La ONU y grupos de derechos humanos condenan la aprobación de un proyecto de ley anti-LGBTQ+ “profundamente inquietante”

Peñas de prisión de hasta cinco años por  “Promoción, patrocinio o apoyo deliberados de actividades LGBTQ+”

Las Naciones Unidas (ONU) y grupos de derechos humanos han condenado la aprobación de un proyecto de ley “profundamente inquietante” que criminaliza a las personas LGBTQ+ en Ghana.

El Parlamento de Ghana ha aprobado una ley que intensifica la represión de los derechos de las personas LGBTQ y de quienes promueven las identidades lesbianas, gays u otras identidades sexuales o de género no convencionales en el país de África Occidental.

La nueva legislación aprobada el miércoles 28 de febrero, se llama Proyecto de Ley de Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares de Ghana, se presentó por primera vez en el parlamento en 2021, tras una represión contra la comunidad LGBTQ+. y es tan extremo que impondría una pena de prisión de hasta tres años para las personas que digan de sí mismas que son no heterosexuales o que su identidad de género no corresponde a la biológica. Para quienes organicen o financien grupos LGTB+ la pena máxima de prisión sería de cinco años. Impone penas de prisión de hasta cinco años por “promoción, patrocinio o apoyo deliberados de actividades LGBTQ+”.

Pero no sólo criminaliza a las personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTQ+ sino que también ataca a los aliados que apoyan los derechos queer. Cualquier persona declarada culpable podría ser castigada con penas de prisión que oscilan entre unos pocos meses y tres años. Las personas que defiendan los derechos LGBTQ+ podrían estar sujetas a penas de cárcel de tres a cinco años. El proyecto de ley también impondría una pena de prisión de hasta 10 años para cualquier persona que hable con menores de edad sobre temas LGTB o lleve a cabo campañas de información de diversidad sexual dirigidas a ellos.  Los legisladores rechazaron los intentos de reemplazar el tiempo de cárcel con servicio comunitario y asesoramiento para el proyecto de ley propuesto.

El proyecto de ley también alienta al público a denunciar a las autoridades a quienes creen que pertenecen a la comunidad LGTB para que tomen las “medidas necesarias”.

El legislador de la oposición Sam George, principal promotor del proyecto, pidió a Akufo-Addo que lo aprobara. “No hay nada que trate mejor el tema LGBTQ que este proyecto de ley que ha aprobado el Parlamento. Esperamos que el Presidente cumpla lo que dice y sea un hombre de palabra”, afirmó George.

A los activistas ahora les preocupa que haya búsquedas de miembros de la comunidad LGTB aliados, y temen que tengan que esconderse si el proyecto de ley se convierte en ley.

El proyecto aún tiene que ser validado por el Presidente antes de convertirse en ley, lo que los observadores creen improbable antes de las elecciones generales de diciembre. El proyecto de ley ha sido apoyado por dos partidos políticos importantes y sólo entrará en vigor si el presidente Nana Akufo-Addo lo promulga. El presidente dijo anteriormente que seguiría adelante con el proyecto de ley si la mayoría de los ghaneses quisieran que se convirtiera en ley.

Grupos de activistas han calificado el proyecto de ley de Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares de retroceso para los derechos humanos y han instado al gobierno del Presidente Nana Akufo-Addo a rechazarlo.

Pero la legislación cuenta con un amplio apoyo en Ghana, donde Akufo-Addo ha afirmado que el matrimonio homosexual nunca se permitirá mientras él esté en el poder.

Comúnmente conocida como la ley antigay, la amplia legislación recibió el patrocinio de una coalición formada por líderes tradicionales cristianos, musulmanes y ghaneses, y fue aprobada en una votación a viva voz sin oposición.

Aunque la discriminación contra las personas LGBTQ es habitual, nunca se ha procesado a nadie en virtud de esta ley de la época colonial. La actividad sexual consensuada entre personas del mismo sexo sigue siendo ilegal en la nación de África occidental según una ley que se remonta al dominio colonial británico y se castiga con hasta tres años de prisión. Además, los ghaneses LGBTQ+ se han enfrentado a mayores niveles de discriminación, abuso y violencia en los últimos años.

El mes pasado, Amnesty InternationalAmni expresó su preocupación por el proyecto de ley y advirtió que “presentaría amenazas importantes a los derechos y libertades fundamentales” de las personas LGBTQ+.

Los parlamentarios dijeron que el proyecto de ley se redactó como respuesta a la apertura del país de su primer centro comunitario LGBTQ+ en la capital, Accra, en enero de 2021. La policía cerró el centro después de protestas públicas y presión de grupos religiosos del país, que es mayoritariamente cristiano.

El Consejo Cristiano de Ghana y el Consejo Pentecostal y Carismático de Ghana dijeron en ese momento en un comunicado que ser LGBTQ+ era “ajeno a la cultura ghanesa y al sistema de valores familiares y, como tal, los ciudadanos de esta nación no pueden aceptarlo”. Y los obispos católicos agradecieron a su Parlamento el avance del proyecto de ley “pro-familia” y contra las personas LGBTIQ+…

La legislación tendría un impacto devastador porque no sólo “criminaliza la propia identidad” sino que también “priva a varios grupos”, dijo LGBTQ+ Rights Ghana en una publicación en las redes sociales. “Representa un día triste y vergonzoso para Ghana, un país que durante mucho tiempo ha sido considerado como un faro de esperanza para África debido a sus logros democráticos ejemplares“, dijo el grupo. “Para todos los ghaneses LGBTQIA+, hemos superado muchos desafíos antes y esta es solo otra tormenta que debemos capear. En tiempos como estos, debemos seguir siendo resilientes, mantener la fe y recordar que siempre hay esperanza, incluso en los tiempos más oscuros”.

Rightify Ghana, una importante organización de derechos humanos, también criticó el proyecto de ley “draconiano” en una declaración en X/Twitter. La legislación “representa un flagrante desprecio por los principios de democracia y derechos humanos consagrados en la constitución de Ghana”, afirmó el grupo. “Infringe derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, la libertad de asociación [y] la libertad de reunión. Además, el proyecto de ley amenaza con exacerbar las desigualdades existentes al marginar aún más a las personas LGBTQ+ y restringir su acceso a servicios esenciales como educación, atención médica, vivienda y empleo”.

PRESS STATEMENT ON PASSAGE OF ANTI-LGBT+ BILL.@LGBTRightsGhana pic.twitter.com/SyavCmk2lP

— LGBT+ Rights Ghana (@LGBTRightsGhana) February 28, 2024

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, condenó la aprobación de la ley. “El proyecto de ley amplía el alcance de las sanciones penales contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales y queer –simplemente por ser quienes son– y amenaza con sanciones penales contra los supuestos aliados de las personas LGBTQ+”, dijo Türk. “Pido que el proyecto de ley no se convierta en ley. Las conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo nunca deben criminalizarse”. Advirtió de que tales medidas pueden exponer a las personas a delitos de odio, e instó al gobierno a “garantizar que todos puedan vivir libres de violencia, estigma y discriminación, independientemente de su orientación sexual o identidad de género“.

Una coalición de derechos humanos conocida como Big 18, que agrupa a abogados y activistas de Ghana, también ha criticado el proyecto de ley. “No se puede criminalizar la identidad de una persona, y eso es lo que hace el proyecto de ley, y es absolutamente erróneo“, afirmó Takyiwaa Manuh, miembro de la coalición. “Queremos instar al Presidente a que no apruebe el proyecto de ley, ya que viola totalmente los derechos humanos de la comunidad LGBT“, declaró Manuh a la AFP.

Los miembros de la comunidad LGBTQ de Ghana están preocupados por las implicaciones del proyecto de ley. “Pretenden Borrar nuestra existencia”, afirman.

Alex Kofi Donkor, fundador y director de la organización LGBT+ Rights Ghana, afirmó que “la aprobación de este proyecto de ley marginará y pondrá en peligro aún más a las personas LGBTQ en Ghana. No sólo legaliza la discriminación, sino que fomenta un entorno de miedo y persecución”, afirmó. “Con duras penas tanto para las personas LGBTQ como para los activistas, este proyecto de ley amenaza la seguridad y el bienestar de una comunidad ya de por sí vulnerable.”

El grupo estadounidense de defensa LGBTQ+, Human Rights Campaign (HRC), dijo que estaba “indignado” al enterarse de la aprobación del “cruel proyecto de ley que viola los derechos fundamentales” de las personas queer y sus aliados. “Todos los legisladores que votaron para aprobar este proyecto de ley están utilizando erróneamente su poder para despojar a las personas que se supone deben representar de la humanidad básica”, afirmó David Stacy, vicepresidente de asuntos gubernamentales del HRC. Instando a la “comunidad internacional a defender los derechos de todas las personas LGBTQI+”, prometió que el CDH apoyaría a sus socios ghaneses “durante este momento angustioso”.

Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA , dijo: “Si el proyecto de ley sobre derechos sexuales humanos y valores familiares de Ghana se convierte en ley, exacerbará el miedo y el odio, podría incitar a la violencia contra los ciudadanos ghaneses y tendrá un impacto negativo en la libertad de expresión. libertad de circulación y libertad de asociación”.

Unos 30 países africanos prohíben actualmente la homosexualidad, según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA).

Uganda, Mauritania y varios estados del norte de Nigeria castigan con extrema dureza las relaciones entre personas del mismo sexo, y los acusados pueden ser condenados a muerte.

Sudáfrica es la única nación del continente que permite el matrimonio homosexual, que legalizó en 2006.

Las relaciones homosexuales sólo se han despenalizado en un puñado de países: Cabo Verde, Gabón, Guinea-Bissau, Lesoto, Mozambique y Seychelles, según la ILGA.

Ultima Hora

El presidente de Ghana ha declarado que retrasará el examen de un proyecto de ley contra la comunidad LGBTQ+ aprobado por el Parlamento la semana pasada, en medio de una impugnación legal y de advertencias de que podría llevar al país a perder miles de millones en financiación.

En un comunicado compartido en Facebook, el presidente Nana Akufo-Addo afirmó que “un ciudadano interesado ha impugnado ante el Tribunal Supremo la constitucionalidad de la legislación propuesta” y que esperará a la decisión del tribunal antes de tomar medidas en relación con el proyecto de ley.

Akufo-Addo dijo también que es consciente de que el proyecto de ley “ha suscitado considerables temores en ciertos sectores de la comunidad diplomática y entre algunos amigos de Ghana, que podrían estar dando la espalda a su, hasta ahora envidiable, larga trayectoria en la observancia de los derechos humanos y el apego al Estado de derecho“. Y continuó: “Quiero asegurarles que no se contemplará ni se provocará tal retroceso“.

La decisión sigue a una advertencia a Akufo-Addo del Ministerio de Finanzas de Ghana, que se filtró a varias publicaciones de noticias. En ella se le insta a abstenerse de promulgar la ley porque el país podría perder hasta 3.800 millones de dólares (cerca de 3.000 millones de libras) de financiación del Banco Mundial, una situación que podría afectar a la recuperación económica de Ghana.

La legislación propuesta -el Proyecto de Ley de Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares de Ghana- fue aprobada por unanimidad por el Parlamento del país el 28 de febrero. Una vez que el Parlamento aprueba un proyecto de ley, el Presidente tiene siete días para firmarlo y convertirlo en ley. Si no lo hace, dispone de 14 días para exponer sus motivos.

Larissa Kojoué, investigadora de Human Rights Watch, instó al presidente a vetar la ley, afirmando que “va en contra de las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos“. Continuó diciendo: “Una ley así no sólo erosionaría aún más el Estado de derecho en Ghana, sino que podría dar lugar a más violencia gratuita contra las personas LGBT y sus aliados. Los ataques de Ghana contra los derechos de las personas LGBT contradicen la imagen que tiene de sí misma como una de las naciones más amistosas del mundo y un país seguro, pacífico y hospitalario. El presidente debería hacer lo correcto preservando el espacio cívico y protegiendo las libertades de expresión y reunión, y vetar el proyecto de ley”.

La directora de Amnistía Internacional en Ghana, Genevieve Partington, calificó la aprobación de la ley de “escandalosa y profundamente decepcionante”, sobre todo al producirse “poco después de que Ghana fuera elegida para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El proyecto de ley es uno de los más draconianos de África y pretende criminalizar aún más a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. También pretende castigar a cualquiera que apoye o abogue por las personas LGBT, incluidos defensores de los derechos humanos, profesionales de la medicina, periodistas, profesores y propietarios de viviendas, en violación del derecho a la libertad de expresión y asociación.

“Las personas LGBTI ya han denunciado desalojos forzosos, pérdida de empleos, aumento de la violencia y otras violaciones de los derechos garantizados por la Constitución del país, desde que el proyecto de ley se presentó en el Parlamento.

“Amnistía Internacional insta al presidente Nana Akufo-Addo a que respete los derechos humanos de todas las personas y no convierta en ley esta forma extrema de discriminación, que afecta a todas las personas del país.”

El año pasado, la aprobación de la dura ley ugandesa contra la homosexualidad llevó al Banco Mundial a suspender la concesión de nuevos préstamos a este país de África Oriental. Un portavoz del banco dijo que la legislación contradecía fundamentalmente sus valores.

Fuente Agencias

General, Homofobia/ Transfobia. Alex Kofi Donkor, Big 18, David Stacy, Genevieve Partington, Ghana, Homofobia/Transfobia, Larissa Kojoué, Ley de Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares, Nana Akufo- Addo, Personas LGTBIQ, Rightify Ghana, Sam George, Takyiwaa Manuh, Volker Türk

Nuevo recorte de derechos del colectivo trans a manos de la administración Trump. En esta ocasión le toca el turno a las normas de protección de las personas trans recluidas en las cárceles federales que en su momento instauró la administración Obama, y que ahora han sufrido una serie de modificaciones que las dejan, en la práctica, revocadas. Para empezar, la administración Trump ordena que sea el «sexo biológico», y no la identidad de género el que determine las instalaciones a las que las personas trans son asignadas. Una norma especialmente cruel hacia las mujeres trans, que pierden de esta manera la protección de la que gozaban frente a agresiones sexuales a manos de otros reclusos.

La normativa instaurada por la administración Obama no era ni mucho menos perfecta, pero suponía un avance importante respecto a la situación anterior. Sin que determinase de forma explícita que todas las personas trans debían ser asignadas a instalaciones correspondientes a su identidad de género, sí que establecía la obligatoriedad de tener esta en cuenta, así como la «vulnerabilidad a la victimización sexual» y sus necesidades médicas y psicológicas. La administración Trump ha decidido sin embargo introducir una serie de cambios. Ahora bien, en lugar de sustituir el documento por otro, lo que hace es interpolar una serie de párrafos en distintos puntos del texto (puedes verlos aquí, señalados en amarillo), de forma que en teoría la normativa sigue vigente, pero en la práctica queda convertida en papel mojado.

Así, por ejemplo, mientras que se mantiene la necesidad de tener en cuenta la identidad de género de la persona reclusa, se introduce la salvedad de que se utilizará el «sexo biológico» como criterio inicial para la asignación. De hecho, el nuevo documento refiere explícitamente que «la designación de una instalación correspondiente a la de la identidad de género del reo se considerará apropiada solo en circunstancias excepcionales» y siempre que en todo caso la persona trans ya haya experimentado una «significativa evolución de su transición» demostrada médica y psicológicamente.

Otro cambio aparentemente mínimo (consiste «solo» en la adición de una palabra) pero que puede tener gran trascendencia es el que atañe al tratamiento médico de las personas trans reclusas. De «El tratamiento hormonal y cualquier otro tratamiento médico podrá ser facilitado después de una evaluación individualizada del reo por el personal médico de la institución» se pasa a «El tratamiento hormonal y cualquier otro tratamiento médico necesario podrá ser facilitado después de una evaluación individualizada…». Un cambio que ha sido interpretado como una forma de facilitar que las cárceles puedan denegar a las personas trans tratamientos que no consideren «necesarios». Resulta obvio el peligro que ello supone: muchas personas trans podrían exponerse a quedar sin tratamientos fundamentales para acomodar sus características físicas a la identidad de género sentida.

Los colectivos de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB consideran muy grave la decisión de la administración Trump. «La decisión de no respetar la identidad de género de las personas transgénero es dañina e irrespetuosa. Es una decisión inadmisible que ignora el conocimiento médico y desafía al sentido común. Las personas trans bajo el control de la Agencia [Federal] de Prisiones estarán sometidas a un mayor grado de violencia y discriminación», ha declarado por ejemplo David Stacy, director de Asuntos Gubernamentales de Human Rights Campaign (HRC).

El empeño en la discriminación de las personas transexuales

Conquistada la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2016, Donald Trump y Mike Pence (cuya LGTBfobia era ya bien conocida antes de ser invitado por Trump a ser su candidato a vicepresidente) se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. Hay en marcha, por ejemplo, toda una operación para excluirlas del Ejército, que por el momento permanece en suspenso por decisión judicial pero que Trump y Pence parecen decididos a llevar hasta el final.

La administración Trump también retiró la protección al alumnado trans en las escuelas que reciben fondos federales. Y ha prohibido, por mencionar otro ejemplo más, el uso de la palabra «transgénero» en los informes de su principal agencia sanitaria, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés). Y todo ello por no hablar de las medidas dirigidas de forma global contra el colectivo LGTB en su conjunto, como por ejemplo su intención de que el personal sanitario pueda negarse a atender a una persona homosexual, bisexual o transexual si considera que prestarle la asistencia sanitaria que precisa vulnera sus creencias.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Agencia Federal de Prisiones, Barack Obama, David Stacy, Discriminación, Donald Trump, Estados Unidos, Human Rights Campaign, LGTBfobia, Mike Pence, Personas transgénero, Prisiones, Transexualidad, Transfobia

Aunque la comunidad médica y militar se ha mostrado en contra y aunque los juzgados federales no dejan de anularla, la prohibición de que las personas trans sirvan en el ejército de EE.UU. ideada por Trump tiene ahora el respaldo de todo el Partido Republicano. 

Cuando en verano del año pasado Donald Trump anunció en Twitter que quería prohibir a las personas trans formar parte del ejército estadounidense muy probablemente no esperaba que se formara el culebrón que se acabó formando.

En mitad de ese follón político las asociaciones LGTB+ y en pro de los derechos civiles y humanos llevaron la decisión de Trump a los tribunales y el mes pasado el Pentágono anunció que, con la prohibición suspendida por parte de un juzgado, las personas trans no solo podían seguir alistándose en el ejército sino que se iban a aplicar varias medidas para proteger su privacidad y facilitarles vivir acorde a su género percibido. Incluso pagaron la operación de reasignación de sexo de una mujer trans.

Los que aún no habían dicho nada sobre el tema eran los republicanos en general, que acaban de mostrar todo el apoyo de su partido a la decisión de Trump. Algo muy poco sorprendente teniendo en cuenta que la transfobia parece ir adherida al ADN republicano cuyos senadores, gobernadores y políticos así en general se han enfrascado en una lucha constante contra los derechos de las personas LGTB. Y, con el matrimonio igualitario aprobado y asentado, la víctima perfecta para su odio es el colectivo trans.

La semana pasada el partido Republicano celebró su Comité Nacional anual y aprobaron una resolución que podría considerarse, directamente, la representación de la transfobia: para los republicanos las personas trans están “descalificadas psicológica y físicamente” para ser militares.

Lo que no deja de ser una posición ofensivamente hilarante porque los propios militares han dejado claro que los y las soldados trans son miembros del ejército tan valiosos como cualquier otro. Además tanto la Asociación Americana de Medicina como la Asociación Americana de Psicología han dejado claro que no hay ninguna razón médica válida, ni física ni mental, para excluir a las personas trans del ejército.

Desde el Partido Demócrata ya han cargado contra los republicanos. Lucas Acosta, director del programa LGTBQ del partido, ha señalado que esta decisión de los republicanos es el último paso de una administración que en los últimos meses “ha echado por tierra protecciones significativas para la comunidad LGTBQ, ha destrozado familias y ha permitido a los trabajadores sanitarios discriminar en cuanto al acceso a los cuidados médicos.” Acosta acusa a los republicanos de infravalorar a las personas trans “que quieren servir a su país de la forma más honorable posible” y señala la hipocresía que supone “negar los derechos básicos a las personas LGTBQ mientras aceptan dinero de un depredador sexual con múltiples acusaciones y lo invierten en un supuesto pederasta.”

La presidenta de la GLAAD, Sarah Kate Ellis, acusa a Trump y los republicanos de situarse diametralmente en contra de lo que la gran mayoría de americanos creen que es mejor para la seguridad de su país: “El hecho de que el Comité Nacional Republicano se alinee con esta flagrante discriminación muestra lo tóxica y profundamente arraigada que la ideología LGTBfóbica de la administración Trump se ha vuelto.”

“Es un ataque asqueroso a las miles de personas trans valientes que están en servicio en las fuerzas armadas” declara David Stacy, de la Human Rights Campaign, “Va en contra de las opiniones expertas de la comunidad médica y de la comunidad militar. Y como cada juzgado federal ha confirmado hasta la fecha: la prohibición es anticonstitucional. Continuaremos luchando y ganaremos el derecho de cada persona apta a servir al país que aman.”

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. Comité Nacional Republicano, David Stacy, Donald J. Trump, GLAAD, Homofobia/Transfobia, Human Rights Campaign, Lucas Acosta, Partido Republicano, Sarah Kate Ellis, Veto