales. «La consecuencia de esta normativa es obligar a personas como los recurrentes a tener que elegir entre sufrir violaciones regulares a su derecho a la privacidad o someterse a cirugías altamente invasivas y médicamente innecesarias, vulnerando su derecho a la integridad física. Claramente, esto no refleja un equilibrio razonable», ha argumentado el alto tribunal (aquí puedes acceder, en inglés, a la sentencia).

El activismo LGTBI local confía en que el fallo, final e inapelable, abra la puerta a una reforma de las normas de identidad de género sin necesidad de nuevos procesos judiciales en una región, la de Hong Kong, en la que los todavía tímidos avances en materia de derechos LGTBI se producen siempre de la mano de los tribunales. Así paso, por ejemplo, en 2013, cuando el Alto Tribunal dictaminó que una mujer trans (que por entonces se habia sometido a cirugía de reasignación completa) tenía derecho a contraer matrimonio como mujer. O más recientemente, en 2020, cuando falló a favor de un matrimonio de hombres, casados en el Reino Unido, que recurrió a la justicia para denunciar la negativa de las autoridades hongkonesas a reconocerlos como copropietarios de una vivienda, impidiendo que uno la heredara en el caso del fallecimiento del otro.

Por lo que se refiere al caso que nos ocupa, se trata de un nuevo paso en la progresiva despatologización de las identidades trans, que aunque de forma desigual y con las dificultades que supone la poderosa alianza entre movimientos ultraconservadores y activismo transexcluyente continúa avanzando. En este sentido, cabe recordar que la exigencia de cirugías de reasignación completas con esterilización como requisito para reconocer legalmente la identidad de las personas trans ha estado muy presente también en la legislación occidental. En 2017, hace solo seis años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba al Estado francés por esa razón (aunque Francia había modificado poco antes sus leyes). Suecia, por ejemplo, no eliminó hasta 2013 este requisito.

De hecho, no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. Aun así, según un informe de Transgender Europe de 2022, aún hay varios países europeos que la exigen: Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Letonia, Montenegro, República Checa, Rumanía, Serbia y Turquía. Una lista de la que recientemente se ha descolgado Finlandia, tras la reciente aprobación de una ley que consagra la autodeterminación de género y en este año 2023 España, con la reciente aprobación de la Ley Trans y LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI China, Cirugía de reasignación, Discriminación, Henry Edward Tse, Homofobia/ Transfobia, Hong Kong, Identidad de género, LGTBIfobia, Personas trans, Q, Transexualidad

Los colectivos pro derechos de las personas LGTBI+ en Venezuela continúan con su lucha para alcanzar la igualdad legislativa en el país caribeño. El último fruto de esta lucha es la anulación de un reglamento del Ejército que castigaba con penas de uno a tres años de cárcel a los militares que mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo. El texto suponía el último escollo legal para considerar la homosexualidad totalmente despenalizada.

El Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, a petición del Defensor del Pueblo, ha dejado sin validez el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar. El citado código establecía lo siguiente: «El oficial que cometa actos que lo afrenten o rebajen su dignidad o que permita tales actos, sin tratar de impedirlo por los medios autorizados por la ley, será penado con prisión de uno a tres años y separación de las Fuerzas Armadas. La misma pena se aplicará a todo militar que cometa actos sexuales contra natura».

Cabe precisar que se trata de una victoria parcial, ya que el alto tribunal venezolano se limita a poner fin a una interpretación ambigüa del reglamento militar pero evita la cuestión de fondo y evita equiparar de forma expresa las relaciones homosexuales a las heterosexuales. En este sentido, el Tribunal hace suyos los argumentos del Defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz, que estimaba que el reglamento «carece de suficiente claridad y precisión jurídica en lo que respecta a la conducta que pretendía sancionar».

Pese a todo, esta modificación supone la extinción del último texto legal que penalizaba la homosexualidad en la República Bolivariana de Venezuela. El colectivo Venezuela Igualitaria ya interpuso en 2016 una demanda para la eliminación de este artículo. El pasado 14 de febrero, varios activistas se manifestaron frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para exigir su derogación, además de otras medidas como la aprobación del matrimonio igualitario, la no discriminación de los varones homosexuales en la donación de sangre o el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. «Consideramos la decisión como positiva, pero limitada ya que no ataca el problema principal por el que movimientos sociales y particularidades en distintos momentos y espacios han elevado su voz ante el Estado, esto es: la vulneración de la dignidad de las personas LGBTI venezolanas en general y en particular dentro de nuestras Fuerzas Armadas, quienes siguen siendo invisibilizadas, forzadas a vivir ocultas so pena de sufrir castigos o la expulsión», explican desde Venezuela Igualitaria.

En la consecución de este hito también ha jugado un papel las presiones de Naciones Unidas. En una reciente visita al país, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, incluía esta demanda entre los avances que Venezuela debía dar. «Me ha complacido escuchar que las autoridades se han comprometido a derogar el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y que las autoridades la han calificado como obsoleta. Tal medida estaría en consonancia con una de las principales demandas que escuché, de una representante de la comunidad LGBTIQ+», expresaba Türk al final de la visita.

Pese a la desaparición de la última disposición legal que castigaba explícitamente la homosexualidad, queda mucho para lograr la consecución de la igualdad de derechos en Venezuela. Una tímida esperanza se abrí paso cuando el presidente Nicolas Maduro sugería en 2020 que la aprobación del matrimonio igualitario podría ser discutido por la Asamblea Nacional, pero lo cierto es que desde entonces nada se ha avanzado ese sentido. Venezuela se mantiene así rezagada en los derechos para las parejas y personas pertenecientes a la diversidad sexual. Países vecinos, como Colombia o Brasil, hace años que reconocen el matrimonio igualitario por decisión de sus altos tribunales de justicia. Y Cuba, cuyo régimen puede considerarse entre los más próximos al Gobierno de Maduro, aprobó el matrimonio igualitario el pasado año mediante referéndum.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Despenalización de la homosexualidad, Discriminación, Ejército, Homofobia/Transfobia, LGTBIfobia, Naciones Unidas, Nicolás Maduro, Venezuela, Venezuela Igualitaria, Volker Türk