La administración de Trump está resultando letal para los derechos LGTB. Hace unas semanas os contamos que quería permitir a los médicos negarse a tratar a alguna persona trans, en plena pandemia del coronavirus. Ahora quiere permitir que las agencias de adopción discriminen a las parejas homosexuales en nombre de la religión.

La administración Trump ha pedido a la Corte Suprema que permita a las agencias de adopción discriminar a las parejas del mismo sexo en nombre de la religión.

Los abogados del Departamento de Justicia presentaron un resumen de 35 páginas a la Corte Suprema pidiéndole que se pronuncie a favor de Catholic Social Services (CSS), una agencia de adopción con sede en Filadelfia que insiste en que debería permitirse rechazar a las parejas del mismo sexo bajo la Primera Enmienda.

Varios tribunales inferiores ya se han pronunciado contra CSS, pero la Corte Suprema acordó abordar el caso a principios de este año.

El gobierno de los Estados Unidos no es parte en el caso, lo que significa que el informe fue presentado voluntariamente, informa Washington Blade .

La administración de Donald Trump continúa revocando los derechos LGBT + con el informe de adopción.

En su informe, el Departamento de Justicia dice que Estados Unidos tiene “un interés sustancial” en Fulton v Ciudad de Filadelfia porque el gobierno cree que debe protegerse el “libre ejercicio de la religión”.

El Departamento de Justicia señala que CSS solo funcionará con parejas heterosexuales casadas o personas solteras “porque se adhiere a la creencia de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Considera a todas las parejas del mismo sexo como solteras”, dice el breve.

Sorprendentemente, el Departamento de Justicia continúa defendiendo CSS, diciendo que felizmente referirán parejas del mismo sexo a otras agencias de acogida.  A lo largo del informe, el departamento argumenta que la libertad religiosa debe protegerse por encima de todo. “Las acciones de Filadelfia también reflejan una hostilidad inconstitucional hacia las creencias religiosas de los Servicios Sociales Católicos”, señala el breve.

El departamento continúa argumentando que la ciudad de Filadelfia “seleccionó organizaciones religiosas” para la investigación y “sugirió que las creencias religiosas son simplemente un pretexto para la discriminación”. También afirman que Filadelfia “trató de persuadir a los Servicios Sociales Católicos de que su comprensión de la doctrina católica era anticuada e inconsistente con los puntos de vista del Papa Francisco, tal como la ciudad los entendió”.

La American Civil Liberties Union (ACLU) ha dicho que debe presentar una solicitud ante la Corte Suprema antes del 13 de agosto en respuesta al informe de la administración Trump. Los activistas temen que el maquillaje conservador de la Corte Suprema pueda causar problemas a las personas LGBT +.

Cuando la Corte Suprema acordó escuchar el caso en febrero, los activistas expresaron su preocupación de que podría sentar un precedente peligroso para los padres LGBT +.

La composición de la Corte Suprema ha cambiado drásticamente desde que falló a favor del matrimonio igualitario en 2015, con los nombramientos de Donald Trump, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, probablemente cambiando la mayoría de la corte contra los derechos LGBT +.

En sus presentaciones ante los tribunales, los Servicios Sociales Católicos afirman un derecho constitucional de usar sus criterios basados en la fe para rechazar a las parejas del mismo sexo como posibles familias de crianza temporal mientras brindan servicios para niños en el sistema público de cuidado de crianza de Filadelfia.

La American Civil Liberties Union ha intervenido previamente en el caso, advirtiendo sobre el potencial de un efecto escalofriante sobre los derechos de las personas LGBT +.

Fuente PinkNews

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La administración Trump le ha dicho a la Corte Suprema que es legal despedir a una persona por ser transgénero.

Un escrito fue presentado el viernes 16 de agosto por el Departamento de Justicia argumentando que los trabajadores transgéneros no están protegidos por la ley federal de derechos civiles y pueden ser despedidos debido a su identidad de género.

A principios de este año, la Corte Suprema acordó escuchar tres casos para determinar si el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo, se aplica a los trabajadores LGBT+.

El escrito presentado por el Departamento de Justicia de Trump se refiere a uno de esos tres casos: RG & GR Funeral Homes Inc contra la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo, en la cual la mujer transgénero Aimee Stephens (en la fotografía) fue despedida después de su transición.

La Sra. Stephens se había presentado como hombre cuando comenzó a trabajar en la empresa funeraria con sede en Michigan en 2007. Fue despedida por el dueño de la compañía, Thomas Rost, después de anunciar sus planes de transición.

Su despido fue considerado discriminatorio por la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el 6º Circuito. La discriminación contra los empleados por su condición de transexuales es ilegal. “Los hechos no refutados muestran que la funeraria despidió a Stephens porque se negó a acatar la concepción estereotipada de su empleador sobre su sexo”, dijo la jueza Karen Nelson Moore en la decisión del 6º Circuito. “La discriminación contra los empleados, ya sea por no ajustarse a los estereotipos sexuales o por su condición de transexuales y en transición, es ilegal bajo el Título VII. Es analíticamente imposible despedir a un empleado por su condición de transexual sin estar motivado, al menos en parte, por el sexo del empleado.”

En su petición a la Corte Suprema, el Departamento de Justicia argumenta que, cuando se aprobó la Ley de Derechos Civiles en 1964, “el significado ordinario de ‘sexo’ era sexo biológico. No incluía el estatus de transgénero, que Stephens y el Sexto Circuito describen como una desconexión entre el sexo biológico y la identidad de género de un individuo”, afirmó el Departamento de Justicia el viernes.

En el contexto particular del Título VII – legislación originalmente diseñada para eliminar la discriminación en el empleo contra las minorías raciales y de otro tipo – estaba especialmente claro que la prohibición de la discriminación por razón de “sexo” se refería al trato desigual de hombres y mujeres en el lugar de trabajo.

Alliance Defending Freedom, el grupo legal de derecha que solicitó a la Corte Suprema escuchar el caso de la Sra. Stephens, dijo que el 6º Circuito había ‘redefinido el término sexo’ en el Título VII para ‘significar algo distinto de lo que el Congreso claramente pretendía’, informa NBC News.

Los otros dos casos que la Corte Suprema ha aceptado escuchar – Zarda vs. Altitude Express y Bostock vs. Clayton County – involucran a empleados que han sido despedidos debido a su orientación sexual. La Corte Suprema escuchará estos tres casos en el término neto, que comienza en octubre.

Fuente Cromosomax

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El Departamento de Justicia reclama documentación secreta de las ocho diócesis de Pensilvania

Busca pruebas de delitos federales tales como explotación sexual de menores, secuestro o fraude

(C.D./AFP).- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha abierto por primera vez una investigación federal sobre abusos en la Iglesia, en este caso en las ocho diócesis de Pensilvania, requeriéndolas documentación secreta con el fin de saber si sus responsables cometieron crímenes federales tales como explotación sexual de menores, tráfico interestatal de niños, pornografía infantil o hasta crimen organizado.

La archidiócesis de Filadelfia confirmó el jueves en su sitio web que “recibió una citación de un gran jurado federal”. “Cooperaremos con el Departamento de Justicia estadounidense en este caso”, añadió sin dar mayores detalles.

La diócesis de Greensburg, en el oeste de Pensilvania, también confirmó que había recibido una citación que encontró “poco sorprendente” dado el “horrible” informe sobre el abuso en ese estado.

“Las víctimas, los feligreses y el público quieren tener pruebas de que cada diócesis ha tomado pasos amplios y decisivos para garantizar que los niños estén mejor protegidos”, señaló.

Las otras diócesis en el estado no hicieron comentarios de inmediato pero, según indicó The New York Times, todas confirmaron que habían recibido citaciones del sistema de justicia federal y aseguraron que cooperarán con la investigación.

El anuncio de la investigación federal se produjo después de que el fiscal de Pensilvania emitiera un informe condenatorio para las instituciones católicas del estado a mediados de agosto, que detallaba décadas de abusos que involucraban a más de 300 sacerdotes, más de 1.000 niños y muchos intentos de encubrimiento.

Siguiendo a la publicación de este informe, una docena de estados estadounidenses, incluyendo Nueva York y Nueva Jersey, con una gran población católica, se movilizaron para exigir rendición de cuentas de sus diócesis, convocándolos a comparecer, solicitando sus archivos y llamando a testigos.

Protesta contra los abusos en la Iglesia estadounidense

Pero la investigación anunciada el jueves es la primera iniciada a nivel federal y las víctimas esperan que finalmente arroje luz sobre las sospechas de maniobras de ocultamiento que pesan sobre la jerarquía católica.

“Es la primera vez que escuchamos sobre una investigación federal sobre las diócesis católicas y esta es una noticia monumental para las víctimas”, dijo Mike McDonnell, de 50 años, quien fue agredido sexualmente por sacerdotes de su parroquia desde los 11 a los 13 años en Pensilvania.

“Hemos estado esperando esto por años”, porque las investigaciones a nivel estatal “solo arañan la superficie” y no explican cómo o gracias a quién los sacerdotes acusados de abuso sexual en una parroquia fueron transferidos de iglesia a iglesia, añadió. “Creo que la investigación federal realmente señalará a la jerarquía de cada diócesis, los obligará a responder estas preguntas y a producir los documentos correspondientes”, señaló.

La cadena CBS dijo que los investigadores federales también habían convocado a una de las diócesis del estado de Nueva York, la de Buffalo.

Según apuntan fuentes familiarizadas con el caso, la investigación se centrará en particular en acusaciones de tráfico interestatal de menores por abuso sexual, así como de intercambio de pornografía infantil online, obstrucción de justicia, reasignación de curas pederastas y fraude. Ni la oficina del fiscal federal ni las diócesis afectadas confirmaron de inmediato esta información.

Pero de confirmarse, se podría indicar que la justicia federal no limita sus investigaciones a Pensilvania y está lista para expandirlas a otros estados. “Espero que ese sea el caso”, dijo McDonnell.

Fuente Religión Digital

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El Departamento de Justicia podría investigarla por crimen organizado a nivel nacional o internacional

Dicen de Jeffrey Lena que no es tan mala persona… a pesar de que intente de todo para exculpar a Roma

“Lena consiguió frenar la litigación utilizando tácticas como la defensa de la soberanía de la Santa Sede o la necesidad de traducir todos los documentos legales a latín, el idioma oficial de la Iglesia”

(Cameron Doody).- Nueva York, Nueva Jersey, Nebraska, Nuevo Mexico, Florida, Missouri, Illinois, Kentucky… son cada vez más los estados nortamericanos que han anunciado su intención de investigar a la Iglesia católica por los abusos sexuales. Pero… ¿y si el Departamento de Justicia investigara a la Iglesia a nivel nacional o internacional? ¿Y no “solo” por abusos o encubrimientos puntuales, sino como si se tratara de una organización diseñada para delinquir… incluso hasta en la Santa Sede? Ya hay quien especula con la posibilidad, pero hay dificultades. Sobre todo, las que pondría Jeffrey Lena, el abogado del Vaticano en los EEUU.

En este último escandalo de abusos que ha emanado del informe de horrores de Pensilvania, el fiscal general de este estado, Josh Shapiro, dio las primeras pistas de que una investigación a nivel nacional de la Iglesia podría materializarse pronto. “He hablado con un representante del Departamento de Justicia”, reconoció Shapiro en una entrevista con el New York Times. Aunque el letrado no quiso hacer más precisiones en aquel momento, es de suponer que compartió con el representante del ministerio la misma convicción que compartió con los medios nada más publicarse el informe del gran jurado. Que para encubrir los abusos cometidos por sacerdotes, los obispos “le mentían a los feligreses, le mentían a las fuerzas de la ley, le mentían al público, pero luego documentaban todo en archivos secretos que compartían frecuentemente con el Vaticano“.

Suponiendo, así pues, que los obispos mentían, y las autoridades vaticanas estaban al tanto de semejantes mentiras, tal y como alega Shapiro… ¿esta forma de actuar se puede considerar como crimen organizado, según la ley estadounidense? Difícilmente, según recuerda el periódico York Daily Record, principalmente porque la ley contiene una definición específica de qué constituye una “organización” exactamente que los jueces han interpretado como no pertinente a la Iglesia, además de una cláusula que especifica los delitos típicos de las mafias, entre los cuales no figura el de abuso sexual de menores.

Hay otras pegas también a una posible investigación federal de la Iglesia por actividad mafiosa, y las más importantes son las que ha puesto el abogado del Vaticano en los EEUU, Jeffrey Lena, cada vez que víctimas de abusos han intentado sostener en los tribunales que la Santa Sede es la última responsable de lo que han sufrido. Como cuando un hombre intentó demandar al Vaticano por haber transferido un cura que abusó de él desde Irlanda a Oregon, y Lena consiguió frenar la litigación utilizando tácticas como la defensa de la soberanía de la Santa Sede o la necesidad de traducir todos los documentos legales a latín, el idioma oficial de la Iglesia.

¿Quién es Jeffrey Lena?

Pero, ¿quién es este hombre que recurre a cualquier artimaña legal, o eso parece, para evitar que la cúpula eclesiástica reconozca su parte de la culpa por los abusos sexuales? A pesar de que Lena -californiano de nacimiento que ronda ahora los 60 años de edad- haya conseguido enfadar a muchas víctimas por sus astucias en los tribunales, los que mejor le conocen aseguran que no es tan mala persona.

En una entrevista con AP en 2010, por ejemplo, declaró que solo empezó a trabajar para la Santa Sede -en un caso en el que el ‘banco del Vaticano’ fue acusado de haber guardado tesoros confiscados por los nazis- cuando otros abogados se negaron a aceptar el trabajo, citando temores a que la publicidad de un caso relacionado con el Holocausto afectara a su reputación. En esa misma entrevista, Lena también explicó la razón de su defensa de la inmunidad de las autoridades vaticanas de ser procesados en otras jurisdicciones. Porque “el Papa no es un general de cinco estrellas que manda a sus tropas”. Porque “los obispos diocesanos no son agentes ni vicarios del Papa, para nada. La autoridad de un obispo deriva de su oficio. Es el obispo quien controla a su diócesis y a lo que pasa”.

En otra entrevista con el Washington Post, también en 2010, Lena explicó cómo había conseguido el trabajo con Roma, diciendo que se debió a sus “asociaciones académicas y profesionales” en Italia, país -concretamente, en Milán- donde estudió en los años 90. Aunque el letrado se negó a revelar quién fue exactamente el que le contrató, hay indicios de que fue el abogado del ya fallecido presidente de Fiat Gianni Agnelli –Franzo Grande Stevens– quien consiguió su contratación con el Vaticano.

Sea como fuere su llegada a las riendas de la defensa legal de la Santa Sede en Norteamérica -y a pesar de todo el poder del que ha disfrutado, llegando a actuar en ocasiones como un portavoz de Roma en los EEUU– Lena desprende una sencillez que recuerda a la del Papa Francisco, hombre con el que se aloja cada vez que viaja al Vaticano, en la Casa Santa Marta.

Dicen de él que no es el típico abogado agresivo y prepotente, tal como puede haber en los bufetes más exclusivos y poderosos. De hecho, trabaja desde una pequeña oficina con dos o tres compañeros como mucho. Y eso desde un lugar que prefiere no revelar, ya que ha llegado a recibir amenazas por su trabajo defendiendo a una organización que ha caído en los últimos años a mínimos históricos de credibilidad. Pero esta humildad tal vez sea una baza a la hora de intentar llegar a la verdad de lo que pasó en la Iglesia para que permitiera tantos abusos y encubrimientos. Aunque esta verdad no nos guste a ninguno.

Fuente Religión Digital

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El Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico ha asegurado que la reciente órden de la Corte Federal para el Distrito de San Juan por la que se prohibía la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo carece de validez frente al fallo de la Corte Suprema estadounidense

En junio de 2015, el Tribunal Supremo de EEUU invalidó las prohibiciones estatales que impedían la legalización del matrimonio igualitario a nivel federal, algo que vincula al gobierno de Puerto Rico a iniciar los procedimientos para reconocerlo.

No obstante, desde ese momento se han sucedido varios intentos desde el ámbito judicial de la isla caribeña para limitar los derechos matrimoniales de las parejas homosexuales, en virtud de las demandas de los sectores religiosos y ultrarreacionarios.

A principios de mes, el Gobernador del Estado Libre Asociado Alejandro García Padilla aseguró que el derecho estaba suficientemente garantizado a pesar de los citados intentos para mermar su reconocimiento. No obstante, tras la orden emitida por el juez federal Juan Pérez Giménez el Gobierno ha tenido que volver a garantizarlo de cara a la opinión pública.

El Secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, aclaró que los entre personas del mismo sexo continúan siendo válidos, a pesar del dictamen emimtido en el Distrito de San Juan. En sus propias palabras:

La orden de la Corte Federal para el Distrito de San Juan no altera la validez de los matrimonios contraídos en Puerto Rico entre parejas del mismo sexo y tampoco impide darle reconocimiento a aquellos matrimonios contraídos en otras jurisdicciones. La interpretación del DJ es que la decisión no altera el estado de derecho que se estableció en Puerto Rico cuando el Tribunal Supremo Federal decidió el caso de Obergefell v. Hodges en el que se reconoció, como asunto de derecho constitucional federal, que el derecho al matrimonio es un derecho fundamental y que por lo tanto, no se le puede negar ese derecho constitucional a las parejas del mismo sexo”

De esta manera, el derecho a la solicitud de licencias matrimoniales en el Departamento de Salud queda inalterado, ya que como declaró el gobernador García Padilla, el Gobierno del Estado asociado respetará las determinaciones de los tribunales de mayor jerarquía, que en este caso recaen en el Tribunal del Primer Circuito de Boston y la propia Corte Suprema estadounidense.

Fuente justicia.pr.gov / Redacción chueca

General, Historia LGTBI Alejandro García Padilla, César Miranda, Corte Suprema de EE.UU., Departamento de Justicia, Distrito de San Juan, Matrimonio igualitario, Obergefell v. Hodges, Primer Circuito de Boston, Puerto Rico