El viernes 11 de junio se cumplen diez años del crimen de Octavio Romero, Suboficial de la Prefectura Naval Argentina, cuya investigación avanzó a pasos milimétricos, lo que llevó a que en 2018 el caso fuera admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar si la Argentina es responsable de violar derechos humanos. Hasta hoy, no hay imputados y hace años la causa no avanza.

Octavio Romero y Gabriel Gersbach iban a a ser el primer matrimonio homosexual de las Fuerzas Armadas, luego de que el 15 de julio de 2010 se aprobara la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina (N° 26.618). Sin embargo, el destino fue otro.

Tras avisar a sus superiores sobre el casamiento -petición obligatoria en ese momento-, el Romero comenzó a recibir hostigamientos en su lugar de trabajo y siete meses antes de la boda, desapareció en circunstancias dudosas. Seis días después, el 17 de junio de 2011, un lanchero halló su cadáver desnudo, golpeado y con 2,06 gramos de alcohol en sangre, en la costa del Río de la Plata, en Vicente López.

La noche de la desaparición

El día de su desaparición, un sábado con frío y nublado, Octavio se preparaba para ir a una fiesta de cumpleaños. Gabriel, que es taxista, le ofreció llevarlo, pero su pareja desistió porque todavía le quedaban cosas por hacer. Llevaba un saco de pana color bordó y acomodaba las botellas que iba a llevar. “Me dio dos besos en la boca diferentes, me miró como que algo estaba pasando. Y quedó ahí. Fueron los últimos besos que nos dimos, yo me fui y no vi nada. Cuando volví a casa, dos o tres horas después estaban todas las luces prendidas y no había nadie”, contó Gersbach sobre ese momento.

Al día siguiente, al no tener señales de su novio, Gabriel fue a hacer la denuncia de su desaparición. “En doce años de relación nunca me pasó, éramos culo y calzoncillo nosotros. Todo el tiempo mensajito, éramos muy amigos”. Primero se dirigió a la comisaría N°1, cercana a su domicilio, pero le informaron que no iban a tomar allí la denuncia así que lo trasladaron a la comisaría N°15, sin darle explicaciones sobre la derivación. Una vez allí y luego de declarar dos veces, se presentaron dos superiores de Octavio. Uno de ellos le ofreció su tarjeta y le dijo: “Cualquier cosa estoy a disposición”.

“Yo no sabía nada al principio, después lo terminé sabiendo. Siempre que en un matrimonio uno desaparece, el primer sospechoso es la pareja por protocolo y durante el primer momento sospechaban de mí”, contó a Presentes Gabriel. Pasados dos años desde la muerte de Octavio, Gersbach logró finalmente ser querellante de la causa que investiga la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº40 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Estela Gloria Andrades de Segura.

Al tener conocimiento del caso, el abogado y activista LGBT+ Pedro Paradiso Sottile se acercó junto a César Cigliutti, en ese momento a través de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), para ofrecerle acompañamiento y representarlo. “Yo no tengo ingresos para costear abogados, apenas me puedo bancar. Ellos me ayudaron muchísimo”, dijo Gersbach. Actualmente, a Gabriel lo acompañan y representan Paradiso Sottile, presidente de Fundación Igualdad y director ejecutivo de Ilga Lac, y la abogada Constanza Argentieri de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

El informe

Un hito en el desarrollo de la investigación ocurrió en 2015 cuando llegó a la fiscalía y al periodista Franco Torchia -que anteriormente había entrevistado en dos oportunidades a Gabriel- un informe que narraba en detalle la consecución de hechos que llevaron al crimen de Octavio, la noche del 11 de junio de 2011. En sus páginas se detallaba que el prefecto Romero había sido secuestrado y torturado por un grupo de integrantes de la Prefectura Naval Nacional para evitar el matrimonio entre miembros de la fuerza y que la operación estaba archivada en un disco rígido en el Edificio Guardacostas.

“El informe fue importantísimo porque fue un poco lo que confirmó y legitimó la hipótesis de crimen de odio que Gabriel vino sosteniendo desde el principio y que nosotros como sus representantes también venimos sosteniendo”, dijo Constanza Argentieri a Presentes.

A partir del informe, tanto la Fiscalía como la querella solicitaron que se realizara un allanamiento con el objetivo de encontrar el disco rígido. Sin embargo, el Juez de la causa denegó la solicitud por considerar que el informe “carecía de verosimilitud”. Ante esto se interpusieron dos recursos en contra de esta decisión, los cuales también fueron denegados hasta que el 10 de noviembre de 2015 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional aprobó la solicitud basando su decisión en que “la información merece atención”. Pero debido a la demora el allanamiento se hizo dos meses después de la solicitud, no se encontró el dispositivo y para ese momento los superiores de Octavio habían sido removidos o estaban retirados.

La Justicia no quiere investigar

“La actuación de la fiscalía y el tribunal ha sido muy deficiente y no por negligencia: creo que ha sido deliberadamente deficiente. Se ha presentado en el marco de la causa desde el primer día la línea de investigación o la hipótesis que nosotros seguimos sosteniendo de crimen de odio”, sostuvo la abogada y agregó: “hay muchas, muchísimas señales y pruebas de que en el asesinato de Octavio hubo personas involucradas de la propia Prefectura Naval y no ha habido por parte ni de la fiscalía ni del juzgado ninguna intención de investigar esa hipótesis”.

“Aparte hubo en un primer momento hubo un enorme prejuicio hacia Gabriel, siendo él el principal sospechoso sin ninguna prueba, desde un lugar absolutamente prejuicioso en relación a la orientación sexual de Octavio y a la de Gabriel”, continuó Argentieri. Los números de teléfono de la Fiscalía no dan tono y las consultas realizadas vía mail no fueron respondidas hasta el momento de escritura de esta nota.

La intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Por la falta de avances en la investigación, Gabriel Gersbach junto a la CHA y ACIJ presentaron el caso en 2012 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los dos organismos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creado para la observancia y defensa de los derechos humanos. “Nos parecía que tenía sentido por lo emblemático que es el caso en Argentina, porque no encontrábamos respuestas y ya habíamos agotado todas las posibilidades de que avanzara a nivel interno”, explicó Argentieri sobre la decisión. En 2018, el caso fue admitido y la CIDH emitió un informe sobre el asesinato de Romero, que indica que el caso cumple con los requisitos para que la Comisión evalúe si la Argentina violó derechos humanos específicos. 

Actualmente, la defensa volvió a tener conversaciones con el Estado argentino, en el marco del proceso internacional. “Vemos con mucho optimismo la reanudación del diálogo y las posibilidades de encontrar una solución prontamente”, expresó la abogada de ACIJ.

Sobre el caso, Argentieri anhela que “pueda servir y que sea un quiebre en lo que es la formación del poder judicial, en la prevención del daño que genera la estigmatización que los funcionarios y las funcionarias del poder judicial muchas veces tienen frente a este tipo de casos”. Y aseguró: “Es un caso paradigmático en lo que es la población LGBTI y los crímenes de odio”.

“A esto hay que sumar que a diez años de injusticia hoy pedimos por la aparición de Tehuel”, dijo el abogado Pedro Paradiso Sottile, en referencia a la necesidad urgente de una justicia con perspectiva de diversidad sexual y de género.

Por su parte, Gabriel, que lleva diez años luchando para esclarecer la muerte de su ser querido, afirmó: “Voy a hacer lo imposible para dejar el nombre de Octavio bien en alto, lo más alto posible, porque él era una persona que quería llegar lejos y no lo dejaron”.

Fuente Agencia Presentes