Grupo de activistas LGBT denuncia al gobierno de Uganda por negarse a registrar su asociación
Sexual Minorities Uganda es un grupo de activistas del colectivo LGBT de Uganda, un país en el que la homosexualidad está penada por la ley y es habitual la violencia contra las minorías sexuales, que ha llevado a su gobierno ante los tribunales por negarse a registrarles como asociación.
Sexual Minorities Uganda es un grupo de activistas de Uganda que lleva intentando formalizar su registro como asociación oficial desde 2012, pero ante las reiteradas negativas de la oficina del Servicio de Registro, ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo de Kampala, esperando una notificación oficial para finales de este mes. Estar registrados como asociación les garantiza ciertos beneficios y obligaciones por parte del estado, cruciales para poder llevar a cabo su labor.
«Decidimos presentar una demanda ante el tribunal deliberadamente para abogar por los derechos de asociación y reunión, porque una organización legal es incapaz de cometer un acto criminal», explica Patricia Kimera, una de los abogados que representa SMUG, como también se refieren a sí mismos, explicando que optaron por la demanda tras recibir una carta oficial del Registro en la que especifican que su nombre, Minorías Sexuales Uganda (en español), es «indeseable y porque los homosexuales y las relaciones del mismo sexo son ilegales en Uganda, la oficina no puede legitimar una ilegalidad».
El objetivo de SMUG, es el de luchar por los derechos de homosexuales, bisexuales y transexuales en Uganda a través de la promoción de reformas políticas, además de ofrecer asesoramiento y otros servicios similares que hasta la fecha han proporcionado de manera clandestina, todas ellas actividades que no suponen ningún delito por mucho que la homosexualidad esté penada en su país desde 1952. Como gran parte del África subsahariana, el país es socialmente conservador y profundamente religioso, lo que hace que asociaciones de derechos humanos como SMUG no consigan ser registrados como organización legal. Aseguran que la decisión de la agencia gubernamental viola una serie de derechos consagrados en su constitución, incluyendo la libertad de asociación, expresión, reunión y los derechos de las minorías a participar en los procesos de toma de decisiones de la asociación.
«Hay tantos retos al dirigir una organización que no está registrada. Uno es el hecho de que tienes que operar de manera clandestina, por ejemplo, no puede pedir directamente a los donantes, no puedes obtener fondos, no puedes tener espacios para tus actividades, lo que significa que la mayoría de las cosas que haces tienes que hacerlas de manera clandestina», explica Daglous Mawadri, coordinador legal de SMUG. En los últimos años, Yoweri Museveni, presidente de Uganda, ha intentado aprobar leyes para restringir aún más todavía los derechos del colectivo LGBT, siendo revocadas en algunos casos por el tribunal constitucional, pero su actitud es públicamente notoria en contra de los homosexuales, llegando a acusar a determinados grupos de «reclutar deliberadamente a personas que no son homosexuales en la homosexualidad» a cambio de dinero. La comunidad internacional ha condenado tanto sus leyes como sus declaraciones, llegando en alguna ocasión a perder subvenciones internacionales.
Uganda: una pesadilla continua
La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insiste en reintroducir la ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014.La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario.
Por otra parte, se suceden los ataques a la libertad de reunión y asociación que citábamos antes. En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.
Queda la esperanza de que la presión exterior, como ha sucedido en ocasiones anteriores, rebaje la intensidad de los ataques que desde el Estado ugandés está recibiendo el colectivo LGTB. La administración Obama, por ejemplo, ha jugado un papel importante en este sentido (papel que corre peligro cierto si los republicanos recuperan en noviembre la Casa Blanca). Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico. La sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.
En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es continuo.
Fuente Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays
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