Un hombre en Woodstock, Nueva York, fue sentenciado esta semana a dos a cuatro años de prisión por crímenes de odio contra LGBTQ+.

En diciembre, Shayne Wilber, de 31 años, se declaró culpable de amenaza en segundo grado y agresión en tercer grado. Los cargos por delitos menores fueron elevados a delitos graves de odio, según informes de la Middletown Times Herald- Record reports.

En abril de 2023, Wilbur gritó insultos homofóbicos a otro hombre en un bar del condado de Ulster después de enterarse de que era gay, según la oficina del fiscal de distrito del condado de Ulster. Wilbur arrojó un objeto a la víctima, hiriéndole el labio, antes de saltar sobre la barra y atacarlo físicamente mientras blandía un cúter.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Wilber admitió que atacó a la víctima anónima debido a su orientación sexual.

El viernes, el juez del tribunal del condado Bryan Rounds condenó a Wilber a dos a cuatro años de prisión estatal. Wilber, que ya estaba bajo la supervisión del Departamento de Libertad Condicional del condado de Ulster en el momento del ataque, también tuvo que escribir una carta de disculpa a la víctima y a la comunidad.

En un comunicado, el fiscal de distrito adjunto Paul Derohannesian, quien procesó el caso, dijo que la víctima se había mudado a la comunidad de Hudson Valley “porque creía que sería aceptado por lo que es en base a nuestros valores”.

“Es profundamente preocupante que haya sido atacado de esta manera insidiosa en público, poniendo en peligro la seguridad de otros clientes y exponiéndolos a las odiosas creencias (de Wilber)”, dijo Derohannesian.

“El condado de Ulster se enriquece con la diversidad de su gente, sus ideas, sus orientaciones e ideologías religiosas, sociales y políticas”, añadió el fiscal de distrito del condado de Ulster, Emmanuel Nneji. “Cualquier persona que tenga alguna idea de cometer un delito de odio en este condado debe ser notificado de que será procesado en la mayor medida permitida por la ley”.

Fuente LGBTQNation

General, Homofobia/ Transfobia. Condado del Ulster, Crímenes de Odio, Homofobia/Transfobia, Nueva York, Shayne Wilber, Woodstock

Un total de 1.046 casos de discriminación contra las personas LGBTIQANB+ hubo en Chile, un 6,1% menos que el año precedente. El 2022 fue calificado como “el año de la igualdad legal”, pues tras la derogación del artículo 365 del Código Penal ya no existe ninguna norma que sancione a las personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género,  a lo cual se añadió una condena internacional contra Chile por lesbofobia. (Pincha en las fotografías para agrandarlas)

Un 6,1% bajaron en Chile las denuncias y casos por discriminación contra las personas LGBTIQANB+, ascendiendo a 1.046 los atropellos homo/transfóbicos, aunque lamentablemente aumentaron los crímenes de odio, reportó el XXI Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El informe calificó al 2022 como el año de la “igualdad legal”, pues se eliminó del ordenamiento jurídico la única ley vigente que sancionaba a las personas en razón de su orientación sexual, el artículo 365 del Código Penal, en un contexto donde se registraron otros 35 hitos favorables a los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer, asexuales, no binarias y otros (LGBTIQANB+), destacando un buen desempeño de los poderes Legislativo y Judicial que permitieron concretar demandas históricas del movimiento social.

“En términos generales y transversales dos elementos explican la merma general de los casos y denuncias por discriminación”, explicó el informe.

“Por un lado, la existencia de 18 leyes que protegen a las personas LGBTIQANB+ de las exclusiones sumada a la ausencia de normas que estigmaticen o sancionen  en razón de la orientación sexual o identidad de género, están haciendo efecto y presión en los sectores que persisten en discriminar, así como contribuyendo a profundizar el cambio cultural a favor de la igualdad y la inclusión que en las últimas tres décadas siempre ha venido en ascenso”, señaló la investigación.

“La entrada en vigencia en 2022 de la  Ley de Matrimonio Igualitario, la norma más resistida por los sectores homo/transfóbicos; y la derogación de la última ley homofóbica; el artículo 365 del Código Penal, aparecen como resúmenes o símbolos incontrarrestables de que el Estado; al menos en lo formal y en el discurso; ya no tolera la discriminación por orientación sexual o identidad de género, lo que  impacta directamente en toda la ciudadanía y, en particular, en quienes son homo/transfóbicos”, indica el estudio.

Las cifras de la discriminación

Los 1.046 atropellos a los derechos humanos de la personas LGBTIQANB+ se dividen en 6 asesinatos; 40 agresiones físicas o verbales perpetradas por desconocidos para las víctimas; 3 atropellos policiales y/o detenciones arbitrarias, 78 discriminaciones  laborales y 52  educacionales,  22 campañas o movilizaciones homo/transfóbicas, 246 episodios de discriminación institucional, 56 ataques o marginaciones en el espacio público o privado,  137 agresiones comunitarias (familia, amigos, vecinos), 405 discursos de odio y 1 abuso en el campo de  los medios, la cultura y el espectáculo.

De las 11 categorías de discriminación en 4 bajaron las denuncia o casos, en 5 aumentaron y en 1; la referente a abusos en medios, culturas y espectáculo; no hubo variaciones.

Encabezan el alza de denuncias los atropellos ocurridos en el sistema educacional, con un 333%, seguido  por los asesinatos (+100%), las campañas o movilizaciones homo/transfóbicas (+54%), los discursos de odio (31%), la marginación y/o ataques en el espacio público o privado (+1,8%) y las exclusiones o agresiones comunitarias (familia, vecinos, amigos (+1,4%).

La mayor baja, en tanto, se produjo en los atropellos policiales y/o detenciones arbitrarias (-75%), seguido por las agresiones físicas o verbales propinadas por desconocidos (-48.7%),  la discriminación o intentos de exclusión institucional (-37%) y los abusos laborales (-26,4%).

Especialmente preocupantes son los 6 crímenes de odio del 2022; la cifra más alta que se tiene registro y solo igualada por el 2020.

El 38% de los casos de discriminación del 2022 afectó a todas las personas LGBTIQANB+, sin distinción, mientras que el 13% dañó exclusivamente a  lesbianas; el 19% a gays y el 30% a trans.

En lo referente a gays  o lesbianas, los casos o denuncias de discriminación mermaron un 4% y un 8% en comparación al 2021, en forma respectiva, y los atropellos a la diversidad sexual y de género como conjunto decrecieron un 36% en el mismo período.

“Solo en  el caso de la población trans hubo un aumento del 145% de los episodios y denuncias por discriminación, alza explicable por temas muy puntuales. Del total de abusos, 104 fueron reacciones de odio contra la actriz Daniela Vega luego de que fuera considerada una de las mujeres más influyentes por parte de Forbes Chile, mientras 118 ocurrieron al interior del Congreso Nacional cuando algunas autorizades rechazaron la discusión de dos proyectos de resolución (ambos aprobados) y un proyecto de ley (aún en trámite) que apuntan a mermar la transfobia en el campo de salud”, señala la investigación.

Responsables de lo abusos

Un total de 48 instituciones y 767 personas fueron las victimarias o responsables de los atropellos conocidos en 2022.

A nivel institucional el Ranking Anual de la Homo/Transfobia es encabezado por el Partido Republicano, seguido por la UDI, el Partido de la Gente, Gendarmería, el Registro Civil, el Hospital Regional Dr. Guillermo Grant Benavente, de Concepción, el Hospital de Carabineros, el Colegio Alemán de Villa Alemana, Colegio Católico Santa Teresa de Quilpué, la Escuela Premilitar Héroes de la Concepción, de La Cisterna, el  Liceo Bicentenario Domingo Ortiz de Rozas de Illapel, Carabineros, Walmart y Cencosud, entre otros.

En tanto, a nivel de personas el Ranking es encabezado por los asesinos/as de personas LGBTIQANB+, seguido por los/as senadores/as Carmen Gloria Aravena (IND), Juan Castro Prieto (INP),  Rojo Edwards Silva (Republicano), David Sandoval Plaza (UDI) y Francisco Chahuán Chahuán (RN) y por los/as diputados/as UDI Sergio Bobadilla Muñoz, Renzo Trisotti Martínez y  Flor Weisse Novoa; los/as republicanos/as Cristián Araya Lerdo de Tejada, Chiara Barchiesi Chávez, Juan Irarrázaval Rossel, Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen y Cristóbal Urruticoechea Ríos;  los/as  independientes Gonzalo De la Carrera Correa, Harry Jürgensen Rundshagen , Francesca Muñoz González Gloria Naveillan Arriagada y Leonidas Romero Sáez, más  Karen Medina Vásquez (Partido de la Gente) y Sara Concha Smith (Partido Conservador Cristiano), entre otros/as.

Distribución geográfica: preocupación por Valparaíso y desplazamiento de abusos a redes sociales

Las regiones que concentraron la mayor cantidad de casos o denuncias por discriminación en 2022 fueron Valparaíso (29,92%), Metropolitana (18,64%) y, muy por debajo, Biobío (1,81%), a la cual le siguieron O`Higgins (1,33%), Los Lagos (1,14%),  Maule (1,24%), Antofagasta (0,95%), Araucanía (0.95%), Los Ríos (0.76%), Magallanes (0.66%), Arica y Parinacota (0,47%), Ñuble (0,47%), Tarapacá (0,47%), Aysén (0,19%) y Atacama (0,09%).

En 5 de las 16 regiones del país subieron las denuncias o casos de discriminación y en 9 bajaron, mientras en 2; la Metropolitana y La Araucanía, no hubo variaciones.

Las alzas tuvieron lugar en Los Ríos (+100%), Aysén (+100%), O`Higgins (+40%),  Arica (+25%) y Magallanes (+16%) y las bajas en Atacama (-90,9%),  Tarapacá (-44%), Biobío (-36,6%), Maule (-35%), Coquimbo (-34,7%), Valparaíso  (-22,9%), Los Lagos (-20%) Antofagasta (-16%) y Ñuble (-16%)

Si bien “los atropellos contra las personas LGBTIQANB+ son menos,  los delitos son cada más graves y virulentos, siendo Valparaíso la región donde más queda claro ello: 3 de los 6 asesinatos del 2022 ocurrieron en dicha región. Los otros tres se distribuyeron entre Tarapacá, Santiago y Los Lagos”, indica el estudio.

En 2022, del total de casos de discriminación, el 39% tuvieron lugar en redes sociales; y en menor medida en medios de comunicación de alcance nacional, mientras que en 2021 esa cifra era del 31% y en 2020 del 26%.

Inédita condena y sentencias pioneras

En 2022, la Corte Interamericana de DDHH condenó a Chile por impedir desde el 2007 a la docente Sandra Pavez dictar clases en Chile solo por ser lesbianas,  “en lo que se constituyó en una sentencia sin referentes, al menos en América, pues vino a enfrentar al mismo tiempo la homofobia religiosa y estatal”, resalta el informe.

En el terreno legislativo, junto a la derogación 365 del Código Penal, en 2022 fueron aprobadas otras cuatro nuevas normas.  La Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los derechos de la Niñez y la Adolescencia, la más progresista en temas de infancia y diversidad; la que crea el Día Nacional de la Diversidad, la que establece el Día por la Inclusión y la no Discriminación y la Ley 21.500 sobre Personas Desaparecidas.

A su vez, el Poder judicial “obligó al Registro Civil a reconocer el género no binario; tras tozudas negativas de esa entidad para dar ese paso; sentenció que el Movimiento LGBTIQANB+ puede publicar denuncias por homo/transfobia, incluso si los presuntos/as victimarios/as se oponen a ello,  y se pronunció contra los discursos homo/transfóbicos emitidos por redes sociales”, apuntó el informe.

Renovación de  la homo/transfobia en el Congreso y descenso de estudios sobre diversidad

Un aspecto que caracteriza el quehacer legislativo en 2022,  señala el informe, “es la renovación de las caras homo/transfóbicas, en tanto asumieron como congresistas  representantes del Partido Republicano, del Partido de La Gente e independientes de ultra-derecha que son abiertamente contrarios a cualquier iniciativa que iguale derechos para las personas LGBTIQANB+”.

“Su quehacer se basa en prácticas y estrategias antiguas, anacrónicas, que usan un lenguaje burdo y exageradamente ignorante sobre las diversidades sexuales y de género, en un claro intento por posicionarse desde la ultraderecha como promotores de la violencia y odio hacia quienes son LGBTIQANB+.”, señala el estudio.

En otro aspecto, resalta que las investigaciones, y en especial los sondeos o encuestas que incluyen temáticas o consultas sobre la diversidad sexual o de género “experimentaron un significativo descenso en 2022 del 41%, con apenas 14 estudios”.

“Si bien antes del 2008 el numero de investigaciones era menor a 14, ello se debía a la homo/transfobia predominante que cruzaba a consultoras y  la academia. Luego, y a medida que más políticas públicas o leyes comenzaron a discutirse, mayor fue el debate ciudadano, del cual las consultoras no pudieron abstraerse”, explica la investigación.

El primer año de Boric

“La administración del presidente Gabriel Boric es especialmente particular, pues  buena parte de su primer año de gestión  estuvo repleta de simbolismos, discursos y señales pro derechos LGBTIQANB+, como nunca antes había ocurrido. Sin duda, ello es inédito”, indica el estudio.

“Lo concreto es, sin embargo, que analizado en cualquier contexto, el primer año del Gobierno de Boric resultó ser el menos innovador en la implementación de políticas públicas pro derechos LGBTIQANB+, solo comparable a la administración del ex presidente Eduardo Frei (1994-2000)”, apunta la investigación.

En efecto, “el Gobierno apenas impulsó  tres  tímidas nuevas medidas que innovaron o aportaron en relación a lo conseguido en años previos: el Minsal produjo una circular sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes trans, que recogen lo ya establecido en leyes; el Senama  publicó las primeras directrices de su historia para promover derechos de adultos mayores LGBTIQNAB+ y la Dirección Nacional del Servicio Civil lanzó un formulario online de postulación a empleos estatales que añadió la categoría de no binario.

“El proceso estuvo cruzado por erróneos, o si se quiere falsos anuncios. (…), pues el Ejecutivo publicó diversas iniciativas como pioneras, innovadoras o inéditas, en circunstancias que provenían o ya habían ocurrido en administraciones pasadas o que son una obligación legal implementarlas”, redondeó la investigación.

“Ejemplos son la presentación de un protocolo de Gendarmería y de una circular del Servicio Médico Legal sobre derechos trans, de una guía del Sename sobre de niños, niñas y adolescentes LGBTIQANB+ y  la inclusión de consultas sobre identidad de género en la Casen, todas iniciativas redactadas o generadas  en gobiernos pasados con el concurso de los movimientos de la diversidad”, resumió el estudio.

“De igual manera se calificó como inédita una mesa interministerial-ciudadana. parlamentaria sobre derechos LGBTIQANB+, en circunstancias que apuestas de ese tipo existen desde el 2006 con una exagerada ocurrencia, mientras en otro momento se comunicó que el Ejecutivo por primera vez conmemoraría el Día del Orgullo en un recinto penitenciario, lo cual también había ocurrido en 2014”, apuntó investigación.

38 hitos: 35 positivos y 3 negativos

Un total de 38 hitos sobre los derechos humanos LGBTIQNBA+ se registraron en 2022. A los ya señalados con anterioridad, se añaden los siguientes:

En el terreno de las políticas públicas, un dictamen de la Dirección del Trabajo garantizó y aclaró que los derechos consagrados en la Ley de Matrimonio a las madres son aplicables a los hombres trans gestantes,  el municipio de Santiago creó la Sub-Dirección de Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión y la municipalidad de Los Andes la “Oficina de Protección a la Comunidad LGBTI”, mientras que la alcaldía de San Antonio organizó la Primera Marcha del Orgullo en la comuna, en Valdivia fue inaugurado el “Mosaico por la Disidencia” y el Gobierno Metropolitano estrenó su primera “Mesa Regional de Trabajo sobre Diversidad y no Discriminación”.

En el mundo uniformado, destacó que Carabineros sacara a circulación una patrulla con los colores LGBTIQANB+, mientras Isabella Panes Proboste se convirtió  en la primera mujer trans en graduarse como policía, procesos que junto a las capacitaciones en derechos humanos  al interior de sus filas sensibilizaron especialmente a sus propios/as uniformados/as, lo cual se tradujo en una merma de los casos y denuncias por homo/transfobia policial

A nivel sociopolítico, resaltó que asumieron como ministros/as de Educación, Antonio Ávila Lavanal. y de Deportes Marco Alexandra Benado Vergara, los/as primeros/as jefes/as de cartera abiertamente LGBTIQANB+, mientras que Gaspar Domínguez Donoso fue electo vicepresidente de la Convención Constitucional y Tomás Laibe como vicepresidente adjunto, ambos abiertamente gays. A la par, iniciaron su trabajo como diputadas Marcela Riquelme Aliaga, Camila Musante Muller y  María Francisca Bello, mujeres abiertamente lesbo/bisexuales, y Emilia Schneider Videla, activista trans.

Por primera vez, en tanto, un Ministro de Educación conmemoró el Día Internacional contra la Homo/Transfobia con visitas especiales a los colegios.

Mientras en el campo ciudadano se celebraron los primeros matrimonios  entre personas del mismo sexo, los movimientos sociales, organizaron inéditos cónclave y/o campañas sobre discriminación interseccional y derechos de migrantes  LGBTIQANB+, celebraron por primera vez el Día del Amor con ley de matrimonio igualitario aprobada y conmemoraron en Ovalle la Primera Marcha del Orgullo.

A nivel internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó su quinta resolución sobre derechos LGBTIQANB+; llamando por primeras vez a los Estados a derogar leyes que discriminan a las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género; la Asamblea General de la OEA dio luz verde a dos resoluciones que condenan la exclusiones homo/transfóbicas y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de Naciones Unidas exigió a Sri Lanka derogar una ley que criminaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo, pero solo en lo referente a los vínculos lésbicos, manteniendo la penalización para hombres gays o bisexuales.

“Finalmente el año se vio entristecido con el fallecimiento Alejandra González (54), la primera persona LGBTIQANB+ electa para un cargo público en Chile.”, puntualizó la investigación.

Informe completo aquí

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Crímenes de Odio, Discursos de odio, Homofobia/Transfobia, XXI Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género

Ranjith Kankanamalage, ‘Roy’, de 50 años, (Metropolitan Police)

La policía ha nombrado a Ranjith Kankanamalage, de 50 años, como la víctima muerta en un presunto ataque homofóbico en Tower Hamlets, cementerio de Londres.

La Policía Metropolitana dijo en un comunicado que Kankanamalage, también conocido como Roy, era un hombre gay que había vivido en Tower Hamlets “durante muchos años” antes de que fuera herido de muerte a principios de este mes.

Los servicios de emergencia fueron llamados al cementerio Tower Hamlets Cemetery Park alrededor de las 6:30 el 16 de agosto luego de recibir informes de que se había encontrado a un hombre inconsciente. La Policía Metropolitana dijo que Kankanamalage fue declarado muerto en el lugar.

Un examen post-mortem encontró que la causa de la muerte fue un “traumatismo contundente en la cabeza”.

La policía ha dicho que el asesinato del cementerio de Londres está siendo tratado como un crimen de odio homofóbico, pero los detectives también mantienen la mente abierta mientras continúa la investigación.

La familia de Ranjith Kankanamalage está siendo apoyada por oficiales especialistas, según el comunicado del Met. La familia dio a conocer una imagen de él mientras la policía sigue pidiendo que se presente cualquier persona que pueda tener información sobre la muerte de Kankanamalage.

La policía también está aconsejando a los lugareños que “den prioridad a su seguridad personal” en el área de Tower Hamlets “siendo conscientes de su entorno, evitando escuchar música alta y evitando las áreas con poca luz cuando sea posible”.
La policía ‘trabaja incansablemente’ para encontrar al asesino en el cementerio de Londres

El superintendente jefe de detectives Marcus Barnett, comandante policial de Hackney y Tower Hamlets, describió la muerte de Kankanamalage como un “asesinato horrible” y que sus pensamientos están con la familia y los seres queridos de la víctima.

“Aunque afortunadamente estos incidentes siguen siendo muy raros en Londres, quiero asegurarle a la comunidad que mis oficiales y detectives especializados están trabajando incansablemente para llevar a los responsables ante la justicia”, dijo Barnett. “También quiero dejar muy claro que no hay lugar, en absoluto, en Londres para ninguna forma de crimen de odio y el Met está absolutamente comprometido a abordarlo y apoyar a las víctimas”.

Barnett agregó que una parte crucial de la investigación del Met ha sido el “apoyo y la participación de la comunidad”, especialmente de las organizaciones LGBT + que están “ayudando a mis equipos a mantener a la comunidad actualizada” durante este “momento difícil”.

La semana pasada, un hombre de 36 años fue arrestado en relación con la investigación del asesinato de Ranjith Kankanamalage, pero luego fue liberado bajo fianza policial.

Cualquier persona que tenga información sobre la muerte de Ranjith Kankanamalage debe comunicarse con la policía al 0208 345 3865, llamando al 101 o enviando un tweet a @MetCC citando 1277/16. Los miembros del público también pueden comunicarse con la organización benéfica LGBT + Galop al 020 7704 2040 para brindar información sobre el incidente.

Para permanecer en el anonimato, llame a Crimestoppers al 0800555111.

Fuente Pink News

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Denuncian en Fiscalía asesinato de trabajador de 36 años en Colina en medio de sospechas de un crimen homofóbico.

Miguel Arenas Rodríguez fue encontrado sin vida el 25 de octubre en la mañana en su casa, a pocas horas de que arrancara la histórica jornada por el plebiscito constitucional en Chile. Miguel era gay, tenía 36 años y según la información que manejan varias organizaciones lgbt, tenía signos de tortura.

Era peluquero y atendía clientes desde su casa, en la Villa San Andrés de Esmeralda, en Colina. Hasta el cierre de esta nota las autoridades no se habían pronunciado sobre el caso, pero desde el activismo sospechan que se trató de un crimen de odio. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentó una denuncia ante la Fiscalía e informó que asesorarán a la familia de la víctima para presentar una querella.

“Estamos profundamente preocupados por este asesinato, que eventualmente podría ser un nuevo crimen de odio. Hemos solicitado a la Fiscalía que investigue las causas del crimen (…) y tuvimos una respuesta satisfactoria, pues los antecedentes que reportamos ya fueron derivados a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Regional Metropolitana Norte”, dijo Óscar Rementería, vocero del Movilh, en un comunicado.

De acuerdo a la información que maneja el Movilh, Miguel estaba amarrado de pies y manos. “Se cree que pudo ser violado. En su boca tenía un palo (…) y un objeto con el que fue asfixiado”, dijo Rementería. También mencionó un detalle que cree puede guiar la investigación: en su casa estaban todas sus pertenencias, menos su celular y sus documentos de identidad. “Un antecedentes muy sospechoso es que al joven le robaron su celular y documentos de identidad, no faltando hasta ahora nada más en el inmueble. Además hay una fotografía de un sospechoso el cual tiene su polera rota. Se cree que con restos de la misma polera el joven pudo haber sido asfixiado”, apuntó Rementería.

El dirigente explicó que “este es un modus operandi en los crímenes de odio, por lo que esperamos la mayor sensibilidad de la fiscalía para considerar esta hipótesis en todas las investigaciones que curse, pues de comprobarse, aplica el agravante de la Ley Zamudio”, añadió Rementería.

Carlos Fernández, amigo de la víctima, también cree que hay un componente homofóbico por la forma en que lo asesinaron. “Su familia está destrozada por esta situación y a la espera de la respuesta de la Fiscalía. Pedimos justicia para nuestro amigo, pero también que nuestros derechos se hagan más fuertes”, dijo a Presentes.

Sus amigos y familiares emprendieron una campaña digital con la etiqueta #JusticiaParaMiguelArenas. Para este martes a la noche están convocando una velatón en la Plaza de Colina, en el barrio donde Miguel vivía.

En el mundo del activismo hay mucha preocupación por la ola de violencia que viene creciendo con fuerza en el país. En las últimas semanas, se han registrado al menos cuatro ataques a miembros de la comunidad y un asesinato a dos activistas gay

Tras dialogar con la familia, próximamente el Movilh definirá qué acciones cursar junto a los parientes y contra quienes resulten responsables.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. #JusticiaParaMiguelArenas, Asesinato, Chile, Crímenes de Odio, Homofobia/Transfobia, MOVILH, Óscar Rementería

Erick Deseano(izda) y Gretell Cevallos (dcha)

Por Georgina González

En un mismo día, el 4 de octubre, asesinaron brutalmente a Erick Deseano, un hombre trans de 36 años y a Gretell Ceballos, mujer trans de 35 años. Ambos hechos ocurrieron al sur de Veracruz, México.

En lo que va del año 22 personas LGBT han sido asesinadas en Veracruz y éste representa el estado con mayor número de crímenes de odio en México.

Erick era conocido por dedicarse a trabajar en la cosecha de piña en Ciudad Isla, una de las principales regiones productoras de este fruto a nivel nacional y donde el eje económico es la agricultura y la ganadería.

“Él vivía en un entorno con tanta normalización de la discriminación, donde los discursos biologicistas de qué tienes entre las piernas te define, y que yo me atreví a nombrar con todas su letras que era un hombre trans. Las amigas que contactamos nos dicen que se vestía como hombre y se comportaba como hombre. También hay quienes se referían a él con el pronombre femenino y los medios de comunicación amarillistas también lo hicieron”, dijo a Presentes, la defensora de derechos humanos Jazz Bustamante.

En México no hay un registro oficial sobre crímenes de odio contra personas LGBT. Según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, conformado por organizaciones locales en diez estados del país, dos hombres trans fueron asesinados en Veracruz, en 2018 y 2019, respectivamente.

La saña de los crímenes de odio

De acuerdo al último informe de Fundación Arcoíris, la identificación con perspectiva de género hacia los crímenes contra personas bisexuales, lesbianas y hombres trans sigue siendo un desafío al momento del análisis y tratamiento de los casos, tanto por parte de las autoridades como de los medios de comunicación.

“Erick fue asesinado brutalmente. Yo no había visto un caso como el de él en Latinoamérica. Le amarraron los pies con cables, abusaron de él hasta que se cansaron. Lo golpearon en todo el cuerpo y lo hirieron con un machete. Es terrible. Te lo digo y siento el nudo en la garganta. Está muy fuerte lo que le hicieron a Erick”, describe Bustamente.

La familia de Erick comentó que estaba distanciado de su familia, según reporta el periodista Ignacio Carvajal desde Veracruz. Además, comenta que era conocido por “trabajar muy duro cortando, cargando piña, y a veces, atendiendo un bar”.

A más de cien kilómetros, en Minatitlán, Gretell Cevallos de 35 años fue asesinada afuera de su domicilio. Medios locales informaron que hombres en motocicleta abrieron fuego contra ella, sin embargo, no respetaron su identidad de género.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha emitido información sobre los dos crímenes.

Veracruz, el estado con mayor número de crímenes de odio

Según la organización civil Letra S, Veracruz es el estado con más crímenes de odio registrados contra personas LGBT en México desde hace un lustro. 

Bustamante comentó en entrevista para Presentes que el hecho de que se conozcan tantos casos de asesinatos contra personas LGBT en Veracruz tiene que ver con un trabajo de red de informantes. “En el estado ha habido un mapeo geográfico más profundo que en otra entidad porque hemos estado invirtiendo en crear alianzas con personas en la sierra, en las altas montañas, las ciudades y así sabemos de casos que en medios de comunicación no salen. Pero nosotros los contamos porque por allá hemos capacitado y tejido redes”, señala.

La defensora de derechos humanos no pierde de vista que, “así matasen a una persona es alarmante”.  Y advierte que lo que prevalece en el estado es la violencia estructural que agrava la inseguridad de la ciudadanía veracruzana y que afecta de manera diferenciada a las poblaciones LGBT.

Fundamentalismo religioso

“En primer lugar el aumento de los grupos fundamentalistas religiosos, sus discursos y la fusión con una ‘izquierda’ en donde el discurso tiene eco en la legislatura estatales y la federal. Y es que ya no solo nos enfrentamos a esos grupos, ahora también a un grupo dentro de lo LGBTI+ y feministas que son ultra conservadoras y que perpetúan la transfobia. Un ejemplo es un grupo de Veracruz que ha tenido mucho impacto en Latinoamérica que se hacen llamar ‘Brujas del Mar’”.

Otra problemática que observa Bustamante es la falta de educación sexual integral, el inexistente acceso a la justicia con perspectiva de género y la violencia organizada de grupos que se disputan territorios a lo largo y ancho de México.

“En el sur y norte del país los cuerpos disidentes sexuales somos desechables. El crimen organizado nos agarra como halcones (vigilantes a sueldo) o te cobran cuotas de derecho de piso y, o le entras o le entras”, explica Jazz Bustamante.

Fuente Agencia Presentes

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Por Georgina González, desde Ciudad de México

En las últimas dos semanas de agosto, Javier Eduardo Pérez (34); Jonathan Santos (18); Julie Torres, mujer trans; Sam Rosales (23), también trans, y Brandy “N· fueron asesinades en Morelos y Jalisco, Puebla, y Veracruz, respectivamente. En Morelos, Jalisco hay una ausencia de protocolos con perspectiva de género y diversidad sexual para investigar crímenes contra personas LGBT y no está tipificado el crimen de odio por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género en sus Códigos Penales.  Jóvenes activistas se movilizaron en las calles en las últimas semanas para exigir justicia. La activista Jazz Bustamante, activista y fundadora de la Asociación Civil “Soy Humano”, anunció que comenzará una huelga de hambre para exigir una aplicación del protocolo nacional de actuación para crímenes de odio.

Brandy “N” y su madre Luisa “N”, fueron asesinadas ayer cuando se encontraban dentro de su casa en la colonia Las Cabezas, del municipio de Puente Nacional. Ambas fueron asesinadas con múltiples heridas de arma punzocortante, de acuerdo con lo relatado por sus familiares.

“En el caso de Brandy fue notoria la saña, alevosía, ventaja y ridiculización de su cuerpo luego de ser asesinada” dijo Bustamante al portal e-Veracruz.

La activista indicó que con el de Brandy suman 19 crímenes de odio en contra de integrantes de la comunidad LGBTTTI en el estado de Veracruz durante el 2020, que se ubica desde mayo en el primer lugar nacional, de acuerdo con el Observatorio de Crímenes de Odio.

Brandy era una mujer trans de 32 años de edad que se ganaba la vida con lo que obtenía a través de ventas de productos por catálogo y trabajos como estilista que realizaba en el municipio ubicado a 55 kilómetros del puerto de Veracruz.

La semana pasada, fue asesinada en su casa de Guadalajara  Julie Torres, mujer trans. La agrupación Unión Diversa de Jalisco exigió a las autoridades estatales que el caso se investigue bajo el protocolo de feminicidio. Según denuncia el activismo, tenía signos de tortura en su cuerpo.

Exijo nuevamente a la #FiscaliaGeneralDeLaRepublica a investigar a fondo estos terribles hecho de transfeminicidios que lamentablemente sean recrudecido últimamente en el país .

— Jazz Bustamante. (@tv_yazi) August 20, 2020

Sam Rosales, de 23 años, fue atropellada en Atlixco, Puebla, el 20 de agosto. Según consta en las cámaras de seguridad, los asesinos la tiraron de su motocicleta y la atropellaron una vez en el piso.

Sam Rosales una mujer transgénero joven de 23 años fue asesinada en Atlixco Puebla por un auto mientras viajaba en una motocicleta, rosales era muy conocida en la región por gahe concursado en certámenes de belleza, ayer mismo también fue encontrado envuelto en unas sábanas- pic.twitter.com/UlhkfHH8o1

— Jazz Bustamante. (@tv_yazi) August 20, 2020

Javier, envuelto en una bandera con mensajes de odio

Javier Pérez salió de su casa en Ciudad de México el 19 de agosto a las 8 horas en su auto, un Aveo color guinda con matrículas de Morelos. Desde ese día su familia dejó de saber de él y levantaron una denuncia por desaparición. Ese mismo día la Fiscalía de Morelos reportó el hallazgo de una persona sin vida en Cuernavaca, pero recién el martes 25 de agosto su familia pudo identificarlo.

Condenamos el cobarde asesinato de Javier Eduardo y exigimos #Justicia, la @FGRMexico
Debe esclarecer este y los demás crimenes de odio por homofobia y transfobia que lamentablemente han incrementado

Justicia para Javier, Jonathan Santos y todas las víctimas#JusticiaParaJavier pic.twitter.com/MZMMaLZZhD

— Juan Carlos Plancarte (@plancarte_25) August 27, 2020

El cuerpo de Javier presentaba huellas de violencia y la Fiscalía de la entidad comunicó que estaba “parcialmente envuelto con una tela de color blanco parcialmente quemada y a un costado un mensaje escrito en un pedazo de cartón”.

“El mensaje que dejan a lado del cuerpo, asegurando que cometió abuso de menores, perpetúa la idea que existe sobre las personas homosexuales a las cuales muchas veces se nos acusa de ser los principales abusadores de menores, cuando la realidad es otra. Es preocupante el contexto, la violencia de cómo se comete el homicidio”, dijo a Presentes Isidro Añorve, activista e integrante de la asociación Equidad y Participación Ciudadana.

En redes sociales activistas y organizaciones califican el asesinato de Javier como un crimen de odio. Por su parte, la Fiscalía de Morelos anunció que “se siguen todas las líneas de investigación que permitan establecer la mecánica de hechos”. 

“Es muy complicado tener cifras sobre estos hechos, además a eso le sumamos que, en ocasiones es la propia familia quien no quiere que en las líneas de investigación se ventile la orientación sexual o identidad de género de su familiar”, recalcó Añorve.

En Morelos existe la Dirección de Diversidad Sexual perteneciente a la Secretaría de Gobierno y parte de sus atribuciones es proponer a las diferentes instancias del estado acciones en favor de los derechos de las personas LGBT. Hoy uno de los pendientes es la aprobación de la ley de identidad de género.

“Hasta el momento (Violeta Sánchez Luna, directora de la Dirección de Diversidad Sexual) no ha hecho nada a favor de las poblaciones de la diversidad sexual. No existe interés por parte del gobierno actual solo es simulación y desdén”, comentó Añorve.

¡Hoy! Las juventudes diversas levantamos la voz ante los crímenes de odio, en especial por el de Jonathan Santos. Hoy, 21 de agosto nos unimos jóvenes activistas de toda la República 🇲🇽 para exigir justicia y la no repetición de estos actos. pic.twitter.com/Mr3E8SrrgA

— Adrián Rodríguez (@AdrianRo1710) August 22, 2020

“Las personas LGBTTTI sufrimos violencia y discriminación, sin que esté gobierno haga algo para prevenir y eliminar estás discriminaciones y violencias estructurales, tan es así que incluso hace unas semanas fui amenazado por una funcionaria pública del gobierno del Estado tan solo por denunciar la omisión ante los discursos de odio del Obispo de Cuernavaca, Morelos, Monseñor Ramón Castro Castro, a quien el gobierno del estado protege y le permite que este jerarca religioso use el púlpito para difundir discursos de odio en contra de las personas LGBTTTI y de compañeras feministas”, agregó.

Asesinato de Jonathan Santos sin avances en la investigación

Jonathan Santos era estudiante y activista LGBT, tenía 18 años y la noche del 11 de agosto fue asesinado a unas cuadras de su casa en Zapopan, Jalisco. Jonathan estaba en una fiesta y fue ahí donde se le vio con vida por última vez, antes de retirarse del lugar.

En conferencia de prensa la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que la causa de muerte fue por un proyectil de arma de fuego y siguen tres líneas de investigación: crimen de odio, “crimen pasional” y que no descartan que se tratara de un robo. 

Además, el fiscal del Estado comentó que el asesinato de Jonathan se investigará con el uso del protocolo de feminicidio. Esta declaración causó críticas por parte de organizaciones y activistas, por lo que Andrés Treviño, titular de la Dirección de Diversidad Sexual de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco aclaró que de acuerdo a ONU Mujeres “el protocolo latinoamericano de atención a los feminicidios también puede servir a orientar la investigación en otros homicidios relacionados a víctimas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas”.

Manifestación en Ciudad de México por el asesinato de Jonathan Santos

Sin embargo, a dos semanas del asesinato de Jonathan no hay avances en las investigaciones.

La Fiscalía del Estado de Jalisco no cuenta con un protocolo especializado que garantice el acceso a la justicia a las personas LGBT. Fascinación Jiménez, presidenta de la asociación Unión Diversa de Jalisco, dijo a Presentes, “el acceso a la justicia en Jalisco es un calvario, no hay reparación de daño y no hemos sabido de un solo caso de éxito donde se haya encarcelado a una persona por haber asesinado a algún o alguna integrante de la población LGBT y que pague una condena por crimen de odio”.

Además, en diciembre de 2019 el Congreso local aprobó una modificación al artículo 219 del Código Penal del Estado para incluir al crimen de odio por orientación sexual, identidad y expresión de género como una agravante de homicidio. Sin embargo, el Código no ha sido modificado como tal, sólo se publicó en el Diario Oficial del Estado. 

En relación a esto, Fascinación Jiménez advierte, “si el día de hoy se resolviera el caso de Jonathan Santos no se podría aplicar esta agravante ya que no aparece todavía en el Código Penal”.

No aplican el protocolo nacional para estos crímenes

Pese a la ausencia de protocolos locales en Morelos y Jalisco, desde 2017 existe un protocolo nacional de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia en casos que involucren la orientación sexual, la identidad y expresión de género. Frente a ello Jiménez señala que en Jalisco “las autoridades se rehúsan a leerlo y a aplicarlo”. 

De acuerdo con la organización Letra S, en 2019 se cometieron 117 crímenes de odio en México. Es decir, 3 personas LGBT fueron asesinadas por día ese año, representa el año más violento en el último lustro.

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Fuente Agencia Presentes

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Fuente Agencia Presentes

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Una chica trans fue brutalmente agredida al salir de un boliche en el municipio de Puerto Piray. La Policía Provincial, que según la denunciante estuvo presente durante los hechos, no intervino para detener la golpiza. Asegura que no es la primera vez que sucede.   

Por Alejandra Zani

Elamaá Luz salía del boliche Liberty en Puerto Piray, Misiones, cuando fue atacada por tres personas durante la madrugada del domingo 19 de enero. Mientras caminaba por la calle, la persiguieron y la insultaron. Cuando se detuvo para contestarles, un varón la sostuvo para que quedara inmovilizada mientras otras tres mujeres, a las que la agredida identifica como Griselda Ruiz Díaz, Zulema Ruiz Díaz y Karina Figueredo, la golpeaban. Según un comunicado de ATTTA Misiones, la policía provincial estaba presente “pero no hizo nada para detener la golpiza”.

“Esto venía desde adentro del boliche. Cuando fui al baño con mi amiga Natalia Martínez, estas chicas se acercaron a la puerta y empezaron a decirme que no podía entrar en ese baño, que yo tengo huevos y tengo que ir al baño de varones”, cuenta Elamaá Luz a Presentes. “Yo les contesté que no quería problemas y que quería terminar la noche bien”.

Pero al salir del boliche, cerca de las 5:30 de la madrugada, Elamaá y sus amigas volvieron a ser interceptadas por las agresoras. “Una de ellas quiso pegarle a Natalia. Yo me puse en el medio, Karina me agarró de la espalda y me empezaron a pegar entre dos. También estaba Pablo Mercado, que es sobrino del juez de paz de Puerto Piray, el mismo que me va a citar a declarar y otra vez el caso va a quedar en la nada”.

Elamaá declaró en la comisaría sin mucha confianza en que la denuncia fuera a prosperar. Ahí, cuenta, Karina se le acercó y la amenazó de muerte. “Me dijo que la próxima no me va a mandar a pegar, sino a pegar un tiro. La policía estuvo ahí todo el tiempo. Qué van a hacer, si no están capacitados. Cuando pasan por la calle en camioneta se burlan de mí o se ríen. Dos efectivos me acompañaron al doctor que no me quiso ni tocar, me preguntó qué me dolía y nada más, ni siquiera vio los golpes”, cuenta la denunciante. Tampoco le dieron una copia de su denuncia, a pesar de haberla pedido.

Tras su declaración, Elamaá no consiguió una orden de restricción, ni un botón antipánico, ni ninguna otra opción que garantizara su seguridad. “Quiero que esta denuncia sea penal, que llegue al INADI, que me den alguna solución. No es la primera vez que me pasa esto en Misiones”.

La Intervención del INADI

Tras lo ocurrido en Puerto Piray, y por primera vez en la provincia, la delegación Misiones del INADI viajará al departamento de Montecarlo para acompañar a Elamaá y para tomar su declaración. “El INADI siempre tuvo su sede en Posadas y nunca se movió. Si ella no se trasladaba, no podía hacer la denuncia, pero eso cambió con la nueva gestión y nuestra propuesta es viajar a Puerto Piray para que pueda efectuar la denuncia ante el INADI”, explica Silvia Risko, nueva delegada del Instituto en Misiones. “Jazmín no puede venir a Posadas porque no tiene recursos pero tampoco es su deber trasladarse. Somos nosotros los que tenemos que ir y estar con ella. Esa va a ser nuestra política de gestión”.

La tarea del INADI consiste en recepcionar la denuncia de Elamaá, enviarla a Buenos Aires, y esperar a que el gabinete jurídico de la Casa Central emita un dictamen. “Trataremos que el proceso sea lo más ágil posible. Una vez que eso suceda, ese dictamen podrá presentarse para reforzar la denuncia de Elamaá”, explica Risko.

Para la delegada del INADI en Misiones, lo sucedido en Puerto Piray deja en evidencia la falta de formación en perspectiva de género que hay en las instituciones del Estado. “Lo que más me preocupa es la acción de los policías, a quienes debería capacitarse. El Estado siempre va por detrás de los cambios sociales”. La posición de Risko se constituye como un precedente institucional y político muy fuerte en la provincia de Misiones ya que, según dijo

Nazarena Fleitas, coordinadora de ATTTA Misiones, es la primera vez que una delegada viaja al interior.

Una provincia transfóbica

“La transfobia en Misiones es terrible y en el interior es todavía peor”, explica Fleitas a Presentes. “Hay mucha discriminación por parte de la misma policía. A pesar de que hubo capacitación en género, el machismo de las instituciones está arraigado y al venir de un gobierno que no pone predisposición para que eso termine y que además lo oculta, estamos cada vez peor”.

Según expresa Fleitas, quince días atrás ATTTA Misiones recibió una denuncia por discriminación de otra compañera. “Tampoco es la primera vez que atacan a Elamaá. En un boliche en El Dorado, una vez, le pasó algo parecido. La golpearon y le pegaron con un ladrillo en la cara y la policía la dejó a la deriva”. En cuanto a Pablo Mercado, asegura Fleitas, estuvo presente en varios altercados pero, por ser el sobrino del juez de paz, siempre queda impune.

“Nosotros somos la única organización que trabaja con temas de género, pero no estamos con ningún estudio jurídico y no tenemos medios para viajar, así que estamos muy limitados. Como coordinadora, yo trato de orientar a las personas y de ponerlas en contacto con las entidades correspondientes para que puedan hacer los trámites”, explica.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, ATTTA, Crímenes de Odio, Elamaá Luz, Griselda Ruiz Díaz, Homofobia/Transfobia, INADI, Karina Figueredo, Misiones, Nazarena Fleitas, Pablo Mercado, Puerto Piray, Silvia Risko, Zulema Ruiz Díaz

Una madre apuñaló a su hijo adolescente hasta la muerte por el mero hecho de ser homosexual. Ahora ha sido sentenciada por un jurado en Brasil a 25 años y ocho meses de prisión.

Tatiana Ferreira Lozano Pereira nunca aceptó que su hijo de 17 años, Itaberli Lozano, fuera homosexual, y las tensiones entre los dos empeoraron durante la Navidad de 2016.

Itaberlly Lozano desapreció de su casa a fin de año, y su cuerpo apareció envuelto en un edredón y abandonado en una carretera de Sao Pablo, con marcas de violencia y totalmente quemado. El cuerpo de Itaberlly estaba tan dañado que solo pudieron reconocerlo por una pulsera.

El 11 de enero de 2017 la policía detuvo a la madre, Tatiana Lozano, de 32 años, y al padrastro del chico, Alex Pereira. Al principio la pareja alegó que lo habían asesinado en defensa propia, porque Itaberlly consumía drogas e intentó agredirlos a ellos y a su hermano de 4 años.

Pero pronto la historia se desmoronó ya que las versiones de la pareja no concordaban.

Además, el resto de la familia aclaró la situación. Sus tíos aseguraron que era un buen chico, alegre y trabajador y que no consumía drogas. Que la madre jamás aceptó su homosexualiad y le hizo la vida imposible, hasta que el adolescente no aguantó más y se fue a vivir con su abuela.

Según la revista Out, Lozano se había quedado con su abuela debido a las peleas con su madre, pero el 29 de diciembre Pereira lo atrajo a las casa con promesas de reconciliación. Parecía tan dispuesta a arreglar las cosas con su hijo que incluso envió un coche para recogerlo en casa de la abuela. Acabó el día y el chico no volvió. La abuela intentó en vano obtener una respuesta de Tatiana, que le quitó importancia y aseguró que su hijo se había ido a vivir con algún amigo.

En cambio, contrató a dos sicarios de 18 y 19 años: Víctor Roberto da Silva y Miller da Silva Barissa (en la fotografía), que esperaban en la casa para «enseñar una lección» a su hijo.  Cuando Itaberlly llegó a casa de su madre, lo recibieron los chicos, que lo golpearon hasta dejarlo casi inconsciente. La madre les pidió que lo mataran. Lo golpearon pero se negaron a matarlo, por lo que Pereira tomó un cuchillo de cocina y lo apuñaló ella misma hasta matarlo. Más tarde ella y su marido quemaron el cuerpo.

Pereira y su esposo, el padrastro de Lozano, llevaron su cuerpo a un campo de caña y le prendieron fuego. Sus restos fueron encontrados una semana después, y fue necesaria una investigación forense para identificarlo.

Un día antes de desaparecer, Itaberli Lozano, de 17 años, fue golpeado y golpeado en varias partes de su cuerpo; Itaberli comentó sobre las agresiones en la red social y publicó fotos de la violencia sufrida. Las imágenes fuertes muestran al adolescente con cortes aún sangrando en su cara, espalda y brazos. A su lado, volvió a publicar una foto de la familia aparentemente feliz de celebrar la Navidad con el siguiente texto: “En este momento estoy en Francia, donde estaré, porque ella ha ordenado a todos los niños que me vean golpearme. Ten cuidado a quién llamas mamá. En la foto parece que estamos contentos, pero nadie sabe qué sucede detrás de una foto ”, dijo el joven. Un día después, borró la publicación.

Según la web de noticias brasileña Estadão, Pereira fue condenada por asesinato y ocultación de un cuerpo, y sentenciada a 25 años y ocho meses de prisión.

Los dos sicarios han sido condenados a 21 años y ocho meses de prisión, también por asesinato. El padrastro de Lozano ha sido acusado de ocultar un cuerpo, pero su juicio ha sido pospuesto y aún no se ha reprogramado.

El tío de Lozano, Darío Rosa, dijo a la policía: “Tenía un trabajo, era muy educado y [nunca] discutió con nadie. Solo tuvo problemas con su madre, quien nunca aceptó que fuera homosexual”.

Los crímenes de odio contra personas LGTBQ + han aumentado en Brasil desde la elección del presidente Jair Bolsonaro. A mediados de este año, la Corte Suprema de Brasil dictaminó que la homofobia estaría tipificada como delito.

La justicia, muro de contención de la LGTBIfobia de Bolsonaro

Los tribunales, en cualquier caso, se están revelando como un verdadero contrapoder a la extrema LGTBIfobia de la presidencia de Bolsonaro. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha emitido ya varios fallos que protegen a la comunidad LGTBI de los ataques del Gobierno. Hace solo unos días conocíamos la sentencia que puso fin al intento de censura de libros que abordasen la homosexualidad o la transexualidad en la Bienal del Libro de Río de Janeiro. Una resolución en línea con la también reciente decisión del mismo tribunal a favor de la protección legal de la población LGTBI frente a la violencia y la discriminación, al ordenar la equiparación de los delitos por homofobia y transfobia con los motivados por el racismo mientras persista «omisión legislativa» al respecto.

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que muchos de los avances en esta materia que ha experimentado Brasil se han producido al margen de los poderes legislativo o ejecutivo: el matrimonio igualitario es una realidad posible gracias a resoluciones judiciales, mientras que la prohibición de las «terapias» reparadoras, sobre la que tiene lugar una dura batalla en los tribunales, fue una decisión profesional del Consejo Federal de Psicología. Sin embargo, la presión de los grupos evangélicos para que desde el poder político se ponga coto e incluso se revierta esta situación tiene en personajes como el presidente Jair Bolsonaro grandes aliados. Estaremos atentos a como se sigue desenvolviendo esta guerra.

Una situación muy complicada para el colectivo LGTB

En 2018, además, fuimos testigos de como la LGTBfobia ha escalado hasta alcanzar ámbitos activistas y políticos. En mayo del año pasado recogíamos el asesinato en Río de Janeiro de la activista de género no binario Matheusa Passareli. Y en marzo el de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, afrodescendiente, abiertamente bisexual, feminista y activista en favor de los derechos humanos. Una escalada a la que también nos hemos referido al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología que prohibía desde hace años las «terapias» reparadoras de la homosexualidad. Y que ha forzado al que fuera primer diputado abiertamente gay de Brasil, Jean Wyllys, a abandonar el país e instalarse en Alemania (ver aquí la interesante entrevista que hace pocos días publicaba eldiario.es).

La llegada de Bolsonaro a la presidencia

La situación de la comunidad LGTB, incluso ya antes de la victoria de Bolsonaro en octubre de 2018, es muy dura. El Grupo Gay de Bahía, colectivo que hace una meritoria labor de monitorización de los delitos de odio en Brasil, tuvo conocimiento de 445 muertes violentas de personas LGTB en 2017: 387 asesinatos y 58 suicidios, un aumento del 30% con respecto a 2016, «cuando se registraron 343 muertes», comienza su informe 2017. De alguna de estas muertes nos hemos hecho eco en esta misma página, como sucedió por ejemplo con el terrible asesinato de Dandara dos Santos, una mujer trans. La tendencia, en este sentido, ha sido creciente a lo largo de los últimos años.

Y si algún político encarna a la perfección esa LGTBfobia en su discurso político, ese es Jair Bolsonaro, elegido presidente en octubre de 2018. Una victoria que, dados los precedentes del personaje y el apoyo del poderoso movimiento evangélico, abrió un escenario terrible para las personas LGTB en Brasil. Ya en 2011 lo mencionábamos cuando acusó al Ministerio de Educación de «fomentar la homosexualidad» por promover un proyecto contra la homofobia. En 2014 volvimos a referirnos a Bolsonaro, que negaba que educar en la diversidad sirviese para combatir la homofobia, y acusaba explícitamente a los que así lo defienden de querer «llevar la materia a las escuelas para transformar a niños de seis años en homosexuales. Al punto de que así se facilita la pederastia en Brasil».

Bolsonaro acababa la entrevista burlándose del intento de aprobar una ley que castigase la violencia homófoba, a la que quitaba importancia. «¿Solo porque a uno le guste tomar por culo se convierte en un semidios al que no se le puede pegar?», remataba. El ahora presidente ha hecho otras declaraciones homófobas en el pasado, como aquellas en las que aseguraba preferir que un hijo suyo muriese en un accidente a que apareciese «con un bigotudo», pero basta con releer la entrevista de 2014 a El País para ser consciente de la monstruosidad del personaje.

En el ámbito legal, hay que tener en cuenta que muchos de los avances en derechos LGTB que ha experimentado Brasil se han producido al margen de los poderes legislativo o ejecutivo: el matrimonio igualitario es una realidad posible gracias a resoluciones judiciales, mientras que la prohibición de las «terapias» reparadoras, sobre la que como mencionamos arriba tiene lugar una batalla en los tribunales, fue una decisión profesional del Consejo Federal de Psicología. La presión de los grupos evangélicos para que desde el poder político se ponga coto e incluso se revierta esta situación puede encontrar en Bolsonaro el aliado ideal.

En este sentido, la recién aprobada tesis del Supremo contra la LGTBfobia es una soplo de aire fresco en un ambiente profundamente enrarecido.

Fuente Oveja Rosa/Cristianos Gays/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alex Pereira, Crímenes de Odio, Darío Rosa, Homofobia/Transfobia, Itaberli Lozano, Miller da Silva Barissa, Tatiana Ferreira Lozano Pereira, Víctor Roberto da Silva

Brighiit Mirón, una adolescente trans de 15 años, fue asesinada el 9 de noviembre de un balazo en la cabeza en el Barrio Chipilapa, en La Gomera, un municipio del departamento de Escuintla en el centro-sur de Guatemala, a 47 kilómetros de la ciudad.

A Brighiit la habían visto por última vez en la feria del casco urbano. Alrededor de las once de la noche, los vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego que venían de atrás de la iglesia de la localidad y dieron la alerta a los Bomberos Voluntarios de la 60 compañia de La Gomera. Al llegar, los bomberos encontraron el cuerpo sin vida. A Brighiit la inhumaron en el cementerio General #2 de la Gomera, Escuintla.

Una amiga de Brighiit, que pidió no ser identificada, dijo a Presentes que ambas estaban amenazadas. Apenas supo la noticia, decidió huir de la zona por temor a correr la misma suerte. Otra persona que la conoció indicó a este medio que Brighiit vivía con su mamá y cinco hermanos menores de edad de los que era responsable. Agregó que era una persona carismática, amable, cariñosa, que se dedicaba al trabajo sexual aunque su sueño era ser maquilladora profesional.

“Desde la Procuraduría de Derechos Humanos condenamos y lamentamos la muerte violenta de una adolescente trans en la Gomera, Escuintla, el fin de semana pasado. Ya se solicitó que se iniciara una investigación desde la Auxiliatura Departamental de Escuintla para dar seguimiento en conjunto con el Ministerio Público a la investigación, toda vez se tiene conocimiento que a la fecha no han habido capturas”, comunicaron.  Al cierre de esta nota, la Defensoría de la Diversidad Sexual no ha reportado avances en este caso, según informaron a Presentes.

En el transcurso del año, el Observatorio de muertes violentas de la Red Nacional de la Diversidad lleva registrado 16 homicidios con agravante de crímenes de odio.

En el informe “Basta de genocidio trans” realizado por la RedLactrans y Otrans en 2018 indica que el 90% de las víctimas son mujeres trans guatemaltecas. El otro 10% de las víctimas fueron mujeres trans procedentes de otros países del triángulo norte de Centroamérica, para quienes el paso por el país no ha sido garantía de una mejora en su calidad de vida ni de resguardo a su paso.

Hasta 2018, según el informe, el grupo etario de mujeres trans vulneradas fue de 18 a 30 años: un 59% de la población de mujeres trans más vulneradas son jóvenes. El informe descriptivo “Línea base LGBTI”, del Procurador de los Derechos Humanos, indica que el Estado de Guatemala no cuenta con registros sobre violaciones a los derechos de las personas LGBTI, por lo que una primera aproximación a su situación de derechos humanos puede hacerse a partir de las denuncias que dicha población ha presentado.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Adolescentes trans, Barrio Chipilapa, Brighiit Mirón, Crímenes de Odio, Departamento de Escuintla, Guatemala, Homofobia/Transfobia, La Gomera, OTRANS, Personas trans, Red Nacional de la Diversidad, RedLactrans

Por Paula Rosales

Nicol C, una adolescente trans de 16 años, sobrevivió a un ataque con cuchillo después que un sujeto intentara degollarla, en un acto motivado por el odio, denunciaron activistas LGBTI en El Salvador.

Según narraron testigos a Presentes, la adolescente llegó, como de costumbre, a la calle en donde realiza trabajo sexual y fue abordada por un hombre que la llevó a un callejón de la ciudad y posteriormente la hirió en el cuello, provocándole una herida profunda en la zona de las venas yugulares.

Sus compañeras se percataron del hecho, corrieron en su auxilio y dieron parte a la policía. Nicol C. fue trasladada de emergencia a un hospital público, donde le contuvieron la hemorragia con grapas quirúrgicas.

“Estoy débil y muy mal”, dijo la adolescente a Presentes, mientras se recupera de la agresión, que sufrió la noche del 3 de octubre en la ciudad de San Miguel, 140 kilómetros al este de la capital.

De acuerdo a una defensora de derechos humanos, que solicitó no ser identificada por temor a represalias, el ataque se debe de calificar como de odio en contra de la población LGBTI porque el responsable llevó a la víctima con engaños a un lugar oscuro con el propósito de asesinarla.

“Se hizo pasar por un cliente, pero su pensamiento era matarla a ella. Es un evidente ataque de odio porque es una mujer trans”, dijo a Presentes.

El ataque no quedó registado

En 2019 han asesinado a cuatro mujeres trans en El Salvador. La nación centroamericana, que es hostil para la población LGBTI, registró el año 2018 una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

“Quién sabe si la policía va a investigar el caso, porque hay una gran negligencia para investigar nuestros crímenes. El atacante ya sabe donde ella se pone, pueden investigar todo sobre su vida y ella corre el riesgo a que haya una represalia en su contra. Por eso pedimos que actúen con celeridad para que haya justicia y que el agresor sea capturado”, recalcó la defensora.

Mientras tanto, la delegación de la Policía Nacional Civil del departamento de San Miguel señaló que aún no hay capturas sobre el hecho y que el ataque no quedó registrado en la bitácora de la institución.

“No tenemos registro de eso, como no hubo detención no aparece reflejado en ningún lado. Si hubiera habido detenido alguien nos aparecería reflejado”, dijo el oficial de turno a Presentes.

En 2015, el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.

Según  la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), desde 1993 hasta la fecha han registrado el asesinato de unas 600 mujeres, muy pocos casos han sido investigados y judicializados.

“Cuando suceden estos actos se descontrola la transfobia y no solamente hay una victima sino que por lo general hay varias victimas, por eso se exige a las autoridades a que hagan el proceso judicial de este agresión”, expresó la defensora.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), Crímenes de Odio, Homofobia/Transfobia, Nicol C, Personas trans

Por Jess Insfrán y Juliana Quintana

Fotos: Jess Insfrán

El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Luque (a 10 km de Asunción) declaró culpable a Blas Enrique Amarilla del asesinato de Romina Vargas, y le aplicó la sanción máxima de 25 años de cárcel. Es la primera condena en Paraguay por el asesinato de una persona trans.

Amarilla asesinó a Romina Vargas de dos puñaladas en octubre de 2017 en San Lorenzo, Gran Asunción. Romina había salido con una amiga, cuando fue atacada en vía pública por “el cuchillero de travestis”, como se lo conoce en los medios de comunicación. La Fiscalía caratuló el caso como “homicidio doloso” porque en Paraguay, el transfemicidio no está tipificado y pidió la pena máxima para el acusado (25 años más 5, por medidas de seguridad). El informe forense reveló que fue por un shock hipovolémico por la herida del arma blanca.

El juicio comenzó a las 10:30 de la mañana. La defensora pública Rocío Lucena no se presentó al juicio oral. En su reemplazo, Fernando Cristaldo representó a Amarilla. El abogado de la defensa solicitó al tribunal una pena menor a 15 años, utilizando argumentos como que“asiste con regularidad a la iglesia del penal” y que tenía “problemas mentales”. Sin embargo, para la fiscalía los exámenes psicológicos y psiquiátricos demostraron que Amarilla era consciente de sus actos.

Además, el transfemicida -que en otras ocasiones ya había intentado asesinar a Maida Bordón, Sheila Aguayo e Yren Rotela-, reconoció haber sido autor del crimen y su odio hacia la comunidad trans. “No entiendo por qué me detienen, si a la sociedad no le importa si uno de ellos muere”, manifestó. Según consignó Yren Rotela, activista de Panambi y defensora de derechos humanos, el acusado Blas Amarilla había atacado a más mujeres trans que se encuentran recluidas en el penal de Tacumbú.

La fiscala que llevó el caso, Ana Girala, dijo a Presentes que había pruebas sobradas que daban cuenta de un crimen de odio hacia el colectivo trans. “Se lo detuvo a Blas Amarilla con la evidencia en su poder. Con las pruebas de laboratorio, se corroboró que el cuchillo tenía sangre y que fue el arma utilizada para cometer el hecho punible. La persona que se encontraba con la víctima también reconoció como elemento jurisdiccional de prueba, y dio su versión ante este tribunal. Fue clara, contundente y específica en el relato de los hechos como sucedieron”, explicitó.

“Para mí es demasiado importante porque es la primera vez que un ente público visibiliza la necesidad que tenemos. No es que por que queremos estamos en la calle. Es porque no tenemos otra opción de trabajo porque este Estado nos discrimina”, contó Yren.

Girala indicó que Amarilla al final del juicio reconoció el hecho y pidió perdón a la familia. “La no discriminación está prevista en la Constitución nacional y es hacer valer el derecho y buscar justicia en representación de ella, ya que los parientes no se han hecho presentes por la misma discriminación de la cual ella venía siendo víctima”, siguió la investigadora.

Entre las organizaciones que acompañaron el juicio en Luque estuvieron Panambi, Escalando, Aireana y Transitar. “Para mí es un momento histórico y trascendental en la lucha trans porque es el primer juicio público donde hubo una sentencia a nuestro favor. Valoramos el esfuerzo y el trabajo de la fiscalía porque presentó todos los elementos y se mantuvo firme. Fue una lucha de resistencia, de empoderamiento. Creemos que hoy empieza un momento en la historia en que la justicia también existe para nosotras”, expresó.

Desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner hubo 61 casos de asesinato de personas trans y, hasta hoy, no había habido una investigación ni condena para ninguno de ellos.

 Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Blas Enrique Amarilla, Condena, Crímenes de Odio, Homofobia/Transfobia, Paraguay, Romina Vargas, Transfeminicidio

Por Vero Ferrari 

Veintidós personas fueron asesinadas en Perú entre enero de 2017 y diciembre de 2018 por su orientación sexual e identidad de género. Asimismo, 341 personas presentaron información de haber sido discriminadas por ser lesbianas, gays, trans y bisexuales en el mismo periodo de tiempo.

Las cifras son parte del Informe Anual del Observatorio de Derechos LGBT 2017-2018, presentado en junio por este observatorio en colaboración con el Proyecto Únicxs – Personas Trans por Inclusión Social y el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, Sida y Sociedad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

De las 341 vulneraciones registradas a lo largo de 2017 y 2018, casi la tercera parte (108) fueron responsabilidad del Estado peruano. Los agentes del Estado implicados son el personal municipal de serenazgo, la Policía Nacional del Perú, el personal sanitario (médicos y enfermeras) de diversos centros hospitalarios, funcionarios ediles y funcionarios varios del Estado (Poder Judicial, Reniec, etc.).

Para Ho Amat y León, encargado del Observatorio de Derechos LGBT, “la media de asesinatos a personas LGTB ha sido de entre 10 a 12 estos dos años, pero hay que tener en cuenta que existe un subrregistro y se sabe que el 90% de estos casos no se denuncian, es decir, los familiares, por vergüenza, no manifiestan que estas personas han sido asesinadas por su orientación sexual e identidad de género. Esta invisibilización no permite tener la cifra exacta, entonces recurrimos a los medios, pero estos han asumido como premisa ‘respetar el buen nombre de la víctima’, entonces, por lo que resulta complejo saber el número exacto de crímenes de odio”.

En 2017, la población más vulnerada, según el registro de denuncias que se hicieron públicas, fue la gay con 67 casos reportados, le siguen 37 casos contra la población transfemenina, y 18 casos contra lesbianas. El 2018, la población gay presentó 70 casos de vulneración, la transfemenina, 48 casos, y la lésbica, 16.

Estas cifras chocan con una realidad en donde más del 95% de peruanxs no denuncia vulneraciones a sus derechos cuando son por razones de orientación sexual e identidad de género, según la data recogida por la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI (de entre 18 y 29 años de edad), que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), entre mayo y agosto de 2017, de una población de 12,026 personas pertenecientes a estos grupos.

Crímenes de odio

El 2017 ocurrieron 5 asesinatos de hombres gays, 2 de mujeres trans y 1 de un hombre que era pareja de una mujer trans. El 2018 ocurrieron 14 asesinatos, 7 de personas trans y 7 de personas gays. Debido a que en el Perú no se ha legislado sobre los crímenes de odio, estos asesinatos, si llegan a ser investigados, pasan a ser procesados como homicidio doloso.

Está pendiente aún en el Congreso la derogación del Decreto Legislativo N° 1323, que buscaba fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, promulgado en 2017. La bancada fujimorista se opuso a la posibilidad de agravar los delitos de homicidio cuando estos se produjeran bajo «móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural”, y buscaron eliminar la tipificación de «discriminación e incitación a la discriminación» como delito. Esto era un aporte de este decreto legislativo al Código Penal, que incluiría por primera vez la orientación sexual y a la identidad de género como causales de discriminación.

Amat y León señala que “las posibilidades de alcanzar normas que favorezcan a la población LGTBI obedecen más a contextos que a programas de organizaciones políticas, esto sumado al hecho de que no hay un movimiento fuerte y las constantes crisis del Estado genera que estas agendas terminen siendo relegadas al no ser consideradas como prioritarias, sino como problemas secundarios que no importa atender, al igual que pasa con las comunidades afroperuanas e indígenas, que también tienen proyectos estancados, por lo que el panorama no pinta nada bien a mediano plazo”.

Prensa y transfobia

El informe también hace un recorrido por la forma en que la prensa trata los temas de violencia contra las personas trans, en especial contra las mujeres. Se reproducen prejuicios, estereotipos y estigmas contra ellas, persistiendo en el sensacionalismo al reportar hechos de extrema violencia, no reconociendo su identidad de género, lo que contribuye a perpetuar su invisibilidad. También se omiten o se ocultan aspectos relacionados a la violencia que se desata contra estas poblaciones dificultando su comprensión como un problema social.

Por último, el informe hace un recuento de lo avanzado en el tratamiento de la noticia desde 1959 hasta la actualidad titulado “Nada ha cambiado”, por la persistencia de la violencia contra las poblaciones LGTBI. Allí se enfoca en dos casos emblemáticos, el transfeminicidio de Brenda Jazmín Caimata Benites, ocurrido en octubre de 2016 en la ciudad de Pucallpa, en la selva del Perú, a manos de su pareja, y de la forma en que se llevó un proceso judicial que tal vez deje en la impunidad su asesinato por la situación de pobreza en la que vive la familia de Brenda; y el asesinato del periodista José Yactayo, en febrero de 2017 en Lima, quien había sido declarado desaparecido tres días antes. Yactayo era reconocido en los medios de comunicación y su asesinato fue resentido por diversos periodistas debido a la violencia con que se produjo, él fue dopado, ahorcado y descuartizado, siendo su cuerpo repartido por varios lugares de Lima. Sus asesinos están hoy en prisión.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Brenda Jazmín Caimata Benites, Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad Sida y Sociedad, Crímenes de Odio, Estado, Ho Amat y León, Homofobia/Transfobia, Informe Anual del Observatorio de Derechos LGBT 2017-2018, Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), Perú, Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI, Proyecto Únicxs – Personas Trans por Inclusión Social, Universidad Peruana Cayetano Heredia

Por Lucas Gutiérrez (Agencia Presentes)

Eran cerca de las 7:20 cuando Hermann Müller caminaba hacia su trabajo por Diagonal 76, en la ciudad bonaerense de La Plata. Mientras mandaba un mensaje de audio por Whatsapp, se cruzó de frente con dos varones. “¡Uh!¡Este es puto vamos a matarlo!”, contó que le gritaron. “Seguí caminando, no creí que fuera a pasar algo, así que no alcancé a ver cuándo uno de ellos saltó para darme una patada en la cara”, explicó.

Este lunes a la mañana, en la ciudad bonaerense de La Plata, Hermann Müller (30 años, actor) fue agredido en un ataque de odio. “¡Este es puto, vamos a matarlo!”, le dijeron dos varones antes de atacarlo. Hermann siguió caminando pero cuando quiso darse cuenta ya lo estaban golpeando. El joven, que es estudiante del profesorado de actuación, contó que en la comisaría no quisieron tomarle la denuncia.

Eran cerca de las 7:20 cuando Hermann caminaba hacia su trabajo por Diagonal 76. Mientras mandaba un mensaje de audio por Whatsapp, se cruzó de frente con dos varones. “¡Uh!¡Este es puto vamos a matarlo!”, contó que le gritaron. “Seguí caminando, no creí que fuera a pasar algo, así que no alcancé a ver cuándo uno de ellos saltó para darme una patada en la cara”, explicó. En el texto que compartió en Facebook dónde narró lo sucedido, Müller invocó a una deidad hindú y dijo: “Gracias a Ganesha no caí al suelo porque si no iban a cumplir con lo que amenazaban”. “Por suerte mis anteojos se cayeron al suelo y no sufrí impacto en la cara con ellos. Pude salir corriendo”, relató el joven a Agencia Presentes.

Mientras iba hacia la comisaría llamó al 911. En el camino se cruzó con un efectivo policial quien después de escucharlo se dirigió al lugar del hecho para ver si ubicaba a los agresores. Ya en lo comisaría 2da de La Plata -ubicada en Avenida 38 entre calles 7 y 8- Hermann contó que lo atendió una mujer policía. “Tenía cero ganas de atender, cero empatía”, dijo. Allí, el joven expuso que lo habían atacado por odio, por ser gay. Contó que la oficial le preguntó ‘¿pero te robaron?’, “ignorando completamente el hecho del causal de odio”, dijo el estudiante. Y que él insistió de que no le habían robado, “me atacaron por ser gay, me amenazaron que por puto me iban a matar”. contó que les dijo.

“Si no te robaron nada te sugiero que esperes un rato que venga la jefa porque la que está ahora no te va a tomar la denuncia porque ya terminó su turno”, concluyó la oficial. Müller narró en su denuncia por la red social que en ese momento entró al destacamento una fiscal con personal de Policía de Seguridad Aeroportuaria y la poca atención que le estaban dando, se redujo. Luego que otro policía le dijera que por la zona del ataque quizás debía ir a denunciar el hecho a otra comisaría, Hermann afirmó que la oficial que lo atendió primero, remató: “Andá al médico, que te vea, yo no me quiero hacer responsable si te pasa algo acá adentro. Te sugiero que vengas más tranquilo a la tarde a hacer la denuncia porque ahora no te vamos a poder atender”.

“Hay un recrudecimiento de la violencia”

Franco Zerené es activista y pertenece al Espacio Zona que acompaña y genera actividades propias junto a la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y activa en La Plata. Consultado por Agencia Presentes respecto de la violencia en esa ciudad dice: “En términos generales hay un recrudecimiento de violencia tanto física como verbal. Desde 2015 a la fecha hubo un brote de casos que si pasaban no eran tan recurrentes o tan violentos. Esto es un reflejo de falta de políticas públicas efectivas”.

Darío Arias, referente de Conurbanxs por la Diversidad dijo: “Repudiamos este hecho de violencia y odio a nuestras identidades y cuerpxs, que no es ajeno a un contexto político en el cual la combinación del aumento de la violencia social hacia las personas LGBTI y la escalada de la represión policial desde que asumió la derecha al poder, nos ponen en permanente estado de alerta y movilización”.

Mientras la ley argentina sigue en deuda con el colectivo LBGTI+ respecto de actualizar las leyes antidiscriminatorias, las estadísticas compartidas por el Observatorio de Crímenes de Odio hacia la comunidad LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la FALGBT indican que en el año 2017 aumentaron las agresiones callejeras hacia personas LGBTIQ+

“En nuestra ciudad aumenta la violencia hacia el colectivo LGBTI mientras el intendente Julio Garro posa con carteles coloridos en el día contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Esto es parte del cinismo con el que se mueve el gobierno municipal, mientras desfinancia las políticas públicas de prevención de la violencia y la discriminación. Una vez más vemos la impunidad con la que un estado ausente busca devolvernos a ese clóset al que prometimos no volver nunca más”, expresó Vicente Garay, integrante de la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

“La pasé tan mal en la comisaría que no quise exponerme más”, contó Hermann que hasta el mediodía de ayer no había ido al hospital. Esta bien de salud pero dijo que le da más bronca e impotencia “vivir en la sociedad que vivimos que el dolor físico”.

Vía SentidoG

General, Homofobia/ Transfobia. Crímenes de Odio, Darío Arias, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Diagonal 76, FALGBT, Federación Argentina LGBT (FALGBT), Franco Zerené, Hermann Müller, Julio Garro, La Plata, Observatorio de Crímenes de Odio, Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

50 AÑOS de CÁRCEL por un crimen de HOMOFOBIA.

La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado una reforma del Código Penal para castigar hasta con 60 años de prisión los homicidios cometidos por “odio” de personas de grupos minoritarios, informó ayer el Parlamento en un comunicado.

La reforma ha sido aprobada con 77 de 84 votos a favor y modifica el Código Penal para “prevenir y reprimir amenazas y homicidios contra las personas, los cuales sean motivados por odio (…) racial, étnico, religioso, político, por razón de su género, identidad y expresión de género”.

El Salvador ha dado un paso en contra de la homofobia y en favor de los derechos del colectivo LGBT y ha criminalizado por fin la homofobia en su país. Por lo tanto, un crimen por razones homófobas puede conllevar una pena de cárcel de entre 30 y 50 años.

De hecho, esta ley incluye todo crimen por odio xenófobo, racista, homófobo o religioso, que nos parece estupendo, ya que a veces nos olvidamos del resto de colectivos cuando son muchos los que aún sufren el odio de forma impune en muchos países. Con esta nueva legislación, El Salvador consigue imponerse como un país avanzado, que respeta la individualidad de cada uno y persigue a aquellos que no respeten a sus ciudadanos por motivos tan simples como su raza o su orientación sexual.

La diputada del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Cristina Cornejo Amaya, citada en el comunicado, dijo que la modificación “es de gran importancia para la igualdad, respeto y la defensa de los derechos humanos de toda la población salvadoreña”..

Por su parte, el diputado de la Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA) Guillermo Gallegos señaló que “no es posible que en el país se estén dando asesinatos por odio a la raza o la orientación sexual“.

A finales de mayo pasado la directora de la Asociación Comunicando y Capacitando Trans (COMCAVIS-TRANS), Karla Avelar, dijo a Efe que desde 1999 han sido asesinadas unas 300 personas de la comunidad de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI).

También aseguró que de todos los casos “ninguno ha sido judicializado” y que nadie “ha sido penalizado” porque el sistema de justicia salvadoreño los ha dejado “prescribir”.

Ahora tocará ver si se aplica la ley en todos sus términos aunque ojalá no tengamos que descubrirlo, porque significará que no existe ya el odio ni la homofobia en el país.

Fuente Agencias

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. COMCAVIS-TRANS, Crímenes de Odio, Cristina Cornejo Amaya, El Salvador, FMLN, GANA, Guillermo Gallegos, Karla Avelar

Amnistía Internacional ha documentado hasta 1.731 crímenes de odio contra la comunidad LGBT entre 2008 y 2014 perpetrados en hasta 62 países y recuerda que la homosexualidad es aún castigada con pena de muerte en diez países como Afganistán, Irán, Mauritania, Pakistán, Arabia Saudí, Sudán o Yemen. El estudio, elaborado por el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, ha sido publicado con motivo de la celebración este 28 de junio del Día Internacional del Orgullo LGTB.

“No quiero esconderme. Vivo abiertamente. En Bielorrusia no es fácil, pero quiero que la gente vea que soy una persona como las demás”, ha explicado Ihar Tsijaniuk, activista que ha sufrido golpes y amenazas por la policía por el hecho de ser conocido como drag queen y tras haber intentado, en enero de 2013, legalizar el Centro de Derechos Humanos Lambda, ONG de apoyo a la comunidad LGTB.

Como Tsijaniuk, miles de personas sufren discriminación y violencia. Las últimas estadísticas de mayo de 2015 del Observatorio señalan que de los 1.731 crímenes documentados entre 2008 y 2014, el 44% los sufrieron personas de entre 20 y 29 años, y se incrementó el número de menores respecto a años pasados.

Amnistía Internacional considera que es necesario que los crímenes de odio, que se distinguen porque contienen un carácter discriminatorio, sean investigados para acabar con la impunidad existente. “Pocos países cuentan con legislación sobre delitos de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género. Los Estados deben proteger a todas las personas contra la discriminación”, ha apuntado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.

Amnistía Internacional recuerda además que todavía hay diez países (Afganistán, Brunéi, Irán, Mauritania, Pakistán, Arabia Saudí, Sudán, Yemen, y partes de Nigeria y Somalia) que castigan con la pena de muerte la homosexualidad, ilegal en alrededor de 80 Estados.

A pesar de que todavía queda mucho camino por recorrer, existen avances en la lucha contra la homofobia. Son ya 19 países los que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre ellos algunos recientes, como Uruguay, Irlanda y Reino Unido.

Las personas transgénero sufren discriminación en muchos aspectos, entre ellos en el reconocimiento legal de su identidad de género. Amnistía Internacional ha denunciado que para obtenerlo, todavía en más de 20 países europeos las personas transgénero tienen que someterse a tratamiento quirúrgico para eliminar sus órganos de reproducción, algo que conlleva la esterilización irreversible, así como a una evaluación psiquiátrica que les determine como “personas transgénero“.

En países como Alemania, Noruega, Francia o Dinamarca, estos requisitos son necesarios incluso si lo único que desean es simplemente cambiarse el nombre. “En muchos países las personas transgénero no pueden ser quienes realmente son. Estos requisitos que se les exigen suponen una violación de derechos humanos”, ha señalado Beltrán.

Amnistía Internacional, en su último informe, señala que la mayoría de las personas que hablaron con la organización consideraban que el diagnóstico se basaba en estereotipos de género. Así lo explica por ejemplo Charlie, hombre transgénero que tuvo que convencer a los profesionales de la salud que le trataban de que su identidad de género no era un capricho.

“Insistían en preguntarme si estaba seguro de que no era lesbiana y les interesaba saber lo que me gustaba en la cama. Tenías la sensación de que te estaban examinando. Cuando dije que era sexualmente dominante dijeron que podía ser hombre porque ésa era una típica conducta masculina“, relata.

En España, aunque se ha eliminado el requisito del tratamiento quirúrgico, todavía se exige tratamiento médico e informe psiquiátrico para obtener el reconocimiento legal de género. AI ha pedido que se elimine cualquier requisito médico y psiquiátrico, siguiendo el ejemplo reciente de Dinamarca.

Fuente Amnistía Internacional

General, Homofobia/ Transfobia. Amnistía Internacional, Centro de Derechos Humanos Lambda, Crímenes de Odio, Esteban Beltrán, Homosexualidad, Ihar Tsijaniuk, LGBTI

Ha habido 235 incidentes motivados por la orientación sexual en lo que va de año

Muchas veces escuchamos que los homosexuales ya no sufren ningún tipo de discriminación en España. Que no son necesarias tantas reivindicaciones a favor de sus derechos. Que la orientación o identidad sexual no es un asunto que deba preocupar ni a la opinión pública ni a las autoridades. Muchas veces hemos escuchado estos argumentos para criticar la s manifestaciones por la igualdad del colectivo LGBT.Parece como si su sufrimiento no fuera equiparable al de otros colectivos de la sociedad. Pero, como demuestran los delitos de odio registrados en 2013 y 2014, la realidad es otra.

En los primeros seis meses de 2014, la homofobia, la bifobia y la transfobia han seguido constituyendo la principal causa de delitos de odio en España. Lo ha desvelado la cadena SER, que ha tenido acceso a los correspondientes informes policiales. Sin contar todavía con los datos de Cataluña y País Vasco, los delitos denunciados por razón de orientación sexual o identidad de genero en ese periodo ascendieron a 235 (el 42,7 % del total). Los colectivos LGTB piden medidas contundentes para atajar esta terrible realidad.

Según dos informes policiales a los que ha tenido acceso la cadena SER y durante estos seis primeros meses del año ya ha habido en nuestro país 235 incidentes motivados por la orientación sexual. Andalucía es la comunidad donde más se dan estos delitos de identidad sexual: exactamente de enero a junio ha habido 93. Le sigue la comunidad de Baleares con 24 ataques y después Galicia con otros 22.

El segundo grupo más vulnerable son los discapacitados. Durante estos seis primeros meses el año ha habido 124 ataques contra ellos y de nuevo Andalucía se sitúa a la cabeza con 30 incidentes seguido de la Comunidad Valenciana con 27 y de Madrid con 25.

Estos datos se refieren a los seis primeros meses de este año e incluyen los delitos contabilizados por el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra y Policía Local. Faltan los balances de la Policía Autonómica Vasca y de los Mossos D’ Escuadra que los presentarán a final de año.

La tendencia de estos datos es similar a la que se presentó el año pasado en el primer balancea que hizo Interior. Durante el año 2013 el número de delitos de odio acontecidos en España ascendió a 1.172. La discriminación por orientación o identidad sexual tuvo el año pasado los datos más altos. En segundo lugar aparecen los actos racistas y xenófobos ocurridos principalmente en espectáculos deportivos y en tercer lugar los ataques a discapacitados. La orientación sexual y la identidad de género tuvo el año pasado 452 casos identificados en nuestro país, el origen étnico o racial 381, la discapacidad 290, la religión y las creencias 42, la situación de pobreza y exclusión social 4 y el antisemitismo 3.

Las cifras de los primeros seis meses de 2014 coinciden en cualquier caso con las que se conocieron hace pocas semanas sobre 2013, año en que por primera vez el Ministerio del Interior hizo recuento de las denuncias por delitos de odio. De los 1.172 delitos denunciados el año pasado, 452 se debieron también a LGTBfobia (38,6 %) por delante del origen étnico o racial (el 32,5 %) y la discapacidad (el 24,7 %). En 2013 fueron las tres comunidades más pobladas (Andalucía, Cataluña y Madrid) las que acumularon un mayor número de casos.

Las cifras reales son con total seguridad mayores, si se tiene en cuenta que según los expertos la mayoría de las víctimas de este tipo de crímenes no los denuncian (entre el 60 y el 90 %, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), bien por vergüenza, porque piensan que no va a servir de nada, o por las dos cosas.

Datos terribles tras los cuales los colectivos LGTB insisten otra vez en que se tomen medidas. Para el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, “resulta acuciante la necesidad de intervención por parte de los poderes públicos. Los avances legislativos y sociales en nuestro país son innegables, pero la homofobia crece al hacerlo nuestra visibilidad, y los datos son claros, incuestionables. El gobierno tiene la obligación de asumir la homofobia y la transfobia como una realidad demostrable en nuestro país, y debe actuar contra ella, de manera inmediata además”.

Nuñez reclama medidas legislativas “en la línea que marcan la avanzada ley contra la homofobia y la transfobia en Cataluña o el proyecto de ley que en otoño entra en la Asamblea de Extremadura. Y este avance legislativo debe ir mucho mas allá de la mera condena a estas actitudes y conductas, debe penalizar la discriminación contra gais, lesbianas, bisexuales y transexuales. La homofobia debe ser mucho mas que un agravante que es tan solo como se considera hoy en nuestro ordenamiento jurídico. Hay que penalizarla, sin excusas”. El presidente de Triángulo, al mencionar la ley catalana, se refiere en realidad a una proposición de ley que todavía no ha podido ser aprobada por el Parlamento de Cataluña debido a las maniobras del PP, que se opone a ella por incluir un capítulo sancionador contra las conductas discriminatorias.

También la confederación COLEGAS se ha manifestado al respecto. Esta organización se congratula de que comiencen a contabilizarse en España este tipo de delitos, aunque advierte que las denuncias conocidas son solo la punta de un iceberg. COLEGAS también denuncia “la poca o nula formación por parte de las fuerzas de seguridad para tratar este tipo de delitos. Aparte de la tipología del delito (hurto, agresión, violencia, insultos…) desconocen y no señalan la otra variable del delito, que es la causa o motivación del mismo, y que muchas veces es el odio y la intolerancia. Por ello desde COLEGAS pedimos que las fuerzas de seguridad del estado se formen en atender de forma correcta a las víctimas de delitos de odio y registrar correctamente en las denuncias e informes”.

“La falta de una ley que castigue la discriminación motivada por el odio (…) está logrando que muchos delitos de odio queden impunes o cuando no son castigados levemente. Es necesario una urgente Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que regule este tipo de delitos en nuestro país, ante la ambigüedad y el vacío legal existente en este momento”, ha añadido el presidente de COLEGAS, Paco Ramírez.

Fuente CADENA SER

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