El primer lineamiento del protocolo es claro. Dice: “En ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género del o de la votante con la fotografía de la Credencial para Votar, o bien con el nombre o el sexo (hombre o mujer) asentados en ella podrá ser causa para impedir el voto”.

Pese a las más de un millón de capacitaciones que se hicieron en diferentes partes del país, algunas personas trans denunciaron que no se respetó su identidad de género ni los pronombres adecuados. También que fueron llamadas por su deadname (el nombre con el que fueron registradas en su acta de nacimiento).

“Cuando di mi INE (credencial para votar) me pasó la clásica confusión: (esa persona) vio mi info y me examinó el cuerpo con la vista. Dijo mi nombre completo en voz alta y volteó a verme el pecho. Fue un momento incómodo. Después de esto noté que intentó sordearla (desentenderse) y yo traté de interactuar lo menos posible”  dice Larissa Garza, una persona no binaria de Guadalajara, a Presentes.

A unos kilómetros de ahí, en Morelia, Aura cuenta: “soy una mujer trans de 23 años que no lleva una transición medicalizada. Cuando pasé (a votar) dijeron mis apellidos y mi deadname. A lo que respondí que debían nombrar a les votantes por sus apellidos. Los encargados me dijeron “ok” de manera burlona y comenzaron a reírse y susurrar. Cuando me fui me sentí extraña, vulnerable”.

En Torreón, al norte del país, a un hombre trans le cuestionaron su expresión de género. Trataron de negarle el voto al alegar que usaba una credencial para votar que no era la suya y le llamaron por su deadname

Mak, que es originario del Estado de México y una persona no binaria, narró así su experiencia. “En la entrada de la casilla el muchacho me trató en masculino y todo bien pero al leer mi nombre el trato y todo cambió. Los funcionarios voltearon a verme de que ‘no encaja’. Fue incómodo escuchar que gritaran mi nombre legal. Preferí evitar corregir o informar, y no por menospreciar el pueblo donde vivo, pero sé que es un lugar más lejano a la inclusión, al poder tener visibilidad”.

Las ciudadanas y ciudadanas que fungieron como funcionarios de casilla donde votó Larissa, Aura y Mak no respetaron los puntos 6, 7 y 8 del protocolo. Mencionan, a grandes rasgos, que se debe evitar cuestionar la identidad y evitar actos intimidatorios como miradas detenidas e incómodas; otorgar el mismo trato sin importar si la apariencia no coincide con los estándares binarios de género; y dirigirse a todas las personas (cisgénero y trans) por sus apellidos, respectivamente.

Imagen: INE

En diciembre de 2017, el protocolo trans del INE marcó un precedente. Fue el primer mecanismo en América Latina que adoptó medidas y estrategias para garantizar el voto y promover la participación ciudadana de las personas trans en México.

En cada elección o mecanismo de participación ciudadana organizada por el INE, el protocolo trans debe aplicarse. Esta medida además, conlleva capacitar a integrantxs de la ciudadanía que el día de los comicios fungen como autoridad electoral y son llamadxs funcionarixs de casilla.

“En estas elecciones tuvimos que capacitar a casi un millón y medio de ciudadanos y ciudadanas. Eso implica un círculo virtuoso en donde esas personas se empiezan a sensibilizar con el tema y a conocer los derechos humanos de este grupo social. Y luego no solamente se quedan con ese conocimiento para la jornada electoral, sino que lo empiezan a replicar en su entorno, con los familiares. Creo que eso va abonando para generar una sociedad mucho más justa e igualitaria”, comentó en entrevista la consejera electoral Dania Ravel.

Para Rebeca Garza, mujer trans y ex funcionaria electoral, “esta medida por sí sola no cambia la realidad”. Desde su perspectiva y experiencia, considera que “falta un mensaje contundente de que estas políticas son transversales, porque así fueron construidas”.  Y agrega que también hace falta asegurar, en un proceso de evaluación, “si efectivamente se están implementando de manera integral. Porque uno de los sesgos tanto cisexistas como machistas y clasistas, es pensar que las medidas de inclusión o acciones afirmativas son como un especie de post-it que pones para que no se te olvide. Pero incluir no es añadir, sino que debe de significar una reconformación de la estructura”.

Imagen: INE

Aura, de Morelia, contó a Presentes que después de votar se acercó a observadores del INE para reportar lo que vivió. Al no haber más que una disculpa a secas de su parte decidió denunciar vía telefónica al INETEL.

En un primer enlace le hablaron con pronombres masculinos pese a que se presentó como mujer trans y contó lo que había vivido en la casilla para votar. En un segundo enlace, la persona que la atendió respetó su pronombre. Sin embargo, luego de narrar que no la habían llamado por apellidos, la funcionaria al teléfono respondió: “Los funcionarios de casilla sí pueden llamar por nombre y apellido”. Aurora le hizo repasar que el punto 8 del protocolo marca que se debe nombrar a todas las personas electoras por apellidos.

Después de ese desacuerdo, Aurora cuenta que la funcionaria al teléfono cambió la categoría de la denuncia. Pasó de “sufrió discriminación” a “usted estaba en una situación vulnerable por ser una mujer trans”.

De acuerdo al mismo protocolo, cada consejo local y distrital debe entregar un reporte a la dirección de capacitación y educación cívica del INE sobre los incidentes que se hayan presentado y que estén referidos a la participación de personas trans durante la jornada electoral.

En un primer corte, el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) dentro de los “incidentes” no da cuenta de experiencias como las de Aura, Larissa o Mak en donde el protocolo trans no fue aplicado.

“Tuvo fallas pero no fue un fracaso”

“Es indignante darse cuenta que este protocolo es inoperante. ¿Pero qué esperábamos cuando se permitieron usurpadores que se hicieron pasar por personas trans aquí y en Tlaxcala? Mejor nos hubieran dicho que la inclusión era un comercial y ya”, dice a Presentes, Diana Vardi, presidenta Coalición Agnes Torres de Puebla, a quien durante la jornada un funcionario de casilla la llamó con su deadname.

Para Irene Valdivia, activista trans que se inscribió como observadora electoral en Morelia, el protocolo trans “tuvo fallas pero no fue un fracaso. Aún tiene áreas de oportunidad, pareciera que hasta que el tema no les cruza directamente o no lo ven relevante no da resultados”. Lo que sí considera un fracaso es la cuota LGBT, medida afirmativa que el INE interpuso por primera vez a los partidos políticos.

“Creo que no nos sirve que sea trans por ser trans, sino porque tiene una trayectoria que le respalda y va a cumplir cierta agenda. No creo que sirva de nada que haya una mujer trans en partidos que votan abiertamente en contra de derechos trans” advierte.

Finalmente, Rebeca Garza, mujer trans y ex funcionaria electoral cree que “más que mirar a las personas trans, volteemos a ver los contextos en los que su diferencia y su diversidad no encuentra espacios seguros, dentro del sistema electoral mexicano ya sea laborando o ejerciendo su derecho al voto. Es importante que personas trans estemos en esos espacios. Sólo así habrá un cambio en cómo operan las instituciones, y eso hará más que las mil horas de capacitaciones, eso es democracia, o sea, ¿cómo entendemos la democracia si las personas trans no estamos en todos lados?”.

Fuente Agencia Presentes

El 6 de junio México vivirá las elecciones más grandes de su historia y “las más incluyentes”, según el Instituto Nacional Electoral (INE). El Consejo General de esa institución estableció, por primera vez, lineamientos que los partidos políticos deben cumplir para incluir candidaturas de personas afrodescendientes, con discapacidad y LGBTI.

En este proceso electoral están en juego 20 mil 435 cargos de elección popular a nivel local y federal en todo el territorio nacional, entre los que se elegirán 500 diputaciones federales; 15 gubernaturas, 30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos.

Las medidas afirmativas implementadas surgieron a partir de un trabajo articulado desde hace años entre los activismos y el INE. Así se han aprobado criterios en las que se pretende establecer un piso mínimo para que las personas LGBTI ejerzan sus derechos político-electorales en igualdad y sin discriminación. 

Una de esas medidas es la implementación del Protocolo Trans, con esto el INE busca desde 2018 garantizar el derecho al voto de las personas trans independientemente de su expresión de género y de tener o no sus datos rectificados en la credencial para votar en cualquier elección o mecanismo de participación ciudadana organizada por el Instituto.

Inclusión LGBT

La medida afirmativa de incluir personas LGBT no aplica de manera obligatoria para todos los estados del país. En las convocatorias de participación de los partidos políticos los órganos electorales locales de Veracruz y Jalisco no incluyeron acciones afirmativas para estas poblaciones y en algunos otros solo quedó como “recomendación”. Pese a no ser una regla, hay partidos que han postulado de manera voluntaria a personas LGBT.

Tal es el caso de Juan Pablo Delgado, activista por los derechos de las personas LGBT, que busca la alcaldía de León, el municipio más importante de Guanajuato, un estado ubicado en el centro del país y que históricamente ha sido gobernado por la derecha.

“Estas acciones afirmativas son necesarias porque el hecho de no tener representación política equivale a que nuestros derechos estén anulados particularmente en contextos donde hacer política se ha hecho de manera conservadora y fundamentalista”, sostiene Delgado.

Por su parte, Mishel Doratto que va por la alcaldía de Ciudad Madero en Tamaulipas, un estado al noreste del país contó a Presentes que la medida afirmativa representa un parteaguas para su comunidad y su ciudad. “Para ser honesta, tenía muchísimo miedo al inicio pero la experiencia ha sido inolvidable. Esto va más allá de un género, esto es humanidad”, confiesa.

Tanto Delgado como Doratto dijeron a Presentes que durante sus recorridos en terrirtorio constataron que “son más las personas que están abiertas” a conocer sus proyectos independientemente de su orientación sexual e identidad de género.

“Me ha dado gusto confirmar que la fama que tiene Guanajuato de ser una sociedad conservadora es más bien una narrativa que le conviene construir y vender al poder político de derecha que ha gobernado por tantos años”, destaca Delgado.

Solo el 1.85% se asume LGBT

De acuerdo a datos del INE (consultados una semana antes de la elección), de las 6 mil 316 candidaturas que respondieron el cuestionario de identidad, solo 117 personas se identifican como parte de las poblaciones LGBT, representa el 1.85% y 596 respondieron que “prefiere no contestar”.

“Estuvimos meditando mucho si lo poníamos o no y lo dejamos justo para respetar esa posibilidad de que una persona prefiera no evidenciar cuál es su orientación sexual, su identidad de género por la discriminación que por desgracia aún hay en México. Entonces por eso se deja esa posibilidad, para aquellas personas que todavía no se sienten preparadas para decir a la luz pública que pertenecen a la diversidad sexual” explicó a Presentes, Dania Ravel, consejera electoral.

De acuerdo a la última Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, el 75.4% de las personas dijo evitar expresar libremente su orientación sexual o identidad de género por temor a sufrir discriminación.

Riesgos de simulación 

Rebeca Garza, mujer trans y ex funcionaria electoral en Querétaro, apunta que no conocer a los y las candidatas LGBT apela a proteger los datos personales sin embargo cree que no contestar o usarse el principio de autodeterminación, “puede estar sirviendo para que personas que no son LGBT sigan accediendo al poder con cierta impunidad”.

En el proceso electoral 2017-2018 fueron canceladas 17 candidaturas de hombres que se hicieron pasar por mujeres trans y muxe en Oaxaca. En estas elecciones en Tlaxcala 18 candidatos del partido Fuerza por México se autoadscribieron como mujeres trans en un intento de cumplir con la paridad de género. Colectivos LGBT del estado denunciaron y desconocieron dichas candidaturas.

Rebeca Garza agrega que “el problema no es la acción afirmativa sino una estructura que no quiere soltar el poder”. Y agrega que se trata de “un tipo de violencia política en razón de género en donde agarran de chivo expiatorio a la identidad de género y a las personas trans. Es lamentable porque lo que legitima y perpetúa son los estigmas al pensarnos a las personas trans como falsas, timadoras y criminales cuando quienes están evadiendo la ley son ellos”.

Sobre el principio de autoadscripción la consejera Dania Ravel se dice preocupada pues la Sala Superior del Tribunal Electoral sustentó que por privacidad de datos personales no se puede dar a conocer las personas que acceden a lugares a través de las acciones afirmativas.

“Me parece grave si tomamos en consideración los antecedentes que tenemos y es que cuando nosotros no podemos darle a conocer a la ciudadanía quiénes son las personas que se están postulando a través de estas acciones afirmativas limitamos eso y limitamos que nosotros podamos tomar acción oportuna en casos de simulación. Y entiendo que pueda haber temas que tienen que ver con la privacidad de las personas, pero se trata de una regla y la ciudadanía debería poder verificar que las personas efectivamente pertenecen esos grupos en situación de discriminación. Creo que sí debería hacerse público”, apunta.

Las elecciones más violentas

Además de ser las elecciones más grandes e inclusivas de la historia, también han sido las más violentas. Del inicio del proceso electoral en septiembre al 30 de abril se han registrado 782 agresiones, de éstas el 35% han sido contra mujeres. Los ataques van de golpizas a secuestros, así mismo, 7 candidatas y 28 candidatos fueron asesinados, de acuerdo al informe de Violencia Política en México de Etellekt.

Tanto el informe de Etellekt como el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE, no dan cuenta de agresiones motivadas por orientación sexual o identidad de género.

Y es que apenas el 13 de abril de 2020 el INE adaptaron reformas al protocolo que atiende la violencia política hacia las mujeres por razón de género y por primera vez en la historia de los reglamentos del Instituto se habló de actuar con perspectiva interseccional y otorgar medidas de protección. Estas acciones también son aplicables a personas de la diversidad sexual u otro grupo históricamente discriminado.

Pese a las buenas experiencias, Juan Pablo y su planilla han experimentado violencia homofóbica y transodiante en redes sociales y un intento de ataque físico. Además, Mishel Doratto considera que los incidentes donde no han respetado su identidad género y su pronombre se debe a “falta de información” pues han sucedido “de manera inconsciente e involuntaria”.

Ni Juan Pablo ni Mishell reportaron a las autoridades electorales los incidentes que vivieron en razón de su orientación sexual e identidad de género.

Lesbianas ausentes en propuestas

De acuerdo a la base de datos del INE sobre candidaturas a diputaciones federales y locales dentro de las propuestas en materia de género los derechos que más se mencionan son el matrimonio igualitario, la identidad de género de las personas trans y la adopción.

Los gays, bisexuales y personas trans son las poblaciones que se nombran de manera explícita en las propuestas. A las lesbianas no se les menciona y de las personas intersex se habla en una sola propuesta que busca que a niñes intersex no se les someta a cirugías.

De manera general las propuestas hablan de “inclusión” y “brindar derechos” pero no explican cómo lo harán posible, incluso aquellas candidaturas que dicen ser parte de las poblaciones de la diversidad sexual.

Más allá de que esta elección sea histórica por la cantidad de candidaturas LGBT, Rebeca Garza invita a mirar “más allá de la jornada”. Reflexiona que es necesario ver cuántas realmente llegan al poder, cuántas lo ejercerán libremente y atenderán una agenda en favor de los derechos para las personas LGBTI. 

“De las que lleguen (al poder) hay que revisar en cuántas de esas candidaturas no se están replicando violencias que ya han reportado mujeres cisgénero: que no reciben recursos, que no reciben acompañamiento jurídico, que fueron designadas a distritos perdedores y que ganar fue solo para cumplir la cuota. Y evidentemente vigilar las falsas candidaturas trans e indígenas”.