Doug Jones celebra su victoria y detrás su hijo gay Carson

Como publicábamos hace unos días, el candidato demócrata, Doug Jones, se impone al republicano, Roy Moore, como gobernador de Alabama en una campaña que ha girado en torno a los derechos del colectivo LGBT, en la que ha sido crucial la intervención de un padre cuya hija se suicidó tras ser víctima de la misma discriminación que hace gala Moore, mientras que el hijo de Jones, abiertamente homosexual, no ha querido intervenir confiando en la habilidad de su padre.

A pesar que el estado de Alabama está ubicado entre otros marcadamente homofóbicos, como Georgia, Tennessee y Misisipi, el colectivo LGBT celebra la victoria del candidato demócrata para gobernador, Doug Jones, que vence este miércoles, 13 de diciembre, al republicano Roy Moore, quien en su campaña había defendido que la homosexualidad debería ser considerada una enfermedad. Mientras Jones se muestra orgulloso de su hijo, Carson Jones, abiertamente homosexual, muchos aplauden la intervención en campaña de William Nathan Mathis, cuya hija se suicida tras ser víctima de la misma discriminación que proclama Moore.

«Estoy realmente abrumado (…). Al final del día, toda esta carrera ha sido sobre dignidad y respeto. Esta campaña ha sido sobre el estado de derecho. Esta campaña ha sido sobre educación y decencia», declara Jones al ganar por un porcentaje muy ajustado pero que permite la elección de un demócrata después de 25 años. La gran ventaja de Moore se reduce en el momento en que varias mujeres le acusan de agresión sexual cuando tenía alrededor de 30 años, antes de convertirse en juez del Tribunal Supremo de Justicia de Alabama. Según el candidato estas acusaciones proceden de «liberales, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y socialistas», a los que culpa de liderar una «conspiración» para destrozar su carrera política.

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Durante su campaña, Moore llega a pedir al Congreso que impugne a la juez federal responsable del bloqueo al veto a las personas transexuales en las Fuerzas Armadas de Donald Trump, así como a los miembros del Tribunal Supremo a hacer lo mismo con el juez que había firmado la sentencia que permite la legalización del matrimonio igualitario en los Estados Unidos, llegando a afirmar que «las personas transexuales no tienen derechos». De hecho, Moore habría sido destituido en dos ocasiones como presidente del Tribunal Supremo de Alabama tras desafiar sentencias del Tribunal Federal que entraban en conflicto con sus creencias religiosas, siendo el fundador de un grupo radical como Fundación para el Derecho Moral, que se opone recientemente a que Kristin Goodwon dirija la Academia de la USAF.

«El pueblo de Alabama eligió a Doug Jones, un aliado con un historial de lucha frontal contra el odio», declara Ben Needham, director del Proyecto Uno América de Human Rights Campaign, mientras que Masen David, director ejecutivo de Freedom for All Americans añade que «las personas LGBT de todo el país estarán felices celebrando los resultados de las elecciones de hoy en Alabama, donde Roy Moore, una de las fuerzas más fervientemente anti-LGBT del país, ha sido derrotado. Moore demostró un abrumador desprecio por las personas LGBT y la incapacidad de tratarnos con el respeto y dignidad básicas. Los resultados de las elecciones de esta noche demuestran que la discriminación no gana las carreras políticas».

Pro, con toda seguridad, quien más orgulloso está de la victoria de Jones es su propio hijo, Carson Jones, abiertamente homosexual. «Obviamente estoy emocionado con la victoria de mi padre. Nos ha abrumado el apoyo de tanta gente que ha hecho posible que esto sucediera. Alabama ha hecho una gran declaración de que la unidad gana. ¡No podría estar más orgulloso de él ni de mi estado natal!», afirma Carson, que no ha querido pronunciarse antes al considerar que su padre es lo suficientemente hábil para para silenciar a quienes se manifiestan contra sus posturas liberales en cuestiones como el aborto y los derechos de los homosexuales, «una necesidad en uno de los estados más conservadores del sur».

Como abogado, Jones encabezó en 1963 la persecución de los miembros del Ku Klux Klan responsables del atentado con bombas en la iglesia de Birmingham y la clínica abortista de Eric Rudolph. En la página web del candidato demócrata queda clara su postura al afirmar que cree «que todos somos creados iguales ante los ojos del Señor y la ley. Si bien hemos progresado en derechos civiles como nación, no podemos ser complacientes con las continuas amenazas a la igualdad y la justicia. La masacre de la iglesia de Charleston motivada por motivos raciales y Charlottesville son claros recordatorios de esa continua amenaza. Creo que los Estados Unidos de América son una tierra de leyes, justicia, libertad, igualdad y oportunidad».

Pero quien sí se ha manifestado en campaña, favoreciendo la oposición a Moore, ha sido William Nathan Mathis, quien explicaba cómo su nieta de había suicidado con sólo 23 años de edad, tras ser víctima de discriminación como la que defiende el candidato republicano. «El juez Roy Moore la llamó una pervertida por una razón: porque era homosexual», declara Mathis, que es lo que el candidato pensaría de los hijos de sus votantes que fueran igualmente gays o lesbianas, indicando que es algo que la gente debe saber porque, siendo candidato se supone que debe defender que todas las personas tienen los mismos derechos, haciendo referencia por error a la Constitución, dado que tal derecho se defiende en la Declaración de Independencia. Mathis llega a afirmar que no considera responsable a Moore del suicidio de su nieta, revelando que él mismo era contrario a las personas homosexuales, siendo una persona religiosa, lo que le llevó a decirle cosas horribles, que ahora lamenta. Si bien no puede rectificar con respecto a su nieta, afirma que los ciudadanos de Alabama, «no necesitamos una persona así que nos represente en Washington».

Fuente Universogay

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El conocido LGTBfobo Roy Moore ha perdido las elecciones al Senado de los Estados Unidos por Alabama. Su contrincante, el demócrata Doug Jones, ha conseguido una ajustada victoria en uno de los estados más conservadores del país. Moore (a quien podemos ver en la imagen acudiendo a votar montado a caballo) ha abogado por la penalización de la homosexualidad, la prohibición de ejercer cargos públicos para los ciudadanos de religión musulmana y se ha referido a los tiempos de la esclavitud como la última vez que los Estados Unidos fueron grandes. También ha sido acusado de haber abusado de mujeres cuando aún eran menores de edad. A pesar de todo ello, ha recibido el apoyo incondicional de los grupos evangélicos y del presidente Donald Trump. Su derrota es la derrota del fundamentalismo religioso más reaccionario y de la más abyecta hipocresía.

El pasado 12 de diciembre se celebró en Alabama una elección extraordinaria de su representante en el Senado de los Estados Unidos. Se trataba de elegir al sucesor del exsenador Jeff Session, que ocupaba el cargo desde 1997, tras su dimisión el pasado mes de febrero al ser designado por Donald Trump como fiscal general del Estado.

En un principio, Luther Strange, fiscal general de Alabama, fue designado senador provisional hasta la elección, siendo el candidato preferido por el Partido Republicano y por el propio presidente Donald Trump. Sin embargo, Roy Moore, antiguo presidente de la Corte Suprema de Alabama, consiguió arrebatarle la candidatura por un ajustado margen.

La campaña de Moore se basó en lo que él denominaba la defensa “valores familiares”contra un “ellos” difuso que trataban de mermarlos. En uno de sus discursos, describió a esos “ellos” contra quienes luchaba: “Cuando digo ‘ellos’, ¿quiénes son? Son los liberales. Los que no tienen valores conservadores. Son las lesbianas, gais, bisexuales y transexuales que quieren cambiar nuestra cultura. Son los socialistas que quieren cambiar nuestra forma de vida y poner al hombre por encima de Dios y que el Gobierno sea nuestro Dios. Son los miembros de la clase dirigente de Washington, que quieren mantener todo igual para no perder su posición, su poder, su prestigio”.

La escalada de fanatismo de su discurso fue incrementándose a lo largo del proceso electoral. Llegó a afirmar que la última vez que los Estados Unidos fueron una gran nación ocurrió durante la época de la esclavitud, también declaró que los estadounidenses de filiación religiosa musulmana no deberían poder acceder a cargos públicos. Si el racismo y la intolerancia no fueran suficientes, salieron a la luz denuncias de varias mujeres, que afirmaron que habían sido acosadas por Moore cuando aún eran menores de edad —alguna de ella contaba tan solo catorce años— y el candidato republicano ya andaba por la treintena.

Nada de esto hizo mella en sus partidarios, sobre todo entre la comunidad evangelista, que le siguió ofreciendo todo su apoyo y le defendió denodadamente. Según sus líderes religiosos, “el juez Moore tiene un historial probado de lucha por políticas públicas basadas en valores bíblicos y no en la perversión, y por eso que es un objetivo. Se mantiene fiel a las líneas de combate contra el enemigo interior. Se ha convertido en un baluarte para combatir a aquellos que buscan victimizar a niños y adultos a través de leyes de baño transgénero, adoctrinamiento LGBT en las escuelas, y mucho más”. Tampoco preocupó al presidente Donald Trump, que le apoyó hasta el último momentocon su habitual estilo deslenguado.

En quienes sí que pareció hacer efecto el exceso de fanatismo fue entre las minorías raciales y sexuales, que se movilizaron para votar a favor del candidato demócrata. Finalmente, Doug Jones consiguió el 49,9 % de los votos, frente al 48,4 % obtenido por Roy Moore. Un resultado que desmentía casi todas las encuestas, que daban al candidato republicano por seguro vencedor.

El mapa de votos por condado ofrecía otro dato: el voto urbano se volcaba mayoritariamente por Jones, mientras que el voto rural era incondicional de Moore.

La elección de Doug Jones deja a los representantes del Partido Demócrata con 47 escaños en el Senado, frente a los 51 del Partido Republicano y 2 independientes. Esa exigua mayoría hacía especialmente relevante esta elección, pues en cuestiones como inmigración o derechos civiles, algunos de los senadores republicanos de los estados menos conservadores podrían vetar leyes y dictámenes presidenciales, uno de los mayores temores de Donald Trump.

Doug Jones es conocido por su labor como fiscal general del distrito norte de Alabama, durante el mandato presidencial de Bill Clinton.

Su caso más conocido fue la reactivación del procedimiento contra dos miembros del Ku Klux Klan, que atentaron con dinamita contra una iglesia baptista de feligresía negra en 1963, causando la muerte de cuatro niñas y decenas de heridos. El empeño del entonces fiscal Jones consiguió la condena a cadena perpetua para los asesinos.

Roy Moore: una larga historia de fanatismo LGTBfobo

Los ciudados de Alabama pertenecientes a minorías sexuales, raciales o religiosas se han librado de que les representara en el Senado uno de los políticos más fanáticos e intolerantes de la actualidad estadounidense. De su beligerancia contra los derechos LGTB habla su propio historial.

Roy Moore fue suspendido por segunda vez como presidente de la Corte Suprema de Alabama en septiembre de 2016, y en esta ocasión lo fue a perpetuidad. El magistrado fue hallado culpable de seis cargos de violación de los cánones de ética judicial, todos ellos relacionados con su oposición al matrimonio igualitario. Moore emitió una orden administrativa en enero de 2016, en la que ordenaba a los jueces de familia del estado que cesasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. El mandato se emitía seis meses después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarase que la prohibición del matrimonio igualitario era inconstitucional, y derogase, por tanto, todas las leyes estatales que la contemplaban.

Lo mismo había hecho anteriormente, cuando la juez federal Callie V. S. Granade dictaminó en enero de 2015 que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama violaba la Constitución de los Estados Unidos. Moore ordenó a los jueces de familia que no acatasen el fallo de la juez federal y les prohibió que facilitasen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por contravenir la Constitución de Alabama, creando un auténtico galimatías legal que produjo indefensión tanto en las parejas del mismo sexo como en los propios funcionarios del estado.

Tal muestra de auténtica insumisión judicial le acarreó la separación definitiva del cargo, si bien no era la primera vez que se enfrentaba a una sanción semejante. Ya en 2003 fue cesado de su cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche. Y es que Moore es conocido no solo por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB, sino también por su fundamentalismo cristiano. En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

Moore ha apoyado a quienes proponen que se apruebe en los Estados Unidos una legislación semejante a la rusa contra la llamada “propaganda homosexual”. Aún más allá, en 2015 declaraba ante las cámaras que “la homosexualidad debía ser castigada”, recordando que la Biblia condena la sodomía con la pena de muerte.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que han calificado las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

Fuente Dosmanzanas

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El expresidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore, que fue apartado del cargo por desobedecer el dictamen del Tribunal Supremo de los Estados Unidos favorable al matrimonio igualitario, será el candidato republicano al Senado por el estado de Alabama. Moore ha vencido al aspirante Luther Strange, que basó su campaña en postularse como el preferido tanto del establishment republicano como del propio presidente Trump. Roy Moore ha hecho gala repetidamente de su LGTBfobia, con declaraciones a favor de leyes contra la “propaganda homosexual” al estilo ruso, e incluso de penar las relaciones entre personas del mismo sexo.

El próximo mes de diciembre, se celebrará en Alabama una elección extraordinaria de su representante en el Senado de los Estados Unidos. Se trata de elegir al sucesor del exsenador Jeff Session, que ocupaba el cargo desde 1997, que dimitió el pasado mes de febrero tras ser designado por Donald Trump como fiscal general del Estado. En el intervalo, Luther Strange fue nombrado senador provisional por el gobernador de Alabama Robert J. Bentley.

Strange ocupaba anteriormente el cargo de fiscal general de Alabama, y se postuló como un ferviente y radical conservador, que además era el candidato preferido del presidente Trump, a quien ha ofrecido persistentemente su apoyo en cuestiones como inmigración o recorte de derechos de las minorías, entre ellas la LGTB. Durante su ejercicio como senador suplente, fue uno de los que instó al presidente a abandonar los acuerdos de París sobre cambio climático. Durante la campaña, alardeó repetidamente de sus conversaciones directas con el presidente, de quien recibía apoyo constante a través de las redes sociales. Strange era considerado por el entorno presidencial como un senador que apoyaría cualquier medida que tomara el ejecutivo.

Sin embargo, en las primarias celebradas el 15 de agosto, Strange obtuvo el 32,83 % de los votos, sobrepasado por el 38,87 % obtenido por Roy Moore, antiguo presidente de la Corte Suprema de Alabama. Al ser los dos candidatos más votados, se enfrentaron en la elección definitiva, que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre. Moore se declaró vencedor con el 54,89 % de los votos, frente al 45,11 % de Strange.

La campaña de Moore se centró en dos puntos fundamentales: la más feroz LGTBfobia y la defensa de la libertad religiosa, entendida como la imposición de unas determinadas creencias al conjunto de la población. Un discurso demasiado extremista incluso para los más conservadores. En las proclamas de Moore efectuadas durante sus mítines se pudieron escuchar frases como que “el ejército ha sido dañado por las tropas transgénero que invaden nuestros baños y por la inclusividad”, o que “Dios debe ser la fuente de todas las leyes”. Se daba la circunstancia, además, de que su jefe de campaña era Steve Bannon, antiguo consejero del presidente Trump, hasta su cese en agosto de este año.

Sin embargo, tras el triunfo de Moore, el presidente Trump inmediatamente le expresó su apoyo en las redes sociales. Según fuentes cercanas a la presidencia, Trump se habría mostrado furioso por su apoyo al candidato perdedor, achacando su fracaso a la falta de carisma del propio Strange. Roy Moore se enfrentará el próximo mes de diciembre al candidato demócrata Doug Jones.

El candidato republicano más contrario a los derechos LGTB

De obtener el cargo en las futuras elecciones, es de temer que por su parte haga ostentación del mayor de los fanatismos e impulse las propuestas más exacerbadas en contra de los derechos de las minorías sexuales. De su beligerancia contra los derechos LGTB habla su propio historial.

Roy Moore fue suspendido por segunda vez como presidente de la Corte Suprema de Alabama en septiembre de 2016, y en esta ocasión lo fue a perpetuidad. El magistrado fue hallado culpable de seis cargos de violación de los cánones de ética judicial, todos ellos relacionados con su oposición al matrimonio igualitario. Moore emitió una orden administrativa en enero de 2016, en la que ordenaba a los jueces de familia del estado que cesasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. El mandato se emitía seis meses después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarase que la prohibición del matrimonio igualitario era inconstitucional, y derogase, por tanto, todas las leyes estatales que la contemplaban.

Lo mismo había hecho anteriormente, cuando la juez federal Callie V. S. Granade dictaminó en enero de 2015 que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama violaba la Constitución de los Estados Unidos. Moore ordenó a los jueces de familia que no acatasen el fallo de la juez federal y les prohibió que facilitasen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por contravenir la Constitución de Alabama, creando un auténtico galimatías legal que produjo indefensión tanto en las parejas del mismo sexo como en los propios funcionarios del estado.

Tal muestra de auténtica insumisión judicial le acarreó la separación definitiva del cargo, si bien no era la primera vez que se enfrentaba a una sanción semejante. Ya en 2003 fue cesado de su cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche. Y es que Moore es conocido no solo por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB, sino también por su fundamentalismo cristiano. En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

Moore ha apoyado a quienes proponen que se apruebe en los Estados Unidos una legislación semejante a la rusa contra la llamada “propaganda homosexual”. Aún más allá, en 2015 declaraba ante las cámaras que “la homosexualidad debía ser castigada”, recordando que la Biblia condena la sodomía con la pena de muerte.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que han calificado las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

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Por unanimidad, el Tribunal de la Magistratura de Alabama ha dictaminado la suspensión definitiva del juez Roy Moore, presidente de la Corte Suprema del estado sureño, hasta la finalización de su mandato. El magistrado ha sido hallado culpable de seis cargos de violación de los cánones de ética judicial, todos ellos relacionados con su oposición al matrimonio igualitario. En su cargo como cabeza de la Corte Suprema de Alabama, el juez Moore ordenó a los jueces de familia del estado que desobedeciesen los dictámenes favorables a la igualdad de las parejas LGTB, tanto de los jueces federales como del propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Este viernes 30 de septiembre, el Tribunal de la Magistratura de Alabama ha dictaminado la suspensión definitiva hasta la finalización de su mandato del juez Roy Moore, debido a sus reiteradas violaciones de la ética judicial. Así, se hace permanente la suspensión cautelar que ya había dictado la Comisión de Investigación Judicial del estado el pasado mes de mayo.

La denuncia partió de Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización de defensa de los derechos civiles que trabaja en el ámbito de los estados del sur. SPLC actuó después de que el juez Moore, emitiera una orden administrativa el pasado 6 de enero, en la que ordenaba a los jueces de familia del estado que cesasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. El mandato se emitía seis meses después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarase que la prohibición del matrimonio igualitario era inconstitucional, y derogase, por tanto, todas las leyes estatales que la contemplaban. Aunque en realidad, tras recibir la oportuna asesoría legal, ningún juez de familia cumplió con la decisión del juez Moore, pues, como bien señalaron los fiscales federales de Alabama, el único dictamen que debían acatar era el del Tribunal Supremo. También debía hacerlo el juez Moore, pues estaba “obligado por la interpretación y aplicación de la Constitución realizada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”.

No era la primera denuncia de SPLC contra el juez Moore, porque la orden del 6 de enero tampoco fue su primer acto de clara insumisión legal. Cuando la juez federal Callie V. S. Granade dictaminó en enero de 2015 que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama violaba la Constitución de los Estados Unidos, el magistrado ordenó a los jueces de familia que no acatasen el fallo de la juez federal y les prohibió que facilitasen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por contravenir la Constitución de Alabama, creando un auténtico galimatías legal que produjo indefensión tanto en las parejas del mismo sexo como en los propios funcionarios del estado.

Por todo ello, la Comisión de Investigación Judicial presentó los correspondientes cargos ante el Tribunal de la Magistratura, dictaminando la suspensión cautelar del juez Moore hasta que se dilucidase el caso. En su dictamen, la Comisión reiteró que la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se debía aplicar específicamente a las prohibiciones estatales del matrimonio entre personas del mismo sexo vigentes en todo el país. “Es evidente que los jueces de familia no estarían ejerciendo su deber ministerial si denegaban la expedición de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, basándose únicamente en su carácter de ser del mismo sexo”, afirmó en su denuncia contra el juez Moore, al que acusó de “ordenar a sabiendas” a los jueces de familia de Alabama “que cometieran violaciones de los Cánones de Ética Judicial”, además de “abandonar su papel como administrador jefe neutral e imparcial de justicia”.

El Tribunal de la Magistratura, sin embargo, no ha entrado a valorar las leyes en vigor, sino únicamente las violaciones de los Cánones de Ética Judicial que ha cometido el juez Moore, que serían las siguientes:

• Canon 1, por no mantener la integridad e independencia de la judicatura.
• Canon 2, por no evitar la incorrección o apariencia de incorrección en todas sus actividades.
• Canon 2A, por no respetar ni cumplir con la ley, y por no conducirse en todo momento de manera que se promueva la confianza pública en la integridad e imparcialidad de la judicatura.
• Canon 2B, por no evitar conductas perjudiciales para la administración de Justicia que ocasionan el descrédito de la judicatura.
• Canon 3, por no cumplir con las obligaciones de su cargo de manera imparcial.
• Canon 3A(6), por no abstenerse de comentarios públicos acerca de un proceso pendiente de su propio tribunal.

Por todo ello ha dictaminado que “debido a estas violaciones, el presidente de la Corte Suprema Roy Moore queda suspendido de su cargo y de su sueldo por el resto de su mandato. Esta suspensión es efectiva con carácter inmediato”. El mandato del juez Moore concluirá a finales de 2019, pero, dado que entonces contará con 69 años de edad, no podrá presentarse de nuevo como candidato al cargo, según las leyes del estado. Es decir, la suspensión de su cargo es, a todos los efectos, a perpetuidad.

El Tribunal de la Magistratura no ha admitido el argumento de la defensa del juez Moore, según el cual su única intención era clarificar el alcance de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos respecto al matrimonio igualitario. Por el contrario, el tribunal ha dado por probado que “el presidente de la Corte Suprema, de hecho, estaba ordenando y dirigiendo a los jueces de familia para que cumplieran sus órdenes al margen de Obergefell [la sentencia del Tribunal Supremo] o la medida cautelar de Strawser [la sentencia del Tribunal Federal de Alabama]”.

Sin embargo, los jueces del Tribunal de la Magistratura no se han puesto de acuerdo en que el castigo pertinente para el juez Moore fuera el cese de su cargo, pero sí han sido unánimes en su dictamen de suspensión hasta la finalización del mandato. La diferencia estriba en que el juez seguirá siendo el titular de la presidencia de la Corte Suprema de Alabama, aun en suspenso, por lo que su cargo no podrá ser ocupado por otro magistrado. La Corte Suprema, pues, estará compuesta por ocho jueces, en vez de los nueve habituales, hasta finales de 2019.

Richard Cohen, presidente del Southern Poverty Law Center, opina que el Tribunal de la Magistratura “ha prestado un gran servicio a los ciudadanos de Alabama al suspender a Roy Moore de su cargo. Moore ha deshonrado su tribunal y ha socavado la integridad del sistema judicial, anteponiendo sus creencias religiosas personales por encima de su deber de defender la Constitución de los Estados Unidos. Moore fue elegido para ser  juez, no un predicador. Es algo que nunca ha parecido entender. Los ciudadanos de Alabama que aprecian el estado de derecho no van a echar de menos al ayatolá de Alabama”.

Pataleo del suspendido juez Moore

Por su parte, al abogado del juez Roy Moore ha expresado su intención de apelar el fallo del Tribunal de la Magistratura ante la Corte Suprema de Alabama. El propio juez, presa de la indignación, ha emitido el siguiente comunicado, en el que, como en ocasiones anteriores, hace responsable a “la agenda inmoral de los grupos homosexuales y transgénero” de todos sus males:

Esta decisión refleja claramente la naturaleza corrupta de nuestro sistema político y judicial al más alto nivel.

Después de que el fiscal general de Alabama se negara a presentar este caso, la Comisión de Investigación Judicial utilizó al antiguo director legal de Southern Poverty Law Center, que presentó los cargos contra mí, con un coste de hasta 75.000 dólares para los contribuyentes de Alabama.

Durante el juicio, que duró aproximadamente cuatro horas, la Comisión de Investigación Judicial no presentó ningún testigo, no hubo declaraciones, no se presentaron pruebas que respaldaran la carga de la prueba con una evidencia “clara y convincente” de que la orden administrativa del 6 de enero de 2016 haya violado los Cánones de Ética Judicial.

Esto ha sido un esfuerzo políticamente motivado de grupos homosexuales y transexuales radicales para cesarme como presidente de la Corte Suprema, debido a mi oposición abierta a su agenda inmoral.

Este dictamen viola no solo las normas legales respecto a las pruebas, sino también el estado de derecho, que establece que ningún juez puede ser cesado de su cargo si no es por unanimidad.

Un historial de fanatismo e intolerancia

La carrera del juez Roy Moore ha estado salpicada de polémica por su afán de imponer sus creencias cristianas en el ejercicio de sus cargos. También es conocido por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB. En 2003 tuvo que cesar en el cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche.

En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que califican las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

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El presidente de la Corte Suprema de Alabama, el juez Roy Moore, ha sido suspendido en sus funciones tras ser denunciado por sus dictámenes contrarios al matrimonio igualitario, que desobedecían palpablemente tanto las decisiones de los tribunales federales como la del mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El juez deberá hacer frente al Tribunal de la Magistratura, que, de considerar los cargos imputados por la Comisión de Investigación Judicial, podría fallar el cese definitivo en su cargo. Para el juez Moore, sin embargo, todo obedece a un contubernio de las organizaciones que apoyan la “agenda LGTB”.

La Comisión de Investigación Judicial acusa al juez Roy Moore de haber cesado en su obligación de actuar con imparcialidad, y de haberse negado a acatar la “clara disposición legal” del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Por ello le acusa de hasta seis violaciones de la ética judicial, que deberán dilucidarse ante el Tribunal de la Magistratura de Alabama.

La denuncia partió de Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización de defensa de los derechos civiles que trabaja en el ámbito de los estados del sur. SPLC actuó después de que el juez Moore, emitiera una orden administrativa el pasado 6 de enero, en la que ordenaba a los jueces de familia del estado que cesasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. El mandato se emitía seis meses después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarase que la prohibición del matrimonio igualitario era inconstitucional, y derogase, por tanto, todas las leyes estatales que la contemplaban. Aunque en realidad, tras recibir la oportuna asesoría legal, ningún juez de familia cumplió con la decisión del juez Moore, pues, como bien señalaron los fiscales federales de Alabama, el único dictamen que debían acatar era el del Tribunal Supremo. También debía hacerlo el juez Moore, pues estaba “obligado por la interpretación y aplicación de la Constitución realizada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”.

No era la primera denuncia de SPLC contra el juez Moore, porque la orden del 6 de enero tampoco fue su primer acto de clara insumisión legal. Cuando la juez federal Callie V. S. Granade dictaminó en enero de 2015 que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama violaba la Constitución de los Estados Unidos, el magistrado ordenó a los jueces de familia que no acatasen el fallo de la juez federal y les prohibió que facilitasen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por contravenir la Constitución de Alabama, creando un auténtico galimatías legal que produjo indefensión tanto en las parejas del mismo sexo como en los propios funcionarios del estado.

Por todo ello, la Comisión reitera que la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se debe aplicar específicamente a las prohibiciones estatales del matrimonio entre personas del mismo sexo vigentes en todo el país. “Es evidente que los jueces de familia no estarían ejerciendo su deber ministerial si denegaban la expedición de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, basándose únicamente en su carácter de ser del mismo sexo”, afirma en su denuncia contra el juez Moore, al que acusa de “ordenar a sabiendas” a los jueces de familia de Alabama “que cometieran violaciones de los Cánones de Ética Judicial”, además de “abandonar su papel como administrador jefe neutral e imparcial de justicia”.

Desde SPLC se ha emitido un comunicado que expresa su satisfacción por que la Comisión de Investigación Judicial haya aceptado presentar cargos contra el juez Moore. En él, acusan al magistrado de que “ha instado a las autoridades estatales y locales a que violen una orden judicial vinculante” y de que ha faltado a su juramento de respetar la Constitución de los Estados Unidos, pues “se ha demostrado en el pasado, y ahora una vez más, que está dispuesto a dejar de lado la ley cuando entra en conflicto con sus creencias religiosas personales. No se puede confiar en que sea un árbitro imparcial de la ley”.

El presidente de SPLC, Richard Cohen, criticaba agriamente al juez, al considerar “que ha dañado su cargo durante demasiado tiempo. Es un fanático religioso, un ególatra que piensa que no tiene que seguir los dictámenes de los tribunales federales con los que no está de acuerdo”. Por todo ello, espera que sea cesado definitivamente de su cargo, “por el bien del estado de Alabama”.

La culpa de todo la tiene la “agenda LGTB”

El juez Moore, por su parte, ha argüido como defensa que la Comisión de Investigación Judicial no tiene competencias respecto a las órdenes judiciales dirigidas a funcionarios y jueces. Pero sobre todo, siguiendo con la tónica habitual en él, ha aprovechado para denigrar a las personas LGTB en sus declaraciones y culpar de la demanda a la que está expuesto a una supuesta “agenda LGTB”. Sus palabras son así de lamentables:

La Comisión de Investigación Judicial no tiene autoridad sobre las órdenes administrativas del presidente de la Corte Suprema de Alabama, o sobre el requerimiento legal de la Corte Suprema de Alabama de prohibir a los jueces la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La Comisión de Investigación Judicial ha optado por escuchar a gente como Ambrosia Starling, un travesti profeso [en realidad, una activista drag queen], y otros gais, lesbianas y bisexuales, así como a las organizaciones que apoyan su agenda. Tenemos la intención de luchar vigorosamente contra esa agenda, esperando que nuestra postura prevalezca.

Un historial de fanatismo e intolerancia

La carrera del juez Roy Moore ha estado salpicada de polémica por su afán de imponer sus creencias cristianas en el ejercicio de sus cargos. También es conocido por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB. En 2003 tuvo que cesar en el cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche.

En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que califican las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alabama, Ambrosia Starling, Callie V. S. Granade, Corte Suprema de Alabama, Discriminación, Estados Unidos, Homofobia, Matrimonio, Richard Cohen, Roy Moore, SPLC (Southern Poverty Law Center), Tribunal Supremo (Estados Unidos)

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha revocado la sentencia de la Corte Suprema de Alabama que negaba los derechos de adopción a una de las integrantes de una pareja lesbiana. El dictamen es especialmente relevante para los progenitores LGTB, pues garantiza que las adopciones llevadas a cabo legalmente en un estado, sean reconocidas por otro, aunque sus propias normativas impidan la adopción a las parejas del mismo sexo. La decisión, además, ha sido tomada por unanimidad, sin que los jueces integrantes del alto tribunal hayan requerido siquiera la presentación de argumentos orales.

En una sentencia fechada el pasado 7 de marzo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, per curiam —es decir, por decisión de la corte en su conjunto— ha revocado el fallo de la Corte Suprema de Alabama que denegó los derechos de progenitura a uno de los miembros de una pareja de mujeres, por no ser la madre biológica de los tres hijos que ambas habían criado. Se trata del primer caso sobre derechos LGTB que ha dilucidado el Tribunal Supremo desde que falló a favor del matrimonio igualitario en junio de 2015, y su dictamen ha sido igualmente favorable a los derechos de las parejas del mismo sexo.

Una pareja y una familia rotas

La sentencia del Tribunal Supremo detalla la historia de las implicadas en el caso, que se conocen por sus iniciales, V. L. y E. L., un procedimiento común en este tipo de litigios familiares, destinado a proteger su intimidad. Las dos mujeres, residentes en el estado de Alabama, habían mantenido una relación sentimental desde 1995. Durante su convivencia, recurrieron a la reproducción asistida para tener a sus tres hijos, todos ellos gestados por E. L., quien, según las leyes del estado, sería su única progenitora legal. Alabama no reconoce el derecho de adopción al otro miembro de la pareja, a menos que ambos estén unidos en matrimonio, institución vedada a las parejas del mismo sexo en aquellos años.

Tratando de velar por la protección de sus hijos, a quienes ambas criaron conjuntamente desde su nacimiento, V. L. quiso adoptarlos legalmente, algo con lo que E. L. estuvo de acuerdo. Aconsejadas al respecto por profesionales, decidieron instalarse provisionalmente en el vecino estado de Georgia, donde tal posibilidad existía en algunos de sus condados, cuyas Cortes Superiores tenían competencia al respecto. De esta manera, obtuvieron un veredicto favorable de la Corte Superior del condado de Fulton, que estimó que su solicitud cumplía con todos los requisitos y se ajustaba a derecho, por lo que nombró progenitora legal a V.L. Constó en el fallo el consentimiento explícito de E. L., condicionado únicamente a la conservación de sus propios derechos, como es habitual en estos casos. Ambas fueron declaradas madres legales de sus tres hijos.

De regreso a Alabama, la pareja mantuvo su relación hasta el año 2011, fecha en la que la dieron por concluida. Poco después, V. L. interpuso una demanda en el Tribunal de Familia del condado de Jefferson, pues E. L. le negaba cualquier derecho de visita a sus tres hijos. El tribunal reconoció el estatus de progenitora de V. L., dando por válida la adopción llevada a cabo en Georgia, y estimó su demanda, estableciendo los correspondientes derechos de visita.

E. L. recurrió a la Corte Civil de Apelaciones, que desestimó su requerimiento, manteniendo la decisión del Tribunal de Familia. Entonces, E. L. llevó el caso hasta la Corte Suprema de Alabama, bien conocida por ser completamente hostil a los derechos LGTB, con su presidente Roy Moore a la cabeza.

La Corte Suprema de Alabama cumplió con las expectativas LGTBfobas de E. L., y decidió anular la decisión de los tribunales inferiores, al estimar que la legislación del estado de Georgia no reconocía el derecho de adopción a los miembros de una pareja no unida en matrimonio. El plantel de jueces no tuvo en cuenta que las competencias al respecto eran potestad de las Cortes Superiores de los condados, que habían establecido su propia jurisprudencia. Se trataba, además, de la única sentencia, en los últimos 150 años de historia legal de los Estados Unidos, en la que un tribunal revocaba la decisión de una corte de otro estado respecto a los derechos de adopción.

Un fallo relevante para los progenitores LGTB

V. L., cuya defensa era llevada por el Centro Nacional de Derechos Lésbicos, apeló a la más alta instancia, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Al aceptar el caso, el alto tribunal dejó en suspenso la resolución de la Corte Suprema de Alabama, restableciendo los derechos de visita mientras durara el proceso de apelación.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de V. L., sin ni siquiera requerir la presentación de argumentos orales por las partes, y por unanimidad de los miembros del tribunal. Los jueces han estimado que la Corte Suprema de Alabama ha vulnerado la sección primera del artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos, que establece la “confianza y crédito” debidos a las decisiones de los tribunales de otros estados. Esta cláusula trata de impedir que un derecho reconocido en los tribunales de un estado pueda ser ignorado por otro, y así fortalecer un sistema judicial único para todos los ciudadanos. Dado que las Cortes Superiores de los condados del estado de Georgia tienen competencia para dictar resoluciones en materia de adopción, sus decisiones deben ser respetadas y acatadas por todos los tribunales del país.

De esta manera, no solo se hace justicia con V. L., que ha visto restablecidos sus derechos como progenitora legal de los tres hijos que ella misma crió, sino también se garantiza que las parejas LGTB que viven en estados donde está permitida la adopción de los hijos biológicos del otro miembro de la pareja, no pierdan sus derechos al instalarse en estados donde no se permite. También es especialmente relevante que esta sea la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre derechos LGTB tras su fallo favorable al matrimonio igualitario, y que haya sido positiva incluso por unanimidad.

Tras conocer el dictamen, V. L. declaraba que “me siento afortunada por que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos haya revocado la decisión del tribunal de Alabama. He sido la madre de mis hijos en todos los sentidos durante toda su vida. Pensé que el hecho de adoptarles significaba que íbamos a ser capaces de estar juntos para siempre. Cuando la Corte de Alabama dictó que mi adopción no era válida y que no era su madre, pensé que todo se había acabado. El Tribunal Supremo ha hecho lo correcto para mi familia”.

Por su parte, desde el Centro Nacional de Derechos Lésbicos, cuyo equipo legal ha conseguido esta victoria, se emitía el siguiente comunicado: “La decisión del Tribunal Supremo de revocar la sentencia sin precedentes de Alabama, que anulaba una adopción efectuada en otro estado, es una victoria no solo para nuestro cliente, sino para miles de familias adoptivas. Ningún padre adoptivo, ni ningún niño adoptado, deberían tener que enfrentarse a la incertidumbre de poder tener que separarse años después de la adopción, solo porque la corte de otro estado no está de acuerdo con la ley que se aplicó en dicha adopción”.

Fuente Domanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Adopción, Alabama, Centro Nacional de Derechos Lésbicos, Corte Suprema de Alabama, Discriminación, Estados Unidos, Familia, Georgia, Tribunal Supremo (Estados Unidos)

Tras la histórica sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ha declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, la reacción adversa de los representantes políticos más conservadores no se ha hecho esperar. Los jueces y fiscales más reaccionarios también han expresado su indignación con la igualdad para los ciudadanos LGTB estadounidenses. Todo augura la presentación de un abanico interminable de leyes, que subrepticiamente traten de impedir el ejercicio de lo que ya se ha dictaminado que es un derecho constitucional inalienable.

El hecho de que la sentencia haya llegado prácticamente en fin de semana, y que además ya haya comenzado el período de inactividad estival en las cámaras estatales, ha jugado a favor para que las celebraciones del Orgullo este 28 de junio hayan podido tener lugar sin demasiado alboroto político o judicial en los Estados Unidos. Sin embargo, todo hace prever que no será así siempre. Por lo pronto, ya son varios los gobernadores que han afirmado que funcionarios y jueces pueden negarse a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo si esto contraviene sus creencias religiosas. Una normativa semejante fue aprobada recientemente en Carolina del Norte, que parece ser el ejemplo a seguir por los gobernadores más recalcitrantes.

Texas

El primero de ellos ha sido el vicegobernador de Texas, el republicano Dan Patrick. Cerrado el periodo de sesiones de Cámara de Representantes y Senado sin que hayan prosperado las iniciativas LGTBfóbas presentadas por problemas de calendario, a Patrick solo le ha quedado la “imaginación legislativa” como recurso.

Este año se aprobó la “Ley de Protección de los Eclesiásticos”, que permite a las responsables de las confesiones religiosas rehusar la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo. Durante su aprobación, los ponentes llegaron a comparar a los gais con asesinos en serie, el matrimonio entre personas del mismo sexo con el holocausto judío y la homosexualidad con la pedofilia y el bestialismo. La ley fue aprobada por 141 votos a favor y 2 en contra.

El vicegobernador Patrick ha ordenado al fiscal general de Texas que amplíe la ley para incluir en ella a jueces, secretarios de condado y funcionarios. De esta forma, podrán rechazar a las parejas del mismo sexo que pretendan casarse si eso contraviene sus sinceras creencias religiosas. No cabe duda de que esta iniciativa es tan solo un parche en espera de que el nuevo período legislativo posvacacional dé comienzo y leyes mucho más severas sean presentadas y aprobadas por amplia mayoría. Obviamente, todas ellas serán denunciadas ante los tribunales por su evidente inconstitucionalidad, pero son una seria cortapisa al ejercidio de los derechos LGTB.

Luisiana

Bobby Jindal es el gobernador republicano de Luisiana, y comunicó recientemente su intención de luchar para ser candidato a las elecciones presidenciales por su partido. Quizás por ello fue uno de los más duros en su reacción inicial. Jindal pretendía ignorar la prevalencia de la sentencia del Tribunal Supremo y demorar su ejecución hasta que la Corte de Apelaciones del  5º Circuito decidiera sobre la sentencia desfavorable al matrimonio igualitario de septiembre de 2014, la única de este cariz en un tribunal federal.

Las parejas implicadas ya habían presentado sus peticiones para una moción de urgencia de la Corte de Apelaciones que obligara al acatamiento de la sentencia del Supremo. Sin embargo, la realidad jurídica se ha impuesto y las primeras bodas de parejas del mismo sexo ya se han celebrado, a pesar de que la asociación de secretarios de condado aventurase que la ejecución sentencia del alto tribunal podría posponerse 25 días, que es el plazo existente para que se puedan presentar alegaciones.

Pero Jindal no se ha rendido, y ha comunicado de inmediato que la orden ejecutiva que firmó el pasado mes de mayo sobre la “libertad religiosa”, ampara a los funcionarios y jueces que rehúsen celebrar enlaces entre personas del mismo sexo si contraviene sus creencias religiosas. La orden ejecutiva fue emitida por el gobernador Jindal después de que un proyecto de ley con ese contenido fuera rechazado por el comité legislativo de la Cámara de Representantes del estado, dada su evidente inconstitucionalidad.

Alabama

Quien no puso objeciones a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo fue el gobernador de Alabama, Robert Bentley, que comunicó de inmediato que la acataría, como es su deber, a pesar de su fuerte desacuerdo. Pero en Alabama el problema no es el gobernador, sino el presidente de su Corte Suprema, Roy Moore. A pesar de que existía una sentencia favorable al matrimonio igualitario de la juez federal Callie V. S. Granade, y que tanto la Corte de Apelaciones como el propio Tribunal Supremo rehusaron suspenderla durante la apelación, el juez decidió ordenar a todos los funcionarios de Alabama que rechazasen la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Los abogados de las parejas demandantes acudieron a la juez Callie V. S. Granade con una inteligente fórmula judicial: hacer que el grupo de demandantes se abriera a todas las parejas del mismo sexo de Alabama a quienes se impidiera contraer matrimonio, e incluir como demandados a todos los jueces de familia y funcionarios del estado. La juez lo admitió, y ordenó que se emitieran licencias de matrimonio a todas las parejas que los solicitasen, aunque suspendió la ejecución de su mandato hasta la sentencia del Tribunal Supremo.

Una vez dado a conocer el fallo, la orden de la juez era de ejecución inmediata, y todo parecía dar a entender que los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo se celebrarían con normalidad. Pero entonces llegó la última decisión del juez, un evidente pataleo ante lo inevitable: ordenar a los funcionarios del estado que pospongan la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo durante un período de 25 días, que, como comentábamos anteriormente, es el plazo existente para que el Tribunal Supremo pueda rectificar una sentencia si así lo estima ante las alegaciones que se le presenten.

Queda aún por saber qué nueva ocurrencia tendrá el juez Moore una vez pasados esos 25 días.

Mississippi

En Mississippi quedaba por discernir si el fallo del Tribunal Supremo se ejecutaba de inmediato, o había que esperar a que se levantara la suspensión de la sentencia de un tribunal estatal. Aunque el fiscal general, el demócrata Jim Hood, aseveraba que no alegaría nada en contra del levantamiento de la suspensión, sí que comunicaba a los secretarios de los condados que no debían emitir licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo hasta que la Corte de Apelaciones del 5º Circuito no ordenase ese levantamiento.

Las críticas de los abogados de las parejas demandantes y de los expertos constitucionales arreciaron, obligando al fiscal Hood a rectificar. En una carta dirigida a los secretarios de los condados, el fiscal explicaba que “Obergefell [la sentencia sobre el matrimonio igualitario del Tribunal Supremo] es la ley del país. Si un empleado ha emitido o decide emitir una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo, el fiscal general no tomará ninguna actuación en su contra en nombre del estado… Por otro lado, si un empleado público se niega a emitir una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo podría ser demandado por la pareja a la que se la ha negado y podría enfrentarse a responsabilidad civil”.

Las primeras bodas de parejas del mismo sexo comenzaron de inmediato.

En resumen, aunque la victoria para la igualdad de derechos de la comunidad LGTB ha sido histórica, aún habrá muchas barreras e impedimentos que superar para hacerla efectiva.

Fuente Dosmanzanas

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La Corte Suprema de Alabama ha emitido un mandato judicial que prohíbe a los juzgados de familia del estado proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La orden llega después de que un tribunal federal dictaminara que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama viola la Constitución de los Estados Unidos, y de que la juez que la dictó tuviera que reiterar el ámbito de su sentencia para obligar a los jueces de familia a acatarla. Los expertos claman por la barbarie legal que se está cometiendo, pues ni la Corte Suprema de Alabama tiene competencia para contradecir a un tribunal federal, ni puede decidir sobre un caso que no ha sido primeramente decidido en un tribunal estatal de rango inferior, ni tiene autoridad directa sobre los funcionarios de los juzgados de familia.

Las primeras bodas entre parejas del mismo sexo se celebraron en Alabama el pasado 9 de febrero, una vez que había finalizado la suspensión temporal dictada por la juez federal Callie V. S. Granade cuando dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes estatales que las prohibían. La administración de Alabama había solicitado tanto a la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, como posteriormente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que la sentencia quedase cautelarmente en suspenso mientras se decidía sobre la apelación presentada. Ambos tribunales rechazaron la petición, por lo que la sentencia federal era efectiva y de obligado cumplimiento. Lo que sí decidió la Corte de Apelaciones de 11º Circuito es dejar en suspenso el proceso de apelación hasta la decisión definitiva del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario, proceso ya iniciado y que probablemente se resolverá el próximo mes de junio.

Aunque el gobernador del estado, Robert Bentley, comunicó su intención inequívoca de acatar el proceso judicial y aceptar la autoridad del tribunal federal al respecto, quien no quiso hacerlo fue el presidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore. Emitió una resolución en la que ordenaba que “ningún juez de familia expedirá o reconocerá una licencia de matrimonio que sea incompatible con el artículo 1, sección 36.03, de la Constitución de Alabama”. Dicho artículo es el que describe el matrimonio como la unión sagrada de un hombre y una mujer y prohíbe expresamente tanto el matrimonio como las uniones civiles entre personas del mismo sexo en el estado. Todos los expertos coincidían en que no tenía autoridad ni competencia para dictar una orden así, pero creó la suficiente confusión como para que en muchos de los condados se dejasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo.

La juez federal Callie V. S. Granade se vio obligada a reiterar que su sentencia era de obligado cumplimiento. Tras ello, la mayoría de los jueces de familia de los condados empezaron a facilitar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las demandaban, con la excepción de algunos que decidieron no emitir licencia a pareja alguna, fuera del mismo o distinto sexo.

Pero ni el juez Moore, ni la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Alabama parecieron dispuestos a acatar la legalidad. Admitieron a trámite una petición del grupo homófobo Liberty Counsel, que solicitaba que los jueces de familia cesasen la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, amparándose en “el bien común”. Una vez más se señaló la improcedencia de esa actuación, incluso así lo hizo algún juez disidente, pues una organización privada no está legitimada para solicitar a la Corte Suprema un mandato semejante. Sin embargo, se inició el proceso y los jueces de familia se vieron obligados a informar sobre cada una de las licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo que emitían.

Sirva de ejemplo del grado de intolerancia de los miembros de la Corte Suprema de Alabama, la opinión particular de uno de ellos, Glenn Murdock. Cuando el juez de familia del condado de Mobile consultó a ese tribunal sobre si debía acatar la sentencia federal, consulta que se desestimó, el juez Murdock hizo constar en la respuesta que, de permitirse el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la institución quedaría sin contenido y por lo tanto debería abolirse.

El mismo presidente del tribunal, el juez Moore, ya había instado en su día al gobernador de Alabama, mediante una misiva, a “seguir defendiendo y apoyando la Constitución de Alabama con respecto al matrimonio, tanto por el bienestar de este estado como para nuestra posteridad. Tenga en cuenta que yo estoy con usted para detener la tiranía judicial y las opiniones ilegales emitidas sin autoridad constitucional”.

La agresividad contra los derechos de las personas LGTB por parte del tribunal estatal de más alta instancia de Alabama, ha culminado con la orden emitida este 3 de marzo, en la que esa Corte Suprema establece que “como lo ha hecho durante aproximadamente dos siglos, la ley de Alabama solo permite el matrimonio entre un hombre y una mujer. Los jueces de Alabama tienen el deber de no emitir ninguna licencia de matrimonio en contra de esta ley. Nada en la Constitución de los Estados Unidos altera o anula este deber”. Por tanto, les ordenan no facilitar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las demanden.

Para fundamentar su decisión, la Corte Suprema alude a viejos argumentos, como que ”a lo largo de toda su historia, Alabama ha elegido la definición tradicional del matrimonio. Ese hecho no cambia simplemente porque una nueva definición del matrimonio haya ganado ascendencia en algunos sectores del país, aunque uno de esos sectores sea el poder judicial federal. El matrimonio siempre ha tenido lugar entre miembros del sexo opuesto. La razón obvia para esta característica inmutable es la naturaleza. Los hombres y las mujeres se complementan entre sí biológica y socialmente. De manera aún más obvia, la unión sexual entre hombres y mujeres produce hijos.  En resumen, el gobierno tiene un interés evidente en los hijos y las consecuencias que se derivan de la procreación”.

La orden ha sido aprobada con el voto favorable de seis de los siete jueces firmantes. Aunque el juez Moore, en su calidad de presidente, no ha tenido que intervenir con su voto, a nadie se le escapa que su mano está en el fondo y forma de la decisión. El juez disidente, Greg Shaw, dejaba muy clara su postura contraria por motivaciones estrictamente legales: “En su intento de reducir la confusión y restaurar el orden, la opinión mayoritaria se ha desviado de ciertos principios del derecho que socavan su razón para asumir esta competencia. En particular, esta Corte no tiene jurisdicción sobre este caso, no solo porque no proceda de un tribunal inferior, sino también porque trata de instruir a un funcionario del estado sin capacidad judicial sobre cómo realizar un acto ministerial”. Es decir, se han tratado de utilizar acrobacias legales para dictaminar sobre algo sin tener competencia para ello.

La actitud de los miembros de la Corte Suprema de Alabama está siendo comparada inevitablemente con la parte más negra de la historia reciente del estado. Concretamente con la actitud del gobernador George Wallace, que en 1963 se plantó ante las puertas de la Universidad de Alabama para impedir la inscripción de estudiantes de raza negra, como obligaban las leyes antisegregacionistas aprobadas por el gobierno del John F. Kennedy.  El ominoso discurso de Wallace en su toma de posesión como gobernador, en el que incluyó la deleznable frase “segregación ahora, segregación mañana, segregación siempre”, parece haberse convertido ahora, mediante la orden de la Corte Suprema, en un “matrimonio tradicional ahora, matrimonio tradicional mañana, matrimonio tradicional siempre”, con el que continuar la historia de la intolerancia en Alabama.

Sarah Warbelow, directora de asuntos legales de Human Rights Campaign, declaraba con contundencia que “la Corte Suprema del estado de Alabama no tiene autoridad para interferir con una orden judicial federal. Esta orden es indignante y desconcertante, y ninguna jerga legal puede ocultar la animosidad que está en la base de esta sentencia extralegal”.

Shannon Minter, directora jurídica de National Center for Lesbian Rights estima por su parte que “la Corte Suprema de Alabama no solo ha concedido un mandamiento solicitado por grupos privados, sino que se ha excedido aún más al estimar que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Alabama es constitucional, cuestión que ninguna de las partes le había pedido que abordase. Es profundamente lamentable que, mientras el matrimonio igualitario para todo el país está en el horizonte, la Corte Suprema de Alabama esté decidida a permanecer en el lado equivocado de la historia. La actuación de la Corte muestra un cruel desprecio por el impacto de esta decisión arbitraria en las parejas del mismo sexo y sus familias, pero estas familias deben animarse, porque esto es tan solo un tropiezo en el camino hacia la igualdad. Ya han cambiado para siempre la historia de su estado. La cuestión  no es si el matrimonio igualitario volverá a Alabama, sino cuán rápido lo hará”.

David Kennedy, uno de los defensores que consiguió la victoria en el tribunal federal, estima que los jueces de familia que acaten esta orden pueden arriesgarse a demandas por parte de las parejas a quienes no faciliten licencias. “Cuando las leyes del estado entran en conflicto con las leyes federales, las federales ganan”, afirma convencido.

Otros expertos, sin embargo, no son tan optimistas, y opinan que la Cláusula de Supremacía estipulada por la Constitución de los Estados Unidos, que hace regir los dictámenes federales sobre los estatales, se aplicaría caso a caso, lo que obligaría a las parejas a demandar (o unirse a demandas existentes) para que el tribunal federal obligase a un juez de familia en concreto a facilitar la licencia de matrimonio pertinente.

La Corte Suprema de Alabama, por su parte, ha dado a entender que únicamente acatará una orden dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sin atender a lo que dicten tribunales de rango inferior, por lo que la batalla judicial parece que va a prolongarse.

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Este lunes 9 de febrero empezaron a celebrarse las primeras bodas entre parejas del mismo sexo en el estado de Alabama, una vez que había finalizado la suspensión temporal dictada por la juez Granade cuanto dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes estatales que las prohibían. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema del estado, el fundamentalista cristiano Roy Moore, ha decidido rebelarse contra los tribunales federales y ha ordenado a los jueces de familia que no emitan licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. Debido a la controversia legal generada, gran parte de los condados han decidido no facilitar licencias de matrimonio a ninguna pareja, sean del mismo o de distinto sexo. Por su parte, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito ha decidido dejar en suspenso el proceso de apelación de los casos de Florida y Alabama, hasta la decisión definitiva del Tribunal Supremo de los Estados Unidos respecto al matrimonio igualitario.

La juez Callie V. S. Granade dictaminó el pasado 23 de enero sobre el caso de la pareja formada  por Cari Searcy y Kimberly McKeand, que habían contraído matrimonio en California pero residen actualmente en Alabama. Cari quería adoptar a la hija de Kimberly, amparándose en las leyes estatales que permiten la adopción del hijo del cónyuge, pero el estado sureño ni reconocía su matrimonio ni les permitía contraerlo, debido a la prohibición expresa que figura en su propia Constitución.

La juez falló a favor de las demandantes, resolviendo que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo establecida por las leyes de Alabama, violaba el derecho a la igual protección y al debido proceso recogidos en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En el fallo también se recogía su suspensión cautelar hasta el 9 de febrero, con el fin de dar tiempo a la Fiscalía a preparar una posible apelación ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito.

El lunes 26, la misma juez resolvió sobre la demanda presentada por James Strawser y John Humphrey contra la administración de Alabama, por no permitirles contraer matrimonio. El fallo recogió los mismos argumentos que la sentencia previa, estableciendo la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Alabama. Al igual que en el fallo precedente, la sentencia fue suspendida cautelarmente hasta el lunes 9 de febrero.

La administración de Alabama presentó inmediatamente una moción de suspensión permanente de ambas sentencias ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, que fue denegada mediante una escueta resolución que no ofrecía explicaciones. La Fiscalía procedió entonces a interponer la misma moción ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, específicamente ante la oficina del juez Clarence Thomas, uno de los miembros más conservadores del alto tribunal y encargado de supervisar el 11º Circuito de apelaciones.

El juez Thomas decidió someter al pleno del Tribunal Supremo la moción, que fue desestimada el mismo día 9, cuando vencía la suspensión temporal de la juez Granade. La resolución contó con los votos en contra, como en casos anteriores, del propio juez Thomas y del juez Antonin Scalia. Como en el caso de Florida, el alto tribunal denegaba por segunda vez suspender una sentencia favorable al matrimonio igualitario antes de que se haya resuelto su recurso por la Corte de Apelaciones correspondiente.

Rebelión del presidente de la Corte Suprema de Alabama

Por lo tanto, el 9 de febrero comenzaron a celebrarse las primeras bodas entre parejas del mismo sexo en el estado de Alabama. Aunque previamente había tenido lugar una controversia con la asociación mayoritaria de jueces de familia, que se había mostrado reacia a acatar la sentencia de la juez Granade. Incluso su portavoz había declarado que estimaba que el fallo solo era aplicable a las parejas demandantes. Ello hizo que la juez Granade, a instancia de las partes, emitiera una orden en la que clarifica su sentencia, en la que dejaba claro que era la misma Constitución de los Estados Unidos la que obligaba a la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. Tras la clarificación, la Asociación de Jueces de Familia rectificó su postura, y su presidente declaró que se emitirían licencias de matrimonio a las parejas que las solicitasen en cuanto la suspensión temporal de la sentencia de la juez Granade concluyese.

Pero el presidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore, tras conocer que las mociones de suspensión habían sido rechazadas, decidió actuar en contra de la decisión de la justicia federal. El mismo lunes emitió una resolución en la que ordenaba que “ningún juez de familia expedirá o reconocerá una licencia de matrimonio que sea incompatible con el artículo 1, sección 36.03, de la Constitución de Alabama”. Dicho artículo es el que describe el matrimonio como la unión sagrada de un hombre y una mujer y prohíbe expresamente tanto el matrimonio como las uniones civiles entre personas del mismo sexo en el estado.

El juez Moore ya había hecho llegar, en cuanto tuvo conocimiento de la sentencia del tribunal federal, un escrito al gobernador de Alabama en el que le instaba a “seguir defendiendo y apoyando la Constitución de Alabama con respecto al matrimonio, tanto por el bienestar de este estado como para nuestra posteridad. Tenga en cuenta que yo estoy con usted para detener la tiranía judicial y las opiniones ilegales emitidas sin autoridad constitucional”. Por esta misiva, en la que se rebelaba claramente contra la autoridad federal, se le interpuso una queja ante el Comité Judicial de Ética.

El gobernador Robert Bentley, sin embargo, declaraba que no pondría ningún impedimento para que se cumpliera la sentencia de la justicia federal, aparte de presentar las correspondientes apelaciones. Bentley recordaba el ominoso pasado de Alabama, cuando el estado se rebeló contra las decisiones judiciales que ponían fin a las leyes de segregación racial: “No quiero que Alabama sea vista como lo que era hace 50 años, cuando una ley federal fue desafiada. No voy a hacer eso”.

La carrera del juez Roy Moore ha estado salpicada de polémica por su afán de imponer sus creencias cristianas en el ejercicio de sus cargos. También es conocido por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB. En 2003 tuvo que cesar en el cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche. En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que califican las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

División en los condados

La inaudita orden del juez Moore ha ocasionado una fuerte controversia legal. En los condados más poblados, como Montgomery y Jefferson, se acataba la sentencia del tribunal federal y se celebraban las primeras bodas, como la de Kelli y Lisa Day, que se unían en matrimonio en el condado de Montgomery tras 20 años de convivencia y cuatro hijos en común.

Sin embargo, las parejas del mismo sexo no han sido tan afortunadas en la mayoría de los condados. En un principio, en 51 de los 67 condados que componen el estado de Alabama se ha rehusado emitir licencias de matrimonio a estas parejas. Uno de ellos ha sido Mobile, cuya denegación ha ocasionado la presentación de una demanda ante el tribunal de la juez Granade, que ha  establecido la audiencia preliminar para este 12 de febrero. Según U. W. Clemon, antiguo juez de distrito, “si un tribunal [federal] cursa una orden y alguien se niega a cumplirla, entonces se puede dictaminar el desacato al tribunal, lo que podría suponer una multa o el encarcelamiento hasta que se acate la orden”.

Quizás por temor a estas repercusiones, algunos de los condados han cambiado su decisión inicial, en un lento goteo, y han empezado a cumplir con el mandato judicial. Llevados por el mismo temor, según señala la organización de defensa de los derechos LGTB Equality Alabama, gran número de los condados “rebeldes” han suspendido la emisión de licencias de matrimonio a todas las parejas, sean del mismo o distinto sexo, con el fin de cumplir con la orden del juez Moore pero evitando las posibles demandas por discriminación.

Al finalizar la jornada de este miércoles 11 de febrero, desde la web de Human Right Campaign se ofrecían los siguientes datos: 23 condados cumplían con la ley y expedían licencias de matrimonio a las parejas del mismo o distinto sexo que las solicitaban; 18 condados desobedecían el mandato judicial y rehusaban facilitar licencias únicamente a las parejas del mismo sexo; finalmente, en 26 condados no se emitía ninguna licencia de matrimonio.

Suspendido el proceso de apelación en Florida y Alabama

La Corte de Apelaciones del 11º Circuito ha cursado una orden por la que establece la suspensión del proceso de apelación de las sentencias favorables al matrimonio igualitario de Florida y Alabama. Según la orden, el proceso no continuará hasta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decida al respecto, tras darse a conocer su decisión de considerar en este periodo de sesiones las sentencias desfavorables de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito.

Se prevé, según los expertos, que el alto tribunal falle sobre el matrimonio igualitario a finales de junio. Mientras tanto, debido a la decisión de no suspender las sentencias de los correspondientes tribunales federales, se seguirán celebrando matrimonios entre parejas del mismo sexo tanto en Alabama como en Florida.

Fuente Dosmanzanas

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