Las Cortes Valencianas han aprobado este miércoles, con el apoyo de todas las formaciones políticas allí representadas salvo el Partido Popular, la ley valenciana de igualdad LGTBI. La Comunidad Valenciana, que ya en 2017 aprobó una ley integral de transexualidad, se suma así al grupo de comunidades que en el ámbito legislativo autonómico protegen a las personas LGTBI contra la discriminación y promueven políticas de igualdad. 

La ley incluye medidas en los ámbitos social, sanitario, educativo, cultural y familiar. Como elementos especialmente destacados, recoge de forma explícita la prohibición de las «terapias» de conversión y la creación de un Consejo Valenciano LGTBI como órgano consultivo y de participación ciudadana, así como de un Espacio de la Memoria LGTBI, un servicio cuyo objetivo sera promover y favorecer el conocimiento, estudio e investigación sobre la historia del colectivo LGTBI.

El texto también recoge medidas de atención a las víctimas de violencia por LGTBIfobia, el desarrollo de un servicio público de información, orientación y asesoramiento a personas LGTBI y sus familias y de un servicio de acogimiento residencial para personas LGTBI en situación de especial vulnerabilidad o exclusión. También recoge en su articulado medidas contra la violencia familiar, así como de atención y ayuda a víctimas de la violencia en parejas formadas por personas del mismo sexo.

La ley incluye un capítulo sancionador, con multas que van desde los 200 hasta los 45.000 euros, en función de la gravedad de las infracciones. Otras posibles sanciones son la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Generalitat Valenciana, así como de contratar con esta, sus organismos autónomos o entes públicos por un período que puede ir desde el año hasta los tres años. También la inhabilitación temporal, por un periodo de hasta tres años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos.

En definitiva, una magnífica ley que sigue la estela de otras ya aprobadas en comunidades como Andalucía, País Vasco, Baleares, Cataluña, Extremadura, la Comunidad de Madrid, Murcia , Canarias, Aragón o Navarra. Leyes frente a las que el PP ha mantenido todas las posiciones posibles: las ha apoyado, por ejemplo, en Andalucía o Madrid, mientras que se ha opuesto en Cataluña (con una especial fiereza) o Navarra. En el caso valenciano ha decidido abstenerse, frente al voto positivo de PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos. De hecho, la única ley de este tipo aprobada en una comunidad gobernada con mayoría absoluta de los populares fue de Galicia, precisamente la más pobre de todas al haberse negado el PP gallego a incluir el capítulo sancionador que sí contempla el resto de leyes y que la oposición gallega planteó en su momento.

En cualquier caso, que la abstención de los populares valencianos supone un avance respecto a lo sucedido el año pasado con la ley integral de transexualidad, a la que se opusieron. El Partido Popular valenciano, pese a ser la fuerza con más parlamentarios, perdió la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2015, arrastrado por una gestión que convirtió la la Comunidad Valenciana en el estandarte de la corrupción y el saqueo de las arcas públicas. De hecho, solo unos pocos meses antes el grupo popular en las Cortes Valencianas había rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada entonces por el grupo socialista.

Esperemos que ahora la ley, recibida con satisfacción por los colectivos LGTB valencianos, se acompañe del necesario desarrollo reglamentario, y que su implementación sea efectiva y no quede únicamente, como a veces da la sensación que esta sucediendo en algunas de las comunidades en las que se han aprobado leyes similares, en una hermosa declaración de intenciones.

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Una pareja de hombres ha denunciado una agresión homófoba ocurrida en una piscina de una urbanización en Santa Pola (Alicante). Los dos se encontraban disfrutando de su tiempo de ocio en actitud cariñosa, como cualquier otra pareja, cuando un vecino les llamó «maricones de mierda», les forzó a salir de la piscina y agredió salvajemente a uno de ellos. El pasado viernes varias decenas de personas protestaron por lo sucedido organizando una besada frente al castillo de la localidad.

Según relata el diario Información, la agresión tuvo lugar el jueves, 12 de julio, al filo de la medianoche. Fran, de 44 años, se encontraba con su novio haciendo uso de la piscina de la urbanización en la que reside desde hace dos años. No eran los únicos: un grupo de adolescentes disfrutaban también de la instalación en ese momento. Como cualquier otra pareja en su situación, Fran y su novio se encontraban en actitud cariñosa, dándose besos. Algo que al parecer irritó al agresor, un vecino que apareció, les gritó «maricones de mierda» y los forzó a salir de la piscina, amenazándolos con arrojarles una piedra. Ya fuera de la piscina el individuo golpeó a Fran en la boca con la piedra, además de darle varias patadas, según la denuncia que interpuso ante la Guardia Civil esa misma madrugada tras ser atendido en el consultorio médico de Santa Pola. Según el parte de lesiones presentaba heridas en el labio, rotura de un incisivo, lesiones en el hombro y dolor en el tobillo. La víctima refiere además sentir miedo de salir de casa después de lo sucedido.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, que está acompañando a la víctima en el proceso. Desde el Observatorio dan la voz la alarma, al considerar que este tipo de agresiones sigue ocurriendo, entre otras razones, debido a la sensación de impunidad de los agresores, ya que «en el ámbito de la tramitación judicial es complicado que un juez encuentre el agravante de homofobia, no son sensibles a la realidad y queremos que se agraven las penas», en palabras de Toño Abad, director del Observatorio. Confiemos en que este no sea caso, y por el contrario la justicia actúe de forma similar a como hizo recientemente en Denia, también en la provincia de Alicante, donde un individuo de 42 años, vecino de una pareja gay, fue condenado a ocho meses de cárcel y a cumplir una orden de alejamiento de la pareja tras insultarles y amenazarles.

Besada de protesta

Lo sucedido a Fran ha encendido las alarmas en Santa Pola, cuyo concejal de Igualdad y Diversidad, Samuel Ortiz, ha expresado su más absoluto rechazo y se ha mostrado además preocupado por el hecho de que esta no sea la primera agresión homófoba que llega a conocimiento del Ayuntamiento, y ello a pesar de las iniciativas en favor de la diversidad que el Ayuntamiento ha desarrollado. «Quizás los ataques de odio de ciertas personas sean una especie de respuesta a esta visibilidad, y es que las raíces heteropatriarcales todavía están muy arraigadas, y ante eso solo nos queda visibilizar las medidas en favor de la diversidad», ha declarado a eldiario.es. En concreto, el concejal menciona una agresión que sufrió otra pareja gay en la zona de Playa Lisa, que se suma a otra agresión que sufrió un miembro del colectivo juvenil Chronos Teatre cuando el pasado 30 de junio participaba en una performance en la calle con motivo del Orgullo LGTBI. Y hace varios meses fue el bar Eccolo, un local regentado por una pareja de chicas y frecuentado por clientela LGTB, el que fue objeto de un ataque a su fachada. 

De ahí que Chronos Teatre, la plataforma feminista Voces de Santa Pola y el propio bar Eccolo convocasen el pasado viernes una concentración ante la fachada principal del castillo-fortaleza de Santa Pola, en el centro de la localidad, a la que acudieron varias decenas de personas. 

Comunidad Valenciana: 79 incidentes de odio por LGTBfobia recogidos en 2017

El pasado mes de abril, el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia publicaba su primer informe sobre delitos e incidentes de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género de la Comunidad Valenciana, referido al año 2017. Según recogía el documento, elaborado a partir de las denuncias y consultas recibidas por parte del colectivo Diversitat y de varias entidades colaboradoras, en el territorio valenciano se contabilizaron durante el año pasado 79 delitos e incidentes motivados en el odio y la discriminación.

La mayor parte de los incidentes (21, un 39,3%) correspondieron a agresiones verbales, seguidos de amenazas (18) y agresiones físicas (15). 11 fueron catalogadas como discurso de odio, 8 como episodios de discriminación laboral y otros 8 como episodios de violencia en la escuela.

Por lo que se refiere a la tipología de las víctimas, el mayor número de incidentes (32, un 40,5%) se produjeron contra hombres gais. 21 fueron contra mujeres lesbianas, 11 contra personas trans, 7 contra hombres bisexuales, 4 contra mujeres bisexuales, 3 contra personas intersexuales y 1 contra una persona heterosexual. Por provincias, fue precisamente la de Alicante en la que el Observatorio recogió un mayor número de incidencias (42), seguida de Valencia (29) y Castellón (8).

El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, recordemos, nació impulsado por el colectivo alicantino Diversitat y es el tercero, tras los de Madrid y Cataluña, en publicar completos informes con los datos que han podido recabar sobre la situación en sus respectivas comunidades, y que van más allá de lo que lo hacen los datos oficiales del Ministerio del Interior.

Diversitat y el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, ante las Cortes Valencianas

Precisamente este lunes comparecía ante la Comisión de Igualdad de Género y LGTBI de las Cortes Valencianas Toño Abad, directos del Observatorio y presidente de Diversitat, para mostrar los datos de su primer informe anual y reclamar la aprobación de una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTB en la Comunidad Valenciana, que en estos momentos discute el parlamento regional. «La discriminación, el odio y la violencia conforman un continuo que nos acompañan a lo largo de todas nuestras vidas, desde las escuelas hasta las residencias de mayores, en todos los ámbitos: la educación, la sanidad, el trabajo, la familia, los círculos sociales. Llamamos a esta discriminación continua LGTBIfobia básica de fondo, que no es más que un continuo discriminatorio que nos lanza el mensaje de que somos peores personas por ser LGTBI», ha expresado Abad ante los miembros de la Comisión.

«La diversidad se penaliza, y este es un hecho que hay que reconocer para avanzar y ser mejores como sociedad, y es una obligación ética visibilizar esta situación para poder combatirla, independientemente de nuestra ideología, por eso invito al Partido Popular a votar a favor», ha añadido Abad, que ha propuesto incorporar a la futura ley una serie de medidas como consecuencia del análisis comparativo de otras normas, como el deber de intervención de la administración pública autonómica en la detección y erradicación de la violencia o la incorporación de planes de atención a la diversidad en la administración pública valenciana, incluyendo a los Ayuntamientos. Por su parte, Visitación González, responsable de Educación de Diversitat y coordinadora del área de Educación de la FELGTB, que también intervino ante la Comisión, resaltó la importancia que tiene para los docentes una ley que respalde el trabajo en la atención a la diversidad en las aulas.

Tas numerosas alusiones  de la diputada popular Blanca Garrigues a que la ley nacía como una mera declaración de intenciones, innecesaria por existir una ley de mayor rango como la Constitución, Toño Abad contestó que «los cambios sociales, las mejoras como sociedad y como democracia nacen también de las declaraciones de intenciones, de las buenas declaraciones de intenciones». La diputada, en su turno de preguntas, insistió en que las leyes vigentes actualmente ya consagran la igualdad. «La igualdad hay que crearla, no somos todos iguales cuando no recibimos el mismo trato, no conozco a ninguna persona heterosexual que haya sido dicriminada por su orientación sexual o su identidad de género ni tampoco que le hayan puesto las maletas en la puerta sus padres por ser quien es», le respondió Abad, que también se refirió a las acusaciones de «adoctrinamiento» por parte de los sectores más reaccionarios de la sociedad valenciana. «Nadie puede adoctrinar en las aulas para modificar la orientación sexual o la identidad de género en las personas, dado que si esto fuera posible todos seríamos heterosexuales, ya que estamos socializados y educados en la discriminación y la visión negativa de la realidad LGTBI. Si esto fuera posible, no habría ni lesbianas, ni gais, ni bisexuales ni personas trans», explicó Abad.

Fuente Dosmanzanas

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El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado este martes el protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad en los centros educativos, desarrollado por la Consejería valenciana de Educación. El protocolo, que se activará en los centros educativos públicos, y al que se podrán acoger todos los demás centros que lo deseen, se adelanta a la próxima aprobación de la ley integral de transexualidad valenciana, en tramitación parlamentaria.

La finalidad del protocolo, según asegura la propia Consejería valenciana de Educación, es “favorecer la inclusión educativa, asumir la igualdad y la diversidad como valores capitales e irrenunciables, de manera que todas las personas que conformen la comunidad educativa respeten y hagan respetar los derechos humanos. Por eso, será imprescindible facilitar la construcción de su identidad y la participación activa en la vida del centro, de manera que sienta la pertenencia real al grupo de iguales, en el centro y el entorno”. El protocolo facilitará a los equipos directivos y los orientadores de los centros tratar la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad en los centros educativos como opciones sociales normalizadas y ayudará a prevenir casos de acoso.

Desde el punto de vista estrictamente organizativo, los centros adecuarán la documentación administrativa al nombre y al género con los que se sienta identificado el alumno, que será también el nombre y el género por el que el personal del centro se dirigirá a este. Mientras el alumno sea menor de edad o no esté emancipado, la petición deberá realizarla quien ejerza su tutoría legal. La documentación oficial, sin embargo, no podrá modificarse hasta que no se realice el cambio de nombre en el Registro Civil. Un proceso que a día de hoy continúa regulado por la legislación estatal. En cuanto al uso de las instalaciones del centro, incluyendo lavabos y vestuarios, estas serán utilizadas según la identidad de genero manifestada.

El coordinador de igualdad y convivencia de centro será la persona encargada de supervisar todas estas actuaciones, en colaboración con el equipo directivo, el equipo orientador y el tutor, especialmente durante el proceso de transición de género que efectúe una persona durante su estancia en el centro educativo.

Son solo algunas de las medidas previstas en el protocolo, que puedes descargar en su integridad aquí. Los centros educativos públicos de la Comunidad Valenciana intentarán de esta forma garantizar a sus alumnos trans un clima de seguridad, de manera que su actividad se desarrolle en espacios libres de acoso, agresión o discriminación por cualquier motivo.

Valencia se pone al día

La puesta en marcha de este protocolo para centros públicos aún debe completarse con la aprobación por las Cortes Valencianas de su ley integral de transexualidad, presentada en sociedad el pasado septiembre y aún en tramitación, y cuyo anteproyecto fue consensuado con los principales colectivos trans y LGTB valencianos.

La Comunidad Valenciana, recordamos, está gobernada en este momento por una coalición entre el PSOE valenciano y Compromís, que cuenta además con el sostén parlamentario de Podemos. El Partido Popular valenciano, pese a ser la fuerza con más parlamentarios, perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, arrastrado por la corrupción galopante y el saqueo de las arcas regionales. Pocos meses antes, el grupo popular en las Cortes Valencianas había rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada entonces por el grupo socialista.

Eso sí, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la ya obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Fuente Dosmanzanas

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La Comunidad Valenciana dispondrá en breve de una ley integral de transexualidad. Este miércoles ha sido presentado en sociedad el anteproyecto, consensuado con los principales colectivos trans y LGTB valencianos, y que si todo marcha según lo previsto será ley en pocas semanas, tras su aprobación por el pleno de las Cortes Valencianas. La nueva ley consagra el principio de autodeterminación del género, sin necesidad de prueba psicológica o médica alguna, en todo el ámbito normativo y competencial valenciano. 

El texto plantea la posibilidad de que la Generalitat Valenciana conceda a las personas trans documentación administrativa adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas y reconoce el derecho de los menores trans al acceso a los tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y al tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad, para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad.

El servicio sanitario público de la Comunidad Valenciana, de hecho, ofertará a las personas trans una completa cartera de servicios que incluya la terapia sexológica, farmacológica y hormonal en el proceso de tránsito hacia el género sentido, así como apoyo psicológico durante las fases de hormonación y cirugías. Quedarán incluidos por ley los tratamientos quirúrgicos de cirugía de exéresis de mama y genitales, la cirugía reconstructiva de genitales y otros tratamientos médicos y quirúrgicos requeridos para la modificación corporal, que aseguren su congruencia con la identidad de género de las personas.

En el terreno educativo, el anteproyecto prevé que los centros escolares de la Comunidad Valenciana deberán garantizar que la documentación administrativa de exposición pública (como las listas de clase o la información publicada en los tablones de anuncios) recojan la identidad de género escogida, siempre que los menores cuenten con el consentimiento de sus tutores legales. El protocolo establece, además, que se respetará la imagen física, así como la libre elección de la indumentaria, el acceso y el uso de las instalaciones del centro de acuerdo con la identidad de género sentida (incluyendo aseos y vestuarios) y que la comunidad educativa del centro se dirija a las personas trans por el nombre que hayan elegido.

En el terreno laboral, el colectivo trans pasará a estar formalmente reconocido entre aquellos que tienen mayor dificultad para acceder a un empleo por lo que en materia de formación, orientación e inserción laboral se trata. Las personas trans también verán reconocida su circunstancia específica en el ámbito social: la Generalitat elaborará un programa marco de actuación para su inclusión a través de los servicios sociales, que además velarán por su protección en el caso de los menores de edad. El anteproyecto de ley también hace referencia a la protección especial en el caso de personas trans jóvenes, mayores, dependientes o con diversidad funcional e incluye medidas en el ámbito del ocio, la cultura, el deporte, la cooperación, la comunicación y la seguridad y emergencias. Por último, el anteproyecto dispone de un título sobre la tutela administrativa, con el objetivo de proteger a las personas trans frente a cualquier violación de su derecho a la igualdad, para lo que se establece una serie de infracciones y sanciones por la realización de acciones u omisiones contrarias a los derechos recogidos en el texto.

Mònica Oltra: “un cambio estructural en la sociedad”,

El anteproyecto ha sido elaborado por el equipo de la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, cuya titular es Mònica Oltra. En su presentación, Oltra ha asegurado que esta ley “va a representar un cambio estructural en la sociedad”. “Leyes como la que presentamos, representan un cambio social de profundidad, que atiende una demanda social ampliamente reclamada”, ha afirmado, añadiendo que el nuevo marco normativo abre un camino de cambio “que habla de derechos y de libertades, y seguro que a quien moleste no lo ha entendido, o vive o quiere vivir, en otra época”.

La Comunidad Valenciana, recordamos, está gobernada en este momento por una coalición entre el PSOE valenciano y Compromís, que cuenta además con el sostén parlamentario de Podemos. El Partido Popular valenciano, pese a ser la fuerza con más parlamentarios, perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, arrastrado por la corrupción galopante y el saqueo de las arcas públicas. Pocos meses antes, el grupo popular en las Cortes Valencianas había rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada entonces por el grupo socialista.

Insertamos a continuación unas imágenes del acto, en el que además de Oltra estaban presentes, entre otras personalidades, la consejera socialista de Sanidad, Carmen Montón, el consejero de Economía Sostenible, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, o el diputado en las Cortes Valencianas y activista LGTB Fran Ferri. José de Lamo, actual director general de Igualdad en la Diversidad de la Generalitat y también activista LGTB (fue coordinador del colectivo Lambda) estaba también presentes, y d ehecho fue uno de los intervinientes. Y junto a ellos, numerosos representantes del colectivo trans valenciano:

Y seguimos a la espera de una ley estatal…

La próxima aprobación de la ley valenciana es sin duda una magnífica noticia, como en su momento lo fueron la pionera ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria, la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades) o la madrileña.

Queda pendiente, sin embargo, la aprobación de una más que necesaria legislación estatal, que actualice la norma que regula la modificación registral del sexo aprobada en 2007. Una ley que entonces significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es un texto desfasado que no incorpora el principio de despatologización de la transexualidad ni contempla la situación de los menores (el propio Tribunal Supremo ha cuestionado su constitucionalidad por ese motivo). Una nueva norma que debería incluir además medidas efectivas contra la discriminación de las personas trans en el marco jurídico estatal.

Fuente Dosmanzanas

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Los votos de PSPV (PSOE), Compromís y EU no han sido suficientes para sacar adelante una ley que pretendía dotar de un marco legal de protección y no discriminación a las personas LGTB de la región.

El grupo popular en las Cortes Valencianas ha rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada en julio por el grupo parlamentario socialista. Y ello a pesar de que en un primer momento el gobierno valenciano mostró su predisposición favorable a discutirla. La aprobación de una norma así, que contaba con el apoyo del resto de la oposición, tendrá que esperar a después de las próximas elecciones autonómicas, donde las encuestas pronostican, esperemos, el fin de la mayoría absoluta del PP en la Comunidad Valenciana.

El pleno de Les Corts ha rechazado, con los votos del PP, una proposición de ley del grupo socialista para “desarrollar y garantizar” los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales y transexuales y evitar situaciones de discriminación y violencia. El PP ha justificado el rechazo a una iniciativa sobre la que el Consell emitió primero un criterio favorable que luego retiró, porque, afirman, algunos de los artículos que se incluyen invaden competencias que corresponden al Estado o crean “una situación de inseguridad jurídica”.

El 12 de septiembre, después de en julio que los socialistas presentaran la proposición de ley (que puedes descargar aquí), el gobierno valenciano llegó a hacer público su criterio favorable a su toma en consideración” porque los valores de igualdad, respeto y tolerancia que demuestra la sociedad valenciana la hacen mayoritariamente consciente de la necesidad de erradicar cualquier forma de discriminación por motivos de orientación sexual o de identidad de género que pueden afectar a diversos ámbitos sensibles de la vida de cualquier persona”.

Semanas más tarde, el gobierno valenciano daba sin embargo marcha atrás. El argumento esgrimido para ello fue que un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ponía de manifiesto “diversas objeciones e inconvenientes sobre algunos de los artículos incluidos en la proposición” y que la proposición invadía “la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral, vulnerando el orden constitucional de distribución de distribución de competencias”. Todo apunta, sin embargo, a que el cambio de opinión del gobierno valenciano se debió a la reacción del sector más ultraconservador del PP.

La tramitación de la proposición de ley presentada por los socialistas, siguiendo el modelo de la ya aprobada por el Parlamento catalán, contaba con el apoyo tanto de Compromís como de Esquerra Unida, las otras dos fuerzas presentes en las Cortes Valencianas. No ha sido suficiente, dada la cómoda mayoría absoluta de la que goza el PP en la cámara.

La propuesta socialista se divide en cuatro ejes fundamentales centrados en los ámbitos del trabajo, la educación, la sanidad y la política social, en los que se establecen derechos y se articulan los mecanismos que deben ponerse en marcha en la Comunitat “para garantizar estos derechos y que puedan ser efectivos“. Se propone desarrollar legislativamente derechos y obligaciones, declarar conductas que no son tolerables, y crear un servicio de atención integral para que todas las personas LGTBI que sufran alguna situación de discriminación encuentren en la Generalitat ayuda con personas especializadas y formadas para atenderlas.

El debate ha sido seguido desde la tribuna de invitados por miembros de varios colectivos de LGTBI de la Comunitat Valenciana, a quienes han saludado todos los diputados que han intervenido. La diputada del PP Carmen Amorós ha explicado que un informe estatal “pone manifiesto irregularidades en el texto legislativo” propuesto por el PSPV debido a “conflictos en la distribución de competencias”, especialmente en aquellos artículos que se refieren a regulación laboral. No obstante, ha asegurado estar totalmente de acuerdo con los principios que inspiran esta norma, y ha pedido su retirada para abrir un proceso de negociación que permita crear una ley “integral, firme, que no invada competencias de otros” y que se elabore de la forma “más participativa posible“.

Sarrión ha cogido la mano tendida de los populares pero les ha pedido que muestren “sensibilidad”, acepten la tramitación de la proposición de ley que presenta su grupo y se haga una comisión amplia en la que puedan mejorarse o limarse algunas de las cuestiones de esta iniciativa.

El diputado de Compromís Fran Ferri ha criticado la falta de sensibilidad de los populares con este colectivo, y ha destacado las agresiones que todavía sufren los LGTBI, y que hacen que todavía 7 de cada 10 no se atreva a ir de la mano con su pareja por la calle o a hablar de sus primeros amores con los amigos.

Esther López (EU) ha acusado al PP de usar “excusas de mal pagador” para no tramitar la ley, ha recordado que este partido presentó recursos de inconstitucionalidad contra el matrimonio homosexual y contra la ley del aborto, y ha lamentado que “el crucifijo” del expresidente de Les Corts Juan Cotino “siga ahí arriba aunque él no esté“.

Para Mar Ortega, coordinadora de Lambda-Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, “estamos ante un nuevo atentado contra nuestros derechos, algo a lo que por desgracia nos tiene acostumbrados el Gobierno Valenciano, que de nuevo ha preferido escuchar las voces más intolerantes dentro de la derecha política para decir que las personas LGTB no merecemos que se protejan nuestros derechos, nuestra salud, o integridad física”. A pesar del varapalo, Ortega aseguró que “desde Lambda seguiremos trabajando con las demás fuerzas políticas, e instamos al PP valenciano a unirse, para conseguir que en el futuro se apruebe dicha ley”.

El colectivo LGTB valenciano Lambda ha condenado la actitud del gobierno valenciano. En palabras de su coordinadora, Mar Ortega, “estamos ante un nuevo atentado contra nuestros derechos, algo a lo que por desgracia nos tiene acostumbrados el gobierno valenciano, que de nuevo ha preferido escuchar las voces más intolerantes dentro de la derecha política para decir que las personas LGTB no merecemos que se protejan nuestros derechos, nuestra salud, o integridad física”. A pesar del varapalo, Ortega asegura que desde Lambda seguirán trabajando para conseguir que en el futuro se apruebe una ley como esta. Algo que bien podría suceder después de las próximas elecciones autonómicas, donde todas las encuestas coinciden en que el PP perderá la mayoría absoluta con la que gobierna a su antojo esa comunidad desde 1999 (aunque ya desde 1995 gobernaba con el apoyo de Unió Valenciana, un partido derechista de ámbito regional que acabó fagocitado por el PP).

Fuente El País

Homofobia/ Transfobia. Carmen Amorós, Col·lectiu Lambda, Compromís, Cortes Valencianas, Discriminación, Esther López, EU, EUPV, Fran Ferri, Juan Cotino, LAMBDA, Les Corts, Mar Ortega, Pilar Sarrión, PP, PSPV, PSPV-PSOE, Unió Valenciana, Valencia

Un manual del Ciclo de Grado Medio afirma que los varones homosexuales “tienen mayor riesgo de adquirir” una ETS que los heterosexuales por su “promiscuidad”

Los varones homosexuales tienen mayor riesgo de adquirir una ETS que los heterosexuales, debido a la promiscuidad sexual y a otras prácticas que incrementan los riesgos individuales para el sida y la hepatitis”. Es lo que afirma un libro de texto cuyo contenido ha denunciado el activista LGTB y diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, Fran Ferri.

EFE/levante-emv.com El grupo Compromís en Les Corts ha denunciado la homofobia de un manual utilizado en el Ciclo de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería, donde se vincula homosexualidad con promiscuidad y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

General, Homofobia/ Transfobia. Ana María Fernández Espinosa, Compromís, Cortes Valencianas, Discriminación, Educación, Evangelina Pérez de la Plaza, Fran Ferri, ITS, Libros, MacGraw-Hill, McGraw-Hill, Técnicas Básicas de Enfermería, Valencia