El acoso de la policía local a Lautaro Blengio es habitual, pero el 14 de marzo fue torturado por la Policía Local, llegando a simular que le fusilaban.

Varias organizaciones sociales denunciaron que el lunes por la mañana, la policía de Miramar secuestró y torturó a un militante por la diversidad llamado Lautaro, de 17 años. Según la denuncia, la policía lo interceptó a la salida de la escuela en un auto de civil, al que lo obligaron a subir a punta de pistola. De allí lo llevaron al vivero local, donde lo tajearon con cuchillos y lo quemaron con cigarrillos.

Con 17 años de edad, Lautaro Blengio es uno de los referentes en la lucha LGTB de su comunidad, siendo uno de los organizadores de la primera marcha del orgullo en su ciudad natal, la localidad bonaerense de Miramar. A pesar de su estética punk, es el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Media N 1 Rodolfo Walsh, donde cursa último año de secundaria. Su familia ya había denunciado que el todavía adolescente está sometido habitualmente al hostigamiento de la Policía Local, que ya le había detenido en alguna ocasión sólo por ser activista. La mañana del lunes, 14 de marzo, el acoso traspasó la línea de la agresión llegando a la tortura cuando al volver de la escuela era interceptado por una persona identificada como policía que le obligara a subir a un coche a punta de pistola.

Según el sitio 0223.com.ar, sus padres ya habían presentado dos Habeas Corpus denunciando que desde el verano pasado el joven era perseguido por la policía. Lo tenían en la mira, dijo la madre, porque “tiene cresta, aros y usa borcegos negros”. Ambas presentaciones fueron rechazadas por “inconsistentes”.

Según lo relatado por el propio activista, se trataba de un policía que ya le había amenazado anteriormente, y que en esta ocasión estaba acompañado. Relata que lo llevaron encapuchado hasta el vivero de Miramar, donde le apagan cinco cigarrillos en el cuerpo, le arrancan un aro de la oreja, le realizan varios cortes con una navaja en la zona del abdomen y hasta llegan a simular que le están fusilando, para después abandonarlo en el lugar. Organizaciones sociales denuncian que esta violencia sistemática es habitual contra miembros de la comunidad LGTB con la connivencia de las autoridades locales, sucediendo episodios similares cada semana con total impunidad. Pero este caso es aún más grave, si cabe, al tratarse de un menor de edad.

Daniel Blengio, padre del adolescente señala sin vacilar que se trata de “discriminación”, explicando que han presentado “denuncia en la fiscalía local y la fiscal Ana María Caro que está investigando y nos pusieron protección con Prefectura en la puerta de casa“. Los primeros problemas con la Policía se producen durante el verano pasado, llegando a pedir a la Justicia de Paz de Miramar un habeas corpus preventivo «para evitar que le pase algo más grave y la jueza Hogan rechazó el pedido diciendo que no estaba en peligro. Entonces nos fuimos a la Justicia de Mar del Plata, donde iniciaron una investigación en la comisaría“. Se da la circunstancia de que que la juez Florencia Hogan es la esposa del intendente de Miramar, Germán Di Cesare.

La madre de Lautaro, militante de la federación argentina de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, denuncia que agentes de la policía le acosan habitualmente diciéndole “ché, pelotudo, no sabés quiénes somos nosotros, ya te dije que no quiero verte por acá”, además de que “lo insultan porque tiene cresta, aros y usa borceguís negros”, señalando que no quiere que su hijo sea el próximo Luciano Arruga, en alusión a otro adolescente argentino, desaparecido desde enero de 2009 hasta octubre de 2014, tras haber sido secuestrado por la policía de Lomas del Mirador, según defienden sus familiares.

AMADI (Asociación marplatense de derechos a la igualdad) denunció en su comunicado que la noche anterior al secuestro, “el mismo menor, y un grupo de amigos fue víctima de abuso de autoridad” durante una requisa por averiguación de antecedentes. Mientras les pedían documentos y los revisaban, sigue el comunicado, uno de los oficiales que participó del operativo tomó a Lautaro por el cuello, lo golpeó contra el capot del patrullero y le dijo “pendejo, yo no te conozco ni vos a mí, te voy a desfigurar la cara a piñas y te voy a tirar en el vivero”.

El lunes 14 , según la denuncia, el policía cumplió su amenaza. Luego de hacer subir a Lautaro a un auto de civil, fueron al Vivero Dunícola Florentino Ameghino. Allí, dice el comunicado de AMADI, con el menor encapuchado, lo hicieron bajar del auto a golpes y cortes de navaja.

“Una vez dentro del vivero, lo continúa golpeando, le produce cortes en la zona del abdomen, lo quema con cigarrillos y lo amedrenta y amenaza de muerte, con frases como “ahí te voy a fusilar” (señalando un cruz realizada con tajos en el pecho del menor)”, sigue la denuncia.

La familia del adolescente se contactó con varias organizaciones sociales, entre ellas la APDH y Frente Antirepresivo de Mar del Plata. La causa judicial por las torturas y el secuestro quedó en manos de la fiscal de General Alvarado, Ana María Caro.

Por su parte, la organización 100% Diversidad y Derechos expresó su repudio al ataque sufrido por Lautaro.

“Repudiamos enérgicamente este hecho y nos comprometemos a seguirlo de cerca. Lamentablemente no se trata de un caso aislado, se enmarca en un clima político e institucional de violencia y desigualdad. Exigimos a la gobernadora María Eugenia Vidal y al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo la intervención de la seccional de la policía bonaerense de Miramar, el descabezamiento de su cúpula y la separación preventiva de todos los agentes involucrados a fin de que no obstaculicen la investigación”, declaró el secretario de la organización, Martín Canevaro.

“Además, debido a que se trata de prácticas policiales que se reiteran contra la población LGTB, y especialmente contra personas trans en situación de prostitución, desde 100% Diversidad y Derechos exigimos la derogación del inconstitucional Código Contravencional y de las detenciones por averiguación de identidad y antecedentes en la provincia de Buenos Aires que se utilizan para perseguir a nuestra comunidad y otros grupos vulnerados por la discriminación”, continuó el activista.

“Existen reiterados casos en los que la policía detiene en la vía pública y comisarías a personas que exhiben sus documentos, constituyendo una práctica sistemática de las fuerzas policiales. Bajo pretexto de pretender tomar conocimiento de la identidad o los antecedentes de las personas ponen en funcionamiento un dispositivo de disciplinamiento social, estigmatizando y estableciendo un patrón valorativo sobre la actitud, la vestimenta y el aspecto de las personas que pasan así a ser sospechosas según este criterio de acción policial”, finalizó Canevaro.

Fuente Fuente: Cosecha Roja, 100% Diversidad y Derechos, vía SentidoG

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