General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Defensoría LGBT, Delitos de Odio, Flavia Massenzio, Homofobia/Transfobia, Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo CABA, María Rachid, Yaco Jacobsen

Por Airam Fernández, desde Santiago de Chile

El jueves 17 de septiembre en la mañana, los bomberos recibieron el aviso de un incendio y llegaron a un edificio en la Avenida José Joaquín Prieto, en la comuna La Cisterna (Santiago de Chile). En el departamento 318 encontraron dos cuerpos calcinados. Eran Marcelo Cea y Jorge Ruiz, dos activistas gay de 44 y 31 años, que vivían con Valentina, su perrita poodle.

Tenían signos de haber recibido golpes y heridas causadas por un cuchillo, lo que indica participación de terceros. Informes preliminares de la Fiscalía descartan el incendio como el móvil determinante.

Presentes consultó a la Fiscalía Metropolitana Sur, que investiga el caso. Sobre las hipótesis que manejan en la comunidad LGBT, donde cobra fuerza la de un crimen de odio por orientación sexual, el organismo dijo: “No se descarta ninguna tesis”.

Miguel Palacios, fiscal asignado a la investigación, dijo a Presentes que instruyeron a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para que se evaluaran diligencias relativas a la recolección de evidencia y su respectivo análisis. Hasta el cierre de esta nota, los informes de autopsia del Servicio Médico Legal no estaban concluidos y la familia de las víctimas no había podido revisarlos. Tampoco los informes planimétricos y bioquímicos del sitio del suceso.

“Fue un crimen homofóbico” 

Patricio Rubio, amigo de Jorge, asumió la vocería y las diligencias legales para ayudar a la familia. Expresó a Presentes que la mayoría de la información todavía es confidencial, para no entorpecer la investigación. En la Fiscalía le dijeron que hasta el momento consideran dos variables de posible motivación del crimen: homofobia y robo. También le informaron que descartaron a varias personas consideradas en un principio como sospechosas y que los detectives siguen analizando las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del edificio.

Para Erick Salinas, amigo de Marcelo y encargado de la oficina de diversidad de la municipalidad de La Florida, donde trabajaron juntos, la tesis de un crimen de odio cobra fuerza por la forma en que todo ocurrió: a pura saña. Además de las puñaladas, a Marcelo le sacaron los ojos a golpes.

“Hay que esperar los resultados de las investigaciones. Pero cuesta creer que un simple robo pueda terminar así. Golpes, puñaladas y después prender fuego. Fue tan terrible lo que les hicieron, con tanto ensañamiento, que en el entierro no fue posible tener el cajón abierto. La cara de mi amigo estaba completamente desfigurada. Nadie merece morir así”, dijo a Presentes.

Trabajaban en la creación de una oficina de diversidad

Marcelo y Jorge vivían juntos hace aproximadamente nueve años. En febrero se mudaron a ese departamento que alquilaban en La Cisterna. Sus allegados dicen que fueron pareja durante un tiempo, pero hace ya más de cuatro años decidieron terminar la relación sentimental. Quedaron como amigos, compartiendo la vida con su mascota, además de gastos y trabajo en el mundo del activismo.

Ese jueves, Valentina cumplía años y estaban preparando todo para celebrarla, dijo a Presentes la dueña del departamento, quien pidió el resguardo de su identidad. Además de sus inquilinos, también eran amigos: “Eran excelentes personas, nunca tuvieron problemas con nadie. La perrita era el amor de la vida de ambos, era como su hija”. Valentina tuvo algunas quemaduras, pero sobrevivió al ataque.

Jorge trabajaba como cajero en el supermercado Líder de Puente Alto. Marcelo tenía cáncer y por eso estaba jubilado, pero seguía moviéndose en el mundo del activismo. Juntos trabajaban en la creación de una oficina de la diversidad para la comuna de Puente Alto y en el proceso le ayudaban su amigo Erick Salinas y Sandra Gómez, directora ejecutiva de Alma Libre, una fundación que trabaja con infancias trans.

Mauricio, hermano de Marcelo, dijo a Presentes que también estaba dedicado a cuidar a su madre y a velar por su salud, mientras trabajaba como voluntario en el Hospital Sótero del Río. Ahí conoció a Erick, asistiendo a personas que viven con VIH.

Violencias por prejuicio en septiembre

Poco antes del crimen de Marcelo y Jorge, se documentaron varios ataques y discriminaciones a integrantes de la comunidad LGBT en Chile.

-El 11 de septiembre de 2020, los guardias de un supermercado agredieron e insultaron a una pareja gay por su orientación sexual.

-El 20 de septiembre, un joven gay fue atacado por cinco personas y quedó con heridas graves en su rostro.

-El 21, una pareja de lesbianas de Talca denunció en redes sociales que un vecino las hostigaba y que por eso, la dueña del departamento que alquilaban les pidió el desalojo.

Actualmente, distintas organizaciones de la sociedad civil impulsan una red de trabajo colaborativo para reformar la Ley Antidiscriminación (20.609), también conocida como Ley Zamudio. Buscan generar una ley más acorde a las necesidades de la comunidad LGBT, ante una serie de violencias por prejuicios que aumentan.

Erick, que ha participado en varias mesas de trabajo en este contexto, espera que las modificaciones que se hagan garanticen “que las personas que cometan crímenes de odio no tengan beneficios de ningún tipo”. También espera “un compromiso real” por parte de las autoridades para hacer cumplir la ley, que esto ayude a hacer justicia por el asesinato de su amigo y que estos temas se discutan y se enseñen en los colegios: “Sólo así se podrá cambiar a las generaciones que vienen y evitaremos que sigan ocurriendo estos terribles episodios de violencia como los que vimos en las últimas semanas”.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Comuna La Cisterna, Delitos de Odio, Erick Salinas, Homofobia/Transfobia, Jorge Ruiz, Marcelo Cea, Santiago de Chile

El joven fue atado a un palo y recibió golpes de corriente, en una casa okupa de Estación Central,

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentó una querella contra los  seis neonazis que el pasado 5 de junio secuestraron y torturaron en razón de su orientación sexual al joven Francisco Aranda (29). La acción legal fue hoy declarada admisible por el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago.

La querella criminal, patrocinada por la abogada del Movilh, Mónica Arias, precisa que la tortura que tuvo lugar en una casa Okupa, ubicada en Estación Central, donde se configuró el delito de secuestro con lesiones graves, siendo además aplicable el agravante de la Ley Zamudio, toda vez que los atropellos se originaron luego de descubrirse que el joven era bisexual.

Entre otras diligencias, el Movilh solicitó que la Policía de Investigaciones “pericie todos los dispositivos electrónicos de propiedad de los querellados”, que se “encargue a Carabineros de Chile el empadronamiento de testigos” y que se “practique una pericia de las lesiones sufridas por la víctima”.

La querella fue presentada contra Ángelo Sánchez, Betzabet Soto, Rodrigo González, José Rodríguez, Priscila Romo y el menor de edad, A.I.G.S.

Entre los abusos, los agresores desnudaron, golpearon y amarraron  a un palo a la víctima, todo en medio de  golpes de corriente y de amenazas de que sería violado.

La víctima resultó con fractura de mandíbula, donde recibió un puntapié  con un bototo de seguridad, y con hematomas en distintas partes del cuerpo.

“Este es un hecho gravísimo, de violencia extrema, que no queremos vuelva a  ocurrir nunca más en este país. Esperamos y exigimos la máxima pena posible, así como una mayor preocupación del Estado en torno a grupos neonazis que suelen actuar con total impunidad y de manera cotidiana”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Ángelo Sánchez, Betzabet Soto, Chile, Delitos de Odio, Francisco Aranda, Homofobia/Transfobia, José Rodríguez, La Rapada, Legión 38, Mónica Arias, MOVILH, Neonazis, Óscar Rementería, Priscila Romo, Rodrigo González, Tortura

Una mujer transexual ha sido asesinada a tiros por su hermano de 13 años en el último episodio de violencia contra la comunidad transexual en el Pakistán.

El oficial de la policía local Muhammad Fahim dijo que la mujer fue asesinada el 10 de septiembre en Swabi, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa en el noroeste de Pakistán. Según Fahim, ella regresaba de actuar en una fiesta de baile en Rawalpindi, una ciudad al sur de Islamabad, cuando su hermano, Muhammad Hammad, abrió fuego y la mató.

Hammad ha sido arrestado y está siendo detenido por la policía, que ha sido informada diciendo tanto que Hammad afirmó que había matado a su hermana porque estaba enojado con ella por actuar en fiestas, como que “el incidente no fue un asesinato selectivo”. El cuerpo de la víctima ha sido llevado al Complejo Médico Bacha Khan, Shahmansoor y habrá una autopsia. La policía ha prometido una investigación completa de su muerte y ha ofrecido garantías de seguridad a otras mujeres trans de la región.

Pakistán reconoce el “tercer género”, pero las personas transgénero se enfrentan a una violencia generalizada. En Pakistán, las personas transgénero están reconocidas legalmente como un tercer género, pero se enfrentan a la violencia, el abuso y la discriminación generalizados. El sexo gay y la actividad homosexual son ilegales según la legislación pakistaní. A principios de este año, el gobierno ofreció a las personas trans el acceso a un plan de seguro médico gubernamental existente, que se introdujo en 2015 para proporcionar tarjetas de salud a quienes ganan menos de 2 dólares al día, aunque las personas trans no se enfrentarán a esa prueba financiera.

Pero ha habido un aumento de la violencia contra la comunidad trans en los últimos meses, con otro incidente en el noroeste de Pakistán en la misma semana en que la bailarina fue asesinada por su hermano. Gul Panra, un activista trans, fue asesinado a tiros en la ciudad noroeste de Peshawar el 9 de septiembre.

Murió a causa de sus heridas tras recibir seis disparos a quemarropa, mientras que otra mujer trans, Chahat, resultó gravemente herida en el incidente, según TransAction Pakistan, un grupo que defiende los derechos de las personas trans en el país.

La Asociación de Transexuales del Pakistán ( Pakistan Transgender Community Network) dijo que 73 miembros de la comunidad transexual habían sido asesinados en la región de Khyber Pakhtunkhwa desde 2015, y que cientos de otros en diferentes regiones habían sido asesinados o víctimas de la violencia.

Fuente Pink News

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, Islam, Muhammad Hammad, Pakistán, Pakistan’s Transgender Association, Personas trans

Como ya publicamos el pasado 28 de agosto, el sacerdote alicantino Francesc Xavier Catalá aprovechó una homilía celebrada el pasado día 23 de agosto en una iglesia de Cantillana (Sevilla) para lanzar un mensaje completamente tránsfobo y homófobo, calificando de «aberración» y «colmo del absurdo» la transexualidad, y refiriéndose a los gais como seres «depravados y viciosos». A raíz de estas incendiarias declaraciones públicas, las redes sociales ardieron y la Asociacion de Transexuales de Andalucia-Sylvia Rivera (ATA) ha pedido la intervención de la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía, con la intención de que el susodicho cura sea imputado por presunto delito de odio.

El pasado mes de agosto, el sacerdote Francesc Xavier Catalá fue invitado a oficiar la homilía durante la novena en honor a la Virgen de la Asunción, de Cantillana, (Sevilla). Lo triste es que el cura alicantino aprovechó ese acto para lanzar un mensaje completamente tránsfobo y homófobo. «El ser humano es la medida de todas las cosas. El ser humano es Dios, porque es capaz de hacerse a sí mismo. Es capaz de ser lo que quiera. Y ahí vienen todas las aberraciones: que uno nace hombre pero puede ser mujer, o que uno nace mujer pero puede ser hombre. Yo ahora soy hombre, pero mañana por la  mañana me levanto y digo ‘Ahora se me ha ocurrido otra cosa, porque yo me construyo a mí mismo’, y es el colmo de lo absurdo. ¿Por qué? Porque no está Dios como referencia», llegó a comentar delante de sus fieles. Asimismo, se refirió también a los homosexuales como seres «depravados y viciosos».

A raíz de estas incendiarias declaraciones públicas, la Asociacion de Transexuales de Andalucia-Sylvia Rivera (ATA) hizo público un comunicado condenando esa actuación: «Desde el púlpito y en el transcurso de su homilía, atentó contra las personas trans y homosexuales en una controvertida prédica que fue agradecida por el hermano mayor de la Hermandad de la Asunción de Cantillana, Manuel Pérez […]. Este discurso de odio hacia las personas trans y homosexuales fue proferido desde la cuna del pintor José Perez Ocaña, personaje ilustre por su obra y por su visibilidad como gay en los oscuros tiempos de la dictadura».

Asimismo, la activista Mar Cambrollé ha apuntado en el mismo comunicado que «Desde la Asociación Trans de Andalucía, condenamos este vil acto y exigimos que, en cumplimiento de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía le aplique el régimen sancionador previsto en la misma, sin menoscabo de ser imputado por presunto delito de odio».

El revuelo que las palabras de fray Francesc Xavier Catalá originaron en las redes sociales llevó a que la Hermandad de la Asunción de Cantillana acabara eliminando el vídeo que pululaba por Internet, argumentando que el fragmento estaba descontextualizado. «El sermón del sacerdote fue posteriormente alabado por el hermano mayor de la hermandad Manuel Pérez, lo cual ha creado controversia en redes sociales censurando las palabras de Francesc, el cual pertenece al Real Convento de Padres Dominicos del Patriarca Santo domingo de Guzmán, de Jerez», apuntan desde la asociación LGTBI Libérate. Mucha LGTBIfobia por erradicar aún…

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Andalucía, ATA, Cantillana, Delitos de Odio, Francesc Xavier Catalá, Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, LGTBIfobia, Mar Cambrollé, Sevilla, Transexualidad, Transfobia

Por Paula Rosales, desde San Salvador

Organizaciones LGBTI de El Salvador condenaron el asesinato de Katherine Rosmery Duvall, una mujer trans cuyo crimen no ha sido esclarecido por las autoridades. Informes preliminares de la fiscalía señalan que Katherine fue asesinada a balazos la noche del 3 de septiembre en la populosa residencial Altavista, municipio de Ilopango, 14 kilómetros al este de la capital. Pero hasta hoy no se ha podido reconstruir qué pasó. Las instituciones del Estado tampoco dieron mayores detalles sobre el hecho o capturas de los responsables.

Katherine se dedicaba a la lectura del tarot, y lo último que se supo de ella fue que se preparaba para la celebración de su natalicio. “Ya casi cumplo años, mis amores”, escribió el 3 de septiembre en su cuenta de Facebook.

La directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH), Mónica Linares, comentó a Presentes que hace dos años Duvall había puesto una denuncia por acoso de la policía.

“Katherine era acosada por la policía. La policía era la que le ponía renta (extorsión), llegaba a la casa de ella y la extorsionaba, llevándose televisores y cosas así. Y amenazándola con que si no se las daba, le iban a imponer cargos y se la iban a llevar presa”, dijo Linares.

Presentes solicitó información oficial sobre la muerte de Katherine a la Policía Nacional Civil, pero la institución no respondió.

“Exigimos a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil, realicen las investigaciones pertinentes para traer justicia en este nuevo crimen cometido hacia nuestra comunidad, pedimos al gobierno garantice la seguridad de nuestras compañeras. ¡Las mujeres trans, no están seguras! ¡Exigimos justicia!” expresó a través de un comunicado la organización salvadoreña AMATE. Desde HT también condenaron el asesinato “pidiendo al universo brinde fortaleza a sus familiares y amigos y a la vez exigimos a las autoridades correspondientes realizar una exhaustiva investigación y que el peso de la ley caiga sobre quienes acabaron con su vida”.

Trans violentadas por el Estado en El Salvador

El informe “Basta de genocidio trans”, presentado en 2019 por ASPIDH y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS) da cuenta de cómo en El Salvador las mujeres trans son violentadas por instituciones del Estado. De acuerdo al estudio, mujeres trans reportaron que sufrieron algún tipo de discriminación y acoso de parte de instituciones estatales: el 46% en los hospitales, un 36% en la Policía, un 6% en la Fuerza Armada y alcaldías, y un 3% en las universidades.

“Exigimos a la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, realicen las investigaciones pertinentes para traer justicia en este nuevo crimen cometido hacia nuestra comunidad, pedimos al gobierno garantice la seguridad de nuestras compañeras”, expresó la organización Amate.

Esta es la segunda muerte de una mujer trans en El Salvador en lo que va de 2020. En enero fue asesinada Briyit Michelle Alas en el municipio de Ciudad Delgado.

El Congreso de El Salvador reformó en 2015 el Código Penal para tipificar los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, hasta la fecha todos los casos continúan impunes.

Únicamente tres de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz  cuyo asesinato fue condenado por primera vez por la Justicia de El salvador como un transfemicidio, Anahy Miranda y Tita Andrade.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH, Delitos de Odio, El Salvador, Homofobia/Transfobia, Katherine Rosmery Duvall, Mónica Linares, Personas trans

Por Rosario Marina

Fotos:Legüera/Archivo Presentes

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, 69 personas LGBTIQ+ fueron atacadas, asesinadas, o sufrieron abandono por parte del Estado. Fueron 69 crímenes de odio, uno más que lo registrado el año pasado, pero con un problema adicional: los efectos de la pandemia de Covid-19, especialmente crueles en las mujeres trans.

“Hay compañeras que han muerto de Covid y están en las morgues de los hospitales porque nadie las retira, algunas no tienen documentación, algunas son migrantes. Nos llaman del Muñiz y otros hospitales de CABA para ver si las conocemos”, denunció Marcela Romero, presidenta de ATTTA.

Los datos son del informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, creado por la Defensoría LGBT del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación. La información que publican provienen de los medios masivos de comunicación, y de lo recolectado por la Defensoría LGBT a través de denuncias recibidas, de redes sociales y contactos telefónicos. También hay datos que aporta el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC) perteneciente a la RED LACTRANS.

Muertes por ausencia del Estado

Al igual que el año pasado, las más afectadas por los crímenes de odio son las personas trans: el 78% de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros); en segundo lugar con el 16% se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar con el 4% de los casos le siguen las lesbianas; y por último con el 2% los varones trans.

De los 69 crímenes de odio registrados, 32 fueron asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal; y 37 son ataques, violencia física que no terminó en muerte.

Del total de lesiones al derecho a la vida, el 19% de los casos son asesinatos; el 6% suicidios; y el 75% restante son casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal.

Las más afectadas: mujeres trans y travestis

Las travestis y mujeres trans siguen siendo las que se ven más afectadas por los crímenes de odio. En el primer semestre de 2020 hubo 6 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual -3 fueron dirigidos a mujeres trans y 3 a varones gay cis-; 2 suicidios -de mujeres trans-; y 24 muertes por abandono y/o ausencia estatal – todas ellas fueron de mujeres trans-.

“La cantidad de casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal es imprecisa y sin dudas significativamente muchísimo menor al número real, ya que estos no figuran en los medios y solo es posible acceder a ellos a través de la denuncia directa de familiares de las víctimas y mayormente a la información aportada por otras mujeres trans”, indica el informe.

Una de las que sufrió ese abandono por parte del Estado fue Katalina Martínez Yancha, una mujer trans ecuatoriana privada de su libertad en Argentina. A principio de este año se encontraba en la Unidad penitenciaria N°32 de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, cuando comenzó a sentir dolores en el cuerpo. Le siguieron otros síntomas como dificultad para respirar, fiebre y falta de apetito.

A pesar de que todos estos padecimientos se condecían con el diagnóstico de tuberculosis (TBC) -.enfermedad muy frecuente en los penales bonaerenses- los médicos que la revisaron afirmaron que se trataba de problemas psicológicos, y la mandaron una y otra vez de regreso a su celda. Según el comunicado publicado por Aramis, abogadx y activista y Naomi Lozano, prima de Katalina, “al momento de atenderla no revisaron su capacidad respiratoria y quien la atendió le dijo que no podía recetarle ‘ni un ibuprofeno porque no era doctor’.”

De todas las lesiones al derecho a la vida relevadas en el informe, el 91% fueron dirigidas a mujeres trans. “Estos alarmantes números muestran cómo la violencia hacia la comunidad LGBT está particularmente dirigida: es en las mujeres trans en quienes se manifiesta con especial odio, saña y de manera más brutal la discriminación en su máxima expresión, que termina con sus vidas”, advierten desde el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT.

“La mayoría de las muertes de las personas trans, no sólo los travesticidios o transfemicidios, son crímenes de odio porque son el resultado de un abandono estructural del Estado. No es actual ni coyuntural, sino que tiene que ver con décadas de explotación, exclusión, marginación, violencia y dicriminación hacia las personas trans”, explicó a Presentes María Rachid, Titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo CABA.

¿Quiénes lxs matan?

En el 51% los crímenes de odio son cometidos por personas; el 49% son llevados a cabo por el Estado y dentro de este porcentaje el 13% es perpetrado específicamente por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal, configurando todos ellos casos de violencia institucional

El informe explica que existe un subregistro muy grande de estos casos de violencia institucional, porque no suelen atreverse a denunciar por miedo a reprimendas, por necesidad de seguir trabajando en la zona de los hechos y hasta en algunos casos por naturalización de las situaciones discriminatorias.

“Hay lugares en que la pandemia lo que hizo también es recrudecer la violencia. La policía salió a cazarnos. Cada vez que ven una mujer trans le piden documento, las violentan, las insultan. Siempre hay mucha amenaza de que te van a hacer un acta”, explicó a Presentes Marcela Romero, presidenta de ATTTA.

Un joven gay de 27 años denunció que el 1 de mayo fue golpeado y agredido por agentes homoodiantes de Infantería y por policías de la comisaría sexta de Río Gallegos (provincia de Santa Cruz). Contó que mientras estuvo alrededor de seis horas detenido, en el contexto de la pandemia, le quebraron un maxilar, le fisuraron las costillas y le dejaron hematomas en todo el cuerpo, burlándose de su orientación sexual. La denuncia está en el juzgado de instrucción número 1 a cargo de la jueza Marcela Quintana.

En los casos en que los agresores no son policías o funcionarios, la mayoría son son vecinos/as o personas conocidas por ellas. Luego, en segundo lugar, quienes atacan son  personas desconocidas por las víctimas y en tercer y cuarto lugar están: la pareja, noviazgo, ex pareja o ex novio/a, y clientes del trabajo sexual. También los/as victimarios/as pueden ser familiares. Sólo en el 17% de los casos totales no se registran datos de la vinculación víctima-victimario/a.

Atacadxs y asesinadxs en cuarentena

Karly Sasha Chinina Palomino, una joven trans de 33 años, fue asesinada en la madrugada del 5 de marzo en Ciudadela, provincia de Buenos Aires. Era oriunda de Perú, vivía en la Ciudad de Buenos Aires y sobrevivía ofreciendo servicios sexuales, como muchas personas del colectivo travesti-trans afectadas por la violencia estructural.

La Fiscalía número 5 de San Martín intervino en la escena del crimen a partir del llamado del 911. El cuerpo de Karly yacía en avenida Rivadavia y Granaderos, ahí donde la avenida corre paralela a las vías del tren y hay un paso a nivel.

En abril, Ana Lucía Lola Soraire, una trans de 39 años que vive en Merlo (provincia de Buenos Aires), denunció que mientras cumplía la cuarentena por el Covid19 fue víctima de un ataque de odio en su casa, y que intentaron matarla. Según contó a Presentes Karla Benítez, una compañera trans que la acompañó en los últimos días, el 6 de abril un grupo de conocidos atacó a Lola -como la conocen- en la puerta de su vivienda con una masa, cadenas y piedras hasta dejarla inconsciente. Karla denuncia también que hace tiempo a Lola la estaban amenazando por redes sociales.

Gabriela Alejandra Homann Ayala es una sobreviviente en el sentido más cabal, porque a los 40 superó el promedio de vida para travestis y trans en América Latina (35 años) sino también, hace pocos días, sobrevivió un intento de travesticidio en su propia casa en Grand Bourg (provincia de Buenos Aires). Fue en la madrugada del 13 de abril, cuando un hombre que la había contactado por servicios sexuales en plena cuarentena por Covid-19, la apuñaló varias veces en el cuello, la nuca y las manos. Después atacó a un joven gay que vive en otra habitación en el fondo del terreno y huyó.

El sábado 25 de abril al atardecer, Tamara Denise Morales –una mujer trans de 36 años– fue trasladada en ambulancia desde la casa de Villa de Mayo, donde vive con su familia, a la guardia del hospital Malvinas Argentinas. Se sentía muy mal, e iban a practicarle diversos exámenes, incluido un testeo de coronavirus, contaron sus allegadxs. Estuvo en el hospital entre las 20 y las 3 de la madrugada, cuando –según dio a conocer el hospital–, pidió el alta voluntaria y se fue. Su familia y amigas no supieron más de ella y el domingo pidieron desesperadamente en las redes que si alguien la había visto se comunicara con ellxs. Finalmente la policía la encontró muerta.

En Reconquista – una las ciudades más importantes del norte de Santa Fe- y donde por estos días proliferan las marchas contra la expropiación de Vicentín, asesinaron el sábado 13 de junio a Roberto Monje, de 40 años, activo militante gay de esa localidad. Trabajaba en un comercio céntrico, por eso era conocido por la mayor parte de la ciudadanía reconquistense.

El cuerpo sin vida estaba en el baño de su casa, con decenas de heridas de arma blanca, la mayoría en la zona del cuello. Algunos puntazos en sus manos indican que intentó defenderse. En base a las imágenes que captaron cámaras de seguridad cercanas a ese domicilio, en la calle Ludueña al 1020, el supuesto asesino llegó a la casa de Roberto en bicicleta, el viernes alrededor de las 20, y se retiró del lugar 11 horas después.

Los efectos de la pandemia: violencia e intentos de desalojo

“Se deja constancia de la gran preocupación de este observatorio por la diversidad sexual en el actual contexto de pandemia, y en particular la especial y delicada situación que están atravesando las personas trans. Miles de mujeres trans en nuestro país se encuentran inmersas en una crisis económica-habitacional, producto de la pandemia. Según la Encuesta Nacional de Alquileres del Mes de Mayo, el 85 % de ellas no pudo pagar el alquiler y el 57 % se quedó sin ingresos económicos”, explica el informe.

Aunque el gobierno nacional haya decidido suspender los desalojos de inquilinos/as por falta de pago, y aunque el decreto presidencial incluye a hoteles y pensiones, la mayoría de las travestis y trans que habitan en esos sitios y que pagan diariamente y sin mediar contrato alguno, quedaron expuestas a extorsiones y amenazas por parte de los/as

propietarios/as que incumplen el decreto. Según el informe, se reportaron cientos de casos donde estos/as las arrojaron a las calles por no poder continuar abonando. Uno de los casos más conocidos fue el del barrio porteño de Balvanera, el dueño del Hotel Saavedra amenazó con desalojar a ocho travestis que vivían allí.

Las cárceles en pandemia

En abril, a pocos días de decretarse la cuarentena obligatoria, en la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica, provincia de Buenos Aires, las trans y travestis privadas de su libertad se dedican a fabricar barbijos para el personal de la penitenciaria a cambio de unas horas de sol en el patio.

Esta es una de las tantas vulnerabilidades a las que la población trans en situación de encierro se ve expuesta ante la crisis del Covid-19. De por sí, y según datos arrojados por un informe realizado por Otrans en 2019, el 82% de las personas travestis y trans entrevistadas no tenía antecedentes previo a su condena. La mayoría de las mujeres trans privadas de su libertad son migrantes (principalmente de Perú y Ecuador), con un porcentaje cada vez mayor sostenido, en gran parte, por detenciones arbitrarias. En este contexto, el 73% de las travestis y trans en cárceles bonaerenses padece algún tipo de enfermedad.

Un mes después, a principios de mayo, en los pabellones LGBTI+ de distintos complejos penitenciarios ya denunciaban la falta de insumos para hacer frente a la pandemia. Un informe del RESET dio cuenta de la discriminación y los riesgos propios que enfrenta esta población.

En el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, Emiliano Santa Cruz (34 años) pasa sus días junto a 21 chicos gays en el Pabellón A, destinado a la población carcelaria LGBTI+. “Durante todo el fin de semana estuvimos sin señal de cable y de teléfono, y se presta a confusión. Creímos que querían desinformarnos sobre lo que está pasando con nuestros compañeros de Devoto”, contó a Presentes.

Ya el 30 de marzo se notaba: la cuarentena por el coronavirus había destapado la olla de la violencia estructural. La primera semana de aislamiento preventivo obligatorio en Argentina dejó en evidencia, entre otras cosas, la emergencia habitacional y las condiciones precarias de vida de la población de personas travesti y trans. La mayoría de ellas se dedica al trabajo sexual y a partir de estas nuevas normativas por la pandemia de coronavirus no han podido generar recursos para la subsistencia. Esto se tradujo en muchos casos en no poder pagar las piezas que alquilaban y ser amenazadas de desalojo o, como ocurrió en Córdoba, ser echadas a la calle con violencia en plena cuarentena por la pandemia.

“El Covid desnudó no solamente la falta de políticas, sino la carencia y el incumplimiento de los derechos humanos de las personas trans en Argentina”, apuntó Marcela Romero.

Agencia Presentes informa de que Todos nuestros contenidos son de acceso libre. Para seguir haciendo un periodismo independiente, inclusivo y riguroso necesitamos tu ayuda.  Podés colaborar aquí.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, María Rachid

Por Verónica Ferrari

El 4 de setiembre, en la madrugada, fue asesinada en Lima Gabriela Cruz Pimentel, mujer trans de 46 años que trabajaba como fotocopista en un local aledaño a la Universidad de San Marcos y en sus tiempos libres vendía cosméticos.

Vivía sola en una habitación del distrito de San Miguel y mantenía una comunicación fluida con sus dos hermanas. Como había faltado al trabajo, una de sus hermanas fue al lugar donde vivía. Pese a la negativa de la administradora del edificio, pudo subir hacia su habitación. Con la ayuda de un vecino pudieron abrir la puerta y encontraron el cadáver. Gabriela se encontraba echada con las muñecas atadas a la espalda con un cable y una tela en la boca. Los peritos señalan que habría muerto por asfixia mecánica por ahorcamiento. 

Presentes conversó con Sandra, la hermana de Gabriela, quien contó que ella era una persona responsable y trabajadora, pero que vivía mucha violencia en su cotidianidad: “Ella recibía mucha burla, mucha discriminación de los varones, las mujeres se ponían celosas, la miraban mal”, como suele suceder con las mujeres trans debido a los prejuicios y estereotipos de la sociedad.

Luego de retirar el cadáver de la morgue al día siguiente y realizar el velorio, con todas las dificultades que implica el contexto de pandemia en estos momentos, en donde las funerarias no se dan abasto y cobran altas cifras para atender a los deudos, las hermanas han estado pendientes en la comisaría de San Miguel, para que el principal sospechoso sea detenido y dé sus declaraciones: Marty Alan Cerna Abregu.

Las investigaciones están a cargo del Fiscal Ríos de la Décima Fiscalía, quien deberá actuar por oficio. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también está al tanto del caso.

Crímenes de odio en el Perú

Conversamos con Leyla Huerta, directora de Féminas, y amiga de Gabriela desde hace más de 20 años, quien estuvo en la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) acompañando a la familia para esclarecer el transfeminicidio.

Ella señaló el papel de la prensa al momento de informar sobre asesinatos de mujeres trans: “Cuando la prensa saca las noticias y las trata como si fueran hombres hace que la sociedad no entienda que los asesinatos de mujeres trans son feminicidios, se pierde esa posibilidad”.

Debido a ello, el Ministerio de la Mujer lanzó un comunicado el 6 de setiembre en donde exhorta a la prensa “a que se deje de presentar los crímenes contra las personas LGTBI+ como sucesos policiales o situaciones aisladas, porque se oculta la discriminación y el abuso de poder que se comete contra ellas a diario. Además, so obstaculiza el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans tal como la sienten, viven y expresan. Desterrar las expresiones como ‘hombre vestido de mujer’ y llamarlas por su nombre social es un acto de respeto y reivindicación a su derecho a la identidad”.

Así también, Huerta incide en la necesidad de analizar los contextos en los cuales las mujeres trans son asesinadas: “Se deben estudiar los otros feminicidios porque implican extorsión, chantaje y/o relaciones machistas violentas que terminan incidiendo en la vulnerabilidad de las mujeres trans y su alto riesgo de ser asesinadas”.

El Observatorio de Derechos Humanos LGBT registró en 2019, 20 crímenes de odio contra por orientación sexual e identidad de género en el Perú, cuatro de estos crímenes contra mujeres trans, cifra que se mantiene constante año tras año, en un contexto en el que las personas trans no tienen una ley que reconozca su identidad, por lo que se ven doblemente vulneradas: por la sociedad y por el Estado peruano.

En 2020 se han registrado cuatro transfeminicidios, considerados crímenes de odio por la forma cruenta de la muerte en donde hubo planificación, tortura e intento de desaparición de la víctima por su orientación sexual/identidad/expresión de género, como feminicidio por ser un asesinato en donde se hace visible la violencia estructural que sufren las mujeres, y un transfeminicidio por la triple vulnerabilidad que atraviesan las mujeres trans en sociedades transfóbicas que les niegan sus derechos.

Las víctimas fueron Angie Mimbela del Águila (28), degollada el 9 de febrero mientras transitaba por las calles del distrito de Villa El Salvador (Lima), su crimen no ha sido resuelto; Cristal Romero Mattos (52), golpeada y acuchillada el 11 de julio en la ciudad de El Porvenir (Trujillo); y Brenda Venegas Ayquipa (52), ahorcada el 1 de agosto en el distrito de San Juan de Lurigancho (Lima) por Ivan Alexander Timaná Ángel (23), quien era su pareja y la extorsionaba; y la última, Gabriela Cruz.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Delitos de Odio, Gabriela Cruz Pimentel, Lima, Personas trans, Perú

(Departamento de Policía de St Louis y Rehab Saint Louis / Facebook)

Sorprendentemente, el motivo del crimen de Freddie Doyle no se discutió en la corte.

Un hombre que se presentó a un bar LGBT + con un rifle con la intención de disparar a los clientes dentro cumplirá menos de cuatro años de prisión, pero no fue condenado por un crimen de odio.

Freddie Lee Doyle, de 32 años, se declaró anteriormente culpable de posesión ilegal de un arma de fuego y ha estado detenido sin derecho a fianza durante aproximadamente 14 meses.

Según Metro Weekly, , Doyle condujo hasta Rehab Bar & Grill en St Louis, Missouri el 27 de junio de 2019, equipado con un rifle estilo Bushmaster AR-15, bípode, mira telescópica, luz táctica, cuatro cargadores de rifle completos y aproximadamente 160 rondas de rifle. .

Cuando llegó en su automóvil, se acercó a un hombre que salía de otro lugar LGBT +. Doyle le pidió que subiera al vehículo, antes de agarrar un rifle y apuntarlo.

Cuando el hombre huyó, Doyle salió del auto y lo persiguió, apuntando con el rifle a los clientes de Rehab y gritando obscenidades e insultos homofóbicos. Luego comenzó una cuenta regresiva verbal antes de disparar el arma al aire.

La fiscal federal adjunta, Janea Lamar, dijo que la policía se apresuró al lugar después de escuchar el disparo, pero Doyle escondió su arma y les dijo que el tirador había corrido por un callejón, según el St. Louis Post-Dispatch.

La policía descubrió el rifle poco tiempo después y arrestó a Doyle. Cuando las víctimas del intento de tiroteo llegaron a identificarlo, comenzó a gritar insultos homofóbicos nuevamente.

En los documentos de la acusación, la agente especial del FBI Jennifer Drews escribió que Doyle dijo que si hubiera tenido más tiempo, “habría matado a esos maricones”.

Stephen Williams, en defensa, dijo que había estado bajo la influencia de la metanfetamina y había luchado contra la depresión, la ansiedad y el TDAH.

El juez principal Rodney Sippel, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Missouri, condenó a Doyle a 46 meses de prisión, menos de cuatro años.

Sorprendentemente, el motivo del crimen de Doyle no se discutió en el tribunal y los medios de comunicación lo informaron como “poco claro”, sin embargo, los fiscales acordaron no acusarlo de un crimen de odio a cambio de su anterior declaración de culpabilidad.

El asistente del fiscal general Eric Dreiband, de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, dijo en un comunicado después de la sentencia: “Todas las personas en esta nación tienen derecho a divertirse en un bar y parrilla sin temor a ser amenazadas, fusiladas, y gravemente herido o asesinado por criminales intolerantes. El Departamento de Justicia no tolerará este tipo de violencia odiosa. La División de Derechos Civiles se esfuerza por proteger a todos los estadounidenses de actos de agresión y violencia basados en su raza, color u orientación sexual”.

Fuente Pink News

General, Homofobia/ Transfobia. Bar LGBT, Delitos de Odio, Freddie Doyle, Homofobia/Transfobia, Metanfetamina, Missouri, Rehab Saint Louis, Saint Louis

Protesta por unataque anterior

Según la  víctima, un hombre se le acercó y le amenazó de muerte mientras le agarraba por el cuello diciéndole que “debía de estar muerto”

General, Homofobia/ Transfobia. Agresión, Alma Alfonso, Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, Plaza de Chueca

Por Pilar Salazar, desde Ciudad de Guatemala

Ángel Antonio Medina fue asesinado la noche del 19 de agosto, tenía 29 años y era originario del barrio San Pablo, municipio de San Pedro Pinula en el Departamento de Jalapa (ubicado a 96 kilómetros de la ciudad de Guatemala). Su cuerpo fue hallado en el mismo municipio, a las 10 de la noche. Yacía sobre su motocicleta en la orilla de la carretera, con varios impactos de bala que le provocaron la muerte.

Ángel, líder de diversidad

Ángel era empleado de la municipalidad de San Pedro Pinula y tenía a su cargo llevar ayuda humanitaria a personas de escasos recursos. También era voluntario de la organización Diversidad Jalapaneca, según contaron para este medio desde la dirección de la organización. Ángel no había recibido amenazas de muerte antes y en la escena del crimen no faltaba ninguna de sus pertenencias, por lo que se presume fue un ataque directo.

Ángel era un joven gay líder en su comunidad y representaba a la organización en otros municipios de Jalapa, relata Cristian Hernández, el director de Diversidad Jalapaneca. Este año se registraron dos denuncias en ese municipio, fueron por acoso cibernético pero no tuvieron seguimiento. “Aún la moralidad y el machismo no le permiten andar con libertad a muchas personas LGBTI, por lo que en su mayoría no rebelan su orientación sexual. A través de charlas cara a cara hemos tenido acercamiento a muchas personas que temen ser discriminadas”.

Organizaciones LGBTIQ+ exigen Justicia

La Red Nacional de la Diversidad y el Observatorio por Muertes Violentas pidió Justicia por medio de un comunicado: “Exigimos a las autoridades responsables de seguridad y justicia que cumplan con los procedimientos de rigor para esclarecer el hecho y capturar y sancionar a los responsables. Seguimos… ¡Hasta que la igualdad sea costumbre!”.

Entre enero y agosto hubo al menos 12 crímenes de odio en Guatemala: 9 han sido durante la contingencia de la pandemia por Covid-19. Este año el Ministerio Público recibió entre enero y julio 59 denuncias por delitos cometidos contra personas de la diversidad sexual. De todos ellos, 46 se concentran en la ciudad.

El Estado debe aplicar las recomendaciones

Dorotea Gómez, de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, en declaraciones recientes expresó que todas las personas son merecedoras de respeto y de atención y recepción de denuncias. Reconoce que han habido ciertos avances pero las denuncias de la poblacion lgbtq quedan segregadas en una categoría en las instancias de justicias.

“Los pensamientos fundamentalistas ponen en riesgo a la comunidad LGBTIQ. Necesitamos que las instituciones del Estado apliquen las recomendaciones que organizaciones como el comité de la Cedaw (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) ha dado” expresó recientemente en un foro virtual. También hizo un recordatorio: se pueden hacer denuncias vía correo electrónico a denuncias@pdh.org.gt de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos.

Organización Diversidad Jalapaneca comparte sus redes sociales para las personas diversas que viven el en Departamento de Jalapa y requieran algún tipo de apoyo o asesoría, pueden contactar al correo dijalplgbti@gmail.comy al teléfono +502 49731411. Vía Facebook

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Ángel Antonio Medina, Delitos de Odio, Diversidad Jalapaneca, Guatemala, Homofobia/Transfobia, Jalapa, Red Nacional de la Diversidad y el Observatorio por Muertes Violentas, San Pedro Pinula

Mossos d’Esquadra de la comisaría de Girona detuvieron el pasado miércoles a dos personas por agredir a una mujer trans en la localidad gerundense de Salt. Los dos agresores, un hombre mayor de edad y una chica menor, deberán responder por un presunto delito de trato degradante y vejatorio, además de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del 13 de agosto, cuando la víctima caminaba por la calle Sant Antoni, en Salt. En ese momento, un joven y una chica se le acercaron y comenzaron a insultarla con improperios tránsfobos, además de escupirle encima. La mujer intentó alejarse de ellos, pero los agresores la siguieron e intentaron robarle el bolso. Al resistirse la víctima, la arrojaron al suelo y la golpearon con los puños. La mujer gritó pidiendo ayuda y varios vecinos acudieron alarmados, momento en el que los agresores emprendieron la huida.

Agentes de la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Girona consiguieron identificar a los dos agresores, que fueron detenidos el miércoles. Se trata de un hombre de 21 años, de nacionalidad marroquí y vecino de Girona, y de una chica menor de edad de la que no se han facilitado más datos. Se les acusa, según asegura el comunicado de prensa de los Mossos, de un presunto delito de trato degradante y vejatorio, además de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa. El h0mbre, del que no constan antecedentes, pasó el jueves a disposición del juzgado de guardia de Girona, que decretó su libertad con cargos. La menor, por su parte, deberá responder ante la Fiscalía de menores.

El Observatori contra l’Homofòbia, por su parte, se ha puesto a disposición de la víctima y ha activado el correspondiente protocolo. La entidad ha vuelto a exigir al Gobierno catalán la implementación de medidas para prevenir la violencia tránsfoba:

🔴AGRESSIÓ TRÀNSFOBA
L’agressió ha estat propinada per part 2 joves a una dona trans a #Salt. La víctima va ser vexada i arrossegada per terra.

Restema disposició d les víctimes, activem protocols. Exigim al @Govern l’implementació d mesures contra violència vers persones trans pic.twitter.com/kqpGaixlve

— Observatori contra l’homofòbia (@OCL_H) August 22, 2020

Fuente Agencias/Twitter Observatori contra l’homofòbia

General, Homofobia/ Transfobia. Cataluña, Delitos de Odio, Girona, LGTBIfobia, Mossos d'Esquadra, Observatori contra l'Homofòbia, Salt, Transfobia, Violencia LGTBIfoba

Los Mossos d’Esquadra (policía autónoma catalana) han detenido a 22 jóvenes por agredir de forma indiscriminada a varias personas en las calles de Sitges (Barcelona). Sin embargo, al menos una de las agresiones, con dos víctimas, tendría un carácter homófobo. Diez de los detenidos han sido por ello denunciados por un  delito de odio.

Según informaron los Mossos el pasado martes, la investigación se inició a mediados de julio, después de que en la madrugada del día 12 una pareja de chicos denunciase una agresión de carácter homófobo a manos de un grupo de jóvenes. No fue, sin embargo, la única: los Mossos detectaron hasta cinco agresiones cometidas por el mismo grupo en la zona de ocio nocturno de Sitges a personas con las que se iban encontrando (la investigación sigue abierta y no se descarta que cometieran más agresiones). Algunos de los agresores llevaban casco de moto y otros objetos contundentes. Algunos testigos, de hecho, acabaron siendo víctimas de los ataques del grupo al intentar detenerlos. Los agresores robaron además pertenencias a alguna de las víctimas. Varios vídeos en los que se registraron algunas de las agresiones acabaron haciéndose virales en redes sociales.

Un mes después, y en colaboración con la Policía Local de Sitges, los Mossos d’Esquadra han logrado identificar y detener a 22 sospechosos, vecinos de Sitges y otras localidades cercanas, de tres nacionalidades distintas (española, marroquí y uruguaya). Cuatro de ellos son menores de edad y el resto tienen entre 18 y 22 años. Diez de ellos han sido además denunciados por un delito de odio por la agresión homófoba. Los detenidos quedaron en libertad después de tomarseles declaración, a la espera de que comparezcan ante la justicia.

Monumento con el triángulo rosa invertido en Sitges, España. / Foto: Pinterest

El número de agresiones en Cataluña no conoce freno

Precisamente el pasado martes el Observatori contra l’Homofòbia alertaba de que, a falta de cuatro meses y medio para el final del año, ya tenía constancia de 120 incidentes por LGTBIfobia en Cataluña, lo que supone un incremento respecto a años previos (en todo 2019 registró 160 incidentes, una cifra que ya suponía un aumento de un 41,6% respecto a 2018).

Ante esta tendencia sin freno, el presidente del Observatori, Eugeni Rodríguez, ha reclamado por enésima vez el desarrollo reglamentario de la ley catalana contra la LGTBIfobia, y más en concreto de su régimen sancionador. También ha denunciado la inexistencia de políticas LGTBI en Cataluña y ha pedido dejar de lado la «propaganda institucional» para centrarse en el desarrollo de mecanismos «especializados, específicos y permanentes».

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Barcelona, Cataluña, Delitos de Odio, Eugeni Rodríguez, Homofobia, LGTBIfobia, Mossos d'Esquadra, Observatori contra l'Homofòbia, Sitges, Violencia LGTBIfoba

Javier Viteri de 22 años murió por las 89 puñaladas que le asestó un hombre. La Fiscalía investiga el hecho como un asesinato, pero los defensores de derechos LGBTI piden que se juzgue como un delito de odio.

Terrible noticia la que nos llega desde Ecuador, donde un chico gay de 22 años, Javier Viteri, ha sido brutalmente asesinado en lo que a todas luces parece ser un crimen de odio. Cuando Javier le comentó a sus padres que era homosexual, estos reaccionaron internándolo en una clínica para «curar» su orientación, y después le echaron a la calle. El pasado 28 de mayo, el joven concretó una cita con un militar en Arenillas —el cantón de la Provincia de El Oro donde residía— y, apenas treinta minutos después, fue brutalmente asesinado por el susodicho hombre, quien le asestó 89 puñaladas en todo el cuerpo y huyó rápidamente del lugar.

Javier Viteri, un joven gay que trabajaba como auxiliar de medicina en el consultorio Médico Odontológico Salud y Vida en Arenillas (Ecuador), soñaba desde pequeño con estudiar en la universidad para convertirse un día en médico cirujano.

Javier Viteri nació en Santa Rosa, pero toda su vida vivió en Arenillas. Fue hijo de Javier Viteri y Bielka Alburqueuqe. El fallecido era el mayor de dos hermanos. Sus estudios primarios los realizó en el centro educativo Santo Tomas de Aquino y los secundarios en el colegio Militar Héroes del 41. Actualmente realizaba en preuniversitario en la Universidad Católica de Cuenca.

Tenía 22 años y llevaba seis meses viviendo en un pequeño apartamento alquilado en el centro del Cantón Arenillas, en Ecuador. El pasado 28 de mayo estuvo chateando en la aplicación Messenger de Facebook con un militar llamado Hilmar Corozo, y pasó un rato jugando a los videojuegos con tres amigos que habían ido aquel día a su casa.

Un par de horas después, Hilmar —soldado en el cuartel de las Fuerzas Armadas BI Constitución— le comentó a Javier que a las diez de la noche iba a ir a visitarle. Aquel anuncio alegró a la joven víctima, que le pidió entonces a sus amigos que se sentaran un rato fuera de la casa, mientras él se veía con su visita. Media hora después de que Hilmar entrara a la casa de Javier, sus amigos vieron salir corriendo del apartamento al militar, que llevaba con él la mochila que uno de los colegas de la víctima había dejado en su casa. Pensando que podía tratarse de un ladrón, los tres jóvenes salieron detrás de Hilmar y recorrieron varias manzanas intentando alcanzarlo pero no lo lograron, pasaron por el parque Las Mercedes, un hombre en moto los ayudó a intentar atrapar a Corozo pero no lo alcanzaron. “Estábamos a unos 30 metros aproximadamente de la entrada al departamento, esperando que Slater termine con su visita y seguir jugando play station, pero luego de unos 25 a 30 minutos observamos que salió el individuo que ingresó, llevaba consigo unas mochilas, por lo que, le habían llamado la atención”, explicó a los policías Roiman Tene, amigo del fallecido. “Yo ya estaba cansado, los perros ladraban”, dijo Royman Tene en la audiencia  realizada el 28 de mayo de 2020. En el trayecto Corozo tiró la mochila y Tene la  recogió. Cansados, decidieron regresar a casa de Javier, sin sospechar aún que su amigo había sido asesinado.

Al llegar al edificio, consiguieron que unos vecinos les abrieran el portal y entre los tres lograron forzar la cerradura de la puerta del apartamento, ya que ninguno de ellos tenía la llave. Cuando accedieron al interior, encontraron horrorizados el cadáver de Javier, que estaba en ropa interior, a solo unos pasos de su cama y cosido a puñaladas.

Al recibir la alerta el ECU – 911, coordinó la emergencia con personal de la Dirección de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased), que llegaron para realizar el levantamiento del cadáver. En la parte exterior de la vivienda, se encontró prendas de vestir como una bermuda tipo jean azul y un par de zapatos deportivos color lila, que tenia manchas rojas. En la calle también hallaron zapatillas con sangre. «La escena era macabra. El perpetrador le ha propinado muchas heridas con arma blanca, tanto en la parte de su cuello, como en su espalda o su caja abdominal. Hubo mucha sangre en el lugar», indicó el coronel William Posso, jefe del Comando de Policía de El Oro, justo después de que la Policía Nacional se personase en el domicilio y se procediera al levantamiento del cadáver. La autopsia reveló que Javier había recibido 89 puñaladas.

Los agentes de criminalística que examinaron el apartamento de Javier encontraron en él tres cuchillos con restos de sangre, dos preservativos usados y lubricante. El presunto asesino, de diecinueve años de edad, fue detenido poco después en el fuerte militar de Arenillas.

Los agentes conocieron que el sospechoso se encontraba en el cuartel militar. Lograron conocer que al celular Kevin Sánchez Viteri, primo del fallecido, llegaban todos los mensajes de las redes sociales de Javier Viteri, pues le dio sus contraseñas. Kevin mostró que su primo escribió la misma noche del miércoles 27 de mayo con un ciudadano de nombres Hilmar Corozo, con la finalidad de encontrarse en el departamento.

Precisamente, los agentes mostraron la foto de Corozo a los testigos y ellos lo reconocerían como la persona que persiguieron. Esto motivó a los agentes a realizar un allanamiento y capturar a un ciudadano, que fue identificado como la persona que salió del departamento.

En poder del detenido decomisaron cuatro celulares, además en su cuerpo y en el área del baño se localizaron otras manchas rojas.

El capitán Marco Egas, jefe de la Dinased de El Oro, indicó que encontraron el celular de Javier, principal indicio para incriminarlo. Egas, explicó que están investigando la relación que llevaba Javier con Hilmar, “pero nosotros estamos poniendo como asesinato por robo, porque se halló el celular de la víctima”, dijo el jefe policial.

Se presume que no era la primera vez que el conscripto visitaba a Javier en su cuarto, al parecer tenían algún tipo de relación sentimental, aunque aunque esto será investigado por la policía.

El fiscal Sixto Minga investiga el caso. Corozo tenía que declarar el 11 de junio en la fiscalía, pero no asistió. Michael García, abogado de la familia Viteri, cree que no lo hizo por estrategia de su defensa. Parte de la evidencia que revisa el fiscal Minga son las páginas de Facebook y los celulares de Viteri y Corozo. Viteri, de 22 años, era un hombre homosexual. Pedro Gutiérrez, abogado experto en derechos de la comunidad LGBTI, dice que su asesinato es un mensaje simbólico sobre lo que significa ser un hombre gay y enfrentar la discriminación y la violencia que aún hay en el Ecuador.

En un principio, el fiscal Sixto Minga, encargado de investigar el caso, acusó al detenido de robo agravado con muerte subsecuente. Por su parte, el juez dispuso el inicio de la instrucción del caso por el delito de asesinato y dictó prisión preventiva para el detenido.

No obstante, son varias las instituciones, grupos de activistas y asociaciones LGTBI de Ecuador que consideran que existen indicios suficientes para hablar de un crimen de odio por homofobia, y piden que Hilmar sea juzgado como tal. «La Defensoría del Pueblo insta a las autoridades competentes, en especial a la Fiscalía, a que las investigaciones pertinentes consideren los hechos expuestos como un delito de odio, de conformidad con la legislación penal ecuatoriana. Así también, se exhorta a que las y los funcionarios encargados de las investigaciones realicen su trabajo de forma imparcial, sin prejuicios ni estereotipos de género o por orientación sexual», señalaba la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado publicado en su web.

Por otra parte, integrantes de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI ha solicitado la pena máxima para el presunto autor del asesinato. Consideran que debido a las 89 puñaladas recibidas no se trataría simplemente de un caso de robo, como inicialmente informaron las autoridades judiciales de la provincia de El Oro, sino más bien de un “crimen que muestra saña, odio y menoscabo por una persona que tenía una orientación sexual diferente a la normada”, explican en un comunicado. Por ello solicitan que en este caso se aplique la pena máxima de 26 años de prisión.

Sobre el joven asesinado, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI detalla que de acuerdo a declaraciones de sus vecinos y amigos fue muy maltratado por sus familiares, lo internaron en autodenominadas ‘clínicas de reconversión’ y finalmente lo expulsaron del hogar.

Viteri murió a pocos días que comience junio, el mes del orgullo gay, y de cumplirse los 51 años de que la Policía allanara el Stonewall Inn, en Greenwich Village, Nueva York, golpeando a los clientes y provocando protestas que duraron cinco días. Ahí se forjaron los movimientos por los derechos de la población LGBTI en Estados Unidos. En Ecuador, en el mes del orgullo se celebra la aprobación del matrimonio igualitario en 2019.

Fue un gran paso: hace apenas 22 años la homosexualidad dejó de ser un delito en el país, aunque la despenalización se dio porque el Tribunal de Garantías Constitucionales consideró a las personas homosexuales como enfermos mentales que no podían ser juzgados penalmente. Pero a pesar de la gran victoria, la violencia y discriminación contra las personas de las comunidades LGBTI persisten.

Gutiérrez dice que el robo de la mochila podría distraer de lo que verdaderamente ha pasado: una persona fue asesinada porque su orientación sexual era homosexual. Según un documento de la Alianza de los Derechos Humanos Ecuador, conformada por más de 20 organizaciones defensoras de derechos, “este caso no puede ser subregistrado por parte del Estado”: la muerte de Viteri es un delito de odio.

Un delito de odio es un acto de violencia física o psicológica de odio contra una persona por su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, estado civil, identidad cultural, discapacidad, estado de salud, vivir con VIH, por su condición migratoria, identidad de género u orientación sexual. Según el Código Integral Penal, si provoca la muerte, la sanción es de 22 a 26 años de prisión. La sentencia por asesinato es la misma, pero Pedro Gutiérrez dice que juzgar la muerte de Viteri como un acto de odio ayudaría a entender la violencia por prejuicio y la persistencia de la homofobia en la sociedad ecuatoriana.

La violencia y asesinatos a personas LGBTI no empiezan ni terminan con Javier Viteri. Danilo Manzano, activista LGBTI y director de la organización Diálogo Diverso, dice que la muerte de Viteri se hizo mediática pero hay muchos actos de odio que nadie conoce. En 2019 hubo 11 asesinatos a personas de la población LGBTI, tres intentos de asesinato y 4 casos de secuestro y tortura, según un informe de la Asociación Silueta X.

Además, el informe dice que 2019 fue un “año de terror” porque superó en un 500% los datos recopilados en años anteriores. Stephano Espinoza, del colectivo Guayaqueercity, dice que la noticia de la muerte de Viteri se conoció  luego de tres o cuatro días por las redes sociales —mientras tanto, hubo un silencio completo en los medios de comunicación.

Entre los actos de odio que no se conocen porque tampoco se denuncian (o si se denuncian las investigaciones no avanzan), están el caso de una persona homosexual a quien en mayo de 2013 la despidieron de su trabajo por su orientación. En Manta, en noviembre del mismo año, a una persona transgénero le impidieron el ingreso a un lugar público por cómo iba vestida. Un hombre homosexual de 18 años fue detenido por policías en noviembre de 2012 y abandonado en las afueras de Quito. Casos como estos se repiten sin que nos enteremos.

Los actos de odio hacia la población LGBTI también se cometen dentro de sus familias. Según, Pedro Gutiérrez, una de las primas de Viteri contó que en su adolescencia, la familia lo internó en una clínica de deshomosexualización “es algo que el abogado ni la familia se han pronunciado, ni han dicho nada” dice Gutiérrez. En Ecuador está prohibido el funcionamiento de clínicas de “conversión” pero en la clandestinidad todavía atienden. En estos lugares las personas sufren torturas, golpes, insultos y hasta violaciones en intentos de volverlos heterosexuales.

Descansa en paz, Javier.

Fuente Agencias/GK/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Arenillas, Asesinatos, Delitos de Odio, Ecuador, Federación ecuatoriana de organizaciones LGBTI, Guayaqueercity, Hilmar Corozo, Homofobia, Javier Viteri, LGTBIfobia, Violencia LGTBIfoba

Lo ataron a un palo y le dieron golpes de corriente. El Movilh pidió la intervención del Ministerio del Interior

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lamentó y repudió hoy que cuatro neonazis, uno de ellos menor de edad, secuestraran y torturaran a un joven de 29 años, luego de enterarse de la orientación sexual de la víctima.

“Este es un hecho deleznable, sobrecogedor, merecedor del repudio de toda la sociedad y de la máxima sanción establecida en la legislación, considerando por cierto la agravante de la Ley Zamudio. Es inhumano atacar personas en razón de su orientación sexual o identidad de género. Estamos muy impactados por lo ocurrido. Hemos solicitado la intervención del Ministerio del Interior y evaluamos la presentación de una querella”,  señaló el vocero del Movilh, Oscar Rementería.

El dirigente añadió que “hoy hemos puesto a disposición del Ministerio del Interior todos los antecedentes del caso, de manera que el Gobierno se haga parte presentando una querella, así como brindando a la víctima toda la asesoría legal y psicológica que necesite”.

El joven de 29 años fue golpeado y secuestrado  el pasado 5 de junio durante cinco horas por cuatro sujetos, todos neonazis, con quienes compartía una casa okupa de Estación Central. Los agresores fueron detenidos y formalizados ayer.

El Movilh precisó que “la agresión se habría provocado luego de que los victimarios se enteraran de la orientación sexual homosexual de la víctima, tras lo cual la desnudaron, golpearon y amararon en un palo ubicado en la casa okupa, todo en medio de  golpes de corriente y de amenazas de que sería violado ”.

La víctima resultó con fractura de mandíbula, donde recibió un puntapié  con un bototo de seguridad, y con hematomas en distintas partes del cuerpo

Luego de meses de indagatorias,  la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI detuvo ayer a los responsables. Se trata de Ángelo Sánchez, Betzabet Soto, Rodrigo González y del menor de edad, A.I.G.S. Para los primeros el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva y para el adolescente arresto domiciliario, fijando un plazo de 20 días para la investigación

El Jefe (s) de la zona metropolitana de la PDI, Juan Pardo, explicó que ”se procedió a la detención por el delito de secuestro con lesiones graves. Los sujetos de tendencia neonazi procedieron a secuestrar a la víctima  y la mantuvieron detenida por alrededor de cinco horas, causándole lesiones con objetos contundentes, además de golpes de corriente en su cuerpo”

Añadió que los agresores “corresponden a una célula neonazi, relacionada con la Legión 38 y otra relacionada con La Rapada”.

Por su lado, la fiscal Centro Norte, Pamela Contreras, anunció que invocará la Ley Zamudio, aprobada en 2012 e inspirada en el crimen de odio de Daniel Zamudio, un joven gay que fue asesinado por una banda de neonazis, en circunstancias parecidas a las de este caso, lo cual fue calificado de “justo y muy pertinente” por el Movilh, organismo que también estudia presentar acciones legales.

De acuerdo a un estudio del Movilh, en base a cifras del Poder Judicial, entre el año 2012 y el 31 de mayo del 2020 se presentaron un total de 465 demandas por Ley Zamudio en todo el país. Sólo en el 23,7% de los casos se dictó sentencia, la mayoría desfavorables para las víctimas.

***

Habla joven torturado durante seis horas por neonazis: “asumí que me iban a matar y solo me entregué”

El joven, quien denuncia fue atacado por ser bisexual, autorizó al Movilh a hacer público su testimonio. El Movilh prepara querella

El joven que el pasado 5 de junio  fue secuestrado, torturado y recibió golpes de corrientes por seis neonazis  en una casa okupa de Estación Central, decidió dar su testimonio, autorizando al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) a hacerlo público.

Se trata del joven tatuador Francisco Aranda (29), quien junto con aclarar que no tiene ninguna relación con la  ideología neonazi, recuerda que conoció a los agresores hace años.

“Desde pequeño me junté en el Eurocentro,  el cual era punto base de junta para tribus urbanas, a las cual yo pertenecí. Ahí conocí a estos “neonazis” cuando eran supuestos punks, dark, etc”, dijo en referencia a los agresores Ángelo Sánchez, Betzabet Soto, Rodrigo González y del menor de edad, A.I.G.S, que ayer fueron formalizados, y sobre José Rodríguez y Priscila Romo, detenidos hoy.

Añadió que a la casa okupa, donde fue torturado, llegó en febrero pasado por problemas económicos, y que al poco tiempo comenzaron los problemas, los cuales se agudizaron en razón de su orientación sexual.

“Últimamente (en la casa okupa) veníamos teniendo problemas de convivencia por diversas razones, nunca una en en especifico; alcohol, drogas hacían que la convivencia fuese cada vez peor y de a poco violenta”, señaló,

Por eso, añadió, “llegó el día donde empecé a retirar mis cosas de ahí porque ya no me sentía cómodo. Fui a sacar un bolso con mi ropa y a buscar unas agujas para tatuar”.

Los neonazis “ahí estaban carreteando y me hicieron “La encerrona”. Mi mina estaba embarazada en ese momento, habíamos tenido una discusión y me acompañó a buscar mis cosas allá”.

En la ocasión Rodrigo González “me amarró a un palo junto a la Betzy (Betzabet Soto) y la Pila. Me pegaron con fierros, palos, me tiraban agua constantemente, mientras el hijo de la Betzy (menor de edad) me grababa y aprovechaba de golpearme”.

“Me trataban de “weco y maricón”, sus golpes iban acompañados de insultos homofóbicos. Me grabaron,  me sacaron fotos, se dieron el tiempo de sacarse selfies conmigo desnudo y amarrado, ensangrentado y semi inconsciente”, sostuvo.

Denunció que “la Betzy llamó a varios tipos skinheads de índole NS (neonazis) para que me pegaran. Involucró a gente que yo ni siquiera conocía, y llegaron solo a golpearme. Mientras yo estaba amarrado.me dieron golpes de corriente incluso”.

Agregó que “quedé con fractura maxilofacial, fractura en la costilla. Llegué con hipotermia ya que estuve 6 horas amarrado,  me tiraban agua helada constantemente, y nunca pararon de golpearme. Quedé inconsciente y llegó un momento en que asumí realmente que me iban a matar. Ya no di más y solo me entregue a lo que venía”.

“Me iban a violar, pero no lo concretaron porque debido a mis gritos los vecinos llamaron a los pacos, los cuales no hicieron nada.  Yo solo quería salir de ahí cuando llegaron y debido al estrés comencé con convulsiones, llegué inconsciente a la mutual que está en el Metro Ecuador.

“Debo aclarar también que nunca estuve de acuerdo con denunciar ya que estuve constantemente bajo amenazas yo  y mi familia si es que esto se hacía público. Fui torturado por 6 horas, las peores 6 horas de mi vida donde me hicieron sentir que valía nada”.

“Comparto esto ahora para que se haga público y tengan cuidado con estos sujetos, porque lamentablemente esto seguirá  pasando si no cambiamos como sociedad”, dijo.

Puntualizó que “no necesito contarle mi orientación sexual bisexual a todo el mundo, ya que es algo personal. Me basta con que mi familia lo sepa. No es un tema que, según yo, sea relevante ante esta sociedad ya que mantengo al margen mi privacidad”.

Tras una conversación telefónica entre el joven y el Movilh se acordó además la próxima presentación de una querella contra los responsables.

Fuente MOVILH (1, 2)

General, Homofobia/ Transfobia. Ángelo Sánchez, Betzabet Soto, Chile, Delitos de Odio, Francisco Aranda, Homofobia/Transfobia, José Rodríguez, La Rapada, Legión 38, MOVILH, Neonazis, Óscar Rementería, Priscila Romo, Rodrigo González, Tortura

Por: Pompilio Peña Montoya/Hacemos Memoria*

Luis Álvarez Campuzano, un joven de 17 años, fue víctima de un ataque con machete por parte de un vecino, un año menor que él. Luego de increparlo por su orientación homosexual, le cercenó su brazo izquierdo por encima del codo. El ataque homoodiante se perpetró el 31 de julio a las 2:45 de la tarde en el municipio de Sincelejo, región Caribe de Colombia, cuando Luis le pidió respeto a su agresor y este lo atacó con el arma.

Luis fue trasladado al hospital de Sincelejo y allí permaneció internado durante nueve días. Al regresar a su casa, se encontró con la sorpresa de hallar allí a familiares, amigos y vecinos que lo rodearon con frases cariñosas de apoyo y solidaridad.

Según Oneida Campuzano, madre del joven, desde hace varios años su hijo ha sido objeto de agresiones y burlas por su inclinación sexual. No sólo en el barrio sino también en el colegio, donde cursa grado noveno. Dicen queLuis se ha caracterizado por no prestarle atención a las ofensas, ser un excelente estudiante y tener una personalidad divertida, mostrando interés en aprender sobre cocina y belleza. De hecho, Luis siempre tuvo una buena relación con la madre del joven que lo agredió, a quien en ocasiones acompañaba a hacer compras.

Amigxs de Luis le escribieron algunos mensajes para sorprenderlo cuando regresara a su casa tras su recuperación en el hospital.

“Gracias a Dios mi hijo está bien. Lo que queremos es que esta clase de cosas no se vuelvan a repetir con nadie. Agradecemos profundamente el apoyo que hemos recibido”, afirmó Oneida Campuzano, madre y cabeza de hogar, quien con esfuerzo ha criado a Luis y a dos hijos más en una humilde vivienda de Altos del Rosario, un barrio habitado principalmente por personas desplazadas por la violencia, en donde el agua es escasa y la electricidad llega por horas.

En cuanto al agresor, las autoridades de Sincelejo comunicaron que el joven de 16 años fue detenido unas horas y dejado en libertad debido a un mal procedimiento de la Policía al momento de su detención, pues ésta no se realizó con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Policía de Infancia y Adolescencia. Hoy, el adolescente se encuentra en casa de un familiar a la espera de ser solicitado por las autoridades. Frente a ello, el subintendente Carlos Mejía, de la oficina de Derechos Humanos de la Policía de Sucre, manifestó que permanentemente se ha hecho el acompañamiento del caso con el fin de que sean respetados los derechos tanto del menor agredido como del victimario.

“Abrazo a Luis y a todos los luises”

El caso de Luis ha tenido tanto despliegue en Colombia, que la misma alcaldesa de Bogotá, Claudia López, integrante de la comunidad LGBTI, envió al joven un mensaje de apoyo a través de su cuenta de Twitter: “Abrazo a Luis y a todos los luises de Bogotá y Colombia”. Y rechazó toda expresión de homoodio.

También varias organizaciones iniciaron acciones de apoyo a Luis. Colombia Diversa, Pink Consultores y Sucre Diversa comenzaron una campaña con el fin de recoger fondos y acomopañar al joven en un proceso de recuperación integral. Así lo afirmó Hugo Ramos Hernández, presidente de la Fundación Sucre Diversa. Hasta el momento se han recolectado poco más de 79 millones de pesos, cerca de 20 mil dólares, a través de una plataforma digital.

Calle en el barrio Altos del Rosario en donde se perpetró la agresión contra de Luis.

Una prótesis y solidaridad para Luis

“Nuestra meta era recolectar 30 millones para una prótesis, con el fin de que Luis pueda viajar ya sea a Medellín o Bogotá para sus tratamientos. Estamos en el proceso de localizar a los mejores médicos especialistas en estos temas. La idea también es realizar mejoras en su hogar, ya que Luis, dos jóvenes más y su madre, viven en condiciones muy precarias; de hecho, no tienen electrodomésticos. Estamos profundamente agradecidos con todas las personas que han puesto su granito de arena”, comentó Hugo Ramos Hernández.

Cecilia Tejada Silva, de la Oficina de Gestión y Equidad Social de la gobernación del departamento de Sucre, manifestó que “con la ayuda de la Secretaría de Salud se le ha brindado acompañamiento psicosocial a Luis y su familia. Desde que nos enteramos de los hechos, le entregamos, primero que todo, elementos de bioseguridad. También le entregamos a su madre un mercado. Nuestro acompañamiento será integral”. La funcionaria añadió que está en proceso la entrega de una Tablet con acceso a internet, para que Luis reanude sus estudios, ya que por cuenta de la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno nacional todas las instituciones educativas están cerradas.

El camino de la recuperación

Hoy Luis permanece en su casa recuperándose de la herida de su brazo amputado, cuidándose de no contraer la COVID -19, recobrando fuerzas para retomar sus clases. Si bien, como afirma su madre, en ocasiones Luis expresa sentirse “destrozado”, puede adivinar en su actitud fortaleza y deseos de seguir persiguiendo sus sueños.

Creen que algunos de ellos podrá hacerlos realidad, dijo Hugo Ramos, integrante de Sucre Diversa, no solo porque gracias a los fondos recolectados se podrá conseguir una prótesis y adquirir para la familia de Luis algunos enseres y electrodomésticos, sino también se está buscando un apoyo para que una vez cumpla la mayoría de edad y termine su escuela secundaria, pueda formarse en cursos de cocina y estética.

Frente a este hecho, Hugo Ramos afirmó que en Sucre no existe una ruta clara para atender estas agresiones en contra de personas de las personas LGBTI, por lo que le hizo un llamado al gobierno nacional para que, por medio del Ministerio del Interior, “active una mesa de casos urgentes para que la gobernación de Sucre y todos sus municipios sepan atender este tipo de agresiones en contra de los niños, niñas y adolescentes con orientación sexual diversa”.

Según un informe de Caribe Afirmativo, asociación que vela por la defensa de los derechos humanos de la población LGBTI, entre el 1 y el 18 de julio del 2020, se han presentado 40 casos de agresiones a lo largo de la costa caribe colombiana, aunque se estima que existe un gran subregistro por falta de denuncia.

*Este artículo fue escrito en el marco de una alianza informativa para la Red de Periodismo y Memoria, entre Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Agencia Presentes.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Caribe Afirmativo, Colombia, Delitos de Odio, Fundación Sucre Diversa, Homofobia/Transfobia, Luis Álvarez Campuzano, Sucre

Por Gabriela Cruz, desde San Miguel de Tucumán

Fotos: Facebook Trans Unidas Tucumán y gentileza Gustavo Ovejero

En las primeras horas del martes 11 de agosto, el cuerpo de Vanesa Solórzano, una joven trans de 20 años, fue hallado por un vecino de la zona sur de la capital tucumana. Más tarde, entre los matorrales de la zona -avenida Alem y canal Sur- los oficiales que investigan su transfemicidio encontraron un cuchillo carnicero, el arma que se cree utilizó para asesinarla. D.D, un taxista de 30 años sindicado como el responsable de la muerte de la joven trans, se encuentra detenido. Según informaron a Presentes fuentes judiciales, existen fuertes sospechas de que el hombre arregló un servicio sexual con Vanesa, y tras una discusión y rehusándose a pagarle la asesinó.

Las primeras versiones que circularon en los medios locales hablaban de un “intento de robo”, lo que indignó a familiares y amistades de Vanesa. El hallazgo de las llaves del vehículo, el arma con la que creen fue herida de muerte, los datos vertidos por el GPS del taxi y las manchas presumiblemente de sangre que se encontraron en el interior del vehículo, desarmaron esta hipótesis. Los registros de las cámaras de seguridad de la zona, informan las fuentes del caso, comprometieron aún más la situación del detenido.

Vanesa tenía 20 años y, como la mayoría de las mujeres trans, ejercía la prostitución para sobrevivir. Una amiga que compartía con ella la esquina de avenida Roca y calle Rioja– cuya identidad se preserva- la recuerda como una gran compañera. “Para mí siempre fue como una hermana, mi mejor amiga. La voy a recordar con mucho cariño con esa sonrisa y esas ganas de vivir que siempre tenía, de levantarse y lucharla todos los días. Era muy protectora con nosotras, con las chicas que trabajaban en el mismo punto. Nunca dudó ni un momento en defendernos cuando algún cliente nos hacía algo”, dijo a Presentes.

El pedido de Justicia

El pedido de justicia recién empieza. “Estamos organizando una marcha frente a la fiscalía”, comenta la amiga de Vanesa. También harán público el repudio al accionar del dueño de la empresa de taxis por contratar a un chofer con antecedentes delictivos. “Salieron versiones que la vinculan a ella con el asesino, diciendo que tenían una relación. Eso es falso. A este chico lo conoció esa misma noche. Todas las chicas que estamos en esa esquina sabemos quién es quién. Esta persona ni siquiera es cliente frecuente”, expresó.

“Era una persona alegre, carismática y muy coqueta”, dijo a Presentes Micaela Rotolo, hermana de Vanesa. “Nuestra familia siempre la apoyó y no vamos a descansar hasta que haya justicia. La vida de las chicas es muy dura, sufren mucha discriminación y siempre están expuestas a situaciones horribles. No hay derecho a hacerles lo que les hacen. Jamás nos imaginamos que esto podía pasar”, comentó Micaela. Y agradeció a las organizaciones como Trans Unidas Tucumán y Komapañeres Tucumán Peroncha su acompañamiento a la familia.

“Es indignante las versiones que aparecen tratando de cambiar lo que pasó o diciendo que había una relación entre este hombre y mi hermana. Tratan de perjudicarla. Pero aquí estamos en medio de todo este dolor mis hermanas y mi mamá”, agrega Micaela y dice que en los días que siguen se sumarán a las compañeras de Vanesa para organizar las medidas necesarias, con un único objetivo: evitar que este transfemicidio quede impune en una provincia con fuertes antecedentes de violencias contra travestis y trans en los últimos años.

El 12 de agosto se cumplieron tres años del travesticidio de Ayelén, que tuvo fuerte impacto y marcó un punto de inflexión entre las organizaciones de la diversidad sexual y el reclamo urgente de Justicia para estos crímenes en la provincia.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Daniel Díaz, Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, Komapañeres Tucumán Peroncha, Trans Unidas Tucumán, Tucumán, Vanesa Solórzano

El exjuez Fernando Ferrín Calamita, quien fue inhabilitado en 2009 por obstaculizar de forma intencionada la adopción de una menor solicitada por la esposa de su madre biológica, continúa hostigando a las mujeres que en su día lo demandaron. Recientemente, Calamita, de conocidas convicciones homófobas, empleó su perfil en la red social Facebook para incitar al odio contra ambas mujeres, difundiendo una carta llena de bulos —en la que llegar a afirmar que, tras separarse, la pareja había entregado a la menor a los servicios sociales—, que se hizo viral y motivó montones de insultos y amenazas hacia las susodichas.

La historia comienza en la primavera de 2006, cuando Vanesa inició los trámites para adoptar a la hija biológica de su esposa, con el fin de constar como madre de la niña a instancias administrativas y judiciales. El exjuez Fernando Ferrín Calamita, que entonces se encontraba al frente de un Juzgado de Familia en Murcia, se encargó de tramitar aquella solicitud de adopción —y, además, se opuso desde el principio al asunto—. Por esa razón, Vanesa se vio obligada a interponer una demanda contra dicho juez a comienzos de 2008, al sospechar que el jurista estaba cometiendo un delito de prevaricación judicial, pues este había impuesto una serie de trámites innecesarios —como pedir que se nombrara a un defensor judicial a los menores, o que se realizasen una serie de preguntas a la psicóloga del caso acerca de la conveniencia de que la niña conviviera con dos mujeres—.

«La niña pasó más de dos años sin poder tener los apellidos de sus madres y sin que la madre no biológica pudiera pedir ningún tipo de permiso. Esta no era la primera vez que este juez hacía cosas de ese estilo. Ya había otra gente que había sufrido lo suyo con él, pero ahí fue cuando ya le abrieron un expediente disciplinario y, además, ellas lo demandaron», explica a dosmanzanas Ade Campillo, presidenta de ASFAGALEM (Asociación de Familias de Gais y Lesbianas de la Región de Murcia).

A finales de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia condenó a Calamita a dos años, tres meses y un día de inhabilitación, y a pagar 6.000 euros de indemnización, por «retraso malicioso». El fiscal, el abogado de la pareja y el propio condenado —quien argumentaba que la menor «tenía derecho a vivir en una familia normal»— recurrieron. Al final, el Supremo acabó condenando en 2009 por prevaricación al juez, aumentando además de dos a diez años el periodo de inhabilitación para ejercer como tal.

Durante sus diez años de inhabilitación, Ferrín Calamita no perdió el tiempo. Además de solicitar el indulto al Ministerio de Justicia —algo que le fue denegado—, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional —recurso que no fue admitido a trámite— y, además, llegó a escribir un libro —titulado Yo, víctima de la cristofobia: El calvario de un juez católico por cumplir la ley en España—. Los editores del manual aseguraban del autor que el pobre había sido «presionado, amenazado, extorsionado y, finalmente, expulsado de su trabajo, teniendo que pasar por un verdadero calvario profesional y familiar; incluido el linchamiento mediático y la merma de su salud». Además, cabe señalar que durante todo ese tiempo recibió el apoyo público de la plataforma de ultraderecha HazteOír.

En 2019, al cumplirse los diez años de suspensión, el Tribunal Supremo rechazó rehabilitar a Fernando Ferrín Calamita por «una auténtica compulsión homófoba». Sin embargo, él decidió volver a la carga recientemente, escribiendo y compartiendo en su perfil de Facebook una carta dirigida a «Candela, la niña adoptada» —quien hoy es ya una adolescente—, relatándole una serie de hechos falsos —desmentidos públicamente por la madre biológica de la niña— de los que varios portales se hicieron eco sin molestarse en contrastar la información. «Ha llegado a mi conocimiento recientemente que se han divorciado y que te han abandonado y entregado a los servicios sociales. Lo siento mucho. El tiempo me ha venido a dar la razón, por desgracia. He hecho gestiones para averiguar tu paradero, pero lógicamente no me han facilitado ningún dato en ese organismo de la Consejería de la CARM que ahora se llama de Familias y LGTBI», rezaba la misiva con la que el exjuez pretendía justificar lo que hizo en su día, seguir dando rienda suelta a su homofobia y, sobre todo, incitar al odio contra las madres de la menor.

«En primer lugar, necesitamos parar el bulo y el odio hacia la familia concreta, porque están difundiendo una foto de ellas que salió cuando ocurrió aquello, están diciendo sus nombres, el nombre y edad de la niña, etc. Como juez de familia que ha sido, él sabe perfectamente que tú no puedes abandonar a una niña en servicios sociales. Sabe que, en todo caso, los servicios sociales podrían retirarte a la niña porque esté en una situación de abandono, desamparo o peligro. No sabemos qué pretendía, si es una cuestión de venganza o qué. Pero lo peor de todo es el odio que está generando en redes sociales», apostilla preocupada Campillo. Una pesadilla que, por desgracia para sus protagonistas, se alarga ya demasiado en el tiempo.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ade Campillo, Adopción, ASFAGALEM, Delitos de Odio, Discriminación, Homofobia/Transfobia, Homoparentalidad, Lesbofobia, LGTBIfobia, Murcia

El pasado sábado 8 de agosto sobre las 16:00 los Mossos d’Esquadra recibieron una llamada alertándoles de que un hombre había insultado y agredido con una barra de hierro a una pareja homosexual en plena calle en el distrito de Nou Barris.

La pareja que sufrió la agresión fue atendida en un centro hospitalario y proporcionaron la descripción del agresor que sirvió a los Mossos para detener a un hombre de 33 años poco después. Al detenido se le acusa de delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y de un delito de lesiones.

Por su parte, l’Observatori contra l’homofòbia en un tweet,  ha condenado este domingo la “gravísima agresión a dos personas LGTBI” en Barcelona y se ha puesto “a disposición” de las víctimas para activar los protocolos de respuesta.

La entidad, que se ofrece a “facilitar la acusación particular“ para las “víctimas de posibles delitos de odio y lesiones”, considera “insoportable el incremento de la violencia” LGTBIfóbica y cifra en 116 las “incidencias en toda Cataluña y especialmente en Barcelona”.

Comdemnem gravísima agressió a 2 persones LGTBI a Nou Barris – BCN-. Els @mossos detenen agresor home 30 anys. Estem disposició víctima amb activació protocols amb @BCN_CiutatDrets. Insoportable increment violència, son ja 116 incidències a tot Catalunya. @sindicdegreuges pic.twitter.com/pTt7QuDRfp

— Observatori contra l’homofòbia (@OCL_H) August 9, 2020

Ya hace varios meses que las agresiones LGTBfóbicas en la ciudad de Barcelona van en auge y la preocupación dentro del colectivo es cada vez mayor, incluso en zonas tradicionalmente seguras como el Gayxample.

Ahora que vengan los voxasunos a decir que por qué seguimos celebrando el día del Orgullo, que no tenemos de qué quejarnos y que no debemos de educar a los chicos y chicas en el respeto a la diversidad.

General, Homofobia/ Transfobia. Barcelona, Delitos de Odio, Gayxample, Homofobia/Transfobia, Mossos d'Esquadra, Nou Barris

Dos jóvenes gais que se encontraban pasando el día con su familia en un lugar de recreo y baño ubicado en la localidad cacereña de Cañamero fueron víctimas de una brutal agresión homófoba el pasado lunes tres de agosto. Uno de los agredidos recibió un fuerte puñetazo en un ojo y ambos sufren hematomas y un alto nivel de estrés postraumático por todo lo ocurrido.

Los dos jóvenes, que pasaban un día de ocio junto a la madre y el padre de uno de ellos, se encontraban tranquilamente junto a una piscina natural conocida como Charco de La Nutria, en el municipio cacereño de Cañamero. Desde su llegada al lugar, empezaron a recibir insultos homófobos de un varón de entre 35 y 40 años que, secundado por su familia, les gritó con violencia cosas como «bujarras», «maricones» y «maricones de mierda». En un principio, los jóvenes, que evitaban generar conflictos, optaron por responder a tales insultos con su silencio.

Al cabo de un rato, viendo que los gritos e insultos no cesaban, el padre de uno de los chicos le recriminó al mencionado tipo su actitud violenta y le pidió que dejaran de insultar a los jóvenes. Fue entonces cuando el agresor agarró por el cuello al padre, advirtiéndole de que «soy boxeador y te voy a partir la cara». En ese momento, los dos jóvenes y la madre de uno de ellos trataron de detener al agresor y, tras enzarzarse con este y su familia en una pelea física, uno de los chicos recibió un fuerte puñetazo en un ojo. Varios testigos que presenciaron lo ocurrido le afearon la actitud al agresor y le pidieron tanto a él como a sus familiares que se marchasen del lugar, a la vez que solicitaron la presencia de la Guardia Civil.

Cabe señalar que las víctimas de la agresión, quienes prefieren permanecer en el anonimato, decidieron interponer una denuncia tras recibir asesoramiento por parte de la Oficina de Atención a Víctimas por LGBTIFobia. Los dos necesitaron atención médica tras padecer un ataque de ansiedad el día de los hechos y presentaban hematomas en la cara originados por los puñetazos que les propiciaron los principales causantes de la agresión. Además, aún hoy siguen sufriendo altos niveles de ansiedad y estrés postraumático por todo lo ocurrido.

El secretario de Fundación Triángulo, Hugo Alonso, ha señalado que «El verano de 2020 podría convertirse en el peor verano en lo que a Delitos de Odio se refiere desde que se crease la Oficina de Atención a Víctimas allá por el año 2016. Estos datos corroboran aquello que venimos destacando desde hace tiempo, y es el crecimiento del odio a las personas LGBTI. No en vano, son ya 15 las víctimas por LGBTIFobia en la región en lo que va de año, a pesar de que hemos vivido varios meses en confinamiento domiciliario». Asimismo, Alonso ha valorado positivamente la actitud del Ayuntamiento de Cañamero, que condenó públicamente la agresión homófoba a través de las redes sociales. «Lo sucedido es un hecho totalmente aislado, no solo en Cañamero sino en los pueblos de nuestra región, si bien la mayoría de agresiones se producen en ciudades. Es importante además hacer saber que los agresores no residen en Cañamero, sino que podrían haber llegado hasta la zona simplemente a pasar el día», apostilla.

 Fuente Fundación Triángulo/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Cáceres, Cañamero, Delitos de Odio, Extremadura, Fundación Triángulo, Homofobia/Transfobia, Hugo Alonso, LGTBIfobia