La Justicia falló a favor de medidas cautelares impulsadas por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por la reincorporación de trabajadores trans amparades en la ley de cupo laboral travesti trans.

Fuente Agencia Presentes

16 de julio de 2024
Agustina Ramos
Edición: Ana Fornaro

La Justicia falló a favor de medidas cautelares impulsadas por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por la reincorporación de trabajadores trans amparades en la ley de cupo laboral travesti trans. 

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenaron -en fallos diferentes- la reincorporación de dos trabajadores trans despedidos.

El fallo dictado por les jueces de Cámara Enrique Catani y María Cecilia Hockl resolvió disponer la inmediata reinstalación de un trabajador a su puesto de trabajo en la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Había ingresado a trabajar el 1° de marzo de 2021 y el 21 de marzo de este año el organismo no renovó su contrato.

Se trata de una respuesta a una medida cautelar innovativa presentada por cinco trabajadores trans cuyos contratos no fueron renovados por ANSES este año. Hasta el momento la Justicia se expidió en favor de la continuidad laboral de uno de ellos y se esperan las respuestas a las otras causas en trámite.

“Este fallo es muy importante porque además de la estabilidad en el empleo público como un derecho constitucional fundamental cuya violación venimos denunciando en todos estos meses, ahora se especifica con claridad el daño para la salud física y psíquica, y además el daño social que estas cesantías masivas generan en los trabajadores”, subrayó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

En tanto, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenó la reincorporación de otro trabajador despedido de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. Se dio en el marco de una respuesta a la acción judicial impulsada por el Consejo Directivo de Capital Federal de la Asociación Trabajadorxs del Estado. En él se destacó la obligación estatal de garantizar la ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para las Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”.

“El daño generado por la forma intempestiva en que se realizó la desvinculación contractual excede al aspecto económico que la pérdida del salario puede provocar al demandante y trasciende a su aspecto espiritual y anímico máxime cuando su acceso al contrato estuvo vinculado con la aplicación de la ley 27.636 que protege sus derechos en virtud de la situación de vulnerabilidad en que su condición lo coloca dentro de la sociedad y que el Estado mediante la ley señalada procura proteger”, detalla el fallo.

“Estamos frente a un avance significativo de la lucha que los estatales llevamos adelante contra el ajuste que en el sector público impulsa el Gobierno Nacional”, señaló Aguiar. Y agregó: “La Justicia comienza a darnos la razón y demuestra la absoluta ilegalidad que tienen los despidos masivos que el Poder Ejecutivo decidió llevar adelante en toda la administración”.

Optimismo

En esta línea, el dirigente concluyó: “Esta resolución judicial nos genera optimismo a la hora de revertir un escenario de despidos masivos que resienten todos los servicios estatales y se traducen en una enorme pérdida de derechos para la población”.

Para la secretaria de Género y Diversidad, Clarisa Gambera, el accionar del Gobierno nacional con su política de despidos está anclado en una situación de discriminación. “El foco está puesto en las áreas vinculadas a género, diversidad y derechos humanos. Creemos que hay una mirada de ajuste selectivo en este sentido y sobre ideologizado, que lo que expresa es una perspectiva discriminatoria por parte de este Gobierno”, apuntó.

Estas respuestas judiciales sientan “un precedente importante en la lucha por el respeto al cupo y contra la continuidad de tal statu quo del paradigma de binariedad heteronormativa”, destacaron desde ATE.

En este sentido, el fallo de los camaristas reconoce “la condición integrante de un colectivo desaventajado, históricamente oprimido en referencia a la estratificación social, emplazado en un sitio de lamentable desigualdad estructural” en relación al colectivo travesti trans.

Además, distingue que el trabajo es uno de los agentes socializadores esenciales de la persona y que los sesgos culturales obstaculizan su acceso por parte de las diversidades. Y grafica: “la población trans acusa un 80% de informalidad”, al tiempo que “6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres trans abandonan la educación formal en el nivel secundario (…) como consecuencia de la discriminación padecida durante su transcurso”. También reconoce que “7 de cada 10 personas trans sufrieron actitudes segregatorias en oportunidad de acudir al sistema público de salud” y que “el 50% del colectivo no realizó curso de adiestramiento o formación laboral alguno”.

“En el marco descripto, idóneo para estructurar un ciclo de violencia institucional, desigualdad estructural y absoluta vulnerabilidad sobre el colectivo bajo estudio, emerge evidente la necesidad de abordar sus carencias mediante políticas públicas de impacto holístico”, subraya.

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Más de 85 despidos de personas travestis y trans en dos semanas en el Estado y un ataque el cupo laboral.

Fuente Agencia Presentes

Agustina Ramos

Ariel Gutraich

El gobierno nacional despidió al menos a 85 personas travestis y trans que trabajaban en la administración pública en las dos últimas semanas. Se trata de “un ataque explícito a la población trans” y “un retroceso enorme” en derechos ganados, aseguraron activistas y sindicalistas. Además, las organizaciones relevaron hasta el momento 10 trabajadores trans despedides en distintos municipios del país.

“Es un ataque a la desarticulación de estas políticas que le cambiaron la vida a muchas personas y al país”, dijo a Presentes Pato Laterra, integrante del Frente de Travajadores TTNB (Travestis, Trans y No Binaries) del Estado y del colectivo TranSindical Zaguán.

En diciembre el decreto 84/2023 exceptuaba a quienes habían ingresado a través de cupos (de discapacidad y de inserción laboral travesti trans) de las “no renovaciones de contrataciones”. Pero les trabajadores recibieron la noticia de su desvinculación a través de correos electrónicos en los últimos días.

Ataques múltiples

El Frente de Trabajadores TTNB del Estado y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) relevaron hasta el momento 85 personas travestis y trans despedidas. En su mayoría son trabajadores de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación (28 personas), Anses (20) y Secretaría de Desarrollo Social (13). Entre ellas, hay personas que habían ingresado a trabajar hace más de 10 años.

“Estamos hablando de un ataque dirigido al cupo laboral trans. Pero también se quieren desarticular las oficinas y la federalización de las políticas públicas. La mayoría de los despidos estuvieron en las delegaciones de Anses y la Secretaría de Trabajo que son oficinas que dan acceso a las políticas públicas. Las oficinas son la ventana al Estado”, explicó Laterra.

Hasta diciembre del año pasado, 955 personas habían ingresado a trabajar al sector público nacional a través del cupo laboral travesti trans. “Con los 85 despidos que hubo hasta ahora estamos hablando de casi el 10% de la nómina. Es un ataque que es mucho mayor al que podemos pensar hacia las personas cis en la administración pública nacional, que más o menos se corresponde a un 3%”, indicó Laterra, que también es profesor en Economía y Género en la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires.

Por otra parte, las organizaciones sindicales también se encuentran relevando a las personas del colectivo travesti trans que fueron desvinculadas de distintos municipios del país. Hasta el momento contabilizaron 10 de municipios de Río Negro, Córdoba, Mendoza y la Universidad Nacional de San Martín, aunque la cifra podría ser mayor.

Una inserción laboral récord 

Desde la Ley de Promoción de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero (TTT) “Diana Sacayán – Lohana Berkins”, sancionada en 2021, la inserción laboral de este colectivo en el ámbito público aumentó en más de un 900%.

“El cupo trans es el resultado de un proceso que se inicia en el 2012 con activistas de enorme valor en los derechos humanos como Diana Sacayán. Implicó todo un desarrollo a lo largo del tiempo. Se aprobó en el 2015 en la Provincia de Buenos Aires. En 2017 se armó el Frente por el Cupo Trans con las organizaciones que impulsaron proyectos en el legislativo nacional. En el 2019 cuando asumo a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres recupero toda esa agenda social. El presidente Alberto Fernández generó el decreto de cupo trans y lo constituyó en una política pública en el 2020. Y en junio del año siguiente se constituye en ley nacional”, explicó la activista trans Alba Rueda y ex embajadora LGBTI+ en Cancillería.

Mucho más que un trabajo

“Me despidieron el día miércoles 27 de marzo del año 2024 a la noche en pleno inicio de Semana Santa a través de un correo. No contemplaron en sí la ley de cupo laboral travesti trans”, compartió a Pesentes Bárbara Ubran. Ella es travesti y tiene 27 años. Empezó a trabajar en febrero de 2022 en una dependencia de la Secretaría de Trabajo de la Nación en la localidad pampeana de Santa Rosa a través del cupo trans.

El acceso a un empleo formal fue dificultoso a lo largo de toda su vida debido a la discriminación que existe hacia el colectivo travesti trans: primero al interior de sus familias, por lo que muchas deben abandonar sus hogares; luego en la escuela, lo que las lleva a no poder terminar sus estudios; y finalmente en el ámbito laboral.

“Desde los 15 siempre estuvo presente la prostitución porque era lo único que había. Después estuve haciendo alguna que otra changuita, rebuscándomelas, estuve de bachera en algún lugar de comida o en algún kiosco. Pero siempre te pagaban la mitad de lo que le pagaban a los demás. Por la identidad de una dicen ‘ah, esta necesita plata a toda costa’”, graficó. En los últimos años su situación laboral “había mejorado un poco” -contó- ya que co-condujo un programa de televisión pública pampeano y trabajó en una biblioteca popular.

“Para mí el trabajo es súper importante porque en lo personal me dio el poder de luchar día a día, de querer aprender más, de vivir. Me daba una seguridad y una autovaloración a nivel personal muy grande. Me dignificó mucho el trabajo en sí”, subrayó.

Bárbara Ubran junto a sus compañerxs de la Agencia Territorial

Retroceso en derechos 

A Franco, una mansculinidad trans “kwir” de 37 años, también le resultó difícil acceder a un empleo previo. “Hasta que no tuve mi identidad se me hizo muy difícil habitar la vida, desde lo más íntimo hasta lo social. Recién cuando tuve mi identidad me sentí más armado para salir a buscar trabajo”, compartió a esta agencia.

Luego de un proceso de entrevistas que duró entre cuatro y cinco meses, Franco ingresó a trabajar en agosto pasado en la agencia territorial de la Secretaria de Trabajo ubicada en la localidad rionegrina de Viedma. Allí se encargaba de la gestión y el acompañamiento a emprendedores de Viedma y zonas aledañas.

“A partir de que asume Milei empieza una incertidumbre muy grande sobre si iban a seguir estas políticas o no y empezó un desfinanciamiento, un desguace cada vez más grande. Empezaron a faltar jefes de las agencias, autoridades en rangos intermedios, firmas para los proyectos, no se actualizaban los valores de los programas. Llegó el tema de los despidos. Nos habían exceptuado en diciembre y ahora caímos en la bolsa. Acá estamos resistiendo”, contó.

Para Clarisa Gambera, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, los despidos implican “un retroceso enorme en términos de democratización de los ámbitos laborales y el avance de luchar contra la discriminación de personas que habían quedado absolutamente excluidas de la posibilidad de tener trabajo”.

“Que el Estado pueda incorporar personas travestis, trans y no binarias también marcaba un faro para el sector privado. Fue un proceso complejo donde se hicieron formaciones, capacitaciones en los lugares de trabajo, en recursos humanos. Cuando desandás una política pública que fue inversión del Estado siempre es un profundo retroceso y se desinvierte”, subrayó, en diálogo con Presentes.

Las personas afectadas por los despidos se encuentran “preocupadas, tristes, consternadas porque esto les quita la posibilidad de vivir el día a día, de tener un ingreso digno para sostenerse”, describió Laterra.

Acciones colectivas 

“Los despidos hacia las personas trans hablan de una deshumanización brutal del Estado. Esto trae muchas implicancias para las personas que se ven otra vez expulsadas fuera de sus empleos en un contexto de mayor pobreza y desigualdad y busca generar un mensaje para la sociedad”, agregó Rueda.

Estas desvinculaciones se dan en el marco de un conjunto de medidas que atacan la agenda de género como la prohibición del lenguaje inclusivo, la intención de reducir la Ley Micaela, el cierre del Inadi o la no renovación de contrato de Diana Zurco, primera conductora trans de la Televisión Pública Nacional.

En respuesta a esta situación, desde la Federación Argentina LGBT (FALGBT) presentarán amparos colectivos y otros individuales “para reclamar la reincorporación de todas las personas despedidas, especialmente aquellas que estaban cumpliendo con los cupos de discapacidad y de personas trans”, indicó María Rachid, integrante de la comisión directiva de la FALGBT.

Además presentarán un pedido de informes en el Congreso de la Nación a través del diputado Esteban Paulón sobre los despidos en el Estado de personas que hayan ingresado a través de distintos cupos.

En tanto, hoy a las 17.30 tendrá lugar una Asamblea de Trabajadores TTNB en Belgrano 2527 que se puede seguir también de forma virtual a través de las redes @travajadorxsttnb.

Fuente Agencia Presentes

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Shelly Fitzgerald.

Un tribunal federal falló a favor de la Arquidiócesis de Indianápolis y una de sus escuelas secundarias católicas en una demanda presentada por Shelly Fitzgerald, una exconsejera vocacional cuyo contrato no se renovó debido a su matrimonio entre personas del mismo sexo.

Basándose en fallos anteriores de la Corte Suprema de los EE. UU. que enfatizaron la excepción ministerial en relación con las prácticas laborales de las escuelas religiosas y las leyes gubernamentales, el juez Richard Young del Distrito Sur de Indiana falló el 30 de septiembre en el caso Fitzgerald v. Roncalli High School and the Archdiocese of Indianapolis.. Esta decisión refleja un fallo similar de Young presentado por otro ex consejero de Roncalli contra la misma escuela y arquidiócesis. El Catholic New Service (CNS) informó:

“Young dijo que la Arquidiócesis de Indianápolis y sus escuelas pueden seleccionar, retener o despedir a los profesores de acuerdo con sus estándares religiosos, algo que también enfatizó hace un año”.

Fitzgerald fue despedida de Roncalli High School en 2018 después de servir durante 15 años como codirector de orientación. La escuela se negó a renovar su contrato para el año siguiente después de que ella confirmara que estaba casada entre personas del mismo sexo. Los administradores escolares dijeron que la relación de Fitzgerald violó su acuerdo con la escuela. CNS informó:

“El 29 de septiembre, el tribunal desestimó la demanda y señaló que ‘Roncalli le encomendó a Fitzgerald que enseñara la fe católica y llevara a cabo’ su misión religiosa.

“El contrato describía a los empleados de la escuela como ministros de la fe. También contenía una cláusula que estipulaba que los empleados perderían sus puestos si se involucraban en una conducta que no se adhiriera a ‘las enseñanzas morales o religiosas de la Iglesia Católica Romana’”.

A pesar de que el juez indicó en documentos judiciales que el papel de un orientador es “predominantemente secular” y que sería “una exageración” describir a un orientador como un ministro, los representantes de la escuela afirmaron que Roncalli “confió a orientadores como Fitzgerald para transmitir el mensaje de la iglesia además de sus deberes seculares”.

La Arquidiócesis de Indianápolis y sus escuelas se han visto envueltas en controversias durante varios años debido a la discriminación laboral. Además de Fitzgerald, Lynn Starkey fue despedida en 2019 de su cargo en el departamento de orientación de Roncalli por un matrimonio entre personas del mismo sexo y ha perdido casos judiciales en su propia demanda por discriminación. Kelly Fisher, una trabajadora social de la escuela, fue despedida ese mismo año por apoyar a Fitzgerald y Starkey.

En otra parte de la arquidiócesis, el arzobispo Charles Thompson obligó a Cathedral High School a despedir a Joshua Payne-Elliott por su matrimonio entre personas del mismo sexo. La Escuela Preparatoria Jesuita Brebeuf rechazó la solicitud del arzobispo de despedir a su esposo, Layton Payne-Elliott, por la misma razón. Thompson luego despojó a Brebeuf Jesuit de su afiliación católica, que la escuela y la Provincia del Medio Oeste de los jesuitas han apelado al Vaticano. Católicos y aliados LGBTQ+ han protestado por estos despidos, pero muchas de las demandas no han tenido éxito en los tribunales estadounidenses.

En Indianápolis y en otros lugares, el cuerpo docente y el personal LGBTQ+ de las escuelas católicas siguen estando sujetos a normas de empleo desiguales. Los tribunales civiles pueden permitir que continúe esta discriminación basándose en interpretaciones conservadoras de la libertad religiosa dictadas por un Tribunal Supremo derechista. Sin embargo, incluso si los líderes de la iglesia tienen derecho a discriminar, deben acatar las enseñanzas sociales de la iglesia que los llaman a respetar la dignidad humana y los derechos laborales justos.

—Bobby Nichols (él/él), New Ways Ministry, 20 de octubre de 2022

Fuente New Ways Ministry

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“El TRAVAjo para les trans es una deuda de la democracia. La reincorporación es una decisión política”. Con esa frase, el colectivo LGTB+ de Paraná convoca  a una marcha en Paraná el miércoles 15 de enero, para exigirle al intendente Adán Bahl que restituya los puestos laborales  a las seis personas trans cuyos contratos cayeron el 31 de octubre pasado. 

Por Silvia Mernes

“En Paraná marchamos el miércoles 15 a las 18 horas desde Casa de Gobierno hasta la Municipalidad. Exigimos al Intendente Adán Bahl la reincorporación de les compañeres trans despedides”, se lee en la convocatoria, que fue difundida a través de las redes sociales y que lleva las etiquetas #LosDerechosNoSeTocan y #ReincorporaciónYA.

Los contratos de Iara Aranzazú Quiroga, Vanesa Aramí Bello, Matías Lucas Damián Berón, Gabriela Abigail Manrique, Paola Natalí López y Fernanda Ramírez finalizaron el 31 de octubre pasado –durante la gestión del anterior intendente, Sergio Varisco– y no fueron renovados.

“Le exigimos al actual intendente la reincorporación inmediata de les compañeres travas y trans”, remarcó en declaraciones a Presentes Keili González, activista trava feminista de Nogoyá, que estará en la capital entrerriana para acompañar la lucha. “Nos hemos organizado para defender un derecho elemental porque no tenemos por qué seguir soportando que nos roben la vida y con esas piezas construyan políticas en beneficio de unos pocos. No debemos ser variable de ajuste. Debemos ser parte de esas decisiones que allanen la vida de les oprimides”, agregó.

La activista consideró “incompatible que simultáneamente a esta vulneración de derechos se cree el Área de la Mujer, Género y Diversidad en la Municipalidad, y que quienes estén sentades como responsables hagan caso omiso y sean cómplices de la violencia que ejerce el Estado sobre nuestro colectivo. Son compañeras que están sentadas ahí gracias a nuestras luchas”, recordó.

La marcha fue resuelta en una asamblea abierta realizada el sábado 11 de enero en la Plaza Sáenz Peña, luego de que el Municipio comunicara oficialmente a les trabajadores la decisión de no reincorporarles.

“Debido a la emergencia económica en la que se encuentra la Municipalidad, que fue declarada por ordenanza, y las denuncias que se encuentran en la justicia respecto a los actos administrativos realizados por el gobierno anterior, no es posible, por el momento, la reincorporación de las seis personas travestis y trans cuyos contratos vencieron el 31 de octubre pasado”, se les informó en una reunión que se desarrolló el lunes 6 de enero entre representantes del colectivo LGBT+ de la capital entrerriana y dos funcionarias municipales: la secretaria de Participación y Gestión Comunitaria, Juliana Robledo, y la subsecretaria de Mujer y Diversidad, Cristina Ingleson.

“Me fui desilusionada”, dijo Iara Quiroga, una de las trabajadoras trans, al finalizar esa reunión. Contó que, en un intento de paliar la situación, las funcionarias se ofrecieron a conseguirles “un bolsón de mercadería y un voucher para la luz”. Pero lamentó: «Hay compañeras que no tienen vivienda propia, como yo, y no tenemos dónde vivir, así que qué luz vamos a pagar”.

Unos días antes, el viernes 3 de enero, la grupa viajó a Buenos Aires [link *1] para plantear su situación ante Cecilia Merchán, secretaria de Igualdad y Diversidad, y Alba Rueda, la subsecretaria de Diversidad, ambas dependientes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que encabeza Elizabeth Gómez Alcorta.

Volvieron felices porque las funcionarias nacionales se mostraron dispuestas a contribuir en la búsqueda de una solución y propusieron conformar una mesa de trabajo articulado entre el Municipio de Paraná, el Gobierno de Entre Ríos y Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación, que tenga como objetivo “resolver esta situación en particular así como promover la inclusión de la comunidad trava trans de Paraná en general”. También notaron que  este caso podría dar impulso al desarrollo de políticas públicas que permitan el acceso al trabajo formal a toda la comunidad trans del país.

En cambio, en la reunión con las autoridades paranaenses no encontraron las respuestas que esperaban. Tras el cambio de gobierno municipal, producido el 11 de diciembre pasado, les contratades sintieron que podía ser una realidad lograr nuevos contratos y sostener el empleo formal. Pero desde el Municipio mantuvieron la decisión de no reincorporarles bajo dos argumentos: primero, la obligación de acatar el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que revocó el dictamen en primera instancia (del juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto) [link *2] que hizo lugar al amparo [link *3] presentado por las seis personas trans; y segundo, que los contratos vencieron el 31 de octubre y la decisión de no renovarlos fue de la anterior gestión.

La grupa ya anunció que, además de la movilización del miércoles y las futuras gestiones administrativas que puedan realizar, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia. Porque el objetivo primero es recuperar los puestos laborales. Pero la aspiración principal es reivindicar el derecho del colectivo trava trans a acceder y sostener un trabajo digno.

Fuente Agencia Presentes

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 Mapa del cupo laboral travesti-trans en Argentina

Por Silvina Mernes, desde Paraná

Las seis personas trans que iniciaron un reclamo judicial luego de que cayeran sus contratos en la Municipalidad de Paraná, llevaron sus planteos ante funcionarias del Gobierno nacional. De este modo apuestan no sólo a recuperar sus puestos laborales, sino también a que su caso sea el puntapié inicial para el impulso de políticas públicas que permitan el acceso al trabajo formal a toda la comunidad trans del país.

Iara Aranzazú Quiroga, Vanesa Aramí Bello, Matías Lucas Damián Berón, Gabriela Abigail Manrique, Paola Natalí López y Fernanda Ramírez, viajaron a Buenos Aires el viernes 3 de enero para entrevistarse con funcionarias del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que encabeza Elizabeth Gómez Alcorta. Fueron recibides por la secretaria de Igualdad y Diversidad, Cecilia Merchán, y la subsecretaria de Diversidad, Alba Rueda.

El contacto con las funcionarias se dio luego de que el 27 de diciembre el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos revocara el fallo del juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, que había hecho lugar al amparo contra la baja de los contratos –presentado por la grupa el 28 de noviembre– y ordenado a la Municipalidad de la capital entrerriana la reincorporación inmediata de les trabajadores.

La gestión del entonces intendente Sergio Varisco apeló esa sentencia de primera instancia y luego el STJ revirtió la decisión de Barbirotto y rechazó el planteo de reincorporación, al considerar que la administración municipal “no cometió ninguna irregularidad legal al omitir la renovación contractual una vez vencido el periodo que duró el vínculo de empleo público”.

En el encuentro con las funcionarias nacionales, les trabajadores informaron “el estado de situación actual luego de los dos fallos judiciales (a favor y en contra en primera y segunda instancia, respectivamente)” y plantearon la necesidad de generar una “articulación” con distintos estamentos estatales para lograr la reincorporación de las seis personas trans que fueron desvinculadas de sus puestos laborales en el Municipio.

“Nos escucharon”, resaltó en declaraciones a Presentes Fernanda Ramírez, una de las trabajadoras despedidas, al hacer un balance de la reunión. Por su parte, Iara Quiroga amplió: “Nos vinimos contentas porque la construcción la vamos a seguir, más allá de lo que diga la Justicia”. Resaltó que Merchan y Rueda se mostraron dispuestas a contribuir en la búsqueda de una solución. Para ello se planteó la posibilidad de conformar una mesa de trabajo articulado entre el Municipio de Paraná, el Gobierno de Entre Ríos y Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación, que tenga como objetivo “resolver esta situación en particular así como promover la inclusión de la comunidad trava trans de Paraná en general”.

Iara señaló también que el caso de Paraná podría ser considerado como un puntapié inicial para desarrollar políticas públicas futuras destinadas al acceso al trabajo formal de la comunidad trava trans. En la charla, las funcionarias les aseguraron que el cupo laboral trava trans “es un eje” para ese Ministerio y señalaron que la intención es que “el cupo se de en toda la Argentina”. Por eso resaltaron la importancia de “reconocer e incorporar estos procesos de promoción y garantía de derechos locales para potenciarlos y replicarlos” en todo el país.

Además, desde la cartera se ofrecieron “posibles líneas de acciones que puedan resolver la situación de vulnerabilidad actual hasta tanto se resuelva la situación de manera más permanente”.

La reunión «fue muy productiva ya que permitió buscar alternativas y pensar estrategias para resolver nuestra situación en particular así como la situación de toda la comunidad trans de Paraná y por qué no, del país”, afirmaron Iara, Vanesa, Matías, Fernanda, Paola y Gabriela. “Fue crucial sentir la hermandad entre nosotras, porque saber que hay una compañera trans (en referencia a Alba Rueda, subsecretaria de Diversidad) en estos espacios nos permite pensar en cambiar las cosas. Agradecemos profundamente la predisposición de atendernos y buscar alternativas”, apuntaron también.

El camino

El camino para acceder a los contratos en la Municipalidad de Paraná –que significaron para elles el ingreso al empleo formal– se inició en 2018, cuando el Municipio a encargó Iara, Vanesa, Matías, Fernanda, Paola y Gabriela un proyecto para relevar a la comunidad trans de la ciudad y conocer sus condiciones de vida y sus características sociodemográficas.

Los datos que se obtuvieron a través del relevamiento –que se inició en septiembre de ese año– develaron la situación de vulnerabilidad social, económica y ciudadana que atraviesa ese colectivo.  Como consecuencia, y en base a ese informe final, la Municipalidad comenzó a implementar políticas tendientes a reconocer y reparar los derechos del colectivo, y a lograr su inclusión laboral.

Los seis contratos de locación de servicio otorgados a través del Decreto N° 217, fueron fruto de esa política. Por eso al quedar sin empleo el 31 de octubre pasado, la grupa decidió emprender el camino de lucha para recobrar esos puestos laborales y el derecho a un trabajo digno.

El 28 de noviembre presentaron un amparo en la justicia entrerriana, reclamando su recontratación o el pase a planta permanente del Estado. El 6 de diciembre, en un fallo histórico que incorpora la perspectiva de género, el juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, hizo lugar al amparo y ordenó al Municipio “dictar los actos administrativos necesarios para la reincorporación de las amparistas, computada a partir del 1º de noviembre de 2019, mediante la renovación de los contratos en las mismas condiciones que prestaban servicios, con el consecuente abono de los sueldos devengados en el mes de noviembre del corriente y hasta que se implemente efectivamente el mecanismo de selección y designación de agentes trans que reglamente el municipio, conforme el cupo establecido en la Ordenanza nº 9834”. Le daba al Municipio un plazo de tres días hábiles para cumplir la sentencia. Pero la gestión del entonces intendente Varisco apeló. Y el Superior Tribunal de Justicia (STJ), con el voto de los vocales Miguel Giorgio, Claudia Mizawak y Germán Carlomagno, hizo lugar parcialmente a la apelación, revocó el fallo de Barbirotto y rechazó el planteo de reincorporación.

“Si de algo no puede acusarse a la administración es que haya ejercido actos discriminatorios -en sentido negativo- contra las amparistas”, se lee en la sentencia del STJ, que fue fundamentada por el juez Giorgio. “No advierto que la administración haya actuado (…) contrariando alguna norma jurídica, ejerciendo su potestad discrecional de manera -además- enteramente razonable en el contexto institucional que atraviesa la Municipalidad de Paraná (cuya situación es de público conocimiento) por lo que no se configura en la especie aquella ilegitimidad en la omisión estatal que exige el amparo”, indica el magistrado en otro párrafo.

En el mismo fallo, que tiene fecha del 27 de diciembre, el STJ también hizo lugar parcialmente al amparo y resolvió que se les abone a les seis trabajadores los haberes correspondientes a noviembre, por considerar verificada “la efectiva prestación laboral por parte de las accionantes” durante ese mes.

A la Corte

Tras el fallo adverso del STT, les trabajadores decidieron continuar el proceso en la justicia y por eso evalúan elevar la apelación ante la Corte Suprema de Justicia. “La idea es apelar porque nosotras necesitamos el laburo”, sostuvo Iara ante Presentes. “Ojalá se pueda tener un arreglo con nuestros contratos y nuestros pases a planta, que se puedan llevar adelante políticas públicas para nuestra comunidad, que venimos luchando hace un montón, y podamos concretar un ingreso al Municipio. Porque no queremos retroceder”, agregó.

Luego contó que mantuvieron reuniones informales con integrantes de la actual gestión municipal, encabezada por el intendente Adán Bahl. “Pero se hicieron siempre fuera de lo formal, que es lo que nos interesa”, lamentó. Fernanda, por su parte, espera que las nuevas autoridades municipales tengan “un gesto humano” y resuelvan la reincorporación de las seis. “La esperanza nunca se pierde”, finalizó.

Fuente Agencia Presentes

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Sanciona a un hospital alemán por echar a un médico que se casó tras divorciarse

La Justicia considera que las convicciones no son “condición esencial” para la actividad profesional

(J. Bastante).- La Iglesia no tiene potestad para despedir a una persona por criterios exclusivamente ‘morales‘. Así ha sucedido en España con el caso de Resurrección Galera, y ahora ocurre lo propio en el Tribunal de la UE de Luxemburgo, que ha sancionado a un hospital alemán por despedir a un médcio tras casarse por segunda vez.

La sentencia, tal y como recoge El País, ha rechazado que un hospital de Düsseldorf dependiente de la Iglesia Católica alemana despidiera a su jefe de Medicina Interna por haberse divorciado y posteriormente haber contraído matrimonio al considerar que sus convicciones no son “una condición esencial” para su actividad profesional.

La sentencia, que ve el despido “discriminatorio“, no es el primer revés que reciben en el marco de sus relaciones laborales las instituciones eclesiásticas alemanas, que emplean a más de 1,3 millones de personas.

En concreto, J. Q., creyente católico se separó de su mujer, y al cabo de un año rehízo su vida sentimental. La dirección del hospital no dijo nada, pero sí despidió al médico cuando contrajo matrimonio por segunda vez. Entonces, alegaron “causas sociales”, que se aplican desde 1993 en la Iglesia alemana.

Estas directrices afirman que “todos los trabajadores católicos deben reconocer y respetar los principios de la doctrina religiosa y moral católica en materia de fe y buenas costumbres” y recuerda que “la vida personal” de la plantilla debe dar “testimonio” de ello.

Así, las autoridades justificaron el despido de J. Q. al considerar que había infringido de forma grave los deberes que tenía con su empresa al casarse por lo civil sin que su anterior matrimonio fuese declarado nulo por la Iglesia.

Fuente Religión Digital

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Cuatro personas portadoras del VIH han sido despedidas después de que las empresas les hicieran «controles de rutina» en los que les hacen la prueba del VIH sin su conocimiento ni su consentimiento, según denuncia el Centro de Denuncias de VIH/sida en Paraguay.

El coordinador del Centro de Denuncias de VIH/sida y Derechos Humanos de Paraguay, Francisco Benítez Añazco, denuncia que en el período de enero a marzo de este mismo año se han registrado cuatro denuncias contra grandes empresas y particulares por despidos improcedentes a personas que son portadoras del VIH. « Las denuncias se refieren al estado serológico de las personas. Las empresas siguen violando la voluntariedad y confidencialidad», declara Benítez, quien sostiene que se trata de una práctica reiterativa desde 2014, que se habría incrementado en este año al haberse denunciado 4 en sólo tres meses, cuando el año pasado se registraron únicamente 6 casos en 12 meses.

Centro de Denuncias de VIH/SIDA y DDHH Facebook – Foto: Uso permitido

«A ninguna persona que vive con VIH se le puede negar el derecho a un trabajo. En primer lugar, el VIH no incapacita a las personas para el ejercicio de cualquier puesto laboral y no representa un peligro para nadie», declara Benítez, explicando que en Paraguay la Ley 3940/09 protege al trabajador mediante la prohibición de exigirle la prueba de VIH tanto para ser contratados, como para garantizar su permanencia en el puesto laboral. Lo que algunas empresas parecen estar haciendo es someter a sus empleados a la prueba del VIH sin su conocimiento ni su consentimiento y en la creencia de que se trata de «controles de rutina», lo cuál es igualmente un procedimiento ilegal. «Aprovechan eso para realizarlo, sin el conocimiento del empleado y por lo tanto sin el consentimiento», explica Benítez.

Establecimientos y empresas como Hotel Borboun, Supermercado Los Jardines, Retail, Cavalaro SACI, Personal, Tigo, Supermercado Stock, Casa Paraná, Il Mangiare, Frigorífico Concepción, Policlínico Naval, Harinero, Brau Medical Paraguay S.A., Cinteplast Argentina, Cercepar, Farmacenter, Jobs, Copetín Toño, Agua Mineral Doña Teresa, McDonalds, o el Hotel Sheraton son algunas de las empresas que desde 2012 han sido denunciadas por discriminación laboral y que se exponen a multas o incluso el cierre definitivo de su actividad. En el primer trimestre de 2017 el Centro de Denuncias del VIH/SIDA y Derechos Humanos, informó que de 74 denuncias que recibieron, 44 pertenecen a personas que viven con VIH, de los cuales, cuatro están relacionados con despidos laborales al tener conocimiento de su estado serológico.

Fuente Universogay

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Pablo Fracchia (izda) con su pareja

Pablo Fracchia, compañero de la Federación Argentina LGBT, se desempeñaba en la Dirección de Derechos Humanos, en el Ministerio de Seguridad. En la carta, explica cómo fue su despido. En esa cartera, ya fueron echados alrededor de 200 personas.

Por Pablo Fracchia

¿Por qué no? Si lo mismo que viví yo hoy le pasó a casi mas de 30.000 personas que llegaron un día a su puesto de laburo y les avisaron que no tenían mas trabajo.

Desde que llegó la nueva gestión, intentamos, desde la Dirección de Derechos Humanos en la que trabajo, presentarnos ante las nuevas autoridades para contarles lo que hacíamos. No nos recibieron. Nunca.

Hoy despidieron a parte del equipo que finalmente identificó a Luciano Arruga, y no lo saben. Porque nadie se tomó 10 minutos para sentarse con nosotros y preguntarnos cual era nuestra tarea o que políticas abordábamos.

Yo no fui el único caso, 13 compañeras y compañeros de la Dirección y casi doscientos y pico de laburantes del ministerio se enteraron hoy que ya no tenían mas trabajo.

No le conozco la cara al tipo que agarró un listado de nombres y decidió con un fibron nuestro destino y el de nuestras familias, y eso es macabro.

De la Dirección en la que trabajo, salieron las normativas que regulan qué tiene que hacer la Policía Federal ante un caso de Violencia intrafamiliar, o la resolución que permite que hoy tengamos personas trans en las fuerzas.

Tampoco lo saben. No les interesó. Solo querían que “les cierre el numero”.

Leo que muchos de mis contactos sostienen el relato oficial de que el macrismo está limpiando ñoquis. Y yo eso no lo puedo permitir. Los que me conocen saben quien soy, mis valores y de mi decisión consciente (aun resignando salario) de irme del ámbito privado para aportar todo lo que humildemente pueda para la construcción de políticas públicas.

Acá el problema es que no sobran trabajadores estatales, acá va a faltar un Estado presente. Y lo hacen porque vienen por tu laburo, por tu salario. Porque con 30.000 nuevos desempleados, vamos estar haciendo fila en la puerta de tu laburo dispuestos a cobrar menos que vos, para poder llevar el pan a la casa. ¿Y sabes quien gana con eso? El empresario, que ahora si puede negociar salarios “mas competitivos” como a ellos les gusta decir.

¿Todos somos ñoquis? Aún sabiendo que los tipos pueden ir a mi archivo y ver cómo marqué mi dedito durante todo este tiempo.

¿Todos los despedidos somos ñoquis? Ñoquis que administran el comercio, ñoquis que hacen satélites, ñoquis que gestionan las jubilaciones de nuestros abuelos.

Decime que me echás por Kirchnerista. Decime que me rajas porque queres poner a alguien tuyo a que cobre mi sueldo. Decime que es porque queres desguazar al Estado, y debatiremos todo lo necesario. Pero no me digas que me echás por ñoqui, porque es una falta de respeto a mi profesión, a mi compromiso y a mi decisión de ser un trabajador estatal, porque un puesto de laburo menos en el Estado, es un derecho conquistado que no se defiende.

Espero que despertemos, y podamos corregir el error histórico de dejar que la derecha gobierne de manera democrática por primera vez en la Argentina. Un saludo especial a Jerry Millman, actual Secretario de Seguridad Interior -Ex Diputado Nacional y el responsable de negociar los despidos- quien hasta hace 3 horas era el hijo mimado de Margarita Stolbizer del GEN en la 3ra Sección Electoral y ex candidato a Intendente de Progresistas de Avellaneda. Algún dia también los dirigentes de los partidos deberán hacerse cargo de los monstruos que crean. Porque parece que él ya ganó.

Por mi parte, estaré junto a mis compañeros y compañeras en pie de lucha, resistiendo el embate neoliberal. ¡Acá no se rinde nadie! ¡Ni un paso atrás, ni para tomar impulso! ¡Organización y Lucha!

Fuente FALGBT

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La ropa que llevan y las cruces que cada uno tienen detrás, lo dicen todo…

El arzobispo Wenski escribió un mensaje a sus trabajadores en el que les aconsejaba que se comportasen según los principios de la Iglesia católica.

Tras la reciente legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Florida, muchos miembros de la Iglesia se han opuesto ya a la nueva legislación, expresándose públicamente en contra de esta.

La última polémica la protagoniza Thomas Wenski , arzobispo de Miami, que ha enviado un mensaje a todos los empleados de la Iglesia advirtiéndoles de que cualquier expresión de apoyo al matrimonio gay – incluso si se tratase de un tweet o un mensaje de Facebook – podría costarles sus puestos de trabajo.

“Cualquiera que sea el papel que usted tiene dentro de la Arquidiócesis, representa públicamente a la Iglesia Católica y a la Archidiócesis en todo lo que hace y dice” fueron algunas de las palabras recogidas en la nota, según informa la cadena de noticias NBC.

El arzobispo incluyó también un extracto del manual de comportamiento que deben seguir sus empleados. Uno de los capítulos indicaba que de todos los trabajadores de la arquidiócesis “se espera que se comporten de una manera ética y moral en consonancia con los principios católicos.”

Este mismo artículo llegaba a afirmar que un comportamiento incompatible con las enseñanzas católicas podría conducir al despido, “incluso si este se produjese fuera del trabajo realizado por el empleado de la Arquidiócesis.”

En el blog del New Ways Ministry, un grupo líder en la defensa de los homosexuales y lesbianas católicos, el periodista Bob Shine dijo que el mensaje de Wenski fue la “forma más trágica para empezar el nuevo año” y espera “que otros obispos de Florida y de otros lugares no imiten esas tácticas amenazantes.“ Un mensaje de apoyo al colectivo teniendo en cuenta la situación de numerosos trabajadores de la iglesia que incluso han sufrido despidos por apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero los obispos de Estados Unidos no tienen una política uniforme sobre la cuestión, que está despertando controversia y un intenso debate en la Iglesia Católica en general. Sin embargo, los obispos de Alemania se han comprometido a cambiar sus políticas de empleo para permitir que tanto gays como lesbianas puedan contraer matrimonio.

Otro obispo, monseñor Robert Lynch, de San Petersburgo, también ha hablado sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en la Florida, pero esta vez tratando de calmar el miedo y la histeria fomentada por otros líderes católicos del estado.

En un artículo para el Tampa Bay Times, el obispo Lynch comienza con el lenguaje esperado sobre la opinión de los obispos sobre el matrimonio y anima a los opositores de la igualdad del matrimonio a defender sus puntos de vista en el diálogo con los demás. Menos habitual es lo que sigue en la segunda mitad de la columna, en la que Lynch expresa cierta conciencia de las contribuciones de las parejas del mismo sexo a la iglesia y la sociedad. Invocando al papa Francisco y al Sínodo sobre la Familia, escribe:

“También reconozco que la realidad de la familia hoy en día, en todas sus complejidades, presenta a la iglesia unos desafíos pastorales que la Iglesia se esfuerza por aceptar a las personas en las circunstancias concretas de su vida y darles su apoyo y alentarlos en su búsqueda de Dios y su deseo a ser miembros de la iglesia.

“Por lo tanto, no deseo prestar nuestra voz a las nociones que podría sugerir que las parejas del mismo sexo son una amenaza incapaz de  compartir relaciones  marcadas por el amor y la santidad y, por lo tanto, incapaces de contribuir a la edificación de la iglesia y la más amplia la sociedad.

 “En medio del cambio de las definiciones sociales e interpretaciones del matrimonio, sin duda puede haber alguna confusión. Sin embargo, con paciencia y  humildad, nuestra iglesia  debe esforzarse continuamente por descubrir lo que el Espíritu dice y responder a la sugerencia de los Padres del Sínodo para discernirir cuál es la respuesta pastoral fiel a la enseñanza de iglesia y marcada por el respeto y la sensibilidad podría ser apropiada para las parejas del mismo sexo, así como se afirma en los diseños creativos de Dios y para la comprensión sacramental de la iglesia del matrimonio son afirmados. “

Se puede leer la columna del obispo en su totalidad haciendo clic aquí. Su sustancia, así como el tono de Lynch, es marcadamente diferente de la declaración de la Conferencia Católica de la Florida y la reacción del arzobispo de Miami, Thomas Wenski. Bondings 2.0 informó ayer acerca de la carta de Wenski sobre la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo intimidando a los trabajadores de la iglesia y advirtiéndoles de no  apoyar públicamente los derechos LGBT en cualquier lugar y en cualquier momento.

El obispo Lynch tiene un historial relativamente positivo sobre temas LGBT, indicando previamente que la Diócesis de San Petersburgo quiso dar la bienvenida a las personas LGBT. Lynch  calificó el 2014 Sínodo sobre la Familia de 2014 como “un momento importante de honestidad y colegialidad.” Él fue uno de los pocos obispos estadounidenses que aportaron resultados de la encuesta diocesana previa a la reunión de octubre en Roma. Escribiendo en su blog acerca de los resultados, Lynch dijo que deseaba oír más de los católicos “que se han alejado” y escribió sobre los temas LGBT:

“He hecho saber que no voy a tolerar ningún tipo de discriminación o cualquier cosa que huela a punitivo con los hijos de parejas del mismo sexo. Creo que todos los representantes de los diferentes ministerios de la Iglesia pueden ser más amables, más suaves, más acogedores y menos críticos con aquellos que no se identifican con nuestra praxis y  predicación sobre el matrimonio y la vida familiar por estar en desacuerdo con sus experiencias … “

El enfoque de Bishop Lynch sobre el matrimonio igualitario mantiene sus convicciones mientras reconoce respetuosamente que los derechos LGBT son reconocidos por el derecho civil y que los líderes de la iglesia deben responder en consecuencia como pastores.

Fuente  New Ways Ministry,

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