En febrero de este año, en mitad de toda la polémica por la prohibición a las personas trans de servir en el ejército ideada por Donald Trump, la administración del actual presidente de los EE.UU. anunció otra política relacionada con el servicio militar estadounidense: la “Deploy or Get Out“. Esta política ordenaba al Pentágono que identificara a todos los miembros de las fuerzas armadas que no puedan ser desplegados en destinos fuera del país por más de 12 meses… y echarlos del ejército.

El ejército de Estados Unidos actualmente considera que las personas que viven con VIH son “no desplegables”.

Desde 1991 el ejército estadounidense rechaza reclutar a cualquier persona con VIH+, pero en el caso de que un miembro en activo resultara positivo el ejército le suministra el tratamiento antirretroviral para mantener la carga viral indetectable (es decir, intransmisible) y así puede seguir desempeñando su trabajo.

Hace unas semanas circuló por internet la historia de Kevin Deese, un cadete de la marina que fue expulsado en 2014 a falta de un mes para licenciarse tras dar positivo en VIH+ en unos análisis regulares. Deese ha decidido denunciar públicamente su caso y luchar para que se derogen las políticos serofóbicas del ejército.

Ahora se ha conocido el caso de dos soldados de las fuerzas aéreas que (con la ayuda de Lambda Legal, la asociación OutsServe-SLDN y el bufete Winston & Strawn LLP actuando pro-bono) han demandado al secretario de defensa de Trump, Jim Mattis, en un juzgado de Virginia por lo que consideran una violación de la ley federal y de la cláusula de protección igualitaria incluida en la Constitución.

Los dos soldados eran miembros en activo de las fuerzas aéreas del ejército y dieron positivo en VIH el año pasado durante un control rutinario. En ese momento comenzaron el tratamiento antirretroviral y los doctores militares los declararon aptos para ser desplegados en cualquier momento, con el visto bueno de sus comandantes. El mes pasado, tras cinco años de servicio en el ejército, ambos soldados fueron declarados no aptos y se les expulsó sin ofrecerles siquiera un puesto de trabajo alternativo que ambos afirman habrían aceptado.

El motivo argumentado por el Pentágono es que el ejército no desplega a personal VIH+ en el Medio Oeste, que es a donde suelen destinar a la mayoría de militares. Ambos soldados argumentan que pueden ser destinados a cualquier lugar del mundo dado que trabajan en mantenimiento y no abandonarían la base en la que está el centro médico, como ya le ha ocurrido a uno en las dos ocasiones en que ha sido llamado a filas.

Scott Schoettes, uno de los abogados de Lambda Legal que representa a los demandantes, explica que es muy fácil para un soldado viajar con un suministro de antirretrovirales suficiente para mantener el virus intransmisible, “lo que realmente estamos exigiendo es que el VIH se trate igual que cualquier otra condición médica a la hora de evaluar si alguien es apto para ser desplegado o no.“

“Es descorazonador, como poco“, explica uno de los dos soldados en una entrevista a The Washington Post, “Sé perfectamente que estoy sano. Sé que soy bueno en lo que hago, y se me permite la oportunidad de ofrecer a las Fuerzas Aéreas lo que sé que soy capaz de hacer.“

Fuente Hazte Queer

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