Una semana le ha durado la alegría a las parejas gays y lesbianas de Wisconsin. Justo siete días después de declarar inconstitucional el veto al matrimonio gay contenido en la constitución de Wisconsin la jueza Barbara Crabb ha atendido finalmente la petición del fiscal general del estado, John Byron Van Hollen y ha suspendido la medida hasta que la Corte Suprema decida sobre el recurso presentado por el estado para mantener el veto. “Después de ver la expresión de felicidad en las caras de tantas parejas recién casadas aparecidas en los medios, me es difícil imponer una suspensión que es responsable de eliminar esa emoción, incluso si la suspensión es solo temporal. Las parejas del mismo sexo han esperado muchos años para recibir el mismo trato bajo la ley, así que es comprensible que no quieran esperar más. En cualquier caso, una corte federal tiene que seguir la dirección marcada por la Corte Suprema”, ha señalado Crabb en su sentencia. La jueza se había negado a suspender la medida en un primer momento, pero ha acabado por atender la petición de Van Hollen.

La juez federal Barbara Crabb, la misma que el pasado 6 de junio declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en Wisconsin, ha decidido suspender su propia sentencia hasta que concluya el proceso de la apelación presentada por la Fiscalía General ante la Corte de Apelaciones del 7º Circuito. Las secretarías de los condados que facilitaban licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo deberán dejar de hacerlo, aunque ya se hayan celebrado más de 550 de este tipo de enlaces, que ahora se encuentran en un limbo jurídico.

En el caso de las ocho parejas del mismo sexo que habían demandado al estado de Wisconsin por no permitirles contraer matrimonio legal, la juez Crabb había dictaminado que el artículo de la Constitución estatal que define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer “viola el derecho fundamental  al matrimonio de los demandantes y su derecho a la igual protección ante la ley recogida en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”. También había declarado inconstitucional cualquier normativa o estatuto que impidiera el matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Tras esos dictámenes, algunas secretarías de los condados comenzaron a emitir licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las solicitaban, celebrándose casi inmediatamente los primeros casamientos. El fiscal general, el fuertemente conservador J.B. Van Hollen, presentaba entonces una moción de urgencia ante el tribunal de la juez Crabb, en la que instaba a la magistrada a que suspendiera su sentencia de inmediato para impedir la celebración de estos enlaces.

Pero la juez había dispuesto en su resolución un plazo extraordinario de diez días para que las partes implicadas en el caso pudieran presentar alegaciones. El pasado lunes 9 de junio, la Fiscalía presentaba en audiencia su solicitud de suspensión inmediata de la sentencia. La respuesta de la juez Crabb fue que debía esperar a escuchar a la parte defensora antes de emitir su decisión, sin negar que pudiera resolver la suspensión. En cuanto a la emisión de licencias de matrimonio por parte de las secretarías de los condados, estimó que no era asunto suyo sino del estado de Wisconsin.

Amenazas del fiscal general

Eso animó a más secretarías a facilitar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. 63 de las 72 existentes en el estado lo hicieron. El fiscal general intentó solicitar la suspensión de la sentencia ante la Corte de Apelaciones del 7º Circuito, pero el panel de tres jueces estimó que el proceso ante el tribunal federal de primera instancia no había concluido aún hasta que se cumpliera el plazo extraordinario dictado por la juez Crabb, y la conclusión del proceso era un requisito indispensable para que la Corte de Apelaciones pudiera intervenir.

El fiscal general amenazó entonces a las secretarías de los condados, acusándoles de “apoderarse de la ley” y afirmando que “habría una respuesta legal” al respecto. Según sus declaraciones, los fiscales de distrito tendrían la atribución de perseguir a quien no cumpliera con la legalidad en materia de matrimonio, que establece penas de hasta nueve meses de prisión para quien celebre “matrimonios ficticios”, y “esperaba que estuvieran actuando con plena conciencia del cumplimiento de la ley”.

Por su parte, secretarios del condado como Scott McDonell, del condado de Dane, declaraban que “no les quitaba el sueño” la amenaza del fiscal general, pues ellos estaban aplicando una sentencia que declaraba inconstitucional toda esa normativa. La administración de Wisconsin, entre tanto, comenzó a procesar todas las licencias de matrimonio expedidas para su registro correspondiente, dándoles plena validez.

Resolución de suspensión de la sentencia

Finalmente, los representantes de las parejas demandantes presentaron sus alegaciones el pasado jueves día 12, en las que simplemente solicitaban la aplicación a todos los efectos de la sentencia de la juez Crabb sin suspensión alguna. La juez ya podía decidir.

Y así lo ha hecho este viernes 13 de junio, dictando la suspensión de su sentencia en base a lo que decidió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso del matrimonio igualitario en Utah. La juez afirma que, si considerase este caso como lo hace en cualquier otro, “se sentiría inclinada a estar de acuerdo con los demandantes y estimaría que la Fiscalía ​​no ha demostrado tener derecho a una suspensión”, pero que no puede obviar la decisión sobre el caso de Utah pues su tribunal es “el de menor rango” en el circuito federal.

En cuanto a la validez de los matrimonios entre personas del mismo sexo ya celebrados, la juez estima que su reconocimiento es competencia del estado de Wisconsin, pues ella no indicó a las secretarías de los condados que pudieran emitir esas licencias pero tampoco les indicó que no pudieran hacerlo. Las parejas casadas en estos días quedan, por tanto, en una situación de limbo legal que tendrá que dilucidarse. Según el secretario del condado de Dane, el anteriormente mencionado Scott McDonell, “si se observa lo que ha ocurrido en otros estados, nadie ha invalidado un matrimonio que se haya producio en periodos así. Así pues, creo que sería bueno que hubiera uniformidad, que todos pudiéramos saber exactamente lo que ocurrirá, pero me parece que habrá algún tipo de protección, y creo que estas parejas están casadas legalmente, ahora y en el futuro”.

Matrimonio igualitario en los Estados Unidos

Tras el dictamen de la juez Crabb, son ya ocho los estados en los que las sentencias sobre el matrimonio igualitario han dado resultados favorables, pero permanecen en suspenso en espera de que se resuelva su apelación: Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas, Idaho y Wisconsin.

En Oregón y Pensilvania, sin embargo, las sentencias favorables adquirieron firmeza al no presentarse apelación, y estos estados forman parte de otra lista, la de aquellos donde está permitido legalmente el matrimonio igualitario: California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 19 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

Fuente Dosmanzanas y Ragap