“La investigación de delitos producidos en la vía pública o en lugares privados de acceso público, cometidos por odio de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión, en los últimos años no han presentado un avance significativo en su sanción; muchos de ellos han sido archivados por falta de pruebas o bien, por otros motivos procesales”, explicó a Presentes Emiliano Montini, director de Asuntos Jurídicos del INADI.

De acuerdo con Montini, Argentina no tiene un recorrido aceptable en la investigación y juzgamientos de este tipo de conductas.

El ataque en un barrio de Buenos Aires

Eso es lo que vivieron Pablo y Yaco en estos meses en que buscaron justicia y no la encontraron. El 30 de septiembre de 2020 habían salido a tomar una cerveza en Palermo y cuando estaban volviendo se besaron en una esquina. En ese momento un grupo de personas los empezaron a golpear. Yaco sufrió lesiones en ambas rodillas, en el codo derecho, en la palma de la mano izquierda y un fuerte dolor en el hombro y la oreja. Días después, recibieron mensajes homoodiantes en las redes sociales y denunciaron agresiones en la puerta de su casa. COn esta medida, la investigación de esos hechos queda, por segunda vez, archivada.

“Primero se archivó por la denuncia por el ataque homodiante, por el hostigamiento digital y el daño a nuestra casa. Nosotros pedimos revisión a la fiscalía de Cámara y ellos revocaron el archivo. Y pedimos que se siga investigando el hostigamiento digital y el accionar policial”, explicó Pablo Cavaignac a Presentes sobre el primer archivo.

“Eso lo hizo la fiscal. Y ahora vuelve a archivar en dos meses, diciendo que Facebook no le contesta los oficios para saber quiénes son los usuarios detrás del hostigamiento digital y que el accionar policial no hay delito”, concluyó, indignado.

En este segundo archivo, la fiscal De Minicis pidió al Área de Monitoreo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que pusiera cámara en la zona. También que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad capacite a sus ciudadanos en perspectiva de diversidad y orientación sexual, y que amplíe esto a las fuerzas de seguridad locales. Ambos puntos ya los había solicitado la primera vez que se  archivó la causa.

Dicen que la fiscal nunca los atendió. Tampoco pudieron ver el expediente. “¿Cuál es el mensaje?”, se preguntan Pablo y Yaco. “Te pegan. Te dicen maricon, la policía no hace nada ¿y la Justicia no castiga a nadie? Después nos sorprendemos cuando pasan cosas como el caso de Samuel en España”.

Se refiere a Samuel Luiz, un joven de 24 años que fue atacado a golpes mientras lo insultaban por su orientación sexual. Murió la madrugada del sábado 3 de julio frente a una disco en A Coruña. Su amiga, Lina, contó a los medios que el ataque empezó con insultos homofóbicos.

Facebook no contesta

Después del primer archivo de la causa, en marzo de 2021, Pablo Cavaignac pidió que le volvieran a pedir a Facebook información sobre los usuarios que los habían atacado por redes sociales. La fiscal, según lo que indica en el nuevo escrito judicial, lo solicitó pero no recibió respuesta.

También pidió un análisis de un perfil de Instagram, pero, escribió De Minicis, “se ha llegado a la conclusión que no se ha podido vincular ninguna persona a dicho perfil”. 

Sin embargo, después de recibir este segundo archivo, Pablo Cavaignac pidió ver el expediente y confirmó lo que sospechaba: ese perfil ya fue identificado, la fiscal tiene los datos para llamarlo a declarar -entre ellos su documento y la dirección de su casa, el lugar donde estudió y dónde trabaja- pero nunca lo hizo.

Qué falta para avanzar

Emiliano Montini, director de Asuntos Jurídicos del INADI, dice que conoce estos hechos y muchos otros. Según lo que ha visto en estos años, cree que faltan herramientas técnicas y procesales para avanzar en las causas. Una de ellas es una Ley integral antidiscriminación que modifique la ley 23.592, entre otras normas.

Hasta ahora, esa ley no nombra la orientación o identidad sexual en el texto. Refiere sólo discriminación por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Hace 20 años que las organizaciones vienen pidieron que eso se modifique.

“Desde INADI estamos trabajando en un ley integral, novedosa, con una fuerte premisa preventiva y educativa, sin obviar la sanción penal que las conductas más graves deben tener”, explicó. Su idea es presentarla este año.

Fuente Agencia Presentes