La policía de Túnez dispersa una convocatoria de protesta frente al Ministerio de Turismo para solicitar la derogación de las leyes contra la homosexualidad y el fin de la «criminalización de la libertad sexual y la discriminación contra las mujeres». 

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— Arab News (@Arab_News) 27 de enero de 2018

La policía de Túnez dispersa una protesta frente al ministerio de turismo, este sábado, 27 de enero, con el objetivo de exigir la derogación de las leyes contra la homosexualidad. La primavera árabe trajo consigo las reivindicaciones del colectivo LGBT, pero su situación no ha experimentado una gran mejoría, siendo todavía perseguidos con penas de hasta tres años de prisión por mantener relaciones homosexuales.

A pesar de las mínimas muestras de apertura en Túnez, donde tras una postura oficial de los médicos contra los exámenes anales, el gobierno anuncia su intención de no imponerlos a aquellas personas sospechosas de ser homosexuales, y quizás animados por la primera edición de Mawjoudin, el primer festival de temática LGBT que se celebra en el país, y a un mes de que comenzara a emitir Shams Rad, la primera radio LGBT del mundo árabe, la Asociación de Pensadores Libres convoca un acto de protesta frente al ministerio de turismo para exigir la derogación de las leyes «retrógradas» contra las personas homosexuales, bisexuales y transexuales y el fin de «la criminalización de la libertad sexual y la discriminación contra las mujeres», que es finalmente reprimida por la policía, vestidos de civiles, después de que haya sido sido prohibida «por su propia seguridad», según explica el ministerio del interior del país africano.

«Teníamos información de que iban a ser atacados», declara Khalifa Chibani, portavoz del ministerio, explicando que las autoridades deciden prohibir la manifestación «por su seguridad y para preservar el orden público». Con el hashtag #Sayebni (Déjenme ir, en español), la acción de proteta es convocada por la Asociación de Pensadores Libres, que es difundido a través de las redes sociales por Shams. A pesar de la prohibición, una docena de manifestantes decide seguir adelante, siendo dispersados y retenidos algunos de ellos en furgones policiales. Entre las varias trifulcas que se han producido, destaca la que protagoniza Amina Sboui, ex miembro de Femen, cuando ha tratado de mostrar una bandera arco iris, a quien se han llevado en el furgón policial junto a otro activista que llevaba un cartel pidiendo un estado secular. Asimismo, Bouhdid Belhadi, de Shams Rad, se queja de maltrato sufrido a manos de la policía, quienes son los únicos que finalmente han mostrado hostilidad contra el grupo de protesta.

La hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos

Fuente Universogay/Cristianos Gays

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El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual interpuso una demanda contra el Estado de Chile por la inhabilitación de una profesora sólo por ser lesbiana, quien hablará este martes por primera vez en seis años.

Tras ocho años de lucha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) declaró admisible la demanda internacional interpuesta por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) contra la Estado de Chile por prohibir impartir clases a la profesora Sandra Pavez en razón de su orientación sexual.

La profesora, que anteriormente había sido monja, fue inhabilitada para la función docente en Chile en 2007, por una orden de la Iglesia Católica que fue validada en un fallo la Corte Suprema.

La Iglesia se valió del Decreto 924, creado en 1984 por la dictadura de Augusto Pinochet, para actuar contra la sra Pavez. Aunque el Decreto 924 no habla de homosexualidad, sí entrega a las iglesias la facultad de decidir quiénes son “idóneos” para impartir clases de religión.

“Tras 25 años de intachable trayectoria, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, exigió a Sandra que fuera a un psiquiátra de la Iglesia Católica para que dejara de ser lesbiana. Al negarse, le quitaron el certificado de idoneidad y nunca más pudo ingresar a una sala de clases”, denuncian desde el Movilh.

La postura del obispo fue respaldada por el Ministerio de Educación, institución cuyas entonces ministras, Yasna Provoste (2006-2008) y Mónica Jiménez (2008-2010), nunca quisieron recibir a Sandra, pese a haber presentado continuas solitudes de audiencia.

Todos los antecedentes de este caso, serán dados a conocer este martes 12 de enero en la sede del Movilh, en Santiago de Chile, que también será la primera vez que Sandra hable públicamente de su caso tras 6 años de silencio. También se dará a conocer la movilización contra Sandra de poderosos agentes religiosos internacionales, que intentaron presionar a la CIDH para que no admitiera la demanda.

Fuente Cáscara Amarga

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Algunos obispos parecen tener licencia para quemarlos en la hoguera de la discriminación

Resulta escandaloso en un Estado que se declara aconfesional pero en ciertas cuestiones actúa como confesional encubierto y vergonzante

(Ramón Baltar).- En las islas antiguamente llamadas de San Borondán la autoridad competente no pudo renovar el contrato a un seglar profesor de la asignatura (?) de Religión Católica porque su Obispo dejó de considerarlo idóneo por haberse casado con otro hombre. Si en vez de seglar homosexual fuera cura pederasta, igual lo cambiaba de destino.

Con o sin permiso de los teólogos, uno se atrevería a decir que el Ordinario de la diócesis platanera desconoce la doctrina que la razón sugiere aplicar en este caso. Pongámoslo como pregunta: si la eficacia de los sacramentos no depende de la virtud del sacerdote que los administra, ¿por qué demonios pretende nuestro episcopado que la enseñanza de la religión exige la santidad de las personas que la imparten? Parece que le dan más importancia a la catequesis que no a los sacramentos.

A nadie en su sano acuerdo se le ocurriría sostener en serio que la vida privada de un profesor condiciona su trabajo, y esto explica que en la enseñanza pública se desconozca el despido de docentes por no ocultar el ejercicio de su inclinación sexual.

Cae de cajón que los profesores de religión tienen derecho a ser medidos con la misma vara que los de otras materias; y si saben la asignatura y la enseñan como dios manda, está fuera de lugar cualquier exigencia de otros méritos no académicos.

Por lo demás, que la Iglesia Católica mantenga a estas alturas el privilegio de decidir quien ocupa las plazas de profesores de religión que convoca y paga la Administración, resulta escandaloso en un Estado que se declara aconfesional pero en ciertas cuestiones actúa como confesional encubierto y vergonzante. La responsabilidad última de semejante privatización de lo público cae sobre los hombros de los políticos, pusilánimes de marca registrada.

El obispo de Roma confesó no ser quién para juzgar a los homosexuales, pero algunos de sus colegas de provincias pasan del recadito y osan concederse licencia para quemarlos en la hoguera de la discriminación. ¡Lo que tenemos que ver!

Fuente Religión Digital

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