José Antonio Sánchez ha explicado en la comparecencia del Senado que RTVE no va a retransmitir el Orgullo Gay mundial que se celebra en Madrid

El presidente de RTVE, que retransmitió y mantiene online una homilía homófoba, asegura que el World Pride 2017 no tiene encaje en la programación.

“FELGTB pide a la RTVE que rectifique su negativa a retransmitir el WorldPride Madrid 2017“

Televisión Española no retransmitirá la gran manifestación del Orgullo LGTBI, acto central del World Pride 2017, pese a tratarse de un evento mundial. Según ha expresado este miércoles en el Congreso el presidente de la corporación RTVE, José Antonio Sánchez (un periodista conservador afín al Partido Popular), la retransmisión del World Pride “no encaja” en la programación de la televisión pública.

RadioTelevisión Española, RTVE, no va a retransmitir el World Pride, el Orgullo Gay mundial que este año se celebra por primera vez en Madrid. Ya lo anunciaron fuentes de la cadena pública hace una semana, alegando que no sería rentable.

Televisión Española transmite procesiones de Semana Santa (este año 2017, en concreto, se emitieron en directo desde Cuenca y Medina de Rioseco a través de La 2, en streaming en RTVE.es, en sus aplicaciones móviles y de televisor conectado y a través de TVE Internacional). Pero también cabalgatas de Reyes, corridas de toros, misas con contenido homófobo (que por cierto sigue manteniendo en su página web), etc. Pero en su programación no tiene cabida un evento como el World Pride, principal evento LGTBI del mundo, que este año se celebra en Madrid. Y no lo tiene por decisión personal del presidente de RTVE, la corporación pública de radio y televisión. Se trata del periodista conservador (y según sus propias palabras votante del Partido Popular) José Antonio Sánchez. Así lo ha expresado en la tarde de este miércoles en el Congreso, al ser interpelado al respecto por varios representantes de la oposición.

En concreto, al responder a la pregunta del diputado socialista Ignacio Urquizu sobre el papel que él había tenido en la decisión, Sánchez ha respondido que “todo, como máximo responsable de la programación que soy”. “No nos negamos a transmitirlo, es que nosotros tenemos ya nuestras programaciones diseñadas, y no encaja, no se puede dar todo, pero el evento, como no podía ser de otra manera, será cubierto por RTVE y tendrá cabida en otros espacios”, se ha justificado en referencia a que se hará una cobertura como pieza dentro de algunos programas (cabe precisar que hace cinco años que se sabe que Madrid sería sede del World Pride 2017).

“¿El papel que he tenido? Todo, como máximo responsable de la programación”, ha espetado José Antonio Sánchez. Acto seguido se ha escudado en que las “otras grandes cadenas tampoco lo retransmiten, ni Telecinco ni Antena 3”, eludiendo que, por ejemplo, la televisión autonómica Telemadrid sí lo va a retransmitir, así como la privada La Sexta.

Urquizu ha repreguntado por la idea de sociedad que la televisión pública tiene al eludir la retransmisión “de un acontecimiento mundial” y como argumento final le ha expuesto al presidente la contradicción de que se retransmitan misas todas las semanas pero no un evento mundial y Sánchez ha insistido que para él, el World Pride “tiene protagonismo, pero no el suficiente”. “Lo de los actos católicos no tiene nada que ver. Yo soy católico, apostólico y romano, y por eso soy de solidaridad muy grande, y también soy liberal”, ha añadido.

Ahí es cuando ha aprovechado para declarar su fe, dos años después de que declarara en la misma sede su querencia política por el PP, del que se declaró votante. El presidente ha respondido: “Lo de los actos católicos no tiene nada que ver. Yo soy católico, apostólico y romano, y por eso soy de solidaridad muy grande“, en referencia a su “solidaridad” con el colectivo LGTBi sin explicar en qué sentido, recoge Eldiario.es.

Además, Sánchez ha señalado que en 40 años que se celebra el Orgullo RTVE nunca lo ha retransmitido, puntualizando que tampoco durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se hizo, aunque obviando que es la primera vez que la cita mundial se celebra en España.

La FELGTB pide a Televisión Española que rectifique 

Jesús Generelo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales Bisexuales (FELGTB), se ha dirigido por escrito a Sánchez para pedirle que se replantee su negativa. En su escrito, Generelo explica que “la manifestación discurrirá por el centro de Madrid durante más de 7 horas. Si todos los años se trata de un evento que atrae a más de un millón de participantes, sin duda la multiplicación internacional de este año hará que esta cifra se incremente considerablemente. En ella se reivindica la diversidad, la defensa de derechos humanos. Es un acto de naturaleza política, nacido de la necesidad de expresión de la ciudadanía, que no va contra nadie, sino a favor de la visibilización de la riqueza que suponen las diferencias de los seres humanos”.

FELGTB apela al deber de servicio público de RTVE, “que debe garantizar la cobertura de este evento de manera proporcional a su importancia”. Según recoge su propio estatuto, RTVE defiende y promociona en toda su programación los valores constitucionales,  especialmente los de libertad, igualdad, pluralismo y tolerancia, sobre los que se asienta la convivencia democrática. FELGTB considera que “esos son, precisamente, algunos de los principales valores por los que la ciudadanía española y de innumerables países de todo el mundo marcharán por el centro de Madrid el 1 de julio de 2017”.

La manifestación del Orgullo LGTBI 2017 sí que sera retransmitida tanto por la cadena autonómica Telemadrid (que comenzó a retransmitir el Orgullo madrileño en 2015, una vez que Cristina Cifuentes sustituyó a Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid) como por La Sexta.

Fuente Cáscara Amarga/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Cuenca, FELGTB, Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, Ignacio Urquizu, Jesús Generelo, José Antonio Sánchez, La Sexta, Madrid, Medina de Rioseco, Orgullo Gay, PSOE, RTVE, Semana Santa, Telemadrid, Televisión Española, World Pride, World Pride 2017

Los arzobispos de Oviedo y Zaragoza, y los obispos de Cuenca, Mallorca o Cádiz

Desde la muerte de Franco y hasta hoy, sólo un prelado había sido juzgado ante un tribunal civil

(Jesús Bastante).- ¿Puede un obispo acabar en el banquillo en España? La lógica democrática, en la que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, nos haría entender que sí. Sin embargo, desde la muerte de Franco, sólo un prelado, hasta la fecha, ha sido juzgado ante un tribunal civil.

Se trató del todavía arzobispo de Granada, el siempre polémico Javier Martínez, quien en diciembre de 2007 fue condenado al pago de una multa de 3.750 euros por un delito de coacciones y una falta de injurias contra un sacerdote que lo denunció. Sin embargo, tras apelar -y junto a él la Fiscalía provincial-, la Audiencia provincial lo absolvió de todos los delitos por considerarlos prescritos.

Sin embargo, en los últimos meses, parece haberse roto el “muro de silencio” respecto a las presuntas actuaciones delictivas de algunos prelados de nuestro país. En estos momentos, al menos media docena de obispos y arzobispos españoles están siendo investigados -alguno de ellos imputados– en procedimientos penales. “Cuesta mucho, porque España sigue siendo un país política y jurídicamente católico, pero no cabe duda de que estamos avanzando en una laicidad efectiva”, revela a uno de los mayores expertos en Derecho Canónico.

Sin embargo, y pese a lo que pudiera parecer, con la ley en la mano no es tan sencillo que un obispo acabe sentándose en el banquillo. Así, en el “Instrumento de Ratificación de España al Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español“, firmado en la Ciudad del Vaticano el 28 de julio de 1976 (cuando continuaba vigente el Concordato de 1953, y no se habían firmado los Acuerdos de 1979 ni, evidentemente, la Constitución), que a día de hoy sigue teniendo rango de ley internacional, se afirma que “si un clérigo o religioso es demandado criminalmente, la competente Autoridad lo notificará a su respectivo Ordinario. Si el demandado fuera Obispo, o persona a él equiparada en el Derecho Canónico, la notificación se hará a la Santa Sede“.

Esto es: los obispos, como “ciudadanos vaticanos”, tienen una especie de doble protección, al uso del personal diplomático. Roma tiene que darse por enterada antes de que un obispo pueda sentarse ante un Tribunal español como acusado.

Teniendo esto en cuenta, resulta especialmente relevante que, en los últimos meses, la Santa Sede haya permitido que algunos prelados hayan tenido que declarar, en calidad de imputados, en distintos casos, que van desde el escándalo de los ERE de Andalucía a la demanda de una ex notaria del Arzobispado de Zaragoza, pasando por la inhabilitación de eclesiásticos (entre ellos, el actual obispo de Bilbao, Mario Iceta, o el obispo auxiliar de Sevilla, Santiago Gómez Sierra) por el fiasco de Cajasur, o la denuncia de varias misioneras contra el arzobispo de Oviedo y el obispo de Cuenca por la supuesta venta fraudulenta de varios inmuebles de Lumen Dei.

“La actitud del Papa Francisco tiene mucho que ver en esto”, añade una fuente cercana a Nunciatura, que desvela cómo el actual Nuncio en España, Renzo Frattini, está al margen de cualquier decisión en este sentido. “Roma tiene otros interlocutores en España”, afirma.

Estos son, hasta la fecha, los casos más sonados, de obispos españoles ante los tribunales:

Caso Lumen Dei

El próximo 29 de mayo, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y el obispo de Cuenca, José María Yanguas, habrán de comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia número 77 de Madrid en calidad de imputados. La denuncia parte de 268 misioneras de la Asociación Privada Lumen Dei, que acusan a Sanz y Yanguas de haber usurpado la titularidad de su asociación para vender los bienes de la misma por 12,7 millones de euros. El juez, además, desestimó la petición de ambos prelados, que consideraban que la Justicia civil no era competente para valorar un conflicto de índole eclesiástico. Finalmente, ambos se sentarán en el banquillo, como acusados.

El ordenador de la ex notaria de Zaragoza

El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, declaró el pasado 3 de marzo ante el Juzgado de Instrucción número 11 de la capital aragonesa, investigado por el presunto espionaje a una exnotaria del Tribunal Interdiocesano. El juez le imputa un posible delito “injerencia en el derecho a la intimidad”, al haber ordenado el hackeo del ordenador de esta mujer, tras su despido, y utilizar datos provenientes de su whatsapp privado para avalar su despido procedente.

Las investigaciones del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón concluyeron que esas conversaciones habían sido extraídas del ordenador de la notaria tras su despido y sin su permiso, lo cual, tanto para los agentes como para la Fiscalía y para el juez puede, indiciariamente, constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos, penado con hasta cuatro años de prisión y multas que pueden alcanzar los 216.000 euros.

Por su parte, el prelado admitió en su declaración haber ordenado el rastreo del aparato dentro de una investigación interna sobre la notaria y relacionada con su despido, recurrió su inclusión en la causa y pidió el sobreseimiento. Sostiene que el ordenador es propiedad del arzobispado y que el chequeo fue realizado antes del despido.

Caso ERE

La pasada semana, el obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, declaró como investigado en la causa de los ERE de Andalucía. El prelado está acusado de haber recibido 300.000 euros para una residencia de ancianos, algo que, según la Guardia Civil, podrá suponer un delito de tráfico de influencias.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras (Cádiz) señalaba en un atestado que Ceballos, obispo entre diciembre de 1993 y agosto de 2011, tuvo una “intervención directa” con la consejería para la consecución de la ayuda económica, que se hizo “prescindiendo del procedimiento” establecido. Esa ayuda se concedió “vulnerándose la igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia”. El prelado, en su declaración, admitió los hechos, pero subrayó que “lo hice con buena voluntad porque soy sensible a los puestos de trabajo, lo mismo si se hubiera tratado de ustedes hubiera hecho lo mismo”.

Obispo de Mallorca y las Jerónimas

En Mallorca, las monjas jerónimas han presentado una demanda ante los tribunales contra la diócesis, su anterior responsable (el obispo Javier Salinas, destituido por el Vaticano después de que se descubriera su “especial relación” con su secretaria) y su actual administrador apostólico, el también obispo auxiliar de Barcelona, Sebastiá Taltavull, a quienes acusan de haber inmatriculado “de forma fraudulenta” el convento donde residen, que al parecer ya habría sido vendido a una multinacional para la construcción de un hotel.

Junto a estos casos, en los últimos años, varios obispos han sido demandados ante los juzgados por presuntos “delitos de odio” contra la comunidad LGTB. Entre ellos, algunos de los obispos “de hierro” más conocidos en nuestro país, como el arzobispo de Granada, Javier Martínez; el obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig; el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla; o el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. En todos estos casos, sin embargo, ha primado una supuesta “libertad religiosa” para que las demandas no fueran admitidas a trámite.

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica Alcalá de Henares, Antonio Ceballos, Barcelona, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Cuenca, Demetrio Fernández, Granada, Imputados, Javier Martínez, Javier Salinas, Jesús Sanz Montes, José Ignacio Munilla, José María Yanguas, Juan Antonio Reig, Justicia, Lumen Dei, Mallorca, Obispos, Oviedo, San Sebastián, Sebastià Taltavull, Vicente Jiménez, Zaragoza

Vergonzoso incidente el ocurrido el pasado sábado en Cuenca, donde un grupo de energúmenos ha arrojado huevos y harina a las puertas del Museo Paleontológico de la ciudad castellano-manchega, donde justo se iban a celebrar unas Jornadas sobre las Identidades Trans durante la Infancia y la Juventud. Por fortuna, el odio no ha impedido que el evento culminase con éxito.

Las “I Jornadas Identidades Trans durante la Infancia y la Adolescencia”, organizadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha en colaboración con la Fundación Daniela, han contado con la participación de más de doscientos profesionales de los sectores sociales, sanitarios y educativos de toda la comunidad autónoma, así como de especialistas en la realidad trans. Uno de los puntos a tratar era precisamente el desarrollo de un protocolo de atención a menores trans en el que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lleva trabajando más de un año, según ha expresado la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez. Martínez ha aprovechado su presencia en la inauguración del evento para confirmar que en 2017 se convocarán las mesas de participación que definirán la futura ley LGTB regional, así como para recordar que esta misma semana se ha anunciado oficialmente que todas las mujeres castellano-manchegas podrán acceder a los tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública regional con independencia de su orientación sexual o  estado civil.

La clausura de las jornadas ha estado a cargo del vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que ha reiterado la intención de su Gobierno de impulsar tanto el protocolo de atención a menores trans como la ley contra la discriminación de las personas LGTB, un texto que se quiere elaborar de forma participativa y consensuada con los colectivos. “No tenemos tanta prisa por la fecha como por que sea un texto que resuelva los problemas que puedan presentarse ante este tipo de situaciones”, ha declarado.

Magníficas noticias, en definitiva, para una región que lleva un considerable retraso jurídico en materia LGTB. Sin embargo, el evento de este viernes no ha estado libre de los propagadores de odio, tanto físicamente como en internet. Por un lado, tres individuos han arrojado huevos y harina a la entrada del evento, con el consiguiente riesgo físico para los asistentes. Uno de ellos mostraba un pequeño cartel en el que había escrito “Ars Antinatura, nunca mejor dicho”. También en internet era posible ver (en Actuall, panfleto digital ultraconservador en la órbita de HazteOír) cómo se acusaba a la Junta de sufragar con dinero público las jornadas a la vez que se hacía mofa de la transexualidad.

El violento incidente ha sido condenado tanto por la propia directora del Instituto de la Mujer quien mostró su apoyo a las personas LGTBI, para la cual “es intolerable que en una sociedad democrática y libre existan este tipo de actuaciones tan intolerantes basadas en la ignorancia y en el miedo”, como por el vicepresidente regional, para el que lo sucedido “en absoluto se corresponde con la voluntad de los conquenses”. “Somos una ciudad acogedora que respetamos cualquier tipo de pensamiento”, ha añadido.

También la Asociación WADO LGTBI+ de Castilla-La Mancha, que precisamente nos hacía llegar lo sucedido, ha condenado el incidente en Twitter:

Nuestra repulsa a los radicales a la entrada del congreso médico para menores trans en #Cuenca de @Danielafund #StopTransfobia #DerechoASer pic.twitter.com/V9gbATn5Nz

— Asoc WADO LGTBI+ CLM (@WadoAsociacion) 16 de diciembre de 2016

WADO LGTBI+ también ha lamentado la ausencia en la inauguración de las jornadas tanto del alcalde de Cuenca como del presidente de la Diputación Provincial, que tenían previsto acudir pero que finalmente han preferido no hacerlo.

El Gobierno regional de Castilla-La Mancha, recordemos, está en manos del PSOE, que cuenta con 15 diputados en las Cortes regionales, uno menos que el PP. Los dos diputados de Podemos, sin embargo, evitaron que el PP gobernara, al quedar este partido un escaño por debajo de la mayoría absoluta en las pasadas elecciones regionales. La alcaldía de Cuenca y la presidencia de la Diputación Provincial están en manos, por el contrario, de lo los populares.

Fuente: Voces de Cuenca, vía Dosmanzanas/EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. Actuall, Araceli Martínez, Ayuntamiento de Cuenca, Castilla-La Mancha, Cuenca, Diputación de Cuenca, Discriminación, Fundación Daniela, HazteOir, José Luis Martínez Guijarro, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Menores, Museo Paleontológico de Cuenca, Niñas transexuales, Niños transexuales, Podemos, PP, PSOE, Transexualidad, Transfobia, WADO LGTBI+

Por consentir el mantenimiento de símbolos de la Guerra Civil y el Franquismo

Pedirán la salida de los restos de Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera y Gonzalo Queipo de Llano

Una quincena de Obispados y Arzobispados de toda España serán denunciados mañana, martes, ante los juzgados de instrucción por consentir el mantenimiento de símbolos de la Guerra Civil y la dictadura franquista en contra de lo estipulado por la Ley de Memoria Histórica y mantener enterrados los restos de Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera o el general Queipo de Llano pese a que el derecho canónico solo permite enterrar en sus territorios cadáveres de pontífices, cardenales u obispos.

Así lo expone el abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz, en los escritos que presentará este martes 14 de abril –coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Segunda República– ante los tribunales por un posible delito contra la independencia del Estado del artículo 589 del Código Penal, al entender que los obispos dependen de las instrucciones de la ciudad del Vaticano, la cual está constituida como un Estado Independiente y no cumplen con la legislación española.

Por su parte, los escritos de alegaciones canónicas, a los que ha tenido acceso Europa Press, se presentarán ante los Obispados y Arzobispados de Madrid, Córdoba, Segovia, Cuenca, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres, Badajoz, Almería, Cartagena, Valencia, Orihuela-Alicante, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Zaragoza y Oviedo.

En el caso de Madrid, el abogado interpondrá este martes a las 11.00 horas ante el Arzobispado, situado en la calle Bailén, un escrito solicitando la retirada de la simbología de franquista y la salida de los restos de Franco y Primo de Rivera que descansan en la Basílica del Valle de los Caídos. En este sentido, cita también la placa conmemorativa del fundador de la Falange Española en la basílica de la Concepción de Nuestra Señora, situada en el barrio de Salamanca, en Goya, 26.

“Todo ello en manifiesto incumplimiento de la comúnmente denominada Ley de Memoria Histórica, y del canon 1242 del Código de Derecho Canónico, que establece textualmente ‘No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los Cardenales o a los Obispos diocesanos, incluso eméritos“, explica el abogado, para añadir que el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica obliga a retirar estos símbolos.

 Por lo tanto, añade, el Arzobispado de Madrid, “con su permisividad o inacción, está vulnerando manifiestamente los cánones, puesto que ni Francisco Franco Bahamonde ni José Antonio Primo de Rivera son, o han sido, al menos de forma pública y notoria, Romano Pontífice, Obispo o Cardenal”.

Ranz, que pide al Arzobispado de Sevilla retirar la tumba del teniente general Gonzalo Queipo de Llano y Sierra de la basílica de La Macarena, cita como precedente un caso de Alicante, donde la basílica de Nuestra Señora del Socorro eliminó una placa que contenía las palabras ‘José Antonio’, en conmemoración al fundador de la Falange.

Por su parte, se ampliarán a 42 consistorios las denuncias penales por mantener estos vestigios. Entre ellos, varias denuncias se presentarán ante el Tribunal Supremo por la condición de aforados de sus regidores, como el de Zaragoza Juan Alberto Belloch; el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda; el de Toledo, Emiliano García-Page; el de Teruel, Manuel Blasco; la alcaldesa de Cáceres, María Elena Nevado del Campo o el de Guadalajara, Antonio Román.

“Si en un tiempo prudencial no obtuviera respuesta, acudiré al romano Pontífice y a la Curia Romana, como órgano colegiado”, advierte el abogado respecto a los obispos, para añadir que la Conferencia Episcopal no tiene competencia sobre este asunto en aplicación de los cánones del Código de Derecho Canónico.

Ranz denunció inicialmente en los tribunales el pasado 11 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Primera República, a 38 alcaldes por un supuesto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal. Este delito lleva aparejado una multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. De forma subsidiaria, calificaba los hechos como una falta contra el orden público del precepto 634, que prevé el pago de una multa.

El letrado recordaba que el artículo 15 de Ley de Memoria Histórica obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la “exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”.

(RD/Ep)

General, Iglesia Católica Almería, Antonio Román, Badajoz, Basílica del Valle de los Caídos, Cartagena, Córdoba, Coria-Cáceres, Cuenca, Eduardo Ranz, Emiliano García-Page, Francisco Franco, Franquismo, Gonzalo Queipo de Llano, Iglesia Católica, José Antonio Primo de Rivera, Juan Alberto Belloch, Juan José Imbroda, La Macarena, Madrid, Manuel Blasco, María Elena Nevado del Campo, Memoria Histórica, Mérida-Badajoz, Orihuela-Alicante, Oviedo, Segovia, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Valencia, Zaragoza

La norma que les autoriza a registrar sus uniones en las cédulas de ciudadanía no implica un reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero fue calificado como un “gran paso” por activistas LGTB.

A finales del mes pasado os informábamos de que Ecuador reconocía la unión de homosexuales como un derecho constitucional y gracias a esto, este pasado lunes se han podido dar el sí quiero distintas parejas gay afirmando así, uno de los momentos más emotivos de su vida. Diferentes parejas de la Comunidad LGTB se han dado de alta en el Registro Civil gracias a la nueva normativa de su legislación que permite el reconocimiento de las parejas de hecho en distintos espacios del país.

Vestida de novia y una corona de flores, Diane Rodríguez, mujer transexual, y su pareja Nicolás Guamanquispe, se acercaron al Registro Civil del puerto de Guayaquil para inscribir su unión de hecho. “Somos la primera pareja que registramos la unión de hecho, nos consagramos en ese sentido. Aparte que somos la primera pareja transexual” que ejerce este derecho, comentó Rodríguez.

La autoridad de Registro Civil no permitía a las personas homosexuales inscribir sus uniones en el documento de identidad porque no las consideraba un estado civil, pese a que la Constitución de 2008 concede los mismos derechos a la convivencia de hecho que a los matrimonios civiles y religiosos.

Rodríguez y Guamanquispe estuvieron acompañados de otras parejas LGTB, que también cumplieron con el trámite. “En este momento nos sentimos muy contentos porque, vuelvo a insistir, están prevaleciendo los derechos humanos”, apuntó Rodríguez, que preside la organización Silueta X.

Santiago Vinces (i) y Fernando Saltos,  solicitaron en 2013 que se les permitiese contraer matrimonio en Guayaquil. Foto: José Alvarado

Desde 2008, grupos activistas libraban una ardua lucha para que el Registro Civil tramitara sus uniones de hecho. La Defensoría del Pueblo informó que las inglesas Nicola Rothon y Helen Bicknell, quienes intentaron sin éxito registrar a su hija con los apellidos de ambas, también inscribieron su unión de hecho en Quito.

La medida gustó mucho al Colectivo Silueta X aunque hay aún algunas organizaciones que consideran que esta medida es aún bastante vacía puesto que no está reconocida dentro de ninguna orden estatal como estado civil. En cualquier caso, y a pesar de esto, la noticia sin duda es un punto a favor dentro de lo que Ecuador lleva organizando desde hace tiempo y nuestros compañeros LGTB, se pueden sentir más que satisfechos con esta nueva medida hacia el progreso y la igualdad.

No obstante por el momento, esta medida no está en todas las regiones y aquellas personas que quieran casarse ciertamente, tendrán que hacerlo en Quito, Cuenca o Guayaquil que es donde únicamente se ha aprobado la misma. No obstante, esperemos que esta formalidad se pueda extender al resto de regiones y que por supuesto, se sigan dando los avances en los derechos para personas LGTB de todo Ecuador.

Fuente Universogay y Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI Colectivo Silueta X, Cuenca, Diane Rodríguez, Ecuador, Guayaquil, Matrimonio igualitario, Nicolás Guamanquispe, Quito, Uniones Civiles