Jhony Menco

Esta semana (la última de julio), la lista de víctimas LGBT+ en la costa caribe de Colombia siguió en aumento con la muerte de una migrante trans venezolana de 29 años y la de un varón gay hipoacúsico asesinado a tiros.

Por Pompilio Peña Montoya – Hacemos Memoria*

La luz en el interior de una vivienda llamó la atención de un vigilante barrial en Soledad, en la costa Caribe de Colombia, en el departamento del Atlántico. Faltaban dos horas para el amanecer del miércoles 22 de julio y las calles estaban desiertas. A través de la ventana, el hombre pasó su mirada por las paredes hasta que sus ojos, de golpe, chocaron con el cuerpo sin vida de Gabriela, una mujer trans, migrante venezolana de 29 años. Todavía no está del todo claro qué ocurrió y existen versiones cruzadas. Algunxs creen que había decidido quitarse la vida utilizando una sábana para ahorcarse. Otros desconfían, se preguntan si no fue inducida a hacerlo y exigen investigación judicial en una zona que documenta discriminación y violencias hacia las personas LGBTI+.

Gaby, como le decían sus amigos, era estilista de profesión. Sus vecinos la describen como una persona reservada y de trato amable. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo –corporación que vela por los Derechos Humanos de la comunidad de Lesbianas Gays Bisexuales Transexuales e Intersexuales (LGBTI)– no cree que se trate de un simple suicidio. Por eso pidió a las autoridades judiciales indagar qué ocurrió detrás de este caso, ya que cabe la posibilidad de que haya sido inducida a quitarse la vida o que se trate de un homicidio.

Lo que se conoce de los hechos previos a la muerte de Gabriela, según Castañeda, es que ella habría discutido con un hombre que la visitó en su casa. Y que, al parecer, también la habría amenazado.

Días antes de la muerte de Gabriela, en otro lugar de la costa caribe, Jhony Menco Galvis, un varón gay, fue asesinado por sicarios. Ingresaron a su vivienda, ubicada en el municipio vecino  de Magangué, en el departamento de Bolívar, y le dispararon en tres oportunidades según informó la policía. El crimen ocurrió el pasado 18 de julio a las 11:00 de la noche cuando Jhony compartía con algunos vecinos, pese al toque de queda decretado por las autoridades para prevenir el contagio del coronavirus.

Edwin Castañeda, amigo de la víctima, manifestó a Hacemos Memoria que Jhony, sordomudo de nacimiento, era muy querido en la comunidad. Participaba de las actividades barriales, prestaba servicios de limpieza en viviendas y era solicitado en fiestas para ser ayudante de cocina.

“Él tenía poco más de 40 años y nunca le conocimos amenazas. Era muy alegre y activo. Vivía con su madre muy humildemente en el barrio Santa Rita, conocido en Magangué como uno de los más peligrosos. Lo que nos dijeron sus amigos es que el atentado no iba en contra de él, lo que quiere decir que los sicarios se habrían equivocado de persona”, afirmó Edwin Castañeda, líder LGBTI.

Como en el caso de Gaby, al cierre de este artículo, el homicidio de Jhony representa otro crimen sin esclarecer, del cual no se tenían capturas ni sospechosos. De hecho, según Wilson Castañeda, la impunidad sobre los asesinatos de miembros LGBTI ronda el 80 por ciento.

Crímenes en aumento

Este año han aumentado los asesinatos de miembros de la  población LGBTI en el Caribe colombiano, especialmente entre la región de Urabá, en el departamento de Antioquia, y el departamento de La Guajira. Según datos del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, entre el primero de enero y el 23 de julio de 2020 han sido asesinados en esta región 19 personas LGBT+. La cifra supera en dos casos al total de víctimas reportadas en 2019 cuando la organización registró 17 asesinatos.

“De los 19 asesinatos registrados en 2020, 13 ocurrieron en el marco del aislamiento social decretado por el Gobierno para combatir la pandemia de la COVID-19. Y diez de ellos se cometieron en el domicilio de las víctimas”, afirmó Castañeda.

El defensor de la población LGBTI, añadió que aunque “históricamente este tipo de violencia homicida ha afectado mayoritariamente a los hombres gay y a las mujeres trans, este año, en la región Caribe, hemos tenido un incremento de la violencia en contra de mujeres lesbianas, algo antes nada común”.

Los municipios con el mayor número de casos, según Castañeda, son Barranquilla con siete asesinatos y Valledupar con cuatro.

*Este artículo fue escrito en el marco de una alianza informativa para la Red de Periodismo y Memoria, entre Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Agencia Presentes.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Caribe Afirmativo, Colombia, Costa Caribe, COVID-19, Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, Jhony Menco Galvis

La zona más crítica es la Costa Caribe. / Andrés Torres

Organizaciones armadas ilegales en distintas regiones del país amenazan y desplazan a líderes de esa comunidad. Sectores del gobierno y las ONG trabajan para visibilizar los casos y atacar la discriminación.

“Teniendo presente la difícil situación de conflicto armado interno por la que pasa el país, en la cual hay presencia de distintas fuerzas al margen de la ley, los sectores sociales LGBTI se han convertido en objeto de señalamientos, amenazas, homicidios y desplazamiento forzado”. Así lo revela un reciente informe elaborado por el Ministerio del Interior, en el que se evidencia la preocupante situación de seguridad que vive esta población en departamentos como Sucre, Bolívar, Cesar, Chocó, Santander y Atlántico, donde hacen presencia las Farc y las bandas criminales.

Según el ministerio, la violencia que ejercen esas estructuras criminales contra personas LGBTI se ha agravado en los últimos años, debido a los esfuerzos que ha hecho esa población por exigir la garantía de sus derechos fundamentales. En algunas zonas del país estas circunstancias los han convertido en objeto de panfletos amenazantes, en los que se les conmina a desplazarse de sus lugares de residencia so pena de ser asesinados. Aunque las amenazas se han presentado en ciudades como Bogotá y Barrancabermeja, la zona más golpeada por este fenómeno es la Costa Caribe, donde se han recibido 19 panfletos desde 2012 firmados por los Rastrojos, los Urabeños y las Autodefensas de la Sierra Nevada del Magdalena.

Justamente, el pasado 9 de julio los Comandos Urbanos de los Rastrojos le enviaron un panfleto a varios defensores de derechos humanos del departamento del Atlántico, en el que los declararon “objetivo militar”. Entre ellos se encuentra Edwin Nemes, integrante de Caribe Afirmativo, una organización que defiende los derechos de la población LGBTI. En el documento se lee que esas personas serían asesinadas por “no apoyar la avanzada de la seguridad democrática y por defender los derechos humanos de los campesinos, desplazados, maricas, lesbianas y mujeres violadas por las extintas Auc”. En otro panfleto sin fecha, recibido este año, la misma organización armada ilegal amenazó con “dar muerte” a “lesbianas y homosexuales que degradan la moral y dan mal ejemplo a los niños”.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, señala que además de las amenazas “hay mucha presión por parte de las Farc y de grupos paramilitares en los Montes de María, en el Golfo de Morrosquillo y en La Guajira. En Cartagena y Barranquilla las bandas criminales amenazan, prohíben el uso del espacio público y utilizan a las personas LGBTI en el marco de la guerra por el tráfico de drogas”, lo cual ha generado desplazamientos forzados y temor en la región. Además, “se han presentado seis muertes violentas en lo corrido de este año en el Caribe, casos de abuso policial y agresiones de particulares en Barranquilla, en zona bananera del Magdalena y en Montería”.

El informe del Ministerio también reporta casos de discriminación en los que personas LGBTI fueron expulsadas de centros comerciales, retiradas de parques, iglesias, plazas y zonas de prostitución, y otros en las que fueron objeto de “burlas y expresiones agresivas” en escenarios de participación política. Respecto a los homicidios, “el mayor número se presenta contra mujeres trans, que son abordadas en la calle o en sus sitios de trabajo, como peluquerías o salones de belleza”. Igualmente, se han presentado casos de tortura ejercidos “a través de violaciones a mujeres lesbianas por parte de victimarios presuntamente pertenecientes a grupos paramilitares”.

La sistematicidad de la violencia contra esa población ha hecho que la Fiscalía incorpore un enfoque diferencial en sus investigaciones, lo cual permitió la priorización de los homicidios de mujeres trans en Sincelejo y Maicao. Sin embargo, los niveles de impunidad son alarmantes, teniendo en cuenta que de los 202 hechos que conoce el ente acusador, tan sólo siete se encuentran en etapa de juicio y ocho han recibido sentencia condenatoria. Al respecto, Wilson Castañeda opina que “esto es muy contraproducente, porque se manda un mensaje a la sociedad civil de que no son relevantes las violencias contra la población LGBTI y un mensaje de tranquilidad a los victimarios, de que no les va a pasar nada si afectan a esa población”.

A ello se suman las dificultades de las entidades estatales para atender de manera diferenciada los casos en que se ven involucradas personas de esa comunidad. Según Natalia Sorzano, coordinadora del Grupo de Minorías del Ministerio del Interior, “no ha habido el primer caso que tenga un agravante punitivo en el que se diga ‘esto fue por odio’. Se viene trabajando con la Fiscalía en identificar si por el hecho de que la víctima sea una persona LGBTI el presunto victimario debe demostrar que el crimen no fue por homofobia, con el fin de que no se le genere un agravante punitivo. Estas particularidades deben incidir en los protocolos de investigación; son vacíos que existen en la institucionalidad, en las leyes y en toda la construcción jurídica del país”.

Según el informe, otra de las preocupaciones son las denuncias sobre “abuso de autoridad, fuerza desmedida, burlas y agresiones” por parte de la Policía contra mujeres trans y hombres gais. Al respecto, el teniente coronel Alexánder Collazos, coordinador del área de Derechos Humanos de la institución, asegura que “se siguen implementando acciones de prevención en el interior de la Policía y diagnósticos regionales para proteger a esta población”. Se espera que el 21 de diciembre el Ministerio del Interior presente un proyecto de política pública nacional que dé respuesta a las necesidades en materia de salud, educación, trabajo y derechos humanos de la población LGBTI, duramente victimizada y excluida.

Via EL ESPECTADOR

mflorez@elespectador.com

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