La oleada de odio tránsfobo que vive el mundo alcanza su perfecta representación en lo que está pasando en Estados Unidos, donde varios estados de mayoría republicana han aprobado leyes cuyo objeto no es otro que el discriminar a las personas trans. La modalidad más extendida es la de impedir a las estudiantes trans participar en competiciones deportivas femeninas, pero también hay leyes que les dificultan modificar sus datos registrales (Montana) e incluso facilitar tratamiento con bloqueadores puberales a los menores trans que lo deseen (Arkansas).

El Partido Republicano de Estados Unidos, una formación política cada vez más enferma de transfobia, consiguió de la mano del expresidente Trump importantes éxitos en su estrategia de discriminación contra las personas trans a nivel federal. La pérdida de la presidencia a manos de Joe Biden, que en solo unos meses ha revertido dichas medidas, ha hecho que la obsesión tránsfoba se traslade a los estados que controlan, al tener mayoría en sus cámaras legislativas para aprobar las medidas y gobernadores dispuestos a rubricarlas (o mayorías suficientemente amplias como para superar sus vetos).

A lo largo de este 2021, de hecho, seis estados han legislado prohibir a las estudiantes trans participar en competiciones deportivas de acuerdo a su identidad de género. Se trata de leyes concebidas para que colegios y universidades no puedan aceptar a deportistas trans en sus equipos femeninos. Una medida del agrado tanto de la derecha religiosa como del activismo feminista radical transexcluyente (el tristemente conocido movimiento TERF). Se trata, por el momento, de Arkansas, Alabama, Tennessee, Mississippi, Montana y Virginia Occidental. Estos seis estados se unen a Idaho, el primer estado que adoptó una medida similar en 2020, aunque su aplicación se encuentra paralizada por decisión de un juez federal. Una paralización que se encuentra pendiente de la decisión que finalmente adopte la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que hace poco más de un mes escuchó los argumentos de las partes.

Pero si la prohibición a las estudiantes trans de participar en equipos femeninos es repugnante, aún más crueles son otras dos leyes aprobadas en Arkansas y Montana. En Arkansas, la legislatura del estado ha aprobado una ley que criminaliza cualquier tipo de atención médica a los menores trans que tenga como objeto facilitarles la transición o simplemente impedir el desarrollo de caracteres sexuales no deseados. Se trata del primer estado de Estados Unidos en llegar tan lejos. Hasta el gobernador republicano del estado, Asa Hutchinson, que sí estuvo de acuerdo en firmar la ley que discrimina a las deportistas trans, se vio moralmente obligado a vetarla, pero la mayoría republicana en la legislatura de Arkansas es tan grande que el veto fue superado en una nueva votación. Un procedimiento tan común en el abordaje de la adolescencia trans, como es el tratamiento con bloqueadores puberales, es ahora ilegal en ese estado, y puede llevar a los médicos que se atrevan a prescribirlo a su inhabilitación.

Por lo que se refiere a Montana, la nueva ley impide a las personas trans acceder a la modificación de sus datos registrales a no ser que se hayan sometido previamente a cirugía de reasignación genital. No se trata del único estado que obliga a ello (a este respecto existe una gran diversidad de situaciones entre los 50 estados del país), pero supone un gigantesco paso atrás en un estado que hasta ahora no lo hacía. Por lo que se refiere a este aspecto, recordemos que el año pasado Idaho aprobó una ley que impedía en todos los casos la modificación registral del sexo (algo que en este momento solo hace Tennessee), ley que también se encuentra paralizada por decisión judicial.

Los estados citados son los que han aprobado legislaciones abiertamente tránsfobas, pero por desgracia no son los únicos en los que estas propuestas están siendo discutidas. Es previsible, de hecho, que en próximos meses algunos otros estados en los que los republicanos disponen de sólidas mayorías implementen medidas similares. Y es que, como The Conversation señalaba en un reciente artículo, los republicanos han encontrado en la transfobia un excelente argumento para movilizar a sus bases de cara a las elecciones de medio término, que tendrán lugar en noviembre de 2022, en las que intentarán recuperar el terreno perdido en 2020. Está por ver si lo lograrán, pero de lo que no cabe ya duda es de que en el camino habrán conseguido hacer aún más dificil la vida de las personas trans, y muy especialmente la de las mujeres trans. Para ello, además, han encontrado un valioso aliado: el feminismo radical transexcluyente, que aplaude entusiasta cualquier medida discriminatoria contra este colectivo.

Fuente Dosmanzanas

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La mayoría conservadora en el Supremo levanta la suspensión cautelar de la orden de Trump: las personas trans, de nuevo vetadas en el Ejército estadounidense.

Corren malos tiempos para las libertades. En el mundo en general, y en Estados Unidos en particular. Estados Unidos ha dado un nuevo paso atrás en materia de derechos LGBTI tras la alineación del Tribunal Supremo con las tesis tránsfobas de Donald Trump.

Victoria de la administración Trump en su cruzada contra la comunidad trans en Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha decidido levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre la orden para excluir a las personas trans del Ejército, con lo que a partir de ahora está prohibida su contratación, como ya ocurría antes de 2016. El fallo, que es provisional hasta que se resuelvan las demandas presentadas, refleja la nueva mayoría conservadora del alto tribunal. La entrada en vigor de la norma discriminatoria supondrá también la interrupción de la financiación de los tratamientos de reasignación, salvo los del personal que se encuentre en pleno proceso.

La agenda anti-LGTB de la administración de Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence ha puesto desde el primer momento a las personas trans en su punto de mira. En julio de 2017, el presidente anunciaba en la red social Twitter su decisión de excluirlas del Ejército. El mensaje se hacía efectivo pocas semanas después mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior. El documento, al que puedes acceder aquí, vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso. La administración Trump retomaba la situación previa a junio de 2016, cuando el expresidente Barack Obama abrió las fuerzas armadas a las personas trans, dando inicio a un proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria que debía culminar el mes de enero de 2018.

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales por parte de personas trans que sirven o quieren servir en el Ejército y de asociaciones de defensa de los derechos civiles. En respuesta a sendas demandas, tres jueces federales decretaron suspensiones cautelares de la orden presidencial, al considerar que la norma atenta contra el derecho a un trato igualitario y a la libertad de expresión. Mientras tanto, la presidencia emitía en marzo de este año un nuevo memorándum en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. El Pentágono aclaraba, eso sí, que por el momento los hombres y mujeres trans podían seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales.

Una situación temporal a la que la administración Trump quiso poner fin cuanto antes. Es por ello que el pasado noviembre, el procurador general Noel Francisco recurría al Tribunal Supremo para pedirle que decida sobre las suspensiones cautelares que están en vigor. La Casa Blanca puenteó a las Cortes de Apelaciones, las instancias que deberían resolver los procesos en marcha, y se dirigió directamente al máximo órgano judicial de Estados Unidos. Con este atajo, Trump pretendía evitar una posible sentencia contraria a la discriminación por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, frecuente objetivo de las críticas del presidente por su presunta tendencia liberal y que debería decidir sobre dos de las demandas.

Un Supremo con una mayoría conservadora, después de la polémica designación de Brett Kavanaugh, decidía este martes por cinco votos a cuatro levantar la paralización de la norma. La petición de puentear a las Cortes de Apelaciones, sin embargo, no fue atendida, y la del Noveno Circuito se pronunciará antes de que el asunto regrese previsiblemente al Supremo para su resolución final. Los activistas se han felicitado por que el caso siga su curso por los tribunales intermedios, pero lamentan que con el fin de la suspensión de la norma tránsfoba, se les complica la vida a los militares trans que sirven en la actualidad. Se enfrentan al despido o a la imposibilidad de acceder a un tratamiento de reasignación, salvo que se encuentren ya en pleno proceso.

Está por ver qué ocurrirá a continuación. Si la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirma las suspensiones cautelares sobre las que tiene que pronunciarse aún, la norma tránsfoba podría volver a quedar paralizada. La sentencia final, en cualquier caso, la tomará con toda probabilidad de nuevo el Tribunal Supremo.

Con noticias como estas, todas las conquistas que hemos ido realizando en los últimos años están en serio peligro con la fuerza que los populismos de derecha y ultraderecha están adquiriendo en Estados Unidos, Brasil, o en varios países europeos.

Fuente AmbienteG/Dosmanzanas

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Will Walters llevaba cinco años esperando la resolución de la demanda que interpuso contra la ciudad de San Diego por discriminación homófoba. Dos semanas después de conocer el veredicto desfavorable, Walters fue encontrado muerto el pasado 28 de diciembre en su apartamento, a la edad de 35 años. Todo apunta a que se quitó la vida, posiblemente como resultado de la precaria situación económica en la que quedaba tras perder la larga batalla jurídica.

Will Walters fue detenido por exhibicionismo durante el Orgullo LGTB de 2011 en San Diego (California), cuando tenía 29 años. Los agentes argumentaron entonces que su indumentaria, un disfraz de cuero estilo leather (ver imagen, a la derecha), infringía las normas de decencia pública, por lo que le pidieron que se cubriese. Walters se negó, y la policía lo llevó detenido a comisaría. Walters sostuvo que durante la detención recibió un trato discriminatorio, llegando a escuchar como se referían a él como “drama queen” (un término ofensivo equiparable a español “marica loca”).

Aunque posteriormente Walters recibió la disculpa del Departamento de Policía del Condado de San Diego, la ciudad se negó a reconocer la detención como ilegal. Convencido de su motivación homófoba, Walters acabó por interponer una demanda federal por violación de su derecho a una protección igualitaria, reconocida por la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Al fin y al cabo, como bien argumentaba su abogado Chris Morris en un comentario sobre el caso publicado el julio, la vestimenta por la que fue detenido Walters no muestra más desnudez que la que muestran muchos trajes de baño de los que pueden verse todos los días en las playas de la misma San Diego.

Comenzó así una batalla legal que se ha prolongado durante cinco años. Durante este tiempo, Walters se convirtió en un activista por los derechos LGTB, pero sobre todo se movilizó para concienciar a la sociedad sobre la importancia y las dificultades que supone proteger los derechos por la vía judicial frente a las autoridades civiles.

Inicialmente, la justicia dio la razón a la ciudad de San Diego y desestimó la demanda con un juicio sumarísimo. Pero Walters recurrió, y la Corte de Apelaciones del 9º Circuito le dio la razón, forzando a que se celebrase un juicio con jurado. El 13 de diciembre se conocía por fin el veredicto: el jurado se negaba a reconocer que la detención de Walters fue un acto discriminatorio motivado por su orientación sexual. Dos semanas después, el 28 de diciembre, Walters era hallado muerto en su apartamento.

Todos los indicios apuntan a que se quitó la vida. Como hipótesis sobre el motivo del suicidio, los medios estadounidenses recogen la precaria situación económica en la que Walters quedaba, ya que según aseguran sus abogados se había gastado alrededor de un millón de dólares en costes judiciales durante estos cinco años.

Historias como la de Will Walters nos recuerdan no solo lo costoso que resulta para las personas LGTB conquistar derechos, también lo frágiles que estos son una vez conquistados. No deberíamos olvidarlo cada vez que salgamos a las calles para celebrar el Orgullo, como él hizo.

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Una jueza federal de Guam, territorio del Pacífico dependiente de los Estados Unidos, que aunque no forma parte de ese país si está sometido a su justicia federal, ha sentenciado que la prohibición del matrimonio igualitario en Guam viola el debido proceso y a la igual protección recogidos en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. El gobernador de Guam, Eddie Calvo, ya ha anunciado que acatará la sentencia, efectiva a partir del próximo martes. Guam, uno de los territorios que España cedió a Estados Unidos tras la guerra de 1898, se suma de este modo a la cada vez mayor lista de lugares que reconocen el matrimonio igualitario.

Hace unas pocas semanas contábamos la peculiar situación en la que se encontraba la isla de Guam, sobre la cual tiene jurisdicción el 9º Circuito federal de Apelaciones (uno de los que ya se ha pronunciado a favor del matrimonio igualitario). Es por eso que su fiscal general, Elizabeth Barrett-Anderson, dio la orden de emitir licencias de matrimonio para parejas del mismo sexo apenas dos días después de que Kathleen Aguero y Loretta Pangelinan interpusieran una demanda ante la justicia federal tras haberles sido denegada su solicitud de matrimonio. Se trata de la primera pareja del mismo sexo que intenta contraer matrimonio en Guam, una pequeña isla que cuenta con poco más de 150.000 habitantes. La fiscal general, en aplicación de la sentencia emitida en octubre de 2014 por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito (que consideró que la prohibición del matrimonio igualitario violaba el derecho a la igual protección recogido en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos) ordenó expresamente que se emitieran licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que lo solicitaran.

Sin embargo la situación se complicó cuando el gobernador Eddie Calvo, perteneciente al Partido Republicano (Guam reproduce el mismo sistema de partidos que su metrópoli), daba la orden contraria, al estimar que la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo es competencia de la legislatura de Guam e incluso sugería la celebración de un referéndum al respecto (la legislatura unicameral de Guam, formada por 115 senadores, está en estos momentos bajo control demócrata). Cabe destacar, en este sentido, que la Constitución de Guam no prohíbe expresamente el matrimonio igualitario ni se refiere al matrimonio como entre un hombre y una mujer, aunque sí lo hacen normas inferiores.

La resistencia del gobernador abrió de este modo un inesperado conflicto (el Pacific Daily News, principal diario de la isla, le reprochaba en un duro editorial no tomar “la decisión valiente de poner fin a la discriminación contra los homosexuales en Guam”), al que sin embargo la jueza federal Frances M. Tydingco-Gatewood ha puesto fin al fallar a favor de la pareja demandante, y hacerlo antes de que el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos se pronuncie a finales de junio sobre si la prohibición del matrimonio igualitario por parte de un estado atenta contra la Constitución. Y aunque el gobernador había expresado su contrariedad por el hecho de que finalmente la justicia federal resolviera el caso antes de conocer la decisión del Supremo, también ha manifestado en todo momento su voluntad de acatar sin peros la decisión de la justicia, posición que ha mantenido tras conocer la sentencia. “Ahora ya tenemos claridad en la materia”, ha declarado.

“El arzobispo está triste… ¿Qué tendrá el arzobispo?“

El fallo judicial ha sido recibido con satisfacción por la speaker de la legislatura unicameral de Guam, la demócrata Judit Won Pat. “Este es un día muy importante para nuestra isla (…) La cuestión del matrimonio igualitario trata sobre la igualdad de derechos para los ciudadanos que son gais y lesbianas, y este fallo es trascendental en la observancia de este derecho civil”, ha expresado en un comunicado.

Menos feliz se ha mostrado el arzobispo católico del territorio, Anthony Sablan, a quien la decisión ha sumido, según otro comunicado, en una “tremenda tristeza”. “El reconocimiento de la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio destruye el tejido básico de la sociedad y acabará destrozando seres humanos en el proceso. El matrimonio es y siempre será la unión entre dos personas de sexo opuesto, esta unión entre un hombre y una mujer debe ser protegida, y no destruida, por nuestro gobierno”, ha añadido…

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Gobernador Eddie Baza Calvo (R-Guam)

Conflicto político-jurídico en la isla de Guam, territorio del Pacífico bajo soberanía de los Estados Unidos, que aunque no forma parte de ese país si está sometido a su justicia federal. Sobre Guam tiene jurisdicción el 9º Circuito de Apelaciones, uno de los que ya se ha pronunciado a favor del matrimonio igualitario. Es por eso que su fiscal general, Elizabeth Barrett-Anderson, ha dado órdenes de emitir licencias de matrimonio para parejas del mismo sexo, como ya habíamos anunciado. El gobernador, el republicano Eddie Calvo, ha emitido la orden contraria…

La orden de Elizabeth Barrett-Anderson era emitida apenas dos días después de que Kathleen Aguero y Loretta Pangelinan, una pareja de mujeres, interpusieran una demanda ante la justicia federal tras haberles sido denegada su solicitud de matrimonio. Se trata, al parecer, de la primera pareja del mismo sexo que intenta contraer matrimonio en Guam, una pequeña isla que cuenta con poco más de 150.000 habitantes. La fiscal general, en aplicación de la sentencia emitida en octubre de 2014 por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito (que consideró que la prohibición del matrimonio igualitario viola el derecho a la igual protección recogido en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos) ordenó expresamente que se emitieran licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que lo solicitaran. Guam, uno de los territorios que España cedió a Estados Unidos tras la guerra de 1898, parecía sumarse de este modo a la cada vez mayor lista de lugares que reconocen el matrimonio igualitario.

Sin embargo la situación no está ni mucho menos resuelta. Eddie Calvo, el gobernador de Guam, perteneciente al Partido Republicano (Guam reproduce el mismo sistema de partidos que su metrópoli), daba la orden contraria, al estimar que la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo es competencia de la legislatura de Guam e incluso sugería la celebración de un referéndum al respecto (la legislatura unicameral de Guam, formada por 115 senadores, está en estos momentos bajo control demócrata). Cabe destacar, en este sentido, que la Constitución de Guam no prohíbe expresamente el matrimonio igualitario ni se refiere al matrimonio como entre un hombre y una mujer, aunque sí lo hacen normas inferiores.

La resistencia del gobernador abre de este modo un conflicto que muy posiblemente deberá ser resuelto por la justicia federal, ya sea por orden expresa del 9º Circuito o incluso, si el proceso se retrasa, del propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que tiene previsto emitir una sentencia de alcance federal en junio. A menos que Eddie Calvo de marcha atrás y decida confluir con el criterio de la fiscal general, algo que ya le están los grupos de defensa de los derechos LGTB, como Human Rights Campaign; políticos demócratas locales, como la senadora Nerissa Bretania Underwood, o el principal diario de la isla, el Pacific Daily News, que en un editorial publicado este viernes reprochaba al gobernador no tomar “la decisión valiente de poner fin a la discriminación contra los homosexuales en Guam”.

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El juez federal Joseph F. Bataillon ha dictaminado este 2 de marzo que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en las leyes de Nebraska viola la Constitución de los Estados Unidos. También ha emitido una orden dirigida a todos los funcionaros del estado implicados para que apliquen su sentencia, estableciendo como efectos de la misma el próximo día 9 de marzo. La Fiscalía de Nebraska ya ha iniciado el proceso de presentación del correspondiente recurso ante la Corte de Apelaciones del 8º Circuito. Es muy posible que esta Corte de Apelaciones, que aún no ha fallado respecto al matrimonio igualitario, dictamine la suspensión cautelar de la sentencia, como ha ocurrido en los casos de Misuri, Arkansas y Dakota del Sur.

Joseph F. Bataillon ya había dictaminado en 2005 a favor del matrimonio igualitario en Nebraska. En aquella ocasión se dilucidaba la constitucionalidad del proceso legal por el que se había enmendado la Constitución del estado para definir el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, e impedir así el reconocimiento de los enlaces de las parejas del mismo sexo. El juez Bataillon estimó que esa enmienda violaba la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, sin embargo, en 2006 la Corte de Apelaciones del 8º Circuito revocó su sentencia, permitiendo que la legislación discriminatoria siguiera en vigor.

En esta ocasión, el juez Bataillon ha tenido que decidir sobre las demandas interpuestas por ocho parejas. Unas denunciaban el no reconocimiento por parte de la administración de Nebraska de sus matrimonios celebrados legalmente en otros estados, otras que Nebraska les impidiera contraer matrimonio, en aplicación de la sección 29ª de su Constitución, que establece que “solo el matrimonio entre un hombre y una mujer será válido o reconocido en Nebraska. La unión de dos personas del mismo sexo en una unión civil, compromiso doméstico u otro tipo de relación similar entre personas del mismo sexo no serán válidos o reconocidos en Nebraska”.

Mientras que las parejas demandantes argüían que esta prohibición vulnera su derecho a la igual protección y al debido proceso amparados por la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la Fiscalía de Nebraska se remitía a la decisión antes citada de la Corte de Apelaciones del 8º Circuito y al derecho de los estados a “convertir las relaciones naturalmente procreativas en uniones duraderas y unir a los hijos con sus padres biológicos”.

El juez Bataillon ha citado la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Windsor, en la que se establece que “las leyes estatales que definen y regulan el matrimonio deben respetar los derechos constitucionales de las personas”. También se ha apoyado en los dictámenes favorables al matrimonio igualitario de las Cortes de Apelaciones del 9º y 4º Circuitos, y ha querido desligar completamente el matrimonio de la procreación, resolviendo que “para la mayoría de las parejas casadas, las que no tienen hijos en el hogar, el matrimonio es un compromiso legal y emocional para el bienestar de su pareja. El Estado tiene claramente el derecho a animar a las parejas a casarse y proporcionarse apoyo mutuo. Sin embargo, esas leyes deben aplicarse por igual y sin atender al género. Es hora de poner fin a esta disposición desigual”. Con esta sentencia el juez hace honor al lema que figura en el escudo de Nebraska: “Igualdad ante la Ley”.

El fallo, por lo tanto, ha sido a favor de las parejas demandantes, aunque se ha establecido que su entrada en vigor se posponga hasta el próximo día 9 de marzo. El juez también ha emitido una orden en la que clarifica que todos los funcionarios y personal administrativo relacionado con el matrimonio deben tratar de igual modo a las parejas del mismo o distinto sexo. Es evidente que esta precaución ha sido tomada para evitar la lamentable situación que tuvo lugar en Alabama, donde la juez federal tuvo que reiterar en dos ocasiones el ámbito de su sentencia, ante la rebelión de los jueces de familia de los condados, incitados por el propio presidente de la Corte Suprema del estado.

Sin embargo, esta precaución puede ser en balde, pues mientras transcurre la semana establecida para la entrada en vigor de la sentencia, podría prosperar la más que previsible petición de la Fiscalía de su suspensión cautelar ante la Corte de Apelaciones del 8º Circuito. Esta Corte de Apelaciones ya ha suspendido, o confirmado la suspensión, las sentencias favorables de Misuri, Arkansas y Dakota del Sur hasta que concluya el proceso de apelación. Lo que ya ha hecho la Fiscalía de Nebraska es iniciar el proceso de recurso, comunicando oficialmente al tribunal su intención de apelar.

Para conocer los avences y la situación actual del Matrimonio igualitario en EE.UU., pincha aquí.

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El juez federal Brian Morris ha dictaminado que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación de Montana viola la Constitución de los Estados Unidos. El fallo concluye con un mandato cautelar, de efectos inmediatos, en el que ordena a los funcionarios del estado que no apliquen las leyes declaradas inconstitucionales. Al no haberse establecido ninguna suspensión ni demora de la sentencia, las parejas del mismo sexo podrán contraer matrimonio a partir de este 19 de noviembre, aunque el fiscal general del estado ha comunicado que presentará apelación. El mismo juez Morris hace constar en su sentencia que “hoy Montana se convierte en el trigésimo cuarto estado en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Montana era el único estado perteneciente a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, la de mayor ámbito, en el que no se había dictaminado aún acerca de este asunto. Dicha Corte de Apelaciones ya había dictaminado a favor del matrimonio igualitario en los casos de Idaho y Nevada, dictamen que no fue recurrido dado que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no había admitido a trámite apelaciones contra sentencias del mismo tipo en otros estados.

La posibilidad, pues, de que prospere un recurso contra la sentencia del juez Morris es escasa. El gobernador, el demócrata Steve Bullock, ya se ha declarado en el pasado partidario del matrimonio entre personas del mismo sexo y su oficina ni siquiera ha aparecido como parte en el juicio. Sin embargo, el fiscal general del estado, el republicano Tim Fox, ha comunicado que apelará la sentencia al entender que es su deber “respetar y defender la Constitución de Montana” y que su objetivo es llegar hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En las alegaciones presentadas ante el tribunal del juez Morris, el fiscal Fox llegó a comparar el matrimonio entre personas del mismo sexo con el incesto y la poligamia.

En todo caso, el juez no ha establecido demora ni suspensión algunas de su fallo, por lo que los matrimonios entre personas del mismo sexo se podrán celebrar de manera inmediata. En la sentencia, que se fundamenta en la jurisprudencia establecida por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, se establece que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en el artículo XIII, sección 7 de la Constitución de Montana y en las secciones 40-1-103 y 40-1-104 de su Código Civil viola el derecho a la igual protección garantizado por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

En las disposiciones finales, el texto de la sentencia del juez Morris es un claro ejemplo del imparable recorrido judicial que atraviesa el matrimonio igualitario en los Estados Unidos: “las leyes de Montana que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo imponen una ‘situación jurídica desfavorecida’ a las parejas del mismo sexo. Ha llegado el momento de que Montana siga a los otros estados del Noveno Circuito y reconozca que las leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo violan el derecho constitucional de las parejas del mismo sexo a la igual protección ante las leyes. Hoy Montana se convierte en el trigésimo cuarto estado en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Denegada la suspensión en Carolina del Sur

En Carolina del Sur, la sentencia favorable estaba suspendida cautelarmente hasta el mediodía de este 20 de noviembre. La Corte de Apelaciones del 4º Circuito, que ya ha sentado jurisprudencia favorable al matrimonio igualitario en el caso de Virginia, rechazó la solicitud de suspensión permanente del fiscal del estado. La administración de Carolina del Sur recurrió entonces al Tribunal Supremo, que este mismo día 20 ha rehusado a su vez su concesión. Como en el caso de Kansas, en la resolución se aclara que los jueces Thomas y Scalia han sido discrepantes con la denegación.

De esta manera, Carolina del Sur se ha convertido en el 35º estado de los Estados Unidos en reconocer el matrimonio igualitario, y ya se han empezado a expedir las primeras licencias matrimoniales. Se trata del primer estado de la región histórica del “Profundo Sur” en el que se alcanza la igualdad para las parejas del mismo sexo. En Luisiana, otro de los estados de esta región, se había fallado también al respecto, pero en este caso la sentencia había sido desfavorable a los derechos LGTB. En Alabama, Georgia y Mississippi, los tres estados restantes, aún no se ha dictaminado al respecto.

Una lista cada vez mayor y una situación cada vez más compleja

Con la incorporación de Montana y Carolina del Sur, el matrimonio igualitario ya es completamente legal en 35 estados de los Estados Unidos, cuya población sobrepasa ya los 200 millones de personas. En el resto de estados existen situaciones peculiares, en un proceso judicial cada vez más rocambolesco.

En Kansas, aunque ya ha habido una sentencia favorable de un tribunal federal, y su suspensión ha sido denegada en la última instancia, la Fiscalía del estado, en una actuación torticera, ha dado instrucciones a las secretarías de los condados de que no faciliten licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, excepto en aquellos que pertenezcan a la jurisdicción del juez federal. Sin embargo, asociaciones LGTB aducen que los jueces federales tienen jurisdicción en todo el estado, por lo que la medida de la Fiscalía debe tomarse como un acto desesperado de dilación de lo que ya es no solo inevitable sino completamente legal.

En Ohio, Michigan, Kentucky y Tennesse, las sentencias favorables dictadas por los jueces federales han sido revocadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, la única en dictaminar en contra de la igualdad de derechos de las personas LGTB. Este dictamen ya ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por los equipos legales de las parejas demandantes en los cuatro estados.

En Misuri, aunque existe una sentencia federal en suspenso hasta que se decida su apelación, sí que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en el condado de Saint Louis, el más populoso del estado, según estableció un juez de ámbito local. Como Misuri sí reconoce los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde es legal, los enlaces celebrados en Saint Louis son válidos en todo el estado.

En otros estados existen sentencias favorables de jueces federales que aún están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación, como es el caso de Florida  (11º Circuito), Texas (5º Circuito) y el del ya citado Misuri (8º Circuito). Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que también debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito). En Arkansas, finalmente, es la Corte Suprema estatal la que debe revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal.

Los estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está plenamente vigente son, en este momento, Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 10 jurisdicciones tribales.

Fuente Dosmanzanas

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Arizona y Wyoming se han unido a la lista de estados de los Estados Unidos donde es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. El juez federal John W. Sedwick ha sentenciado que la prohibición del matrimonio igualitario vigente en las leyes del estado de Arizona viola la Constitución de los Estados Unidos. El fiscal general de Arizona ha comunicado ya que no apelará la decisión y ha dado instrucciones a los secretarios de los condados para que faciliten licencias de matrimonio a las parejas que las soliciten. Por su parte, el juez federal Scott W. Skavdahl ha dictado una medida cautelar contra la normativa que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo en Wyoming, a la que declara inconstitucional, aunque ha suspendido la aplicación de su medida hasta el próximo jueves 23 de octubre. El gobernador del estado ha comunicado a su vez que tampoco apelará esta decisión. Con Arizona y Wyoming, el matrimonio igualitario ya es legal en 32 estados.

La legalización del matrimonio igualitario en los estados adscritos a los circuitos de apelación que han fallado favorablemente al respecto se está convirtiendo en mero trámite. Es el caso de Arizona, que depende de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que ya ha dictaminado a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo en Idaho y Nevada. Que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rehúse repetidamente admitir a trámite las apelaciones  contra estas decisiones favorables hace que las sentencias de los jueces federales adquieran firmeza de manera casi inmediata.

Así ha ocurrido en Arizona, donde el juez federal John W. Sedwick ha sentenciado en dos casos distintos, en la misma fecha y con el mismo resultado: la prohibición del matrimonio igualitario en Arizona viola el derecho a la igual protección recogido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El fundamento es la decisión del órgano superior a la autoridad del juez, la Corte de Apelaciones. Ya no son necesarias largas argumentaciones en que basar el fallo, porque ya existe jurisprudencia que acatar. El juez negaba la posibilidad de cualquier suspensión de su dictamen y ordenaba a la administración de Arizona que dejase sin efectos de manera inmediata cualquier disposición legal contraria al mismo.

Poco después de conocerse la sentencia del juez Sedwick, el fiscal general de Arizona, Tom Horne, comunicaba que no la apelaría. Su decisión se basaba en criterios fundamentalmente prácticos, pues, a su juicio, la apelación “sería un ejercicio inútil que solo serviría para gastar el dinero de los contribuyentes”. Según el fiscal Horne, “la probabilidad de que el Noveno Circuito revierta la decisión del tribunal de distrito es nula. La probabilidad de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revise la decisión del Noveno Circuito es también cero. Por lo tanto, para lo que único que serviría la presentación de una apelación sería para malgastar el dinero de los contribuyentes”.

El fiscal Horne ordenaba a las Secretarías de los condados que facilitasen las licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las deseasen, y así, este mismo 17 de octubre, tenían lugar las primeras bodas, entre ellas la de Nelda Majors y Karen Bailey (en la fotografía), dos de las demandantes en el caso cuya sentencia ha traído la igualdad de derechos para las parejas LGTB de Arizona.

La gobernadora del estado, la republicana Jam Brewer, expresaba sin embargo su malestar con la decisión judicial, a pesar de tener que acatarla. Según Brewer, “no solo es decepcionante, sino también muy preocupante, que los jueces federales no electos pueden dictar las leyes de los estados, crear derechos basados ​​en sus preferencias políticas personales y suplantar la voluntad del pueblo en un área tradicionalmente en manos de los estados desde hace más de doscientos años. Como opinó el juez Scalia, dicha acción es equivalente a ‘una afirmación de la supremacía judicial sobre el pueblo’ y es una imagen del poder judicial que habría sido ‘irreconocible para aquellos que escribieron y ratificaron nuestra carta nacional’. En pocas palabras, los tribunales no deberían dedicarse a cambiar las leyes en función de sus agendas personales. No es el papel del poder judicial determinar que los matrimonios del mismo sexo deben ser permitidos. Histórica y tradicionalmente, ese poder pertenece a los estados y al pueblo. Si la sociedad quiere reconocer el matrimonio homosexual o las uniones civiles, dicha decisión debe ser tomada a través de nuestros representantes elegidos o en las urnas, no en los tribunales”.

A pesar de la opinión de la gobernadora Brewer, Arizona se ha convertido en el 31º estado de los Estados Unidos en reconocer el matrimonio igualitario.

Wyoming, hogar de Brokeback Mountain, se une a lista de la igualdad

Pocas horas después de conocerse la sentencia de Arizona, el juez federal Scott W. Skavdahl emitía una medida cautelar de obligado cumplimiento que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en el estado de Wyoming. Su decisión se fundamentaba en el dictamen de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito, al que pertenece Wyoming, que estimó que las leyes que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo en Utah y Oklahoma violaban la facultad de una parte de la ciudadanía de ejercer un derecho fundamental en base a su orientación sexual, y por lo tanto eran contrarias a la Constitución de los Estados Unidos. La apelación contra esa decisión no fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. A pesar de ello, el juez Skavdahl ha estimado conveniente garantizar el derecho de la administración estatal a recurrir su mandato cautelar y ha establecido una demora en su aplicación para que puedan preparar el recurso, que finalizará a las cinco de la tarde del próximo jueves 23 de octubre, o hasta que la Fiscalía del estado le comunique que no presentará recurso alguno.

Desde la oficina del gobernador de Wyoming, el también republicano Matthew H. Mead, se informaba poco después de que la Fiscalía General de Wyoming no presentaría apelación contra el mandato del juez Skavdahl, al considerar altamente improbable que tuviese éxito ante la Corte de Apelaciones del 10º Circuito. También se reproducían las declaraciones del gobernador Mead al respecto, más conciliadoras que las de su homóloga de Arizona. Mead estima que “este resultado es contrario a mis creencias personales y las de muchos otros. Como en todos los asuntos, respeto el papel de los tribunales y el fallo del tribunal. Hay cuestiones jurídicas complicadas entre el sistema judicial estatal y federal. Los demandantes también han presentado un caso ante la corte estatal, que sigue activo, aunque cualquier decisión de ese tribunal no cambiaría el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. Si bien este no es el resultado que yo y otros habríamos esperado, reconozco que las personas tienen diferentes puntos de vista y, espero que todos los ciudadanos estén de acuerdo, estamos obligados por la ley”.

En el mismo comunicado se indicaba que el fiscal general presentará un informe ante el tribunal del juez Skavdahl antes de que concluya el plazo fijado en el mandato, en el que constará la decisión de no apelar su dictamen. Desde ese momento, el matrimonio entre personas del mismo sexo será posible en Wyoming, el estado al que pertenecen los paisajes de Brokeback Mountain donde se desarrolló la historia de amor de Jack Twist y Ennis del Mar.

El Tribunal Supremo rechaza suspender el matrimonio en Alaska

Como ya había anunciado el gobernador de Alaska, Sean Parnell, su Fiscalía General presentó el pasado 12 de octubre ante el juez del Tribunal Supremo Anthony M. Kennedy, supervisor de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, una solicitud de suspensión de la sentencia que permite el matrimonio igualitario en su estado mientras se decida su apelación. La Corte de Apelaciones suspendía la sentencia el 15 de octubre, en espera de la decisión del Tribunal Supremo, en un acto garantista cuyo objetivo era no incurrir en el mismo error que trajo consigo la suspensión durante unos días del matrimonio igualitario en Idaho.

A las tres de la tarde de este viernes 17 de octubre, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazaba la solicitud de la Fiscalía. El matrimonio igualitario en Alaska había sido suspendido durante apenas tres días.

Una lista cada vez mayor

Con estas nuevas incorporaciones, la lista de estados donde se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo asciende ya a 32: Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y a 10 jurisdicciones tribales.

Además, están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario en Florida, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee y Texas. Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana. En Arkansas, es la Corte Suprema del estado la que debe revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal. En Misuri, por su parte, un juez estatal ha ordenado el reconocimiento de los matrimonios celebrados en otros estados. Y ya hay demandas contra la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los demás estados.

El siguiente mapa, que hemos tomado de Freedom To Marry, muestra cual es la situación en el momento actual:

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Alaska, Anthony M. Kennedy, Brokeback Mountain, Corte de Apelaciones del 10º Circuito, Corte de Apelaciones del 9º Circuito, Discriminación, Estados Unidos, IDAHO, Jam Brewer, John W. Sedwick, Matrimonio, Matthew H. Mead, Nevada, Oklahoma, Scott W. Skavdahl, Tom Horne, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Utah, Wyoming

El matrimonio igualitario, imparable en los Estados Unidos, se sigue extendiendo por los territorios del conservador “viejo sur” al llegar hasta Carolina del Norte, pero también alcanza a los más norteños, al incorporar en sus filas a Alaska. En ambos casos ha sido por decisión de jueces federales. En ambos casos también, sus respectivas Cortes de Apelaciones ya han dictaminado la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, por ello no ha habido suspensión alguna de las sentencias hasta una posible apelación. Respecto a Idaho, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha rechazado la solicitud de la fiscalía de suspender la decisión de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que este mismo 13 de octubre ha emitido un mandato que obliga a la administración del estado a acatar la sentencia.

El pasado 10 de octubre, el juez federal Max O. Cogburn Jr. dictaminaba que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación del estado de Carolina del Norte era inconstitucional. La sentencia basa su argumentación en el dictamen de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, al que pertenece ese estado, que ya estableció que las leyes que impedían el matrimonio igualitario en Virginia, otro de los estados de la misma jurisdicción, violaban el derecho a la igual protección recogido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Según el juez Cogburn, “lo planteado ante este tribunal no es un asunto político, ni una cuestión moral. Es una cuestión legal” dejando que claro que no cabía otra opción más que la de seguir el dictamen de la Corte de Apelaciones. En la sentencia se denegaba asimismo cualquier moción destinada a retrasar o entorpecer la entrada en vigor de la misma, con una prohibición expresa y permanente de que el acusado (en este caso el gobierno de Carolina del Norte) promueva leyes destinadas a impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado.

Dado que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya rehusó admitir a trámite la apelación contra la sentencia de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito referida a Virginia, en este caso no se ha establecido suspensión alguna y el matrimonio entre personas del mismo sexo ya es ley en Carolina del Norte. El gobernador Pat McCroy, del Partido Republicano, ha declarado que no solo acatará la sentencia sino que ahora su labor como funcionario público es defender la decisión del tribunal. McCroy cree que el desacuerdo al respecto entre la población del estado “se ha resuelto ya en los tribunales, y es nuestra labor convivir juntos, trabajar juntos,  actuar juntos y respetarnos unos a otros todos juntos”.

Nuevo triunfo para la igualdad en Alaska

Otro juez federal, Timothy M. Burgess, fallaba este domingo 12 de octubre que la enmienda constitucional y las leyes que prohíben el matrimonio igualitario en Alaska son también inconstitucionales. De nuevo, el motivo era la violación del derecho a la igual protección recogido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, como también había establecido la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, a la que pertenece el estado, en los casos de Nevada e Idaho. Este avance en la igualdad de las personas LGTB en Alaska tiene su carga simbólica, pues su enmienda constitucional contraria a sus derechos era la más antigua del país.

Las primeras licencias de matrimonio ya se han empezado a expedir en las secretarias y juzgados de los distintos condados, aunque la ley de Alaska establece una demora de tres días entre la emisión de la licencia y la validez del matrimonio. Aún así, el gobernador del estado, el republicano Sean Parnell, ha declarado su intención de apelar la sentencia, pues estima que “como gobernador de Alaska, tengo el deber de defender y respetar la ley y la Constitución de Alaska. Aunque el actual tribunal de distrito puede haber sido obligado por la reciente opinión del panel del Noveno Circuito, el estado de esa opinión y la ley en general en esta área es fluida. Voy a defender nuestra Constitución”.

Parece, sin embargo, bastante improbable, dado el dictamen y composición de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que tal apelación prospere o que se dicte una suspensión cautelar de la sentencia del juez Burgess en espera de la misma.

Idaho recupera el matrimonio tras la supensión

El juez del Tribunal Supremo Anthony M. Kennedy dictó el pasado 8 de octubre una suspensión temporal del mandado de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito que ordenaba la inmediata aplicación de la sentencia que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en Idaho. El juez Kennedy quería estudiar  la solicitud efectuada por la Fiscalía de Idaho de que se suspendiera permanentemente la sentencia hasta que fuera revisada por el panel completo de jueces de la Corte de Apelaciones.

Sin embargo, el día 10, el pleno del Tribunal Supremo rechazaba esta petición de suspensión permanente. Inmediatamente, se solicitó a la Corte de Apelaciones que levantara la suspensión temporal del juez Kennedy y emitiera un mandato que obligara a la administración de Idaho a cumplir su sentencia. La Corte de Apelaciones, siguiendo el procedimiento legal establecido, ha dado trámite de audiencia a ambas partes este lunes 13 de octubre. Tras escuchar ambos argumentos, ha emitido un mandato para que la administración de Idaho aplique la sentencia que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo en Idaho a partir del próximo miércoles 15 de octubre.

Aunque el gobernador del estado, el también republicano Butch Otter, parecía haber aceptado a regañadientes esta derrota, al declarar el pasado viernes 10 de octubre que “somos una nación de leyes. Idaho debe ahora proceder con civilidad y de una manera ordenada al cumplimiento de cualquier futura orden del 9 º Circuito”, tras esta última decisión de la Corte de Apelaciones ha vuelto a arreciar en sus críticas e incluso ha llegado a culpar al matrimonio entre personas del mismo sexo de causar futuras abstenciones del electorado de Idaho, pues “el gobierno federal revoca las decisiones de los estados”. La Fiscalía del estado, por su parte, ha declarado que no se opondrá al mandato de la Corte de Apelaciones, aunque eso no significa que no vaya a tomar más acciones legales en el futuro.

30 estados disfrutan ya del matrimonio igualitario

Con estas tres nuevas incorporaciones, la lista de estados donde se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo asciende ya a 30: Alaska, California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington y Wisconsin. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y a 10 jurisdicciones tribales.

Además, están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario en Florida, Kentucky, Michigan, Misuri, Ohio, Tennessee y Texas. Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana. En Arkansas, es la Corte Suprema del estado la que debe revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal. Hay demandas planteadas contra la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los demás estados.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Alaska, Butch Otter, Carolina del Norte, Corte de Apelaciones del 4º Circuito, Corte de Apelaciones del 9º Circuito, Discriminación, Estados Unidos, IDAHO, Matrimonio, Max O. Cogburn Jr., Nevada, Pat McCroy, Timothy M. Burgess, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Virginia

Confirmado: el Tribunal Supremo de los Estados Unidos discutirá el 29 de septiembre si por fin acepta estudiar las apelaciones a las sentencias que hasta el momento han emitido tres diferentes Cortes de Apelaciones considerando que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo viola el derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Se abren diversas posibilidades, pero cada vez parece más claro que el destino del matrimonio igualitario en todo el país se decidirá antes de lo que nadie preveía hace solo un año.

Hasta el momento son tres las Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo) que han fallado: la del 10º Circuito (que ha emitido dos sentencias referidas a Utah y Oklahoma), la del 4º Circuito (que ha emitido una sentencia referida a Virginia) y la del 7º Circuito, que hace pocos días emitía una sentencia referida a Indiana y Wisconsin. El ponente de esta última fue Richard Posner, uno de los juristas más prestigiosos de Estados Unidos, que en un impactante texto llegaba a ridiculizar los argumentos de los contrarios al matrimonio igualitario. En todos los casos las sentencias han sido emitidas por un panel de tres jueces (en los tres primeros por dos votos a uno, y en el tercer caso por unanimidad de los tres).

Curiosamente en todos los estados afectados los recurrentes (en la mayoría de los casos sus fiscales generales) han renunciado al derecho que tenían a ser escuchados por el pleno de cada una de las Cortes de Apelaciones y han apelado directamente al Tribunal Supremo, al que han pedido que aclare definitivamente la cuestión. Ahora es pues el turno de los nueve jueces de la más alta instancia judicial de los Estados Unidos.

Diversas posibilidades

En su reunión del 29 de septiembre, los jueces del Supremo pueden decidir que admiten uno, varios o todos los casos. Lo previsible es entonces que se prolongue la suspensión cautelar de las sentencias hasta que haya una decisión definitiva, muy probablemente ya en 2015. Decisión que según los términos en los que se planteara podría afectar a todo el país, si establece claramente que la prohibición del matrimonio igualitario es efectivamente inconstitucional. En caso contrario, la situación quedaría como ahora: cada estado podría decidir si celebrar o no matrimonios. Podría haber incluso decisiones intermedias, si el Supremo decide ser selectivo y resolver en primer lugar el problema del reconocimiento de los matrimonios celebrados en un estado por otro.

El Supremo podría optar por el contrario por rechazar los casos, lo que de facto supondría dar validez inmediata a las sentencias de las Cortes de Apelaciones y que las bodas entre personas del mismo sexo pudieran comenzar en aquellos estados en los que ya hay un pronunciamiento judicial… y en el resto de estados sometidos a la jurisdicción del correspondiente circuito. En el caso del 10º Circuito, por ejemplo, también en Colorado (donde de hecho ya se ha producido otra sentencia favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez federal), Kansas o Wyoming.

En definitiva, las posibilidades teóricas son diversas, aunque cada vez parece más claro que la avalancha judicial a la que dio origen el propio Tribunal Supremo hace pocos más de un año al declarar inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) solo puede culminar con una decisión clara, sea en un sentido o en otro.

Se prevén incluso más sentencias…

Todo ello sin olvidar que ni mucho menos la avalancha ha cesado: están pendientes de ser estudiadas también por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas en Florida, Idaho, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee o Texas.

De hecho, el 6º Circuito, que debe decidir sobre los recursos a las sentencias de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, ya ha escuchado a las partes. Y también lo ha hecho el 9º Circuito, que debe decidir sobre Idaho y Nevada (en este último estado la situación es algo diferente, ya que el caso ha llegado a la Corte de Apelaciones por otra vía jurídica, sin que exista una sentencia anterior que declare inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario).

También ha habido sentencias favorables en Oregón y Pensilvania, pero en estos dos casos adquirieron firmeza al no presentarse apelación. Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal haya considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Colorado, Corte de Apelaciones del 10º Circuito, Corte de Apelaciones del 4º Circuito, Corte de Apelaciones del 6º Circuito, Corte de Apelaciones del 7º Circuito, Corte de Apelaciones del 9º Circuito, Discriminación, DOMA, Estados Unidos, Florida, IDAHO, Indiana, Kentucky, Luisiana, Matrimonio, Michigan, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Richard Posner, Tennessee, Texas, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Utah, Virginia, Wisconsin

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha rechazado la petición de la organización homófoba National Organization of Marriage (NOM) de suspender la sentencia que permite el matrimonio igualitario en Oregón. Su petición había sido previamente denegada por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, después de que la organización interpusiera una apelación a la decisión de no permitirle intervenir ante la justicia federal en defensa de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Oregón.

El pasado 19 de mayo, el juez federal Michael McShane declaraba contraria a la Constitución de los Estados Unidos la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación del estado de Oregón. El juez no dictaminó la suspensión de su sentencia en espera de una posible apelación, tal como habían decidido otros jueces federales anteriormente. Tampoco se produjo tal apelación, pues tanto el gobernador de Oregón como su Fiscal General rechazaron presentarla al mostrarse completamente de acuerdo con la sentencia del juez McShane.

De esta manera, se empezaron a celebrar las bodas entre personas del mismo sexo en Oregón, que ya se había convertido en el 18º estado de los Estados Unidos en permitir el matrimonio igualitario. Esta circunstancia, que se repitió apenas unos días después en Pensilvania, contrarió profundamente a la National Organization of Marriage, cuyo principal objetivo es la lucha contra la igualdad ante la ley de las personas LGTB.

NOM había solicitado en su día participar ante el tribunal del juez Michael McShane en defensa de la prohibición estatal del matrimonio igualitario, ya que la Fiscalía General de Oregón había rehusado hacerlo. Su argumento para esa petición era que representaban a los ciudadanos que en 2004 habían votado la enmienda a la Constitución del estado de Oregón que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. El juez McShane estimó que la organización apenas si tenía afiliados en el estado de Oregón como para atribuirse una representación semejante, y denegó su solicitud.

Esta denegación fue apelada ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, a quien se solicitó además que suspendiera la ejecución de la sentencia del juez McShane mientras la apelación era considerada, con la pretensión de impedir de esta manera que continuasen celebrándose en Oregón matrimonios del mismo sexo. La Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que aún debe resolver la apelación, denegó la solicitud de suspensión cautelar.

Como último recurso, NOM recurrió la decisión de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito ante el juez del Tribunal Supremo encargado de su supervisión, Anthony Kennedy. El juez Kennedy fue precisamente el ponente de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Windsor, que declaró la inconstitucionalidad de la sección 3 de la DOMA, obligando a la administración federal a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en los estados donde están permitidos. Los argumentos de la ponencia del juez Kennedy en ese caso han sido fundamentales para que desde entonces todas las sentencias dictadas por jueces federales o estatales hayan sido favorables al matrimonio igualitario.

El juez Kennedy podía resolver por sí mismo el recurso de NOM, pero prefirió someterlo al pleno del Tribunal, que ha rechazado por unanimidad la petición de NOM en una resolución no argumentada de apenas dos líneas. Sin embargo, no se escapa que esta decisión recuerda la resolución adoptada por el alto tribunal en el caso de la Proposición 8, cuando consideró que la organización que había conseguido que se celebrara un referéndum en California para impedir los matrimonios entre personas del mismo sexo no tenía derecho a apelar la sentencia que lo anuló.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Anthony Kennedy, Corte de Apelaciones del 9º Circuito, DOMA, Estados Unidos, Matrimonio, Michael McShane, National Organization for Marriage, Oregón, Pensilvania, Proposición 8, Tribunal Supremo (Estados Unidos)

La Corte de Apelaciones del 9º Circuito ha suspendido provisionalmente la sentencia que permitía el matrimonio igualitario en Idaho, impidiendo así que el viernes se empezaran a celebrar enlaces entre personas del mismo sexo. Por su parte, la Corte Suprema de Arkansas también ha dictado la suspensión de la sentencia del mismo tipo que resolvió un tribunal de ese estado hasta que se decida sobre su apelación. En el caso de Arkansas, sin embargo, se han celebrado ya más de 400 matrimonios entre personas del mismo sexo antes de la suspensión.

La juez federal Candy Dale denegó la petición de suspensión de la sentencia que ella misma había dictado el pasado 13 de mayo, que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario recogida en las leyes de Idaho. La juez estimaba que la continuidad de dicha prohibición causaría un daño irreparable tanto a las parejas del mismo sexo demandantes como al resto de las que habitan en Idaho. Tampoco encontraba de interés público mantener una situación legislativa que privaba de sus derechos constitucionales a los ciudadanos, por lo que desestimó la solicitud de suspensión presentada por el gobernador Butch Otter.

Ante el temor de que las bodas entre personas el mismo sexo comenzaran el pasado viernes, fecha de entrada en vigor de la sentencia de la juez Dale, el fiscal general de Idaho, Lawrence Wasden, presentó una petición de suspensión provisional de urgencia ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito. El tribunal de apelaciones, en este caso, estimó el pasado jueves 15 de mayo la petición de la Fiscalía, dictando la suspensión provisional de la sentencia hasta que se considere la solicitud de suspensión durante el proceso de apelación. No se ha indicado la duración del periodo de suspensión provisional.

La Corte de Apelaciones del 9º Circuito sigue así el criterio habitual tras la disposición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que suspendió hasta que se decida su apelación la sentencia que permitía el matrimonio igualitario en Utah, a pesar de que su Corte de Apelaciones correspondiente había dictaminado en contra del receso. Desde entonces, algunos de los jueces que han dictado sentencias contra la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo han resuelto ellos mismos la suspensión hasta la apelación, como en los casos de Oklahoma, Virginia y Texas. Cuando así no ha ocurrido, han sido las Cortes de Apelaciones quienes han efectuado la suspensión, como en el caso de Michigan.

“Culebrón” legal en Arkansas

En Arkansas todo este proceso ha tenido sus peculiaridades. En este caso, la demanda contra la prohibición del matrimonio igualitario no se presentó ante la justicia federal, sino ante un tribunal del circuito estatal. El juez Chris Piazza resolvía a favor de los demandantes y declaraba que las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo en Arkansas contravenían tanto la Constitución de ese estado como la Constitución de los Estados Unidos.

Algunos de los registros civiles de Arkansas comenzaron a emitir licencias de matrimonio y las primeras bodas entre personas del mismo sexo se llevaron a cabo, pero otros no lo hicieron abogando poca claridad en la sentencia del juez Piazza. La Fiscalía General, por su parte, presentó una solicitud de suspensión de la sentencia ante la Corte Suprema de Arkansas, tribunal competente al no ser un caso federal.

La Corte Suprema dictó una enrevesada resolución en la que denegaba la suspensión de la sentencia, pero en este caso por razones puramente formales. El alto tribunal estimaba que la sentencia del juez Piazza era incompleta, pues no derogaba algunas de las leyes estatales que aún impedían el matrimonio igualitario, como la que obligaba a los registros civiles a emitir únicamente licencias de matrimonio a parejas de distinto sexo. Aunque la sentencia no quedaba suspendida, esta aclaración impedía a los secretarios de los condados seguir emitiendo licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La Corte Suprema recordaba también a la Fiscalía que la petición de suspensión debía presentarse en primer lugar ante el mismo tribunal que había dictaminado, en este caso el del juez Piazza.

Así lo hizo el fiscal general Dustin McDaniel, presentando la correspondiente solicitud. Pero también presentaron la suya los defensores de las parejas que habían demandado al estado de Arkansas, solicitando la derogación de todas las leyes que pudieran impedir el matrimonio de sus representados. El juez Piazza enmendó su sentencia el pasado 15 de mayo, derogando todas las disposiciones contrarias a los derechos constitucionales de las parejas demandantes, ordenando a los registros civiles la emisión de licencias de matrimonio a las parejas de distinto sexo y resolviendo en contra de la solicitud de suspensión de la Fiscalía, pues “las violaciones constitucionales son reconocidas habitualmente como causantes de daños irreparables a menos que se subsanen de inmediato”.

Mientras los registros civiles cumplían la orden del juez Piazza y durante la mañana del viernes 16 de mayo emitían licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, la Fiscalía solicitó de nuevo la suspensión de la sentencia ante la Corte Suprema. Esa misma tarde, el alto tribunal dictó a favor de la solicitud y suspendió la sentencia del juez Piazza hasta que se resuelva la apelación.

Sin embargo, durante todo este complicado proceso, más de 400 matrimonios entre personas del mismo sexo se han celebrado legalmente en Arkansas. Se espera que el gobierno federal los reconozca, como hizo en los casos de Utah y Michigan, y estas parejas, mientras se decida la apelación, puedan aplicarse el grueso de prestaciones y beneficios que la administración federal ofrece a los matrimonios.

Sentencias en apelación

En la actualidad, son siete las sentencias que permitirían el matrimonio igualitario en sus estados que permanecen en suspenso hasta que se decida sobre su apelación. Seis de ellas deberán ser resueltas por las Cortes de Apelaciones del circuito federal, sin que en ningún caso se pueda prever la fecha de resolución:

La Corte de Apelaciones del 10º Circuito deberá resolver sobre las sentencias de Utah y Oklahoma. Las audiencias para escuchar los argumentos orales tuvieron lugar el pasado 10 de abril el caso de Utah, y el 17 de abril en el caso de Oklahoma.

La Corte de Apelaciones del 4º Circuito también escuchó este 13 de mayo los argumentos orales correspondientes a la sentencia de Virginia, única de su jurisdicción.

No han tenido lugar más audiencias en el resto de los casos. La sentencia de Texas deberá ser resuelta por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, la de Michigan por la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito y la de Idaho por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito.

Como ya señalábamos, el caso de Arkansas es diferente al no entrar en consideración de la justicia federal, por lo que corresponde a la Corte Suprema del estado resolver sobre la apelación, aunque también es imprevisible saber en qué fechas podrá dictaminar.

Recordemos que, precisamente, este 17 de mayo se ha cumplido el décimo aniversario de la entrada en vigor de la sentencia de la Corte Suprema de Massachusetts que permitió el matrimonio igualitario en ese estado, el primero en hacerlo en los Estados Unidos. También han resuelto a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo las Cortes Supremas de California (en 2008, siendo efectiva en 2013 tras todo el proceso de referéndum y apelación), Connecticut (2008), Iowa (2009), Nueva Jersey (2013) y Nuevo México (2013).

Fuente Dosmanzanas

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