Un grupo activista estadounidense que lucha contra la pornografía ha asesorado, promovido y respaldado a activistas y políticos anti-LGBTQ+ en Uganda, entre ellos homófobo fundador de un campamento cristiano “militarista” para niños.

Jason Wilson

Un grupo activista estadounidense antipornografía de extensa trayectoria ha asesorado, promovido y respaldado a activistas y políticos anti-LGBTQ+ en Uganda. Entre ellos se encuentran una ministra que impulsó proyectos de legislación anti-LGBTQ+ alegando que los homosexuales “deberían ser castrados”, y el virulentamente homofóbico fundador de un campamento cristiano “militarista” para niños.

A partir de documentos, grabaciones de audio y vídeo y fuentes de acceso abierto, una investigación involucra tanto al National Center on Sexual Exploitation (Centro Nacional sobre Explotación Sexual, o NCOSE), con sede en Washington DC, como a otras organizaciones derivadas y afiliadas de la misma. Los hallazgos plantean interrogantes sobre el desmentimiento este centro en contra de la explotación sexual respecto a su historial de posturas contra el colectivo LGBTQ+. También se plantean cuestiones sobre su rol en la aprobación de la ley contra la homosexualidad de Uganda que tuvo lugar el año pasado y que es considerada como una de las más punitivas y restrictivas del mundo.

Asimismo, las investigaciones también muestran los esfuerzos del NCOSE por restar importancia a sus asociaciones religiosas y su implicaciones en la derecha cristiana con el fin ejercer una influencia más autoritaria sobre los legisladores en Estados Unidos y todo el mundo.

Con el fin de resolver dudas, The Guardian contactó con el NCOSE. Uno de sus representantes respondió con un enlace a una declaración emitida en diciembre de 2023 en la que la organización reconoce como en momentos anteriores a su cambio de liderazgo en 2011, “se realizaron comentarios que efectivamente eran anti-LGBTQ+”. Sin embargo, la declaración alude a un “compromiso de servir, elevar y respetar a todas las personas, incluidos los miembros de la comunidad LGBTQ+”.

Implicados en la Ley anti-LGTBIQ+ de Uganda

Según el sitio web de la organización, el NCOSE lleva al menos una década intentando implicarse en Uganda. Una entrada de blog publicada en octubre de 2015 informa sobre las actividades realizadas durante la semana White Ribbon Against Pornography (Cinta Blanca Contra la Pornografía, o WRAP) financiada por el NCOSE.

De acuerdo con el informe anual de 2022 del NCOSE, la International Coalition on Sexual Exploitation (Coalición Internacional contra la Explotación Sexual, o ICSE), una organización derivada del NCOSE creada con el fin de “compartir, desplegar y aprovechar el trabajo de la NCOSE con sede en Estados Unidos” ha “asesorado a líderes gubernamentales” tanto en Uganda como en otros lugares. Ese mismo año, 2022, cuando se celebraba la Cumbre Africana de la Coalición para Acabar con la Explotación Sexual (Coalition to End Sexual Exploitation, o CESE) en Pretoria (Sudáfrica), el NCOSE ya había logrado atraer a destacadas voces anti-LGBTQ+ de Uganda y otros países africanos, así como a otras organizaciones estadounidenses que promueven una agenda anti-LGBTQ+ en África.

Una entrada del blog del NCOSE informa de que, tras el discurso de apertura de Dawn Hawkins, directora general de NCOSE, los asistentes escucharon un “conmovedor llamamiento a la acción” de una ministra del Gobierno ugandés, Sarah Achieng Opendi. Por su parte, en 2023, Opendi, ministra del Gobierno por el partido gobernante, el Movimiento de Resistencia Nacional (NRM, por sus siglas en inglés), afirmó que los homosexuales “deberían ser castrados” para que no pudieran “continuar con la homosexualidad” en prisión. La declaración se produjo durante el debate parlamentario sobre la aprobación de la ley anti-LGBTQ+ más dura del mundo.

En consecuencia a las declaraciones, Opendi fue una de los cientos de políticos ugandeses a los que Estados Unidos impuso restricciones de visado en respuesta a estas leyes. Las nuevas medidas del gobierno ugandés prescriben la pena de muerte o cadena perpetua para muchos actos sexuales entre personas del mismo sexo y 20 años de prisión por “promover” la homosexualidad, lo que muchos opositores afirman que criminaliza la defensa del colectivo LGBTQ+.

Otra de las ponentes que estuvo presente en la Cumbre Africana de la Coalición para Acabar con la Explotación Sexual fue Sharon Slater, presidenta de Family Watch International (FWI), una organización calificada como grupo de odio por la ONG Southern Poverty Law Center (SPLC). Para el SPLC, el activismo anti-LGBTQ+ de Slater se ha centrado en África y en contrarrestar los esfuerzos de la ONU para la promoción de la igualdad de derechos. A lo largo de los años, Slater ha “forjado estrechos vínculos con violentos activistas africanos anti-LGBT”. Además, en otra conferencia celebrada en Lagos (Nigeria) en 2012, Slater dijo a los asistentes que los derechos LGBTQ+ eran “ficticios”.

El año pasado, una investigación de la CNN indagó en la labor de Slater como promotora de “conferencias sobre ‘valores familiares’ realizadas en todo el continente africano” y en la vinculación entre esos eventos y la posterior aprobación de leyes anti-LGBT+.

Aunque la organización que preside Slater, el FWI, negó cualquier implicación directa en la redacción de la ley contra los derechos LGTBIQ+ de Uganda, una fuente anónima declaró a CNN que el FWI había proporcionado ayuda a miembros del Parlamento que estaban promoviendo la legislación, influyendo incluso en la terminología empleada en el texto.

Socios en el odio

En Uganda, el Centro Nacional sobre Explotación Sexual (NCOSE) también mantiene vínculos con el Programa de Mentoría para Muchachos, una organización asociada al NCOSE y dirigida por Godfrey Kuteesa. Kuteesa tambiéne estuvo implicado en la semana de ‘Cinta Blanca Contra la Pornografía’.

Las actividades del Programa de Mentoría para Muchachos, incluyen un “Campamento de Entrenamiento para Muchachos” anual, al que el sitio web de la organización describe como “de naturaleza militarista”. En julio del año pasado, Kuteesa publicó un vídeo en X (antes conocido como Twitter) en el que se le ve haciendo gritar “un hombre se casa con una mujer” cuatro veces a los niños del campamento, antes de responderles “¡Ese es el camino natural!”.

En otras publicaciones de X, Kuteesa ha escrito que “gay no es una orientación sexual”, que los chicos con “perforaciones en las orejas… siempre resultan ser maricas”, y que “a los líderes africanos les preocupa que el carisma de Obama conduzca a los jóvenes al pecado homosexual”.

Kuteesa fue uno de los signatario de una carta abierta de la Coalición Internacional contra la Explotación Sexual (ISCE) en la que se pedía a las compañías de tarjetas de crédito que “dejaran de procesar pagos para la industria de la pornografía hardcore”. Más adelante Kuteesa habló en uno de los paneles del NCOSE sobre los “daños de la pornografía en África”. Para terminar, en 2021 impartió un taller bajo el título “Cómo ayudar a los chicos que luchan contra la pornografía”.

Exodus Cry

Aunque la cumbre africana contra la explotación sexual parece haber sido un evento único, la Cumbre Mundial de la misma organización se celebra anualmente desde 2014. La edición de 2024 se llevará a cabo del 5 al 8 de agosto en Washington DC. En esta edición, el evento cuanta con una serie de ponentes menos extremistas: Benjamin Nolot y Helen Taylor, ambos miembros de Exodus Cry, una organización de derecha cristiana.

Fundada en 2008, Exodus Cry surgió como un grupo de oración que se reunía semanalmente en la Casa Internacional de Oración de Kansas City (IHOPKC, por sus siglas en inglés). Actualmente, esta iglesia está sumida en el escándalo desupués de que Mike Bickle, uno de sus fundadores fuera acusado de abuso sexual y espiritual. Anteriormente a estos hechos, Bickle había dicho que la homosexualidad “abre las puertas del reino del demonio”. En 2013, un documental emitido por PBS, God Loves Uganda(Dios ama a Uganda), acusaba a la IHOPKC y a otras organizaciones evangélicas de exacerbar la homofobia en el continente africano.

Durante 2020, el IHOPKC estaba llevando a cabo su campaña más prominente, ‘Traffickinghub‘, que acusaba al sitio de vídeos porno Pornhub de alojar contenido con víctimas de tráfico sexual y abuso sexual infantil. Aquella campaña, que culminó con una petición en línea con millones de firmas exigiendo el cierre de Pornhub, el procesamiento de sus ejecutivos y la cobertura favorable del columnista del New York Times Nicholas Kristof, nació de un artículo de opinión publicado en The Washington Examinerpor Laila Mickelwait en 2020. Investigaciones señalan que, por aquel entonces, Mickelwait trabajaba para Exodus Cry como “misionera intercesora” durante 2011 y 2014.

En este caso, El Centro Nacional sobre Explotación Sexual (NCOSE) tampoco está ausente. El NCOSE es uno de los copatrizonadores de Traffickinghub, y ha contado con Mickelwait como ponente en varios eventos. En una declaración de 2020, el NCOSE elogió la campaña Traffickinghub y se jactó de que “gracias al trabajo del NCOSE, el procesador de pagos en línea PayPal y la popular marca Kraft Heinz cortaron lazos con Pornhub”.

La historia del Centro Nacional sobre Explotación Sexual (NCOSE)

Originalmente, el Centro Nacional sobre Explotación Sexual (NCOSE) se fundó bajo el nombre de Operación Yorkville) en 1962 por tres clérigos de Nueva York. Entre ellos, se encontraba el sacerdote católico Morton A. Hill. En 1968 pasó a llamarse Moralidad en los Medios (MIM), y fue dirigida por Hill hasta su muerte en 1985. El trabajo de Hill con la organización le convirtió en un destacado defensor de la moralidad, y fue nombrado por la administración Nixon para formar parte de la Comisión Presidencial sobre Obscenidad y Pornografía. El MIM ha lanzado campañas de protesta contra los sex-shops, los juguetes sexuales y productos de la cultura pop cargados de erotismo, como la película Calígula (1978), el libro Sex de Madonna (1992) y la película de Monty Python La vida de Brian (1979).

El MIM también se ha involucrado cada vez más en campañas contra la comunidad LGBTQ+. Ya en la década de 1990 impulsó un boicot a Disney después de que la empresa empezara a conceder prestaciones conyugales a las parejas de los empleados LGBTQ+. En enero de 2004, el MIM fue uno de los 15 grupos que fundaron la Coalición por el Matrimonio, que hizo campaña contra la inminente legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Massachusetts en respuesta a una decisión del Tribunal Supremo del estado que había dictaminado que la prohibición del matrimonio homosexual era inconstitucional. No fue hasta 2010 cuando, bajo la presidencia de Patrick Trueman, la organización pasó a llamarse como hoy: Centro Nacional sobre Explotación Sexual (NCOSE). Por su parte, Trueman, cuenta con una larga experiencia dentro de organizaciones que fomenten el odio como la Asociación Americana de Familias y la Alianza en Defensa de la Libertad. Además, tiene un historial de declaraciones en contra los homosexuales: en 2009, Trueman se opuso a David Ogden, elegido por Barack Obama para el puesto de fiscal general adjunto, alegando que Ogden había apoyado “los derechos de los homosexuales”.

Además del Trueman, otros miembros actuales del NCOSE han sido asociados a otros sectores que pertenecen a grupos extremos de la derecha cristiana. Algunos de ellos son Benjamin Bull, actual consejero general de la organización y exdirector de la Alianza en Defensa de la Libertad y Hadley Arkes, actual miembro de la junta de NCOSE y defensor acérrimo de la “terapia de reorientación sexual”, una pseudociencia desacreditada.

Traducción de Julián Cnochaert.

Fuente El Diario.es (Desalambre)/ The Guardian

General, Homofobia/ Transfobia. Delitos de Odio, Desalambre, EE.UU., Homofobia/Transfobia, Uganda

Hace un par de semanas, eldiario.es se hacía eco en Desalambre, su sección semanal sobre derechos humanos, de las dificultades que tienen los demandantes de asilo por motivo de orientación sexual y/o identidad de género para lograrlo en nuestro país. Un más que recomendable artículo que ha puesto de nuevo sobre la mesa la falta de compromiso por parte de las instituciones españolas (y europeas en general) en lo que respecta al asilo por motivo de orientación sexual y/o identidad de género. 

Las dificultades que enumera el artículo a la hora de que los demandantes de asilo lo puedan conseguir son, por ejemplo, la aportación de pruebas que demuestren su orientación sexual o algunos de los criterios que los jueces utilizan para medir el peligro o la violencia que sufren estas personas para decidir si se les concede el asilo. Destaca, muy en especial, lo que podríamos denominar el “criterio de la discreción”, según el cual si en su país, pese a estar las personas LGTB perseguidas por la ley, la vida de una persona no parece correr peligro si es capaz de sobrellevar “de forma discreta” su orientación sexual y/o identidad de género, el asilo no debe ser la opción elegida. “Es una forma de decir: si no te muestras de forma muy pública, en tu país no te van a molestar. No se tomarán esos esfuerzos”, explica Elena Muñoz, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), organización que lleva tiempo denunciando la persecución que sufren las personas LGTB en el mundo y las dificultades que esas mismas personas perseguidas encuentran en España cuando solicitan protección.

Es este, el de la “discreción”, un criterio que vulnera claramente la libertad de las personas y alienta la LGTBfobia misma: se pide a las personas que oculten su identidad y que vivan en silencio toda su vida. España, no es, por desgracia, el único país en el que se aplica. Hace varios años en dosmanzanas recogíamos, por ejemplo, como un tribunal noruego denegaba el asilo a un refugiado iraquí pese a reconocer su homosexualidad, recomendándole que “volviera a casa y fuera discreto” de acuerdo con “las normas socio-culturales de Irak”.

Otro criterio que se plantea es el del activismo. En este caso, se valora favorablemente que una persona haya ejercido el activismo en defensa de los derechos LGTB, ya que se considera una “prueba” de que la persona no está mintiendo sobre el motivo por el que demanda el asilo. Para que este criterio se tome en cuenta, el demandante debe aportar pruebas, como por ejemplo fotografías o vídeos de actos de visibilización o manifestaciones. De esta manera, vemos que las instituciones solo dan, en la práctica, dos opciones: o la invisibilidad total y el silencio sobre la orientación sexual y/o la identidad de género (lo que conlleva que estas personas no puedan desarrollarse completamente) o la visibilidad absoluta como activista, un peligro bastante grande si tomamos como referencia que en casi  todos los países de donde proceden los demandantes son países en los que la libertad de expresión en general está muy mutilada y, concretamente, la expresión de las personas LGTB está castigada legalmente (véase las leyes “antipropaganda homosexual” en el este de Europa o el asesinato de muchos activistas en sus respectivos países de origen).

Por otra parte, las pruebas que el demandante debe aportar para conseguir la resolución favorable son también un tema controvertido. Puede ser cualquiera que demuestre el riesgo o los “temores fundados” de que esta persona sea o pueda ser víctima de violaciones de derechos humanos. Denuncias sobre delitos de odio tramitadas en sus países o reconocimientos médicos que demuestren que se ha sufrido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual ayudan a demostrar el peligro que viven estas personas. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con las personas que por su condición LGTB están en peligro pero no han sido todavía visiblemente agredidas o amenazadas, o simplemente no han podido tramitar alguna denuncia en su país o en un país vecino precisamente porque allí no se permite denunciar los delitos de  odio hacia las personas LGTB?

En este sentido, cabe destacar como un paso en la buena dirección la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ya en 2014 determinó que a la hora de valorar las solicitudes de asilo de estas personas, si bien las autoridades nacionales tienen capacidad para llevar a cabo interrogatorios sobre sus circunstancias particulares, debía respetarse su dignidad. El tribunal estimó que exigirles “exámenes” para demostrar su homosexualidad, preguntarles detalles sobre sus prácticas sexuales o exigirles la presentación de pruebas del tipo de grabaciones en vídeo de sus actos íntimos viola la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (el pronunciamiento tenía su origen en el recurso de tres solicitantes de asilo a los que Holanda había rechazado al considerar que no habían probado suficientemente su homosexualidad).

Llegada al país de acogida

La llegada al país de acogida y la espera a la resolución a la demanda del asilo no está exenta de dificultades, injusticias y peligros. En muchas ocasiones, las personas demandantes de asilo deben depender de organizaciones no gubernamentales o de entidades no lucrativas para poder desarrollarse y vivir en el país de acogida las cuales les conceden viviendas provisionales o cursos de diferente índole o ayuda para encontrar trabajo. Y a pesar de los esfuerzos de estas  entidades, las leyes de nuestros países algunas veces ponen trabas a la real aceptación y al desarrollo de estas personas en los países de acogida. Así, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas las personas demandantes de asilo no han disfrutado durante mucho tiempo de acceso a una sanidad pública y completa. A estos problemas se añade la posibilidad de que terminen recluidas en los polémicos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en los cuales ya se han registrado muchas veces abusos o malos tratos. Su mera existencia es de hecho una violación del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se reconoce expresamente que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.

No podemos concluir sin recordar a las instituciones encargadas de tramitar y dar resolución a las demandas de asilo que el desarrollo de unos criterios libres de LGTBfobia, xenofobia y racismo, acordes con las indicaciones de las organizaciones especializadas (como ACNUR y CEAR, entre otras) sería un gran paso hacia el cumplimiento efectivo del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país”.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. ACNUR, Asilo, Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, CEAR, Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), Declaración Universal de los Derechos Humanos, Desalambre, Discriminación, eldiario.es, Elena Muñoz, España, Homofobia, Refugiados, Transfobia, Tribunal de Justicia de la Unión Europea