Los especialistas denuncian que a menudo la sociedad ve a los discapacitados como seres asexuados.

Norberto Butler era sólo un adolescente cuando una poliomielitis le postró en una cama. La enfermedad y su consecuente discapacidad aparecieron en su vida justo en el momento en que estaba descubriendo su sexualidad, algo que tuvo que vivir a escondidas. Por aquel entonces, se citaba clandestinamente con su novia para hacer, escondidos en una habitación de su escuela, lo que para el resto de jóvenes de su edad era lo más común. “Forzábamos la puerta y entrábamos, porque no había un solo lugar donde disfrutar de la intimidad”, recuerda.

Norberto tiene ahora 57 años y no está dispuesto a seguir viviendo su sexualidad a escondidas. Después de años de lucha logró que la casa-hospital donde vive le diera una habitación individual para, según cuenta, poder explorar el placer. Con su testimonio y su lucha tiene como objetivo ayudar a otras personas en su misma situación: “Conozco cientos de personas con discapacidad que no resuelven este tema, que no tienen relaciones de ningún tipo. Yo conozco la mortificación que sufren muchos, y este tema es una prioridad absoluta, porque se siente en el cuerpo el escozor por no poder canalizar esto, tener sexo con una chica“, lamenta. Norberto considera que en la sociedad, e incluso entre los propios discapacitados existe una asociación entre la discapacidad y la asexualidad.

En Argentina, la sexualidad de las personas con discapacidad está poco a poco dejando de ser un tema tabú. Recientemente, durante un encuentro en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, especialistas, trabajadoras sexuales y activistas plantearon la regulación de la figura de la “acompañante sexual”. “Se trata de una persona que, después de atravesar un proceso de capacitación, pueda acompañar a varones o mujeres con discapacidad, sexual, afectiva y eróticamente”, ha explicado Silvina Peirano, profesora de discapacidad mental y social y creadora de Sex Assistent, un servicio de formación de asistentes sexuales, asesoramiento y acompañamiento que nació hace años en Barcelona. Peirano ha matizado que este servicio no busca sólo que la persona discapacitada tenga sexo con quien contrata, sino que las acompañantes también asisten a las parejas de los discapacitados que quieren tener relaciones sexuales, enseñándoles a acomodar sus cuerpos y facilitando el encuentro físico, ayudándoles, por ejemplo a colocarse un preservativo.

“Nosotros no decimos que todas las personas con discapacidad deban tener una asistencia sexual, pero sí que puede ser una opción enriquecedora y válida para algunas”, ha explicado la profesora. La figura de la asistente sexual sería pionera en Latinoamérica, pero ya hay países como Suiza donde este ejercicio está regulado por el Estado y es considerado una terapia más.

Reticencias a la figura del acompañante sexual

Es precisamente en los países donde el trabajo de acompañante sexual está reconocido estatalmente donde han aparecido las mayores críticas al respecto, incluso de la mano de los propios discapacitados. Es el caso de Mik Scarlet, un escritor británico que considera que la existencia de la figura del acompañante sexual es “como si el mundo te dijera que las personas discapacitadas son tan poco atractivas que la única manera de tener sexo para ellas es pagando”. “No quiero un mundo donde sea más fácil para las personas discapacitadas visitar a trabajadores sexuales, quiero un mundo que vea a los discapacitados como seres sexuales y como parejas válidas“, sostiene Scarlet. Incluso el propio Norberto Butler tiene sus reparos: “la asistencia sexual podría llenar este huequito”, dice, para los discapacitados que no han podido desarrollar su sexualidad. Pero asegura que debería llegar acompañada de otras políticas de inserción laboral y social. El objetivo, según Butler, es que el discapacitado tenga las mismas oportunidades para conocer a una pareja en cualquier otro ámbito que no sea el del hospital o el del acompañante sexual.

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“Son pocos los programas que resultan accesibles a las personas con discapacidad y la estigmatización social impide que reciban servicios de VIH en igualdad de condiciones con el resto de la población“, denuncia Human Rights Watch.

Las casi dos millones de personas con discapacidad que integran la población de Zambia enfrentan obstáculos significativos para acceder a programas de prevención, pruebas y tratamiento del VIH, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy, aunque la organización ha admitido también que “Zambia ha conseguido avances sustanciales en la ampliación de su respuesta al VIH en general”.

El informe de 80 páginas, También nosotros estamos muriendo de sida: Obstáculos a servicios y tratamiento de VIH para personas con discapacidad en Zambia, documenta los escollos que enfrentan las personas con discapacidad tanto en sus comunidades como en los centros de asistencia. Esto incluye actos de estigmatización y discriminación, falta de acceso a iniciativas de prevención del VIH que sean inclusivas, obstáculos para el acceso a pruebas voluntarias y tratamiento del VIH, y falta de asistencia económica adecuada para la continuidad de los tratamientos antirretrovirales. El informe también describe la violencia sexual que sufren mujeres y jóvenes con discapacidad, incluso por parte de sus parejas íntimas, y la necesidad de que el gobierno y los donantes internacionales actúen más enérgicamente para asegurar que los servicios de VIH sean inclusivos y accesibles.

“En la cadena de atención —que incluye desde la educación hasta las pruebas y el tratamiento— las personas con discapacidad de Zambia enfrentan un obstáculo tras otro”, observó Rashmi Chopra, becaria Sandler en Human Rights Watch y autora del informe. “Como líder regional en el desarrollo y la ampliación de servicios integrales de VIH, Zambia debería eliminar estos obstáculos y convertirse en un modelo de inclusión para las personas con discapacidad”.

El informe se elaboró a partir de más de 200 entrevistas realizadas en Zambia a personas con discapacidad, padres de menores con discapacidad, docentes de educación especial, representantes de organizaciones no gubernamentales, funcionarios gubernamentales, trabajadores de atención de la salud y otras personas.

Más de uno de cada diez adultos en Zambia vive con VIH, y la proporción de personas con discapacidad es muy similar. Las personas con discapacidades físicas, sensoriales, psicosociales e intelectuales pueden ser más vulnerables al contagio del VIH que otros miembros de la población de Zambia debido a su menor nivel de educación y alfabetismo, mayores índices de pobreza y mayor exposición a abuso físico y sexual.

Personas con diversas discapacidades dijeron a Human Rights Watch que a menudo son percibidas como asexuales y deben lidiar con actitudes negativas con respecto a su derecho a contraer matrimonio y tener hijos. Estas reacciones a veces restringen su acceso a la prevención del VIH y a las pruebas o servicios de tratamiento correspondientes.

Yvone L. (seudónimo), quien presenta una discapacidad física, dijo a Human Rights Watch: “Cuando uno asiste a sesiones voluntarias de asesoramiento y pruebas de VIH, te miran de arriba abajo, y las personas preguntan ‘¿Por qué estás en la fila? ¿Quién podría haberte contagiado el VIH?’ No esperan que las mujeres con discapacidad sean sexualmente activas”.

Los menores con discapacidad no consiguen acceder a información relativa a prevención del VIH en igualdad de condiciones con los demás menores. Numerosos menores con discapacidad no asistan a la escuela, donde podrían recibir información sobre prevención del VIH, debido a la discriminación en el ámbito familiar, los obstáculos a la admisión y la falta de accesibilidad física. Incluso cuando los menores con discapacidad pueden asistir a la escuela, con frecuencia son excluidos de programas que brindan información sobre VIH, o no obtienen materiales que sean comprensibles para ellos.

De manera similar, los adultos con discapacidad a menudo no pueden acceder a información general sobre VIH difundida a través de medios impresos y de comunicación masiva debido a la falta de materiales publicados en formatos sencillos, en braille, en letras grandes o con lenguaje de símbolos.

Entre las mujeres y jóvenes con discapacidad se registran altos índices de violencia sexual, incluso por sus parejas íntimas, lo cual incrementa su riesgo a contraer VIH. La vulnerabilidad de mujeres y jóvenes con discapacidad se ve agravada debido a la falta de acceso equitativo a información sobre violencia de género, prevención del VIH y servicios de protección social.

Diversas personas con discapacidad dijeron a Human Rights Watch que era común que no pudieran conseguir asesoramiento efectivo previo y posterior a pruebas de VIH, debido a que los trabajadores de atención de la salud no contaban con formación adecuada sobre cómo comunicase con personas con discapacidad y abordar sus inquietudes. Una vez que han iniciado un tratamiento retroviral, las personas con discapacidad suelen depender de la disponibilidad de un familiar o amigo para asistirlas con traslados o comunicaciones que les permitan cumplir las citas concertadas.

Cuando no tienen esta asistencia, es muy poco habitual que se hagan concesiones que tengan en cuenta sus circunstancias, como reprogramar citas o proporcionar medicamentos para un período más prolongado. En vez de ello, los trabajadores de la salud a menudo clasifican a las personas con incapacidad como “incumplidoras” si no se presentan a citas, esto provoca que tengan que solicitar citas con mayor frecuencia y limita la entrega de medicamentos.

Zambia ha ratificado una variedad de tratados internacionales y regionales de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que exige a los gobiernos brindar a las personas con discapacidad atención y programas de salud gratuitos o asequibles del mismo tipo, calidad o estándar que los proporcionados a las demás personas, incluidos los programas de salud pública. Esto implica que las personas con discapacidad deberían poder acceder a servicios de VIH en idénticas condiciones que los demás.

La Ley sobre Personas con Discapacidad de 2012 de Zambia establece que el gobierno deberá ofrecer acceso equitativo a servicios de salud sexual y reproductiva y a programas de salud pública. El gobierno de Zambia reconoce que las personas con discapacidad componen una población vulnerable expuesta al riesgo del VIH, pero no ha puesto en práctica servicios y estrategias específicas para brindar servicios de VIH inclusivos.

Los donantes internacionales y los organismos de las Naciones Unidas tienen conocimiento de la falta de servicios de VIH que sean inclusivos y estén orientados específicamente a personas con discapacidad en Zambia. Sin embargo, tampoco han hecho suficiente para asegurar que los fondos destinados a servicios de VIH se asignen sin discriminación y beneficien equitativamente a personas con discapacidad.

El gobierno de Zambia y los donantes internacionales deberían establecer servicios de VIH específicos para personas con discapacidad y asegurar accesibilidad a los programas y que no haya discriminación en los principales servicios de VIH, señaló Human Rights Watch. El gobierno y los donantes deberían además investigar los factores de riesgo de VIH entre personas con discapacidad.

“Es meritorio que Zambia haya reconocido a las personas con discapacidad como una población expuesta a altos riesgos de VIH”, observó Chopra. “Ahora deberán implementarse cambios concretos para incluir a las personas con discapacidad en la respuesta de Zambia al VIH”.

Fuente Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Discapacidad, Homosexualidad, Human Rights Watch, Rashmi Chopra, VIH/SIDA, Zambia