El alcalde de Alcorcón y diputado en la Asamblea de Madrid David Pérez ha sido el elegido por Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular, como su número dos en las próximas elecciones autonómicas madrileñas. Pérez, que se significó por no votar la ley madrileña contra la LGTBfobia y que ha impedido que la bandera arcoíris ondee en el balcón del Ayuntamiento, llegó a amenazar al colectivo LGTB Arcópoli con una demanda.

David Pérez fue uno de los dos diputados «díscolos» que en julio de 2016 prefirieron ausentarse y no votar la ley madrileña contra la LGTBfobia, que el PP de la entonces presidenta Cristina Cifuentes apoyó y que de hecho fue aprobada por unanimidad de la cámara regional (el otro diputado ausente fue Luis Peral).

Un par de semanas antes de aquella votación Pérez protagonizaba otro triste episodio al negarse a izar la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento con motivo del Día del Orgullo LGTB, pese al requerimiento mayoritario de las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento de Alcorcón. Una actitud que desembocó finalmente en una reprobación del alcalde popular por parte del resto de grupos políticos. El equipo de Gobierno de David Pérez, de hecho, había rehusado ejecutar todas las resoluciones en materia LGTB presentadas por los partidos de la oposición y aprobadas por el pleno municipal (el PP cuenta con 10 concejales, mientras que el conjunto de la oposición alcanza los 17, si bien Pérez es alcalde gracias al apoyo que le brindó Ciudadanos). Una reprobación que en lugar de mover a Pérez a la reflexión fue despreciada por el propio alcalde en un tuit en que aseguraba de forma despectiva que «a mí no me reprueban cuatro politicastros socialistas y comunistas». Cabe destacar que esta reprobación no es la única de la que ha sido merecedor David Pérez a lo largo de esta convulsa legislatura municipal: la pasada semana, de hecho, era reprobado por sexta vez.

En aquella ocasión, sin embargo, la reprobación de Pérez tuvo una vergonzante derivada, y fue la amenaza del alcalde de demandar al colectivo LGTB madrileño Arcópoli por haber criticado su actitud LGTBfoba. Una amenaza que Arcópoli recibió con asombro. «Creemos que es un gran error intentar coaccionar a una ONG mediante una demanda para silenciarnos. La mejor forma de que Arcópoli crea que el grupo municipal popular tiene interés por el colectivo LGTB es que lo demuestre mediante iniciativas y no a través de demandas», expresaron entonces desde el colectivo activista. «Si el alcalde quiere demostrar que no es bífobo, transfobo y homofobo denunciar entidades LGTB no parece la mejor alternativa, sino todo lo contrario», añadían.

El tiempo ha pasado, y aunque no tenemos constancia de que la amenaza de Pérez se materializase, el alcalde ha continuado con su actitud de desprecio. En junio de 2017, por ejemplo, mientras los colores del arcoíris inundaban fachadas y calles de numerosas ciudades, villas y pueblos de la Comunidad de Madrid, David Pérez, decidía ocultar la bandera LGTB tras las puertas de entrada al consistorio, de manera que no fuese visible desde el exterior, a pesar de que el resto de grupos políticos habían aprobado que ondease en el balcón del edificio. Lo mismo sucedió, de hecho, en 2018.

Rubén López: «parece que el PP más rancio ha escalado posiciones»

Rubén López, destacado activista de Arcópoli y director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, ha lamentado en declaraciones a dosmanzanas la decisión de los populares madrileños. «La elección de David Pérez como número dos de la lista del PP de Madrid es una muy mala noticia para las políticas de igualdad y en especial las del colectivo LGTB. Pérez es famoso por ausentarse de la votación de la ley LGTB, por negarse a poner la bandera arcoíris en el Ayuntamiento o por organizar en Alcorcón unas jornadas de familias excluyentes. Desde Arcópoli además nos causa un gran recelo: este señor amagó con denunciarnos tras llamarle homófobo después de su comportando tras el Orgullo de 2017», ha recordado.

«Parece que el PP más rancio ha escalado posiciones en la Comunidad de Madrid. Políticos como Pérez que estaban ya defenestrados pasan así a la primera línea de nuevo, retrocediendo una década y volviendo al PP más conservador. Colocarlo como número dos en la lista es un contundente gesto a ese sector más conservador contrario a los avances LGTB que se estaba marchando a Vox. Realmente una noticia muy negativa para quienes luchamos contra la LGTBfobia en nuestra región», ha añadido.

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Recordemos lo que pasó con Cristina Cifuentes y la Ley LGTBI de la Comunidad de Madrid: después de votar en contra cuando la presentó el PSOE, Cifuentes le cambió cuatro palabras la volvió a presentar, salió adelante y dijo que el mérito había sido suyo.

Durante esa votación hubo dos diputados del PP de Madrid que fueron en contra de la disciplina del partido. El que se ausentó de la votación fue David Pérez  y el que votó en contra fue Luis Peral, veterano diputado del partido que abandonó el grupo parlamentario porque se llevaba fatal con Cifuentes. Y es que tanto Pérez como Peral se comieron dos multas por ir en contra del partido. La primera, de 600€ (una mierda de multa que hemos pagado entre todos, porque sus sueldos son públicos), les cayó cuando se votó la moción para regular los vientres de alquiler y o se ausentaron o votaron en contra y eso le costó la votación al partido.

La segunda multa, de 300€, fue por votar en contra (Peral) o ausentarse (Pérez) en la votación de la Ley contra la LGTBfobia en la Comunidad de Madrid.

Cuando Peral se fue a su casa, en 2016, dijo que lo hacía porque “llevo ya 40 años en política y tengo 66“. Su renuncia coincidió con la primera multa impuesta por la Ley LGTBI: la que le cayó al director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón (de donde es alcalde David Pérez) por la despreciable carta que envió a los padres comparando la “dictadura LGTBI” con el terrorismo islámico radical. Pero parece que en realidad lo hacía porque su partido no le parecía lo suficientemente ultra-derechista y ultra-católico; algo que ha cambiado gracias a la llegada de Pablo Casado.

Y es que el nuevo presidente del Partido Popular, que está en plena reforma del PP de Madrid tras el desaguisado de Cifuentes, ha elegido a Luis Peral (el que se retiraba porque era muy mayor ya) para presidir la Comisión de Familia del grupo parlamentario. Lo que deja bastante claro qué familia defiende el Partido Popular: la familia heterosexual en la que la mujer, obviamente, no tiene derechos sobre su cuerpo y no puede abortar. Peral es, además, un firme defensor de la prohibición del aborto.

En el nuevo equipo de dirección del grupo autonómico Casado también ha metido a nombres tan ilustres como Ángel Carromero (condenado a 4 años de prisión en Cuba por la muerte en un accidente de tráfico de Oswaldo Payá), Susana Pérez Quislant y Yolanda Estrada (dos imputadas por un presunto delito medioambiental -el mismo por el que está llamado a declarar el sustituto de Soraya Sáenz de Santamaría) y David Erguido, nuevo presidente del Comité Electoral del partido que en 2017 tuvo que declarar como investigado por la trama de corrupción Púnica.

Entre corruptos y homófobos a Pablo Casado le está quedando un PP de Madrid maravilloso. Por favor, los del #YoSoyGayYDelPP, no dudéis en venir a decirnos que el Partido Popular ha cambiado, es moderno y está a favor de los derechos LGTBI.

Fuente | Público, vía EstoyBailando

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Este cambio en el Plan de estudios, con el que se da cumplimiento, dentro del ámbito educativo, a las leyes contra la discriminación aprobadas por el ejecutivo madrileño, supone la inclusión de valores para promover la igualdad y el respeto a personas LGTBI.

Se incluyen también contenidos para prevenir la violencia en el deporte a través del fomento de la deportividad y el juego limpio.

La Comunidad de Madrid ha adaptado los currículos educativos a las leyes por la igualdad y contra la LGTBIfobia incorporando en el plan de estudios valores para promover la igualdad y el respeto a las personas LGTBI (Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Interesexuales), así como para prevenir la violencia en el deporte.

De esta manera, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto de Bachillerato para implementar en los contenidos de las diferentes asignaturas las leyes contra la discriminación sexual aprobadas por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes. La modificación de Educación Secundaria ya fue aprobada recientemente, mientras que la de Primaria pasará el trámite en próximas semanas.

Estos cambios en el currículo son de aplicación en todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid (públicos, concertados y privados) y suponen la inclusión en todas las áreas y materias de contenidos educativos de sensibilización para promover el respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género, así como la diversidad sexual en todos los centros educativos. Asimismo, el profesorado incluirá pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de la diversidad.

En la modificación curricular de Bachillerato aprobada también se han incluido contenidos destinados a la prevención de la violencia en el deporte que inciden de manera especial en el fomento de acciones y valores para incentivar la deportividad y el juego limpio, además de impedir que se produzcan situaciones agresivas en el ámbito escolar.

El Ejecutivo de Cristina Cifuentes ha llevado a cabo numerosas iniciativas para el cumplimiento de las leyes contra la LGTBIfobia. Dentro de esa estrategia, uno de los aspectos más importantes es el de la formación, tanto del profesorado como de las familias. Respecto a las acciones formativas de los docentes, la Comunidad de Madrid ha desarrollado un curso masivo on line (MOOC en sus siglas en inglés), que hasta el momento ha contado con la participación de más de 6.000 profesores, así como dos cursos, uno para nuevos docentes y otro para nuevos directores, en los que también se han introducido diversas pautas de atención al alumnado.

En cuanto a las familias, el Gobierno regional también ha puesto a su alcance un MOOC para formar en las estrategias que eduquen a los jóvenes en responsabilidad, convivencia y respeto. En la primera edición hubo más de 6.300 familias participantes para esta actividad, pionera en realizar una acción específica para mejorar la convivencia en las aulas. Por otra parte, los centros educativos también han organizado cerca de 80 talleres sobre temática LGTBI, que han contado con la asistencia de más de 1.000 estudiantes, que recibieron nociones de sensibilización y concienciación sobre igualdad.

Por otro lado, el Gobierno regional ha puesto en marcha durante el presente curso escolar la asignatura de libre configuración ‘Respeto y Tolerancia’, en la que en el bloque primero trata de concienciar acerca de la igualdad. En concreto, explica los derechos de las personas y su derecho a no ser discriminados, sea cual sea su lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición, como edad, discapacidad, estado de salud, orientación sexual o identidad de género. Además, se explica a los alumnos la normativa autonómica específica dirigida a la protección contra las acciones de incitación al odio, la discriminación, la intolerancia y la LGTBIfobia.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

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ALEAS denuncia la “nueva incitación al odio contra las personas LGTBI” de HazteOír y exige al Gobierno que retire la declaración de asociación de utilidad pública de la que se beneficia.

Hazte Oír continua con su particular cruzada contra la libertad y la no discriminación de las personas LGBTi. Si hace unos meses intentaba recorrer con más o menos éxito el estado español con el autobús naranja de la vergüenza, llegando incluso a intentar atropellar a manifestantes en Pamplona, ahora promete seguir dando que hablar con un Congreso tránsfobo que tendrá lugar en Madrid el próximo 23 de Febrero.

Según Hazte Oír, el suyo será el primer congreso del mundo sobre género, sexo y educación. Entre las lindezas que Hazte Oír debatirá en su congreso, se hablará de “adoctrinamiento infantil” de forma general para criticar la legislación en materia LGBTI y contará entre sus ponentes con una “víctima de la ideología de género”, un escritor cuyas teorías relacionan la pedofilia con el feminismo e incluso un médico que explicará por qué “mujer trans solo puede aspirar a ser un “hombre feminizado”, como cuenta la web Madrid Diario.

Resulta increíble que tras la polémica y escarnio de su autobús, que ya recorrió Madrid lleno de mensajes tránsfobos o del panfleto homófobo que envió a la mayor parte de los colegios españoles, que el diario ABC regaló como suplemento dominical, que siga dando guerra o protagonizando eventos de este cariz.

…O no tanto, teniendo en cuenta que la asociación Hazte Oír es receptora de ayudas y subvenciones por parte del gobierno de Rajoy, que la ha declarado de utilidad pública que “promueve el interés general” (sic), como podemos leer en La Sexta. Luego nos extraña que María Elósegui sea la magistrada elegida por el gobierno español para luchar por los derechos humanos, abiertamente homófoba.

El congreso de Hazte Oír será el 23F (casualidad o no, aniversario del golpe de estado de Tejero) en un restaurante del centro comercial ABC Serrano, si nadie del gobierno de la comunidad Madrid lo impide.

Izquierda Unida, a través de su Área federal de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual (ALEAS), denuncia la “nueva incitación al odio” contra las personas LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) que impulsa la plataforma ultraconservadora HazteOír.

Para la formación política, HazteOír pretende ahora “poner en duda la dignidad y la igualdad de derechos de las personas trans” y lo hace “a través de la convocatoria de un supuesto congreso mundial contra la mal llamada ‘ideología de género’”. Quieren que este cónclave se celebre en Madrid a partir del próximo 23 de febrero con la participación de “supuestos expertos internacionales”.

Desde ALEAS-IU recuerdan que “no es la primera vez que Hazte Oír utiliza sus convocatorias e iniciativas para lanzar mensajes que incitan al odio contra la diversidad sexual y de género. Valgan de ejemplo el patrocinio de un autobús que recorrió varias ciudades con mensajes contra las y los menores trans y el envío de folletos a colegios e institutos con argumentos discriminatorios son algunos ejemplos”. “Y todo ello utilizando los recursos y los beneficios económicos públicos de los que disfrutan por mantener desde 2013 la declaración de asociación de utilidad pública que les otorgó el Gobierno del PP”.

Ante esta situación, Izquierda Unida insta, por un lado, al Ejecutivo madrileño de Cristina Cifuentes a que “no permita lo que no es más que un ‘congreso de la intolerancia’ y aplique la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia, que prohíbe las expresiones vejatorias contra la diversidad sexual y de género en el ámbito madrileño”. Además, exige al Gobierno de Mariano Rajoy que “retire a Hazte Oír esa declaración de asociación de utilidad pública”, para impedir que “continúe sirviéndose de beneficios fiscales para atacar los derechos humanos de una parte importante de la ciudadanía”.

A través de su propia plataforma propagandística, Actuall, el director de Campañas y portavoz de HazteOír, Miguel Vidal, asegura que la administración regional presidida por Cristina Cifuentes “puede estar segura de que vamos a incumplir su ley LGTBI y no pensamos pagar las multas que quieran imponernos. Lo estamos anunciando, no nos escondemos: vamos a desobedecer conscientemente todas y cada una de las leyes LGTBI aprobadas en España”.

La pataleta de la organización ultracatólica organizando este “encuentro” tiene su origen en la multa que impuso el pasado mes de diciembre la Comunidad de Madrid por la difusión del folleto titulado ¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual, en el que arremetía contra las úlitmas leyes leyes que protegen al colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid.

No obstante, el Gobierno de Cifuentes les ha avisado de que los responsables de abrir expedientes a ciudadanos estarán “vigilantes” ante la celebración el próximo viernes 23 de febrero de este “congreso internacional”.

Fuente AmbienteG/Cáscara Amarga

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¿Pero es que no se acuerda del recurso de la Vergüenza ni de las perlas homófobas de miembros de su partido y del mismo Rajoy? Por no hablar del incumplimiento de la Ley Integral de Transexualidad por parte del Gobierno Regional…

La presidenta de la Comunidad de Madrid denuncia que se etiquete al PP con una tendencia homófoba: “La defensa de la igualdad y la diversidad no es patrimonio de ningún partido”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, asegura que no cree que vaya a la manifestación del Orgullo en Madrid, que acoge este año la celebración mundial, y asegura que en defensa de los derechos LGTBI no tiene “nada” que demostrar “a estas alturas”.

La presidenta madrileña ha hecho estas declaraciones a La Otra Crónica, del diario El Mundo, preguntada sobre si acudirá a la marcha con la que Madrid reivindicará los derechos LGTBI en el mundo y muy especialmente los de los transexuales, y en la que sí estará presente la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.

“No creo que vaya, porque sería más distorsionador que otra cosa, pero el orgullo tiene mi apoyo. Es más, yo siempre he apoyado la reivindicación al colectivo LGTBI”, justifica la presidenta de la Comunidad, institución que previsiblemente sí enviará a un representante al término de la manifestación.

El presidente de Cogam, organización en defensa de los derechos LGTB en Madrid, dijo en la presentación del evento que “lo adecuado” sería que estuviese la presidenta.

Cristina Cifuentes asegura que lleva reivindicando “años y años” dentro de su partido y fuera el apoyo al matrimonio homosexual y desde su Gobierno —remarca— ha aprobado una Ley de protección de los derechos LGTBI.

Preguntada al respecto, considera “una cosa absolutamente disparatada” que se etiquete al PP con una tendencia homófoba.

“La defensa de la igualdad y la diversidad no es patrimonio de ningún partido”, añade. La manifestación del próximo sábado, con 60 pancartas y 52 carrozas, será el eje de la celebración internacional del Orgullo Gay, en Madrid, del 23 de junio al 2 de julio.

Fuente Cáscara Amarga

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Titulares de la caverna

Hace unos días saltaba la noticia de que la Comunidad de Madrid estudiaba implantar una “asignatura LGTB” basada en la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia aprobada el pasado julio. Y teniendo en cuenta que los únicos medios que habían publicado algo sobre esto eran La Gaceta, OkDiario y Actuall cogimos la noticia con muchas reservas.

Y como todo nos olía un poco raro decidimos esperar a ver si se aclaraba la situación porque una “asignatura LGTB” nos parecía un poco sinsentido. Hasta que de repente nos encontramos un artículo en Madrid Diario que nos aclara algunas cosas.

La Comunidad de Madrid está trabajando en una nueva asignatura optativa para Educación Secundaria de cara al próximo curso escolar que tendrá como contenidos el aprendizaje de las normas internacionales sobre Derechos Humanos y aspectos de igualdad y no discriminación, donde se incidirá también en el respecto al colectivo LGTBI. Así lo han indicado fuentes de la Consejería de Educación para recalcar que esta asignatura aún se está definiendo y que la previsión es crearla como disciplina de libre elección para aquellos centros, que dentro de su autonomía, decidan implantarla como optativa.

Para empezar, la asignatura, según precisan las mismas fuentes, no tendrá un contenido exclusivo sobre igualdad y respeto al colectivo LGTBI, sino que su campo será más amplio. Además, desde la Consejería de Educación han detallado que se ha repasado todos los contenidos curriculares sobre las cuestiones de igualdad e identidad de género. Así, exponen que la LOMCE ya aparecen estos contenidos de formas transversales y esta nueva asignatura sería un paso más en el cumplimiento de la normativa educativa de rango estatal.

Por otro lado, aluden a la ley autonómica de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. En esta normativa, en su artículo 31.9, se recoge que “dentro de los contenidos educativos de libre asignación de la Comunidad de Madrid se garantizará que todos los alumnos madrileños reciban la formación que promueva los valores constitucionales de convivencia, respeto e igualdad hacia el colectivo LGTBI, una aproximación hacia los distintos modelos de familia y se explique la realidad de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género”.

Por lo tanto,  no es una asignatura LGTB, sino que se trata de una materia con contenidos que “sensibilizan y promueven las normas internacionales de Derechos Humanos y los principios de igualdad y no discriminación, entre los que están incluidos los concernientes a la orientación sexual y la identidad de género” y que se llamará “Respeto y Tolerancia”. El temario “incluirá valores constitucionales de convivencia e incluirá un bloque sobre el acoso escolar y se analizarán cuestiones como el terrorismo, la guerra o la violencia de género“.

Esto ya pinta mejor y desde luego, no tiene nada que ver con “una asignatura LGTB” pero… ¿por qué es una optativa? ¿Por qué no implantarla como contenido transversal? Y esto nos lleva a otra pregunta…. ¿Qué diferencia hay entre esta “asignatura” y “Educación para la ciudadanía” que con tanto empeño se cargó el Partido Popular? Concretamente, Alicia Delibes, consejera de Educación de la Comunidad afirmó que “se trata de una educación con un contenido moral y político, de un sesgo muy determinado“. Será curioso ver el temario y cómo ha cambiado ese “sesgo”.

Suponemos que el hecho de que este contenido se contemple en una asignatura optativa tiene que ver con el ámbito de competencia de las comunidades autónomas y claro, en Madrid gobierna el PP y en España… oh wait. ¡También gobierna el PP! Con lo bonito que sería enseñar estos valores a todo el alumnado… pero no. En temas serios mejor el gobierno central para un lado y las autonomías para otro.

Ahora, vemos que la Caverna se prepara para atacar a Cifuentes, la autoproclamada musa gay que “cuando está con hombres se hace la rubia para conseguir muchísimo más” y volveremos a escuchar aquello de que se intenta adoctrinar a los niños, que es un ataque a la familia o que los centros que impartan la asignatura “colaborarán con el mal”.

Y sí, sería maravilloso que se enseñara quiénes fueron Harvey Milk y Pedro Zerolo, como también hay que enseñar quiénes fueron Martin Luther King y Rosa Parks entre otros muchos que lucharon por los derechos civiles. Es inadmisible que mucha gente joven LGTB no sepa qué es Stonewall y lo importante que han sido y son los travestis y las personas trans en nuestra lucha; como también nos parece increíble que esa gente joven desconozca todas las piedras que ha puesto en el camino de nuestro colectivo algunos políticos que ahora disfrazan como apoyo el mirar para otro lado haciéndose los locos.

O que simplemente, mienten.

Cristina Cifuentes en la tele riéndose de Carla Antonelli por ser trans

Y sobre todo, una asignatura que enseñe a pensar, a tener conciencia crítica y comprensión lectora. Por favor, mucha comprensión lectora.

Fuente EstoyBailando

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Los Mossos aplican la ley contra la LGTBfobia catalana y obligan a HazteOir a retirar todos los vinilos del autobús del odio si quieren circular con él.

Arsuaga avisa que recurrirán la ley ante el Constitucional.

Tras días de burlas y provocaciones, por fin la Generalitat de Catalunya ha hecho cumplir la ley, dejando temporalmente fuera de juego el autobús cubierto de mensajes tránsfobos fletado por HazteOír: el vehículo no ha podido abandonar el territorio de esa comunidad autónoma sin proceder a su retirada. Y es que, después de fletar por primera vez el autobús en Madrid (donde ya se produjo una primera reacción institucional y judicial) y de continuar después su campaña con escaramuzas diversas para disimular su discurso de odio, este viernes la organizacion ultraconservadora llevaba su campaña a Barcelona. Pero se han encontrado con una respuesta contundente. El autobús de HazteOir había intentado llegar a Pallejà, donde tenían organizado un acto, pero no lo habían conseguido. En cuanto el bus entró en Cataluña la Generalitat ordenó a los Mossos que lo inmovilizaran, la consejera de Acció Social anunció que se abría un expediente sancionador a la organización e Ignacio Arsuaga, que estaba en Pallejà esperando el bus, tenía que ser escoltado por la policía autonómica porque no paraban de lloverle huevos.

A finales de febrero la organización ultraconservadora fletaba un autobús con mensajes de transfobia explícita, que recorría las calles de Madrid. “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vagina. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”, lucía el vehículo, versión tránsfoba de la excelente campaña de concienciación ciudadana sobre la transexualidad infantil que semanas antes promovió en varias ciudades del País Vasco y Navarra Chrysallis Euskal Herria, organización vasca de familias de menores trans. Pero la puesta en marcha del autobús no era un hecho puntual: se enmarcaba en una campaña más global que el grupo ultraconservador ponía en marcha meses atrás, con la publicación y envío a colegios de toda España de un panfleto en el que denigra los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades autónomas en materia LGTB, en particular en el ámbito educativo, del que el autobús hace promoción.

La campaña de negación de la realidad de los niños y niñas transexuales, y el consiguiente menosprecio a sus familias y a sus derechos, despertó una importante reacción social e institucional en contra. Las primeras en reaccionar fueron las instituciones madrileñas: tanto la Asamblea de Madrid como el Ayuntamiento. Este último, de hecho, dio orden a la Policía Municipal para que paralizase el autobús mientras mantuviese los mensajes tránsfobos (acción respaldada tanto por la Fiscalía como por el Juzgado de Instrucción). Pero también en la Comunidad Valenciana y en Cataluña, los siguientes puntos que el autobús tenía previsto visitar, se produjeron reacciones. En Cataluña, en concreto, la Generalitat reaccionó con presteza, abriendo el correspondiente expediente, en aplicación de la ley catalana contra la LGTBfobia.

De campaña de odio al falso debate sobre “la libertad de expresión”

A partir de ahí, y como era previsible, HazteOír inició su ronda de escaramuzas mediáticas, intentando derivar el foco de la atención desde su campaña de odio tránsfobo hacia un supuesto debate sobre “la libertad de expresión”. Algo en lo que, por cierto, encontró la complicidad de algunos analistas y opinadores “progresistas”, incapaces de diferenciar entre las medidas que un verdadero Estado de derecho está obligado a adoptar contra una campaña planificada de odio hacia una minoría y la represión injustificada de opiniones individuales políticamente incorrectas o provocadoras.

Opinadores que se olvidaban de que no estamos hablando de los tuits de HazteOír (que hasta ahora nadie había perseguido), ni de su página web (que hasta ahora nadie ha cerrado), ni siquiera de sus newsletter cargadas de mensajes de odio, pero que al fin y al cabo hay que hacer un esfuerzo activo por recibir. Hablamos de un autobús “publicitario” que circula por la vía pública, financiado por una organización que se beneficia de un estatus fiscal privilegiado, que pasa por delante de los colegios a los que también acuden los hijos de las familias LGTB y los niños y niñas LGTB, y que difunde un panfleto cargado de mensajes LGTfobos que ha llegado a enviar a cientos de colegios tanto públicos como privados.

Trucos y provocaciones

En cualquier caso, HazteOír ha tenido que ir modificando su campaña para encubrir y disimular sus mensajes: los ha cubierto con la palabra “censurado”, ha puesto en marcha una caravana en la que les añadió un signo de interrogación (y que fue multada por el Ayuntamiento de Madrid), e incluso les ha añadido una mención a la Biología y se han permitido el cinismo de pedir “respeto para todos” y añadir “no al bullying”. Hasta no han tenido empacho en utilizar el apoyo de Charlotte Goiar, primera mujer trans en reasignar su sexo con el respaldo del Supremo .

HazteOír también ha prodigado sus apariciones en televisión, incluyendo una entrevista en el programa La Sexta Noche a su presidente, Ignacio Arsuaga, en el que este aseguró que “los heterosexuales nos vemos discriminados por los derechos especiales de los LGTB” (nos cuesta imaginar, en ese mismo programa, una entrevista al presidente de una organización abiertamente racista o antisemita). Y ha reunido a varias decenas de sus simpatizantes en Madrid, en una supuesta concentración en favor de la libertad de expresión y contra las leyes que protegen contra la LGTBfobia. La organización ultraconservadora también anunciaba una querella contra la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, contra Rita Maestre (portavoz del Ayuntamiento) y contra Javier Barbero (su delegado de Salud, Seguridad y Emergencias), además de una denuncia contra varios de los políticos que con más claridad han expresado su rechazo a la campaña (entre ellos Cristina Cifuentes, Alberto Garzón, Iñigo Errejón, Javier Maroto, Eduardo Madina y Pedro Sánchez).

Cataluña dice “No” al autobús tránsfobo

En definitiva, un cúmulo de trucos mediáticos y provocaciones públicas que culminaban este viernes con la llegada del “autobús tránsfobo” en su versión más reciente a Cataluña, una comunidad que, como arriba indicamos, ya había abierto expediente a la campaña de HazteOír en aplicación de la ley autonómica contra la LGTBfobia, y cuyo Parlamento, con la única abstención del Partido Popular, la ha condenado.

El autobús, sin embargo, era inmovilizado por los Mossos d’Esquadra a la altura del peaje de Martorell, en la autopista A7, antes de llegar a Barcelona, y obligado a retirar los mensajes adhesivos tránsfobos para poder volver a la circulación. Los propios Mossos anunciaban en su perfil oficial de Twitter la salida del vehículo del territorio catalán, ya sin la rotulación:

Procedim a la immobilització i posterior retirada de la via pública del bus @hazteoir d’acord amb la mesura cautelar d’@aferssocialscat pic.twitter.com/1vf66lJMFu

— Mossos (@mossos) 17 de marzo de 2017

Pues esperamos que además de tener fondos suficientes para la tintorería Arsuaga tenga preparada una partida para comprar vinilos nuevos, porque algunos niños tienen pene, algunas niñas tienen vulva… Pero el autobús de HazteOir ya no tiene vinilos:

.@hazteoir retira el missatge del bus transfòbic, que segueix al dipòsit. Sortirà en breu, i diuen a @btvnoticies “no sabem cap a on” pic.twitter.com/DeVkRCCRaZ

— Lluís Cruz (@lluiscruz) 17 de marzo de 2017

En cumplimiento de la Ley 11/2014 contra la LGTBfobia, los Mossos d’Esquadra han hecho saber a Arsuaga que o retiraban absolutamente todos los mensajes y dibujos del autobús o no podrían circular.

.@mossos diuen a @hazteoir que el bus transfòbic no ha de tenir ni missatges ni dibuixos. A @btvnoticies:”pot ser que el bus passi nit aquí” pic.twitter.com/dXEQI6xCKN

— Lluís Cruz (@lluiscruz) 17 de marzo de 2017

Arsuaga aseguraba a la prensa que el autobús continuaría su recorrido, pero es bastante complicado teniendo en cuenta que estuvieron un buen rato arrancando vinilos y que el conductor del autobús sólo tenía permiso para conducir hasta las 23:00:

El bus @hazteoir marxarà del dipòsit quan estigui net. El xofer té permís per conduir fins les 23h. A @btvnoticies “sortirà en breu” pic.twitter.com/r7Okq5UsH6

— Lluís Cruz (@lluiscruz) 17 de marzo de 2017

Si alguno aún se pregunta para qué necesitamos leyes como la 11/2014 que protejan al colectivo LGTB, tal vez esta acción de la Generalitat deje claro el motivo.

“El autobús de HazteOír se vuelve para Madrid y sin mensajes”, anunciaba por su parte, también en Twitter, el Departamento de Asuntos Sociales de la Generalitat:

Cap a Madrid i sense missatges discriminatòria. #stophomofòfia! pic.twitter.com/Wvv0Dew7Bq

— MireiaMata_DGI (@MireiaMata_DGI) 17 de marzo de 2017

En Cataluña se ha inmovilizado en cuanto ha llegado y los vinilos no le han durado ni media tarde.

Por supuesto Ignacio Arsuaga ha dicho ya que su organización está dispuesta a llevar la Ley 11/2014 frente al Tribunal Constitucional. Buena suerte con eso. HazteOir ha dicho que lo que ha hecho la Generalitat ha sido un “secuestro” y desde la organización han anunciado que también denunciarán las agresiones que ha “sufrido” Arsuaga.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

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La Presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, pide “respeto y libertad” para que el bus tránsfobo de HazteOir pueda circular por España y “expresar su opinión”.

Empiezan a hacerse notar los primeros apoyos políticos a HazteOír, la organización ultraconservadora que ha promovido una campaña de promoción del odio tránsfobo. La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, se ha desmarcado de la que parecía posición unánime de su partido contra la campaña, simbolizada de forma muy particular en la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Bonig ha reclamado “libertad” para que el autobús de HazteOír, cubierto de mensajes que niegan el derecho de los menores trans a la libre expresión de su identidad de género, pueda circular libremente.

El autobús de HazteOír permanece por el momento retenido en Madrid por orden de la Fiscalía. Una orden emitida después de que en la tarde del martes el Ayuntamiento de la capital lo inmovilizase por incumplimiento de la normativa municipal. En concreto, el Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero, ordenaba la apertura de diligencias para investigar si la campaña puede incurrir en un posible delito de odio y remitía un escrito a la Sección de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial, que ha pedido al juez inmovilizar el vehículo en tanto “no se retiren los mensajes discriminatorios que exhibe”.

No está de más recordar en este punto que el artículo 510 del Código Penal español considera delito lesonar la dignidad de las personas “mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

No todos parecen estar de acuerdo, sin embargo, con el hecho de que se inmovilice un autobús con mensajes ofensivos hacia los menores transexuales. Es el caso de la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, que considera que hay que respetar “todas las posiciones”. “Hay que dejar libertad. En este país estamos muy acostumbrados a atacarnos unos a otros”, ha declarado la dirigente popular, partidaria de dejar circular al autobús de HazteOír en base, a su juicio, a la libertad religiosa, de expresión y de pensamiento que reconoce la Constitución. “Igual que unos defienden una postura, hay que respetar también el derecho de los demás a ser escuchados en libertad”, ha insistido Bonig, colocando con sus palabras en el mismo plano a los menores transexuales y a sus familias y a quienes les niegan su misma existencia: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vagina. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”, luce el autobús fletado por HazteOír.

“Que decidan los tribunales, pero hay que respetar todas las opiniones y ocuparse también de lo que le preocupa a la gente”, ha añadido Bonig. Parece, a tenor de sus declaraciones, que la líder de los populares valencianos no considera que la realidad de los menores trans, a los que la actual legislación estatal no reconoce expresamente derecho alguno, sea un asunto del que merezca la pena preocuparse.

Se da la circunstancia de que si el autobús de HazteOír no permaneciese inmovilizado en Madrid hubiese llegado ya a Valencia, ciudad que tenía previsto recorrer los días 1 y 2 de marzo.

Hay que tener narices para venir a hablar de respeto a las ideas y principios de otras personas cuando esas ideas y esos principios son pura apología de la transfobia. Evidentemente puede uno imaginar cuál sería el argumento a utilizar contra esta tontería, el mismo que la concejala de Protección Ciudadana de Valencia, Anaïs Menguzzato, le ha hecho llegar vía tweet:

Si el autobús llevase un mensaje racista, incitando al odio contra las personas negras se atrevería a decir esto? Mira q lo llevan dentro… https://t.co/xe43oaNVaN

— Anaïs Menguzzato (@anaismenguzzato) 1 de marzo de 2017

Isabel Bonig, particularmente activa en la defensa de los promotores de la LGTBfobia

No es, lamentablemente, la primera vez que nos hacemos eco de las posiciones de la presidenta de los populares valencianos en favor de las posiciones contrarias a la igualdad de las personas LGTB. En mayo de 2016 recogíamos como Bonig se solidarizaba con el cardenal y arzobispo de Valencia Antonio Cañizares después de que este hiciera un llamamiento expreso a la desobediencia civil de las leyes inclusivas y asegurase que la “ideología de género” (el término que la jerarquía católica más conservadora utiliza para referirse, entre otras cosas, a la reivindicación de los derechos LGTB) es “la ideología más insidiosa y destructora de la humanidad de toda la historia”.

La reacción por parte de colectivos sociales y defensores de los derechos LGTB llevó a Bonig a salir en defensa del cardenal y pedir que se firmase una petición  en change.org para que cesase “la campaña en contra del cardenal Cañizares”.

Por otra parte, la Conferencia Episcopal había convocado a primera hora de la mañana a los medios para un “canutazo” acerca de la primera reunión de la “Mesa Eclesial para el Diálogo Educativo“, en la que participarán los representantes de instituciones de la Iglesia católica implicadas en el campo de la educación, y que esta mañana debaten una posición común.

Sin embargo, a pesar de lo que afirmó su presidente Ricardo Blázquez,  el jefe de prensa de la CEE, Josetxo Vera, interrumpió una pregunta sobre si en dicha reunión se abordaría la enseñanza de la ideología de género y, en ese sentido, las protestas del autobús tránsfobo de HazteOír, retirado de la circulación por el Ayuntamiento de Madrid.

No hubo tiempo siquiera de terminar la pregunta, pues Vera reclamó al portavoz, José María Gil Tamayo, que dejó a los periodistas con la palabra en la boca. Tan sólo atinó a esbozar un “todas esas cosas me imagino que saldrán“, antes de salir de la sala de prensa.

Fuente Dosmanzanas/Religión Digital

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A lo largo de este martes 28 de febrero las reacciones políticas e institucionales a la campaña de odio tránsfobo de HazteOír no han dejado de sucederse. Recogemos algunas de las más significativas. Seguimos sin tener noticia, en cualquier caso, de intervención alguna por parte de la Fiscalía. Nos permitimos destacar, en primer lugar, la reacción de la Generalitat de Cataluña, que ha abierto expediente a HazteOír por posible vulneración de la ley autonómica contra la LGTBfobia y que desde un principio ha dado traslado del caso a la Fiscalía por un posible delito de odio.También destacamos la reacción del Ayuntamiento de Madrid, que según conocíamos poco después de publicar esta entrada ha inmovilizado el autobús de la campaña.

Desde el ámbito de la política, prácticamente todos los partidos han expresado de una u otra forma su malestar. Muy activo en este sentido ha sido el PSOE, cuya diputada en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli era una de las primeras en denunciar la campaña y que ha pedido directamente la inervención de la Fiscalía. Ha sido a través de su diputada Ángeles Álvarez, en una rueda de prensa en el Congreso. “Con su autobús, HazteOír está dirigiendo mensajes contra un colectivo motivado por sus prejuicios en materia de identidad sexual y pretende alentar odio y discriminación hacia ese colectivo”, ha declarado. El PSOE también se está moviendo en la Asamblea de Madrid, donde ha registrado ya una petición para que sancione la campaña de HazteOír, además de otras 45 preguntas relacionadas con el incumplimiento de la ley integral de transexualidad de la Comunidad de Madrid.

Las instituciones madrileñas, de hecho, se han sumado a la condena. Desde el Ayuntamiento de Madrid, que preside Manuela Carmena (Ahora Madrid) se daban instrucciones a la Policía Municipal para que proceda a paralizar el autobús con los mensajes tránsfobos. La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha condenado la campaña por su transfondo tránsfobo, pero ha asegurado que en cualquier caso viola dos ordenanzas municipales, la de circulación y la de publicidad exterior, lo que ya de por sí es razón para impedir que transite por las calles de Madrid. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, ha pedido de hecho al equipo de Gobierno que reforme la ordenanza de publicidad y se dote de herramientas que le permitan prohibir campañas que atenten a los derechos humanos.

Por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, su presidenta Cristina Cifuentes ha calificado la campaña de “impresentable” y aseguraba a primera hora que había puesto en caso en manos de la abogacía para que valorase si incumple la ley madrileña contra la LGTBfobia. Cifuentes, en su cuenta de Twitter personal, ha lanzado además un mensaje a HazteOír, organización que ya ha lanzado en el pasado ataques contra ella. “Los de HazteOír sois muy plomicos”, escribía en un tuit adornado con caracteres gráficos. Más tarde los medios se hacían eco de que Cifuentes había remitido un escrito a la Delegación del Gobierno para que pusiese los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Se da precisamente la circunstancia de que el colectivo Arcópoli ha interpuesto esta misma mañana una denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. En opinión del gabinete jurídico de Arcópoli, la campaña de HazteOír promueve un mensaje negacionista contra un sector de la población, el de las personas transexuales y transgénero. “Invisibilizar su realidad y negar su identidad puede provocar aislamiento, estigmatización y malestar en especial a niñas, niños y adolescentes trans, que ya sufren a menudo acoso escolar tránsfobo y que esta campaña es otra muestra más de rechazo de una parte de la sociedad a su dignidad”, argumenta Arcópoli. “Este negacionismo atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 10 de la Constitución Española y contra Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Por ello como colectivo de defensa de las personas transexuales nos vemos obligadas a presentar un escrito de denuncia para que esta campaña sea sancionada administrativamente de acuerdo con la ley aprobada por los cuatro partidos de la Asamblea de Madrid, que representan a la ciudadanía autonómica madrileña”, explica esta organización en su comunicado.

Arcópoli no es el único colectivo que ha expresado su indignación por lo que está sucediendo. La Plataforma por los Derechos Trans, por ejemplo, ha mostrado su enfado por la actitud de la Fiscalía, que hasta la fecha no ha llevado a cabo acción alguna contra la anterior campaña de HazteOír, consistente en el envío de un folleto LGTBfobo a colegios de todas España. “Los esfuerzos que muchas comunidades autonónomas están realizando para la protección y garantía de derechos de la diversidad sexual y de género en sus legislaciones, protocolos de educación y atención sanitaria no se corresponden con estos impunes actos de odio y fobia hacia las personas trans”, ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), por su parte, ha exigido que se apruebe con urgencia una ley estatal de igualdad “que equipare los derechos y proteja a los sectores más vulnerables del colectivo LGTBI de ataques tales como la campaña transfóbica de HazteOír”. La FELGTB ha dado su apoyo a Arcópoli en su denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y considera además que la campaña de HazteOír supone un claro desafío a los artículos 14, 18 y 20.4 de la Constitución Española, “en los que se contemplan los principios de igualdad, derecho al honor y dignidad de la persona como límite a la libertad de expresión”. El equipo de juristas de la FELGTB considera además que el mensaje negacionista sobre las personas trans vulnera su derecho a la dignidad y puede considerarse publicidad ilícita según el artículo 3 de la Ley General de Publicidad.

Concentración este miércoles en Valencia

Pero no solo en Madrid se han producido reacciones. En Valencia, supuestamente el próximo destino del autobús tránsfobo, la diputada en el Congreso por Podemos, Àngela Ballester, aseguraba esta mañana en Twitter que ya ha pedido al delegado del Gobierno que lo impida. Y Ricardo Sixto, diputado de Esquerra Unida del País Valencià (la rama valenciana de Izquierda Unida) pedía también en el Congreso que actuase la Fiscalía.

Los colectivos LGTB valencianos, de hecho, ya han convocado una concentración urgente mañana miércoles 1 de marzo a las 19:00 horas frente a las Cortes Valencianas. Los colectivos consideran “intolerable” la campaña de odio tránsfobo, que “en ningún caso puede ampararse en el derecho a la libertad de expresión”. “En esta ocasión la agresión es valorada como más grave, por dirigirse específicamente contra los derechos básicos de las niñas y niños trans”, explican en su comunicado. “Nos encontramos ante un claro ataque contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas trans, la situación personal, social y laboral de las cuales es de las peores de toda la sociedad española”, ha declarado Fani Boronat, coordinadora general del colectivo Lambda. La concentración ha recibido por cierto el apoyo expreso en Twitter de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra (Compromís).

Demà, us esperem a totes i tots davant les Corts a partir de les 19 hores. #ConLaVozBienAlta #Transfobia pic.twitter.com/CJne8dKstk

— Lambda (@lambdavalencia) 28 de febrero de 2017

Y en Cataluña, la Generalitat se moviliza activamente

En Cataluña, otro de los destinos de la campaña homófoba (que tiene previsto recalar en Barcelona, Hospitalet y Sant Cugat), la Generalitat le ha abierto el correspondiente expediente, en aplicación de la ley catalana contra la LGTBfobia. Ya desde el principio, además, la Generalitat ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía de Delitos de Odio, al considerar que puede haber una vulneración del artículo 510 del Código Penal español, que castiga con a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad” a pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses.

La Generalitat de Catalunya también se ha puesto en contacto con los Ayuntamientos afectados para pedirles que hagan valer sus ordenanzas municipales de civismo contra la campaña. El Ayuntamiento de Barcelona, de hecho, ya ha anunciado que en caso de aparecer por sus calles paralizará la circulación del autobús y lo multará. “El autobús no tiene permiso para circular por la ciudad, no es bienvenido”, ha declarado Laura Pérez, concejal de Feminismos y LGTBI, que ha asegurado que el consistorio barcelonés “no se quedará de brazos cruzados” y aprovechará todo el margen legal del que dispone para sancionar su actividad. Diferentes fuerzas políticas catalanas, como el PSC, Esquerra Republicana o la Candidatura d’Unitat Popular han exigido que no se permita al autobús circular.

ACTUALIZACIÓN (20:45 horas): El Ayuntamiento de Madrid inmoviliza el autobús

A los pocos minutos de publicar esta entrada saltaba la noticia: El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido la promesa que horas antes hacía su portavoz, Rita Maestre. La Policía Municipal madrileña ha inmovilizado en la tarde de hoy el autobús con mensajes tránsfobos de HazteOír. Así lo ha anunciado el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero, que ha informado de que el vehículo incumplía las ordenanzas municipales en materia de publicidad.

Desconocemos por el momento bajo qué condiciones y por cuánto tiempo el vehículo ha sido inmovilizado. Una buena noticia, en cualquier caso, que servirá de poco si no se acompaña de una actuación sancionadora decidida por parte de las autoridades autonómicas y sobre todo de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.

Fuente Dosmanzanas

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HazteOir lanza a las calles un autobús con un claro mensaje transfóbico y aseguran que quieren pasearlo por toda España para transmitir “la verdad”.

Jesús  de Nazaret, en respuesta a la pregunta que le hacen sobre cuál es el primero de los mandamientos, Jesús responde: “El primero es: ‘Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas’. El segundo es: ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’. No existe otro mandamiento mayor que éstos (Mc 12, 29-31)”.

El grupo radical ultracatólico, Hazte Oír, que debiera, teóricamente conovcer la cita anterior, responde a la campaña de Chrysallis con un autobús transfóbico que incita al odio y que, además de cuestionar las leyes aprobadas legalmente por los gobiernos autonómicos, pone en peligro la integridad de los menores de edad que se definen como transexuales.

Cuando insistimos una y otra vez en la necesidad de leyes que protejan al colectivo LGTB, lo hacemos teniendo en cuenta que siempre hay grupitos de personas a ls que no les importa vulnerar tus derechos, los más fundamentales, para tratar de imponer su visión del mundo a los demás. Las campañas de incitación al odio tránsfobo, dirigidas contra el grupo más vulnerable del colectivo LGTB, el de personas trans, producen asco. Pero cuando esas campañas tienen lugar a plena luz del día, se conoce a sus autores y no se hace nada por impedirlas lo que producen es absoluta estupefacción. Es lo que está sucediendo en Madrid, por cuyas calles la organización ultraconservadora HazteOír ha paseado hoy un autobús con mensajes de transfobia explícita.

En HazteOir se han cansado ya de luchar contra el matrimonio igualitario: una década después de que se aprobara en España no han conseguido mover ni una coma de la ley. De hecho les ha funcionado tan poco el invento y son tan conscientes de que su imagen está por los suelos que están en proceso de cambiar su marca por la de CitizenGo. Y lo peor (para ellos) es que aunque el PP mantuvo su recurso de inconstitucionalidad hasta el final, hasta a los populares (los que dicen que HazteOir es una organización de “interés público“) les da pereza meterse a debatir sobre algo que todo el mundo tiene ya asumido: las familias homosexuales también son familias.

Así que como se han dado cuenta de que el enemigo a batir es imbatible, han decidido centrar sus miras en otro colectivo. A HazteOir ya no le importa tanto que hay gays en los anuncios (salvo los de El Corte Inglés, que es la única empresa que aún les hace caso), su nuevo objetivo son los menores trans.

“Los niños tienen pene.
Las niñas tienen vulva”…
Si te pegan por ser trans,
es por su culpa. pic.twitter.com/KwG06N5HAM

— Ramón Martínez (@ramonmartz) 27 de febrero de 2017

Este bonito autobús que ves ahí arriba ha estado circulando por Madrid, haciéndose una ruta de colegio en colegio. Porque ya sabéis lo poquito que les gusta a estos sinvergüenzas lo de que se adoctrine a los menores. “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen.” dice el mensaje del autobús naranja (en Ciudadanos no deben estar muy contentos) que añade debajo que “Si naces hombres, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo“. Lo cual es muy divertido no sólo porque los hombres nazcan y las mujeres sean, sino porque es justo lo que dicen las personas transexuales: una persona que nace hombre es hombre y una persona que nace mujer es mujer, independientemente de lo que tengan entre las piernas.

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Luis Asúa, en el centro junto a Federico Jiménez Losantos. | Twitter

Colegas denuncia que Luis Asúa considere que los derechos LGTB son de izquierdas y no una prioridad del PP.

Significativas declaraciones las de Luis Asúa, el candidato que se enfrentará a Cristina Cifuentes por el control del Partido Popular de Madrid. Asúa, que fue concejal del Ayuntamiento de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón y viceconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, ha criticado a Cifuentes por promover leyes en favor de los derechos de las personas LGTB, algo que a su juicio “es una bandera de la izquierda”.

Posiblemente hay una parte importante de escenificación del juego “poli bueno-poli malo”, pero es también innegable que la actitud de la presidenta madrileña en materia LGTB provoca malestar en los sectores más reaccionarios, tradicionalmente alineados a sangre y fuego con el partido de Rajoy. Cifuentes, para más inri, es partidaria del derecho de las mujeres a decidir la interrupción del embarazo. Una combinación que la ha puesto en el punto de mira de organizaciones ultraconservadoras como HazteOír e incluso de varios obispos madrileños, que tras la aprobación de la ley madrileña contra la LGTBfobia no dudaron en acusar a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” y hacer un llamamiento a la desobediencia civil a la ley.

La ley madrileña contra la LGTBfobia, recordemos, recibió el apoyo de todo el espectro político madrileño (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos). Impulsada por el Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes, el hecho de que el PP no disponga de mayoría absoluta en la Asamblea permitió de hecho que los grupos de la oposición enriquecieran el texto durante la tramitación parlamentaria de acuerdo a las reivindicaciones de los colectivos LGTB. La histórica votación quedó solo empañada por la ausencia de dos diputados del PP que no quisieron dar su apoyo a la ley, Luis Peral (ya dimitido) y David Pérez, alcalde de Alcorcón.

No fue el caso, por cierto, de la ley integral de transexualidad, aprobada por PSOE, Podemos y Ciudadanos después de consensuar el proyecto con los colectivos LGTB y de padres y madres de menores transexuales. El PP, en este caso, decidió abstenerse. Cifuentes estaba dispuesta a aprobar una ley, y de hecho había presentado por sorpresa una propuesta propia meses antes, pero prefirió finalmente no sumarse a un proceso no liderado por su partido.

Merecida o no, la imagen de Cristina Cifuentes como política pro-LGTB es utilizada ahora por sus rivales internos para debilitarla en el proceso de primarias. En una entrevista en el programa matinal de EsRadio, la cadena radiofónica de Federico Jiménez Losantos, Luis Asúa aseguraba, al ser preguntado por “las leyes pro-LGTB de Cristina Cifuentes” que estas “son banderas de la izquerda, que deberían promover la izquierda y que el Partido Popular nunca puede estar a la cabeza”. Asúa también mostraba su desacuerdo con el hecho de que los dos diputados que se negaron a votar la ley contra la LGTBfobia fuesen multados por su grupo parlamentario.

A día de hoy pocos dudan de que Cifuentes, que al fin y al cabo cuenta con el respaldo de Mariano Rajoy, será elegida presidenta del PP madrileño, una organización que bajo el mandato de su predecesora, Esperanza Aguirre, se convirtió por cierto en un auténtico cenagal de corrupción. Será interesante ver, en cualquier caso, lo que sucede en un proceso de democracia interna inédito en ese partido y los apoyos que su rival es capaz de concitar, entre los cuales estarán sin duda los del sector más ultramontano. El resultado, el 12 de marzo.

Por su parte, en un comunicado, Colegas-Confederación LGBT Española ha denunciado este jueves que el expresidente del PP de Chamberí y candidato a presidir el PP de Madrid, Luis Asúa, considere que “los derechos LGBT son de izquierdas y no una prioridad del PP”.

La asociación hizo estas declaraciones en alusión a la entrevista que Asúa ha concedido a esRadio, en la cual, indica la confederación, escucharon con “estupefacción, incredulidad y desagrado” que “el autoproclamado rival de Cristina Cifuentes haya declarado que las leyes y los derechos LGBT son banderas de la izquierda y que el PP debería ser tibio en estos temas”.

El presidente de Colegas, Paco Ramírez, manifestó que “los derechos LGBT no son ni de izquierda ni de derecha”, sino “simplemente derechos humanos, y quien no lo quiera entender así se retrata como alguien intolerante, reaccionario y fundamentalista”. “Vuelve a no decir la verdad cuando afirma que la mayoría en el partido no quiere promocionar los derechos LGBT”, criticó Ramírez, cuando, según él, “es la minoría integrista el lastre constante que ha tenido el partido en su normalización de la lucha por los derechos LGBT, y por lo que aún demasiadas personas consideran al partido como un partido homófobo y poco receptivo a la hora de incorporar en su seno las reivindicaciones de la población LGBT”. Por último, manifestó que “me pareció muy cobarde su opción de no incorporar la maternidad subrogada como una necesidad imperiosa de la población en el último congreso del partido”, con el objetivo de “no evidenciar la desunión del partido presionada por esa minoría intolerante y que tiene una influencia sobredimensionada”.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara Amarga

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Ciudadanos aprueba en la Asamblea de Madrid una proposición de ley para declarar la Comunidad como LGTBIfriendly y dejar claro que nos “toleran”, pero no nos “respetan”.

La Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley presentada por el prupo parlamentario de Ciudadanos que insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a poner en marcha una serie de actuaciones para intensificar el apoyo institucional a la celebración del World Pride, que este 2017 se celebrará en la capital española. La aprobación ha quedado sin embargo empañada por la negativa de Ciudadanos a admitir una serie de enmiendas propuestas por el grupo socialista y consensuadas con los colectivos LGTB organizadores del Orgullo y Cesida para mejorar (de forma notable) el texto.

El texto de la proposición aprobada pide al Gobierno de la Comunidad de Madrid lo siguiente:

1. Promover la Declaración de la Comunidad de Madrid como “Comunidad Autónoma abierta, amigable y tolerante con las personas LGTBI” bajo la denominación “Comunidad de Madrid LGTBI friendly” como expresión del compromiso de la Comunidad de Madrid con las personas LGTBI y sus justas causas.
2. Colocar la bandera LGTBI en la sede de Gobierno de la Comunidad de Madrid del viernes 23 de junio de 2017 al domingo 2 de julio de 2017 en un lugar destacado.
3. Impulsar una campaña informativa y de sensibilización contra las agresiones a personas LGTBI, en todos los espacios que competen a la Comunidad de Madrid, especialmente en los lugares de ocio, entretenimiento, educativos, asistenciales, administrativos y de transporte.
4. Impulsar una campaña institucional para la erradicación de las actitudes y demostraciones de rechazo a las personas LGTBI en las competiciones deportivas dependientes de la Comunidad de Madrid. Desde la implicación y la colaboración de los principales clubes y federaciones deportivas de la Comunidad de Madrid.

Las enmiendas que proponía el grupo socialista (defendidas como siempre con gran convicción por la diputada y activista Carla Antonelli), acordadas por los colectivos organizadores del Orgullo LGTB (FELGTB, COGAM y AEGAL) y Cesida (la Coordinadora Estatal de VIH y sida) eran las siguientes:

• En el punto 1, sustituir “tolerante” por “respetuosa”.
• En el punto 2, añadir al final “así como en la sede de la Asamblea de Madrid el día 28 de junio”.
• En el punto 3, añadir “con especial incidencia en la Radio Televisión Pública de Madrid.

Se proponía además añadir varios puntos más:

• Un 5º punto, “Realizar una campaña de sensibilización a fin de combatir los prejuicios subyacentes a la violencia relacionada con la identidad de género y para obtener el respecto efectivo de la identidad de género de las personas trans”.
• Un 6º punto, “Impulsar una campaña institucional de prevención del VIH hacia la comunidad LGTBI”.
• Un 7º punto, “Colaboración con la empresa de Metro Madrid y los ferrocarriles de cercanías para la ampliación de horarios, facilitando el transporte público para los millones de personas que se van a congregar en esas fechas. Concretamente, la noche del sábado 1 de julio es imprescindible que Metro Madrid permanezca abierto las 24 horas y que haya un gran refuerzo de los trenes de cercanías”.
• Un 8º punto, “Establecimiento de tarifas reducidas específicas en los transportes públicos para esos días con precios accesibles, especialmente para el colectivo de jóvenes y/o parados”.
• Un 9º punto, “Colaboración por parte del Gobierno regional en el alojamiento de jóvenes que quieran acceder a este acontecimiento, mediante la cesión de espacios de alojamiento en albergues o habilitando espacios públicos y promoviendo colaboraciones privadas”.
• Un 10º punto, “Implicación por parte del Gobierno regional tanto económica como logística en las actividades culturales que van a tener lugar durante el World Pride, una de las cuales, la conferencia de Derechos Humanos, va a estar ubicada en la Universidad Autónoma, o la exposición organizada por el Museo de América para divulgar la realidad histórica de la comunidad trans, obteniendo un efecto social pedagógico de primer orden”.
• Un 11º y último punto, “Potenciar los actos del Orgullo LGTBI dentro del Plan Estratégico de Turismo de la Comunidad de Madrid”.

Un desacuerdo que no debería repetirse

A la vista del texto de la proposición no de ley y de las enmiendas denegadas, queda claro que estas hubieran mejorado mucho la primera, que en cualquier caso ha sido aprobada por unanimidad. Esto es así, a nuestro juicio, porque lo que es una demanda de compromiso fundamentalmente simbólico y de imagen de la Comunidad de Madrid hubiera pasado a ser una demanda de compromiso logístico y económico (que las instituciones madrileñas no han tenido problema en el pasado en tener con otros acontecimientos de masas, como la Jornada Mundial de la Juventud católica de 2011).

Desde dos manzanas no hemos tenido problema alguno en alabar la convergencia en materia LGTB que PSOE, Podemos y Ciudadanos vienen demostrando a lo largo de la actual legislatura madrileña, y que ha permitido por ejemplo aprobar una avanzada ley integral de transexualidad. También  hemos dado la bienvenida a la actitud del Gobierno de Cristina Cifuentes, sin duda más comprometido con los derechos LGTB que ninguno de sus antecesores, como se demostró con la aprobación de la ley madrileña contra la LGTBfobia. Nos llama la atención, sin embargo, que en esta ocasión no se haya aprovechado la ocasión de reproducir ese mismo espíritu.

Ojalá este desacuerdo no se repita. Los derechos LGTB son demasiado valiosos para que ninguna formación política quiera utilizarlos de forma partidista. No hay mejor forma de demostrar que no es así que llegar a acuerdos para desarrollarlos al máximo.

Dicho, esto bienvenida sea la proposición aprobada, aunque no obstante, coincidimos con la opinión de Littlebab en EstoyBailando de la que reproducimos algunos extractos:

Después del proceso de cambio en materia LGTB de Ciudadanos (que a nosotros nos parece estupendo siempre que sea un cambio de verdad), los del partido naranja acaban de demostrar que lo LGTB está muy bien siempre que sea para el espectáculo y dar colorido, pero para cosas más serias, como “pedir respeto” a las personas LGTB no. Que ellos si acaso los toleran, pero que de ahí no pasan. Literalmente.

…

Sí. Han dicho”tolerante“. Y nosotros no necesitamos que nos “toleren” sino que nos “respeten“, que ya va siendo hora de dejar de “llevarnos con paciencia” o de “permitirnos aunque no nos tengan por algo lícito“, que son los primeras acepciones de “tolerar” en el diccionario. Y sí, la RAE también dice que tolerar es “respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias” pero la connotación negativa de la palabra no la hace precisamente la más adecuada.

¿Puede ser simplemente que se hayan expresado mal? Pues… No. Y es que el Partido Socialista presentó junto a Cogam, FELGTB, Cesida y Aegal (sí, Aegal) una serie de enmiendas al texto que entre otras cosas proponía cambiar la palabra “tolerante” por “respetuosa“.  ¿Y qué pasó entonces? Pues que Ciudadanos le ha dicho al Partido Socialista que con su pan se lo coman, que el texto se queda así. Que ellos antes que respetuosos son tolerantes.

Eso nos lleva a pensar, que la elección de la palabra no es un error:  Ciudadanos nos está diciendo a la cara que está muy bien que un hombre se ponga tacones y lo llene todo de brilli brilli, que ellos “lo toleran“… Pero no lo respetan.  Y la Comunidad de Madrid ahora también, porque la Asamblea aprobó la propuesta.

Ay. Albert, te imaginamos cantando “porque soy la reina del postureo” al ritmo de Baloncesto. Y es que no se nos ocurre otra definición mejor para lo de ayer. En la exposición de motivos de la propuesta dice:

La dignidad de cada persona y el libre desarrollo de la personalidad constituyen la base del Estado de Derecho y están amparados en el artículo 10 de la Constitución española. La igualdad de trato y ante la ley de las personas, independientemente de su orientación sexual, es un derecho universal reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 14 de la Constitución española.
A pesar de esto, la homosexualidad (y con ella implícitamente la bisexualidad y la transexualidad) está castigada penalmente en 76 estados.”

A esos 76 Estados podéis añadir ahora a la Comunidad de Madrid, que tolera pero SE NIEGA a respetar al colectivo LGTB. Porque es la descripción exacta de lo que ha pasado: os negáis a poner la palabra respeto. Pero lo del respeto no debe ir mucho con vosotros a raíz de esta respuesta a la diputada Carla Antonelli cuando os afeó lo que habíais hecho:

🌈Hoy @Cs_Madrid ha rechazado 10 enmiendas @FELGTB, @COGAM, @cesida_esp y #AEGAL q registró @psoe_m de cara #WordPrideMadrid #Liberales qué? pic.twitter.com/TLS4DgGjnc

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 16 de febrero de 2017

@Cs_Madrid Los autores de esas enmiendas eran las organizaciones ¿porque no habéis contado con nosotros? @CarlaAntonelli si lo hizo

— Toni Poveda (@ToniPoveda) 16 de febrero de 2017

Ese Tweet es una muestra fantástica de la enorme diferencia entre “tolerar” y “respetar”. ¿Verdad?

General, Homofobia/ Transfobia. AEGAL, Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, CESIDA, Ciudadanos, COGAM, Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, FELGTB, Madrid, Podemos, PSOE, World Pride, World Pride 2017

El grupo socialista en la Asamblea de Madrid registra una pregunta a Cifuentes para conocer las medidas que, bajo la Ley contra la LGTBfóbia de la Comunidad, emprenderá contra la plataforma HazteOir por sus jornadas para “curar” homosexuales.

Advierte de que la ley contra la LGTBIfobia prevé sanciones de hasta 45.000 euros.

La diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha pedido al Gobierno presidido por Cristina Cifuentes que “tome medidas para impedir que se celebren unas jornadas, previstas para el 25 de enero, para curar la homosexualidad”.

Antonelli ha registrado una pregunta al Gobierno regional para su contestación oral en Pleno, dirigida al consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, para que explique “qué medidas está tomando para dar cumplimiento a la Ley 3/2016 del 22 de julio de Protección Integral contra la LGTBIfobia, tras el anuncio de una Jornada de Formación por parte de la Plataforma Hazte Oír destinada a curar la homosexualidad”.

.@psoe_m hemos registrado pregunta para #Pleno sobre q medidas esta tomado Gob @ccifuentes x Jornadas #HazteOir para “curar homosexualidad” pic.twitter.com/GAfD6o9loZ

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 23 de enero de 2017

Explicó que la propia ley incluye este tipo de jornadas en el apartado de sanciones “muy graves” cuando se refiere a “la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la identidad sexual o identidad de género de una personas”.

Asimismo, destacó que, según la citada ley, “será irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a estas terapias” y añadió que la sanción puede alcanzar los 45.000 euros y que la ley establece que se prohibirá a este tipo de entidades el acceso a ayudas públicas durante tres años.

Respecto a la jornada manifestó que será ‘online’ y la impartirá Richard Cohen, fundador y antiguo director ejecutivo de la Fundación Internacional de Curación, en donde se organizan seminarios y charlas basados en sus teorías para cambiar la orientación sexual de personas homosexuales y bisexuales que no desean serlo.

Antonelli señaló que, bajo el título ‘Comprende y ama a los homosexuales’ “piensa seguir con su campaña de siempre”. A su juicio, “ahora evitan la palabra curación pero se plantean, con otros términos, la posibilidad de cambiar la orientación sexual y de ayudar a los que experimentan esos sentimientos no deseados, como si fuese algo dañino”.

La plataforma ha organizado la jornada sabiendo que entra en conflicto directo con la Ley LGTBI que se aprobó el año pasado en la Comunidad, y por eso no utilizan las palabras “sanar” o “curar” en los anuncios aparecidos en varios medios como el ABC o La Razón, ni dicen dónde se celebrará el seminario porque se basan en su retransmisión online. Probablemente porque saben que perseguir un seminario online no es tan fácil como uno llevado a cabo en un lugar físico y para que no les pase lo mismo que en 2014 cuando el hotel Tryp en el que iban a celebrar una charla similar canceló el evento después de las presiones de los grupos LGTB.

.@ABC_es y @LaRazon_es dan espacio publicitario a @HazteOir para promocionar a un curandero q dice “sanar” la homosexualidad#STOPhomofobia pic.twitter.com/hEgKx6GFys

— Max, joven gay ❤💛💜 (@MaxJovenGay) 23 de enero de 2017

Como mencionaba Carla antonelli, la ley prevé sanciones “muy graves” a las actividades que promueven y realizan “terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la identidad sexual o identidad de género de una persona“. La ley, además, aclara que el consentimiento de la persona que se someta a dicha “terapia” es irrelevante a la hora de plantarles una sanción que puede alcanzar los 45.000 euros. Y no sólo eso, sino que según la ley las entidades que cometan esta infracción tendrán prohibido acceder a ayudas públicas durante tres años.

Pero claro, estamos hablando de HazteOir, entidad declarada por el Ministerio de Interior (del PP) como de “Utilidad Pública” en 2013 y a la que tanto Jorge Fernández Díaz como Juan Ignacio Zoido no han retirado esa distinción, a pesar no sólo de su tremenda homofobia sino a que, como señalan desde El Plural, el Juzgado de Primeria Instancia número 48 de Madrid dio por “acreditada” la relación de miembros de Hazte Oír con la sociedad secreta y paramilitar El Yunque.

Por cierto… a la Casa del Libro, a Amazon y a El Corte Inglés les parece bien vender el libro homófobo de Richard Cohen.

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Espiritualidad, General, Iglesia Católica Ángel Garrido, Carlos Osoro Sierra, Conferencia Episcopal Española (CEE), Cristina Cifuentes, España, Estado Confesional, Estado laico, Felipe VI, Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, José Javier Barbero, Mariano Rajoy, Matrimonio, Nacional-catolicismo, PP, PSOE, Rafael Catalá, Relaciones Iglesia-Estado, Ricardo Blázquez, Soraya Sáenz de Santamaría, Vaticano

Cuando condenen una sola de la agresiones que sufrimos, que hablen… Y pensar que hay homosexuales que les votan…

Un “centenar” de asociaciones se unen para protestar contra las leyes de protección LGTB que se están aprobando a nivel autonómico en España.

Asociación con numerosos dirigentes del Partido Popular

Numerosas asociaciones provida y ultracatólicas han presentado la Plataforma por las Libertades. Una asociación que bajo el pretexto de defender la libertad de todxs lxs españolxs afirma que vivimos en una dictadura LGTB sustentada en la ‘perfida’ ideología de género.

El acto de presentación del Manifiesto contó con la presencia de los representantes de asociaciones que lo han promovido o se han adhertido a él: Jaime Mayor Oreja (Valores y Sociedad), José Eugenio Azpiroz (Familia y Dignidad Humana), Ignacio Arsuaga (HazteOir.org), Nicolás Jouvé (Civica), Rocío Monasterio (Femidisidencias), Pablo Siegrist (Fundación Jérome Lejeune) o Manuel Oliete (Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción), entre otros.

El mundo al revés. A pesar de que a lo largo del 2016, el colectivo LGTB ha sufrido una agresión cada tres días en la Comunidad de Madrid, algo ue no ha merecido la condena de esta gente, a pesar de que numerosas comunidades niegan el acceso a la reproducción asistida a las parejas lésbicas, a pesar de que el colectivo transexual y bisexual se encuentre en una espiral de silencio y burla, para la recién nacida Plataforma por las Libertades, en España vivimos en una dictadura LGTB.

Sí, varias asociaciones ultraconservadoras que reúnes a cuatro gatos y gatas cada una, de esas que dicen que están muy preocupadas por la vida de los demás y por las familias como debe ser de toda la vida de Dios, y dos universidades católicas (las de Murcia y la de Valencia) han formado una plataforma “por las libertades” cuyo único fin parece ser pedir el fin de las leyes autonómicas de protección al colectivo LGTB que poco a poco se están aprobando en toda España. Por queda alguien #YoSoyGayYDelPP entre quienes entran a esta página, a la cabeza de esta nueva plataforma están Jaime Mayor Oreja y Lourdes Méndez, una señora muy católica y muy conservadora que fue diputada del PP hasta hace muy poco y que ahora se dedica a recorrer medios ultras de la caverna lloriqueando por la pérdida de sus valores reaccionarios en la política y prometiendo que habrá un nuevo partido de derechas porque lo de sus antiguos compañeros es una vergüenza.

El primer episodio de esta locura lo vivimos el pasado mes de noviembre. Este grupo de asociaciones mandaron una carta al Defensor del Pueblo indicando que:

“El derecho a la igualdad; el derecho a la integridad física y moral; el derecho a la protección de la salud; el deber de prestar asistencia a los hijos; el derecho a la libertad de expresión; el derecho de presunción de inocencia; el de seguridad jurídica; el derecho de tutela efectiva y el derecho de educación y a la libertad ideológica y religiosa eran vulnerados por la ‘Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual’ aprobada en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Cristina Cifuentes”.

Sin embargo, La defensora del Pueblo decidió- dar carpetazo y rechazar la petición de amparo de los solicitantes y no interponer recurso alguno justificando la discriminación positiva que la Ley recoge en favor del colectivo LGTBI. 

Ahora, y a pesar del bofetón de realidad que supuso la decisión de la defensora del pueblo, estas asociaciones han decidido crear la Plataforma por las Libertades para seguir luchando contra un elemento que no se puede detener: la evolución de la sociedad.

En noviembre eran  20 las asociaciones que pedían el recurso a la ley Cifuentes, como ellos la llaman, y ahora afirman que más de 100 colectivos se han unido a su pataleta. No hemos encontrado el listado completo, pero viendo el nombre de algunas de ellas os podéis hacer una idea: Federación Europea One Of Us En Defensa De La Vida y Dignidad Humana,  la Asociación Ciencia, Vida y Cultura, la Asociación Española de Farmacéuticos  Católicos, la Asociación Familia y Dignidad humana, la Asociación Femidisidencia, la Asociación de Padres de Familia Separados de Las Islas Baleares, la Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción, la Asociación Europea de Abogados de Familia, la Comunidad Evangélica y la Asociación de derechos y víctimas de la ideología de género de Murcia.

Entre ellas dstacamos la Fundación Valores y Sociedad, presidida por el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado y miembro del Parlamento Europeo Jaime Mayor Oreja, y en cuyo patronato figuran también la exsenadora popular Gari Durán, la que fuera también presidenta del PP vasco, María San Gil, o el exdiputado y exsenador Ángel Pintado. También figura, curiosamente, Luis Peral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, que fue precisamente uno de los dos representantes populares que en su día se ausentaron para no votar la ley madrileña (el otro fue el alcalde de Alcorcón, David Pérez).

Otra de las organizaciones firmantes de la solicitud era la Asociación Familia y Dignidad Humana, cuya presidenta y vicepresidente son Lourdes Méndez y Javier Puente, ambos exdiputados populares. Los ya mencionados Ángel Pintado y Gari Durán son su tesorero y portavoz, respectivamente.

Dos organizaciones que precisamente figuran en la lista de las entidades que se han adherido al manifiesto fundacional de la plataforma, presentada esta misma semana en un acto presidido por los ya mencionada Lourdes Méndez y en el que estuvo también presente Jaime Mayor Oreja, un político que siempre se caracterizó por ser uno de los líderes populares más abiertamente contrarios a los derechos LGTB (como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación).

Entre el resto de organizaciones que se han adherido hay pocas sorpresas. Está, por supuesto, HazteOír, pero también la Federación Europea One Of Us, la Federación Española de Asociaciones Provida, la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos  o el Instituto de Política Familiar, entre otros grupos ultraconservadores y tradicionalistas. Sí que nos llama la atención, por ejemplo, la presencia de dos universidades católicas (la Universidad Católica San Antonio de Murcia y la Universidad Católica de Valencia) o de algunos colectivos que sobre el papel aseguran defender causas ajenas a la oposición a los derechos LGTB, como la Federación de Familias Numerosas de Madrid o la Asociación Custodia Compartida por Nuestros Hijos.

Una mirada retrógrada

Ya sabéis que en este tipo de asociaciones siempre repiten que montan estos circos por los niños, no vaya a ser que crezcan siendo un poco más decentes que sus padres y que alguien les explique que pueden usar su religión para otra cosa que no sea difundir ideas absurdas y como excusa discriminar a otras personas.  De todas formas, esta vez estaban más creativos que lo habitual y han escrito un manifiesto  para explicarnos por qué están en contra de estas normas… de nosotros, vamos…

Lo han escrito con todo su amor, porque aseguran que cualquier español debe estar protegido de ideologías totalitarias, y empiezan fuerte, afirmando que la libertad en España está amenazada bajo el pretexto de perseguir la discriminación por orientación sexual o combatir la LGTBIfobia. También dicen que se vulneran artículos de la Constitución española que protegen el derecho a la igualdad, a la integridad física y moral, a la protección de la salud o a la educación.

Esta plataforma nace como reacción a ese atropello político, cometido de espaldas a los ciudadanos y fruto de la presión de lobbies que pretenden arrogarse la representación exclusiva de las personas con inclinación homosexual. Cualquier español debe estar protegido de cualquier ideología que se quiera imponer de forma totalitaria.”

Este extracto del manifiesto que ha presentado la asociación (se puede leer de manera íntegra aquí) resume la posición de la Plataforma por las Libertades, que se sitúa a la derecha del sector más a la derecha de la política española.

Esta gente tan creyente y tan poco evangélica dice que son “personas que creen en la igualdad”  y que están muy discriminados porque una serie de leyes intentan proteger a un colectivo especialmente perseguido. Aunque a lo mejor es que de verdad creen en la igualdad y por eso han escrito este manifiesto, que ya es todo un ejemplo de por qué son necesarias estas leyes.

También aseguran que a su escrito se han unido científicos muy preocupados porque se defienda la libertad de investigación y profesionales de la sanidad. Y aquí es cuando ya no nos parece gracioso lo que dicen. Detrás de esta preocupación por la salud, la ciencia y la técnica está la última obsesión de moda entre los reaccionarios, que son las falsas terapias de conversión. ¿Qué más da que el criterio científico sea conocido y clarísimo? Ellos tienen amor cristiano que dar y lo demuestran así, diciéndote con una sonrisa que si eres discriminado de alguna forma no es porque hagan todo lo posible porque así sea, es porque te empeñas en vivir de acuerdo con cómo naciste y no como a ellos les gustaría. Igualmente, nos gustaría saber dónde han recibido sus titulos estos profesionales sanitarios que ignoran el altísimo riesgo de depresión y suicidio por el que pasan las personas obligadas a acudir a estas “curas“.

Desde la Plataforma por las Libertades (compuesta por En Defensa De La Vida y Dignidad Humana, la Asociación de derechos y víctimas de la ideología de género de Murcia o la Asociación Europea de Abogados de Familia, entre otras) afirman que los derechos del colectivo LGTB se han impuesto de forma totalitaria y de espaldas a los ciudadanos.

Algo que es absolutamente falso, puesto que todas las leyes autonómicas se han votado (algunas han salido por unanimidad como en la Comunidad de Madrid) y todas las encuestas realizadas afirman que la sociedad española se sitúa a la vanguardia en cuanto a tolerancia e inclusión de la comunidad LGTB.

Los mismos perros que en el pasado (y en la actualidad) se postularon contra el divorcio y el aborto ahora ladran contra los derechos del colectivo LGTB y la igualdad de géneros. Y al igual que en el pasado, en la actualidad sus protestas tienen la batalla perdida: por mucho que retumbe la caverna del heteropatriarcado, el progreso no se detiene.

A este espanto de la Plataforma por las Libertades se unen también, entre otros, escritores preocupadisímos por la libertad de expresión, redactores de Actuall, periodistas contrarios a que la homosexualidad se convierta en un dogma de Estado, empresarios y muchos profesores que ven en peligro su libertad porque tendrán que hablar de la diversidad familiar en clase, o al menos no ignorarla si se da el caso.

Por suerte, sabemos que aunque haya unos cuantos profesores con ganas de meterle a sus alumnos la mayor cantidad de homofobia en la cabeza, hay muchísimos docentes por todo el país que están cabreadísimos con los panfletos homófobos que HO está mandando a los colegios. Se sienten muy insultados, precisamente, porque en esos librillos se cuestiona su actividad como educadores. Porque al final eso es lo que realmente les molesta, ver amenazada su libertad como padres para meter tonterías homófobas y discriminatorias en las cabezas de sus hijos.

Como ya comentamos en su momento, el hecho de que en este momento buena parte de las figuras del PP mencionadas arriba se encuentren “caídas en desgracia” y de que en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes haya dado su apoyo a una serie de políticas pro-LGTB (acordadas, en este caso, con PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de con los colectivos LGTB madrileños) no significa que muchas de las instancias de poder de este país no estén todavía copadas por los sectores más conservadores.

Si por ejemplo la Defensora del Pueblo decidiese presentar un recurso de este tipo nadie asegura que el actual Tribunal Constitucional, fuertemente derechizado, no invalidase, aunque fuese solo parcialmente, el texto madrileño, sin duda ejemplar. Confiemos en que esa posibilidad no llegue ni a plantearse, pero no conviene bajar la guardia.

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La Comunidad se personará como acusación particular

La Comunidad de Madrid ha presentado el proyecto de Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra las Acciones de Incitación al Odio, la Discriminación y la Intolerancia que prevé numerosos cambios legislativos y un endurecimiento de sanciones contra los culpables de acciones que inciten al odio.

El objetivo de la ley es combatir cualquier forma de discriminación, acto de intolerancia y acción que incite al odio, sin distinción alguna por razón de nacimiento; origen racial, social o étnico; sexo; religión; convicción u opinión política o de cualquier otra naturaleza; cultural; idioma; edad; discapacidad; orientación o identidad sexual; enfermedad; condición de migrante, refugiado o desplazado; característica genética; situación económica; o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

De acuerdo con el nuevo proyecto de ley, que se convierte en la primera norma autonómica específica sobre esta materia, la Comunidad de Madrid podrá personarse como acusación particular en los procedimientos penales instados por acciones de incitación al odio.

La norma fija tres tipos de sanciones dependiendo de los daños causados, la permanencia en el tiempo de las repercusiones, el número (o colectivos) de personas afectadas, la intencionalidad del infractor y la reincidencia: Así, fija sanciones leves, como insultar a través de las RRSS, con una multa de hasta 3.000 euros; graves, de entre 3.001 y 20.000; y muy graves, desde 20.001 hasta 45.000 euros.

Cristina Cifuentes ha indicado que:

Es una norma que tiene un carácter integral que trata de corregir conductas que pueden promover al odio. El objetivo es dar respuesta a cualquier forma de intolerancia, aunque presta una especial atención a acciones que se hacen a través de la Red”

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Soledad Becerril

Un montón de supuestas asociaciones pro-familia solicita a Soledad Becerril que recurra la ley ante el Constitucional.

La “Plataforma de las libertades” está compuesta entre otras asociaciones por Familia y Dignidad Humana, la Federación Española de Asociaciones Provida, la Federación Europea ‘One of Us’ en defensa de la vida y la dignidad humana, HazteOir.org, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Instituto de Política Familiar y la Universidad Católica de Murcia, lo que da una idea del nivel que deben tener sus titulaciones. ¿Y por qué quieren recurrir la ley? Pues claro, ¡para proteger a los niños! Porque ya se sabe, los únicos niños que cuentan son los suyos que parece que son todos muy normativos.

Una de las entidades promotoras de la solicitud es la Fundación Valores y Sociedad, presidida por el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado y miembro del Parlamento Europeo Jaime Mayor Oreja. No supone, de hecho, una especial sorpresa: Mayor Oreja siempre se caracterizó por ser uno de los líderes populares más abiertamente contrarios a los derechos LGTB, como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación. En el patronato de dicha fundación, según señala eldiario.es, se encuentra también la exsenadora popular Gari Durán, la que fuera también presidenta del PP vasco, María San Gil; el exdiputado y exsenador Ángel Pintado o la exsenadora Gari Durán. También figura, curiosamente, Luis Peral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, que fue precisamente uno de los dos representantes populares que en su día se ausentaron para no votar la ley (el otro fue David Pérez, que además de diputado en la Asamblea de Madrid es alcalde de Alcorcón).

Otra de las organizaciones firmantes de la solicitud es la Asociación Familia y Dignidad Humana, cuya presidenta y vicepresidente son Lourdes Méndez y Javier Puente, ambos exdiputados populares. Los ya mencionados Ángel Pintado y Gari Durán son su tesorero y portavoz, respectivamente.

Otras organizaciones que firman el documento, por mencionar solo algunas, son la Federación Española de Asociaciones Provida, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, HazteOír o el autodenominado Instituto de Política Familiar. Organizaciones, en definitiva, de carácter ultraconservador, muchas de ellas cercanas a la Iglesia católica.

La petición a la Defensora del Pueblo, argumenta que la ley contra la LGTBfobia atenta contra numerosos preceptos constitucionales. Dos aspectos que generan una especial indignación son la prohibición de las terapias aversivas de la homosexualidad (que según estas organizaciones vulnera los derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la protección de la salud y al deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos) o la inclusión en los programas educativos de la diversidad de género (que según los solicitantes vulnera los derechos de libertad de expresión y difusión de pensamientos y de libertad de cátedra). Pero también el principio de inversión de la carga de la prueba cuando se ha producido un episodio de discriminación (que según ellos vulnera los derechos de presunción de inocencia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva). No son los únicos derechos que consideran vulnerados: también el derecho a la igualdad, a la educación, de libertad religiosa, etc. No hay derecho constitucional, prácticamente, que los solicitantes no consideren vulnerado por la ley. Si te interesa conocer en su integridad el texto del documento, puedes descargarlo directamente de La Gaceta.

Entre otras sandeces, según esta plataforma, la ley madrileña vulnera el derecho a la igualdad ya que aseguran que se dan privilegios a la población LGTB y ataca la autonomía del paciente ya que impide llevar al menor a un psicólogo en caso de que los padres se preocupen por la orientación sexual del menor. Claro que no se han dado cuenta todavía de que en ese caso los que tienen que ir al psicólogo son los padres y que esta ley evita precisamente, que los niños sean considerados “pacientes”.

Además, afirman que “hablar de los modelos de familia” en las escuelas atenta contra la libertad de expresión. Repetimos: “hablar de los modelos de familia” atenta contra la libertad de expresión porque no les deja decir lo que piensan de la homosexualidad en los colegios y claro. Ya podría hacer honor a su nombre la “Plataforma de las libertades” y preocuparse de que todos los niños puedan vivir de forma saludable en lugar dea estar jodiendo al prójimo. Nosotros cuandonos enteramos de estas cosas nos dan muchas ganas de vomitar.

Y es que recomendamos, eso sí, tener a mano un antiemético antes de leer un texto cargado de una profunsa hipocresía. “Con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual (objetivo que evidentemente compartimos), aprovecha [la ley madrileña contra la discriminación de las personas LGTBI] para implantar una concepción ideológica propia de las asociaciones LGTBI sobre la persona, de los ‘diferentes modelos de familia’ y de la sexualidad que, siendo discutibles (pues existe en nuestra sociedad una pluralidad de concepciones) se tratan de imponer a todos”, llega a argumentar el escrito, según el cual “es un hecho que no todos los homosexuales defienden la concepción de la sexualidad del lobby LGTBI, como lo es que muchos heterosexuales sí la defienden”.

Veremos qué sucede finalmente. El hecho de que en este momento buena parte de las figuras del PP mencionadas arriba se encuentren “caídas en desgracia” y de que en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes haya dado su apoyo a una serie de políticas pro-LGTB (acordadas, en este caso, con PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de con los colectivos LGTB madrileños) no significa que muchas de las instancias de poder de este país no estén todavía copadas por los sectores más conservadores. Si la Defensora del Pueblo decidiese presentar un recurso de este tipo nadie asegura que el actual Tribunal Constitucional, fuertemente derechizado, no invalidase, aunque fuese solo parcialmente, un texto ejemplar. Confiemos en que esa posibilidad no llegue ni a plantearse.

Fuente: ABC y Actuall, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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Tras la difusión pública por parte de Arcópoli de la carta que el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón dirigió a sus alumnos, en la que comparaba la recientemente aprobada ley madrileña contra la LGTBfobia con el fanatismo terrorista, la administración autonómica ha comenzado a tomar medidas. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha iniciado su procedimiento inspector para establecer si se ha infringido la normativa educativa vigente sobre conciertos educativos, y si cabe la apertura de un expediente sancionador. Por su parte, la portavocía de la Conferencia Episcopal, lejos de condenar el contenido de la misiva, defiende el derecho a proclamar “la visión de la Iglesia, y hacerlo con libertad”, y habla de no pasar a “inquisiciones laicas”.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside la popular Cristina Cifuentes, ha ordenado al Servicio de Inspección Educativa la elaboración de un informe sobre la carta que el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón —un colegio concertado financiado con fondos públicos— dirigió a sus alumnos. En la misiva, el director Carlos Martínez se ensañaba contra la recientemente aprobada ley madrileña contra la LGTBfobia, de la que llegaba a afirmar que “el parecido con el fanatismo terrorista es inquietante”. El texto también se refería al “fanatismo musulmán”, lo equiparaba con la “ideología de género“, y calificaba a ambos de “maquinaciones condenadas a la disolución y al fracaso”, recordando palabras del papa Juan Pablo II.

A la carta, el director acompañaba además una copia de la nota que tres obispos madrileños difundieron tras la aprobación de la ley contra la LGTBfobia, bajo el título de Tiempo de sanación [sic], no de lamentaciones, en la que calificaron la nueva normativa de “ataque a la libertad religiosa y de conciencia” e hicieron un llamamiento a la desobediencia civil.

Tales afirmaciones en una carta dirigida al alumnado podrían vulnerar la normativa educativa vigente sobre conciertos educativos. De ser así, se abriría el correspondiente expediente sancionador. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha declarado respecto al contenido de la carta que “este tipo de afirmaciones son de una gran radicalidad que incluyen afirmaciones que desde luego no es lo que recoge el espíritu de nuestra Constitución y de nuestra legislación, y desde luego, de la legislación de la Comunidad de Madrid, que hay que cumplir”. Asimismo, ha expresado su “discrepancia absoluta” con el texto.

Según Cifuentes, la radicalidad del mensaje es lo que ha ocasionado que “haya enviado al centro a los inspectores, para que ver qué actuaciones puede realizar la Comunidad de Madrid, puesto que se trata de un centro sostenido con fondos públicos”, sin bien aún se está a la espera de que la Consejería de Educación obtenga el informe inspector. Una vez en sus manos, “hay que ver dónde llega la libertad de expresión de esta persona, pero hay que ver si sus actuaciones como director del colegio pueden suponer también alguna forma de presionar o de influir a los padres, por eso la inspección está estudiando el asunto”, afirma la presidenta autonómica.

Desde la Consejería de Educación también se expresa la discrepancia con el contenido de la carta, dado que sus proclamas “no contribuyen al buen entendimiento, respeto y tolerancia que son necesarios para el desarrollo de un buen proyecto educativo”.

David Perez en la Fundacion Educatio Servanda, a la que pertenece el colegio Juan Pablo II

Desde los grupos de la oposición municipal de la localidad donde se ubica el centro escolar, como Ganar Alcorcón, se pide que se eviten convenios con centros “que enarbolen prácticas antidemocráticas”. El ayuntamiento de Alcorcón, presidido por el popular David Pérez, estableció un convenio con el colegio Juan Pablo II para la realización de prácticas de Formación Profesional en diferentes especialidades. También fue uno de los centros a donde se derivaron alumnos que no consiguieron matricularse en los centros públicos que habían solicitado.

Los obispos no condenan y hablan de “inquisición laica”

El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha evitado condenar las expresiones del director del Juan Pablo II, pues, según sus palabras, “no entro en valoración de comportamientos concretos, no tengo todos los datos”. En lo que sí ha entrado es en argumentar que “la ideología de género no es compatible con la doctrina cristiana sobre la persona humana y sobre el matrimonio y la familia. Es una imposición contraria la antropología sobre el matrimonio y la familia”.

En cuanto a la posible sanción al colegio Juan Pablo II en aplicación de la normativa educativa vigente, el portavoz de los obispos ha defendido el poder ofrecer “la visión de la Iglesia, y hacerlo con libertad”, y ha considerado que “gracias a Dios hemos superado todas las inquisiciones. No pasemos a las inquisiciones laicas”. Para Gil Tamayo, “hay que respetar que la Iglesia tenga sus convicciones, en respeto exquisito a las personas. Y hemos de hacerlo con caridad y claridad”.

El colegio Juan Pablo II no rectifica y se fundamenta en el papa Francisco

Por su parte, la Fundación Educatio Servanda, a la que pertenece el colegio concertado Juan Pablo II, ha emitido un comunicado en el que no solo no rectifican las afirmaciones del director del centro, sino que exigen que se respeten.

“Reiterando nuestro más absoluto respeto a quienes piensen de forma diferente”, comienza la declaración, “Educatio Servanda solicita idéntico respeto hacia todas las familias que, en pleno y legítimo uso de su libertad, han elegido el ideario y carácter propio de nuestros centros”, ya que, para la Fundación,”corresponde a los padres de familia tomar la decisión de optar por el modelo educativo que desean para sus hijos, un derecho reconocido y amparado por la Constitución Española en su artículo 27,3 y por el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Cabe recordar que, al ser un colegio concertado y recibir alumnos derivados por no obtener plaza en los centros públicos de la localidad, entre su alumnado actual podría haber niños y adolescentes LGTBI o musulmanes, o que simplemente no comulguen con la ideología del centro, que se habrían visto obligados a estudiar en el Juan Pablo II al no haber otra alternativa.

El comunicado sigue defendiendo su postura, amparándose en el magisterio del papa Francisco “en relación con la llamada ideología de género”, quien afirmó en la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia 56 que “presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia”. La Fundación defiende que su ideario está fundamentado en  las palabras de Francisco en las que consideraba que “esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre el hombre y la mujer”.

Fuente Dosmanzanas/Religión Digital

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha avisado este martes de posibles sanciones a la ‘coach’ que supuestamente ayuda a personas a cambiar de orientación sexual si ha conculcado la Ley contra la LGTBfobia.

“Se acaba de abrir un expediente informativo previo, del que habrá que extraer las conclusiones para ver si se efectivamente ha conculcado la Ley y que tipo de sanciones se pueden poner, pero eso se está instruyendo de momento”, ha dicho Cifuentes tras firmar en el libro de condolencias de la embajada italiana en España por las víctimas del terremoto.

La presidenta del Gobierno regional ha recordado que Madrid se ha dotado de un instrumento, que es la Ley aprobada recientemente por todos los partidos políticos “que permite poder ir en contra de situaciones que suponen una discriminación de hecho y un ataque sobre todo a la libertad de las personas y que va en contra de lo que queremos implantar, que es la tolerancia y admitir la diferencia y no considerar ni mucho menos que la homosexualidad es una enfermedad”. “A mí me eso parece un disparate, evidentemente“, ha concluido.

Por su parte la responsable de la web denunciada por Arcópoli por LGTBfobia, Elena Lorenzo, ha defendido que ofrece técnicas para “dejar atrás la homosexualidad” aunque ha asegurado que nunca ha hablado “de cura” y que no despliega pautas de “rechazo” o “repugnancia” a esta orientación sexual.

En una entrevista concedida a Religión Digital recogida por Europa Press, la responsable de la página, que se define como coach profesional, ha incidido en que dentro de las actividades que realiza se encuentra el “apoyo a personas con distinta orientación sexual que desean desarrollar su personalidad con la libertad propia de cada individuo”.

“Cambiar o no cambiar es una decisión libre y, con la debida explicación, la persona va optando por aquello que mejor concuerda con el ideal de personalidad que persigue”, ha aseverado. Asegura así que trabaja “con quien pide ayuda, ya sea con el que se considera gay y quiere seguir siéndolo, o con quien experimenta deseos homosexuales y no lo quiere para él o para ella”.

Lorenzo ha señalado que tiene clientes que “cuando indagan en su propia vida, comienzan a detectar causas que los llevaron a una determinada orientación” y que al no estar de acuerdo “deciden optar libremente por otra orientación”. Además, ha hecho hincapié en que “en ningún momento” emplea para ello técnicas que “susciten rechazo o repugnancia a su orientación sexual”.

Por otra parte, la responsable ha aseverado que ley de protección integral contra la LGTBfobia, aprobada por la Asamblea de Madrid, “solo apoya a aquellos que sí aceptan su propia orientación, pero si alguien desea cambiarla se lo prohíbe”. En este sentido, la responsable de la web asegura que la normativa autonómica “contradice otras leyes del ordenamiento jurídico español de alcance nacional”. “Incluso a la Constitución Española, que reconoce el derecho inviolable a la libertad religiosa”, ha indicado para a continuación señalar que esto en Madrid “ha sido vulnerado”.

Fuente El Mundo

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El equipo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ya está trabajando en un plan para implementar la ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género, más conocida como ley contra la LGTBIFobia, en los colegios de la región.

El pasado catorce de julio se escribió un pedacito de historia para el colectivo LGTB de nuestro país. Demandas históricas del activismo se transformaban en realidad gracias a la aprobación la «Ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid», más conocida como ley contra la LGTBfobia.

El camino no ha sido fácil, la ley aprobada contempla 138 enmiendas al proyecto inicial presentado por Partido Popular, y quiza por ello la victoria sabe doblemente dulce.

Ahora, a la Comunidad de Madrid le toca dar el siguiente paso: poner en práctica la ley. Así lo ha confirmado Carlos Izquierdo a los medios de comunicación. El consejero de Políticas Sociales y Familia, ha indicado a los medios que la ejecutiva liderada por Cristina Cifuentes estudia el modo de implantar la norma en los colegios de la región.

De este modo se quiere atender a uno de los segmentos LGTB que se tiene que enfrentar a numerosos retos: la juventud. Además, se atiende a una de las cuestiones por la que más ha trabajado el activismo. De hecho, el lema oficial del Orgullo LGTB de Madrid del año 2009 fue ‘Escuelas sin armarios‘.

el consejero ha recordado que desde la Comunidad no buscan “forzar la educación ni adoctrinar“, por lo que llegarán a acuerdos multilaterales y “serán los propios centros” los encargados de implementar el plan educativo en base a la Ley.

Izquierdo ha querido recordar el compromiso de la política madrileña con el colectivo:

Hemos aprobado dos leyes importante este año que tienen que ver con la transexualidad y con la LGTBFobia porque queremos que se eduque en educación. Lo importante es que hemos avanzado en derechos e igualdad de todas las personas”.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Carlos Izquierdo, Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, Escuelas sin armarios