El representante estatal de Oklahoma David Bullard (R)

Los republicanos hablan cada vez más abiertamente sobre el tema y han revelado cómo quieren hacerlo también.

Por Daniel Villarreal Viernes, 21 de febrero de 202

El representante estatal de Oklahoma David Bullard (R) y Mat Staver, fundador y presidente de la organización legal anti-LGBTQ+ Liberty Counsel, han dicho que ahora es el momento de que los republicanos presionen a los tribunales para que anulen los derechos al matrimonio entre personas del mismo sexo. Por supuesto, otros expertos legales no están de acuerdo con él.

Bullard presentó recientemente un proyecto de ley, S.B. 309, que ofrecería un crédito fiscal por hijo de $2,000 por hijo, pero solo para parejas casadas con hijos biológicos concebidos durante el matrimonio. “Su proyecto de ley excluiría a las personas que adoptaron niños o los tuvieron a través de un donante de esperma u óvulos, así como a los “padres solteros (incluidos los divorciados y viudos), los padres que crían a un niño solos, los miembros de la familia que crían a los niños (como los abuelos) y las parejas LGBTQ+”, escribe el grupo de expertos en salud pública de mujeres de Oklahoma Metriarch.

Bullard dijo que quería que su proyecto de ley recompensara a las parejas que siguen “el diseño de Dios para el matrimonio tradicional”, pero también le dijo a Jenna Ellis, ex abogada del presidente Donald Trump, que ahora es el momento de tratar de “contraatacar” y lograr que los tribunales revoquen Obergefell v. Hodges, el fallo de la Corte Suprema de 2015 que legalizó los derechos al matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país.

“Entonces, lo que realmente queremos hacer es desafiar ese concepto y ver si podemos llegar a Obergefell. Y creo que eso es lo que estamos impulsando en todos los ámbitos con un proyecto de ley como este: ir directamente a Obergefell y decir: ‘No, la Constitución protege mi derecho, mi libertad de expresión, mi libertad de religión a estar en desacuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo’”, le dijo a Ellis en una transmisión web. Ellis fue condenado por delitos graves por escribir acusaciones falsas en un intento de ayudar a Trump a revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020.

“La realidad es que tenemos que oponernos a Obergefell”, agregó Bullard. “Si esperamos demasiado tiempo a que se dicte el fallo de Obergefell para comenzar a volver a plantear las cosas y desafiar esa postura de que de alguna manera todos tenemos que llevarnos bien y decir que el matrimonio entre personas del mismo sexo está bien, en algún momento será demasiado tarde para que podamos oponernos”.

Ellis estuvo de acuerdo con Bullard y dijo que la sentencia de 2015 ha perjudicado a los niños y a las libertades religiosas.

Bullard no explicó por qué su proyecto de ley crearía una base legal para revocar Obergefell.

Bullard es conocido por haber presentado repetidamente proyectos de ley anti-LGBTQ+. Ha redactado proyectos de ley para prohibir cualquier reconocimiento público del Mes del Orgullo, para obligar a los consejeros escolares a revelar a sus padres que los estudiantes son LGBTQ+ y para obligar a los adultos y niños trans menores de 26 años a deshacer la transición (redactó el último proyecto de ley sin hablar con ninguna persona trans).

Christian nationalist Oklahoma state Sen. David Bullard admits that his legislation to provide tax credits to married couples with “natural” children is designed to “push back on Obergefell.” https://t.co/ws7i8GX1Ay pic.twitter.com/V11V4yEZe8

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) February 20, 2025

Mientras tanto, Mat Staver, fundador y presidente de Liberty Counsel, apareció en la Red Mundial de Oración el miércoles por la noche y dijo que ahora es el momento “maduro” para revocar los derechos matrimoniales en todo el país.

“No existe ningún supuesto derecho constitucional en la Constitución al matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso es ridículo”, dijo Staver. “Obergefell será revocado. No es una cuestión de si, es solo una cuestión de cuándo”.

Liberty Counsel, que se opone a los derechos civiles LGBTQ+, presentó una demanda el verano pasado diciendo que todos los empleados gubernamentales religiosos deberían poder negarse a emitir licencias de matrimonio entre personas del mismo sexo para respetar sus propios derechos religiosos.

El tribunal más alto de la nación actualmente tiene una inclinación conservadora de 6 a 3 que podría votar para revocar los derechos al matrimonio entre personas del mismo sexo. Para llegar a la Corte Suprema, un caso primero tendría que abrirse camino a través del sistema de tribunales inferiores y luego conseguir que cuatro jueces de la Corte Suprema de los EE. UU. estén de acuerdo, o concedan un recurso de certiorari, para abordar oficialmente el caso.

Los jueces de la Corte Suprema Clarence Thomas y Samuel Alito han expresado su apoyo a la revisión del razonamiento jurídico que justificó el caso Obergefell v. Hodges, dejando las dos decisiones restantes en manos del presidente de la Corte Suprema John Roberts y los tres jueces designados por Trump: los jueces Neil Gorsuch, Brent Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

Si bien Bullard, Ellis, Staver, Thomas y Alito afirman que no existe una base constitucional para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, los abogados y los jueces argumentaron que las disposiciones de la Constitución sobre igualdad de protección y debido proceso exigen que el gobierno trate a todos los individuos por igual ante la ley a menos que exista un interés gubernamental imperioso o un beneficio social generalizado para hacer lo contrario.

Los abogados que argumentaron contra la Proposición 8 de 2012 que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en California, la Ley de Defensa del Matrimonio federal y otras prohibiciones estatales al matrimonio entre personas del mismo sexo argumentaron que las prohibiciones perjudican a las familias del mismo sexo, a sus hijos y a las empresas que buscan retener a los empleados LGBTQ+, sin proporcionar ningún beneficio social convincente y demostrado, ya que las familias del mismo sexo son capaces de contribuir positivamente a la sociedad. Los opositores al matrimonio entre personas del mismo sexo han argumentado principalmente que obliga a los cristianos a reconocer los matrimonios que van en contra de sus propias definiciones religiosas del matrimonio.

Si el tribunal revocara Obergefell, los estados podrían decidir en gran medida si celebrarán matrimonios entre personas del mismo sexo. En este momento, 25 estados tienen leyes o enmiendas constitucionales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo dentro de sus fronteras. Sin embargo, el gobierno federal y todos los estados, independientemente de sus propias leyes sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, estarían obligados a reconocer los matrimonios legales entre personas del mismo sexo gracias a la Ley de Respeto al Matrimonio de 2022.

Sin embargo, si alguna vez el Congreso derogara esa ley, Estados Unidos volvería a un período anterior a 2015, donde las leyes sobre el matrimonio varían según el estado, dejando a las personas y a las empresas a la deriva en un terreno legal desigual dependiendo de dónde se casaron y dónde residieron.

Fuente LGBTQNation

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New Ways Ministry: El fallo de la Corte Suprema hiere gravemente a las personas de fe y a toda la nación

La siguiente es una declaración de Francis DeBernardo, Director Ejecutivo del New Ways Ministry, con respecto a los EE. UU. El fallo de la Corte Suprema de hoy en 303 Creative LLC v. Elenis:

La comunidad LGBTQ+, las personas de fe y el país entero han resultado gravemente heridos por los EE. UU. La decisión de la Corte Suprema en el caso 303 Creative que permite peligrosamente que las creencias religiosas se utilicen como armas para la discriminación.

La decisión convierte a las personas LGBTQ+ en ciudadanos de segunda clase al ponerlas en mayor riesgo de discriminación y limitar su uso de espacios públicos, como negocios. La discriminación viola los ideales de nuestra nación para construir una sociedad más justa e igualitaria. Va en contra de la doctrina social católica que sostiene que, además, toda persona tiene una dignidad humana inherente y merece un trato igualitario en la sociedad.

Las amplias exenciones para permitir la discriminación por motivos religiosos también perjudican a las personas de fe. Persiste el legado de personas de antecedentes religiosos particulares que enfrentan discriminación en la vivienda, el empleo y los lugares públicos por parte de personas con diferentes creencias religiosas. Históricamente, los católicos de una variedad de grupos étnicos conocen muy bien este tipo de exclusión. La exención del tribunal alimentará aún más la violencia contra las minorías religiosas, particularmente contra los adherentes no cristianos, que aún continúa envenenando nuestra vida nacional.

La decisión de la Corte Suprema también perjudica a todo el país al afirmar que las ideas teocráticas pueden triunfar sobre los procesos democráticos de una sociedad pluralista. La corte pone en peligro la democracia al erosionar las leyes diseñadas para proteger la igualdad y la justicia para todos. Este fallo apoya la creciente ola de nacionalismo cristiano que amenaza la verdadera libertad religiosa y abre la puerta a la discriminación en la vida pública por motivos de género, raza, discapacidad y otras categorías legalmente protegidas.

Como católicos, alentamos a los miembros de nuestra iglesia, y de hecho a todas las personas de fe, a seguir el consejo del Papa Francisco para construir un mundo mejor: encontrarse con aquellos que son diferentes a nosotros y tratarlos con respeto y cortesía. Tales encuentros son lo opuesto a la discriminación que aprueba este nuevo fallo.

Este caso no tenía que ser una lucha entre creencias religiosas y leyes civiles. Los empresarios cuyas creencias religiosas les impiden seguir las leyes civiles pueden optar por dejar de prestar los servicios que no quieren ofrecer a todo el mundo. Si los propietarios de 303 Creative LLC no desean proporcionar sitios web de bodas para parejas del mismo sexo, tienen la opción de no ofrecer ese servicio a ninguna pareja. Si las creencias son realmente sólidas, las personas religiosas estarían dispuestas a vivir de acuerdo con ellas incluso si eso significa perder ingresos al reducir sus negocios para honrar tanto sus creencias personales como la ley del país en el que eligen establecerse. Durante mucho tiempo, las personas religiosas han redirigido sus vidas para no seguir leyes con las que no están de acuerdo. No deben buscar escapatorias que forjen exenciones que creen nuevas injusticias dirigidas contra los grupos marginados.

En lugar de defender el principio en los EE. El Preámbulo de la Constitución para “formar una unión más perfecta”, la decisión de la Corte Suprema, en cambio, aumenta la creciente división en nuestro país al otorgar la bendición de la llamada “libertad religiosa” a las personas que quieren discriminar.

Las personas LGBTQ+ y tantas otras comunidades marginadas continúan sufriendo mucho en la atmósfera nacional actual, donde la división y la exclusión son rampantes. La religión debe ser una herramienta para ayudar a unir a las personas a través de las líneas ideológicas, no causar un mayor aislamiento en campos que se oponen entre sí.

–Francis DeBernardo, New Ways Ministry, 30 de junio de 2023

Fuente New Ways Ministry/Agencias

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El Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico ha asegurado que la reciente órden de la Corte Federal para el Distrito de San Juan por la que se prohibía la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo carece de validez frente al fallo de la Corte Suprema estadounidense

En junio de 2015, el Tribunal Supremo de EEUU invalidó las prohibiciones estatales que impedían la legalización del matrimonio igualitario a nivel federal, algo que vincula al gobierno de Puerto Rico a iniciar los procedimientos para reconocerlo.

No obstante, desde ese momento se han sucedido varios intentos desde el ámbito judicial de la isla caribeña para limitar los derechos matrimoniales de las parejas homosexuales, en virtud de las demandas de los sectores religiosos y ultrarreacionarios.

A principios de mes, el Gobernador del Estado Libre Asociado Alejandro García Padilla aseguró que el derecho estaba suficientemente garantizado a pesar de los citados intentos para mermar su reconocimiento. No obstante, tras la orden emitida por el juez federal Juan Pérez Giménez el Gobierno ha tenido que volver a garantizarlo de cara a la opinión pública.

El Secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, aclaró que los entre personas del mismo sexo continúan siendo válidos, a pesar del dictamen emimtido en el Distrito de San Juan. En sus propias palabras:

La orden de la Corte Federal para el Distrito de San Juan no altera la validez de los matrimonios contraídos en Puerto Rico entre parejas del mismo sexo y tampoco impide darle reconocimiento a aquellos matrimonios contraídos en otras jurisdicciones. La interpretación del DJ es que la decisión no altera el estado de derecho que se estableció en Puerto Rico cuando el Tribunal Supremo Federal decidió el caso de Obergefell v. Hodges en el que se reconoció, como asunto de derecho constitucional federal, que el derecho al matrimonio es un derecho fundamental y que por lo tanto, no se le puede negar ese derecho constitucional a las parejas del mismo sexo”

De esta manera, el derecho a la solicitud de licencias matrimoniales en el Departamento de Salud queda inalterado, ya que como declaró el gobernador García Padilla, el Gobierno del Estado asociado respetará las determinaciones de los tribunales de mayor jerarquía, que en este caso recaen en el Tribunal del Primer Circuito de Boston y la propia Corte Suprema estadounidense.

Fuente justicia.pr.gov / Redacción chueca

General, Historia LGTBI Alejandro García Padilla, César Miranda, Corte Suprema de EE.UU., Departamento de Justicia, Distrito de San Juan, Matrimonio igualitario, Obergefell v. Hodges, Primer Circuito de Boston, Puerto Rico