Autoridades gubernamentales y municipales ubicaron la placa en Arica porque ahí ocurrió el único crimen  homofóbico cometido por agentes de la Dictadura del cual se tiene registro. El Movilh calificó a la inauguración de la placa como un gesto “de transcendencia humana e histórica”

La Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio del Justicia, la Municipalidad de Arica (encabezada por el alcalde Gerardo Espíndola)  y la Red Comunitaria de Organizaciones y Activistas LGBTIQAN+ de la ciudad instalaron en las cercanías del Morro una placa en memoria de las víctimas de la Dictadura de Augusto Pinochet, siendo el gesto aplaudido hoy por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

En el marco de las conmemoraciones  de los 50 años del Golpe de Estado, la placa fue instalada con una ceremonia donde estuvieron el Subsecretario de DDHH, Xavier Altamirano, la encargada de la Oficina Municipal de DDHH, Silvana Durán Ciña y el presentante del Área de la Diversidad Sexual de la comuna, Bastián Tapia Sánchez, entre otras autoridades y dirigentes.

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“Valiente es aquel que en medio de balas y tortura eligió amar su naturaleza para trascender en libertad. En memoria del Caso N.N, detenido desaparecido por su orientación sexual, víctima de la Dictadura Militar de 1973-1990”, dice la la leyenda de la Placa, para añadir “En homenaje a todas las personas de las diversidades sexuales que fueron asesinadas y desaparecidas durante ese período; y por aquellos que fueron arrebatados de sus hogares, comunidades y la historia oficial de nuestro país”.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, calificó como “un gesto de trascendencia histórica y humana la instalación de esta Placa, que no solo ayuda a recordar a una persona N.N y a otras víctimas de la Dictadura. La placa es por sí misma una señal contra la homo/transfobia en Arica, una comuna dónde aún falta mucho para erradicar la discriminación por orientación sexual o identidad de género”

“Aplaudimos a las instituciones, autoridades y personas que hicieron esto posible”, añadió.

De acuerdo al XVI Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género (Movilh, 2018), hasta ahora solo hay registro de un crimen homofóbico cometido por agentes de la Dictadura.   Se trata  de un hombre de entre 30 y 45 años, cuya estatura oscilaba entre los 1.63 y 1.69 metros y cuya muerte la provocó en Arica  un militar con un disparo calibre 38 en la cabeza, según arrojó la autopsia y la confesión en 2010 del entonces funcionario en retiro de la Armada, Bernabé Vega, quien dijo haber actuado junto a su compañero, Héctor Morales.

“La víctima, según consta en el expediente del caso, fue asesinada luego de mantener un contacto erótico con un soldado que podría ser Jesús Teovaldo Ponce Peña, quien estuvo varias veces detenido por el delito de sodomía (artículo 365 del Código Penal) y falleció de neumonía en Arica a los 57 años, sin alcanzar a dar su testimonio. Si bien se encontró el cuerpo de la víctima, su identidad es desconocida, por lo cual está catalogada como N.N”, finalizó el Movilh

*Fotografías de la Subsecretaría de DDHH

Fuente MOVILH

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Hoy se cumplen 50 años del Golpe de Estado en Chile que provocó el suicidio del legítimo Presidente de la república Salvador Allende tras el bombardeo del palacio de la Moneda e inició una sangrienta dictadura que asesinó a miles de ciudadanos y ciudadana. Pues bien, amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983  bajo la dictadura de Pinochet y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía desde 1985.

El pasado 7 de septiembre, En el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Chile por discriminación, luego de que con el patrocinio del Movilh la profesora denunciara al Estado por prohibirle hacer clases en razón de su orientación sexual, el Presidente de la república Gabriel Boric reconoció públicamente la responsabilidad del Estado en este acto de lesbofobia. Esperamos, sentados, a que la Iglesia  católica haga lo mismo…

Con una ceremonia en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda el presidente de la República, Gabriel Boric, en representación del Estado, realizó hoy un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la lesbofobia que sufrió la docente Sandra Pavez, quien en 2007 fue impedida por siempre de realizar clases de religión solo por ser lesbiana.

El acto de reconocimiento es parte de la condena que en febrero del 2022 dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (Corte IDH) contra el Estado de Chile, tras una denuncia internacional interpuesta por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en representación de la docente ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH).

“En mi calidad de Presidente de la República y representante del Estado reconozco la responsabilidad que le cabe al Estado chileno por el trato discriminatorio que recibiste Sandra, motivado por tu orientación sexual y que afectó tu dignidad como persona”, dijo Boric

“A Sandra le ofrezco ante Chile disculpas públicas y el compromiso de seguir trabajando arduamente para erradicar toda forma de discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género para que nunca más en Chile alguien tenga que vivir lo que tú y tu entorno vivieron”, expresó en la ceremonia que contó con la presencia de los ministros de Educación, Nicolás Cataldo,  de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren Stork,  y de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, así como de la diputada Emilia Schneider, entre otras autoridades.

A su vez, la profesora Pavez sostuvo que “creo que se ha hecho justicia, en especial porque ya hay un precedente para que nunca más un/a docente pueda pasar por lo mismo. Agradezco al Movilh, la organización que me apoyó todos estos años, y en especial a su dirigente Rolando Jiménez”.

Para la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, “hoy se hace, de una u otra manera, algo de justicia para la docente Pavez, quien vio vulnerados sus derechos humanos más básicos sin que ninguna autoridad del Estado le expresara alguna vez solidaridad y apoyo, dejándola abandonada y sin posibilidad de ejercer nunca más su profesión, pues en 2021 jubiló”.

Añadió que, “en torno a este caso, el Estado aún debe cumplir con aspectos claves de la sentencia, como la capacitación en temáticas LGBTIQA+ a todos los profesionales que evalúen docentes, así como la derogación o modificación total del Decreto 924 del Mineduc, una norma heredada de la Dictadura que permitió prohibir a la docente Pavez  ejercer como profesora, una labor que antes del 2007 había desarrollado durante 22 años de manera intachable”

En su sentencia, la Corte CIDH enfatizó que las libertades de educación y de religión en ningún caso pueden usarse para discriminar a las personas LGBTIQA+, ni que tampoco el derecho de los padres y madres a escoger la educación para sus hijos/as puede dar paso a violaciones a los derechos humanos.  Añadió que al prohibirse a Pavez ejercer su profesión, el Estado chileno vulneró sus derechos “a la igualdad y no discriminación, a la libertad personal, a la vida privada y al trabajo”.

El caso es uno de los más emblemáticos en Chile para los derechos LGBTIQ+, no solo por la condena contra el Estado, sino porque en su afán de impedir a Pavez ejercer clases, todas las iglesias del país se unieron por primera vez en su historia contra sus derechos presentando escritos conjuntos ante la Corte IDH, los cuales felizmente  fueron desestimados por  el órgano internacional.

El caso

Por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el 25 de julio del 2007 el Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía desde 1985.

Lo anterior, luego de que la maestra confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual.

El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983  bajo la dictadura de Pinochet y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra.

Por tal razón el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2008 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación, teniendo como argumento el Decreto 924. Vergonzosamente, el Estado y las diferentes Iglesias se unieron por primera vez para negar derechos en razón de la orientación sexual de las personas.

En respuesta el Movilh denunció a Chile por lesbofobia ante la Comisión Interamericana de DDHH. Más de una década  después, la CIDH acogió la denuncia del Movilh y demandó a Chile ante la Corte IDH, en el marco de un proceso donde la docente fue representada por el abogado pro bono, Ciro Colombara, entre otros que se sumaron tras la condena, al final del proceso.

Finalmente, el 4 de febrero del 2022 la Corte Interamericana de DDHH condenó a Chile por lesbofobia, exigiendo entre otras medidas, el acto de reparación efectuado hoy por Boric.

Fuente MOVILH/Cristianos Gays

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