Eleanor Roosevelt con un ejemplar de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre

“Son la materialización del deseo de un mundo más justo, equitativo y solidario”

“La conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos reta a soñar que es posible cambiar de rumbo”

(Fernando Bermúdez).- El 10 de diciembre de 1948, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea de Naciones Unidas emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual significó un avance para la humanidad en orden a la construcción de una sociedad libre de discriminaciones, justa y digna.

Este acontecimiento fue un paso trascendental en la toma de conciencia de la dignidad de la persona humana sin importar raza, cultura, lengua nacionalidad, credo religioso, género o condición social.

Estos derechos son la materialización del deseo de un mundo más justo, equitativo y solidario, constituyéndose en el criterio fundamental de la ética social. Ha habido avances en la igualdad de género, que afecta a los derechos humanos no solo de las mujeres sino también de las personas discriminadas por su condición sexual. Hay un rechazo generalizado a la pena de muerte, siendo cada vez menos los países que la aplican y se ha generado una condena unánime a la tortura. Crece la conciencia sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Los creyentes reconocemos que el fundamento teológico de los Derechos Humanos radica en que Dios se hace presente en cada hombre y mujer, particularmente en el pobre y marginado. Jesús constituye como único criterio para el juicio de la historia el respeto a todo ser humano y el servicio a los necesitados al identificarse con ellos.

“Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, pasé como forastero, inmigrante, y me recibisteis en vuestra casa, anduve sin ropa y me vestisteis, estuve enfermo o en la cárcel y vinisteis a verme… Os aseguro que todo lo hagáis a uno de estos, mis hermanos menores, conmigo lo hacéis” (Mt 25,31-46).

Por eso, todo atropello a la dignidad humana es un atropello al mismo Dios, de quien es imagen. Jesús nos ofrece la clave: “Todo cuanto queráis que os hagan los demás, hacedlo vosotros con ellos”. Estas palabras de Jesús constituyen la regla de oro de los Derechos Humanos.

Después de 70 años de aquella Declaración, constatamos que los derechos humanos siguen violándose. Los ideales que la motivaron están siendo olvidados. El mundo vive sumergido en una profunda crisis de valores, una crisis humanitaria, ética y espiritual.

Un movimiento fundamentalista, extremista e inhumano va invadiendo el planeta. Trump en Estados Unidos, Orban en Hungría, Salvini en Italia, Duda en Polonia, Kurz en Austria, Netanyahu en Israel, Hernández en Honduras, Bolsonaro en Brasil, y el auge de la extrema derecha en Francia, Alemania, España… son un indicador de la crisis de derechos humanos que golpea a la humanidad. A todos ellos les caracteriza un discurso de odio, incitación a la violencia étnica, racismo, xenofobia, aporofobia y un desinterés frente al cambio climático.

¡REPRESIÓN CORTESÍA DEL TIO SAM! La Caravana de MIGRANTES que salió hace meses desde Honduras, llegó a la frontera de EE.UU. La orden del Oligarca Naranja DONALD TRUMP al ejercito fue la de disparar a matar y los migrantes están siendo fuertemente REPRIMIDOS. ¿Sueño Americano? pic.twitter.com/BgKtynmnXM

— ๏ EL WOOS ๏ (@EL_WOOS) 26 de noviembre de 2018

A esta realidad se suma el fundamentalismo religioso de los movimientos neopentecostales, sobre todo en América Latina, y el salafismo, apoyado por Arabia Saudí, que actúa a través de Al Qaeda, Estado Islámico, Boko Haram y Al Sabah, imponiendo una versión rigorista del islam y cometiendo crímenes y atentados terroristas en países árabes e incluso en Europa.

Resalta, asimismo, la oleada de inmigrantes africanos que huyen del hambre y de la violencia en sus países de origen. Tratan de llegar a Europa con la esperanza de encontrar una vida digna y en paz. Los que no mueren ahogados en el Mediterráneo (que son 33.816 en los últimos años), llegan a nuestras costas exhaustos y chocan con el rechazo europeo. En la población española se siente una creciente hostilidad hacia los inmigrantes, lo cual es un indicador de la degradación del espíritu humanista y solidario que nos ha caracterizado. Y esto es sumamente preocupante, porque los valores humanos deberían primar sobre el “bienestar” socioeconómico. Una sociedad sin valores no tiene futuro.

Los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos están siendo flagrantemente violados por Europa y Estados Unidos. Estos países, que son los más ricos del mundo, cierran sus puertas a los inmigrantes y refugiados que tratan de buscar un lugar seguro donde vivir. Este comportamiento de los países ricos del norte global responde a una tendencia de proteger su status de vida económico y social. Un egoísmo colectivo.

Desde el 16 de octubre avanza la caravana de inmigrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos. Más 10.000 personas, hombres, mujeres y niños, huyen del hambre y la violencia. Buscan en este país un lugar donde trabajar y vivir dignamente. Pero Trump les cierra las puertas, enviando más de 10.000 militares para impedir que crucen el muro. Contrasta esta política con la solidaridad de la gente humilde y sencilla de Guatemala y México, que salió al encuentro de la caravana ofreciéndoles agua, comida y, sobre todo, acogida fraterna. Comunidades cristianas y organizaciones de derechos humanos, no solo los acogieron sino que los acompañan en su largo caminar. Pero también de organizaciones norteamericanas que se han desplazado a la frontera para recibirlos.

El clima de extrema pobreza, consecuencia de la injusticia del sistema capitalista imperante en estos países es la razón fundamental por la que los centroamericanos abandonan sus países de origen en dirección al norte. La caravana salió de San Pedro Sula, Honduras, considerada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. En Honduras, un país de 9 millones de habitantes, el año 2017 fueron asesinadas un total de 3.792 personas. La delincuencia y la represión policial tienen atemorizada a la población. Asimismo, Guatemala vive una situación crónica de hambre y violencia. Líderes de organizaciones campesinas que resisten a la política extractiva de las multinacionales, son asesinados.

A nivel global es cada vez más profunda la brecha entre países enriquecidos y países empobrecidos. El sistema económico de libre mercado está arrinconando en la miseria al 85% de la población mundial y matando de hambre a los pobres de la tierra. La desigualdad crece progresivamente. Esta es la causa estructural del fenómeno migratorio

La conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos reta a soñar que es posible cambiar de rumbo, para que las estructuras socioeconómicas y políticas cambien y aseguren la paz que nace de la justicia y una vida digna para todo hombre y mujer, sin necesidad de emigrar. Urge una revolución de la conciencia de los ciudadanos del norte global, para que se logre una nueva humanidad.

Una vez más, acoso y derribo y criminalización de quienes prestan ayuda humanitaria. Sarah Mardini, detenida en Grecia por impedir que personas migrantes mueran en el #Mediterraneohttps://t.co/j36yNeXfjV

— Plataforma OEEBizkaia (@OEEbizkaia) 27 de noviembre de 2018

Fuente Religión Digital

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El Gobierno Vasco reconoce con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda

Frank Mugisha, director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, recogía este lunes el Premio René Cassin 2017de manos del lehendakari, Iñigo Urkullu. La organización vasca Ortzadar LGTB fue la que propuso en su momento la candidatura de Sexual Minorities Uganda, por su defensa de los derechos de la comunidad LGTB en el continente africano, a pesar de las amenazas y la persecución a la que tienen que hacer frente con frecuencia los activistas que se integran en ella (especialmente en Uganda). La entrega del galardón se enmarcaba en los actos del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemoró el pasado domingo 10 de diciembre. Mugisha ha denunciado que “sufrimos discriminación social e institucional. Solo por ser gay, en Uganda puedes ser arrestado y encarcelado”. Por ello, el activista añade que están comprometidos a “no parar hasta lograr la igualdad”.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reafirmado este lunes, con motivo de la entrega del ‘Premio René Cassin 2017‘ a la ONG Sexual Minorities Uganda, el compromiso del Gobierno Vasco con la lucha contra la “discriminación” por razón de identidad de género y orientación sexual. “Con este premio reconocemos a todas las personas y entidades que luchan por la dignidad en África y desde África; Euskadi hoy se hermana con todas ellas y muestra su empatía”, decía el lehendakari, Iñigo Urkullu, al entregar el Premio René Cassin 2017 a Sexual Minorities Uganda. A la cita celebrada en Lehendakaritza (sede de la presidencia de Euskadi), asistieron todos los consejeros del Gobierno Vasco, además del secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, y de la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando.

El activista trans Víctor Mukasa fue el promotor en 2004 de Sexual Minorities Uganda. Actualmente, la organización está formada por 18 asociaciones que luchan contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género en Uganda y en el resto del continente africano. El director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, Frank Mugisha (que en 2014 fue nominado al Premio Nobel de la Paz), recogía el mencionado galardón, acompañado de Diane Sydney Bakuraira (también miembro de la entidad premiada).

Urkullu ha presidido la ceremonia de entrega de este galardón del Gobierno autonómico a Sexual Minorities Uganda, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos del colectivo LGTBI en África.

El jurado del ‘Premio René Cassin‘, con el que el Ejecutivo reconoce cada año la labor de personas y entidades en el ámbito de los derechos humanos, ha destacado el trabajo esta organización para denunciar de la situación de la comunidad LGTBI en algunos países de África y en Uganda, en particular, y su defensa del respeto de los derechos de estas personas.

En su intervención, Urkullu ha explicado que este galardón supone un reconocimiento del trabajo de “todas las personas que luchan por la igualdad y el derecho a la no discriminación motivada por la orientación sexual o la identidad de género”.

El lehendakari ha reafirmado “la empatía, la solidaridad y el compromiso” del Gobierno Vasco con el respeto y la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Además, ha mostrado su reconocimiento por la labor que desarrolla Sexual Minorities Uganda para “dar a conocer una realidad que les resulta invisible, desconocida o lejana” a muchas personas.

Urkullu ha recordado que los integrantes de esta organización trabajan en unas condiciones muy “complicadas”, dado que, en países como Uganda, “la diversidad sexual es un delito penado con cadena perpetua”.

El lehendakari ha recordado que el artículo segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Dicho artículo añade que “no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.

Historia de la ONG

La ONG Sexual Minorities Uganda se fundó en 2004 por el activista transgénero Victor Mukasa, y está integrada por 18 organizaciones de distinto signo, que luchan por el reconocimiento y el respeto de la dignidad y derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

La situación de las personas LGTBI en algunos países de África es especialmente dramática. En muchos países están perseguidas penalmente, incluso -como en el caso de Uganda- con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Sexual Minorities Uganda brinda espacios seguros a las personas LGBTI; promueve iniciativas vinculadas a su empoderamiento afectivo e identitario; asesora frente a las enfermedades de transmisión sexual; y trabaja en el ámbito de los medios de comunicación y la denuncia social.

El premio ha sido recogido por el director ejecutivo de la entidad, Frank Mugisha, que en 2014 fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Mugisha ha estado acompañado por Diane Sydney Bakuraira, perteneciente también a Sexual Minorities Uganda.

El Premio René Cassin fue creado por el Gobierno Vasco con el fin de “reconocer públicamente la labor de personas físicas o jurídicas que con su actuación contribuyan de manera destacada a la promoción de los valores de los derechos humanos en la sociedad”. El premio es un homenaje a René Cassin, nacido en Bayona en 1887, y al que se le considera el principal inspirador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1968.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía el año pasado en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014. La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario. Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación.

En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna, hace unos meses el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables”, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente EiTB, Portal Irekia del Gobierno Vasco, vía Cáscara Amarga/Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Declaración Universal de los Derechos Humanos, Diane Sydney Bakuraira, Frank Mugisha, Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, Premio René Cassin 2017, Sexual Minorities Uganda, Uganda, Victor Mukasa

De su blog Teología sin Censura:

Según los últimos informes, que han presentado las instituciones más autorizadas en asuntos relacionados con la economía y los derechos humanos (por ejemplo OXFAM), España es el 2º país de la UE en el que la desigualdad, entre los más ricos y los más pobres, ha crecido y sigue creciendo de forma cada día más alarmante. Entre 2008 y 2014, los salarios más bajos cayeron un 28 %, mientras que los más altos apenas se movieron o, por el contrario, aumentaron. En 2015, el sueldo del ejecutivo con salario más alto era 96 veces superior al del sueldo medio de los empleados de las empresas del IBEX. Por no hablar de los parados y una notable cantidad de pensionistas, que nos tenemos que conformar con ingresos de auténtica miseria.

A mi manera de ver, lo más grave, que se nos plantea, cuando se trata de afrontar este asunto, si la cosa se piensa despacio, pronto se da uno cuenta de que no se trata solamente – ni principalmente – de un problema económico o político, sino que hay, en todo esto, algo mucho más hondo. El tema de ricos y pobres, en España, es un problema cultural. En este país (como ocurre en otros, por ejemplo, en América Latina), son constitutivos culturales de nuestra sociedad. Y eso significa que el hecho de “ser rico” o “ser pobre” son elementos constitutivos de nuestra propia identidad. Lo que representa, entre otras cosas, que esto de la desigualdad no se arregla con más dinero o con buenos gobernantes. Por supuesto, hay que resolver cuanto antes esos dos factores del problema. Pero insisto en que, aumentando los billetes y poniendo a otros políticos, el problema seguirá siendo el mismo. Porque lo que hay que cambiar de raíz es nuestra cultura de ricos y pobres. Y de ricos contra pobres.

Ahora bien, una cultura cambia cuando se modifican los valores, las convicciones, las costumbres, los hábitos de vida, y el proyecto mismo de vida que cada cual se organiza. Y en esto – entre otras cosas – tiene una importancia decisiva, no digo la religión, sino las creencias más fundamentales, que determinan la forma de vivir y la conducta de las personas.

Esto supuesto, yo me pregunto si tienen claro y resuelto este problema y su solución tres de los factores más determinantes de la educación: las familias, la Iglesia y el Ministerio de Educación. ¿Entra esto, ante todo, en sus preocupaciones, en sus programas y proyectos para todas las etapas de la formación de un correcto ciudadano?
Por mi dedicación, de tantos años, a la religión, a la teología y a la Iglesia, mi convencimiento es que estamos estancados en un enorme escándalo. Un escándalo que es mayor y más importante, que los otros escándalos relacionados con la Iglesia, los curas y los obispos. Me refiero al escándalo de una Iglesia, que se preocupa más por la observancia del Derecho Canónico que por el cumplimiento de los Derechos Humanos.

Entre otras razones, porque el Derecho Canónico vigente es incompatible con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué se calla el clero ante tantas violaciones de los Derechos Humanos? ¿No será porque la CEE teme que se pongan en cuestión los privilegios económicos y fiscales que todavía tiene la Iglesia en España? O para decirlo con más claridad, ¿Por qué la Iglesia no exige la igualdad, en dignidad y derechos, entre hombres y mujeres? ¿No será porque la Iglesia es la primera que no admite esa igualdad, en dignidad y derechos, entre hombres y mujeres?

Hasta el día en que la Iglesia no tome muy en serio la aceptación, la puesta en práctica y la debida educación en estos problemas tan fundamentales, que son los que pueden modificar nuestra cultura, la desigualdad (por más dura que resulte) seguirá siendo un componente de nuestra propia identidad. ¡Qué miseria tan vergonzosa y humillante!

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Hace un par de semanas, eldiario.es se hacía eco en Desalambre, su sección semanal sobre derechos humanos, de las dificultades que tienen los demandantes de asilo por motivo de orientación sexual y/o identidad de género para lograrlo en nuestro país. Un más que recomendable artículo que ha puesto de nuevo sobre la mesa la falta de compromiso por parte de las instituciones españolas (y europeas en general) en lo que respecta al asilo por motivo de orientación sexual y/o identidad de género. 

Las dificultades que enumera el artículo a la hora de que los demandantes de asilo lo puedan conseguir son, por ejemplo, la aportación de pruebas que demuestren su orientación sexual o algunos de los criterios que los jueces utilizan para medir el peligro o la violencia que sufren estas personas para decidir si se les concede el asilo. Destaca, muy en especial, lo que podríamos denominar el “criterio de la discreción”, según el cual si en su país, pese a estar las personas LGTB perseguidas por la ley, la vida de una persona no parece correr peligro si es capaz de sobrellevar “de forma discreta” su orientación sexual y/o identidad de género, el asilo no debe ser la opción elegida. “Es una forma de decir: si no te muestras de forma muy pública, en tu país no te van a molestar. No se tomarán esos esfuerzos”, explica Elena Muñoz, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), organización que lleva tiempo denunciando la persecución que sufren las personas LGTB en el mundo y las dificultades que esas mismas personas perseguidas encuentran en España cuando solicitan protección.

Es este, el de la “discreción”, un criterio que vulnera claramente la libertad de las personas y alienta la LGTBfobia misma: se pide a las personas que oculten su identidad y que vivan en silencio toda su vida. España, no es, por desgracia, el único país en el que se aplica. Hace varios años en dosmanzanas recogíamos, por ejemplo, como un tribunal noruego denegaba el asilo a un refugiado iraquí pese a reconocer su homosexualidad, recomendándole que “volviera a casa y fuera discreto” de acuerdo con “las normas socio-culturales de Irak”.

Otro criterio que se plantea es el del activismo. En este caso, se valora favorablemente que una persona haya ejercido el activismo en defensa de los derechos LGTB, ya que se considera una “prueba” de que la persona no está mintiendo sobre el motivo por el que demanda el asilo. Para que este criterio se tome en cuenta, el demandante debe aportar pruebas, como por ejemplo fotografías o vídeos de actos de visibilización o manifestaciones. De esta manera, vemos que las instituciones solo dan, en la práctica, dos opciones: o la invisibilidad total y el silencio sobre la orientación sexual y/o la identidad de género (lo que conlleva que estas personas no puedan desarrollarse completamente) o la visibilidad absoluta como activista, un peligro bastante grande si tomamos como referencia que en casi  todos los países de donde proceden los demandantes son países en los que la libertad de expresión en general está muy mutilada y, concretamente, la expresión de las personas LGTB está castigada legalmente (véase las leyes “antipropaganda homosexual” en el este de Europa o el asesinato de muchos activistas en sus respectivos países de origen).

Por otra parte, las pruebas que el demandante debe aportar para conseguir la resolución favorable son también un tema controvertido. Puede ser cualquiera que demuestre el riesgo o los “temores fundados” de que esta persona sea o pueda ser víctima de violaciones de derechos humanos. Denuncias sobre delitos de odio tramitadas en sus países o reconocimientos médicos que demuestren que se ha sufrido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual ayudan a demostrar el peligro que viven estas personas. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con las personas que por su condición LGTB están en peligro pero no han sido todavía visiblemente agredidas o amenazadas, o simplemente no han podido tramitar alguna denuncia en su país o en un país vecino precisamente porque allí no se permite denunciar los delitos de  odio hacia las personas LGTB?

En este sentido, cabe destacar como un paso en la buena dirección la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ya en 2014 determinó que a la hora de valorar las solicitudes de asilo de estas personas, si bien las autoridades nacionales tienen capacidad para llevar a cabo interrogatorios sobre sus circunstancias particulares, debía respetarse su dignidad. El tribunal estimó que exigirles “exámenes” para demostrar su homosexualidad, preguntarles detalles sobre sus prácticas sexuales o exigirles la presentación de pruebas del tipo de grabaciones en vídeo de sus actos íntimos viola la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (el pronunciamiento tenía su origen en el recurso de tres solicitantes de asilo a los que Holanda había rechazado al considerar que no habían probado suficientemente su homosexualidad).

Llegada al país de acogida

La llegada al país de acogida y la espera a la resolución a la demanda del asilo no está exenta de dificultades, injusticias y peligros. En muchas ocasiones, las personas demandantes de asilo deben depender de organizaciones no gubernamentales o de entidades no lucrativas para poder desarrollarse y vivir en el país de acogida las cuales les conceden viviendas provisionales o cursos de diferente índole o ayuda para encontrar trabajo. Y a pesar de los esfuerzos de estas  entidades, las leyes de nuestros países algunas veces ponen trabas a la real aceptación y al desarrollo de estas personas en los países de acogida. Así, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas las personas demandantes de asilo no han disfrutado durante mucho tiempo de acceso a una sanidad pública y completa. A estos problemas se añade la posibilidad de que terminen recluidas en los polémicos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en los cuales ya se han registrado muchas veces abusos o malos tratos. Su mera existencia es de hecho una violación del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se reconoce expresamente que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.

No podemos concluir sin recordar a las instituciones encargadas de tramitar y dar resolución a las demandas de asilo que el desarrollo de unos criterios libres de LGTBfobia, xenofobia y racismo, acordes con las indicaciones de las organizaciones especializadas (como ACNUR y CEAR, entre otras) sería un gran paso hacia el cumplimiento efectivo del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país”.

Fuente Dosmanzanas

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