Aunque ya lo habíamos anunciado ayer mismo, completamos la noticia con este post de Dosmanzanas:

Cumplido el plazo de 18 meses dado por la Corte Suprema, el matrimonio entre personas del mismo sexo ha entrado en vigor en Costa Rica este 26 de mayo. Dado que la Asamblea Legislativa no ha aprobado ninguna ley al respecto durante el plazo establecido, la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema toma efectos y Costa Rica se convierte definitivamente en el vigésimo noveno país del mundo en disfrutar del matrimonio igualitario, y en el primero en hacerlo en Centroamérica.

El 26 de noviembre de 2018 se publicó en el Boletín Judicial la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. La decisión había sido tomada el 8 de agosto, pero no fue efectiva hasta que se notificó oficialmente por medio de su publicación en el Boletín Judicial. En el dictamen, se daba un plazo de 18 meses para que la Asamblea Legislativa adecuase la legislación al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para permitir el matrimonio igualitario.

El inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia de Costa Rica prohibía expresamente que dos personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio. La sentencia de la Sala Constitucional, que fue emitida en respuesta a una de las acciones de inconstitucionalidad pendientes sobre la materia, reconoció explícitamente que dicha norma contradecía la histórica opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecha pública el 9 de enero de 2018 precisamente a requerimiento de Costa Rica

Pasado el plazo sin que la Asamblea Legislativa haya aprobado ninguna ley al respecto, el dictamen de la Corte Suprema entra en vigor y Costa Rica se convierte este 26 de mayo en el primer país de Centroamérica en el que las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio.

Costa Rica llevaba años discutiendo el posible reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, sin que fuera posible ni siquiera la aprobación de una ley de uniones civiles, debido a las múltiples maniobras de los opositores a la igualdad. Ni siquiera la llegada a la presidencia del anterior presidente, Luis Guillermo Solís, un político abiertamente pro-LGTB, permitió avanzar. Pero lo que sí hizo el Gobierno de Costa Rica fue elevar la cuestión a la Corte Interamericana, que en enero de 2018 emitió su histórica opinión. El que era todavía presidente aseguró entonces su disposición a acatarla íntegramente, si bien Solís estaba ya a punto de finalizar su mandato. El asunto del matrimonio igualitario, de hecho, ocupó un papel central en la campaña electoral de las últimas elecciones presidenciales y dio un importante empujón al candidato evangélico Fabricio Alvarado, que llegó a disputar la segunda vuelta frente al centroizquierdista Carlos Alvarado. Este último, sin embargo, acabó imponiéndose el pasado en abril de 2018 con más del 60 % de los votos, en lo que supuso un cierto alivio para el colectivo LGTB costarricense.

Dentro del plazo dado por la Corte Suprema para implementar legalmente el matrimonio igualitario, se presentaron algunos proyectos de ley de unión civil para parejas del mismo sexo por parte de los partidos opuestos a la igualdad LGTB. El Partido Unidad Social Cristiana, de tendencia liberal, presentó uno en julio de 2018, mientras que el Partido Republicano Social Cristiano lo hizo en septiembre de 2019. Ninguno de ellos consiguió la aprobación mayoritaria de la Asamblea Legislativa.

También ha habido intentos por parte los grupos contrarios a los derechos LGTB de modificar la Constitución para prohibir el matrimonio igualitario, o de ampliar el plazo dado por la Corte Supremo. En cuanto a la proposición de reforma constitucional, formulada el pasado mes de febrero, aún no se ha debatido en la Asamblea Legislativa, aunque tiene pocos visos de prosperar puesto que requiere de una mayoría de dos tercios de la que no disfruta el sector LGTBfobo. La moción de aplazamiento fue derrotada en el pleno del Parlamento del pasado 19 de mayo por 22 votos a favor y 33 en contra.

Finalmente, dado que el poder legislativo ha sido incapaz de aprobar el texto legal que le exigía la Corte Suprema, el matrimonio igualitario ha entrado en vigor mediante el dictamen judicial.

El matrimonio igualitario en América y en el mundo

Con la entrada en vigor del matrimonio igualitario en Costa Rica, los países del continente americano donde está permitido suman ya 9 (entre paréntesis, la entrada en vigor de la ley:

Canadá (2005), México (en vigor en algunos estados, reconocidos a nivel nacional desde 2010), Argentina (2010), Brasil (2013), Uruguay (2013), Estados Unidos (2015), Colombia (2016), Ecuador (2019) y Costa Rica (2020).

Existe una prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bolivia, la República Dominicana, Honduras, Jamaica y Paraguay. En Chile se aprobó una ley de uniones civiles que ampara a las parejas del mismo sexo. (Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño).

Actualmente, en todo el mundo son 29 los países donde existe el matrimonio igualitario (entre paréntesis, la entrada en vigor de la ley):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Canadá (2005), Sudáfrica (2006), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010), Dinamarca (2012), Nueva Zelanda (2013), Brasil (2013), Uruguay (2013), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, 2020 en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Estados Unidos (2015), Colombia (2016), Finlandia (2017), Alemania (2017), Malta (2017), Australia (2017), Austria (2019), Taiwán (2019), Ecuador (2019) y Costa Rica (2020). (Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño).

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno de Costa Rica ha aprobado un conjunto de medidas legislativas destinadas a favorecer los derechos de las personas LGTB, principalmente al reconocimiento de los derechos de las personas trans y migrantes, de la discriminación de las personas bisexuales y al acceso a distintas prestaciones para las parejas del mismo sexo. Costa Rica, además, se encuentra en un período de espera de 18 meses dado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para que se adecúe la legislación para permitir el matrimonio igualitario, que concluirá en mayo de 2020. Tras esa fecha, aunque no se haya dado cumplimiento al mandato, cualquier medida legal que impida el matrimonio entre personas del mismo sexo quedará automáticamente derogada.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunciaba el pasado día 21 de diciembre la aprobación de cuatro decretos y dos directrices cuyo objetivo era «garantizar a la población LGTBIQ igualdad de derechos, sin discriminación alguna».

Firmamos este viernes cuatro decretos y dos directrices para garantizar a la población LGTBIQ igualdad de derechos, sin discriminación alguna.

Estamos construyendo una Costa Rica más justa e igualitaria para todas las personas.

— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) 21 de diciembre de 2018

Según detallaba el presidente Alvarado, «los decretos reconocen identidad de género en DIMEX [el documento de identidad para extranjeros] para población trans, estatus migratorio a parejas binacionales, inclusión de la bifobia en el día de la homolesbotransfobia y la declaración de interés público del protocolo de hormonización». Por su parte, «las directrices establecen que las parejas del mismo sexo podrán acceder a bonos de vivienda y la eliminación de las sanciones a notarios que realicen matrimonios entre personas del mismo sexo».

El mandatario costarricense afirmaba al respecto que «esto es el resultado del trabajo articulado entre organizaciones y sociedad civil por dar respuestas concretas a la población LGTBI», además de asegurar que «como Estado nuestro compromiso es saldar una deuda histórica y garantizar el respeto de esta población».

Por su parte, el comisionado presidencial para Asuntos de la Población LGBTI, Luis Salazar, declaraba que «estas medidas no solo son acciones afirmativas, sino que son un resguardo para subsanar la violación a los derechos de esta población».

De esta manera, se amplían aún más los avances que se han realizado este mismo año en el país centroamericano. En el mes de mayo, el Tribunal Supremo de Elecciones aprobaba una resolución en la que se establecía el derecho a cambiar sus datos registrales en la cédula de identidad para las personas trans mayores de edad. Un mes después, el Gobierno presidido por Carlos Alvarado, emitía un decreto y una directriz que exigían a todas las instituciones estatales modificar los documentos, trámites y registros internos de las personas trans mayores de edad que deseasen cambiar su nombre, fotografía, sexo o género.

Costa Rica se encuentra además en proceso de aprobación del matrimonio igualitario. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica  estableció un plazo máximo de 18 meses a la Asamblea Legislativa de ese país para que adecúe su legislación al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si no lo hace así, este pasará a estar automáticamente en vigor. El plazo, que comenzó una vez el fallo fue publicado en el Boletín Judicial, concluirá en mayo de 2020.

Con todas estas medidas, Costa Rica se está convirtiendo en el país centroamericano más avanzado en cuanto al respeto a los derechos de las personas LGTB, y un modelo a seguir para las demás naciones de su entorno.

Fuente Dosmanzanas

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Buenas noticias. Poco más de tres meses después de tomar la decisión, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica la ha notificado por fin a las partes el fallo sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y ha enviado la sentencia a la Imprenta Nacional para su publicación íntegra en próximos días en el Boletín Judicial. Se activará entonces la cuenta atrás de 18 meses para que el matrimonio igualitario sea una realidad en el país centroamericano si antes la Asamblea Legislativa no adecúa la legislación al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como explicamos en agosto, el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia de Costa Rica prohíbe expresamente que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. La decisión de la Sala Constitucional, en respuesta a una de las acciones de inconstitucionalidad pendientes sobre la materia, reconocía explícitamente que dicha norma contradice la histórica opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hecha pública el pasado 9 de enero precisamente a requerimiento de Costa Rica. Sin embargo, la Sala Constitucional optó por mantener la vigencia de dicho inciso durante de 18 meses, dando tiempo a que la Asamblea Legislativa adecúe la legislación.

Una decisión que muchos consideraron tibia e incluso cobarde, al mantener durante 18 meses más la situación de desigualdad. La Defensoría de los Habitantes, por ejemplo, se mostró «sorprendida por el fallo (…) por cuanto deja en vigencia por 18 meses una norma que la declara inconstitucional por mayoría» y lamentó que el tribunal dejase «escapar la oportunidad para que la resolución fuera contundente y definitiva en aras de la eliminación inmediata de la prohibición del matrimonio igualitario en Costa Rica». Hay que tener en cuenta, en este sentido, que desde hace varios meses el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica empezó a recibir solicitudes de inscripción de matrimonios entre personas del mismo sexo y a realizar una anotación marginal de los mismos, aunque estos no han podido ser inscritos debido a la limitaciones impuestas por el Código de Familia.

En el mismo sentido se manifestaba Marco Castillo, presidente del colectivo Diversidades LGBTIQ+ y uno de los recurrentes ante la Sala Constitucional. « Estoy sorprendido de que la Sala haya tomado un acuerdo tan poco firme porque es absurdo que digan que en 18 meses tengan que derogar la norma, que ya ellos derogaron, si no queda derogada. No tiene sentido», expresaba el histórico activista costarricense.

Es más: aunque la Sala Constitucional anunció el sentido de la sentencia, su notificación oficial a las partes y su publicación oficial se ha demorado durante semanas. El pasado miércoles, sin embargo, el Poder Judicial de Costa Rica anunciaba a través de sus redes sociales que por fin daba el paso, tres meses después:

Medios costarricenses confirmaban que, en efecto, Marco Castillo recibía el miércoles a las 4 de la tarde el documento, que contaría nada más y nada menos que de 550 páginas. Una vez que la sentencia se publique (lo que está previsto que suceda la próxima semana) comenzará la cuenta atrás. Si la Asamblea Legislativa de Costa Rica no lo resuelve antes, en mayo de 2020 deberían poder empezar a celebrarse los primeros matrimonios.

Un avance crucial en América Latina

Costa Rica lleva años discutiendo el posible reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, sin que haya sido posible ni siquiera la aprobación de una ley de uniones civiles debido a las múltiples maniobras de los opositores a la igualdad. Ni siquiera la llegada a la presidencia del anterior presidente, Luis Guillermo Solís, un político abiertamente pro-LGTB, permitió avanzar. Pero lo que sí hizo el Gobierno de Costa Rica fue elevar la cuestión a la Corte Interamericana, que en enero de este año emitió su histórica opinión. El que era todavía presidente aseguró entonces su disposición a acatarla íntegramente, si bien Solís estaba ya a punto de finalizar su mandato. El asunto del matrimonio igualitario, de hecho, ocupó un papel central en la campaña electoral de las recientes elecciones presidenciales y dio un importante empujón al candidato evangélico Fabricio Alvarado, que llegó a disputar la segunda vuelta frente al centroizquierdista Carlos Alvarado. Este último, sin embargo, acabó imponiéndose el pasado 1 de abril con más del 60% de los votos, en lo que supuso un cierto alivio para el colectivo LGTB costarricense.

Parece claro ya que Costa Rica será el primer país centroamericano en abrir el matrimonio a personas del mismo sexo. Sin duda, un hito histórico. Y es que, como en su momento anticipamos, la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha supuesto un antes y un después. hay que recordar, en este sentido, que además de responder al Gobierno de Costa Rica, la opinión servía de llamada de atención para otros once Estados de América Latina: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana (en los que no existe ningún reconocimiento jurídico para las parejas del mismo sexo), además de Ecuador y Chile (que cuentan, de momento, con leyes de unión civil no equiparables al matrimonio).

Fuente Dosmanzanas

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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha dado un plazo máximo de 18 meses a la Asamblea Legislativa de ese país para que adecúe su legislación al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si no lo hace así, este pasará a estar automáticamente en vigor. Defensoría de los Habitantes y activistas LGTB han criticado este plazo, al considerar que la decisión debería ser de efecto inmediato. 

El inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia de Costa Rica prohíbe expresamente que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. La sentencia de la Sala Constitucional, emitida en respuesta a una de las acciones de inconstitucionalidad pendientes sobre la materia, reconoce explícitamente que dicha norma contradice la histórica opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecha pública pasado 9 de enero precisamente a requerimiento de Costa Rica.

Sin embargo, la Sala Constitucional ha optado por mantener la vigencia de dicho inciso durante de 18 meses, dando tiempo a que sea la Asamblea Legislativa la que adecúe la legislación: «Vista la potestad que ostenta la Sala de graduar y dimensionar los efectos de sus sentencias de constitucionalidad (…), se insta a la Asamblea Legislativa, en el uso de su función legislativa constitucionalmente asignada, a que en el plazo de 18 meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, adecue el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo, en los términos expuestos en esta sentencia», expresa la Sala Constitucional en el comunicado leído por su presidente, Fernando Castillo.

Costa Rica lleva años discutiendo el posible reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, sin que haya sido posible ni siquiera la aprobación de una ley de uniones civiles debido a las múltiples maniobras de los opositores a la igualdad. Ni siquiera la llegada a la presidencia del anterior presidente, Luis Guillermo Solís, un político abiertamente pro-LGTB, permitió avanzar. Pero lo que sí hizo el Gobierno de Costa Rica fue elevar la cuestión a la Corte Interamericana, que en enero de este año emitió su histórica opinión. El que era todavía presidente aseguró entonces su disposición a acatarla íntegramente, si bien Solís estaba ya a punto de finalizar su mandato. El asunto del matrimonio igualitario, de hecho, ocupó un papel central en la campaña electoral de las recientes elecciones presidenciales y dio un importante empujón al candidato evangélico Fabricio Alvarado, que llegó a disputar la segunda vuelta frente al centroizquierdista Carlos Alvarado. Este último, sin embargo, acabó imponiéndose el pasado 1 de abril con más del 60% de los votos, en lo que supuso un cierto alivio para el colectivo LGTB costarricense.

Críticas a la Sala por mantener 18 meses una situación de desigualdad

Ahora, la decisión de la Sala Constitucional, en lo que al parecer ha sido su sesión más larga en casi 29 años, pone plazo a la aprobación del matrimonio igualitario, aunque no faltan los que consideran tibia e incluso cobarde la resolución, al mantener durante 18 meses más la situación de desigualdad. La Defensoría de los Habitantes, por ejemplo, se ha mostrado «sorprendida por el fallo (…) por cuanto deja en vigencia por 18 meses una norma que la declara inconstitucional por mayoría» y lamenta que el tribunal haya dejado «escapar la oportunidad para que la resolución fuera contundente y definitiva en aras de la eliminación inmediata de la prohibición del matrimonio igualitario en Costa Rica». Hay que tener en cuenta, en este sentido, que desde hace varios meses el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica empezó a recibir solicitudes de inscripción de matrimonios entre personas del mismo sexo y a realizar una anotación marginal de los mismos, aunque estos no han podido ser inscritos debido a la limitaciones impuestas por el Código de Familia.

En el mismo sentido se ha manifestado, por ejemplo, Marco Castillo, presidente del colectivo Diversidades LGBTIQ+. «El fallo no tiene sentido. Es una salida que toman y que en el fondo lo que hace es dilatar el cumplimiento de nuestros derechos. Yo tenía muchas dudas sobre la actuación de la Sala; este fallo me confirma que no había una voluntad de respeto hacia lo que son los derechos humanos. Estoy sorprendido de que la Sala haya tomado un acuerdo tan poco firme porque es absurdo que digan que en 18 meses tengan que derogar la norma, que ya ellos derogaron, si no queda derogada. No tiene sentido», ha expresado el histórico activista costarricense.

Estaremos muy atentos a los acontecimientos, pero la noticia es sin duda importante. Costa Rica puede convertirse en el primer país centroamericano en abrir el matrimonio a personas del mismo sexo. Como en su momento anticipamos, la opinión de la Corte Interamericana ha supuesto un antes y un después en la evolución de los derechos LGTB en América. hay que recordar, en este sentido, que además de responder al Gobierno de Costa Rica, la opinión servía de llamada de atención para otros once Estados de América Latina: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana (en los que no existe ningún reconocimiento jurídico para las parejas del mismo sexo), además de Ecuador y Chile (que cuentan, de momento, con leyes de unión civil no equiparables al matrimonio).

Fuente Dosmanzanas

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En un giro que ha sido bien recibido por los colectivos LGTB, el Gobierno de Costa Rica ha decidido dejar de lado el tan traído y llevado proyecto de “sociedades de convivencia” y rescatar un proyecto de ley previo que buscaba equiparar a las parejas de hecho del mismo sexo con las heterosexuales, sin crear una institución jurídica distinta. Ahora la dificultad estriba en el procedimiento, dado que el plazo original de discusión del proyecto ha vencido ya.

Costa Rica es el primer país centroamericano en discutir el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, pero el proceso está siendo realmente complicado, hasta el punto de que es la justicia la que se ha acabado por adelantar. Lo contábamos con detalle hace unas pocas semanas: un juzgado de familia ha reconocido la convivencia entre Cristian Zamora y Gerald Castro, que iniciaron el proceso legal en 2013, y concedía a la pareja los derechos derivados de una unión de hecho. Un fallo de gran importancia, pero que se limita, eso sí, a la pareja demandante. Y unas semanas antes recogíamos otra sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fallaba a favor de un médico gay, a cuya pareja el Colegio de Médicos y Cirujanos -del que es socio- había denegado el derecho a disfrutar de sus instalaciones recreativas.

¿Por qué se retrasa, sin embargo, el reconocimiento por vía legislativa? La complicación estriba, además de en la composición de la Asamblea de Costa Rica (muy fragmentada) en la figura jurídica elegida. El contexto político, en cualquier caso, es el mejor que ha habido nunca en se país. Ya desde el principio de su mandato, el presidente Luis Guillermo Solís rompía moldes eligiendo a un ministro abiertamente gay para la cartera de Turismo y haciendo ondear, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la bandera arco iris en diversas dependencias oficiales, incluida la sede de la presidencia. Gestos sin precedentes en Centroamérica, bien recibidos por activistas LGTB y muy criticados por los sectores conservadores.

La apertura de un nuevo periodo por lo que a los derechos LGTB se refiere quedó simbolizado, poco después de la elección de Solís, por la decisión de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social de que los trabajadores de Costa Rica puedan incluir a sus parejas del mismo sexo en los beneficios del sistema de seguridad social por lo que a la atención médica se refiere. La decisión fue saludada muy efusivamente por el propio presidente de Costa Rica e incluso mereció una felicitación expresa a Costa Rica desde Naciones Unidas.

Sin embargo, pese lo esperanzador del nuevo periodo, el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo, que Costa Rica lleva años debatiendo, se resiste a avanzar. En legislaturas anteriores siempre acababa encontrando el freno de los cada vez más influyentes grupos evangélicos costarricenses y sus representantes políticos, entre ellos el que en su momento llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, el pastor Justo Orozco (un conocido homófobo). Por fin, activistas LGTB se reunían en marzo con representantes del Gobierno para exigirles avances en esta materia, una reunión tras la cual la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, anunciaba que el Gobierno promovería la discusión de los dos proyectos sobre la materia que se encontraban en trámite parlamentario (el de sociedades de convivencia y el de uniones de hecho), para unificarlos en un solo texto que reuniese apoyo suficiente. Sin embargo, como ya ha sucedido con anterioridad, el proceso se ha enquistado, y no ha sido hasta esta semana cuando el Gobierno por fin decidía –o eso parece– dar carpetazo a la idea de crear una figura jurídica nueva (las “sociedades de convivencia”) y optar por reformar la ya vigente legislación de uniones de hecho para incluir a las parejas del mismo sexo, como planteaba el otro proyecto.

Colectivos LGTB: no a figuras específicas fuera del Código de Familia

Descartada la aprobación de una ley de matrimonio igualitario, que en ningún momento ha estado sobre la mesa, los colectivos LGTB consideran esta la mejor opción. En Costa Rica, las uniones de hecho adquieren prácticamente los mismos derechos que el matrimonio tras acreditar ante un juez tres años de convivencia. Su reforma para abrirlas a las parejas del mismo sexo supone la modificación del Código de Familia con carácter general, sin necesidad de crear una institución jurídica “específica” para las parejas del mismo sexo no contemplada en el Código de Familia. Como bien señalaba el jefe de la unidad política del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), Francisco Madrigal, “el proyecto de ley de sociedades de convivencia, al crear una figura diferenciada para un sector de la población, sólo perpetúa la discriminación sin sentido”.

Existe, sin embargo, una dificultad procedimental: el proyecto de ley para reformar las uniones de hecho que el Gobierno pretende rescatar está ya fuera del plazo parlamentario, lo que impide su discusión inmediata. El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, considera sin embargo que la jurisprudencia de la Sala Constitucional permite su rescate durante el periodo de sesiones extraordinarias que tienen lugar a lo largo de este mes de agosto. En este sentido, Mora ha señalado que señaló que llevarán nuevamente a la mesa de diálogo con los colectivos LGTB la situación para que ahí mismo se defina una nueva ruta a seguir para abordar el tema. Estaremos pendientes del discurrir de los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Costa Rica ha fallado a favor de un médico gay, a cuya pareja el Colegio de Médicos y Cirujanos (del que es socio) había denegado el derecho a disfrutar de las instalaciones recreativas de la entidad. La sentencia, muy similar a otra emitida hace un año y referida al Colegio de Abogados, supone un espaldarazo a los derechos de las parejas del mismo sexo en un país que está dando pasos muy importantes en ese sentido.

La Sala Constitucional, que estudiaba el caso desde enero, ha considerado que, al negarle a la pareja de su socio el carnet que le da derecho al uso de las instalaciones recreativas, el Colegio de Médicos violó el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de orientación sexual. La sentencia obliga además a que el documento le sea entregado al afectado lo más pronto posible. La Sala Constitucional se ha basado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en sus propios precedentes. En 2014, de hecho, el mismo tribunal obligaba al Colegio de Abogados a otorgar a las parejas del mismo sexo de sus socios los mismos derechos que las de distinto sexo, como el carnet de ingreso a las instalaciones o los beneficios de las pólizas de vida y seguros voluntarios.

Costa Rica, no está de más recordarlo, es el país de América Central que presenta -con grandísima diferencia sobre sus vecinos- un panorama más prometedor por lo que a los derechos LGTB se refiere. Como explicábamos con mayor detalle hace pocas semanas, la Asamblea Legislativa ha recuperado el debate en torno a un proyecto de uniones civiles entre personas del mismo sexo, que lleva años siendo debatido sin éxito, y lo hace además en el contexto favorable abierto con la elección como presidente hace un año de Luis Guillermo Solís, que Ya desde el principio de su mandato Luis Guillermo Solís rompía moldes eligiendo a un ministro abiertamente gay para la cartera de Turismo y haciendo ondear, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la bandera arco iris en diversas dependencias oficiales, incluida la sede de la presidencia, abogando por “la igualdad de derechos sin ninguna discriminación”. Gestos sin precedentes en Centroamérica, bien recibidos por los activistas LGTB costarricenses y muy criticados, como era de esperar, por los sectores conservadores.

La apertura de un nuevo periodo por lo que a los derechos LGTB se refiere quedó simbolizado, poco después de la elección de Solís como presidente, por la decisión unánime de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de que los trabajadores de Costa Rica puedan incluir a sus parejas del mismo sexo en los beneficios del sistema de seguridad social por lo que a la atención médica se refiere (lo que incluye tanto el derecho a la atención sanitaria pública como a la visita hospitalaria). LA CCSS comenzó a valorar esta posibilidad en los días previos al relevo presidencial a iniciativa de Luis Loría, representante del movimiento cooperativista ante dicho organismo, que consideró injusto que durante el proceso de negociación para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa se usara como moneda de cambio la posibilidad de dejar en suspenso la discusión del proyecto de uniones civiles, una noticia que recogimos en su momento. La decisión fue saludada muy efusivamente por el propio presidente de Costa Rica en su perfil de Facebook e incluos mereció una felicitación expresa a Costa Rica desde Naciones Unidas.

No será desde luego un camino de rosas, debido al peso de los sectores homófobos en la sociedad costarricense. Entre ellos los muy activos grupos evangélicos y los que son sus representantes políticos, como el que en su momento llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, el pastor Justo Orozco. Noticias como la que presentamos hoy, sin embargo, permiten mantenerse optimistas.

Fuente Dosmanzanas

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