Por: Alexis Oliva desde Córdoba, Ana Fornaro, Lucas Gutiérrez y Maria Eugenia Ludueña

La cuarentena por el coronavirus destapó la olla de la violencia estructural. La primera semana de aislamiento preventivo obligatorio en Argentina dejó en evidencia, entre otras cosas, la emergencia habitacional y las condiciones precarias de vida de la población de personas travesti y trans. La mayoría de ellas se dedica al trabajo sexual y a partir de estas nuevas normativas por la pandemia de coronavirus no han podido generar recursos para la subsistencia. Esto se tradujo en muchos casos en no poder pagar las piezas que alquilaban y ser amenazadas de desalojo o, como ocurrió en Córdoba, ser echadas a la calle con violencia en plena cuarentena por la pandemia.

“La cuarentena no hace más que visibilizar una demanda histórica que tiene el colectivo trans y travesti en Argentina. Somos una comunidad vulnerable y además casi el 90 de travestis y trans estaban en prostitución. Al no tener ingresos para costear alimentación y alquiler, necesitan priorizar la ayuda del Estado”, dijo a este medio Claudia Vasquez Haro de Otrans Argentina. Más de 600 compañeras se comunicaron con la organización, con sede en La Plata, para pedir asistencia.

Los desalojos están prohibidos

El 27 de marzo en la Televisión Pública, la presentadora del noticiero Diana Zurco, una mujer trans, le preguntó al presidente Alberto Fernández por la precaria situación de muchas de sus compañeras y en particular por la emergencia habitacional que atraviesan tantas de ellas. El presidente habló de una prohibición de desalojos y aumentos de alquileres, y dijo que esa medida regiría para todes. Si ocurriera, expresó, el mismo se encargaría de denunciarlo ante el INADI.

Hoy los desalojos ya son ilegales: el 29 de marzo se publicó en el boletín oficial el decreto de emergencia pública 320/2020 que entre otras medidas dispuso “la suspensión temporaria, hasta el 30 de septiembre del año en curso, de los desalojos de los inmuebles” destinados a vivienda única personal o familiar, actividades culturales y pequeñas producciones, entre otras situaciones de excepción.

Activista trans echada en Córdoba

Pero el mismo día que se publicó esa medida, Belén Rapela, mujer trans y referente en la ciudad cordobesa de Villa María de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), denunció que la propietaria de la vivienda que alquilaba y su hijo la insultaron, amenazaron y desalojaron por la fuerza. Acompañada por el Comité de Emergencia Unión de Organizaciones LBGTIQ+ ante el Covid-19, formuló la denuncia en una Unidad Judicial y hoy la presentará en el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi).

El desalojo, por el que fueron señaladxs Ivana Cortez y su hijo Brian Álvarez, se consumó a la 00:30 de la madrugada del domingo 29.

Según Rapela, Cortez solía ingresar sin aviso a la vivienda que le alquilaba al fondo de su casa, en Ortubey 740 de barrio Botta. Meses atrás, había amenazado con “tirarle sus pertenencias hacia la calle”, según consta en la denuncia. Su actitud empeoraba cuando la inquilina en algunas ocasiones se atrasaba más allá del día 10 con el pago del alquiler, aunque nunca dejó de abonarle.

Así desalojaban a nuestra compañera Belén, referente de Ammar Villa María. Esto sucedía anoche poco después que el Presidente @alferdez decía en TV Pública que estas cosas no iban a pasar en nuestro país. Al dueño no le importó, le rompieron sus cosas y la dejaron en la calle. pic.twitter.com/LTgGAQvc8r

— Putas Feministas (@ammarsindicat) March 29, 2020

El sábado 28, tuvieron otra discusión. “Ella estaba enojada porque, como soy referente de AMMAR Villa María, desde mi domicilio estaba entregando los módulos alimentarios a las compañeras. Nunca usé la casa para eso, pero ahora no tenía otra opción porque todos los puntos de entrega están cerrados por la cuarentena”, cuenta Belén a Presentes. “Y fue muy fea la manera en que me dijo que me fuera: ‘Hasta cuándo tengo que aguantar que me llenes la casa de putos y putas’”, añadió.

A la noche, Rapela y otra amiga que circunstancialmente se alojaba con ella fueron  a cenar a lo de otras chicas, con las que para afrontar la crisis comparten gastos de alimentos. Al regresar, encontraron que habían entrado a su vivienda rompiendo los vidrios de una ventana y toda su vajilla estaba tirada en el piso. En la denuncia figura que la misma propietaria le avisó por teléfono: “El Tata (Brian Álvarez) te rompió todo, te anda buscando a vos y a la otra puta”. 

“Ella (Cortez) lo mandó a su hijo Brian a romperme las cosas. Fui a preguntar por qué y otra vez con que ‘los putos y las putas…’. Ahí se me vino encima y me quiso pegar pero los hijos la agarraron. Ella estaba bien informada del decreto (de emergencia) y me iba a esperar hasta después del 10 con una parte del alquiler, pero me dijo que si no conseguía plata me iba a tener que ir. Y el sábado buscaron esa excusa”, relata Rapela.

“Después de eso, se fue a la casa de una compañera y ahí nos llamó. Intervino el Inadi y organizaciones”, dijo a Presentes Georgina Orellano, secretaria general nacional de AMMAR.

El domingo, Belén se presentó en la Unidad Judicial de la comisaría del barrio, donde también debió gestionar una autorización para mudarse. Nélson Mamóndez, un integrante de la organización Putos Peronistas, la acompañó a realizar la denuncia. Este desalojo forzoso “se constituye como delito, porque no sólo atenta contra la integridad de la persona de la compañera, sino que la obliga a infringir el artículo 4° del decreto 297/2020, que declara el aislamiento social con carácter de obligatorio”, sostiene Mamóndez.

“Más de lo que ya estamos expuestas como colectivo trans y como trabajadoras sexuales, esto a mí me expone mucho más, porque yo estaba respetando la cuarentena”, dice Belén. Además, adelantó que hoy presentarán la denuncia en el Inadi “por la discriminación, los insultos y el contenido doblemente violento contra las identidades trans y contra las trabajadoras sexuales”.

Emergencia, transodio y prejuicios 

Para Alejandra Navarro, de Villa María Diversa (Córdoba), el episodio revela “una cuestión de transodio y de cierto prejuicio sobre las trabajadoras sexuales”. En un comunicado difundido por el Comité de Emergencia LBGTIQ+, la referente expresó: “Es increíble que con todas las conquistas sociales y de ejercicio de ciudadanía conseguidas, aún tengamos las mujeres trans que recibir de manera gratuita tanta infamia junta. Solicitamos al Estado se haga presente para subsanar esto y evitar que en el futuro estas terribles situaciones se sigan suscitando”.

“Esta situación destapó una olla innegable de algo conocido, que empieza a ser más visto por el total de la población y es la situación de emergencia de las compañeras trans. No sólo habitacional sino en todas las áreas”, dijo a Presentes Francisco Quiñones, director del Bachillerato Popular Trans y Travesti Mocha Celis en Buenos Aires.

El Mocha está implementando una red solidaria de apoyo y acompañamiento. Y agregó:  “Viven en hoteles en condiciones de hacinamiento paupérrimas por las que pagan mucho dinero, hasta veinticinco mil pesos por quince días. Con que una sola se enferme, dejaría un tendal de contagios. En esta imposibilidad de las compañeras trans de salir a ejercer el trabajo sexual o de salir en su situación de prostitución se encuentran con que no tienen manera de resolver estos conflictos”. También explicó que muchas no tienen sus nuevos documentos gestionados, y se les dificulta inscribirse en los planes de contención que ofrece el Gobierno: “Las compañeras se anotan en todo, pero la ayuda todavía no llega”.

Desalojos en Ciudad de Buenos Aires 

En Rosario un grupo de trans también estuvo a punto de ser desalojado pero se logró frenar. Lo mismo ocurrió en la Ciudad de Bs As, donde existen al menos diez hoteles donde viven mayoritariamente compañeras trans. Fuentes que conocen el territorio confiaron a Presentes “No todos están echado a las travas, pero tres de ellos lo intentaron, sin exito”.

Uno de estos desalojos frenados se difundió en los medios.  El viernes 27 de marzo, un día después que el presidente de la Nación Alberto Fernández exhortara públicamente a que se suspendieran, el dueño del hotel Saavedra del barrio de Once, donde viven más de 15 personas, la mayoría trabajadoras sexuales travestis y trans, estuvieron a punto de quedar en la calle.

Georgina Orellano difundió la denuncia en sus redes sociales: “Ocho compañeras del colectivo travesti trans se encuentran en situación de emergencia habitacional. Viven en Hotel Saavedra del Barrio de Once, abonan 800 pesos por día. En ese hotel viven y además trabajan”. “Desde el sábado dejaron de pagar imposibilitadas de poder trabajar, el dueño desde este lunes las hostiga y amenaza con dejarlas en la calle sino le abonan la deuda. Hoy a la mañana ya les cortó la luz de sus habitaciones”. Minuto a minuto fue compartiendo en un hilo de Twitter la situación de las compañeras:

URGENTE | Estamos ahora mismo en el Hotel Saavedra donde desde hace días su dueño quiere desalojar a las ocho compañeras trans que viven acá. Hoy empezó a sacar sus cosas a la calle. Nuestra Secretaria @GeorOrellano se encuentra encerrada ahí con ellas resistiendo el desalojo. pic.twitter.com/fTjemfJLsf

— Putas Feministas (@ammarsindicat) March 27, 2020

En diálogo con Nueva Ciudad, Silvana Patricia Chocobar, quien vive en el hotel Saavedra, relató que el dueño es muy agresivo, que las amenazaba con desalojarlas si no pagaban los 800 pesos por día que cobra por las habitaciones y que, pese a firmar un convenio con la fiscalía para dejar de cobrar y de desalojar a personas, continúa intentando obtener dinero o expulsarlas:  “No sé a dónde quiere llegar esta persona, el asunto de él es hacer plata, es lo único que le importa. Me decía que le pague y yo le dije que cuando levanten la cuarentena voy a ir a trabajar, pero me dijo que llame a clientes para que vengan y yo no lo iba a hacer porque tengo que cumplir la cuarentena”, explicó Chocobar.

Finalmente y a raíz de la intervención de distintos organismos públicos, se evitó el desalojo y se logró reubicar a algunas de las compañeras. Sin embargo, se mantendrán en instancia de alerta para comprobar que el dueño del Hotel Saavedra no intente nuevamente dejarlas en la calle.

Aislamiento en emergencia habitacional 

En La Plata, Otrans Argentina está pidiendo ayuda para resolver otra situación de emergencia. “Las compañeras Nicole y Gisela viven al fondo de Los Hornos, en una casilla precaria que no tiene paredes ni baño, en un terreno fiscal, encima de las vías de un tren. Es preocupante que vivan así. Esperamos que el Estado pueda dar respuesta inmediata”, dijo Vasquez Haro.

Mientras dure el aislamiento general, no sólo se potencia el problema habitacional, también el acceso a la salud. “Muchas tienen dificultad para acceder a la medicación que necesitan. No pueden salir de su casa y son población de riesgo. Por eso hay que pensar políticas al revés, las compañeras no se pueden trasladar, no deben ir a los hospitales en este contexto, tiene que haber un mecanismo que pueda asistirlas. En los hospitales no las están atendiendo porque se están dedicando exclusivamente  al coronavirus y ellas empiezan a circular de hospital en hospital quedando más en riesgo”, dijo Quiñones a este medio.

“En la Plata seguimos esperando los alimentos de Nación y provincia, hemos enviado los listados pero aun no les han llegado a las compañeras los bolsones de alimento. Desde Otrans Argentina los alimentos que hemos entregado desde que empezó la cuarentena ha sido la mercadería que nos gestionó la Red de migrantes y refugiados en la Argentina. El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil activa lazos de solidaridad y genera contención a través de políticas de cuidado”, dice Vasquez Haro.

Y reflexiona: “Lo que esto entre otras cosas nos enseña es que no sólo se puede vivir de la prostitución. Tenemos que hacer un esfuerzo por militar y exigirle al Estado que sancione una ley de inclusión laboral trans a nivel nacional. Es urgente y necesario que las compañeras puedan estar contenidas por el Estado para acceder a todas las políticas que se llevan adelante como subsidios y ayudas que las tienen como beneficiarias”.

Fuente Agencia Presentes

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Aroa y Laura, la pareja de mujeres que vivía con sus tres hijos de 10, 8 y 5 años en una vivienda de Móstoles propiedad de la diócesis de Getafe, han sido finalmente desahuciadas. “Estuvimos intentando paralizarlo de todas las formas posibles, pero no lo conseguimos. No se pudo hacer nada. Los de la diócesis no nos plantearon nada, todo lo que querían era que nos fuéramos a la calle, les daba igual, decían que ya llevábamos un año en una vivienda que no era nuestra y que ya estaba bien”, ha declarado Aroa a eldiario.es. Lamentable final para una historia que conocimos hace unos meses y en la que la discriminación lesbófoba parece haber jugado su papel.

En octubre contábamos la historia, recogida también entonces por eldiario.es: el obispado de Getafe conseguía entonces de la justicia la orden de desalojo. La familia había ocupado ilegalmente el piso, que se encontraba vacío, en julio. Según aseguró entonces la pareja, representantes de la diócesis les ofrecieron la posibilidad de acceder a un alquiler social asequible, pero cuando se enteraron del carácter homoparental de la familia retiraron la oferta.

La jueza que emitió la orden de desahucio condenó a la pareja por un delito leve de usurpación de inmuebles y les impuso una sanción de 270 euros, muy por debajo de los 900 que reclamaba la diócesis en atención “a la mala situación económica referida por las denunciadas”. La familia se encuentra, de hecho, en una situación económica muy precaria. Aroa lleva varios años en paro, mientras que Laura cobra menos de 500 euros. Laura, Aroa y sus hijos, de hecho, ya se habían enfrentado en 2014 a otro proceso de desahucio, en esta ocasión promovido por Bankia. Aquel desahucio lo consiguieron paralizar y comenzaron a negociar un alquiler social, pero finalmente la pareja decidió voluntariamente dejar el piso por sus condiciones insalubres.

Siempre según su versión, entraron en el piso de Móstoles propiedad de la Iglesia gracias a que “unos chavales les dejaron las llaves” sin saber quien era el propietario. “Cuando llegamos (…) estaba lleno de polvo y abandonado. En el contador de la luz había una pegatina que señalaba que no había suministro desde el 2013”, contaron en su momento, una versión que niega la diócesis, según la cual el piso es ocupado con frecuencia por religiosos que trabajan por la zona o que se encuentran de visita. Un piso que por cierto se encuentra por el momento vacío, después de que el desahucio se ejecutase finalmente la semana pasada. El Ayuntamiento de Móstoles se ha comprometido a buscarles una alternativa. Mientras tanto, los niños se encuentran en casa de un abuelo.

Lo dijimos en octubre: a pesar de que la diócesis de Getafe niega que el hecho de ser una familia homoparental haya influido en la decisión de forzar su desalojo, dados los antecedentes de su obispo, Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, no nos cuesta gran esfuerzo creer la versión de Laura y Aroa. López de Andújar fue uno de los firmantes de un documento en el que cargaban contra la Asamblea de Madrid por aprobar una ley contra la discriminación por LGTBfobia, documento que llegaban a enmarcar en una supuesta obligación de “luchar contra el mal”. 

También lo dijimos entonces, y lo repetimos ahora: incluso dejando de lado la existencia de discriminación lesbófoba, la historia de esta familia es ilustrativa, por un lado, de la situación de la España real (en la que un porcentaje importante de la población vive al borde de la exclusión social), y por otro, de la escala de prioridades de una parte de la jerarquía católica: el mismo obispo que se indignó porque un Parlamento libremente elegido legislara contra la discriminación de una minoría no ha tenido problema en desahuciar a una familia.

Fuente Dosmanzanas

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Y que dicen que????… que estamos en el Jubileo de la Misericordia???? ¿Y de qué se reirá el sr. obispo? Estos obispos no son cristianos…

La diócesis de Getafe ha conseguido que una jueza ordene el desalojo de la vivienda que ocupan en Móstoles de Aroa y Laura, una pareja de mujeres, y de sus tres hijos de 10, 8 y 5 años. La familia ocupó ilegalmente el piso, propiedad de la diócesis, en julio. La vivienda se encontraba vacía. Según asegura la pareja, representantes de la diócesis les ofrecieron la posibilidad de acceder a un alquiler social asequible, pero cuando se enteraron del carácter homoparental de la familia retiraron la oferta.

Según cuenta eldiario.es, la misma semana en la que la familia ocupó la vivienda llamaron a su puerta dos sacerdotes. “Se pensaban que éramos hermanas. Nos dijeron que nos iban a dar un alquiler social en una casa que tenían en Móstoles, añadieron que a ese piso le faltaban un par de arreglillos pero que se pondrían en contacto con nosotras. Sin embargo, una vez que se enteraron de que éramos pareja, fueron a saco. Ya ni había opción a alquiler social, ni a nada”, explica Aroa.

Lo cierto es que tras aquella visita la diócesis inició el proceso judicial para proceder finalmente al desahucio. Sobre la razón por la que la diócesis tiene un piso vacío, su argumentación es que la vivienda está destinada a sacerdotes que trabajan por la zona o que están de visita. Respecto a que la familia se quede sin un techo, la diócesis se lava las manos y deriva a Caritas y al Ayuntamiento la responsabilidad de buscarle una alternativa habitacional.

La jueza que ha emitido la orden de desahucio ha condenado a la pareja por un delito leve de usurpación de inmuebles y les ha impuesto una sanción de 270 euros, muy por debajo de los 900 que reclamaba la diócesis en atención “a la mala situación económica referida por las denunciadas” (aun así es una cifra superior a los 180 que pedía la Fiscalía). El desahucio se hará efectivo, previsiblemente, el próximo miércoles. La familia se encuentra, de hecho, en una situación económica muy precaria. Aroa lleva cuatro años en paro, mientras que Laura acaba de empezar a trabajar pero cobrando menos de 500 euros. “Necesitamos una renta social, porque no nos podemos permitir pagar los 600 euros mensuales de alquiler que piden en un piso normal. Tenemos que dar de comer a nuestra familia”, afirma Aroa.

Eduardo Gutiérrez, concejal de Urbanismo de Móstoles, asegura por su parte que la diócesis se ha negado a aplazar un par de meses el desahucio para dar tiempo a encontrar una solución satisfactoria. “La familia está buscando un alquiler social. Le transmití esa idea al diácono del obispado y le pedí tiempo, que aplazasen un par de meses la fecha del desahucio. Me dijeron que en el Consistorio teníamos viviendas y que ocupasen una de las nuestras porque las suyas eran para sacerdotes”, ha asegurado a eldiario.es Gutiérrez, que niega que en este preciso momento el Ayuntamiento disponga de viviendas vacías.

Laura, Aroa y sus hijos ya se enfrentaron en 2014 a otro proceso de desahucio, en esta ocasión promovido por Bankia, una entidad bancaria rescatada con dinero público. Aquel desahucio lo consiguieron paralizar y comenzaron a negociar un alquiler social, pero finalmente la pareja decidió voluntariamente dejar el piso por sus condiciones insalubres. Siempre según su versión, entraron en el piso actual gracias a que “unos chavales les dejaron las llaves” sin saber quien era el propietario. “Cuando llegamos no notamos que antes estuviese alguien viviendo aquí, estaba lleno de polvo y abandonado. En el contador de la luz había una pegatina que señalaba que no había suministro desde el 2013”, cuenta Aroa, una versión que niega la diócesis, según la cual el piso ha estado ocupado por religiosos “hasta hace poco” y en estos últimos meses también lo ha utilizado el párroco de Arroyomolinos.

La España real

Dados los antecedentes del obispo de Getafe, Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, lo cierto es que no nos cuesta gran esfuerzo creer la versión de Laura y Aroa, según la cual al conocer la diócesis el carácter homoparental de la familia ocupante de la vivienda se negó a darles una alternativa. López de Andújar, recordamos, fue uno de los firmantes de un documento en el que cargaban contra la Asamblea de Madrid por aprobar una ley contra la discriminación por LGTBfobia, documento que llegaban a enmarcar en una supuesta obligación de “luchar contra el mal”. 

En cualquier caso, incluso dejando de lado este aspecto, la historia de esta familia es bien ilustrativa, por un lado, de la situación de la España real, en la que un porcentaje muy importante de la población vive al borde de la exclusión social o instalada plenamente en ella, y por otro de las auténticas prioridades de la jerarquía católica, o al menos de una parte de ella. Que un obispo se indigne de esa forma porque un Parlamento libremente elegido legisle contra la discriminación de una minoría y sin embargo no tenga el menor problema en desahuciar a una familia dice mucho.

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