Un total de 2.847 abusos ocurrieron en el último año, en medio de regresiones de los derechos LGBTIQ+ en los tres poderes del Estado. Por primera vez, desde la recuperación de la democracia, se rompió con la tendencia al alza de la igualdad y la no discriminación, iniciándose un ciclo preocupante y de incertidumbres, arrojó el XXIII Informe Anual de DHHH de la Diversidad Sexual y de Género.
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El XXIII Informe de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, dado a conocer hoy por el Movilh, arrojó que los casos y denuncias por discriminación aumentaron un 78,7%, registrándose un total de 2.847 abusos, además de regresiones de los derechos LGBTIQ+ en los tres poderes del Estado, un hecho inédito y sin referentes desde la recuperación de la democracia.
“El 2024, el año del retroceso, es un golpe duro que deja secuelas y daños para la dignidad humana y levanta angustiosas incertidumbres sobre el futuro de los derechos LGBTIQ+. (…) El aumento de las denuncias y casos de LGBTIQfobia, sobrecoge tanto por su virulencia como por la incapacidad del Estado, del Poder Político, y en especial de aquellas autoridades que se dicen promotoras de la igualdad para las diversidades, de hacer efectiva la universalidad de los derechos humanos, en vez de dejarla a merced de los vaivenes políticos, partidarios, electorales y coyunturales de quienes rechazan a las diversidades sexuales y de género”, señaló el Informe que elabora cada año el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)
“Este Informe de DDHH, el más triste y preocupante de todos desde su primera edición, es una voz de alerta, un llamado firme y claro al Estado para que adopte medidas inmediatas destinadas a concluir que al menos lo perdido y retrocedido en 2024 será recuperado este año, en vez de intensificarse las regresiones”, apuntó la investigación, junto con precisar que otras características del año fueron la excesiva transfobia, la distorsión de la realidad a través de campañas de desinformación, así como la preocupación del sistema internacional de derechos humanos sobre lo que está ocurriendo en Chile.
Explosivo aumento de las denuncias y casos de discriminación
El 2024 concentra el 23,5% del total de atropellos a los derechos humanos de las personas LGBTQ+ conocidos en los últimos 23 años.
Los 2.847 atropellos del 2024 se dividen en 2 asesinatos; 44 agresiones físicas o verbales perpetradas por desconocidos de las víctimas; 2 agresiones en espacios policiales; 89 abusos laborales y 65 educacionales; 9 movilizaciones o campañas homo/transfóbicas; 436 casos de exclusión institucional; 42 episodios de marginación o ataques en los espacios públicos o privados al momento de usar algún servicio, comprar un producto o ejercer la libertad de expresión; 131 agresiones comunitarias (propinadas por amigos, familiares o vecinos); 2.024 declaraciones de odio y 3 discriminaciones en los medios de comunicación.
“La ultraderecha, y su ascenso a diversas esferas de poder, es en gran medida la responsable de los discursos de odio, pero tristemente también lo han sido aquellas autoridades que auto-identificándose como pro-LGBTIQ+ han guardado silencio frente a declaraciones que humillan y hasta amenazan de muerte en razón de la orientación sexual o identidad de género, llegando al extremo de ceder a las exigencias de retrocesos en políticas públicas o leyes, como lo demuestra el incremento del 63,9% de los casos de discriminación institucional, la segunda categoría mayormente responsable del preocupante aumento de las denuncias y episodios de exclusión del último año”, explicó el Informe.
De las 11 categorías de discriminación consideradas en el estudio, en 8 aumentaron los casos y denuncias. Las agresiones en espacios policiales subieron un 200% y los discursos de odio un 116,9%, seguidos por las campañas o movilizaciones homo/transfóbicas (80%+), la discriminación institucional (+63,9%), los abusos en medios de comunicación (+50%) y en el sistema educacional (+4,8%), las agresiones propinadas por familiares o vecinos (+3,9%) y las perpetradas por desconocidos o personas no cercanas a las víctimas (+2,3%).
“Suaviza” el negativo panorama el hecho de que los asesinatos de odio mermaron un 33%, seguidos por las marginaciones en espacios públicos y privados (-32,2%) y la discriminación laboral (-6,3%).
El número de instituciones responsables de los 2.847 casos de discriminación detectados en 2024 es inferior en un 36% al año precedente, mientras que la cantidad de personas victimarias es levemente superior, con un 3,9% más. “Ello implica, que el incremento de casos en vez de explicarse por un aumento de personas o instituciones que discriminan se relaciona, en buena medida, con que quienes excluyen son responsables, en promedio, de varios casos de discriminación, en vez de solo uno”, apuntó el Informe
La investigación explicó además que “si se excluyese de la contabilidad anual de casos de discriminación a los discursos de odio y solo se comparara la vulneración de derechos en otros planos, el resultado es igualmente inquietante: se mantendría la tendencia al alza, con un 23,9% más de atropellos, al pasar de 664 en 2023 a 823 al año siguiente”.
El año de la transfobia
El 39,73% del total de casos de discriminación ocurridos en el año afectaron a la población trans, incrementando los abusos en un alarmante 462,69% en relación al año previo, sumando 1.131 los atropellos a su dignidad humana.
Los abusos contra lesbianas ascendieron a 118, cifra igual a la del año previo y concentrando el 4,14% del total. Mientras que los atropellos contra hombres gays sumaron 195, un 41% menos que el año previo, acumulando el 6,85% del total nacional.
Los casos de discriminación que afectaron a la población LGBTIQ+ como conjunto acumularon el 49,28% del total, con 1.403 abusos, un 35,82% más que el año precedente
“El 2024 pasará a la historia como el “año de la transfobia”, en tanto los derechos humanos de las personas trans, en especial de niños, niñas y adolescentes (NNA), fueron permanente vulnerados, desconociéndose el derecho a la identidad de género y poniéndose en jaque las conquistas del pasado que habían contribuido a mermar las desigualdades que les afectan, en particular en el acceso a la salud”, apuntó el estudio.
Del total de casos de discriminación, fueron identificados como responsables 39 instituciones y 826 personas, destacándose en un ranking a aquellas con mayor influencia, poder o impacto.
Los movimientos LGBTIQ+ reaccionaron al 90% de los abusos.
Distribución geográfica de los abusos
Valparaíso concentró el 51,32% del total nacional de casos de discriminación, seguido por las regiones Metropolitana (25,12%), Biobío (5,89%), Los Lagos (2,64%), Coquimbo (2,04), Atacama (1,56%), Tarapacá (1,56%), Maule (1,56%), Ñuble, (1,44%), Antofagasta (1,32%), O´Higgins (1,32%), Magallanes (0,96%), Los Ríos (0,84%), Arica y Parinacota (0,84%), La Araucanía (0,72%) y Aysén (0,48%)
En 11 de las 16 regiones aumentaron las denuncias de discriminación. La lista la encabezan Ñuble (+300%), Magallanes (+100%), Valparaíso (+80,93%) y Arica y Parinacota (+75%), seguidas por Atacama (+23,08%), O`Higgins (+22,22%), Coquimbo (+21,43%), Biobío (+19,51%), Tarapacá (+18,18%), Los Ríos (+16,67%) y Los Lagos (+15,79%).
En tanto, en La Araucanía los casos y denuncias por discriminación mermaron un 71,43%, seguida por Maule (-53,57%), Antofagasta (-47,62%), Aysén (-33,3%) y la Región Metropolitana (-6,7%).
En Los Ríos y Valparaíso tuvieron lugar los dos crímenes de odio del año.
Finalmente, los discursos de odio subieron un 116,9%.
El año del retroceso
El pasado Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual había calificado al 2023 como el año del “mal camino”, debido al estancamiento del avance de la igualdad para las personas LGBTIQ+ en las más diversas áreas.
“Del estancamiento al retroceso hay un solo un paso si es que el Estado no adopta medidas para prevenirlo y enfrentarlo, como lamentablemente ocurrió con especial crudeza en 2024: las regresiones se expresaron en los tres poderes del Estado, con el mayor número de retrocesos en el Poder Ejecutivo”, apunta el informe, junto con detallar cada una de las involuciones.
“En el plano legislativo, el Congreso Nacional aprobó una glosa en la Ley de Presupuestos que prohibía al Minsal financiar terapias de hormonización para niños, niñas y adolescentes trans; medida revertida por el Tribunal Constitucional; y dio luz verde a una indicación que condiciona el presupuesto del Programa a la Identidad de Genero (PAIG) a lineamientos transfóbicos. A su vez la Comisión Investigadora Especial (CEI 57) emitió un desinformado y prejuicioso informe que busca limitar derechos de las personas trans, todos retrocesos sin referentes en el quehacer legislativo y que ubican por primera vez al Parlamento en el Ranking Anual de la Discriminación”, apuntó la investigación.
“El Poder Judicial no lo hizo mejor. La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó en un fallo de primera instancia a una organización social y a un medio de comunicación eliminar de sus respectivas publicaciones la denuncia por un caso de homofobia, mientras que en el pasado al pronunciarse por temas similares el Poder Judicial había respetado la libertad de expresión y la autonomía de los movimientos de derechos humanos. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio descartó, por su lado, sancionar por femicidio al asesino de una mujer trans solo porque la víctima no había rectificado su partida de nacimiento, en circunstancias que un fallo previo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique había ido en sentido contrario”, dice el estudio.
Añade que “en el terreno de las políticas públicas, de responsabilidad del Ejecutivo, los retrocesos tuvieron diversos responsables a saber:
-El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) junto con excluir consultas sobre las infancias y adolescencias trans del Censo 2024, dejó al margen preguntas referentes a las orientaciones sexuales, contraviniendo con ello compromisos nacionales e internacionales, muy a diferencia del Censo 2012 que sí había indagado explícitamente sobre las parejas del mismo sexo.
-El Ministerio de Salud (Minsal) ordenó a los recintos públicos postergar las terapias de hormonización para nuevos niños, niñas y adolescentes trans que necesitaran de dicha atención, una medida inédita en el país que obedeció exclusivamente a presiones transfóbicas y a la incapacidad de la cartera de haber generado a tiempo un protocolo nacional para regular el tema.
El Minsal dio otros pasos atrás al no mostrar ningún interés para enfrentar la discriminación que sufren las parejas lésbicas en los programas de fertilización asistida, dejando a la deriva y sin ninguna ayuda u orientación a quienes en el año les negaron tales derechos, ni tampoco dio a conocer los resultados sobre las investigaciones que anunció sobre una denuncia por promoción de terapias que consideran a la homosexualidad como el resultado de problemas o disfunciones familiares. Además incurrió en abierta discriminación al encomendar un prejuicioso estudio sobre las prácticas sexuales y el consumo de drogas, del cual desistió solo tras conocerse públicamente el abuso. En el mismo orden, el Ejecutivo impulsó indicaciones en la Ley de Presupuestos que condicionaron a directrices transfóbicas la mantención del financiamiento del PAIG, un accionar sin referentes en el quehacer gubernamental.
-El Ministerio de Defensa, a diferencia de todas las administraciones pasadas, no dio ninguna señal para enfrentar las denuncias por homo/transfobia ocurridas al interior de las Fuerzas Armadas, desoyendo incluso las advertencias del movimiento LGBTIQ+, lo cual no ocurría desde el año 2012.
-La Subsecretaría de Prevención del Delito, en tanto, sepultó un programa que garantizaba desde el 2013 la asesoría legal y psicológica gratuita a más del 90% de las denuncias de discriminación por orientación sexual o identidad de género conocidas en Chile, una política surgida tras al asesinato de Daniel Zamudio Vera debido a los aprendizajes que su crimen generó en el Estado y en la Sociedad, los mismos que ahora son desconocidos u olvidados.
Finalmente el Ejecutivo rompió con la tradición gubernamental, estrenada en 2012, en orden a impulsar que toda nueva política, norma o ley que hiciese alguna referencia a la no discriminación, mencionaría explícitamente a la orientación sexual y a la identidad de género como categorías protegidas, un avance que se desvaneció en los acuerdos sellados con el Congreso Nacional para la aprobación de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y para el avance del Proyecto de Ley sobre Convivencia Escolar, aún en trámite.
La distorsión de la realidad
“El 2024 se caracteriza también como “el año de la distorsión de la realidad”, toda vez que “ocultó” las positivas transformaciones culturales experimentadas el país a favor de los derechos LGBTIQ+ desde la recuperación de la democracia en adelante”, explicó el estudio.
“Mientras todas los encuestas aplicadas en el año por organismos públicos y privados; nacionales e internacionales; para medir las percepciones ciudadanas sobre las diversidades sexuales y de género arrojaron que la mayoría de la población es favorable a los derechos LGBTIQ+; con incrementos en los niveles de aceptación en muchos casos y ubicando a Chile como líder en la región en otros; las arremetidas de odio, especialmente de tipo transfóbica, tuvieron la más amplia expresión en redes sociales y en espacios públicos y privados, en medio del silencio y repliegue de autoridades o instituciones que dicen respaldar los derechos de este sector social”, sostuvo el estudio.
“El explosivo aumento de un 116,9% de los discurso de odio fueron mal asumidos por medios de comunicación y buena parte del Estado como representativos de un nuevo sentir nacional, pasando por alto que se trata de una estrategia y una presión que, al menos felizmente hasta ahora, en nada se relaciona con las mayoritarias percepciones u opiniones del país. El efecto fue dramático, pues sin duda esta distorsión despejó el camino para los retrocesos legislativos, judiciales y gubernamentales ocurridos en el año, aún cuando debe advertirse que la universalidad de los derechos humanos siempre respetarse, sea cual sea el resultado de las encuestas”, indicó la investigación.
Preocupación internacional
“La preocupación sobre la realidad LGBTIQ+ en Chile manifestada por el sistema internacional de derechos humanos, otras de las peculiaridades del 2024, viene a reflejar que efectivamente en nuestro país se están registrando retrocesos para las diversidades sexuales y de género, sin que el Estado hubiese cumplido compromisos del pasado para mejorar la calidad de vida de este sector de la población, ni contribuyera a mantener los avances conquistados en otros períodos”, redondea el estudio.
“Por un lado, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas lamentó y expresó su preocupación a Chile por el “aumento” de la violencia contra las personas LGBTIQ+, instándolo además a derogar el artículo 373 del Código Penal, a reformar la Ley Zamudio y a crear una institucionalidad antidiscriminatoria. Similares observaciones recibió Chile de parte de los países de la ONU ante los que rindió su Examen Periódico Universal (EPU); los cuales además pidieron una Ley Educación Sexual Integral, garantizar el acceso a la salud de las personas trans y prevenir los discursos de odio; y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), el que advirtió sobre la grave vulneración a derechos sufridos por lesbianas y trans en territorio nacional”, precisó el Informe.
Hitos positivos sucesos de transcendencia
En el año hubo 31 hitos relacionados con la diversidades sexuales y de género, de los cuales 12 afectaron negativamente los derechos LGBTIQ+ y 19 resultaron ser favorables a la igualdad y a la no discriminación.
“Lamentablemente los hitos negativos tuvieron mayor densidad e impacto que los positivos y buena parte de los sucesos favorables ocurrieron en el extranjero y/o se relacionaron con llamados de atención al Estado de Chile formulados por el sistema internacional de DDHH debido a sus deudas con las personas LGBTIQ+”, señala el estudio.
“En el plano estatal, los hitos positivos fueron la condena por femicidio que impuso el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique contra el asesino de una mujer trans que no había rectificado su partida su nacimiento, Yuridia Pizarro Torres, y la sanción del Juzgado de Letras del Trabajo Talca a la Dirección Regional del Trabajo del Maule por discriminar en razón de su orientación sexual a uno de sus abogados”, indicó la investigación
“A su vez, los municipios de La Cisterna y Panquehue inauguraron sus primeras Oficinas de la Diversidad Sexual y de Género y el Gobierno Regional Metropolitano y la Usach lanzaron el “Programa Visibles”, la apuesta con mayor aporte presupuestario estatal para promover los derechos LGBTIQ+ conocida en Chile”, añadió.
“En el terreno de las iniciativas gubernamentales, las embajadas de Chile en El Salvador y Bolivia organizaron los primeros encuentros sobre derechos LGBTIQ+ en esos países. En tanto, a nivel diplomático, y en su calidad de entonces presidentes de la Coalición de Igualdad de Derechos, las embajadas de Alemania y México produjeron en Chile un inédito encuentro sobre derechos LGBTIQ+”, redondeó el Informe.
En el plano social, agregó “el Movimiento LGBTIQ+ aplicó el sondeo más masivo al sector, la Segunda Encuesta Nacional sobre Diversidades y Discriminación contestada por más de 4 mil personas, y distintas organizaciones se unieron en el denominado Espacio de Trabajo LGBTIQ+, a lo que sumaron una campaña y un encuentro, ambos inéditos, en Valparaíso, mientras que la XVII edición de Orgullo Parade fue encabezada por niños, niñas y adolescentes trans”.
En un plano más vinculado a la cultura y el espectáculo, “Francisco Saavedra se convirtió en la primera persona abiertamente LGBTIQ+ en animar el Festival Internacional de Viña del Mar”, apuntó el informe.
A nivel internacional, en tanto, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la primera resolución de su historia a favor de las personas intersex y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) dio luz verde a una nueva resolución favorables a las personas LGBTIQ+.
“Por último, la política y los movimientos sociales estuvieron cruzados por hechos de histórica relevancia, como fueron las elecciones municipales y regionales, los 25 años de la despenalización de la homosexualidad y el fallecimiento del presidente Sebastián Piñera”, finalizó el Informe.
Informe completo aquí
Fuente MOVILH
General, Homofobia/ Transfobia.
Abusos, Chile, Delitos de Odio, Derechos LGTBIQ+, Extrema derecha, Homofobia/Transfobia, Personas LGTBIQ, Retroxesos, XXIII Informe de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género
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(@CarlaAntonelli) 
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