04 de febrero de 2025. En la mañana del 4 de febrero de 2025, habitantes del corregimiento de Matitas, en el municipio de Riohacha, encontraron el cuerpo sin vida de Daniela, una mujer trans, bajo un puente en la vía que conduce a Mingueo, al sur de La Guajira. Este lamentable hallazgo ha conmocionado a la comunidad y ha encendido las alarmas sobre la grave situación de violencia que enfrentan las personas trans en la región.

Según fuentes preliminares, la víctima era una mujer trans reconocida en el departamento, lo que aumenta la preocupación por la vulnerabilidad de esta población y la falta de protección estatal efectiva. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado su identidad ni las causas de su muerte, pero no se descarta ninguna hipótesis, especialmente en un contexto marcado por la presencia de grupos armados irregulares, redes de criminalidad organizada y la persistencia de imaginarios sociales negativos hacia la población LGBTIQ+. Cabe recordar que, durante la última semana, se registraron dos panfletos en los que se amenaza a personas LGBTIQ+.

Este caso se suma a la alarmante ola de violencia contra mujeres trans en el país. Con este nuevo asesinato, asciende a 6 el número de personas trans víctimas de homicidio en lo que va del año (2 hombres trans y 4 mujeres trans), para un total de 15 personas asesinadas en los 35 días del 2025, según los datos del Observatorio de DD.HH de Caribe Afirmativo. Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables. En los próximos días, se espera que se realicen los procedimientos de identificación y necropsia para determinar la magnitud de las lesiones y su posible relación con actos de violencia por prejuicio.

Ante esta situación, se hace un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes para que apliquen de manera inmediata la Directiva 006, la cual establece lineamientos específicos para la investigación y judicialización de crímenes contra personas LGBTIQ+. La implementación efectiva de esta directiva es fundamental para garantizar justicia y evitar la impunidad en casos de violencia contra mujeres trans.

Asimismo, se exhorta al Ministerio de la Igualdad a tomar acciones concretas frente a la escalada de violencia que afecta a la comunidad trans en Colombia. La falta de respuestas contundentes por parte del Gobierno Nacional ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que exigen políticas públicas efectivas para la protección y garantía de los derechos de las personas trans. Es imperativo que el Estado actúe con celeridad para frenar esta ola de violencia y brinde el respaldo necesario a las víctimas y sus familias.

El cuerpo de la víctima permanece en Medicina Legal a la espera de ser reclamado por sus familiares o allegados. Mientras tanto, la comunidad espera respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades frente a este nuevo caso de violencia de género en La Guajira.

Este trágico suceso debe servir como un llamado de atención para fortalecer las medidas de protección y garantizar los derechos de las personas trans en Colombia, promoviendo un entorno de respeto, inclusión y justicia.

Fuente Caribe Afirmativo

General, Homofobia/ Transfobia. Asesinato, Colombia, Daniela, Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, La Guajira, Mujeres Trans, Personas LGTBIQ, Personas trans, Riohacha

 La asociación Euforia estima como posible delito de odio la decisión de la familia de sepultar a la joven con su ‘deadname‘ en el cementerio alicantino de Aspe

La asociación Euforia Familias Trans Aliadas ha llevado a los tribunales como presunto delito de odio el caso de Daniela, una joven transexual de 23 años que se suicidó en abril de 2022, cuyos padres decidieron enterrar en el cementerio alicantino de Aspe con su nombre anterior a la reasignación de género. Sus amigas defienden que la obligaban a someterse a terapias de conversión e incluso que la internaron en dos ocasiones en un centro psiquiátrico.

Según ha informado la televisión autonómica À Punt y ha adelantado El Salto Diario, la citada entidad ha interpuesto una denuncia contra la familia de Daniela ante la Fiscalía de los Delitos de Odio de Alicante por utilizar una foto y su nombre previo a la transición en su lápida, ubicada en el panteón familiar. «Nunca aceptaron que era una mujer trans», lamentan.

La asociación defiende que Daniela había modificado el nombre en el Registro Civil al no sentirse identificada con este ‘deadname‘. De acuerdo con la información desvelada por sus amigas, nació en Chile y a los dos años fue adoptada por una familia española que vivía en Cantabria. Con once años comenzó a cuestionar su orientación sexual hasta llegar a identificarse como mujer trans, algo que sus padres «no aceptaron en ningún momento».

En 2017, según sostienen las denunciantes, comenzó el tratamiento especializado, situación que la enfrentó con sus padres hasta el punto de que estos perdieron su tutela y pasó unos meses en un centro de menores tutelada por la Administración pública. Cuando cumplió 18 años, comenzó una nueva vida en Madrid, donde consiguió un trabajo y solicitó el cambio de nombre en el registro. Un año después, se suicidó y fue enterrada con su necrónimo en el panteón familiar ubicado en Aspe, Alicante.

En este punto, la asociación Euforia decidió presentar una denuncia por presunto delito de odio después de que la Dirección General de Igualdad de la Generalitat Valenciana les instara a pedir responsabilidades al Ayuntamiento correspondiente. En el escrito, desglosan las posibles infracciones de la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de LGTBI de la Comunidad Valenciana, por «realizar actos que impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio público y notorio de personas por causa de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar».

Asimismo, alude al supuesto quebranto de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, popularmente asociada como Ley Zerolo, que estipula como grave actos discriminatorios; además de la Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de enterramientos en cementerios municipales que marca que los consistorios están obligados a enterrar en sus camposantos «sin discriminación alguna por razones de religión ni por cualesquiera otras».

«Entendemos que estos hechos son un delito de odio e injurias a un colectivo protegido y por eso esperamos que la denuncia se tramite, la admita el Ministerio Fiscal y se ejerzan acciones legales contra los padres de Daniela», argumenta el abogado de la asociación Euforia, Saúl Castro, a À Punt.

Fuente Agencias/El Salto Diario

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras o de conversión, Alicante, Aspe, Daniela, Euforia Familias Trans Aliadas, Homofobia/Transfobia, Ley Zerolo, Personas LGTBIQ, Personas trans, Saúl Castro