El colectivo LGTB consigue una importante victoria al paralizar la aprobación de un proyecto de ley tránsfobo en el estado de Texas
Ampliamos la noticia que adelantábamos el pasado sábado. El proyecto de ley tránsfobo cuya aprobación perseguían los grupos conservadores en el estado de Texas ha quedado en vía muerta. El temor a los efectos económicos que una legislación así podría tener ha hecho que el sector moderado de los republicanos haya paralizado el proceso, en lo que supone una importante victoria para el colectivo LGTB. La amenaza de que el proyecto se reactive en 2019 sigue de todas formas muy viva. Los conservadores, de hecho, han adelantado que darán la batalla en las elecciones primarias republicanas, en las que gozan de una posición de privilegio, para barrer a los legisladores republicanos que a su juicio han impedido la aprobación del proyecto.
Texas lleva meses discutiendo la aprobación de un proyecto de ley para prohibir a las personas transexuales usar todas aquellas instalaciones públicas que correspondan a su identidad de género, derogando además las disposiciones contra la discriminación de las personas trans que hayan sido aprobadas por entidades locales. Se trata de un proyecto similar al que en su momento aprobó el estado de Carolina del Norte, y que supuso numerosos boicots contra ese estado e importantes pérdidas económicas. De hecho, tras las elecciones de noviembre, en las que el gobernador republicano Pat McCrory perdió por un estrecho margen, el nuevo gobernador de Carolina del Norte, el demócrata Roy Cooper, llegó a un acuerdo con los republicanos (que siguen controlando la legislatura estatal) para que la ley, en su redacción original, fuese derogada a cambio de que se derogasen tambien las ordenanzas antidiscriminatorias locales, y muy singularmente la de la ciudad de Charlotte, cuya aprobación fue precisamente la que animó a los republicanos a sacar adelante la ley discriminatoria. Un “apaño” que no gustó nada a los colectivos LGTB pero que ha supuesto el final del boicot económico al estado.
Lo sucedido en Carolina del Norte, sin embargo, no pareció desmotivar a los republicanos de Texas, que controlan la legislatura del estado y cuyo gobernador, Greg Abbott, se ha mostrado dispuesto a rubricar una ley de este tipo si era aprobada. El principal valedor del texto discriminatorio, conocido también como SB3, ha sido precisamente su vicegobernador, Dan Patrick, un político abiertamente anti-LGTB del que ya hemos hablado en esta página. Por ejemplo, cuando tras el atentado homófobo de Orlando difundió en Twitter una cita bíblica que parecía señalar a las víctimas como merecedoras de un castigo. Y antes, durante el proceso de aprobación del matrimonio igualitario, pidió a los jueces texanos que no casasen a parejas del mismo sexo, contraviniendo el dictamen de la justicia federal. Por desgracia, las personas transexuales también se cuentan entre sus objetivos: en su momento, Dan Patrick fue uno de los promotores de la derogación de la ley antidiscriminatoria de Houston por votación popular, cuya campaña inició el infame “pánico transexual en los baños” que ha alentado leyes anti-LGTB en varios estados. Y también desafió la orden de la administración Obama (ahora derogada por Trump) de no discriminar a las personas transexuales en los centros de enseñanza que reciben ayudas públicas.
Aún así, hay una cosa con al que Abbott no contaba y fue la fuerte oposición que se encontró a dicha propuesta por parte de buena parte del tejido económico del estado, así como de organizaciones sociales, deportivas, culturales y religiosas, hizo que la legislatura de Texas finalizara en mayo su periodo regular de sesiones sin haber sido capaz de aprobar el proyecto: Los grupos LGBT movilizaron a una gran parte de la sociedad y de los empresarios que se mostraron totalmente en contra de esa ley. Los jefes de policía de tres de las ciudades más grandes del estado ya dijeron que era una legislación que no ayudaba a nadie y que en lugar de plantear una solución a un problema lo que hacía era crear un problema nuevo. Las grandes petroleras del estado avisaron al senador de que no verían con buenos ojos una legislación discriminatoria y la Asociación de Negocios de Texas calculó que, si se aprobaba, el estado perdería casi seis mil millones de dólares de aquí a 2026.
Sin embargo, cuando parecía que el asunto quedaba aparcado, el gobernador Greg Abbott, haciendo uso de sus prerrogativas, volvía a incluir el asunto en la agenda de una sesión legislativa especial de 3o días a celebrar durante el verano, concebida para cerrar temas urgentes que hubiesen quedado pendientes (la próxima sesión regular ya no tendrá lugar hasta después de las elecciones de noviembre de 2018).
El Senado votó a favor…
El Senado de Texas, presidido precisamente por Dan Patrick, aprobaba de hecho la SB3 por 21 votos a 10 a finales de julio, no sin polémica y tras una debate de más de ocho horas de duración. Votaron a favor los 20 senadores republicanos y uno demócrata (Eddie Lucio Jr.). Lo hicieron en contra los 9 senadores demócratas restantes. La pelota pasaba así a la Cámara de Representantes, en la que el resultado se preveía más ajustado debido a la presencia de un grupo de republicanos moderados.
De hecho, ya el Senado había suavizado algunas disposiciones originales del proyecto tras los varios meses de polémica. Por ejemplo, el texto aprobado permitía a las personas transexuales usar las instalaciones que se correspondiesen con su documento estatal de identidad, y no con su certificado de nacimiento, lo que suponía una mejora para aquellas personas trans que hubiesen conseguido ya un documento de identidad actualizado.
Pero la Cámara de Representantes no llegó a votar
En la Cámara de Representantes, sin embargo, la última palabra seguía siendo la del speaker Joe Straus y el grupo de republicanos moderados (Straus es uno de los pocos moderados que, según describe literalmente The New York Times, aún “mantiene un puesto prominente en un estado cada vez más controlado por la extrema derecha”), que finalmente optaban por finalizar la sesión especial sin haber tramitado el proyecto. Y no precisamente porque durante este periodo no se votasen temas de índole “moral”, ya que la Cámara sí que aprobaba, por ejemplo, limitar aún más el acceso al aborto o facilitar a las agencias de adopción privadas la posibilidad de rechazar a los padres que no consideren adecuados por razones religiosas (por ejemplo, parejas del mismo sexo). En este caso, sin embargo, parece haber pesado más la oposición de los líderes empresariales del estado y el miedo a las pérdidas económicas que los anunciados boicots iban a suponer.
La noticia supone, en la práctica, que el proyecto queda en vía muerta hasta 2019. El sector más conservador de los republicanos, sin embargo, asegura no rendirse. Dan Patrick ha prometido que volverá a ser discutido en la próxima legislatura, mientras que los líderes de organizaciones ultraconservadoras ya han declarado que trabajaran para derrotar a los candidatos moderados en las próximas primarias republicanas (un terreno que les es especialmente favorable, debido a su más que demostrada capacidad de movilización) y conseguir una legislatura completamente afín a sus postulados.
En definitiva, una batalla ganada para los derechos LGTB… pero la guerra continúa.
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