Entre pancartas en las que se leía “Salvemos la familia” cientos de personas recorrieron la capital venezolana para manifestarse contra los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Cientos de evangélicos marcharon en el centro de la capital en rechazo a un proyecto de ley que reposa en la Asamblea Nacional que apoya los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Entre pancartas en las que se leía “salvemos la familia”, banderas venezolanas, globos rosados y azules, varios cientos de personas recorrieron algunas calles del centro de Caracas hasta la sede del congreso para manifestarse contra los matrimonios entre personas del mismo sexo. Consignaron ante el órgano legislativo un conjunto de firmas contra el referido proyecto de ley.

“Estamos defendiendo la familia. Estamos apoyando que sea el matrimonio entre hombre y mujer”, dijo Dallani Perera, un ama de casa de 38 años.

Ever Padilla, 46 años, indicó que en el país no se puede permitir las uniones entre personas del mismo sexo porque “Venezuela va estar llena de puros homosexuales y eso le desagrada a Dios”.

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado oficialista Diosdado Cabello, dijo en junio que estaba abierto a apoyar en el congreso una propuesta sobre los matrimonios homosexuales.

Varios grupos de homosexuales presentaron el año pasado en el congreso un proyecto de ley a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Durante los últimos años se han promovido en la legislatura otras iniciativas en ese sentido que no han prosperado. Una comisión del organismo discutió en 2009 un proyecto de ley sobre igualdad de género que fue rechazado por la cúpula de la Iglesia Católica.

La Constitución venezolana prevé expresamente la protección del matrimonio entre un hombre y una mujer.

Fuente Agencias

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La Asociación Civil Venezuela Igualitaria se concentró ante la Asamblea Nacional (AN) para reclamar que se inicie la discusión del proyecto de ley para el matrimonio entre personas del mismo sexo que presentaron el pasado enero y aún no ha sido integrado a la agenda legislativa.

“Vinimos a consignar una carta al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en vista de que el 31 de enero entregamos el proyecto de ley por iniciativa popular con su respaldo de firmas, es totalmente legítimo, y se nos dijo que se iba a someter a discusión, que se iba a consignar en agenda”, dijo Giovanni Piermattei, presidente de la asociación.

El activista recordó que, según el artículo 205 de la Constitución venezolana, la discusión de los proyectos de ley presentados a la AN por los ciudadanos debe realizarse “a más tardar” en el período de sesiones parlamentarias siguiente al que se haya presentado, que vence el próximo mes de diciembre.

Además Piermattei señaló que esta petición está “respaldada” por el articulo 51 de la Constitución en que señala que toda persona tiene derecho a exigir a cualquier funcionario sobre los asuntos de su competencia y debe “obtener oportuna y adecuada respuesta”.

Por su parte, el abogado Jose Manuel Simons, que también promueve el proyecto de ley, dijo que “ya han pasado nueve meses” desde que se introdujo este documento ante la AN, que “tiene hasta el 15 de diciembre para debatirlo” pues de lo contrario incurriría en “inconstitucionalidad”. “Pedimos que se debata y que toda la sociedad tenga parte para hablar sobre eso”, agregó Simons.

El abogado señaló que el Gobierno que representa a la “revolución bolivariana” ha luchado por los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad y los afrodescendientes, pero no ha tenido la misma atención con los que tienen una “orientación sexual diferente”.

El 31 de enero pasado más de 40 organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos de los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales entregaron un proyecto de ley de matrimonio igualitario ante la AN con el apoyo de más de 20.000 firmas.

Las ONG venezolanas esperan así que el país caribeño se sume a otros países de América Latina que ya han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo como Argentina, Brasil y Uruguay, así como algunos estados de México.

Varios países latinoamericanos reconocen legalmente la llamada “unión marital de hecho” y conceden derechos patrimoniales y de seguridad social a la pareja del mismo sexo, pero se niegan a llamar a esa figura “matrimonio”, como exigen muchos colectivos LGTB.

Fuente Cáscara Amarga

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